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Sobre la visita a Venezuela de un Experto ¿Independiente? por Victor Rodriguez Cedeño – El Nacional – 12 de Diciembre 2017

1480424890316.jpgEn días pasados visitó el país el Experto Independiente para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, el señor Alfredo de Zayas, la única visita de un mecanismo del sistema de protección de las Naciones Unidas aceptada por el régimen venezolano en los últimos años, quien al finalizar su misión dio unas declaraciones que adelantan el Informe que en marzo del 2018 presentara al Consejo de Derechos Humanos, declaraciones cuyo contenido y contradicciones no deja de preocupar y de sorprender al más inocente.

Es lamentable que un Experto Independiente de Naciones Unidas, con un mandato específico, actúe en forma dependiente y parcializada, coincidiendo con las posturas políticas e ideológicas del Estado receptor, Venezuela en este caso, sin considerar la realidad nacional, complaciendo a sus anfitriones. Impropio, simplemente, impropio, de un mecanismo o procedimiento del sistema de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas.

Lo primero que debe aclarase es que el Experto Independiente tiene un mandato preciso, establecido en la resolución A/HRC/RES/18/6, (parr.14) del 13 de octubre de 2011 que define sus labores, que parece haber olvidado o confundido. El Experto debe definir, según esta resolución, los posibles obstáculos a la promoción y protección de un orden internacional democrático y equitativo; determinar en cuanto a ello las mejores prácticas a escala local, nacional, regional e internacional; concientizar sobre la importancia del tema; trabajar, en cooperación con los Estados, para fomentar la adopción de medidas adecuadas para ello; trabajar en estrecha coordinación con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, otros procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, las instituciones financieras internacionales, así como con otros actores pertinentes ; integrar en su labor la perspectiva de género y de la discapacidad; informar periódicamente al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de conformidad con sus respectivos programas de trabajo y apoyar el refuerzo y la promoción de la democracia, el desarrollo y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en el mundo entero.

Lamentablemente, las declaraciones del Experto de Zayas se centraron en otros aspectos ajenos a su mandato, materias competencia de otros mecanismos del sistema. Sus lamentables declaraciones fueron las mismas que utiliza el régimen bolivariano para justificar las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los venezolanos.

Convivio el señor de Zayas con la ilegitima e ilegal Asamblea Nacional Constituyente, en desprecio a uno de los Poderes fundamentales del Estado, la Asamblea Nacional, la institución depositaria de la voluntad popular, esencial al sistema democrático; y a la violación generalizada por el régimen de Maduro de la Constitución Nacional, hecho constatado por la comunidad internacional y por instituciones internacionales muy serias, como la Unión Europea y Mercosur, amén de muchos gobiernos incuestionablemente democráticos de la región y del mundo, que han constatado la evidente ruptura del hilo constitucional o el abandono de la democracia en el país.

Olvidó el señor de Zayas que no puede haber democracia con un sistema electoral parcializado y no independiente, sometido al Ejecutivo, una suerte de Ministerio Electoral al servicio de un grupo y de una ideología; menos aún puede haber democracia, lo que no vio tampoco de Zayas, con presos políticos, muchos sometidos a tortura y otros tratos degradantes, como política sistemática del régimen de Maduro. Olvidó también de Zayas la discriminación política a la que se ha sometido al pueblo venezolano, hoy dividido gracias a las criminales políticas oficiales de un régimen decadente, una especie de apartheid político, esa práctica inhumana y odiosa que separa y castiga a una parte de la población, en este caso a quienes han osado pensar distinto. No dijo nada tampoco el experto Independiente, acerca del Poder Judicial, del tribunal ilegitimo designado a la carrera por la Asamblea Nacional que entonces si era una institución de Estado porque estaba integrada por mayoría oficialista.

Olvido muchas cosas de Zayas para referirse a los temas mediáticos, los que parecen fascinar a los dirigentes bolivarianos y a los que se divierten con el juego macabro de la política en Venezuela. Repitió lo de la guerra económica, como si fuese cierta; y se refirió de nuevo a las sanciones adoptadas por algunos Estados, por la Unión Europea y otras instituciones ignorando que el Derecho Internacional contemporáneo permite a cualquier Estado, incluso al no lesionado directamente, adoptar contramedidas cuando otro Estado viola normas fundamentales de Derecho Internacional, como las relativas a la democracia y a los derechos humanos y que esas medidas, traducidas en nuestro caso en sanciones individuales dirigidas a violadores de derechos humanos y funcionarios incursos en crímenes internacionales y en delitos transnacionales muy graves, son presiones legitimas para exigir al Estado que cese en esas violaciones, asegure que no se repetirán y proceda a la reparación debida.

Olvido muchas cosas de Zayas y hablo mucho de otras. Vamos a ver el Informe que presentará al Consejo de Derechos Humanos en marzo del año próximo, que probablemente haya sido elaborado antes de iniciar su visita al pais.

Secuestrados y muertos por Asdrúbal Aguiar – RunRunes – 10 de Diciembre 2017

asdrubalaguiarMás allá de mis desacuerdos sobre la conducta de algunos actores de la oposición venezolana, los condenables por su colusión desenfadada con la narco-dictadura de Nicolás Maduro, no me siento con autoridad para criticar los tropiezos del conjunto de la Unidad y hasta el presente. Tacharla, sin más, equivale tanto – que nadie lo hace – como demonizar a la oposición cubana que no logra deslastrarse de su tragedia comunista tras casi 60 años; o acaso preguntarse sobre el absurdo, como lo es la unidad y organicidad de lucha de los pueblos que sufrieran los rigores del totalitarismo tras la Cortina de Hierro, mientras duró.

Todo secuestrado o rehén es un ser inhábil, mediatizado, urgido de comprensión y necesitado de tutela, hasta superar su condición de minusválido. Y los actores y pueblos que sufren las dictaduras, como en Venezuela, son, a fin de cuentas, eso, secuestrados, sufrientes.

No dialoga, menos negocia políticamente, entonces, quien se encuentra tras las rejas o con un arma sobre la sien; sólo adhiere, acepta. Y quien, aún así, dice negociar –como lo hace la MUD con la dictadura venezolana en Santo Domingo– sólo simula, burlonamente; ya que que lo pertinente, en la circunstancia, es la negociación policial, la que realiza el guardián del orden –léase la comunidad internacional– con el secuestrador, para salvar a la víctima, al secuestrado, sin pedirle a ésta que se salve por sí sola y ante su mirada.

No exagero. Quienes lo crean, por ignorancia, por falta de memoria, por moralmente reblandecidos, les dejo a mano los “honrosos antecedentes” de esa dictadura que representan los hermanitos Jorge y Delcy Rodríguez; a la que ayudan o por la que median ante la oposición venezolana y el mundo el presidente de la otrora Hispaniola, Danilo Medina, y el expresidente español, Rodríguez Zapatero.

Cahiers de doléances

Se inician con el Pacto de Hugo Chávez con las FARC, que incide en la conformación de su narco-gobierno y en el incremento demencial de las muertes por homicidio como en la corrupción del mundo militar y policial venezolano (1999), y siguen con la confiscación de fundos agrícolas y pecuarios (2001); la Masacre del 11 de abril o Masacre de Miraflores (2002); las Listas Tascón y Maisanta, declarando la “muerte civil” de millones de venezolanos (2003-2004); el despido de 20.000 trabajadores de PDVSA y la expulsión de sus familias de las casas que habitan en los campos petroleros, lo que lleva a la quiebra actual de la industria (2003); la represión popular por las firmas que peticionan el referendo revocatorio (2004); el caso de soldados calcinados en Fuerte Mara (2004); la Masacre de Turumbán, Estado Bolívar (2006); las inhabilitaciones políticas impuestas por la Contraloría contra la oposición (2007, 2008); la condena arbitraria e ilegal de los comisarios de la PM, entre ellos Iván Simonovis (2010); la Masacre de El Rodeo y el pacto de Diosdado Cabello con los “pranes” (2011); la extradición de Makled y el descubrimiento del Cartel de los Soles (2011); las declaraciones de los magistrados Aponte Aponte y Velásquez Alvaray, advirtiendo la colusión del Ejecutivo con el narcotráfico (2012); la tragedia de Amuay (2012); el caso de las narco-maletas de Air France (2013); la Masacre de febrero o del Día de la Juventud (2014); la expulsión masiva de la población civil colombiana, mediante una inconstitucional suspensión de garantías (2015); la Masacre de Barlovento (2016); la Masacre de los Escuderos (2017).

Y si no les basta, recuerden las once (11) sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaran internacionalmente responsable por violaciones al régimen de Venezuela, palmariamente desacatadas y objetos de burla por éste, desde el Caso Apitz y otros (2008) hasta el Caso RCTV (2015). O la zaga de exilados o de presos políticos – suman 645 según la OEA – como los alcaldes, Leopoldo, Ledezma, Ceballos, Guevara, y párese de contar.

Se obvian, por su extensión sideral, cuya punta de iceberg emerge recién con los casos de PDVSA y ODEBRECHT, la enunciación del cúmulo continuado de delitos de corrupción que arrancan con la financiación electoral de la banca española (2002); el caso del FONDEN (2005-2013), que dilapida más de 116 mil millones de dólares, en una línea de comportamiento consustancial al propio régimen. Se inaugura con los escándalos de CAVENDES y el Plan Bolívar 2000; pasa por los casos Nóbrega y Smarmatic (2003-2004); de Juan Barreto en la Alcaldía Metropolitana (2004-2008), Cabello con el Puente Nigale, y Antonini Wilson (2006-2007), el mismo Cabello durante su gobierno en Miranda (2009), pasando por los bonos argentinos (2007), Derwick, Andrade y la Tesorería Nacional, Bancos de Madrid y Andorra, con Aguilera y Rafael Ramírez a la cabeza, entre 2011 y 2015. Son centenares de miles de millones de dólares los que suman ese albañal de peculados, deslaves de impudicia.

Claman al cielo, finalmente, los asesinatos “de Estado”, en no pocos casos originados en la mutación del mismo como narco-empresa criminal y que los silencia, los tira a la fosa común que confunde despojos. Tanto que, cuando se abran los expedientes hasta las piedras llorarán.

El fiscal Danilo Anderson, Antonio López Castillo y Juan Carlos Sánchez (2004); el ex fiscal nacional de aduanas, Gamal Richani, quien investiga a Makled, cabeza visible del narcotráfico oficial (2005); Arturo Erlich y Freddy Farfán, tras el “extravío” de 45 millones de dólares pertenecientes a FOGADE (2006 y 2009); los sindicalistas del régimen Richard Gallardo y Luis Hernández (2008); el periodista Orel Zambrano y el veterinario Francisco Larrazábal, testigos en contra de Makled (2009); el gobernador de Guárico, William Lara (2010); Lina Ron (2011); Nelly Calles Rivas, jefe del PSUV en el Estado Sucre (2011); el ex gobernador apureño y capitán Jesús Aguilarte (2012); la embajadora Olga Fonseca (2012); el General Wilmer Moreno, sub director de inteligencia militar (2012); la familia Pérez Pacheco, en Falcón (2013); el diputado Omar Guararima, jefe del PSUV en el Estado Anzoátegui (2013); Juan Montoya, jefe del colectivo Secretariado Revolucionario (2014); el estudiante Bassil Da Costa (2014); el Capitán Eliecer Otaiza, ex jefe de la policía política (2014); el diputado Robert Serra (2014); José Miguel Odremán, líder del colectivo 5 de marzo (2014); y la consiguiente investigación de Diosdado Cabello y otros generales por parte de la DEA (2015).

“Estamos dispuestos a negociar y evitar una cacería de brujas”, recomienda un líder insospechado, de buena fe, por rehén y a pesar de los pesares. ¡Dios!

 

Un saludo para Leopoldo López y nuestros amigos presos de conciencia por Gustavo Coronel – Blog Las Armas de Coronel – 10 de Diciembre 2017

gse_multipart55967Es paradójico que tanto el Fiscal que urdió la trama en contra de Leopoldo López, por órdenes de Hugo Chávez y la jueza que lo llevó a prisión, se encuentren hoy con sus familiares en Norte América, uno en USA y la otra en Canadá, viviendo en libertad y disfrutando de una vida civilizada. Ello representa una inversión perversa de la justicia. Leopoldo López continúa preso y, como ha dicho su esposa, su hogar ha sido convertido en una prisión, en la cual toda la familia está presa por orden de el cruel analfabeta que manda en Venezuela.
No nos podemos imaginar en su real magnitud lo terrible que ha debido ser para Leopoldo y sus amigos presos esta vida en reclusión. Leopoldo ha sido objeto no solamente de privación de su libertad sino de torturas físicas y psicológicas. La situación de los presos políticos del chavismo es horrorosa, solo verdaderamente conocida por las víctimas directas de la tragedia. Les son dados alimentos contaminados, les aplican toda clase de torturas en las cuales los cubanos castristas son expertos, a fin de mantenerlos en permanente estado de angustia. Se trata de quebrarlos espiritualmente, el peor crimen que puede cometerse contra un ser humano.
Quienes estamos en libertad y, además, lejos del país, nos olvidamos con frecuencia de las terribles privaciones que sufren nuestros compatriotas en las prisiones del narco-régimen. En ocasiones hemos rechazado iniciativas que los podrían haber beneficiado, en base a consideraciones que pueden ser válidas para nosotros pero no para ellos, dadas las diferentes circunstancias en las cuales se desarrollan nuestras vidas. En cierta forma todos somos prisioneros de lo que Abraham Manslow definió como la Jerarquía de Necesidades. Según Manslow el ser humano se enfrenta a una pirámide de necesidades y la satisfacción de cada nivel de esas necesidades básicas nos abre de inmediato expectativas de lograr la siguiente. En la base está la satisfacción de las necesidades fisiológicas más esenciales, luego viene la expectativa de la seguridad personal y de la libertad. Una vez logradas esas expectativas se abren las demás, la necesidad de vivir en una sociedad democrática, la expectativa de auto-realización, todo lo que es más y más ideal en el ser humano. Desde USA, en mi disfrute de una vida normal, tranquila, logradas mis necesidades básicas de alimentos y libertad, siento la compulsión de ayudar a que todos mis compatriotas puedan tener lo que yo tengo. En Venezuela ello pasa por la salida acelerada y el enjuiciamiento criminal del narco-régimen que se ha instaurado en mi país. Esos son los mismos deseos por los cuales nuestros amigos presos han luchado, excepto que – ahora – en sus circunstancias, deben coexistir con deseos básicos de libertad personal y de seguridad para él y su familia, todo lo cual yo ya doy por sentado. Por ello, mis perspectivas pueden en ocasiones colidir con mis amigos, quienes están en circunstancias muy diferentes.
Por ello, no solo envío a mis compatriotas privados de libertad un estrecho abrazo de solidaridad y mis deseos más fervientes de que pronto puedan disfrutar de la ansiada libertad y de la vida civilizada a la cual tienen derecho, sino que les envío mis excusas si en alguna ocasión he sido demasiado severo y radical en mi enjuiciamiento de la situación política venezolana, en lo que a ellos se refiere. Aunque mis deseos y los deseos de ellos son idénticos en su esencia, podrán diferir en una u otra ocasión en los caminos a seguir para llegar al mismo destino. Ello no quiere decir que las diferencias en perspectivas y estrategias deban significar abandono de principios.
A fin de minimizar estas diferencias solo podemos llamar, en nuestro auxilio, las enseñanzas de nuestros padres, de nuestros maestros y de la historia, como han actuado otros seres humanos, desde Tomás Moro a Juana de Arco, desde Pierre Laval a Neville Chamberlain. Como actuar frente a la dictadura venezolana, creo, es más fácil que enjuiciar la actuación de otros en este sentido, ya que exige la aplicación de una mezcla de principios y de compasión cuyo balance es elusivo. Solo puedo prometer tratar de acercarme en lo posible a la mezcla ideal.

Quizás pensar en que pudiera ser mi hijo quien está preso me ayude en estos esfuerzos. Pero ni de eso estoy seguro, creo que es preciso estar enfrentado directamente con la experiencia para saber cómo actuaríamos. Quiera Dios que, si llegara ese momento, sepamos estar a la altura de nuestras convicciones.

Venezuela: Abusos sistemáticos contra opositores – Human Rigths Watch – 29 de Noviembre 2017

logo.png(Washington D.C.) – El gobierno venezolano ha empleado en forma sistemática fuerza brutal, incluidas torturas, contra manifestantes críticos del gobierno y opositores políticos, señalaron en un informe difundido hoy Human Rights Watch y la organización venezolana Foro Penal.

El informe de 73 páginas, “Arremetida contra opositores: Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela”, documenta 88 casos sobre al menos 314 personas, muchas de las cuales describieron haber sufrido graves violaciones de derechos humanos en Caracas y 13 estados entre abril y septiembre de 2017. Miembros de las fuerzas de seguridad golpearon violentamente a detenidos y los torturaron con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras técnicas brutales. También emplearon la fuerza excesiva contra personas en las calles, y detuvieron y procesaron arbitrariamente a opositores del gobierno. Aunque no fue la primera arremetida contra críticos del gobierno de Nicolás Maduro, la magnitud y gravedad de la represión en 2017 llegó a niveles inéditos en la historia reciente venezolana.

“Los abusos perversos y generalizados contra opositores del gobierno en Venezuela, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “No se trata de abusos aislados u ocasionales por parte de agentes insubordinados, sino más bien de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas”.

Los abusos perversos y generalizados contra opositores del gobierno en Venezuela, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles

El informe se basa en entrevistas realizadas a más de 120 personas, incluidas víctimas y sus familiares, abogados afiliados al Foro Penal que asistieron pro-bono a víctimas en audiencias judiciales y profesionales médicos que atendieron a personas heridas durante las manifestaciones o en lugares próximos a ellas. También evaluamos las evidencias disponibles que corroboraban los testimonios, incluidas fotografías, grabaciones de vídeo, informes médicos y sentencias judiciales, y consultamos informes y declaraciones oficiales.

En algunos casos, los miembros de las fuerzas de seguridad detonaron cartuchos de gas lacrimógeno en ambientes cerrados donde había personas detenidas, hacinaron a los detenidos en pequeñas celdas de confinamiento por períodos prolongados y les negaron acceso a alimentos o agua, o los obligaron a ingerir alimentos contaminados deliberadamente con excremento, cenizas de cigarrillos o insectos.

En varios casos, los detenidos fueron víctimas de abusos físicos y psicológicos, con la presunta intención de castigarlos o coaccionarlos para que se incriminaran o comprometieran a otros, incluyendo a dirigentes opositores. El tipo de abusos y el momento en que se produjeron muchos de ellos —así como la expresión frecuente de epítetos políticos por los agresores— sugieren que el propósito no fue garantizar la aplicación de la ley ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus supuestas opiniones políticas, señalaron Human Rights Watch y el Foro Penal.

“No es nada más un líder político; no es nada más una figura pública. Es un ciudadano de a pie; fui yo”, dijo Ernesto Martin (seudónimo), de 34 años, quien fue detenido en su hogar por haber criticado públicamente al gobierno y luego torturado para incriminarse y confesar que tenía supuestos nexos con la oposición política.

A pesar de las evidencias abrumadoras de violaciones de derechos humanos, Human Rights Watch y el Foro Penal no consiguieron ningún indicio de que funcionarios públicos en puestos clave —incluidos aquellos que sabían o debían haber sabido sobre los abusos— hayan adoptado medidas para prevenir y sancionarlos. Por el contrario, a menudo han restado gravedad a los abusos o han negado indiscriminadamente, y con total inverosimilitud, lo sucedido.

En abril, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles en Venezuela, en respuesta a una maniobra del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela —que es completamente servil a la presidencia— para usurpar los poderes de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Las manifestaciones se multiplicaron rápidamente por todo el país y siguieron durante meses, alimentadas por el descontento generalizado con las prácticas autoritarias del Presidente Maduro y la crisis humanitaria que ha devastado al país durante su gobierno.

Los abusos en las calles han disminuido desde julio tan sólo porque hay menos manifestaciones, pero el gobierno no ha dado señales de que tenga previsto renunciar a la represión brutal de opositores, ni mucho menos de exigir que los funcionarios rindan cuentas por los abusos generalizados que se cometieron. La impunidad ha sido la regla.

El gobierno venezolano ha caracterizado las protestas en todo el país como violentas. Hubo algunos episodios en los cuales ciertos manifestantes emplearon violencia, por ejemplo, arrojando piedras y cócteles Molotov contra las fuerzas de seguridad. No obstante, los abusos violentos documentados no fueron parte de un intento por reprimir manifestaciones violentas. Por el contrario, estas atrocidades se infligieron a personas que ya estaban bajo la custodia o el control de las fuerzas de seguridad, o constituyeron actos de violencia desproporcionada o abusos deliberados contra personas en protestas, en las calles o incluso en sus propias viviendas.

Miembros de las fuerzas de seguridad y de pandillas armadas partidarias del gobierno, llamadas “colectivos” en Venezuela, han provocado decenas de muertes y cientos de heridos. En muchos casos, han disparado cañones de agua, gases lacrimógenos y perdigones a corta distancia, de tal forma que parecen haber tenido como propósito causar lesiones dolorosas.

“Desde abril, las autoridades han detenido al menos a 5.400 personas”, indicó Alfredo Romero, director del Foro Penal. “Algunos detenidos fueron liberados sin haber sido llevados ante un juez, pero otros fueron objeto de procesos penales arbitrarios sin las garantías más básicas de debido proceso”.

Al menos 757 civiles fueron juzgados en tribunales militares por delitos que incluyeron traición a la patria y rebelión militar, en violación del derecho internacional.

Gobiernos de la región y otros continentes han condenado la represión de la expresión y protesta pacífica en Venezuela. Es crucial que, con urgencia, se redoble la presión multilateral sobre el gobierno venezolano para que este libere a quienes fueron detenidos arbitrariamente, desista de los cargos en procesos penales con motivaciones políticas y actúe para que los responsables de violaciones de derechos humanos respondan por sus actos.

Antes de la publicación del informe, Human Rights Watch y el Foro Penal compartieron sus conclusiones con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien está realizando un seguimiento detallado de la situación de los derechos humanos en el país.

“Hay altos funcionarios venezolanos que son responsables por los abusos graves y extendidos que están siendo cometidos por sus subordinados”, destacó Vivanco. “Los gobiernos comprometidos con solucionar la crisis venezolana deberían enviarles un mensaje claro: si el gobierno venezolano no demuestra tener la capacidad o voluntad para que los miembros de las fuerzas de seguridad respondan penalmente en Venezuela por los abusos que cometen, entonces la comunidad internacional promoverá que se haga justicia en el extranjero”.

A continuación, se encuentra disponible una selección de casos documentados.

Selección de casos de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad

Ernesto Martin (seudónimo) (34), Caracas. En abril, agentes de inteligencia detuvieron a Martin después de que este criticara públicamente al gobierno. Dijo que agentes le esposaron las manos y los tobillos, lo colgaron del techo y le aplicaron descargas eléctricas mientras le preguntaban por sus vínculos con la oposición. Afirmó haber sido golpeado y amenazado de muerte. Durante semanas, no se permitió a Martin ver a su familia, su abogado ni a un juez. Lo liberaron luego de advertirle que no podría hablar de política en sus redes sociales. Martin huyó del país.

Alejandro Pérez Castilla (seudónimo) (32), estado Carabobo. El 26 de julio, agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron a Pérez durante una manifestación. Contó que lo subieron a un vehículo blindado, donde lo golpearon durante horas, le pisotearon los dedos de la mano, le presionaron el rostro contra los genitales de uno de los guardias y amenazaron con violar a su hija. Según dijo, mientras estaba detenido, los agentes le frotaron polvo de gas lacrimógeno en el rostro, los ojos, la nariz, y en las heridas de perdigones provocadas por disparos efectuados por las fuerzas de seguridad durante la manifestación. Explicó que lo golpearon guardias mientras estaba colgando esposado de la carcasa de un aire acondicionado, y que apenas podía tocar el piso. Contó que, más tarde, lo obligaron a sentarse esposado a un banco metálico y le aplicaron un arma paralizante en la pantorrilla. Relató que los agentes también detonaron un cartucho de gas lacrimógeno dentro de su pequeña celda y luego cerraron la puerta.

Orlando Moreno (26), estado Monagas. El 27 de junio, agentes de la policía del estado Monagas detuvieron a Moreno cuando se retiraba de una manifestación contra el gobierno. Según contó, mientras estuvo detenido, agentes de la GNB lo colgaron de un tanque de agua elevado desde donde apenas podía tocar el piso con los pies, y lo golpearon reiteradas veces para intentar obligarlo a filmar un video incriminando a líderes de la oposición, incluida María Corina Machado, la dirigente del partido que él representaba en Monagas, en relación con el financiamiento de las protestas.

Armando López Carrera (seudónimo) (17), estado Carabobo. López contó que, el 20 de julio, miembros de la GNB lo arrestaron durante un enfrentamiento entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad. Detalló que durante la detención fue obligado por agentes a caminar en cuclillas, le dieron golpes con palos, le cortaron el cabello, lo golpearon y lo obligaron a hacer ejercicios de entrenamiento militar, y también a inclinarse y mantenerse en equilibrio sobre pies y cabeza, sin usar las manos, por cerca de cinco minutos. Contó que permaneció hacinado con otras personas en una celda de castigo varios días.

Reny Elías (35), estado Zulia. El 20 de julio, agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a Elías en su vivienda, sin una orden judicial, y lo golpearon con sus escudos y cascos, según contó Elías, mientras lo arrastraban hacia afuera jalándolo del cabello. Contó que, mientras estuvo detenido, varios agentes lo golpearon con sus fusiles y con cascos, lo obligaron permanecer acostado en el piso mientras caminaban sobre su espalda y le arrojaron agua y polvo para gas lacrimógeno en el rostro. Manifestó que presenció la violación de otro detenido con un palo de escoba, y que vio cómo acosaban sexualmente a mujeres detenidas.

Un Movimiento Nacional de Defensor@s de Derechos Humanos por Nelson Freitez – TalCual – 17 de Noviembre 2017

La adversidad ha venido templando la resiliencia de unas agrupaciones que aprendiendo del saber acumulado de las ONGs de mayor trayectoria, hoy asumen con cada vez mayor entereza el reto de la plena promoción y defensa de los DDHH en contextos adversos y en medio de esta dolorosa emergencia humanitaria compleja que vivimos.

Un movimiento social existe cuando una diversidad de actores sociales comparte una identidad, una estructura de relaciones y acuerdan bajo un marco común de interpretación de la realidad, actuar coordinadamente para perseguir metas comunes. En las últimas 2 décadas en el país se ha multiplicado un proceso de surgimiento y relación entre organizaciones ciudadanas que, ante el agravamiento de las condiciones de vida de la población, el severo deterioro de la institucionalidad y las masivas violaciones de derechos humanos, vienen intensificando sus procesos de articulación como movimiento nacional en el campo de la promoción y defensa de los derechos humanos (DDHH)

En Venezuela desde comienzos de los años 90 del siglo pasado surgieron organizaciones promotoras y defensoras de derechos humanos, que vinculadas o constituidas por víctimas de las violaciones a tales derechos, han documentado, denunciado y difundido esas afectaciones, abogando por el respeto del Estado de Derecho y de las obligaciones estatales con los derechos de la población. El contexto de empobrecimiento, represión y conflictividad política y militar de los años 90, fue el acicate para que personas y grupos vinculados con la iglesia católica, las universidades y agrupaciones ciudadanas diversas, asumieran el rol y el compromiso en esta vital área de acción social y política de la sociedad venezolana.

En estas 2 últimas décadas, iniciadas con elevadas expectativas por el respeto y ampliación de los DDHH dada la aprobación del marco de derechos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se han registrado por el contrario severas afectaciones en los derechos económicos, sociales y culturales y, además bajo un progresivo desmantelamiento del Estado de Derecho, que está afectando profundamente el ejercicio de los derechos civiles y políticos de nuestra población.

Como respuesta a tales deterioros y en la búsqueda afirmativa de realizar las expectativas que se generaron, estas décadas han sido el tiempo de la multiplicación de las iniciativas ciudadanas en la brega por el respeto a los DDHH. En la medida en que estos derechos conceptualmente se han ampliado y se han consagrado en las legislaciones y pactos internacionales (ambientales, diversidad sexual, a la paz, pueblos indígenas…), han emergido grupos que han abogado por su defensa y plena ejercicio.

Dado ese despliegue diverso de agrupaciones en todos los estados del país, las ONGs de mayor trayectoria y desarrollo en el campo de los DDHH tomaron la iniciativa de convocar un I Encuentro de Defensores y Defensoras de DDHH en el año 2015 con la presencia de unas 80 personas de más de 40 agrupaciones de unas 8 entidades federales del país. Este espacio permitió el reconocimiento mutuo de la diversidad de inserciones sociales de diferentes grupos con la común vocación por la promoción y defensa de los DDHH. Este ´descubrimiento´ para muchas agrupaciones de que lo que hacían y buscaban como objetivo se enmarcaba en el campo de los DDHH, posibilitó una autodefinición como defensores y defensoras de DDHH que ha propiciado el surgimiento de un Movimiento Nacional. El cual ha venido desde entonces tejiendo sus redes de relación y construyendo sus marcos de acción compartida, avanzando en proyectos e iniciativas cada vez más en conjunto.

Recientemente, por tercer año consecutivo, se realizó el III Encuentro de Defensores y Defensoras con la participación de 190 personas, de 17 entidades federales del país y pertenecientes a 103 agrupaciones. Congregándose activistas de las áreas de defensa de pueblos indígenas; niños, niñas y adolescentes; mujeres; trabajador@s; ambiente; diversidad sexual; derechos universitarios; salud y nutrición; educación; población interna en penales.

Esta diversidad social, su amplia cobertura geográfica y, sobre todo, la visión compartida y el compromiso de quienes se niegan a “ver pasar el cadáver de Job” sin documentar, denunciar y difundir, sin acompañar muy cercanamente a un pueblo que sufre y anhela, es enormemente auspiciante sobre las perspectivas de este movimiento social. La adversidad ha venido templando la resiliencia de unas agrupaciones que aprendiendo del saber acumulado de las ONGs de mayor trayectoria, hoy asumen con cada vez mayor entereza el reto de la plena promoción y defensa de los DDHH en contextos adversos y en medio de esta dolorosa emergencia humanitaria compleja que vivimos.

 

El alcalde Ledezma en libertad por Héctor E. Schamis – El País – 18 de Noviembre 2017

El escape es una gran noticia para la democratización de Venezuela

La prensa mundial informa sobre la fuga de Antonio Ledezma. Es cierto: el alcalde de Caracas se fugó, pero es una verdad a medias. Pues se trata de una huida de sus secuestradores.

Como tantos otros, como todo un pueblo, Ledezma era rehén de una organización criminal. El “rescate” no era en moneda corriente. Se medía en un silencio que jamás pudieron imponerle. Por ende, la “liberación” nunca fue tal, era la cárcel o el confinamiento en su casa. Y a ello debe agregarse la arbitrariedad de sorprenderlo con uno o con otro. Así durante 1.000 días.

Verdad a medias porqué en un Estado de derecho, con debido proceso y garantías constitucionales, es posible evadir la justicia y convertirse en un prófugo de ella. En un Estado controlado por una mafia, sin embargo, no existe ni el espejismo de un juicio justo. Allí los presos son rehenes, los guardias son sus captores y la cárcel es el aguantadero de un secuestro. Quien escapa no puede ser un prófugo.

Así es Venezuela, metáfora de “Casa Tomada” de Cortázar. País ocupado por una fuerza extraña que, como en el célebre cuento, fue gradualmente tomando control hasta quedarse con todo. Un cartel delictivo sin control que saqueó sus recursos, endeudó al Estado, hambreó a su pueblo, enfermó a sus niños, arrasó con sus instituciones, cometió crímenes indecibles, y expulsó a millones, tal como fueron expulsados Irene y su hermano.

Ahora, finalmente, el mundo conoce todo esto. En las Naciones Unidas y en la OEA se habla de la gravedad de los crímenes, en Wall Street del inminente default, en Ginebra de los refugiados y en Roma del hambre. Y ahora, además, el Joker, que no es chiste, salió del mazo de cartas: el alcalde en libertad, hoy en Madrid y mañana en todas partes.

Ledezma en la ecuación cambia su resultado. Su voz lleva el peso de la autoridad que dan sus principios, la legitimidad que viste su decencia. Es él quien ha señalado qué hacer, y qué no, para transitar hacia la democracia. Es él quien puede guiar a los inexpertos, convencer a los confundidos y motivar a los indecisos; pero también exponer a los hipócritas.

Es él quien recuerda que para que la política sea noble, debe ser ética e ir de la mano del decoro, “virtud de las virtudes”, afirma aristotélicamente. Ledezma en libertad es un problema para el régimen tanto como para los colaboracionistas, los cobardes y los campeones del eufemismo, los que dialogan a cambio de nada, los que hablan de ocupar espacios ficticios, los que llaman a votar a sabiendas del fraude.

Ledezma en libertad es una gran noticia para la democratización de Venezuela. En el exilio, además, evoca al hacedor de la democracia venezolana del siglo XX, aquel que la diseñó desde Nueva York y regresó para presidirla: Rómulo Betancourt.

“La historia siempre ocurre dos veces”, decía un escritor alemán del siglo XIX, “la primera como tragedia y la segunda como farsa”. Esta historia, sin embargo, bien podría ser una repetición virtuosa.

 

Otro crimen por Ramón Peña – La Patilla – 19 de Noviembre 2017

Por crímenes de lesa humanidad se entienden, a juicio del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), aquellos actos inhumanos que tienen como finalidad eliminar personas, torturarlas, hacerlas sufrir a través de alguna modalidad cruenta, y que de manera sistemática afectan a una gran masa de individuos. Los casos que la Fiscal Ortega Díaz ha presentado ante la CPI invocan delitos de esta naturaleza: “asesinatos, torturas, encarcelación y ataque sistemático contra la población civil”. La Corte estudiará los fundamentos de tal acusación.

Pero existe en el país la evidencia de otro crimen que también de manera sistemática causa dolor y muerte a una masa creciente de la población civil, aunque no llene los requisitos calificativos de lesa humanidad exigidos por el Estatuto: el abandono asistencial de una poblacion que se enferma y muere por carencia de medicamentos y atención hospitalaria, ignorada por las autoridades responsables por la salud pública. Todos somos testigos de este padecimiento. Las pruebas las presentan las propias víctimas. Esta semana hemos visto a centenares de enfermos –solo en el Municipio El Callao, más de 500- desesperados, obstruyendo carreteras por no contar con tratamiento y medicamentos contra el paludismo que padecen. La desidia sanitaria ha provocado la repatriación de la malaria y la difteria. De manera dramática, una señora apureña, paciente renal, declaraba hace unos días antes de morir: “Perdí la vida, como muchos trasplantados han perdido la vida, la esperanza”. “Nos están quitando la vida si no nos dan los medicamentos”.

Para nosotros éste es un crimen contra nuestra humanidad, además premeditado: no les pagaron a los laboratorios farmacéuticos 4 millardos de dolares de deuda y permitieron que se fueran del pais, destituyeron a una ministro por revelar las cifras de la tragedia sanitaria, los médicos que denuncian son perseguidos o destituidos. Si éste no es un caso para la Corte de La Haya, esperamos que habrá de serlo para los tribunales venezolanos.

 

Resúmen de la Reunión Fórmula Arria del Consejo de Seguridad sobre Venezuela – 13 de Noviembre 2017

Discursos

• Estados Unidos

• Hemos recibido presiones de interlocutores para que esta reunión no se celebre. Todavía más importante es ver a mis amigos del Consejo de Seguridad que han sucumbido a la presión de Venezuela y no participan.

• Hablamos de un país que debería estar en excelentes condiciones económicas y con experiencia democrática. Pero todo este potencial se está malgastando por un gobierno que sólo quiere salvaguardar su poder a costa del bienestar de su pueblo. El gobierno de Maduro es una dictadura, le niega la voz a su propio pueblo encarcelando a los opositores, rechazando su Asamblea Nacional democráticamente elegida y realizando unas elecciones falsas que todo el mundo se da cuenta que están amañadas.

• El gobierno no sólo les niega los derechos a los venezolanos, sino también la salud y la vida misma. Existen graves problemas de salud en donde personas mueren en hospitales por pobres condiciones sanitarias, en donde mujeres son forzadas a dar a luz en el suelo y con carencias de todo tipo de servicios y abastecimientos. Enfermedades infecciosas que habían desaparecido en Venezuela hace 25 años vuelven a resurgir y los niños mueren de desnutrición.

• La crisis que ahí se vive hoy es una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Venezuela es un Estado cada vez más violento, un Estado narco que amenaza a la región y a todo el mundo

• No hace mucho Venezuela tenía el PIB per cápita más importante de la región. Hoy las familias venezolanas tienen dificultades para sobrevivir con 8 dólares al mes. El resultado es que los vecinos de Venezuela están pagando por la violencia y la pobreza a la que somete el régimen de Maduro a los venezolanos.

• 2.5 millones de venezolanos han abandonado sus casas para buscar nuevas condiciones de vida en los últimos 10 años y medio millón de venezolanos se han ido a Colombia y a otros países vecinos para buscar una mejor vida, seguridad y protección.

• El régimen Maduro está intentando de forma desesperada recuperar la legitimidad internacional que ha perdido por completo, pero no le podemos conceder legitimidad hasta que las acciones del régimen lo merezca y por supuesto que hasta ahora no lo merecen.

• Seguimos pidiendo al gobierno venezolano que ofrezca apoyo humanitario al pueblo venezolano y pedimos también una liberación inmediata y sin condiciones de todos los prisioneros políticos así como las elecciones libres y justas. Pedimos que se recupere la Asamblea Nacional legítimamente elegida y también los magistrados del Tribunal Supremo

• Italia

• 150 mil personas con pasaporte italiano viven en Venezuela y más de un millón de venezolanos tienen un origen italiano.

• Debemos crear un diálogo para lograr sentar el camino a un proceso político que permitirá que el país pueda tener de nuevo la posibilidad de decidir cuál será su futuro.

• Uruguay

• La situación en Venezuela no constituye una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales.

• El gobierno venezolano no puede aspirar a una convivencia normal con sus vecinos en la región hasta que no se reestablezca la democracia en el país.

• El Gobierno de mi país reiteró el pasado 1 de agosto, una vez elegida la Asamblea Nacional Constituyente, su compromiso con la República Bolivariana de Venezuela en la búsqueda de una solución política negociada y duradera que ponga fin a la violencia y a la polarización de la sociedad venezolana y destacó una vez más que el encarcelamiento político no contribuye a dicha solución. En esa ocasión pidió la liberación de Leopoldo López, de Antonio Ledezma y de otros dirigentes políticos.

• Ucrania

• Pedimos al gobierno de Venezuela que respete plenamente los DDHH de sus ciudadanos y que coopere sin condiciones con la ACNUR.

• Francia

• Varios representantes de la oposición y de la sociedad civil siguen siendo detenidos de forma arbitraria fuera de cualquier marco jurídico.

• A nivel humanitario a mi país le preocupa en particular las repercusiones de las penurias que vive la población que no dispone de lo suficiente para atender a sus necesidades médicas y de alimentos.

• Notamos con preocupación que estas violaciones de los DDHH tienen consecuencias regionales sobre todo en lo que ataña a los desplazamientos de la población.

• Reino Unido

• La situación actual amenaza la seguridad y la estabilidad económica de la región entera.

• Nosotros seguimos pidiendo al gobierno de Venezuela que respete las instituciones democráticas como la Asamblea nacional, el derecho de los oponentes políticos a la protesta pacífica y la liberación de todos los presos políticos.

• Japón

• Japón insta encarecidamente a que se respete la democracia en el país.

• Etiopía

• El país pueda gestionar esos problemas sin abandonar su gobernabilidad que permitió dar espacio a la oposición.

• Las difíciles condiciones socioeconómicas y políticas deberían resolverse mediante el diálogo y la negociación entre los actores venezolanos y dentro del marco de la constitución venezolana.

• Suecia

• La responsabilidad en ultima instancia de poner fin a la crisis venezolana descansa en el pueblo venezolano y pedimos al gobierno y a la oposición que participen en un debate constructivo, en unas negociaciones significativas, como la única forma sostenible de abordar la crisis actual para responder las necesidades tan acuciantes del pueblo venezolano. Pedimos también al gobierno que restaure la legitimidad democrática a través de la celebración de elecciones libres y justas para poder reestablecer la confianza que es tan necesaria y el respeto a las instituciones democráticas, para lo que es necesario que se liberen todos los prisioneros políticos, que se apruebe un calendario electoral y que se brinde acceso humanitario a la población.

Intervenciones

• Secretario General de la OEA Luis Almagro

• Esta reunión es necesaria: en Venezuela hoy se ha instalado una dictadura tiránica. El país es gobernado por un esquema criminal con vínculos oficiales con el narcotráfico y que utiliza los medios del Estado para el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Los opositores son encarcelados y torturados. Las manifestaciones callejeras de este año para reclamar libertades culminaron con más de 120 personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y más de 15.000 heridos.

• En un país rico que es una potencia petrolera mundial de primer orden la gente carece de alimentos y medicinas, se expanden las enfermedades ya erradicadas del país por años (como la difteria, paludismo y malaria, tener una enfermedad crónica como diabetes ha significado condena de muerte de pacientes).

• Hace tiempo que dejó de existir la separación de poderes y que el Poder Judicial no es más que una oficina dependiente del aparato represivo al igual que el Consejo Nacional Electoral, se usurpan, se inventan fraudulentos mecanismos autoritarios como la Asamblea Nacional Constituyente instalada en 2017 sobre la base de un fraude electoral de más de un millón de votos. Imaginen ustedes que en sus países, cualquiera sea su sistema político, se agregaran fraudulentamente más de un millón de votos: sola la nulidad del mismo es posible.

• Venezuela es una amenaza a la estabilidad y la seguridad de las Américas, causa la mas grave crisis migratoria al presente, tiene instalado al narcotráfico en la cúpula del gobierno : los sobrinos de la pareja presidencial están siendo juzgados en Nueva York por tráfico de drogas, el vicepresidente ha sido catalogado como cabecilla del narcotráfico y se le han congelado bienes por cientos –sino miles- de millones de dólares, el ministro del interior tiene una acusación internacional por narcotráfico, etc., generando lazos con redes criminales internacionales y grupos catalogados como terroristas, entregando pasaportes venezolanos a connotados delincuentes internacionales. Nadie debe elegir el camino de ignorar esta información.

• Es un obstáculo insalvable al desarrollo, impidiendo al pueblo venezolano el acceso a los bienes y servicios más básicos al generar la peor crisis económica de la historia moderna del país, en un contexto de corrupción en que los gobernantes cuentan con millonarios depósitos bancarios en el extranjero, • Es un violador serial y contumaz de los derechos humanos de su gente. Asesina, tortura, encarcela, censura, inhabilita o depone autoridades electas por el pueblo o designados por procedimientos constitucionales.

• El silencio, las excusas metodológicas o procesales, las ausencias, el lenguaje neutro o condescendiente y mantener calladas o descalificar las denuncias son la principal causa de que el régimen venezolano aún torture, asesine, persiga y tenga presos de conciencia.

• Es hora de tomar las medidas necesarias para enfrentar la crisis: Primero, la anulación de la Asamblea Nacional Constituyente, el cese inmediato de la represión, la liberación de todos los presos políticos, el fin de la tortura, un calendario electoral integral –incluyendo elecciones presidenciales- que asegure la celebración de comicios libres, justos y transparentes con observación internacional de la UE y la OEA, las dos organizaciones internacionales con mejores capacidades en ese sentido, el retorno al orden constitucional con el pleno respeto a la separación de poderes, la apertura de un canal humanitario. • Segundo, apoyar la institucionalidad democrática venezolana, como la Asamblea Nacional, y la Corte Suprema legítima, que se encuentra hoy en el exilio.

• Tercero, son necesarias sanciones cada vez más severas dirigidas contra el régimen y contra los integrantes del régimen responsables de violaciones de los derechos humanos o que están involucrados en la delincuencia organizada transnacional, así como contra quienes han atentado contra la democracia. Hacemos nuestras las palabras del Presidente Macri pidiendo embargo petrolero. Como hemos visto la muerte, la pobreza y el sufrimiento son responsabilidad directa de este gobierno, de su ineficiencia, de sus actividades criminales y de su corrupción.

• Finalmente, continuar con las investigaciones para determinar si se han cometido –y si se siguen cometiendo- crímenes de lesa humanidad por parte de los dirigentes del gobierno venezolano

• Alto Comisionado de los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein

• Desde agosto, si bien sigue siendo crítico, la situación de los derechos humanos ha evolucionado. Las protestas han disminuido drásticamente, y también el número de muertes relacionadas y detenciones arbitrarias. Sin embargo, mi Oficina ha seguido recibiendo denuncias de hostigamiento, detenciones arbitrarias, tortura o malos tratos a personas que se oponen al gobierno.

• El uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas como se documenta en nuestro informe marcó la continuación de un patrón que existía desde al menos 2014. Una investigación de la Fiscalía indica que las fuerzas de seguridad fueron responsables de 357 ejecuciones extrajudiciales entre julio de 2015 y marzo 2017.

• Al compilar el informe, mi Oficina descubrió que las fuerzas de seguridad nacional habían recurrido sistemáticamente a la detención arbitraria de manifestantes. Se registraron 5.051 detenciones arbitrarias relacionadas con las protestas, de las cuales 600 civiles fueron presentados ante tribunales militares. Además, también se documentaron los patrones de malos tratos, que en ocasiones equivalían a tortura y graves violaciones de los derechos al debido proceso

• Si bien las detenciones arbitrarias han disminuido desde el final de las manifestaciones, se registraron alrededor de 400 casos nuevos entre el 1 de agosto y el 31 de octubre. Las detenciones parecen haberse vuelto aún más selectivas, dirigidas a personas identificadas como líderes de protestas, así como a opositores políticos, incluidos alcaldes y parlamentarios.

• La falta de respeto por los derechos al debido proceso continúa prevaleciendo. De la gran mayoría de las personas que fueron liberadas, unas 5.000, todavía enfrentan un enjuiciamiento penal y viven con el temor de ser detenidas nuevamente. Algunos han optado por abandonar el país. Si bien algunos de los casos presentados ante tribunales militares fueron transferidos a tribunales ordinarios, según el Foro Penal Venezolano, 198 casos civiles permanecen dentro de la jurisdicción militar.

• Mi oficina ha recibido más información alegando que los malos tratos y la tortura de los detenidos han continuado. Estoy consternado por la absoluta falta de información sobre cualquier progreso con respecto a la investigación de actos de tortura y otros malos tratos a detenidos. Según los informes, muchas víctimas se han negado a presentar denuncias por temor a represalias y porque han perdido toda confianza en el sistema de justicia.

• En este contexto político, millones de venezolanos viven en condiciones difíciles, ya que el gobierno se niega a reconocer o abordar la existencia de una crisis humanitaria. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de 2017 reveló que la desnutrición había aumentado en 1,3 millones de personas en los últimos tres años. La inflación es tan alta que hoy en día, una familia necesita 16 veces el salario mínimo para acceder a la canasta básica de alimentos.

• La situación de la salud también ha seguido deteriorándose debido a la continua escasez de medicamentos y la falta de acceso a la atención médica. Las enfermedades transmitidas por mosquitos, así como las tasas de mortalidad infantil y materna están en aumento.

• El reflejo más claro del deterioro de la situación humanitaria y de los derechos humanos es el número cada vez mayor de venezolanos que huyen de su país. Según el ACNUR, entre 2014 y septiembre de 2017, más de 100.000 venezolanos buscaron asilo en el extranjero, la mitad de ellos solo en 2017. El ACNUR estima que al menos 600,000 venezolanos han migrado recientemente a países vecinos sin presentar solicitudes de asilo.

• Joseph Donnelly de Caritas International

• Según estudios de las universidades reconocidas el 82% de los venezolanos viven en pobreza. La inflación anual acumulada de los últimos 12 meses llega a 1081%, la más alta en el mundo y el IESA prevé un incremento de 4700% el año que viene.

• La salud se deteriora por la falta grave, en torno al 90% y entorno también a la falta de medicamentos. Esto lleva a la aparición de enfermedades que antes se habían erradicado, como la malaria, la difteria y la tuberculosis.

• Los precios de los alimentos han incrementado en un 650%. Sólo 4 millones de personas pueden comer 2 veces al día y el 68% de las familias han tenido que recurrir a estrategias de supervivencia como la búsqueda de comida en las basuras y la prostitución para adquirir alimentos. Los padres permiten a los hijos que duerman más y que no vayan a la escuela.

• Según los estudios realizados, en 2016 la desnutrición aguda era de 9%, ahora es de 15%.

• Foro Penal

• De los 343 presos políticos sólo 11 son dirigentes políticos y 33 han recibido sentencia condenatoria. La mayoría son ciudadanos ordinarios que fueron detenidos por su derecho a disentir y no han tenido oportunidad de defenderse.

• Desde enero de 2014 el gobierno ha realizado 11.993 detenciones por motivación política. Cuando Maduro llegó al poder existían 11 presos políticos y en el mes de junio de este año se alcanzaron 670 presos políticos en un solo instante. Se estima que la cifra disminuya durante el año hasta alrededor de 100 presos políticos. 7078 personas con libertad, pero con medidas cautelares, con restricciones severas sobre sus derechos políticos y civiles. 17 personas con boletas de excarcelación que no han sido liberadas. • Alrededor de 12mil personas detenidas desde 2014, 15% de ellos fueron torturados. Patrón de violencia sexual contra mujeres. Niegan medicinas a personas que las necesitan y varias han muerto a causa de esto.

• En EEUU 21.407 venezolanos solicitaron asilo, más de 13mil en Brasil, más de 12mil en Argentina, más de 4300 en España, más de 2000 en Uruguay y más de 1000 en México. Sin contar personas que no piden formalmente asilo que migran a Colombia, Perú, Ecuador y otros países

La UE ratifica sus primeras sanciones a Venezuela por Lucía Abellán – El País – 13 de Noviembre 2017

Los ministros europeos piden elecciones y la liberación de presos políticos

Europa ha ratificado formalmente sus primeras sanciones contra Venezuela. Los ministros de Exteriores de los 28 países comunitarios han aprobado este lunes por unanimidad un embargo de armas y de cualquier material destinado a la represión interna como castigo diplomático a los abusos de poder del régimen de Nicolás Maduro. También se abre la puerta a sancionar individualmente a los cargos políticos y militares considerados responsables del deterioro democrático.

Bruselas trabaja en la aprobación de sanciones a Venezuela desde el pasado mes de julio, cuando las elecciones a la Asamblea Constituyente apartaron del poder legislativo a la oposición y crearon un nuevo órgano de diputados afines al régimen. Los ministros reiteran que no pueden reconocer a esa cámara, vigente desde el verano, “por la seria inquietud que existe sobre su legitimidad y su representatividad”. A esas irregularidades, la UE añade las últimas elecciones a gobernadores, celebradas el 15 de octubre y consideradas fraudulentas por parte de la oposición. Las conclusiones aprobadas por los ministros destacan las “numerosas irregularidades” detectadas en esa consulta y urgen a poner en marcha una auditoría independiente para evaluar los resultados.

El chavismo aprueba una ley que criminaliza las protestas y la disidencia
Los titulares de Exteriores creen que estos acontecimientos solo “acentúan la polarización política en el país”. Y esgrimen los informes de Naciones Unidas sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela como “una razón adicional de alarma”. El país vive sumido en una fuerte crisis política y económica.

Este es el contexto en el que los ministros aprueban las sanciones, que de momento son de baja intensidad. Al embargo de armas y de material que pueda servir para someter a la población (incluidos dispositivos de vigilancia electrónica) se une el marco legal para penalizar a individuos concretos. Pero de momento no hay ninguno en la lista. El texto de conclusiones advierte de que las medidas se aplicarán “de manera gradual y flexible”, de forma que puedan expandirse o revertirse. Fuentes diplomáticas aseguran que los técnicos manejan ya nombres de personas que podrían incluirse en esa lista negra, que implica congelar los bienes que el individuo pueda tener en territorio comunitario y prohibirle la entrada en la UE. Bruselas ha preferido de momento exhibir solo la amenaza para mantener abiertos los canales del diálogo.

Para revertir las medidas restrictivas aprobadas, Europa pide cuatro condiciones: “la celebración de negociaciones creíbles y sustanciales, el respeto a las instituciones democráticas, la adopción de un calendario electoral pleno y la liberación de todos los presos políticos”. El texto adoptado insta al Gobierno venezolano a “restaurar urgentemente la legitimidad democrática, incluidas elecciones libres y justas”.

España ha sido uno de los países que más ha insistido en la necesidad de enviar una señal rotunda al Gobierno venezolano para tratar de frenar el deterioro democrático. Tras varios meses de dudas, los representantes de los Estados miembros ante la UE vencieron las últimas resistencias y aprobaron este paquete de medidas restrictivas la pasada semana. La duración inicial será de un año.

 

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