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Las FAES y sus arbitrariedades sin descanso en Venezuela por Sarahí Gómez – eldiario – 19 de Mayo 2020

La Comisión Presidencial de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas publicó un balance titulado “Letalidad e Impunidad”, en el que detalla las actuaciones ilegales de las Fuerzas de Acciones Especiales durante los primeros meses de 2020

El primer trimestre del año 2020 se ha visto afectado por las numerosas acciones ilegales realizadas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), calificado por organismos internacionales como un cuerpo de exterminio y denunciado internacionalmente por ser el autor de miles de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

La Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet visitó Venezuela en junio de 2019, donde se reunió con familiares de víctimas. Para el momento en que Bachelet visitó el país, su oficina determinó que las FAES era la responsable por el asesinato de centenares de víctimas, por lo que recomendó en su informe la disolución de este cuerpo policial.

A pesar de la recomendación, dos semanas después de la presentación del informe, Nicolás Maduro expresó su respaldo al cuerpo policial. “Todo el apoyo al FAES”, aseguró.

Desde la publicación del informe de Bachelet la actuación policial arbitraria de las  FAES ha continuado. Este 19 de mayo, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, regida por el gobierno interino del presidente Juan Guaidó, publicó un informe titulado “Letalidad e impunidad”, en el que presentaron un balance del accionar ilegal del cuerpo policial desde el 1° de enero hasta el 30 de marzo.

El documento comienza señalando la necesidad de ratificar la calificación de las FAES como un organismo de exterminio, término con el que ha sido denominado en el informe presentado por Michelle Bachelet en junio de 2019. El estudio contabiliza los casos confirmados de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos y hostigamientos en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el balance, durante los primeros tres meses del año 2020 se registraron 158 ejecuciones extrajudiciales en el país, además de 90 casos en los que la identidad de las víctimas no pudo ser confirmada por la comisión.

La Comisión Presidencial de Derechos Humanos resaltó que puede existir un subregistro debido al poco acceso a la información, por lo que esta cifra constituye un número referencia de casos plenamente identificados.

Estados más afectados por las ejecuciones de las FAES

38 casos en Lara

18 casos en Zulia

16 casos en Aragua

El informe reseña que Distrito Capital reporta 14 casos, por lo que ocupa la cuarta posición en el país en ejecuciones extrajudiciales de las FAES.

La comisión destaca que los asesinatos fueron presentados en la versión oficial de los funcionarios de la FAES como resultado de la resistencia a la autoridad.

Señala que en la totalidad de los casos las víctimas son varones, en su mayoría ocurrieron en zonas populares y no hay precisión sobre las horas de las ejecuciones, por lo que puede ocurrir a cualquier hora del día. Además, indicó que en ninguno de los supuestos enfrentamientos que alegan ha resultado herido algún funcionario.

Escalada por causas políticas

La escalada de acciones arbitrarias de las FAES ha aumentado en los últimos meses, sin embargo, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos resaltó que este cuerpo policial, desde su creación, ha respondido a motivos políticos.

Daniela Suárez, coordinadora de Derechos Civiles y Políticos de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, respondió para El Diario sobre la politización a la que pueda estar sometida las FAES.

Cuando evaluamos el ámbito de la libertad de expresión los más afectados son los que emiten una opinión contraria a los intereses del régimen. Llama especialmente la atención que, a pesar de que Michelle Bachelet recomendó la disolución de las FAES, días después (Maduro) estaba felicitándolos en cadena nacional. El marco de politización de este grupo, a diferencia de otros cuerpos del Estado, es mucho mayor”, explicó Suárez.

Durante la presentación del informe, el comisionado para los Derechos Humanos Humberto Prado destacó que las acciones arbitrarias que cometen las FAES representan hechos inconstitucionales.

“Cuando actúan de esa manera, sabiendo que hay tres oficiales de la alta comisionada en nuestro país, quiere decir que no hay en esos oficiales esa conducta interior que le impida cumplir esa orden. Hay un punto importante que tiene que ver con la obediencia debida. Un funcionario está en el deber de negarse a cumplir esa orden. Sin embargo, ellos no solo las cumplen, sino que también las ejecutan”, respondió Prado a El Diario. 

Prado destacó las agresiones que ha sufrido la prensa y políticos por parte de este cuerpo de seguridad. Además precisó que el debido proceso en el caso de las detenciones arbitrarias no se cumple. A las personas no les permiten el acceso a un abogado y demás garantías establecidas en la ley.

El comisionado destacó que la Misión de Investigación de Hechos establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2019, tiene como objetivo investigar las responsabilidades individuales de los funcionarios que cometan ejecuciones extrajudiciales. A pesar de ello, Prado comenta que los uniformados actúan sin importar la investigación que puedan realizarles.

Más irregularidades

Foto: Cortesía

Durante el primer trimestre de 2020 se registraron 21 detenciones arbitrarias por parte de las FAES en todo el país. La comisión detalla en el informe que ninguno de los procedimientos fue realizado bajo los parámetros del artículo 44 de la Constitución.

Artículo 44 de la Constitución

Según el informe presentado por la comisión, marzo, mes en el que comenzó la cuarentena, se convirtió en el período con mayor número de detenciones arbitrarias.  De las 21 detenciones registradas por la comisión, 67% se registraron durante el confinamiento de marzo, 14% en febrero y 19% en enero.

En Distrito Capital contabilizaron 64% del total de las detenciones arbitrarias. Táchira y Miranda registraron 15% y Lara presentó 6%.

La comisión también documentó seis casos en su informe de hostigamiento, cuya mayoría se trata de arremetidas por motivos políticos, o desacuerdo con el régimen.

En el balance se hace énfasis en que los funcionarios amenazan sexualmente a las mujeres que son detenidas con el objetivo de que den la información que les exigen. Fue el caso de Andrea Bianchi, novia del asistente del presidente interino Juan Guaidó, a quien amenazaron con violarla. Por último, la comisión registró 16 allanamientos en el país.

Las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, hostigamientos y allanamientos son prácticas ilegales que han empañado el primer trimestre del año. A pesar de la cuarentena establecida en el país para evitar la propagación del Covid-19, las FAES sigue llenando de terror las calles del país, con protección política y una gran cantidad de denuncias sobre las irregularidades que acompañan a este cuerpo policial.

La firma que no pueden negar por Milagros Socorro – La Gran Aldea – 15 de Mayo 2020

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Bastaría salir de esos salones refrigerados, desde donde se hacen amenazas con bufandas, y mirar con un poco de piedad al castigado pueblo venezolano. En su tristeza, en su soledad, en sus zapatos rotos, en su palidez, en su urgente necesidad de un cambio que le devuelva el valor al trabajo, al salario, a las pensiones, al deseo de vivir, ahí está una firma de sangre y fuego. Una firma que todos sabemos, sin necesidad de “pruebas grafotécnicas”, a quién pertenece.

-La tortura es la cosa más atroz, más inhumana que pueda haber, -me dijo José Agustín Catalá en una larga entrevista que sostuvimos dos años antes de su muerte, acaecida en diciembre de 2011-. El tipo entrenado para la tortura se deforma por completo. Se convierte en un criminal nato. Cae en una especie de vértigo, de deformaciones terribles. Llega un momento en que da palos, palos y patadas, y se vuelve loco con el torturado, loco, loco, loco… En ‘El libro negro’ (Caracas, 1952), [donde se denunciaban los crímenes del régimen de Pérez Jiménez] figuraba el nombre de Ulises Ortega como un monstruo. Ese hombre me encontró a mí en la sala de torturas, tirado en el piso, en una sanguaza, le quitó la peinilla al guardia, me agarró por los cabellos y me cayó a planazos. Daba gritos: “Yo soy el monstruo”, me decía. Y cuando eran varios los torturadores, el que estaba detrás, fuera del alcance del cuerpo del torturado, gritaba: “Pásamelo, pásamelo”, con una ansiedad casi sexual. Era como un festín de sangre y de horror, del que los torturadores participaban con furor.

Recordé este testimonio al ver las declaraciones de Cilia Flores, en las que afirmaba que el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional sí había estado al frente de la “invasión” por Macuto y repetía que, probados los vínculos con esa operación, “Guaidó no se salva de esta”. Como, además, en la reunión televisada había varios miembros del Gabinete, entre ellos, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, daba la impresión de que no podían esperar para atrapar a Guaidó y empujarlo al túnel de humillación que los militares han organizado para la disidencia.

¿Qué significa la sentencia “Guaidó no se salva de esta”?, ¿qué puede significar en el contexto de un régimen que ya tiene más de una década aplicando torturas, que en sus cámaras de tormento asesinó a Fernando Albán y al capitán Acosta Arévalo? El informe anual 2019 de la ONG Provea constató la vigencia del “terrorismo de Estado” aplicado por el régimen de Maduro y documentó que, durante el 2019, al menos 574 personas habían sufrido torturas y 23 de ellas murieron por esta causa. “Son sistemáticas”, admitió el general Cristopher Figuera, antiguo jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), tras huir a EE.UU. Hasta diciembre del año pasado, se habían contabilizado 72 personas muertas por tortura desde la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013.

En julio de 2019, la doctora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, divulgó un informe donde establecía que en Venezuela se han perpetrado centenares de ejecuciones extrajudiciales, así como torturas o “tratos inhumanos, como descargas eléctricas, asfixia, golpizas y violencia sexual para obtener confesiones”. Esto lo afirma la socialista Michelle Bachelet.

“De quién es la firma bajo el proyecto de arrasar el Zulia, Táchira, Mérida, al destruir por completo sus servicios públicos, y relegar a sus poblaciones a una vida miserable”

Ninguno de esos venezolanos supliciados hasta la muerte habían sido recibidos por jefes de Estado, que con ese gesto desconocieron a Maduro; ninguno de ellos tenía el peso político de Guaidó ni encarnaban semejante desafío al régimen. Qué podemos pensar, entonces, que harían con Juan Guaidó y con la dirigencia opositora, previsiblemente librada a una persecución sin tregua y con la crueldad de la que el Gobierno de facto ha hecho gala.

El episodio de Macuto no está claro todavía. El país no sabe qué fue lo que realmente ocurrió allí, ni cuánto hay de torpeza, e inclusive estupidez, del sector opositor que se apuntó a esa aventura demencial, y cuánto de aporte del régimen. Lo que hemos visto es un hatajo de desesperados, medio desnudos, evidentemente aterrados, hambreados y exhaustos, rodeados de militares armados como para enfrentar a un ejército. ¿Alguien en Venezuela duda que a esos hombres les serán violentados sus Derechos Humanos? No. Todos estamos seguros de que a esta hora exactamente hay un venezolano en las salas de tormento de Maduro.

“Quién firma la condena a muerte a los venezolanos aquejados de diabetes, tuberculosis, VIH, enfermedades renales, cáncer, dolencias mentales, dengue, sarampión,…”

Otro punto defendido por Cilia Flores en su sorpresiva alocución del jueves 14 de mayo, fue el hecho de que la firma estampada en el contrato con Silvercorp “es de él y no la puede negar”.

-Aquí -amenazó Flores- podemos nosotros llegar al fondo de lo que son ellos en verdad (…) Es el cuerpo del delito, está plasmado lo que iban a hacer, lo que comenzaron a ejecutar.

Y uno se pregunta de quién es la firma estampada en la cuarta peor crisis alimentaria del mundo en 2019, que, según Informe mundial sobre las crisis alimentarias 2020, presenta Venezuela. De quién es la firma en la sentencia que condenó a 9,3 millones de venezolanos a padecer inseguridad alimentaria aguda2,3 millones de ellos, de modo severo, esto según el PMA (Programa Mundial de Alimentos) de la ONU.

De quién es la firma bajo el proyecto de arrasar al Zulia, al Táchira, a Mérida, al destruir por completo sus servicios públicos, y relegar a sus poblaciones a una vida miserable.

De quién es la firma en la ruina de Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA), que ha paralizado al país y retenido a los venezolanos en una pavorosa indefensión.

De quién es la firma que ordena la censura, la persecución a periodistas y medios de comunicación, el cierre de medios y el robo a sus equipos.

“De quién es la firma en la ruina de Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA), que ha paralizado al país y retenido a los venezolanos en una pavorosa indefensión”

De quién es la firma en la capitulación que entregó el país a la tiranía castrista; que autorizó el saqueo de los recursos de la Nación; que creó esa casta despreciable a la que llaman bolichicos; que demolió el sistema de salud; que abrió la puerta a los secuestradores que se llevan a las muchachas venezolanas para venderlas a los tratantes; que entregó las cárceles a los pranes y partes de las ciudades a los cabecillas de bandas criminales; que cedió territorio venezolano a las mafias narcotraficantes; que expulsó 5,1 millones de venezolanos obligados a irse del país para huir de la crisis humanitaria que el chavismo incrustó en Venezuela.

Quién firma la condena a muerte a los venezolanos aquejados de diabetes, tuberculosis, VIH, enfermedades renales, cáncer, dolencias mentales, dengue, sarampión,…

Quién ha firmado los edictos para impedir un cambio político en Venezuela, que garantice la paz y evite que grupos de desesperados se lancen a quiméricos sueños libertarios, que terminan en las ávidas garras de los desalmados descritos por Catalá.

De quién es la firma para cancelar el futuro en Venezuela, para imprimir la desesperanza en todos, absolutamente todos, los venezolanos.

Y de quién es la firma en el reporte adulterado que dejó a Venezuela fuera de la lista de 16 países latinoamericanos seleccionados como beneficiarios del plan de acción Covid-19 de ONU-Hábitat. Cómo es posible que haya ocurrido esto, negar ayuda al país que está peor en todas las escalas. Esto solo se explica porque la ONU aceptó las cifras presentadas por el Estado.

Bastaría salir de esos salones refrigerados, desde donde se hacen amenazas con bufandas, y mirar con un poco de piedad al castigado pueblo venezolano. En su tristeza, en su soledad, puesto que las familias se han desmembrado, en sus zapatos rotos, en su palidez y emaciación, en su urgente necesidad de un cambio que le devuelva el valor al trabajo, al salario, a las pensiones, al deseo de vivir, ahí está una firma de sangre y fuego. Una firma que todos sabemos, sin necesidad de “pruebas grafotécnicas”, a quién pertenece.

How to Hold Venezuela’s Maduro Accountable for Human Rights Abuses by Gissou Nia and Rodrigo Diamanti – Just Security – 28 de Abril 2020

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Even in the middle of a pandemic, the Trump administration has shown it will keep up the pressure on Venezuela’s Nicolás Maduro to step down, as illustrated most recently with new sanctions and now a criminal indictment. While the primary focus has been on the Maduro regime’s corruption, manipulation of the election process, and narco-terrorism activities, the U.S. government would be remiss in pursuing accountability if it didn’t also address Maduro’s egregious human rights abuses.

The recent indictments brought by the U.S. Department of Justice accuse Maduro and his inner circle of stealing billions from the Venezuelan people to fuel a narco-terrorism criminal enterprise aimed at flooding drugs into the United States. While ending the Maduro regime’s trafficking of illicit narcotics is an important goal, Maduro’s criminality also extends to crimes against humanity and other atrocities against his own people. The survivors of Maduro’s widespread abuses want him brought to account for his regime’s brutal repression of dissidents through arbitrary detention, torture, sexual violence, enforced disappearances, and extrajudicial killings.

There is no reason Maduro can’t be held responsible for the full breadth of his illicit activities. The evidence and the mechanisms exist. Their enforcement simply depends on the willingness of global and national systems to use them, and to expand authorities where necessary to aid in achieving justice.

Doing so would benefit the United States as well: it could demonstrate its commitment to promoting human rights around the world at a time when that is in serious doubt, while also encouraging bolder action from the international community in holding Maduro accountable. This will also hold true if the Democrats win back the White House in November, since supporting human rights in Venezuela is an issue that enjoys strong bipartisan support.

First, U.S. federal prosecutors could make use of existing U.S. laws, such as the federal extraterritorial torture statute, Section 2340A of Title 18 of the United States Code, to charge Maduro and his inner circle with mistreatment of the Venezuelan people. Since the torture statute requires that the perpetrator be a U.S. national or be “present in” the United States, it would be difficult to charge torture through a superseding indictment or separate indictment at this time. However, if extradition — from Venezuela following a leadership shift, or another state where the perpetrators might seek protection — is a possibility in the future, then counts of torture could be added if the extraditing state was willing to forgo the “principle of speciality.”

Congressional Legislation

A second potential route to holding Maduro responsible for human rights abuses would require congressional passage of a long-debated crimes against humanity statute and a federal criminal statute on extrajudicial killings, with retroactive application. While the federal torture statute might be applicable to Maduro’s case should he eventually be hauled to the United States to stand trial, the proposed new laws would give U.S. prosecutors more tools to charge him and future perpetrators for a broader range of crimes.

The text for a U.S. federal law on crimes against humanity, introduced by Senator Richard Durbin (D-IL) in 2009, proposed making it a crime to commit a widespread and systematic attack against a civilian population that involves murder, enslavement, torture, rape, arbitrary detention, extermination, hostage taking, or ethnic cleansing. This text should be re-introduced and passed, with the goal of providing a vehicle for liability for regime perpetrators from Venezuela, Syria, Iran, and elsewhere, when other sections of Title 18 may not suffice.

As for extrajudicial killings, there is an accepted U.S. civil law definition under the terrorism exception to the Foreign Sovereign Immunities Act and the Torture Victim Protection Act. But there is no corresponding criminal statute under U.S. federal law, with extraterritorial application. That civil law definition could be repurposed for a federal criminal statute on extrajudicial killing to patch up this gap in Title 18.

While the crimes against humanity bill was previously unsuccessful and the text of an extrajudicial killings statute bill has yet to be introduced, the Trump administration and members of Congress, regardless of party, have demonstrated a willingness to embrace extraterritorial legal measures when it comes to U.S. government adversaries like Venezuela and Iran. The potential that such criminal statutes could be used to hold to account members of the Maduro regime, the Iranian leadership, and other bad actors, might spur renewed bipartisan interest on Capitol Hill.

The creation of new authorities is important because there is a tendency to treat human rights matters, narcotics, and counterterrorism matters as separate portfolios. However, there is often significant overlap in the underlying conduct that gives rise to these crimes. The artificial separation is partly due to structural design — for example, the way U.S. government investigative and prosecutorial teams are constituted, which does not encourage a cross-sectional approach among departments.

This fragmentation has resulted in outcomes such as returning ISIS fighters and supporters being charged under U.S. federal terrorism laws but not being charged with war crimes or other human rights crimes, even where there is a strong evidentiary showing to support those charges. U.S. prosecutors and Congress should address that here and ensure that Maduro and his cronies are charged with human rights violations and atrocity crimes as well, wherever possible.

State Sponsors of Terrorism List

Third, the U.S. government can help the Venezuelan people in their quest for accountability for human rights abuses by adding the regime to the U.S. state sponsors of terrorism list. In the virtual press conference discussing the indictments against Maduro, U.S. Attorney General William Barr was asked directly about this possibility. His response was that the administration would be taking things “one step at a time.”

Adding Maduro’s regime to the list — currently comprised of Syria, Iran, Sudan, and North Korea — would allow U.S. citizen plaintiffs to bring civil lawsuits for damages against the State of Venezuela for criminal acts, including torture, hostage-taking and extrajudicial killings.

Prior to the issuance of the narco-terrorism indictments against Maduro and his inner circle, observers questioned if the state sponsor of terrorism label was even appropriate. There is also the matter of what happens if and when Juan Guaidó takes office and if Venezuela is then saddled by debts from outstanding court judgments. On the first concern, given that the U.S. federal indictments include allegations concerning the Maduro regime’s support of the FARC in Colombia, which the U.S. Department of State has designated as a foreign terrorist organization since 1997, it seems the U.S. government has made its determination already. On the second concern, countries have been added and then removed from the list with negotiated settlements when there has been a change in government or for diplomatic reasons, such as with Iraq in 2004 and Libya in 2006.

International Courts

Another route to accountability for Maduro would involve the international courts. The U.S. issued its narco-terrorism indictment at a time when the chief prosecutor of the International Criminal Court (ICC) is still considering whether to open an official investigation into crimes against humanity committed by Maduro’s regime. It is unclear why this decision has not been finalized 1 ½ years after six countries – Argentina, Canada, Chile, Colombia, Paraguay, and Peru – referred the case to the prosecutor, a first in the history of the court, and more than two years since the prosecutor first opened a preliminary examination.

The Maduro regime then self-referred the situation on its territory to the court in February 2020, alleging that the United States, with its sanctions, has caused suffering among the Venezuelan people that constitutes crimes against humanity. Of course, that narrative ignores the regime’s brutalization and starvation of its own people. In any case, whenever a state refers itself to the ICC, the prosecutor can consider all crimes and actors on state territory.

It is no secret that the Trump administration has taken a particularly acrimonious approach to the ICC. Nonetheless, the court remains a vital body in furthering globally accepted norms of justice. Perhaps the inquiry into Maduro’s human rights abuses could provide an area of cooperation between the United States and the ICC, similar to when President George W. Bush softened his longstanding hostility towards the ICC and allowed a Security Council referral to go forward, which resulted in the Court issuing an arrest warrant for Sudanese President Omar al-Bashir for killings in Darfur.

Whether it is achieved through a U.S. court or the ICC, the Maduro regime must be held accountable for its grave human rights abuses. Adding human rights-focused charges to the U.S. indictments against Maduro, or expanding the authorities under which to do so, would create a path to bring thousands of survivors of state-sanctioned human rights abuses in Venezuela one step closer to justice—and perhaps even inspire the ICC chief prosecutor to act. Given the posture of the Trump administration towards the Maduro regime, it stands to reason that any extra tool to cast Maduro and his inner circle unfavorably would be politically welcomed at this time.

IMAGE: Residents obtain water from a natural source from the hill El Avila, after the water supply was suspended following a nationwide blackout on March 10, 2019 in Caracas, Venezuela. Over 70 percent of the country was in darkness amid an ongoing political dispute between President Nicolas Maduro and the self-declared interim president, Juan Guaido. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)

 

Situación de los DDHH en los centros de reclusion del SEBIN y DGCIM – Una Ventana a la Libertad – Abril 2020

Informe Anual 2019 Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Marzo 2020

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Para acceder al Informe completo abrir el siguiente enlace:

IA2019cap4bVE-es.pdf.pdf (1)

Pliego Nacional de Conflicto para el Restablecimiento de la Democracia y el Rescate de los Derechos Humanos, Civiles, Políticos y Económicos del Pueblo Venezolano – 10 de Marzo 2020

Venezuela: diagnóstico complejo e incierto porvenir por Pedro Mario Burelli – El Nacional – 7 de Marzo 2020

Pedro Mario Burelli, ex director de Petróleos de Venezuela, indica que los venezolanos, y los extranjeros que quieran ayudar en esta terrible encrucijada, deben abrir los ojos, dejar de soñar con soluciones fáciles para problemas extremadamente difíciles e inclusive irresolubles

Esta es una lista parcial de problemas que no podemos ignorar. Problemas y distorsiones que se han acumulado en las últimas cuatro décadas, y con particular intensidad y malignidad durante la llamada Revolución Bolivariana.

La lista debe ampliarse, y definirse cada elemento con gran precisión, pero espero que este primer esfuerzo sirva como advertencia a quienes dentro y fuera de Venezuela -por desconocimiento, comodidad o complicidad- saltan a conclusiones erradas, simplifican diagnósticos o escenarios, y sueñan con soluciones milagrosas.

El porvenir de Venezuela será regido por todos los problemas que hoy la definen y por la muy compleja interrelación entre ellos.

(Nota: esta lista de problemas o crisis, dividida en grandes categorías, no tiene, a propósito, un orden en particular)

1. Lo humano e inhumano de la crisis

  • Padecemos una crisis humanitaria compleja que lejos de amainar crece cada día y tiene efectos graves a corto, mediano y largo plazo. 1 de cada 3 venezolanos padecen de inseguridad alimentaria, para 2.3 millones de ellos el tema es severo. En su reciente evaluación, el World Food Program de las Naciones Unidas estimó que son más de 9.3 millones los venezolanos necesitados de ayuda alimentaria inmediata. La escasez y/o carestía de las medicinas afecta a una proporción aún mayor de la población, y las estadísticas de muertes por enfermedades que habían sido erradicadas o por falta de fármacos y/o tratamientos son tan escalofriantes como dolorosas.
  • Observamos un aumento vertiginoso de la pobreza extrema y la marginalidad; se puede hablar de la pauperización estructural y extrema de la mayoría de la sociedad venezolana.
  • Se ha producido el colapso en la escolaridad a todos los niveles: preescolar, primaria, bachillerato y universitario. El número de niños fuera del sistema crece cada mes, la calidad de la educación es pésima en todos sus niveles y el Régimen insiste en la indoctrinación ‘chavista” como principal objetivo en primaria y bachillerato. La autonomía universitaria está totalmente vulnerada; el financiamiento a las principales universidades públicas se ha reducido al mínimo.
  • Colapso de la infraestructura social: hospitales, ambulatorios, escuelas, campos deportivos, parques, museos etc. La falta de construcción de planta física nueva, y de mantenimiento de la existente, ha llevado a Venezuela a niveles de calidad de infraestructura de hace 70 u 80 años. En algunos casos no existe operatividad alguna de las instalaciones con el consiguiente desamparo de quienes dependían de ellas.
  • Venezuela ha sufrido el éxodo continuo de profesionales y técnicos, con pérdidas importantes de médicos y enfermeros, maestros y profesores, e ingenieros y científicos de todas las ramas.
  • PDVSA y la CVG han perdido prácticamente toda su gerencia profesional y sus técnicos más cualificados. La Fuerza Armada ha sido diezmada por bajas y deserciones. En total, 5 millones de venezolanos han emigrado desde el 2013. La partida de jóvenes universitarios, y sobretodo aquellos graduados de las mejores universidades, es particularmente preocupante mirando al futuro. Según el World Economic Forum, en el mundo, solo Haití ha tenido una fuga de cerebros mayor que la de Venezuela.
  • Paliar, y luego revertir, la catástrofe humanitaria implica una operación de asistencia internacional con pocos paralelos en la historia ya que el daño y las carencias se extienden por todo el territorio nacional. Los retos financieros, logísticos y de seguridad serán enormes. Los cálculos más optimistas hablan de una fase de ayuda humanitaria sostenida de 9 a 12 meses. Otros calculan años de asistencia humanitaria y apoyo internacional en el delicado campo de la seguridad nacional y ciudadana.
  • El retorno de la diáspora no será tan rápido o completo como muchos pronostican (y todos queremos). Problemas que se destacan en este trabajo harán que el llamado ‘día después’ sea un periodo de mucha inseguridad y precariedad. Quienes han encontrado sosiego y empleo fuera del país difícilmente regresarán a Venezuela hasta no tener evidencia de estabilidad – en el sentido más amplio – y garantías ciertas de sustento económico. El círculo vicioso aquí es que la reconstrucción depende en cierto grado del retorno del talento que continúa emigrando.

2. Los derechos humanos dejaron de ser un derecho

  • Organismo Internacionales y reconocidas ONGs han reportado abusos sistemáticos de DDHH y crímenes de Lesa Humanidad perpetrados por el vasto aparato de represión civil y militar bajo órdenes de un núcleo duro (y sádico) del Régimen hoy de facto. El SEBIN, la DGCIM, la GNB, la Policía Nacional Bolivariana y sobretodo sus Fuerzas de Acciones Especiales o FAES, y la Fiscalía General de la República, son los instrumentadores de esta política y reciben para ello asesoría de los servicios de inteligencia y represión de aliados como Cuba, Rusia e Irán.
  • A pesar de un discurso ‘indigenista’, el Régimen abusa de los derechos de nuestros pueblos indígenas. Sin excepción, todos los pueblos indígenas sufren abandono y desplazamientos forzados. La crisis humanitaria ha afectado a todas las comunidades indígenas y los 34 pueblos indígenas que residen al sur del Orinoco están particularmente amenazados por la violencia y la destrucción del medio ambiente que caracteriza la minería ilegal e indiscriminada. Las matanzas que se han reportado son solo lo más noticioso de una profunda y vergonzosa tragedia que hay que detener cuanto antes.

3. El colapso del Estado y de la institucionalidad democrática

  • La Administración Pública ha sido efectivamente desmantelada. El clientelismo, la falta de profesionalismo, la ausencia de controles y la corrupción resultante han sido factores fundamentales en la quiebra operativa, financiera y moral del Estado y por consiguiente, del país. Como consecuencia, las herramientas administrativas disponibles a un Gobierno de Transición serán limitadas, y será imposible ejecutar una limpieza total en el corto y mediano plazo. Los funcionarios a ser designados por un nuevo gobierno tendrán que convivir con personal redundante, inútil o peor. Esto garantiza que la gestión pública será estructuralmente deficiente y precaria por años. Esta innegable realidad tiende a no estar muy bien calibrada en los planes para el hipotético ‘día después’ que comienzan a abundar dentro y fuera del país.
  • Colapso y desinversión en los servicios públicos y la infraestructura física del país. La planta física asociada a la generación y distribución de electricidad, los sistemas de saneamiento y distribución de agua limpias, las telecomunicaciones y el aseo urbano se encuentran en un estado deplorable, comparable a la de países de muy bajo desarrollo o aquellos abatidos por una guerra. Además, el retraso en inversiones, y el descuido en mantenimiento, afecta a todas las autopistas, carreteras, ferrocarriles, metros, puertos y aeropuertos del país.
  • El colapso de la gestión ambiental es particularmente preocupante por su impacto en toda la sociedad. La irresponsable eliminación del Ministerio del Ambiente, el desmantelamiento de organismos rectores y la corrupción en ejecución de obras, ha resultado en empresas hidrológicas sin supervisión (82% población no recibe agua de forma continua, 75% centros de salud no reciben agua de forma continua), cuencas productoras de agua intervenidas y contaminadas, y los embalses eutrofizados y también contaminados. Recordemos que sin agua no hay país!
  • Debido a la obsolescencia de la infraestructura petrolera y la falta de total mantenimiento y pericia se producen constantes derrames petroleros. Entre el 2010-2019 PDVSA fue responsable de decenas de miles de derrames de crudo y otras sustancias contaminantes del ambiente. Además, las empresas petroleras internacionales que operan en el país tampoco invierten en esta área, debido al desmantelamiento de la institucionalidad de la administración ambiental.
  • Actualmente el país no tiene activado el Sistema Nacional de Protección Civil. La Fuerza Armada no ha sido formada en materia de atención de desastres (Ej. terremotos, deslaves, inundaciones, incendios), tampoco los cuerpos de seguridad ciudadana. No hay planes de reducción de riesgos ambientales y adaptación al cambio climático ni protocolos de contingencia. No hay maquinaria para la remoción masiva de escombros. No hay equipos médico – hospitalarios tales como camas hospitalarias, sillas de ruedas, quirófanos portátiles, plantas eléctricas, camillas, entre otros que se requieren para dotar a edificaciones que pueden funcionar como refugios u hospitales de campaña. No hay capacidad instalada de comunicaciones alternativas, la telefonía móvil es muy vulnerable a la falta de energía eléctrica. En todas las ciudades grandes la población de bajos recursos supera el 60% y la extensión territorial de zonas informales supera el 40%. Estos desarrollos urbanos son vulnerables inherentemente, pero además están emplazados en laderas inestables o lechos de inundación de ríos.

4. El Estado mafioso y el desimperio de la ley

  • Venezuela se consolidó como un emporio para el Narcotráfico en todas sus fases: producción (en base a pasta de coca importada), transformación (en sofisticadas plantas industriales), tráfico y lavado del ingreso, con participación de componentes de la Fuerza Armada y funcionarios del Régimen, incluidos el Sr.Maduro, su esposa y muchos miembros de su Gabinete, además de un sinfín de actores externos. Clasificar al Estado Venezolano como un NarcoEstado es por tanto adecuado: el dinero del narcotráfico además ha comprado, y sigue comprando, a jueces, fiscales, funcionarios públicos, militares, policías, políticos, empresarios y medios de comunicación.
  • La ciudadanía está expuesta a una criminalidad rampante e impune aupada por personeros del Régimen y del partido PSUV, y alcahueteada por fiscales y jueces maleados. Así vemos a megabandas, pranes, trenes, sindicatos criminales, colectivos, la FBL – Fuerza Bolivariana de Liberación, el ELN y las FARC, hacer de las suyas en todo el territorio nacional. La inseguridad resultante es para cientos de miles la razón principal para abandonar el país. (Lamentablemente aun fuera del país los venezolanos siguen siendo presa de bandas criminales).
  • La corrupción endémica y la impunidad sistemática han degenerado en un desmoronamiento de la ética del funcionario público y de la ciudadanía en general. Décadas de impunidad han minado los principios y valores de nuestros conciudadanos y la inmensa crisis que se vive en el país los ha llevado, como a los cubanos, a ‘resolver’ como bien puedan, disponiendo de lo ajeno, y más aún de lo del Estado.
  • Los corruptos de gran escala, es decir individuos que en los últimos 20 años han robado o han hecho fortunas de cientos y miles de millones de dólares, aspiran preservar la impunidad y con ese fin ejercen una influencia desmedida sobre la política en Venezuela.
  • Se pudiera hablar de una Alianza Pro Impunidad (API) que agrupa a civiles y militares, funcionarios públicos, ‘empresarios’ y financieros que por encima de todo quieren preservar su dinero mal habido y su libertad. Para este grupo, la mayor amenaza es el sistema judicial de los EE.UU. por lo cual toda solución en la que Washington lleve la voz cantante es una amenaza que hay que bloquear. La mayoría de las divisiones dentro de la oposición se deben a las maniobras – cada vez más desesperadas – de la API.
  • Continúa el contrabando de extracción con incalculables costos para un Estado que se hace la vista gorda. Los principales rubros: gasolina, gasoil, lubricantes, asfalto y todo tipo de minerales. Los involucrados, sobretodo militares, actúan con el beneplácito o ‘licencia’ del Estado, o directamente como socios de importantes jerarcas del Régimen.
  • Presencia de la guerrilla colombiana a lo largo y ancho del territorio nacional: el ELN y la disidencia de la FARC llenan los vacíos del Estado y en algunos estados o municipios son efectivamente la autoridad única. Sin duda alguna existe una demostrable pérdida de control territorial por parte del Estado a favor de todo tipo de criminales, inclusive estos extranjeros.
  • Como es de esperarse en un Estado Mafioso, observamos el colapso integral del sistema de administración de Justicia y de todo el aparato de seguridad ciudadana. A la cabeza del Tribunal Supremo de Justicia está un criminal convicto cuyas actuaciones son delictivas y en completa sintonía con la nomenclatura del Régimen, que sin excepción está involucrada en múltiples actividades criminales, además de ser todos unos violadores consuetudinarios del ordenamiento constitucional de la República.

5. ‘El Dorado’ se tornó rojo, rojito

  • La explotación minera en todo el país, y en particular al sur del Orinoco, tiene las siguientes características: ilegalidad, depredación del medio ambiente, violencia descarnada, presencia creciente de guerrilleros y mercenarios extranjeros, abusos de DDHH y desplazamiento forzoso de comunidades indígenas, enfermedades/epidemias y desvío o apropiación indebida de minerales o del dinero producto de la venta del material minado. Se puede definir el sur del Orinoco, es decir 61% del territorio nacional, como un medio país fallido.
  • La naturaleza desordenada de la explotación minera al sur del Orinoco está propiciando un conflicto armado por el control de minas que tiene muchos paralelos con los conflictos por minerales en África. Ya se puede hablar de #OrodeSangre #DiamantesdeSangre #TierrasRarasdeSangre y #ColtandeSangre. De no detenerse este conflicto a tiempo, la gobernabilidad futura estaría en peligro, y también la integridad de Venezuela como país. Pasamos del petróleo a los minerales olvidando, parece que a propósito, todo lo aprendido en el sector petrolero, y en la muy exitosa fundación de la empresas extractivas de la CVG.

6. Diversas fuerzas armadas, todas fuera de orden y alineación 

  • Desarticulación de la organización militar con el propósito de lograr la eliminación efectiva de la Fuerza Armada como la Institución del Estado garante de la integridad del mismo, para evitar que se torne en un obstáculo para la consecución de los objetivos ‘políticos’ (o mas bien, criminales) del Régimen. Esto se ha logrado en gran medida desplazando de su control el uso legal de la fuerza del Estado hacia otras organizaciones y actores mejor alineados con los sórdidos objetivos del Régimen, en detrimento de la seguridad de toda la sociedad. La hipertrofia de las FAES y el reciente otorgamiento a la Milicia del rango de Fuerza dentro de la organización militar actual son prueba de esta peligrosa estrategia.
  • Se fracturó la línea de mando de la FANB y se pulverizaron la misión, la visión y los valores una vez compartidos. Eso y la participación creciente de la elementos de la FANB en actividades ilícitas convierten a esta organización militar en parte medular de la crisis y no de su solución. La posibilidad de un gran conflicto interno está latente en un país donde se militarizó la administración pública, se politizó a la Fuerza Armada, se fragmentó el monopolio de la fuerza y se criminalizaron la organización militar y las policías.
  • La reestructuración geográfica de las FANB en ZODIs y REDIs ha creado caudillos militares regionales que se ocupan de actividades económicas legales e ilegales, ejerciendo además control político-social en esos territorios implicando esto la disolución acelerada del Estado-Nación como está concebido hasta ahora. En algunos escenarios de conflicto podríamos ver al país fraccionado regionalmente con fuerzas militares, y otros elementos armados también por el Estado, enfrentados y controlando diferentes áreas del territorio nacional.
  • Hugo Chávez cambió la doctrina militar de Venezuela y luego cambió los requisitos de entrada a las diferentes academias militares, cambió el pensum de estudio de las mismas a una combinación de marxismo, castrismo y chavismo que poco tiene que ver con la formación de profesionales militares. Además no solo se aumentó el número de alumnos admitidos, sino que se aumentó el número de mujeres sin cuidado alguno a las distorsiones que ello pudiera traer en la disciplina y moral de la institución armada. Un reto inmediato de la Transición será qué hacer con los institutos de formación militar y todos los cadetes que cursan estudios en ellos.
  • La reinstitucionalización de la FANB será una tarea urgente y delicada para un Gobierno de Transición cuya estabilidad y duración, no solo va a depender de la atención a la grave crisis humanitaria y económica, sino que se verá amenazada desde el día 1 por un complejo problema de seguridad interna con grandes posibilidades de fragmentación territorial que pudiera implicar, en el corto plazo, la disolución del Estado, tal como lo conocemos actualmente, motivado por los múltiples y perversos intereses internos en pugna, e intereses internacionales ya en juego dentro de nuestro territorio. Vale advertir que los recursos humanos que se requerirían para reconfigurar la organización militar no pueden salir del seno de una organización tan desdibujada y corrompida.

7. La economía y sus infinitas distorsiones

  • Profundos desequilibrios macroeconómicos han destruido la capacidad de planificar, invertir y ahorrar. Muy pocos países han vivido una crisis de esta magnitud (caída acumulada de 75%+ del PIB en 5 años) y complejidad (no hay un solo sector sano en la economía), y ningún otro la ha sufrido adrede y sin propósito de enmienda.
  • La hiperinflación finalmente destruyó al Bolívar que para todos los efectos dejó de tener valor y por lo tanto dejó de ser moneda de circulación aceptada. Esto le resta al Estado, si tuviera esa intención, toda capacidad de corregir las principales distorsiones macroeconómicas.
  • La súbita -y no oficializada- dolarización de la economía está asociada con una estrategia deliberada de permitir a cárteles y mafias locales e internacionales lavar en Venezuela – sin restricción alguna – fondos provenientes de negocios ilícitos y la corrupción. Esto trae consecuencias tóxicas para el país. Por un lado crea una suerte de apartheid basado en acceso o no a divisas, y a la vez garantiza que en el tiempo los activos principales del país (empresas, concesiones, bienes inmuebles y tierras) caerán en manos de estas organizaciones criminales y de quienes por años han saqueado al país. A este paso el país será feudo exclusivo de criminales.
  • La República de Venezuela y PDVSA están en default en todas sus deudas externas e internas, y en pagos resultantes de litigios y de otras acreencias con socios. El monto total de la deuda, estimado en $160Bn, corresponde aproximadamente a 240% del PIB.
  • Años de desinversión, falta de mantenimiento, nacionalizaciones caprichosas, éxodo de dueños y empleados, y el colapso en la demanda han destruido la capacidad productiva del sector privado, con el consiguiente colapso en la generación de empleo. Hoy sobreviven 2.000 empresas de las 12.500 que había en enero de 1999.
  • Venezuela es el único país que ha perdido deliberadamente la capacidad de autoabastecerse en alimentos teniendo todas las condiciones para producir la mayoría de sus necesidades. La destrucción de la actividad ganadera, agrícola, agroindustrial y pesquera es casi total. La pérdida de soberanía alimentaria, y la hambruna resultante niegan al chavismo, por sí solas, toda bondad.
  • El sector financiero, y en particular la banca comercial, se redujo, aún más, como porcentaje del PIB y quedó a la merced de un Estado que no la interviene, pero que si la asfixia. La banca, poco rentable, descapitalizada y desactualizada tecnológicamente, enfrenta hoy un encaje legal que elimina cualquier posibilidad de emitir préstamos, y la pérdida de valor y confiabilidad del Bolívar desincentiva los depósitos de sus clientes que hoy lo que requieren son servicios de custodia para divisas en efectivo que son su modo de pago y único mecanismo de protección frente a la continua depreciación del mal llamado Bolívar Soberano.

8. Degollaron a la gallina de los huevos de oro, y a las demás también

  • Finalmente se dio el muy anunciado colapso total de PDVSA y del sector petrolero. En este sector la recuperación se hará difícil por lo complejo que será garantizar la seguridad jurídica y física en una eventual transición; por lo extenso de la destrucción operativa y administrativa de PDVSA; por los planes de producción de nuestros principales competidores y de países vecinos; por la calidad de nuestro petróleo más abundante, y por estar entrando el mundo en lo que podría ser el final del ciclo de los hidrocarburos.
  • La competencia ha sido y será feroz. En 1998 una guerra de precio iniciada por Arabia Saudita llevó al colapso de los precios del crudo en los mercados internacionales. La cesta Venezolana llegó a valer $7.50 en promedio siendo nuestro ‘break-even’ fiscal $10.35. Esa crisis, mal manejada por el gobierno del Presidente Caldera, tuvo mucho que ver con la elección de Hugo Chávez al final de ese año. Arabia Saudita triunfó al suspender Chávez la política de Apertura y el proyecto de Orimulsión. Rusia pasó de producir 4.6 MMBD en 1999 a 11.2 MMBD hoy. Venezuela que debería estar produciendo 6.0 MMBD solo produce 720 MBD. El país con las mayores reservas de petróleo ha quedado marginado por la estupidez de Hugo Chávez y sus ‘asesores’ petroleros, la impericia resultante del despido de 21,000 profesionales y técnicos de PDVSA en el 2003, por la corrupción rampante, y por la astucia de nuestros competidores que han sabido aprovechar todos estos imperdonables errores.
  • No existe sector alterno que pueda contribuir lo que el petróleo ha contribuido a la economía y al desarrollo de Venezuela por casi un siglo. Aun si se atrae inversión al sector, la recuperación será lenta y la necesidad de inversión hará que el sector consuma muchos más recursos de los que en el corto o mediano plazo puede generar para el Fisco. Esto nos obliga a imaginar un país con un ingreso per cápita muy bajo, es decir, mucho más pobre y por lo tanto proclive a sufrir aún mayor penuria y el continuo desangre de la emigración.
  • Colapso absoluto del resto del aparato productivo del Estado, y en particular de la empresas de la CVG, debido a la inepta gerencia, agobiante politización y desmedida corrupción. Esto también afectó a todas las empresas nacionalizadas por el Gobierno de Hugo Chávez, incluidas las más simbólicas: CANTV, EDC, CEMEX, Sidor y Sivensa.

9. Relaciones turbias y peligrosas

  • Existe una compleja relación con dos super potencias: China y Rusia. Con la primera existe una deuda importante que habrá que renegociar, y con la segunda una multitud de vínculos poco transparentes que tocan sectores claves como petróleo, gas, minería y la FANB. Estas relaciones hacen a estos dos poderes lejanos actores importantes en el futuro de Venezuela. Es difícil predecir qué actitud tomarán Beijing y Moscú en una transición eventual donde es previsible que los Estados Unidos y sus aliados jugarán un rol protagónico.
  • Desde el 2006 las FANB se han reequipado con material bélico de fabricación rusa. Esto obliga a mantener una relación en el corto y mediano plazo con un país cuyos objetivos y valores pueden estar en completa contradicción con los de un Gobierno de Transición o un gobierno democrático resultado de un eventual evento electoral. Invertir fondos para sustituir sistemas de armamento ruso por el(los) de otro(s) país(ses) no parece ser prioridad dadas las múltiples necesidades apremiantes del país. De todos modos habrá que definir en su momento si es prioridad política (y si es viable) romper este vínculo.
  • La penetración cubana ha trastocado los sistemas de educación, de salud, de registros y notarías, de identificación y de seguridad e inteligencia, y ha contribuido a ideologizar a jóvenes y a elementos diversos de la sociedad y la política. Mientras el castrismo se mantenga en el poder en La Habana habrá que prever el deseo de controlar el destino de Venezuela por las buenas, las regulares o las malas. Todo escenario futuro del país será afectado por una Cuba comunista necesitada de mucho de lo que Venezuela le ha dado desde el 2002.
  • En el intento desesperado por mantenerse en el poder, el Régimen de facto, y sus principales jerarcas, han optado for reforzar alianzas políticas, de negocios y criminales con un sinfín de actores externos. Desde las relaciones con Siria e Irán – que son poco transparentes pero muy peligrosas, a los negocios auríferos con Turquía y los Emiratos Árabes, al extraño acercamiento con la hiper sancionada Norcorea y el creciente rol de mafias o cárteles colombianos y mexicanos en la cadena de explotación y exportación de oro (Ej. el mercurio que se usa para la minería ilegal del oro viene de México y es el Cartel de Sinaloa quien monopoliza esas ventas; o que un porcentaje importante del oro sale del país vía Colombia y de allí se exporta como oro del país vecino). No es difícil visualizar en un futuro cercano una estructura de poder económico, político y territorial en el país que incluya a ciertos de estos ‘aliados’ que se han posicionado o bien a lo largo del período chavista, o en estos meses de usurpación y desesperación de Nicolás Maduro.
  • Finalmente, la precariedad institucional contribuye a una pérdida de capacidad de defender los intereses del país en general. Un ejemplo particularmente serio es el litigio fronterizo con una Guyana cuyas circunstancias cambian radicalmente al comenzar la explotación petrolera en aguas en disputa. En general la recuperación de la soberanía será compleja al tener que lidiar con países y grupos irregulares que se sienten con derechos adquiridos tras años de alegre convivencia con el chavismo.

10. Es la politica, ¡estupido!

  • El colapso del andamiaje político – partidos, líderes y prácticas – no solo no se ha resuelto, sino que se ha profundizado desde el 99. Los partidos no son mucho más que logos y colores. La política está muy desprestigiada.
  • El financiamiento de la política no es transparente y hay evidencia de que los grandes financistas de algunos partidos, y de muchos políticos, son individuos cuyas fortunas son mal habidas y están en la mira de autoridades judiciales de diversos países. Además, es bastante probable que el narcotráfico busque penetrar, o haya penetrado, los círculos opositores (es lo que han hecho en otros países).
  • El liderazgo político es deficiente en muchos sentido La brecha entre la capacidad y experiencia de nuestra dirigencia política y los retos que presenta el país son extremos. Por si sola esta brecha nos hace ser pesimistas sobre la conducción del país en el futuro inmediato. Dicho esto, existe en la generación de políticos jóvenes, incluido el Presidente (E) Juan Guaidó, un compromiso con el país y una sorprendente valentía que son razón para que muchos no pierdan las esperanzas.
  • La demostrable escasez de talento y experiencia en los cuadros de la política opositora hacen difícil imaginar una transición exitosa. Son más de 9.000 puestos claves que habrá que llenar en un gobierno Si ese gobierno no incorpora en los niveles más altos a profesionales y técnicos independientes podemos predecir su fracaso cuasi inmediato.

11. Las expectativas y el desencanto como variables

  • Finalmente, la crisis de expectativas que se avecina puede tener un impacto sobre la gobernabilidad, sobre la paz y sobre la recuperación del país tan o más grande que problemas tangibles, o físicos, antes descritos. En estos 21 años el país se ha desdibujado con discursos, planes y ejecutorias que obligan a replantearse el tipo de país que es viable a futuro.
  • Quienes simpatizan con el chavismo tendrán que entender que el manejo irresponsable de un boom de precios del petróleo no es un modelo repetible, factible o deseable. Hay quienes creen que hay un ‘chavismo bueno’ que puede retornar y paliar la penuria. En realidad vendrán años de vacas flacas y crecimiento dentro de limitaciones impuestas por las limitadas fuentes de financiamiento que estarán a nuestro alcance. La supervivencia de algo llamado ‘chavismo’ implicaría o bien un conflicto continuo y destructivo, o el abandono de mucho del pensamiento y líneas de acción de Hugo Chávez Frías.
  • Para los opositores, amarrados unos al llamado ‘Plan País’ y otros a un pasado hoy sepultado bajo las ruinas de la República Bolivariana, también habrá decepciones. El llamado ‘Plan País’ es un ejercicio noble fundamentado en escenarios poco probables donde se han omitido problemas que parecen haber ahuyentado a sus creadores. Temas como la criminalidad rampante, la Fuerza Armada y las amenazas a la seguridad nacional e integridad territorial, que tienen importancia vital a la hora de hablar del ‘día después’ y de una posible Transición, no han sido abordados con seriedad. El país petrolero donde el Estado reparte entre treinta millones la renta que doce mil producen no es repetible, ni deberíamos buscar repetirlo.

Conclusiones

  1. Siempre que se enfrentan tantas crisis ineludibles, el éxito está en definir y abordar prioridades con una lógica fácil de compartir y que se pueda validar con éxitos tempranos. Cada actor en la sociedad tiene su propio esquema de prioridades, pero le corresponde al liderazgo político (ese que lamentablemente hemos descrito como deficiente) armar un plan basado en grandes consensos y respaldado por equipos de expertos (venezolanos dentro y fuera de Venezuela e internacionales). Para ello es indispensable contar con apoyo internacional muy concentrado o especializado que contribuya a generar esos éxitos tempranos sobre los cuales se construirán las fases sucesivas del plan. Hay que generar confianza y compromiso colectivo para fortalecer el piso político y ganar de los ciudadanos la comprensión y paciencia que se requieren para atacar progresivamente, y no simultáneamente, este aterrador cúmulo de problemas.
  2. Utilizando el símil de un paciente con muchas dolencias, debemos abordar aquellas que son fatales antes que las que son de menor gravedad o urgencia. Un tumor etapa 4 en el cerebro con alto riesgo de metástasis siempre tendrá precedencia sobre un diagnóstico de colesterol muy alto o un fuerte dolor causado por el rompimiento del menisco en una rodilla.
  3. Los venezolanos, y los extranjeros que nos quieran ayudar en esta terrible encrucijada, tenemos que abrir los ojos, dejar de soñar con soluciones fáciles para problemas extremadamente difíciles e inclusive irresolubles. Si hacemos el diagnóstico correcto podemos sacar del quirófano a los médicos y enfermeros que nada saben de lo que nos está matando como individuos, como sociedad y como país. Hasta ahora los problemas se han agravado porque hay mucha ignorancia e improvisación tanto dentro como fuera de Venezuela. Un diagnóstico correcto y consensuado debería poner fin a esta absurda y costosa pérdida de esfuerzos y tiempo.
  4. Luego de siete años debemos concluir que ninguno de los problemas puede ser solucionado con Nicolás Maduro y sus secuaces en el poder o como parte de una aberrante coalición. Por lo tanto, tenemos que imaginar que la tarea de reconstrucción es posterior a la salida del poder de quienes hoy lo usurpan.
  5. El riesgo es que al salir Maduro del poder las prioridades la definirán un sin número de conflictos con elementos armados dispuestos a todo para sabotear o ponerle fin a un nuevo gobierno. Este escenario de conflicto, que es tan previsible como inevitable, generará más caos, dolor y éxodo. Sería prudente que el caso base que usemos contemple este riesgo y no un optimismo pueril, ergo, irresponsable.
  6. La reconstrucción de Venezuela será una costosísima tarea de una o dos Para ello debemos contar con el sostenido apoyo de la Comunidad Internacional en un sinfín de áreas. Debemos entender que en alguna de ellas el nivel de inherencia de extranjeros en nuestros asuntos domésticos será muy grande. Esto lo tenemos que asimilar sin reservas. Un país no es soberano, ni independiente, si no se puede alimentar o sanar a sí mismo, si no tiene recursos propios para rescatar sus sectores claves, si su población está indefensa frente a mafias de todo tipo, y si el Estado está arruinado bajo cualquier definición del término. La recuperación de nuestra autonomía, de nuestra independencia y de nuestra soberanía es una tarea adicional, pero primero tenemos que ponernos de pie y ganar algo de fuerza como sociedad.
  7. Venezuela tiene su futuro a riesgo. Llegamos aquí por la indolencia de unos y la criminalidad de otros. No hacer nada al respecto sería desastroso. Lo que hagamos estará lleno de riesgos adicionales y jamás tendremos una garantía de éxito. El reto es asumir de un vez la tarea de hacer país y para eso tenemos que dejar de hacer mucho de lo que llevamos años haciendo.

No debemos tener miedo a soñar lo imposible, para que lo imposible se haga realidad por Diego Arria – Discurso en el 2020 Geneva Summit for Human Rights & Democracy – 21 de Febrero 2020

No debemos tener miedo a soñar lo imposible, para que lo imposible se haga realidad EL Video en español de mi intervención en el evento: 2020 Geneva Summit for Human Rights & Democracy

 

Maduro pertenece al Consejo de Derechos Humanos de la ONU?

Pablo Escobar y el Chapo Guzman, dos de los mas famosos Narcos del mundo nunca pudieron gobernar sus países, Colombia y México, sin embargo sus contrapartes y asociados en Venezuela si lograron semejante poder para destruir, devastar y despoblar un pais que fue rico, libre y democrático?

Estos son los principales:Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y sus dos hijos que sirven una condena en los Estados Unidos por trafico de drogas .El Presidente del Partido del Gobierno, el Chapo Diosdado Cabello, la Vice Presidente Delcy Rodríguez, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Maikel Moreno, el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, Tareck el Aisami Vice presidente asuntos industriales, quien está en la lista de los diez personas mas buscadas en los Estados  Unidos, mas otro numeroso contingente de jerarcas civiles y militares. Todos denunciados ante la Corte Penal Internacional, incluyendo a Jorge Arreaza, Ministro de Relaciones Exteriores como inductor y cómplice de crímenes de lesa humanidad.

Todos sancionados por las autoridades de los Estados Unidos por delitos de trafico de drogas, violaciones graves a los derechos humanos y por lavado de dinero. La Comisión Europea se ha sumado, al igual que para impedir su acceso a los 26 países Shengen.

Por que estamos hoy aquí?

Soy uno mas de los miles de venezolanos  forzados al exilio como victima de las conspiraciones para delinquir de Maduro y sus compinches. Mientras representé a mi país ante las Naciones Unidas incluyendo presidir su Consejo de Seguridad defendimos  y promovimos las mejores causas de la humanidad sin  imaginarme que un dia  estaría aquí de nuevo al canto del Palais des Nations  denunciando la naturaleza criminal de Maduro y sus cómplices civiles y militares.

En octubre de 2019 en la Asamblea General de la ONU en la elección de los nuevos miembros del Consejo Derechos Humanos se produjo un resultado avergonzante al elegir por nueve votos de diferencia a la corporación criminal de Maduro derrotando a Costa Rica la mas antigua democracia de la America Latina. Todo a pesar de que sesenta países democráticos solo reconocen a Juan Guaido, como Presidente de Venezuela, pero desde Chávez la narco tiranía ha sido muy generosa con el tesoro de nuestro país para comprar acomodos y complicidades.

Definitivamente Maduro representa una corporación criminal con asociados terroristas internacionales, y así debe ser entendido por todos los que integran el Consejo de Derechos Humanos, y el propio SG Guterres.

Distinguidos amigos: Esa Corporación Criminal ha secuestrado a Venezuela que a pesar de registrar un rechazo popular superior al ochenta por ciento, se mantiene gracias a una cúpula militar corrupta y a la cooperación de Rusia y China.

Pero Cuba es la equivalente de la potencia ocupante que tutela a Venezuela con mas de veinte mil agentes in situ, mas que los españoles a los que combatimos durante nuestra primera Guerra de Independencia. Importante  para el grupo criminal gobernante por los servicios que presta de espionaje y control de civiles y militares, al igual que en técnicas de represión y tortura.

Pero todo esto no es solo mi opinión. Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, al igual que su antecesor Zeid Raad Al Hussein dijo textualmente en su ultimo informe del 4 de Julio de 2019:

“La situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas. Exhorto-dijo-a todas las personas con poder e influencia-tanto en Venezuela como en el resto del mundo-a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está ARRANSANDOLO TODO.”

No pudo ser mas precisa.

No estan solos los Altos Comisionados pues no existe una sola entidad dedicada a los derechos humanos que no se haya pronunciado solidariamente sobre nuestra tragedia. De acuerdo con PROVEA en 2019 las torturas aumentaron en 500%  llegando a 554 victimas. Los dos casos mas recientes fueron el del Concejal Fernando Albán que estando detenido por el SEBIN, Servicio de Inteligencia Militar, la brutal y criminal Stassi Madurista fue lanzado desde un décimo piso, pretendiendo luego que se había suicidado estando bajo su custodia.

El caso del Capitán Rafael Acosta Arévalo detenido 21 de junio del 2019 y torturado a manos de policías y militares hasta su muerte el 28 junio.

Las ejecuciones extrajudiciales superan las diez mil anuales. La FAES Fuerza de Acción Especial de la Policía Bolivariana tiene el infame record de ejecuciones en las barriadas populares recientemente denunciado por Human Rights Watch . De igual modo los otros dos instrumentos de represión y tortura: La DGCIM Direccion de Inteligencia Militar,

y CICPC Cuerpo Investigaciones Científicas , Penales y Criminalísticas

En todo este horripilante cuadro lo mas condenable es que la tortura es practicada sistemáticamente como política de estado. La llaman, “Sanción Ejemplarizante” para aterrorizar a los disidentes

Sin embargo a pesar de todo lo que les he narrado la próxima semana la corporación criminal de Maduro escondida detrás del nombre de Venezuela, se sentará como uno de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos, concebido para impedir que los Maduros de este mundo pudiesen colarse allí. Definitivamente no es una manera de celebrar los 75 años de las Naciones Unidas.

A quien apelamos como solicita la Alta Comisionada Bachelet?

El Consejo de Seguridad como cúpula política del mundo debería pronunciarse sobre el caso venezolano-pero no lo hace pues Rusia y China colaboradores de la corporación criminal de Maduro veta toda mención al caso. Ahora por los avances de Rusia en nuestro pais  nos están involucrando en una guerra fría.  Gracias a la iniciativa de Nikki Haley la ex embajadora de los Estados Unidos ante la ONU se celebraron dos reuniones en el Consejo de Seguridad sobre la crisis humanitaria bajo la “Formula Arria”, modalidad que me honra llevando mi nombre..

La Corte Penal Internacional en la Haya?

Lleva mas de dos años procesando información. La Fiscal Fatou Bensouda no muestra interés en tomar acción que permita al mínimo detener el proceso de destrucción de nuestro pais, de la espiral de violencia, de las ejecuciones extrajudiciales, de las torturas, del éxodo forzado que alcanza ya unos cinco millones de compatriotas.

A la Fiscal tampoco le ha sido suficiente el informe presentado por un panel de expertos internacionales independientes designado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que concluyó que existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Hasta el ex Fiscal Luis Moreno Ocampo participò en este proceso, al cual se sumaron las denuncias ante la Fiscal de los gobiernos de Canada, Argentina ,Chile Perú, Colombia, Paraguay y Costa Rica. Francia envío comunicación respaldando el informe.

Lamento decir que afortunadamente durante la tragedia sufrida por el pueblo Bosnio musulman, creamos en el Consejo de Seguridad del cual yo formaba parte, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia y se pudo procesar y condenar a los criminales Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic y el general Ratko Mladic, los carniceros de los Balcanes. Fui testigo de la Fiscalía contra ellos. Si estos procesos hubiesen estado a cargo de la Fiscal Bensouda no tengo dudas que estarían libres-y que Milosevic habría muerto en libertad.

El Secretario General de la ONU?

De acuerdo con la carta de las ONU Artículo 99, el Secretario General puede llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales lo cual debería ser suficiente para que el llamado de alarma de la Alta Comisionada Bachelet ”Antes que todo sea destruido” sea atendido por el SG.

Curiosamente el Secretario General Guterres consulta con grupos regionales como el Africano, sin embargo no lo hace con el Secretario General de la OEA a pesar de que Venezuela es el caso mas critico de nuestra región, al tiempo que continùa la tradición onusiana de  limitarse a insistir en negociaciones sin fin donde consideran como iguales a victimas y victimarios,  la equivalencia amoral que tantos muertos ha causado y sigue causando.

Lo contrario viene sucediendo en los ultimos cuatro años en la OEA donde su secretario general, Luis Almagro ha desenterrado una organización medio agonizante y nunca firme ante tragedias como la venezolana y la cubana. Almagro igual que el SG ONU  tiene la potestad para llevar a la atención del Consejo Permanente cualquier asunto que pudiese afectar la paz y la seguridad del Continente. No cabe duda que el Secretario General Almagro ha asumido con tal firmeza esta potestad, al punto que hoy a días de las elecciones en la OEA algunos países han depositado sus energías en impedir que Almagro siga al frente de la OEA, y con ello continúen las denuncias de regímenes como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, apoyando a otros candidatos con menos credenciales y poca estatura política. Por ello creo que en esta elección se juega en gran medida el rescate de la libertad para países como el mío.

Amigos todos;

Gracias a UN Watch y muy en especial a su líder Hillel Neur, hoy iniciamos oficialmente una Campaña Global que pretende que la Asamblea General de las Naciones Unidas suspenda como primer paso a la corporación criminal de Maduro del Consejo de Derechos Humanos, al que seguiría otro para la revocación de sus credenciales ante la ONU.

UN Watch me ha honrado designándome para presidirla campaña para lo cual me acompaña un pequeño grupo de extraordinarios voluntarios, sin lo cual este esfuerzo no seria posible. No es ni fácil ni sencillo lo que pretendemos pero nos anima que UN Watch iniciò una campaña similar en 2011 que facilito que en 2012 el regimen de Ghadafi fuese expulsado del CDH. Pero estamos conscientes de que para que nuestro legitimo reclamo tenga respaldo en la Asamblea General de la ONU debemos obtener el mayor numero de firmas en nuestra petición. Hoy la iniciamos con 126 mil firmas y vamos por el millón.Ayudennos.

En conclusión:

Muy sinceramente creo que los primeros que celebraran el éxito de la campaña será la mayoría de los países integrantes del CDH cuando los liberemos de la odiosa y repugnante presencia de la narco tiranía entre ellos, sin embargo no somos tan ingenuos para pensar que con nuestra campaña suspendiendo al narco tirano Maduro del CDH vamos a rescatar a nuestra libertad , pero si  conocemos la importancia de contar con una  opinión publica internacional bien informada de la  tenebrosa realidad venezolana. Eso pretendemos.

Ante este desolador panorama que en cualquier sociedad podría fulminarla al estar atrapada en un proceso de intimidación, de carencias de todo genero, de inseguridad, de desmembramiento familiar, la resignación puede acabar sellando la suerte de una nación. Y ante a ese peligro estamos.

Y no estamos blindados para que esto no nos ocurra. Pero para impedirlo es indispensable que generemos con urgencia la inspiración colectiva  nacional necesaria para decidir y asumir el precio que estemos dispuestos a pagar para rescatar nuestra libertad y refundar la república. El mundo necesita conocer a que estamos dispuestos hacer ahora, ya en el pasado dimos innumerables pruebas de valor y compromiso a un altisimo costo.

Finalmente les confieso que experimenté una fuerte experiencia personal durante la guerra en Bosnia que ha marcado mi vida. Que me demostró que a pesar de que por tres años denuncie que mientras los Serbios supiesen que nadie les pondría un dedo encima seguirían su carrera genocida, pero los miembros permanentes del Consejo de Seguridad insistieron por cuatro largos años en insterminables negociaciones que al final le costo la vida a mas de 200 mil bosnios musulmanes.

Atencion: Maduro y asociados piensan igual. Que nadie les pondrá un dedo encima. La comunidad internacional sabe que de ser así se perpetuaría la tiranía,

No se conoce un caso donde una corporación criminal ceda su poder graciosamente y menos aun cuando son tratados con toda deferencia y cordialidad  hasta por el propio SG ONU y se les invita a formar parte del CDH.

Amigos todos: Nunca nos rendiremos.

No puedo olvidar que todo lo que soy se lo debo a ser venezolano.

Porque me anima y me inspira recordar a tantos venezolanos que han dado su vida.

Aqui con nosotros Rosa Orozco, madre de Geraldine asesinada a sangre fria por guardias nacionales en una manifestación pacífica. Solo tenía 23 años, igual que mis hijas morochas

Por nuestros cientos de presos políticos.

Por nuestros compatriotas desterrados.

Por los jóvenes que les han impedido hasta soñar

Por todo, y para que no olvidemos  les recuerdo hoy a Václav Havel que decía:

“ No debemos tener miedo de soñar lo aparentemente imposible,

si queremos que lo aparentemente imposible se convierta en realidad.”

(We must not be afraid of dreaming the seemingly impossible, if we want the seemingly impossibly to become a reality)

Esa tarea nos toca a todos los venezolanos.

 

THE LONG ROAD Supporting Venezuelans through an Uncertain Future – Report of the Inter-American Dialogue’s Venezuela Working Group – Febrero 2020

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Introduction

For long-suffering Venezuelans beleaguered by political repression and economic deprivation, the dawn of 2019 brought a ray of hope. Juan Guaidó’s election as leader of the National Assembly and his recognition by almost 60 nations as Venezuela’s legitimate interim president offered the country a viable opposition figure, an alternative vision, and a potential pathway out of its democratic and humanitarian crises.

One year later, the view from Caracas and beyond looks starkly different. Buttressed by a successful recent tour of Europe and North America, Guaidó retains his claim of formal authority and continues to enjoy significant support at home and abroad. Venezuela’s economy remains the worst performing in the world and its citizens continue to flee the country in record numbers. Nonetheless, the regime of Nicolás Maduro has held on. It weathered Guaidó’s rise, quashed an effort to splinter the military, and absorbed the impact of oil sanctions with the support of friendly governments such as Russia. It used violence and scarcity as tools of control, employed subterfuge and bad faith to divide its opposition, and elevated market tactics (however inconsistent) over revolutionary rhetoric in an effort to arrest the economy’s decline.

Feeling increasingly unencumbered, in January 2020 the Maduro regime deployed National Guard troops and violent “colectivos” to physically block Guaidó and his allied majority legislators from entering the National Assembly, attempting—together with a small group of opposition deputies who had reportedly been bribed— to install an alternative leader instead. The move was plainly illegitimate and a crass exercise of brute force, so obviously antidemocratic that it was condemned even by governments such as Mexico and Argentina that continue to recognize Maduro as president. Nonetheless, it was a reflection of the current, sobering reality and balance of power in Venezuela.

Indeed, if 2019 began with renewed optimism, 2020 obliges a return to realism. The immediate path forward for Venezuela is fraught with challenges, including National Assembly elections that Maduro will try to manipulate in an effort to consolidate his control over the lone remaining democratic institution in the country. The international community, increasingly gripped (by necessity) with the Venezuelan migration and refugee crisis, may at the same time grow more divided about how to address its root causes.

Nevertheless, realism should not give way to fatalism. The past 12 months provided ample reminder that things in Venezuela can change very quickly. Even as Maduro maintains a base of support, some two out of three Venezuelans reject his leadership.I And for all Maduro and his allies have done to foment polarization and erode the nation’s democratic culture and institutions, the country remains home to political and social leaders prepared to continue paying the high cost of fighting for democracy and investing in a negotiated transition. The international community has a duty to support them and their aspirations.

At the same time, realism requires accepting that the timing of a return to democracy in Venezuela is uncertain. Meanwhile, Venezuelans inside and outside the country continue to suffer the consequences of an unprecedented economic collapse. They too deserve the support of the international community. If anything, the political impasse in Caracas is an argument for placing the Venezuelan people at the center of the conversation, and for elevating the focus on their human rights and humanitarian needs—even, if trade-offs are necessary, at the expense of short-term political objectives. Over time, cooperation on specific humanitarian issues could create space for bridge building among adversarial actors, both within and beyond Venezuela. In the meantime, it will ensure that the obstacles to achieving a transition in Venezuela do not impede efforts to mitigate the human suffering and regional spillover effects of Maduro’s misrule. Of course, the causes of the humanitarian crisis will persist as long as Maduro’s arbitrary regime remains in power.

Finally, realism obliges an admission that magical solutions are just that. Rhetoric aside, time has shown that all options are not in fact on the table. Venezuela can continue down the path of authoritarian consolidation, institutional breakdown, and social and economic chaos, or it can stumble its way to an inevitably messy accommodation among its political actors that could nonetheless pave the way for credible elections and the reconstruction of democratic institutions and economy. The latter option is infinitely better.

This third report of the Inter-American Dialogue’s Venezuela Working Group is based on 18 months of internal deliberations and consultations with key stakeholders, and it builds on prior in-depth reports on the Venezuelan migration crisisII and scenarios for political transition.III The analysis that follows offers a concise assessment of the state of play in Venezuela and a framework for future action.

Acceda al Informe completo en el siguiente enlace :

The-Long-Road-Supporting-Venezuelans-through-an-Uncertain-Future-1.pdf

Prohíben entrada de comisión de la CIDH a Venezuela – ProDaVinci – 4 de Enero 2020

El martes 4 de febrero, le fue prohibido el abordaje desde Panamá a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se dirigía a Venezuela. La comisión pretendía entrar a Venezuela con el fin de observar la situación de derechos humanos, una labor que hizo por primera vez en junio de 2019 Michelle Bachelet, alto comisionado para los derechos humanos, y que dejó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. A continuación reproducimos el comunicado de la CIDH emitido luego de prohibición

CIDH lamenta que se haya negado su ingreso a Venezuela y anuncia que se encontrará con las víctimas y organizaciones en la frontera con Colombia

«Washington/Panamá, D.C. – La CIDH lamenta profundamente la decisión de impedir hoy el ingreso de su delegación a Venezuela. La delegación de la CIDH tenía previsto observar en el terreno la situación de los derechos humanos en el país. Asimismo, anuncia que se encontrará con las víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos y con organizaciones de la sociedad civil en la frontera entre Colombia y Venezuela.

En julio de 2019, la CIDH anunció una visita in loco a Venezuela, que pretendía realizarse del 4 al 8 de febrero, con el objetivo de reunirse con grupos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, beneficiarios de medidas cautelares, representantes de la sociedad civil, movimientos sociales, estudiantiles, académicos y otros actores relevantes. La visita se organizó en aceptación a la invitación realizada por el Representante Permanente ante la OEA designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido por la Asamblea General de la Organizaciones de los Estados Americanos, en consideración del llamado persistente y amplio que durante años ha realizado la sociedad civil venezolana a la CIDH, teniendo como centro de su preocupación a las víctimas.

La Comisión informa a la comunidad internacional, que a pesar de lo anterior, a la delegación compuesta por la Presidenta de la CIDH y Relatora para Venezuela, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño; el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão; el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; y especialistas de la Secretaria Ejecutiva, le fue prohibido el abordaje al vuelo desde la ciudad de Panamá en dirección a Caracas, según notificación recibida por la aerolínea.

La Comisión rechaza ese tratamiento de la manera más enérgica, y advierte que es propio de regímenes autoritarios no permitir el escrutinio internacional ni la observancia de la situación de los derechos humanos, lo cual perjudica, especialmente, a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y obstaculiza el valioso trabajo que adelantan las organizaciones de la sociedad civil.

Al respeto, la CIDH aprovecha esta oportunidad para reafirmar la vigencia de su mandato y jurisdicción sobre Venezuela. En ese sentido, el impedimento para ingresar al país, obstaculiza las obligaciones internacionales en derechos humanos asumidas por Venezuela, así como impide el cumplimiento de las competencias de la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 106 de la Carta de la OEA y el artículo 41 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La Comisión tiene como función principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en los pueblos de América. Al efecto, las visitas in loco permiten a la Comisión, entre otros fines, realizar sus funciones de órgano consultivo de la Organización en materia de derechos humanos.  También recordamos que el Estado venezolano es parte de otros instrumentos internacionales que otorgan mandatos a la CIDH, entre ellos: la Convención “Belém do Pará”; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Al margen de lo anterior, la CIDH ha dado un seguimiento cercano a la situación en Venezuela y ha corroborado que persiste un muy grave deterioro significativo en el goce de los derechos humanos. Adicionalmente, la Comisión considera que la prolongación indefinida e irrestricta del estado de excepción, la suspensión de los poderes de la Asamblea Nacional democráticamente electa, la débil independencia judicial, la extralimitación de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, la ausencia de garantías para la celebración de elecciones libres y, en general, la falta de subordinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil evidencian la ausencia de Estado de Derecho.

En este sentido, la CIDH hace un llamado para que Venezuela  retome un compromiso decidido con los derechos humanos y adopte medidas concretas para superar la grave crisis institucional, económica y humanitaria en la que está sumergido el país.

Pese a lo ocurrido el día de hoy, la Comisión ha decidido dar seguimiento a su objetivo de encontrarse con las víctimas, para lo cual se desplazará inmediatamente a la frontera entre Colombia y Venezuela. En ese sentido, extiende un especial agradecimiento al Gobierno de Colombia, que ofreció las condiciones necesarias para permitir a la delegación de la CIDH realizar la visita a la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, lo que permitirá a la CIDH reunirse, documentar y recabar testimonios de víctimas y familiares sobre las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Finamente, la CIDH se pone a disposición de la sociedad civil venezolana para ofrecer acompañamiento para superar la crisis institucional de Venezuela por medio de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela – MESEVE- y reafirma que mantendrá un compromiso indeclinable con las víctimas de violaciones a los derechos humanos en ese país.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia».

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