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Comunicado del Grupo de Lima – 30 de Junio 2019

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, condenan el asesinato del Capitán de Corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo y expresan su pesar y solidaridad a su familia.

El capitán había sido capturado por hombres armados el 21 de junio y presentado ante un juez siete días después, el 28 de junio, con visibles signos de tortura. La gravedad de su estado de salud llevó al juez a remitirlo a un centro hospitalario, donde falleció este 29 de junio.

El Grupo de Lima repudia las continuas prácticas de detenciones arbitrarias y torturas a las que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro somete a quienes considera sus opositores y urge a la comunidad internacional, en especial a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a actuar sin dilación para que los derechos de los venezolanos sean restablecidos y su integridad protegida.

Consternación – Editorial El Nacional – 2 de Julio 2019

El título de este escrito puede ser otro: horror, náusea, dolor, rabia contenida… El ánimo de Venezuela ante el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo reúne las condiciones que conducen a la sociedad a sentir un repulsión capaz de manifestarse a través de mil vocablos, a través de infinitas sensaciones de pesadumbre y rabia que remiten a un estado de declive moral como pocas veces se ha experimentado en la historia de Venezuela.

Han vuelto, por desdicha; se levantaron en nuestros día para regresarnos a tiempos oscuros y dolorosos que se han convertido en símbolo del fétido pantano en cuyo fondo nos ha metido el chavismo. No son el recuerdo de los episodios inhumanos y sanguinarios que describen los testimonios de los cautivos del pasado, sino, por desgracia, peripecias palpitantes que nos tocan de cerca, hechos reaparecidos que se ceban contra las ideas del vecino o del amigo, contra los derechos del compañero de todos los días, contra los anhelos de unos valientes y limpios adalides que luchan por la libertad y por la dignidad de un pueblo degradado y escarnecido. De allí que estas letras se parezcan a las que se escribieron sigilosamente en la hora oscura de las tiranías en un país que las ha tenido tenebrosas y emblemáticas.

Pero si después de mostrar respeto reverencial ante el sacrificio de la víctima más reciente recordamos los avances que ha llevado a cabo la humanidad en el área de los derechos humanos, mayores motivos tenemos para denunciar el estado de degeneración y de putrefacción cívica que hoy padece Venezuela debido a los delitos de sus gobernantes, a su desprecio de las prerrogativas de los gobernados y de todo lo que es honorable y respetable en la vida política, a su decisión de torturar y matar al capitán de corbeta Acosta Arévalo. Ante ese macabro colofón, todavía la sociedad, pese a que ha expuesto una primera muestra de indignación, no se manifestado con la contundencia que corresponde.

Bachelet rompe el silencio: Estoy conmocionada por la tortura y el trato al C/C Acosta Arévalo – La Patilla – 1 de Julio 2019

Acosta Arévalo
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet / Foto EFE/ Miguel Gutiérrez

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo el lunes que está profundamente preocupada por la muerte bajo custodia en Venezuela del capitán de marina retirado Rafael Acosta Arévalo tras ser supuestamente torturado. Destacó que es imperativo que las autoridades venezolanas lleven a cabo una investigación rápida, exhaustiva, eficaz, independiente, imparcial y transparente de su muerte.

El capitán Rafael Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio por hombres armados sin identificar y estuvo en paradero desconocido durante siete días. Dado que su familia y sus abogados no fueron informados de su paradero a pesar de repetidas solicitudes, su caso también puede constituir una desaparición forzada, prohibida bajo la ley internacional.

El 28 de junio, fue llevado ante un tribunal militar por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) junto a otros cuatro militares y dos exfuncionarios de seguridad acusados de complotar para asesinar al presidente Nicolás Maduro Moros. Según su abogado, el capitán Acosta Arévalo fue presentado ante el juez en silla de ruedas, fue incapaz de hablar y mostraba claros signos de haber sido torturado. El juez lo mandó a un hospital militar, donde murió en la madrugada del 29 de junio. A pesar de numerosos requerimientos, ni su abogado ni sus familiares han tenido aún acceso a su cuerpo.

“Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo, y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte. Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida, y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad. Urjo a las autoridades a llevar a cabo una profunda investigación —incluyendo una autopsia que siga los estándares internacionales- que sea independiente y transparente. Esto es esencial para arrojar luz no solo sobre lo que ocurrió con él, sino también para facilitar que se lleve ante a la justicia a los responsables de su muerte”, dijo Bachelet.

Si bien la Alta Comisionada aplaudió la rápida acción de la Oficina del Fiscal General de abrir una investigación sobre la muerte del capitán Acosta Arévalo, y señaló que dos miembros de la DGCIM han sido procesados por asesinato en primer grado, lamentó que las alegaciones de tortura no hayan sido aparentemente incluidas en los cargos.

“También llamo a las autoridades venezolanas para que permitan a los otros seis militares y ex oficiales de seguridad detenidos junto al capitán Acosta Arévalo recibir visitas de sus abogados y familiares, que se aseguren que sean tratados con humanidad y dignidad, y que eviten que sufran torturas y otras formas de maltrato”, afirmó Bachelet. “Se deben adoptar urgentemente medidas para prevenir la reincidencia de la tortura y otros malos tratos de personas bajo custodia del Estado”.

Noticias ONU

@NoticiasONU

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos @mbachelet recuerda a las autoridades de que son responsables de la vida, y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de su libertad. https://news.un.org/es/story/2019/07/1458662 

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se dirige a la 41ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el 24 de junio de 2019.

Bachelet conmocionada y preocupada por la muerte en custodia del capitán Acosta Arévalo en Venezuela

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos recuerda a las autoridades del país que son responsables de la vida, y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad….

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[URGENTE] La Alta Comisionada para los Derechos Humanos @mbachelet
dice estar “conmocionada” por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo en , y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte.

¿Qué es el Protocolo de Minnesota y cómo se aplica en relación a las muertes bajo custodia del Estado? por Francis Peña – ProDaVinci – 1 de Julio 2019

El 29 de junio de 2019 la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional solicitó, a través de un comunicado, a la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, aplicar el Protocolo de Minnesota para investigar la muerte del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Al militar lo detuvieron el 21 de junio por presuntamente estar involucrado en un plan de golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Estuvo recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) hasta el 28 de junio. Ese día fue trasladado a tribunales penales para su presentación.

En la misiva dirigida a Bachelet, la Comisión de Política Interior de la AN asegura que Arévalo llegó al tribunal en silla de ruedas «evidenciando signos externos de tortura evidentes» y en «un estado de salud tan deplorable que ni siquiera podía gesticular palabras».  Posterior a su presentación, Arévalo fue trasladado al Hospital Militar. Ahí murió el 29 de junio en la madrugada. Ese mismo día, Tarek William Saab aseguró que la Fiscalía iniciaría una investigación sobre el caso.

El lunes 1 de julio de 2019, Bachelet aseguró estar «profundamente preocupada» por la muerte de Arévalo y pidió a las autoridades venezolanas hacer una investigación independiente y transparente, incluyendo una autopsia que siga los estándares internacionales.

¿Qué es el Protocolo de Minnesota? 

El Protocolo de Minnesota es un conjunto de normas para investigar una muerte potencialmente ilícita. El protocolo establece principios y directrices para los Estados, instituciones y personas que participen en la investigación. Se hizo para complementar los Principios de las Naciones Unidas relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.

Su objetivo es “proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospecha de desaparición forzada”.

¿Cuándo aparece?

En la década de los ochenta no existía una referencia internacional clara que sirviese como guía práctica para hacer investigaciones de muertes ocurridas en circunstancias sospechosas. Para los noventa, expertos internacionales en ciencias forenses, abogados, expertos en derechos humanos y en otras materias elaboraron el Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, conocido como el Protocolo de Minnesota.

Su realización estuvo dirigido por el Minnesota Lawyers International Human Rights Committee -hoy The Advocates for Human Rights- con contribuciones del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la American Association for the Advancement of Science. Fue aprobado por la Subdivisión de Prevención del Delito y la Justicia Penal del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en 1991. En 2014, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU inició un proceso de revisión y actualización del documento.

¿Qué establece? 

  1. Las obligaciones jurídicas de los Estados y directrices comunes relativas a la investigación de muertes potencialmente ilícitas.
  2. La obligación de que toda persona que participe en la investigación debe tener las normas de ética profesional más estrictas.
  3. Orientación y descripción de buenas prácticas aplicables a los participantes en un proceso de investigación. Incluida la policía, los médicos y juristas.
  4. Directrices pormenorizadas sobre algunos aspectos de la investigación, aunque no trata todos los aspectos de ella ni es un instructivo para profesionales.
  5. Tiene un glosario, anexos y esquemas anatómicos e impresos para utilizar en la práctica de autopsia.

¿Cuándo se puede aplicar? 

En casos de una muerte potencialmente ilícita y de toda sospecha de desaparición forzada. Pero también prevé tres situaciones más:

  1. Cuando la muerte pudo haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes. Esto incluye muertes causadas por grupos paramilitares, milicias o «escuadrones de la muerte» que actúen bajo dirección del Estado.
  2. Cuando la muerte sucedió mientras la persona estaba detenida o bajo custodia del Estado, sus órganos o agentes.
  3. Cuando la muerte podría ser resultado del incumplimiento del Estado de su obligación de proteger la vida.

¿Qué recomendaciones tiene?

En el manual se recomienda crear una comisión independiente con suficientes recursos y posibilidad de buscar ayuda en expertos internacionales en ciencias jurídicas, médicas y forenses. En casos en donde el Estado pueda estar involucrado en la muerte y los resultados de la investigación puedan ser parciales, se crea una comisión investigadora especial.

La comisión debería acceder a toda la información necesaria para la indagación, presentar un informe público, impedir el entierro u otra disposición del cadáver mientras no se haga la autopsia, visitar el lugar donde se descubrió el cadáver y donde pudo ocurrir la muerte y recibir declaraciones de testigos y organizaciones fuera del país.

El procedimiento de la autopsia es un apartado del Protocolo. El médico forense encargado de hacerla tiene que formar parte de la comisión independiente que lleve la investigación y además, debe tener la capacitación y experiencia apropiada para asegurar la identidad del difunto y descubrir la causa y circunstancias de su muerte. En el caso de desconocer esas circunstancias, el médico forense usa los resultados de la autopsia para reconstruirlas.

El informe tras la autopsia puede ser usado por autoridades para determinar si el difunto fue agredido o torturado y si las lesiones causaron o contribuyeron a su muerte. Si el forense considera que algunas lesiones fueron producto de torturas o si un grupo de ellas denota malos tratos, es su obligación presentar esa opinión por escrito.

El cadáver debe estar a disposición del médico forense durante un período mínimo razonable de 12 horas para asegurar un examen adecuado. Si las condiciones no son adecuadas, el médico tiene la posibilidad de negarse a hacer el procedimiento y debe elaborar un informe en el que explique su posición.

El Protocolo de Minnesota, en su última revisión hecha por la ONU, es un documento de 102 páginas. Aquí puede leer todas las recomendaciones. 

¿Cuándo se usó? 

Desde su creación, el Protocolo y los principios de la ONU son referencia internacional en las investigaciones de muertes. Se han usado por tribunales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El 1 de agosto de 2017 desapareció Santiago Andrés Maldonado en la provincia argentina del Chubut. Maldonado estaba en una protesta de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen que fue reprimida por la Gendarmería Nacional. Desde su desaparición, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU adoptó una resolución para que el Estado argentino hiciese una investigación exhaustiva y adoptara una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dos meses después de su desaparición, se encontró el cadáver de Maldonado en el río Chubut. La autopsia de su cuerpo se hizo conforme al Protocolo de Minnesota.

¿Los Estados están obligados a cumplirlo? 

El Protocolo no es un documento jurídicamente vinculante y las investigaciones se hacen de acuerdo al derecho nacional o local vigente.

Acosta Arévalo, Albán, Mandela y Bachelet: tratamiento de reclusos y responsabilidad del Estado por Jesús Alejandro Loreto C. – ProDaVinci – 1 de Julio 2019

El 29 de junio de 2019, el ministro Jorge Rodríguez confirmó a través de un comunicado oficial la muerte del capitán de corbeta (R) Rafael Acosta Arévalo. Este hecho reavivó las gravísimas denuncias sobre torturas, tratos crueles e inhumanos que lamentablemente se han hecho cotidianas en Venezuela. Recordemos que en octubre de 2018, falleció el concejal Fernando Albán quien, al igual que Rafael Acosta Arévalo, fue señalado con vehemencia de haber participado en un magnicidio frustrado. Aunque ambos fueron apresados días antes por organismos de seguridad de Estado, ninguno tuvo la oportunidad de defenderse, pues los dos fallecieron antes del inicio del proceso penal: Albán antes de ser presentado ante un juez, y Acosta Arévalo sin concluir la audiencia de presentación.

El Grupo de Lima, la Unión Europea y el Departamento de Estado norteamericano han condenado uno y otro deceso. Por su parte, el diputado Juan Guaidó y otros líderes de la oposición, han dicho que se trata de atrocidades promovidas desde el Estado. Todos, a propósito del hecho más reciente, han reiterado la necesidad de que haya una investigación profunda e independiente que disipe cualquier duda respecto de las circunstancias en que murieron estas dos personas. Suicidio, tortura o extrema negligencia, la responsabilidad de estas muertes cae sobre el Estado.

Las Reglas Mandela

El 17 diciembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos o Reglas Nelson Mandela, llamadas así como reconocimiento a los 27 años que el expresidente sudafricano pasó tras las rejas sin abandonar su lucha por la igualdad, los derechos humanos y la democracia. Este instrumento, tiene 122 reglas orientadas por los fines establecidos en la Carta de Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y pretende reafirmar el trato digno inherente a la condición humana, que debe proferirse incluso a los peores criminales.

No se trata de una descripción detallada sobre el funcionamiento de un sistema penitenciario, sino de las condiciones mínimas admitidas por las Naciones Unidas sobre el tratamiento que debe recibir, sin distinción, toda persona privada de libertad. Al respecto hay dos aspectos que merece la pena destacar:

1. Ningún recluso puede ser sometido a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y no existe circunstancia alguna que justifique lo contrario.

2. La seguridad de los reclusos debe garantizarse en todo momento, al margen de su situación jurídica. Vale decir, que la inestabilidad política o económica e incluso la condición de culpable de un recluso, no permite relajar las Reglas Mandela.

Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Venezuela es uno de los países que ha ratificado este tratado internacional y que además reconoce la competencia del Comité Contra la Tortura, cuerpo de expertos que se encarga de monitorear la implementación de la Convención. Este instrumento pone sobre el Estado la carga de evitar, investigar y sancionar todo acto de un funcionario u otra persona en ejercicio de funciones públicas, destinado a ocasionar dolor o sufrimiento grave, físico o mental, para conseguir información o una confesión, o castigar, intimidar o coaccionar por cualquier razón basada en discriminación de toda índole.

La Constitución y el Código Penal de Venezuela

El artículo 46 de nuestra Constitución es absolutamente consistente con lo anterior, pues claramente se establece que las personas privadas de libertad deben recibir el trato digno inherente a la condición humana, de manera que no pueden ser sometidos a tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En ese sentido, la Constitución Nacional dispone que el funcionario que en ejercicio de sus funciones, infiera dolor, maltrato o sufrimiento físico o mental, lo instigue o tolere debe ser sancionado según lo disponga la Ley. Al respecto, Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, sanciona con pena de hasta de 25 años a quien incurra en esta conducta.

La responsabilidad del Estado

No basta con prohibir, investigar y sancionar estos hechos. El Estado está en la obligación de adoptar medidas eficaces tendientes a evitar que las personas privadas de libertad sean víctimas de violaciones a los derechos humanos. Dos muertos en menos de un año no lucen como episodios aislados, por lo que resultaría insuficiente establecer la responsabilidad individual de aquellos que por acción u omisión habrían tenido injerencia en lo sucedido. El Estado debió velar con estricta rigurosidad por el cumplimiento de los protocolos para el traslado de los detenidos y su oportuna atención médica, conforme a lo dispuesto en las Reglas Mandela.

Recordemos que Albán y Acosta Arévalo no fueron presentados ante una autoridad judicial dentro de las 48 horas siguientes a su detención, en contravención a lo establecido con claridad en el artículo 44 de la Constitución Nacional. Por otra parte, al margen de la causa de las lesiones que a Acosta Arévalo le supusieron la muerte y del supuesto estado mental que trajo consigo el suicido de Albán –según la versión oficial–, ninguno recibió oportunamente atención médica. El deceso de ambos se produjo pasadas esas 48 horas, por lo que se ha transgredido la Constitución y se han vulnerado los derechos humanos. Esto pesa sobre los hombros del Estado y el país y todas las personas interesadas merecen conocer la verdad.

Bachelet

Resulta curioso que a más de una semana de la visita a Venezuela Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, muera un militar detenido. El padre de la alta comisionada, el general Alberto Bachelet, murió en marzo de 1974 estando preso en la cárcel pública de Santiago, a comienzos de la dictadura de Augusto Pinochet. Dos años antes, Salvador Allende lo había nombrado secretario de la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización, cargo desde el cual estuvo al frente de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios. Recientemente, el 28 de septiembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia de Chile confirmó la condena impuesta a Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres Jorquera, dos coroneles retirados de la Fuerza Aérea de ese país, quienes golpearon al general Bachelet mientras lo interrogaban. Así agravaron su condición cardíaca, lo que devino en su muerte.

La sociedad civil y la opinión pública internacional esperan no tener que aguardar 42 años para conocer la verdad sobre las muertes de Acosta Arévalo y Fernando Albán.

Comunicado de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) – 1 de Julio 2019

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DECLARACIÓN DE ALERTA SOBRE VENEZUELA

Los ex jefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) expresamos nuestra indignación y sentimientos por la muerte, previa desaparición y bajo detención seguida de torturas, de un oficial superior de la Fuerza Armada de Venezuela, el Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, a quien el régimen usurpador de Nicolás Maduro y sus órganos de comunicación pública, antes y después de dicho crimen de lesa humanidad, apologizándolo, le imputan – sin mediación judicial – actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración.

Al efecto, manifestamos que:

1) En nuestra declaración del pasado 11 de mayo, advertimos sobre los “graves atentados contra la integridad personal de quienes protestan en paz o que, como dirigentes políticos o miembros de la Fuerza Armada se encuentran presos en los sótanos de la policía política (SEBIN) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM)”, a la vez que incomunicados; quienes suman el número de 688 presos políticos – incluidos 105 militares – certificado por el Secretario General de la OEA.

2) El 9 de octubre del pasado año también denunciamos la muerte bajo privación de libertad, en similares circunstancias a las del oficial mencionado, del concejal de oposición Fernando Albán, arguyendo el régimen de Maduro su suicidio; y destacamos “el desenfreno criminal represivo por parte de la dictadura venezolana, que se agrega al mantenimiento de su pueblo en condiciones de hambruna generalizada y de masiva diáspora hacia el extranjero”.

3) Dada la forma y naturaleza de tales privaciones de libertad por agentes estatales, como negarlas u ocultar la suerte o el paradero de las mismas, siguiendo la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos representan desapariciones forzadas de personas; las que, junto, a las torturas y la ejecución extrajudicial constituyen violaciones muy graves de derechos humanos, de suyo constitutivas de típicos crímenes de lesa humanidad que comprometen la responsabilidad de Maduro, sus colaboradores y quienes los apologizan.

4) Una vez más alertamos a la comunidad internacional y a sus gobiernos democráticos como a sus líderes institucionales sobre la situación de secuestro en que se encuentran el pueblo venezolano y sus legítimos dirigentes por parte de una organización criminal que ha confiscado los poderes del Estado; encontrándose aquél y éstos en una situación que les imposibilita lograr, por sí mismos, el cese y desmantelamiento de la satrapía que los oprime y menos – como lo creen algunos y en un contrasentido – esperar que bajo el influjo ésta se puede corregir dicho cuadro de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos o ejercer libremente, por dicho pueblo, la experiencia de la democracia, cuya columna vertebral es, justamente, el respeto y la garantía de tales derechos.

5) Los tiempos de la Venezuela en agonía se agotaron, y las dilaciones que provocan las posturas de criterio varias entre los actores internacionales y los propios organismos multilaterales de derechos humanos estatutariamente obligados a proveer soluciones efectivas a la tragedia de ese pueblo hermano marcan otros tiempos, moralmente inaceptables. Urgimos, pues, la actuación inmediata y sin matices de los gobiernos más comprometidos, como de la Corte Penal Internacional, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

1° de julio de 2019

Oscar Arias, Costa Rica

José María Aznar, España

Enrique Bolaños, Nicaragua

Felipe Calderón, México

Rafael Ángel Calderón, Costa Rica

Laura Chinchilla, Costa Rica

Alfredo Cristiani, El Salvador

Fernando de la Rúa, Argentina

José María Figueres, Costa Rica

Vicente Fox, México

Eduardo Frei T., Chile

César Gaviria, Colombia

Felipe González, España

Osvaldo Hurtado, Ecuador

Luis Alberto Lacalle, Uruguay

Jamil Mahuad, Ecuador

Mireya Moscoso, Panamá

Gustavo Noboa B., Ecuador

Andrés Pastrana, Colombia

Jorge Tuto Quiroga, Bolivia

Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica

Luis Guillermo Solís, Costa Rica

Álvaro Uribe, Colombia

Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

Es auténtico:

Asdrúbal Aguiar

Secretario General de IDEA

http://www.idea-democratica.org

Provea: La tortura es un patrón represivo y política de Estado en Venezuela – TalCual – 30 de Junio 2019

Provea recuerda que la Dgcim es el ente del Estado donde más torturas se practican y llama la atención sobre el silencio del defensor del Pueblo


Las torturas en Venezuela no son ocurrencias espontáneas de algunos funcionarios, sino que responden a un patrón que tiene entre sus prácticas el uso recurrente de desapariciones forzadas durante horas, días o semanas, en las que las personas están desprovistas de toda protección legal y son sometidas a diversas formas de tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, según precisa Provea.

Esta ONG defensora de los derechos humanos recuerda que precisamente es la Dirección de Contra Inteligencia Militar donde más casos de tortura se producen, siendo este el ente que tenia en custodia al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien falleció ayer sábado 29 de junio tras ser torturado en la Dgcim.

En el comunicado, Provea también llama la atención sobre la intención del comunicado gubernamental de deshumanizar a la víctima “enmarcando los hechos en un contexto de “enemigos de la Constitución y la paz” y diciendo que la víctima estaba imputada “por graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración”.

Otro aspecto que resalta Provea es el silencio sistemático del Defensor del Pueblo, ente que no ha fijado posición ni ante las actuaciones de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional o de integrantes del Cicpc. Provea se pregunta si esta omisión recurrente y sistemática de Alfredo Ruíz, defensor del pueblo, podría llegar a ser considerada en el futuro como una omisión dolosa por parte de la Corte Penal Internacional.

Para Provea también quedó claro que el Fiscal impuesto por la Constituyente Tarek Willian Saab “solo se pronunció luego que Maduro le diera la orden. Pese a que de oficio podía iniciar las investigaciones solo actuó cuando su jefe le dio la orden demostrándose la manera como el Ministerio Público fue convertido en un instrumento al servicio de quienes detentan de hecho el poder y no al servicio de los derechos de la población, la verdad y la justicia”.

Creen que este crimen contra el capitán de corbeta Acosta Arévalo estará incluido en el informe que debe presentar la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, el próximo 5 de julio.

Provea tal como lo expresó en el caso de Fernando Albán considera que ni el Ministerio Público ni la Defensoría son instituciones confiables para adelantar una investigación en el caso del Capitán Acosta. Es fundamental que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cree una Comisión Internacional integrada por expertos independientes que investigue las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela y como actividad inmediata el asesinato del Capitán Rafael Acosta.

Una investigación independiente debe establecer la responsabilidad de autores materiales y autores intelectuales estableciendo bien las responsabilidades de la cadena de mando.

Venezuela deporta a 59 presos políticos colombianos por Florantonia Singer – El País – 30 de Junio 2019

Fueron arrestados en 2016 sin órdenes judiciales, acusados de ser paramilitares e intentar atacar a Nicolás Maduro

Nicolás Maduro durante un acto en el Palacio de Miraflores.
Nicolás Maduro durante un acto en el Palacio de Miraflores. YURI CORTEZ AFP

Después de casi tres años de prisión, 59 colombianos detenidos en un comando policial en Caracas, en terribles condiciones de hacinamiento y maltrato, fueron deportados a Colombia este sábado en un avión del gobierno venezolano. La aeronave los trasladó desde el aeropuerto de Maiquetía a la ciudad fronteriza de San Cristóbal, en el estado Táchira, para que cruzaran los puentes internacionales hacia Cúcuta, donde fueron recibidos por las autoridades colombianas y la oficina de Derechos Humanos de la ONU. En videos divulgados en redes sociales se ven esposados en los autobuses camino al aeropuerto.

La historia de estos hombres está unida a uno de los tantos relatos de conspiración que Nicolás Maduro ha usado para justificar su tesis de que constantes ataques extranjeros han desestabilizado su cuestionado gobierno. Estos colombianos fueron detenidos entre agosto y septiembre de 2016 en requisas policiales callejeras para verificar sus documentos, que en varios casos estaban vencidos. Luego fueron acusados de terrorismo, asociación para delinquir y forjamiento de documentos, después de que Maduro reveló en cadena de televisión que había sido frustrado un nuevo ataque en su contra que se perpetraría en una de las movilizaciones de protesta de sus opositores en ese 2016.

“En el marco de la OLP [Operación de Liberación del Pueblo, una serie de redadas militares y policiales desarrolladas por el gobierno de Maduro desde 2015 y denunciadas en organismos internacionales por violación de derechos humanos] hemos capturado a 92 colombianos en un campamento paramilitar a 500 metros de Miraflores. Además, hemos detenido a varios dirigentes de la oposición. Tenían un plan violento conjunto para acabar con el gobierno”, señaló entonces el líder chavista.

El caso de los colombianos está incluido dentro de las listas de presos políticos del país, que hasta esta semana incluía a 688 detenidos, de acuerdo con los datos del Foro Penal Venezolano. Pedro Berrio es uno de ellos. Fue abordado por policías en los alrededores del metro de Caracas cuando iba a camino a su trabajo como albañil. Ante la falta de documentos venezolanos entregó su cédula colombiana. El hombre había emigrado al país 10 años atrás, cuando el flujo migratorio era a la inversa de la diáspora actual. En Venezuela hizo su familia, según han reseñado medios venezolanos.

El grupo tenía boleta de excarcelación desde 2017, pero nunca se ejecutó. En 2018 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se pronunció sobre la situación de estos colombianos, exigió que se liberaran de manera inmediata y se les diera una indemnización, además de una investigación independiente de los hechos. Finalmente, fueron liberados este sábado tras la visita a Venezuela de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Durante su agenda de reuniones escuchó a los familiares de los presos políticos. El hijo de uno de estos colombianos le rogó que intercediera. “Hemos sufrido mucho desde que mi papá no está. Le pido que le diga a Nicolás Maduro que se ponga la mano en el corazón y que saque a todos los presos políticos”, le dijo el niño a Bachelet.

A través de un comunicado el régimen de Maduro se refirió a la muerte de Acosta Arévalo. En el texto aseguran que ante “la artera y continuada intención de los enemigos de la Constitución y la paz de perpetrar intentos de golpes de Estado, terrorismo y masacres” las fuerzas de seguridad emprendieron un proceso de pesquisas por meses que condujo al arresto de los militares -a los que califican de terroristas confesos- “con respeto absoluto al debido proceso y los derechos humanos”.

El Gobierno sostiene que el capitán de corbeta fue imputado por graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración durante el acto de presentación ante los tribunales ocho días después de su detención sin órdenes judiciales. Las versiones de la esposa del militar Waleska Pérez y de abogados y defensores de derechos humanos señalan que ante el estado de gravedad en que se encontraba Acosta Arévalo no pudo ser imputado, pues el juez ordenó que lo enviaran al Hospital Militar del Ejército, en Fuerte Tiuna. “Yo sabía que lo estaban torturando y tanto fue que lo mataron. No podía hablar, recibió muchos golpes en la cabeza”, dijo Pérez en una entrevista al medio colombiano NTN24. El comunicado señala que Maduro solicitó al fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, una exhaustiva investigación de “los hechos que resultaron en el fallecimiento” de Acosta Arévalo.

Video insertado

ONU Derechos Humanos Colombia

@ONUHumanRights

Puente Simón Bolívar estamos con los colombianos liberados y que habían sido detenidos arbitrariamente por Venezuela. Este país cumple compromisos en el marco de la reciente visita de la Alta Comisionada @mbachelet @UNHumanRights @Albrunori @IvanDuque @CancilleriaCol

Guaidó asignó a Simonovis como contacto directo con agencias de seguridad estadounidenses – primer informe – 27 de Junio 2019

El expreso político Iván Simonovis, recientemente conversó sobre su experiencia de huida de Venezuela, además dialogó con representantes políticos estadounidenses, acompañado por el embajador Carlos Vecchio.

Asimismo, Simonovis informó sobre las tareas que le fueron asignadas por el presidente interino, Juan Guaidó, las cuales están dirigidas principalmente al aspecto de seguridad.

Indicó que Guaidó, le encomendó establecer comunicación con agencias de inteligencia de los Estados Unidos, y aseguró que para hacer formal la petición desde la Asamblea Nacional se enviará un comunicado oficial.

Ante sus asignaciones, el comisario expresó que su objetivo es entablar contacto con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Simonovis, también planteó que presentará pruebas sobre delitos por violación de derechos humanos, además de otros casos de corrupción que se han desarrollado en Venezuela.

Tengo información que me han suministrado funcionarios del régimen y que voy a darle a las agencias de investigaciones internacionales”, expresó.

La inquietante señora Bachelet por Miguel Henrique Otero -ABC – 27 de Junio 2019

Estoy entre los millones de venezolanos a quienes la visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, más que causar algún sosiego, ha llenado de incertidumbre.

No tengo las respuestas que quisiera tener. Al contrario: del seguimiento que he hecho de su recorrido, me han surgido acuciantes inquietudes. A continuación, referiré algunas de ellas.

La primera cuestión que quisiera preguntar es si los venezolanos tenemos o no derecho a recibir, de parte de la oficina de los Derechos Humanos de la ONU, alguna certidumbre. Si debíamos o no esperar que la señora Bachelet y su equipo comunicaran claramente qué razones explican la modalidad de su visita. Queremos saber si hubo negociaciones previas con Nicolás Maduro y sus agentes, si cada punto de la agenda de la señora Bachelet tuvo que ser aprobado por el régimen de Maduro y los cubanos y, cuestión fundamental, saber si el informe que arroje la visita, contará con un preámbulo que explique estos acuerdos. En una frase: queremos saber cuán condicionada, cuáles fueron las exigencias a las que Alta Comisionada cedió.

Quiero comentar aquí que, antes de escribir este artículo, pude escuchar un audio que contiene una parte de la intervención de la señora Bachelet durante su reunión con los familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos. Recordó que ella misma había sido presa política, y que su padre, el general Alberto Bachelet -que fue miembro del gobierno de Salvador Allende- murió torturado en una cárcel durante la dictadura de Augusto Pinochet. Esto, es la conclusión inevitable, sugiere que ella debería tener alguna empatía con las víctimas y sus familiares. Esto no lo pongo en duda: lo más probable es que sea así. Quien ha sido torturado difícilmente puede olvidar y permanecer indiferente ante el sufrimiento causado a otros.

Pero la cuestión es que la señora Bachelet, no es sólo alguien sensible a la cuestión de los derechos humanos. Esto es primordial: es una política profesional, una dirigente política, cuyo pensamiento político está anclado en la izquierda, en algún lugar difuso de esa materia cada vez más inasible y engañosa, que es el llamado socialismo. Hay quienes afirman que Bachelet es «socialista democrática». Pero también hay quienes la acusan de ser una aliada silenciosa y eficaz de los gobiernos izquierdistas y populistas que violan los derechos humanos.

Quiero decir con esto que, entre la dirigente política y la defensora de los derechos humanos, hay pruebas suficientes que nos indican que la primera prevalece sobre la segunda. En las dos oportunidades en que fue presidenta de Chile, los períodos comprendidos entre marzo de 2006 y marzo de 2010, y luego, entre marzo de 2014 y marzo de 2018, su política exterior hacia los regímenes izquierdistas violadores de los derechos humanos y corruptos en América Latina, fue de silencio. Cabe decir, de silencio cómplice. No los condenó nunca. Ni a Cuba, ni a Nicaragua ni tampoco a Venezuela.

Pocos recuerdan que, cuando murió Chávez, la señora Bachelet declaró: «Fue un gran amigo, un gran colega, y yo quisiera destacar su profundo amor por su pueblo, y por los desafíos de nuestra región, de erradicar la pobreza, generar una mejor vida para todos, y su profundo amor por América Latina». Simplemente asombroso: en una frase de 39 palabras, cuatro mentiras extremas y flagrantes: una, que Chávez amaba al pueblo; dos, que quería erradicar la pobreza (cuando la realidad es que se dedicó a planificarla y promoverla desde el primer día de su nefasto primer gobierno); tres, que quería una mejor vida para todos (falso: lo único que quería y realizó con éxito fue enriquecer de forma grotesca a sus colaboradores); y cuatro, que tenía un amor por profundo por América Latina (frase que busca distorsionar los verdaderos amores de Chávez: los hermanos Castro, el foro de Sao Paulo, la FARC, el ELN, los terroristas del islamismo radical y otros infames afines).

No hay que olvidar que, como parte de su campaña para obtener el cargo que hoy detenta -Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos- la señora Bachelet visitó al dictador Raúl Castro en enero de 2018. Como ha recordado Yoani Sánchez, durante sus dos gobiernos, la señora Bachelet no condenó nunca a la dictadura castrista ni mostró solidaridad alguna con los disidentes. De modo semejante al elogio que hizo de Chávez, tras la muerte de Fidel Castro también dijo mentiras de este calibre: «líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y América Latina». Basta con verificar por cuáles han sido sus posiciones, entre el silencio y no más que tímidos balbuceos, sobre los asesinatos y las brutales jornadas represivas ocurridas en Nicaragua, para que la acción de la señora Bachelet se vuelva cada vez más inquietante.

El ex presidente de España, Felipe González lo sintetizó de forma impecable: sus posiciones han debido ser más contundentes, porque los derechos humanos no permiten medias tintas. A lo que yo añadiría: la declaración invocando el recurso del diálogo, no le corresponde. Ello escapa al campo de los derechos humanos y se interna en la política, como si, entre líneas, dijera: si no hay diálogo continuarán las violaciones de los derechos humanos.

Y es que esas son las aguas turbulentas en las que navega la señora Bachelet: que su interés en los derechos humanos parece supeditado a sus apetitos políticos. ¿Será cierto que aspira el cargo de Secretaria General de la Organización de Naciones Unidas? ¿Tenemos fundamentos para sospechar que el informe sobre Venezuela y sus próximas acciones responderán al objetivo de lograr ese apetecido cargo?

 

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