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“¿Venezuela? De-CAF, por favor” por Miguel Angel Santos – Petroguía – 5 de Junio 2020

Por Miguel Angel Santos @miguelsantos12 / Economista e investigador del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard

El deterioro de la situación económica y los retrasos en los pagos de Venezuela le han creado a la Corporación Andina de Fomento (CAF) (*) un problema crediticio. Desde comienzos del año pasado, las agencias empezaron a rebajar su calificación de riesgo, por la considerable cantidad de préstamos pendientes en un país cuya economía se ha reducido en 67% en los últimos seis años. Las opciones disponibles son bastante limitadas. Juan Guaidó tiene disposición a pagar, pero no tiene cómo. Nicolás Maduro no tiene ni capacidad ni disposición. Declarar los préstamos en default no contribuirá a mejorar la situación. Las sanciones restringen significativamente las posibilidades de hacer transacciones con Maduro. Además, 13 de los 18 socios de CAF diferentes a Venezuela (77% de su capital accionario) en teoría no reconocen a Maduro como Presidente. Con el espacio de soluciones así de limitado, la CAF se ha sacado de la manga una alternativa casi tan práctica como poco ortodoxa, que ilustra los límites de lo que cabe esperar de la solidaridad y las expectativas de sus socios en relación con una posible transición en Venezuela.

La CAF es una institución bancaria multilateral, creada en 1970 con la misión de promover el desarrollo sostenible. Cuenta entre sus socios a 17 países de América Latina, además de España, Portugal, y algunos bancos comerciales de la región. Su éxito depende en forma crucial de mantener una calificación crediticia alta, que le permita levantar dinero barato en los mercados internacionales, y poder prestar así a los países miembros a tasas menores al mercado. De acuerdo con los estados financieros de 2019, los préstamos a Venezuela equivalen a 14% del total de la cartera de créditos, muy cerca del máximo de 15% que establece la CAF como límite para cada país. En el último año, Standard and Poor y Fitch rebajaron la calificación de riesgo de CAF como consecuencia de su exposición a Venezuela. Para diciembre del año pasado, los retrasos en el servicio de la deuda ya sumaban 183 millones de dólares.

Para resolver esta situación dentro del campo minado que rodea a Venezuela, la gerencia de la CAF diseñó un mecanismo muy ingenioso cuyo nombre es ya de por sí todo un eufemismo: “Programa de Apoyo y Gestión de Liquidez en Situaciones Excepcionales”. Según documentos hechos públicos por el diputado Ángel Alvarado el pasado 2 de marzo, la CAF se quedaría con parte de las acciones de Venezuela en el banco, y liquidaría la porción de la deuda que se encuentra atrasada. Según el último reporte trimestral disponible (Septiembre 2019), Venezuela cuenta con 16% del capital accionario de la CAF, por un valor de 845 millones de dólares. De manera que, para cancelar la fracción de la deuda en default, Venezuela necesitaría vender aproximadamente 20% de sus acciones.

Eso es exactamente lo que contempla el “programa” aprobado por los accionistas de la CAF. La redacción del documento no menciona expresamente a Venezuela; pretende ser un programa más general para países “en situación excepcional”. ¿Las condiciones? que hayan perdido más de 15% de su economía en cada uno de los últimos tres años, registrado inflación mayor a 100% por tres años, cuenten con menos de seis meses de importaciones en reservas, y tengan atrasos con la CAF por al menos 60 días. Sólo les faltó el nombre.

La operación tiene varias implicaciones económicas importantes para Venezuela. En primer lugar, el límite de la compra de acciones se establece en 20% del total por vez (justo lo que hace falta para saldar los pagos atrasados de Venezuela a la fecha de aprobación del acuerdo). También se establece que la CAF cada tres meses readquirirá el número de acciones necesarias para saldar el monto exigible de la deuda que se haya acumulado en el período. A ese ritmo, la CAF podría liquidar todas las acciones de Venezuela en un horizonte relativamente breve.

En segundo lugar, se establece que – antes de solicitar un nuevo préstamo de CAF – Venezuela debe primero readquirir las acciones que vendidas previamente y reestablecer su capital accionario. Eso quiere decir que, en el evento de una transición, la CAF no sería una fuente de financiamiento para la reconstrucción de Venezuela, sino todo lo contrario.

Aunque en el preámbulo del documento se establece que el programa es para “facilitar la atención de las necesidades esenciales de la población”, la transacción no implica ningún flujo de dinero – se cancela deuda a cambio de una liquidación de acciones. En medio de la mayor crisis humanitaria que se haya visto en América Latina, los accionistas de la CAF han decidido hacer pagar a Venezuela los costos de su pésima gestión de crédito, y cargar sobre la nación todas las pérdidas asociadas a los préstamos concedidos a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Lo más curioso es la forma en que la CAF procura esquivar el reconocimiento que dicha operación supone del régimen de Nicolás Maduro. A fin de cuentas, la propiedad de las acciones corresponde a la República (a través del Ministerio de Finanzas) y el Banco de Desarrollo Económico y Social, dos instituciones que en Venezuela están controladas por Maduro y potencialmente sujetas a sanciones. Según el texto, la CAF realizará esta operación, “independientemente del ente del gobierno, entidad pública, a cuya titularidad corresponda la propiedad de las acciones”. Es decir, la recompra de las acciones ocurriría de forma unilateral, sin documento alguno de soporte ni “necesidad de que medien otras formalidades” distintas a la aprobación en Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

Así concebida, la operación equivale a una adquisición forzada de las acciones del Estado venezolano, suerte de expropiación multilateral de los activos de la República que hoy se encuentran bajo el control de Nicolás Maduro. Todo esto, aprobado por un conjunto de países que forman parte del Grupo de Lima y se consideran aliados de Juan Guaidó. Hasta el momento, la Asamblea Nacional no ha emitido ninguna protesta formal. Sólo el Procurador Especial de la República ha publicado un comunicado oficial, en donde denuncia los numerosos vicios del programa de la CAF y enumera los rasgos de inconstitucionalidad de la propuesta.

La propuesta se puede interpretar de diferentes maneras. Una posibilidad es que los socios de la CAF hayan perdido la fe en la transición política en Venezuela, y quieran aprovechar la circunstancia para sacudirse al socio paria, y posiblemente sacar la sede de la institución en Caracas. A fin de cuentas, el “programa” apenas contempla la fracción de los préstamos a Venezuela en retraso, y no resuelve el problema de la enorme cartera de crédito – 3.670 millones de dólares, equivalentes a más de cuatro veces el capital pagado de Venezuela y a 30% del patrimonio del banco. Desde la elección de Luis Carranza en abril de 2017, la CAF ha venido mudando sus ejecutivos y operaciones a diferentes oficinas en América Latina, y la liquidación de las acciones de Venezuela podría ser el punto culminante del proceso.

O quizás no, y acaso simplemente la operación nos viene a ilustrar los límites de la solidaridad, demarcados por ese punto a partir del cual el apoyo a la restauración de la democracia en Venezuela empieza a colidir con los intereses económicos de nuestros aliados en la región. De una u otra forma, ni son las formas, ni era el momento.

(*) La incorporación de nuevos países miembros -más allá de las naciones que conforman la región andina y que formaron parte de la Comunidad Andina de Naciones- llevó a este organismo multilateral a modificar su denominación original de 1970 a la de CAF Banco de Desarrollo de América Latina

Miguel Angel Santos @miguelsantos12 / Economista e investigador del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard

Fondo en Londres ofrece comprar deuda de Venezuela a precio de remate – Globovision/Reuters – 4 de Marzo 2020

Referencial

El fondo privado MCAHoldCo Ltd contrató a un banco alemán para gestionar la oferta de adquirir títulos de Venezuela y su principal compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), agregaron las fuentes.

La propuesta, de acuerdo a un documento visto por Reuters, es pagar 10,5% del valor de los títulos emitidos por la República y 6,5% por los bonos de PDVSA a tenedores que desde 2017 no logran cobrarle al gobierno los pagos de intereses y capital de esos papeles.

La mayoría de los títulos venezolanos cotizan a un precio de entre 15% y 9% en los mercados de Wall Street, al tiempo que Venezuela acumula una deuda de cerca de 20.000 millones de dólares con los bonistas por los más de dos años de impago.

“La oferta que están haciendo está muy por debajo del mercado”, dijo una de las fuentes.

La propuesta de comprar a estos precios este tipo de papeles vence el 16 de marzo, indica el documento.

“Ya han hecho varios intentos con este tipo de ofertas”, dijo otra de las fuentes, sin detallar fechas y precios de las anteriores.

El fondo privado en Londres declinó hacer comentarios sobre el asunto.

Un nutrido grupo de tenedores de bonos venezolanosse organizaron en un comité que desde hace más de un año prefirió no negociar con el gobierno de Maduro alguna reestructuración de la deuda, ante las sanciones financieras que impuso Estados Unidos buscando presionar la salida del mandatario.

El exZar de PDVSA sugiere que Nicolás Maduro puede acabar como Gadafi por Daniel Gómez – ALnavío – 3 de Febrero 2020

Rafael Ramírez, presidente de Petróleos de Venezuela en tiempos de Hugo Chávez, dice que “el peor error” de Nicolás Maduro será privatizar PDVSA. Es un movimiento a la desesperada, dijo, como el que hizo el dictador libio Muamar el Gadafi en sus momentos finales. “El país y en especial el campo bolivariano, debería verse en ese espejo, estos aventureros en el gobierno no aprenden nada de la historia”, dijo Ramírez.

ExZar de PDVSA dice que Maduro está desesperado, como Gadafi en sus momentos finales / Foto: Canva
ExZar de PDVSA dice que Maduro está desesperado, como Gadafi en sus momentos finales / Foto: Canva

Nicolás Maduro está sin dinero. El núcleo de poder de Maduro está sin dinero. Y sin dinero se le complica el gobierno a Maduro.

– En diciembre se gastó la poca plata que le quedaba para generar una falsa burbuja de consumo.

– Produce poco petróleo, y una buena parte de él se lo sigue enviando a Cuba.

– Tiene una deuda de 3.000 millones de dólares con Rusia.

– Otra de 20.000 millones con China.

– Está en default con los tenedores de bonos.

– Las operaciones ilegales de oro, con las que ha venido tomando oxígeno, están cada vez más cercadas por la comunidad internacional.

– La inflación no se detiene. La recesión económica tampoco.

– En 2020 el PIB caerá 10%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con este escenario Rafael Ramírez, exZar de Petróleos de Venezuela (PDVSA), afirma en un artículo en Aporrea que Maduro “está con el agua al cuello”. Y para sobrevivir, a la desesperada, le está entregando PDVSA a los tenedores de bonos en Washington Europa. Tan a la desesperada que le recuerda a lo que hizo el dictador libio Muamar el Gadafi, quien “en sus momentos finales trató de llegar a acuerdos y tratos con sus verdugos”. Gadafi murió golpeado, tiroteado y linchado por una multitud de milicianos en 2011.

La diferencia entre Maduro y Gadafi, señaló Ramírez, es que Maduro busca acuerdos “sin la fuerza ni trayectoria del jefe de la revolución de los coroneles libios, con un país arruinado, sin nada más que entregar a cambio de su seguridad para mantenerse en el poder”.

El exZar de PDVSA agregó: “El país y en especial el campo bolivariano, debería verse en ese espejo, estos aventureros en el gobierno no aprenden nada de la historia. No tienen pueblo, ni legitimidad, ni autoridad moral, ni ética, ni fuerza para vérselas con los grandes poderes. Nuestro país necesita otra dirección, otro gobierno, hay que pararlos antes de que sigan entregando todo, en su esfuerzo desesperado e inútil para mantenerse en el poder”.

¿Cómo querrá Rafael Ramírez que Venezuela tome otra dirección? ¿Con una revolución civil contra Maduro? ¿Con un final como el de Gadafi?

Ramírez fue ministro de Petróleo y presidente de PDVSA en tiempos de Hugo Chávez. Es uno de los causantes de la caída en desgracia de la petrolera, aunque ahora centre toda la responsabilidad en Maduro y su cúpula.

Por lo anterior no es casualidad que Rafael Ramírez en el artículo señala también al vicepresidente Económico, Tareck El-Aissami, como uno de los artífices de la venta de PDVSA. Un negocio lucrativo no sólo para las multinacionales, sino para el núcleo de poder de Maduro.

La diferencia entre Maduro y Gadafi, señaló Ramírez, es que Maduro busca acuerdos “sin la fuerza ni trayectoria del jefe de la revolución de los coroneles libios, con un país arruinado, sin nada más que entregar a cambio de su seguridad para mantenerse en el poder”.

“Ahora Maduro y su gobierno le proponen a los tenedores de deuda venezolana, canjear éstos por la propiedad de PDVSA y por campos petroleros en operación. Es decir, Maduro, con el agua al cuello y una pésima gestión económica, le dice al capital financiero internacional, que les entrega PDVSA, a cambio de una parte de la deuda. Nadie sabe nada, todo es secreto, todo es un negocio, rematan la empresa y por supuesto nuestro petróleo al capital financiero internacional, les entregan el mejor negocio del mundo, la llave de nuestro futuro”, apuntó Ramírez.

Explicó que “el gran negocio del canje es que las personas más cercanas al entorno de Maduro, sus operadores económicos, han venido negociando en secreto, desde hace tiempo, con financistas y representantes de capitales extranjeros esta operación. Con la información privilegiada del canje de deuda por PDVSA y nuestro petróleo, los socios de Maduro están adquiriendo la deuda a un precio de bonos basura, para luego comprar PDVSA, y acceder a la Faja Petrolífera y otras áreas a precio de liquidación. Un verdadero saqueo”, afirmó.

La semana pasada la agencia Bloomberg reveló el plan de Maduro para privatizar PDVSA. La idea era ofrecerle participaciones mayoritarias en las empresas mixtas a las empresas que operan en el país. La agencia citó tres: la rusa Rosneft, la española Repsol, y la italiana Eni.

El 10 de diciembre de 2019 el diario ALnavío también informó que Maduro, asfixiado por las sanciones de Estados Unidos, entregó todas las operaciones petroleras a las empresas aliadas de PDVSA. Desde la comercialización y la producción, hasta la administración del dinero y el cobro de facturas.

Nicolás Maduro sabe que el petróleo es una importante carta de negociación. Por algo Venezuela es el país con más reservas probadas del mundo. Y por algo en la entrevista con The Washington Post le dijo al presidente, Donald Trump, que “una bonanza podría estar esperando a las compañías petroleras” de EEUU si Washington levantaba las sanciones y restablecía relaciones con Caracas.

No hay que olvidar que Trump concedió una licencia especial a ChevronHalliburtonSchlumbergerBaker Hughes y Weatherford, que son las cinco petroleras estadounidenses que operan en Venezuela.

Para Rafael Ramírez “la privatización de PDVSA será el mayor error y daño que se le hace al país”.

Una cláusula que pasó desapercibida de los bonos de Venezuela en default podría hacer perder miles de millones de dólares a sus acreedores por Ben Bartenstein / Bloomberg – Infobae – 30 de Enero 2020

La dictadura de Nicolás Maduro busca la forma de hacerle frente a la deuda venezolana (REUTERS/Manaure Quintero)

La dictadura de Nicolás Maduro busca la forma de hacerle frente a la deuda venezolana (REUTERS/Manaure Quintero)

Ahora que Venezuela entra en su tercer año completo de incumplimiento, sus obligaciones se han convertido en una idea de último momento incluso para sus mayores acreedores.

Con un valor de solo unos cuantos centavos por dólar, decenas de miles de millones en bonos pasan días a la vez sin negociarse. Las sanciones impiden que los inversores estadounidenses los compren y hacen que la perspectiva de una reestructuración a gran escala sea casi imposible. Y sin un final a la vista para el estancamiento político en Caracas, no es de extrañar que pocos acreedores hayan tomado la costosa medida de llevar al gobierno a los tribunales.

Sin embargo, eso pronto podría convertirse en un error aún más costoso.

Enterrada profundamente en el prospecto de cada bono soberano emitido desde 2005, o casi US$30.000 millones, hay una cláusula poco conocida que le permite a Venezuela librarse del interés no pagado a cualquier acreedor después de tres años, siempre que el acreedor no tome acciones legales para obtener un reembolso durante ese lapso. Conocida como “cláusula de prescripción”, reduce el periodo de limitaciones habitual para los bonos regidos por la ley de Nueva York a la mitad. Entonces, con el tercer aniversario del incumplimiento del país en noviembre, los acreedores tomados por sorpresa podrían terminar perdiendo miles de millones en intereses vencidos.

Ninguno de los tenedores de bonos contactados por Bloomberg News dijo estar al tanto de la cláusula. Tampoco lo estaba Mitu Gulati, profesor de derecho especializado en contratos de bonos soberanos en la Universidad de Duke. Tan rara es la cláusula que Gulati dice que solo la ha visto en unos pocos documentos de bonos.

“Esta es definitivamente una ventaja para el deudor porque el acreedor puede perder todos sus derechos si se agota el tiempo”, asegura Gulati, quien revisó los documentos, que a menudo tienen cientos de páginas.

Un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela rehusó hacer comentarios. Según una persona cercana al Ministerio, el gobierno de Maduro está estudiando el tema para encontrar una solución antes de la próxima fecha límite.

Un representante de su rival, Juan Guaidó, el líder de la oposición reconocido por Estados Unidos como el jefe de estado legítimo, también declinó comentar más allá de una declaración de julio que establece los principios de reestructuración de deuda de su equipo. En él, el equipo de Guaidó le pide a los acreedores que se abstengan de seguir recursos legales y dijo que “analizará” las propuestas para extender cualquier periodo de limitaciones mientras busca renegociar su deuda.

Por supuesto, la cláusula no es un comodín para el emisor. En ausencia de una renegociación de la deuda, Venezuela todavía está legalmente obligado a pagar el capital que debe en su totalidad. Y para los acreedores que enfrentan la posibilidad de grandes pérdidas en su capital en cualquier gran negocio con Venezuela, el interés vencido podría no estar entre sus principales preocupaciones.

No obstante, está en juego el riesgo de renunciar al derecho a recuperar miles de millones de dólares. Es difícil obtener cifras precisas, pero Venezuela deberá al menos US$2.000 millones en intereses acumulados para cuando expire el plazo de prescripción. La cláusula también podría afectar los flujos de efectivo futuros a medida que vencen, haciendo que la cantidad se dispare con el tiempo.

EEUU y gran parte de la comunidad internacional reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela (Reuters)

EEUU y gran parte de la comunidad internacional reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela (Reuters)

El origen

La mayoría de los valores que contienen la cláusula se vendieron originalmente en el mercado interno, como parte de un esfuerzo del gobierno para aliviar la presión sobre su mercado de divisas estrictamente controlado. A los inversores locales se les permitió comprar los bonos con bolívares y luego invertirlos en los mercados internacionales como un medio para obtener muy necesarios dólares. Actualmente, entre los principales tenedores de bonos se incluyen Pimco, BlackRock Inc. y Grantham Mayo Van Otterloo & Co., quienes declinaron comentar sobre la cláusula.

No está claro quién sugirió realmente insertar la cláusula, que ha aparecido en los documentos que rigen los bonos emitidos por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro por más de una década. Un importante banquero involucrado en las ofertas se sorprendió de que existiera y no pudo recordar cómo llegó allí. Arnold y Porter Kaye Scholer y Sullivan y Cromwell, que redactaron los prospectos como asesores legales en ese momento, también declinaron hacer comentarios.

Por supuesto, los inversores pueden evitar que sus reclamos se anulen haciendo una “presentación de pago” dentro del periodo requerido. Según expertos legales, si esto significa enviar una carta solicitando el pago, presentar una demanda o reunir un grupo de acreedores para exigir el reembolso inmediato de un bono en particular, está abierto a interpretación.

Las intenciones de Venezuela también están en debate. El gobierno de Maduro, que la administración Trump ha tratado de aislar apoyando a Guaidó, podría usar la cláusula como moneda de cambio para ganarse a los acreedores mientras busca nuevo financiamiento y apoyo político en el extranjero. Una posibilidad es ofrecer extender el periodo de limitaciones como signo de buena fe, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

“El gobierno de Maduro puede usar esto para motivar a los inversores estadounidenses a llegar a un acuerdo”, asegura Temir Porras, exasesor de Chávez y Maduro. “Esto le da al gobierno más influencia”.

Si las demandas comienzan a acumularse, de todos modos no sería problema de Maduro.

Debido a que los tribunales de Estados Unidos reconocen a Guaidó (y no a Maduro), es su equipo el que se encargaría de los honorarios legales y todos los diversos dolores de cabeza que conlleva el litigio. Además, los principales asesores legales de Guaidó han estado bajo presión esta semana, después de que la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, aprobara un fondo de litigios de US$20 millones, lo que generó críticas de algunos legisladores por la falta de supervisión. Guaidó, por su parte, ha indicado durante mucho tiempo que tiene la intención de jugar duro cuando se trata de reclamos de tenedores de bonos, porque el país necesita destinar la mayor cantidad de dinero posible para ayudar a los venezolanos del común.

Deuda de Pdvsa rondaría los 140.000 millones de dólares – El Nacional – 28 de Enero 2020

El economista Luis Oliveros destacó que Venezuela está en default y que el régimen no ha planteado ninguna forma de pago para los bonistas

deuda pdvsa
Foto El Carabobeño

La deuda de Pdvsa estaría cerca de los 140.000 millones de dólares, la cual el régimen no está pagando.

En entrevista con Caterina Valentino, el economista Luis Oliveros destacó que es una deuda muy grande y muy difícil de pagar, y el país está en default.

«Para ponerlo en perspectiva, el SIP de Venezuela hoy puede estar alrededor de los 70 u 80.000 millones de dólares», acotó.

En este sentido, apuntó que el régimen de Nicolás Maduro no ha propuesto, hasta la fecha, ningún plan de pago para los acreedores.

Privatización de Pdvsa

En cuanto a la privatización de la estatal petrolera, Oliveros dijo que es un tema que tiene tiempo planteándose y que no es tanto privatizarla, sino darle espacio a los inversionistas para que carguen con la mayor parte de la operatividad de la empresa.

«¿Que se está privatizando Pdvsa? Creo que es un poco exagerado. Lo que se está tratando es de dar espacio a los privados», señaló.

Oliveros advirtió que el problema a enfrentar en este punto, es la parte política, puesto que todo acuerdo debe ser aprobado en principio por la Asamblea Nacional.

«¿La AN, a quien le compete este tipo de cosas, votaría a favor de esto? ¿Votaría en contra? ¿Estamos los venezolanos dispuestos a que la empresa privada internacional tenga más espacio dentro de la industria petrolera? Es una discusión fuerte», acotó.

El economista se mostró a favor de la inversión privada para recuperar la producción petrolera, la cual cayó a mínimos históricos en 2019, con apenas un millón de barriles diarios, según la OPEP.

«Creo que lo negativo de todo esto, es el tema político, por la crisis que estamos viviendo en el país. Es ponernos de acuerdo, más allá de la diferencia política, y entender que lo primero es levantar la producción petrolera», comentó.

Para Oliveros, Venezuela no crecerá económicamente este año si la situación política actual no cambia.

CATERINA VALENTINO

@CATERINAV

| El economista experto en petróleo, @luisoliveros13 sobre la deuda de : Estamos hablando de cerca de 140 mil millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, el SIP de Venezuela hoy puede estar alrededor de los 70, 80 mil millones de dólares.

CATERINA VALENTINO

@CATERINAV

| @luisoliveros13: Un punto importante es que el PIB de Venezuela hoy es de unos 80 mil millones de dólares, y eso es porque ha caído cerca del 60% en los últimos 6 años.

CATERINA VALENTINO

@CATERINAV

| @luisoliveros13: Una deuda muy grande, una deuda muy difícil de pagar, y tenemos que entender que Venezuela está en default, no está pagando su deuda.

U.S. Treasury temporarily blocks creditor seizure of refiner Citgo by Brian Ellsworth/Corina Pons – Reuters – 24 de Octubre 2019

The United States on Thursday temporarily blocked a creditor seizure of Citgo, a win for political leaders in Venezuela struggling to retain control over the U.S. refiner owned by the chaotic South American nation.

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Shares in Citgo, a subsidiary of Venezuelan state oil company PDVSA, were used as collateral for a bond issue expected to go into default next week when a $913 million payment comes due.

But the U.S. Treasury Department, which maintains a broad sanctions program against the government of Venezuelan President Nicolas Maduro, said no transfers or sales of Citgo shares linked to the PDVSA bond could take place until Jan. 22.

“Transactions related to the sale or transfer of CITGO shares in connection with the PdVSA 2020 8.5 percent bond are prohibited, unless specifically authorized by OFAC,” the Treasury said, referring to its Office of Foreign Assets Control.

The decision appeared to be more of a short-term workaround than a permanent move by the Trump administration to keep Citgo out of creditor hands, as allies of opposition leader Juan Guaido have repeatedly sought.

U.S. officials have shown some reluctance to intervene in the matter, due to concerns it would constitute government interference in private transactions.

Venezuela’s information ministry and PDVSA, with an ad hoc board named by Guaido to oversee foreign holdings, did not immediately reply to requests for comment.

Citgo spokeswoman Katherine Bosley said it was “gratified by the U.S. Treasury Department’s decision.”

Maduro lost control of Citgo this year when Washington disavowed his government and recognized Guaido as Venezuela’s legitimate head of state.

Guaido, on Twitter, thanked the U.S. government for its “confidence in our management,” adding that his team were “managing to maintain the assets the regime had sacked.”

NEGOTIATED SETTLEMENT

Venezuela has defaulted on its foreign debt amid a broad economic collapse under Maduro, who still controls the day-to-day operations of the government and PDVSA. Washington has imposed a sweeping sanctions program against his government in efforts to force him from office, after a 2018 re-election widely denounced as fraudulent.

The Treasury appeared to suggest Guaido’s allies and investors holding PDVSA 2020 bonds VE151299784= should use the next 90 days to reach a negotiated agreement.

“To the extent an agreement may be reached on proposals to restructure or refinance payments due to the (bond) holders … additional licensing requirements may apply,” it wrote.

Guaido allies celebrated the decision, after recently asking investors for a 90-day truce to avoid a seizure while also threatening a lawsuit to declare the bond illegitimate.

But experts say there are few clear avenues for Guaido to strike a deal with investors because his allies do not control oil revenue and cannot offer future access to oil fields, which are controlled by Maduro.

U.S. fund manager T. Rowe Price held informal talks with Guaido advisers about financing the $913 million payment on PDVSA’s 2020 bond, an executive told Reuters, but added that the plan would only work if Washington altered sanctions on Venezuela.

The executive asked not to be named, citing the private nature of the talks.

An official with T. Rowe Price was unavailable to comment, a spokesman for the fund manager said.

Maduro y Guaidó se disputarán control de Citgo en tribunales de EEUU por Sabrina Martín – PanamPost – 27 de Junio 2019

La justicia estadounidense decidirá cuál de los dos directorios estará a cargo del mayor activo de Venezuela en el exterior.

 

Con una demanda, el régimen busca que el tribunal reconozca la legitimidad de la junta directiva de cinco miembros que fueron designados por Maduro. (Alba Ciudad)

El régimen de Nicolás Maduro y el Gobierno legítimo de Juan Guaidó se disputarán en tribunales de Estados Unidos el control de la refinería Citgo, el mayor activo que tiene Venezuela en el exterior.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, la justicia estadounidense decidirá cuál de los dos directorios estará a cargo de Citgo Petroleum Corp, la octava mayor empresa de refinación de ese país.

Maibort Petit@maibortpetit

Los funcionarios petroleros del régimen de Nicolás Maduro están intentando recuperar el control de la filial estadounidense de refinación de Petroleum Corp., demandando a directores corporativos designados por @jguaido

El régimen busca que el tribunal reconozca la legitimidad de la junta directiva de cinco miembros que fueron designados por Maduro, una sentencia que si termina a su favor, le daría al dictador el control sobre los casi 30 000 millones de dólares en ingresos anuales de la compañía.

Después de que Guaidó asumió como presidente constitucional, tras la usurpación del cargo por parte de Maduro, el Gobierno de Estados Unidos le otorgó su apoyo y con ello la administración de la refinería venezolana, con la única condición que cualquier beneficio no ingrese al régimen de Maduro.

Tras lo anterior, Guaidó optó en febrero por nombrar una junta directiva de PDVSA con poder para nombrar nuevos directivos para las filiales en Estados Unidos, como PDV Holding, Citgo Holding y Citgo Petroleum.

Fue Luisa Palacios quien asumió el cargo de presidenta de Citgo tras ser designada por el legítimo Parlamento, y ha estado dirigiendo la compañía, que busca un nuevo presidente ejecutivo.

El antiguo presidente de la firma de refinación designado por Maduro, Asdrúbal Chávez, perdió el control de Citgo y sus miembros fueron destituidos.

La empresa de refinación dijo en un comunicado que “confía en que los tribunales estadounidenses” reconocerán a Guaidó, así como lo ha hecho Washington, como el representante legítimo de Venezuela con autoridad para nombrar directores.

Esta querella es un esfuerzo frívolo en un intento de usar los tribunales para litigar sobre las decisiones de política exterior del presidente de Estados Unidos.

El dictador ha afirmado que es «totalmente ilegal» que el legítimo presidente tomara el control de Citgo. Con la refinería bajo el control de Guaidó, Maduro ha dejado de percibir millones de dólares, los cuales necesita para alargar su estadía en el poder.

«Este endeudamiento es totalmente ilegal. Vamos a demostrar el robo que están haciendo en los tribunales de Estados Unidos, y nos van a devolver a Citgo. ¡Les vamos a ganar en los juicios porque el único propietario es el Estado venezolano!», dijo el usurpador Maduro el pasado mes de abril.

En sus declaraciones, el dictador decidió ignorar que durante décadas el régimen multiplicó la deuda externa. Pasó de 30 000 millones de dólares a unos 150 000 millones. Además, comprometió las acciones de Citgo a cambio de préstamos en efectivo.

Pareciera que Maduro empieza a «sangrar por la herida», pues al perder el control de Citgo también pierde el mayor activo de Venezuela en el extranjero.

PDV Holding Inc., propiedad de PDVSA, es propietaria de Citgo Holding Inc., que a su vez posee Citgo Petroleum Corporation, que tiene tres refinerías y oleoductos en Estados Unidos.

Citgo pueden refinar 749 000 barriles diarios y la refinería de Lake Charles es la sexta refinería más grande en Estados Unidos.

Lo que hizo Maduro con Citgo: era su «juguete» de mayor valor

Maduro dejó a Venezuela al borde de perder Citgo luego de que violara un acuerdo millonario con la minera canadiense Crystallex International Corp. Ahora le toca a Guaidó tratar de recuperar la petrolera, que está en medio de disputas internacionales.

La minera canadiense no es la única que está detrás de Venezuela para cobrar una millonaria suma, pues el régimen de Maduro también habría violado un acuerdo por 1 300 millones de dólares que alcanzó en octubre con Rusoro Mining de Vancouver. Ambas empresas habían buscado órdenes de tribunales estadounidenses para subastar a la matriz de Citgo.

Debido a que el chavismo llevó a Venezuela a entrar en default “por todos lados”, los acreedores que aún esperan por su pago también están detrás de Citgo, tal y como lo están Crystallex y Rusoro Mining.

Un reportaje de la BBC reveló que expertos legales y financieros anticipan que ante un impago se iniciará un complicado proceso de maniobras legales para cobrarle a Venezuela.

“El último que llegue a cobrar, no va a cobrar porque todos los afectados por impago de Venezuela van detrás de Citgo y de los pocos activos que tiene el país en el exterior”, dijo a PanAm Post el economista Luis Oliveros.

Según el experto, conocer cuánto vale Citgo es una discusión constante entre los economistas, pero, según sus estimaciones, si Venezuela hoy decidiera vender Citgo para pagar sus deudas, no recibiría más de 4 000 millones de dólares, de los cuales la mitad es de Rosneft (la petrolera estatal rusa) y la otra mitad para pagar todas las deudas pendientes. A Venezuela le quedaría “muy poco”.

Es por esta razón que Guaidó tuvo que ordenar el pago de una deuda contraída por Maduro en 2016 y que comprometía a Citgo. Con esto, el presidente evitó, por ahora, que la empresa fuera tomada como parte de pago.

S&P Withdraws Ratings On Venezuela State Oil Company PDVSA by Juan Camilo Alvarez & Fabiola Ortiz – Latam Herald Tribune – 12 de Junio 2019

Standard and Poors withdrew its ratings On Venezuela’s state oil company Petroleos de Venezuela S.A. after multiple events of default and the company repeatedly failed to submit its audited financials since 2017.

S&P Global Ratings withdrew its ‘SD’ issuer credit rating on Venezuela-based oil and gas company Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA). At the same time, we withdrew our ‘D’ issue-level rating on the company’s debt.

The withdrawal of our ratings on PDVSA follows our repeated attempts to obtain timely information of satisfactory quality from the company in order to maintain our ratings in accordance with our criteria and policies. PDVSA has been unable to meet the coupon payments on its 2017, 2021, 2024, 2026, 2027, and 2037 notes since November 2017 (or we have been unable to obtain a confirmation that the bondholders had received the funds by that date). This constitutes an event of default under our methodology.

La nueva artillería de los tenedores de bonos de la deuda venezolana por Juan Antonio Avellaneda – KonZapata – 14 de Enero 2019

Queda claro que los mercados financieros ven como una salida al default de deuda externa un cambio de gobierno. Ya no son los analistas de los bancos de inversión. Ya son los tenedores de bonos (algunos grandes fondos) que luego de los sucesos del 10 de enero (juramentación de Maduro por el Tribunal Supremo de Justicia) se apegan a la institucionalidad, reconociendo como único poder legítimo a la Asamblea Nacional.
Maduro no hará nada por salir del default. / Foto: Ministerio de la Presidencia de Venezuela
Maduro no hará nada por salir del default. / Foto: Ministerio de la Presidencia de Venezuela

En 2018, en el tema de la deuda externa venezolana y de PDVSA hubo 3 grandes conclusiones. Primero, la aceptación por parte del mercado financiero mundial de un total default. Segundo, la posición contundente de los principales bancos de inversión de que solo un cambio de Gobierno puede provocar una solución al default. Tercero, varios fondos tenedores de bonos e inversionistas se unieron en comité de acreedores con el fin de que este 2019 comiencen las acciones legales contra la República y PDVSA.

El comité está formado en Nueva York por Guggenheim Securites LLC como asesor financiero y el escritorio de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP como asesor legal. El comité publicó este viernes 11 deenero el primer comunicado en el cual dejan claro lo siguiente:

Sin cambios políticos en el país, este será un año muerto en materia la deuda de Venezuela. Me comentaba un banquero: el gobierno de Maduro no hará nada por salir del default y los mercados solo se moverán si hay cambio de gobierno. De no ocurrir, será otro año que ahorristas de bonos de Venezuela y PDVSA no cobrarán losintereses.

1-La falsedad de algunas informaciones en las cuales se decía que ellos habían enviado un comité o delegación para comenzar discusiones con el gobierno de Venezuela.

2-El Comité de Acreedores solo reconoce a la Asamblea Nacional como el único ente legitimo en Venezuela.

3-El apego a los sanciones por parte de la OFAC hacia el Gobierno de Venezuela por lo que no negociarían ninguna reestructuración con el gobierno de Nicolás Maduro.

4-La invitación a tenedores de bonos no-sancionados a unirse al comité con el fin de conseguir con la Asamblea Nacional un proceso factible de reestructuración de la deuda externa de Venezuela y PDVSA.

Con este comunicado queda claro que los mercados financieros ven como una salida al default de deuda externa un cambio de gobierno. Ya no son los analistas de los bancos de inversión. Ya son los tenedores de bonos (algunos grandes fondos) que luego de los sucesos del 10 de enero (juramentación de Maduro por el Tribunal Supremo de Justicia) se apegan a la institucionalidad, reconociendo como único poder legítimo a la Asamblea Nacional.

Esta conclusión de los mercados se aprecia en los precios de los papeles de deuda que mostraron poca variación. En cuanto a los de la República, desde los vencidos en 2018 hasta el de más largo plazo en 2031, se ubican en el rango de 23% y 26%, mientras que los bonos de PDVSA entre un 18% y 21% de su valor.

Sin cambios políticos en el país, este será un año muerto en materia la deuda de Venezuela. Me comentaba un banquero: el gobierno de Maduro no hará nada por salir del default y los mercados solo se moverán si hay cambio de gobierno. De no ocurrir, será otro año que ahorristas de bonos de Venezuela y PDVSA no cobrarán losintereses.

5 desafíos económicos para la sobrevivencia del gobierno de Maduro por Zenaida Amador – ALnavío – 28 de Diciembre 2018

Son incontables los retos de Nicolás Maduro en su afán por sostenerse en el poder, pero en materia económica hay al menos cinco puntos clave que debe enfrentar para seguir adelante en medio de la crisis institucional, el rechazo internacional y el estigma de ser señalado como un presidente ilegítimo.
En materia económica Maduro enfrenta al menos cinco puntos clave / Foto: Presidencia
En materia económica Maduro enfrenta al menos cinco puntos clave / Foto: Presidencia

Nicolás Maduro culmina su primer período presidencial sin atender ninguno de los problemas de fondo y deja a Venezuela sumida en una profunda depresión económica, con una hiperinflación que algunos temen pueda prolongarse por años, sin recursos para atender las necesidades básicas de la población y en situación de impago con los acreedores externos, y padeciendo los coletazos de las sanciones internacionales impuestas a su gobierno por desligarse del camino democrático.

El interés es seguir gobernando a cualquier precio, lo que implica desafíos de toda índole en diversos planos, especialmente cuando el régimen comienza a ser identificado como una dictadura, lo que generará un trato internacional en consecuencia. De cara al inicio de este nuevo ciclo en materia económica hay al menos cinco retos para quienes pretenden sostenerse indefinidamente en el poder.

1- Cazar ingresos

Sin ingresos no hay margen de maniobra. Eso lo sabe el Gobierno, que lleva a cuestas la responsabilidad de haber dilapidado el billón de dólares en ingresos por exportación de hidrocarburos que la nación percibió desde 1999 y de -en paralelo- destruir a la industria petrolera que es la generadora de tales recursos.

Se estima que en 2019 los compromisos de deuda de PDVSA y de la República sumen 10.000 millones de dólares, sin hablar de los compromisos externos vencidos del Gobierno central que rondan los 5.000 millones de dólares

Hoy PDVSA produce con dificultad alrededor de un millón de barriles diarios, que casi en su totalidad están comprometidos en pagos de deuda. Algunos economistas estiman que dado este cuadro prácticamente en 2019 no habrá flujo de caja, lo que pinta un panorama altamente complejo.

De allí la urgencia de buscar dinero, pero a partir del 10 de enero, cuando a la vista de más de una veintena de países esté en entredicho la legitimidad de Maduro, se hará más cuesta arriba la posibilidad de cerrar acuerdos o de contratar nuevo financiamiento en términos beneficiosos para el país.

Si bien han sido múltiples los anuncios del Gobierno acerca de acuerdos por varios miles de millones de dólares con países aliados e inversionistas extranjeros, nada de esto termina de concretarse. Pero dada la magnitud de la crisis todo hace pensar que las autoridades forzarán estos arreglos.

Los acuerdos y convenios que de forma poco transparente se vienen cerrando alrededor del sector minero parecen ser la solución mágica del Gobierno para hacerse con un hilo de oxígeno, por lo que se muestra indiferente ante el ecocidio y la ola de crímenes que acompañan a la descontrolada explotación minera en el sur del país.

2- Navegar el default

En línea con lo anterior para Maduro será todo un reto lidiar con los compromisos de deuda, las acciones legales de los acreedores y el riesgo inminente de perder uno de los principales activos de la nación: Citgo.

Si bien la estrategia aplicada hasta ahora ha sido la de ganar tiempo, no es mucho el margen que tiene el Gobierno venezolano para seguir corriendo la arruga si carece de ingresos y de producción petrolera para responder a las obligaciones.

Se estima que en 2019 los compromisos de deuda de PDVSA y de la República sumen 10.000 millones de dólares, sin hablar de los compromisos externos vencidos del Gobierno central que rondan los 5.000 millones de dólares.

Esto puede incluso llegar a lesionar las relaciones del Gobierno con sus aliados. La firma Ecoanalítica cree que Venezuela no podrá pagar los compromisos pendientes con China.

Por ello es de esperar que el Gobierno pactará acuerdos altamente lesivos para la nación, pero que le permitirán sostenerse a la espera de algún cambio favorable en las circunstancias.
¿Podrá pagar Venezuela los compromisos con China? / Foto: @NicolasMaduro

3- Abrir canales en medio de las sanciones

Directamente vinculado con los dos puntos anteriores, al cuestionado y sancionado gobierno de Nicolás Maduro se le vuelve urgente abrir vías a través de las cuales evadir las restricciones que ya han impuesto varios países y a las que pudieran sumarse más a partir del 10 de enero.

Meses atrás Tareck El Aissami, como vicepresidente del Área Económica del gobierno de Maduro, aseguró que se avanzaba en el plan de abrir cuentas fuera de Estados Unidos en monedas diferentes al dólar para evadir las sanciones. Se trabajaba en “un nuevo esquema de corresponsalía para los bancos públicos en Asia y Europa”. Esta ardua tarea sigue su curso.

Así la corrupción chavista acabó con Petróleos de Venezuela

A la par de esto necesita garantizar los canales para vender los minerales que extrae, como el oro, evadiendo las sanciones y arreglar algunos suministros para atender precariamente las necesidades de la población.

Tejer nuevas conexiones financieras y comerciales es prioridad y, dada la urgencia del caso, cualquier arreglo que se pacte a cambio de un flujo mínimo de ingresos para la sobrevivencia se traducirá en un mayor beneficio para los terceros involucrados que para la nación.

4- Lidiar con la dolarización de facto

Los venezolanos no quieren los bolívares. La velocidad a la que pierden poder de compra lleva a los ciudadanos a deshacerse del dinero a cambio de lo que sea, porque prácticamente cualquier cosa tiene más valor que la moneda nacional. No en vano el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea NacionalRafael Guzmán, estima que dada la hiperinflación para febrero el bolívar habrá recuperado los cinco ceros que le borraron con la reconversión monetaria de agosto.

Tejer nuevas conexiones financieras y comerciales es prioridad y, dada la urgencia del caso, cualquier arreglo que se pacte a cambio de un flujo mínimo de ingresos para la sobrevivencia se traducirá en un mayor beneficio para los terceros involucrados que para la nación

Así, con una inflación en el orden de 4% al día, se ha acelerado la dolarización de facto en la economía, ya sea porque muchos usan el dólar como referencia ante la locura de precios que mueve al mercado, porque algunos reciben parte de sus remuneraciones en moneda dura o porque otros se benefician de las remesas que envían sus familiares desde el exterior. Lo cierto es que el bolívar está siendo desplazado, al punto de que en las zonas fronterizas se impone el uso del real brasileño o del peso colombiano.

Aunque lo lógico sería pensar que para el Gobierno es urgente hacerle frente a la situación y corregir los errores que alimentan la hiperinflación, el desempeño de Maduro y sus funcionarios indica que la prioridad será lidiar con el problema y aprovecharlo para sus fines políticos. Es muy probable que el Gobierno use la coyuntura para seguir empujando el cambio monetario que se ha propuesto bajo el paraguas del petro, que enmascara esta misma dolarización, y con el cual reeditar la experiencia de Zimbabue al estilo chavista. No se resolverán los problemas, pero se ganará tiempo.

5- Contener el desbordamiento social

En los primeros 10 meses de 2018 se reportaron más de 10.000 protestas en Venezuela por demandas básicas (alimentos, transporte, servicios públicos, etc.). Aunque se trata de un número que supera los registros de 2014 y 2017, cuando la protesta política alcanzó picos históricos, el malestar social se mantiene encapsulado.

El Gobierno mantiene a raya la situación evitando la conexión entre el descontento social y la lucha política, para lo cual usa la fuerza pública y la persecución de líderes políticos, estudiantiles, sindicales y comunitarios

A la par de esto ha usado la propia crisis para aumentar en la población la dependencia del Estado. En la actualidad un 63% de la población recibe las “ayudas” del Gobierno a través de las llamadas Misiones, como indica la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi).

Pero sin recursos para costear esta red de reparto es muy probable que radicalice sus acciones de control y profundice la represión como vía para contener la conflictividad social.

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