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Una generación de perseguidos y exiliados por Florantonia Singer – El País – 8 de Diciembre 2018

La toma del poder judicial en Venezuela, iniciada por Hugo Chávez, ha sido clave para sostener la llamada revolución, que cumple 20 años y arrastra un pesado fardo de centenares de presos políticos y torturas

Opositores venezolanos a las puertas del SEBIN demandan pruebas de vida de quienes consideran
Opositores venezolanos a las puertas del SEBIN demandan pruebas de vida de quienes consideran EFE

Cada seis horas un funcionario del servicio de inteligencia venezolano toca la puerta de la casa de Iván Simonovis, le hace una foto junto con un diario del día del periódico oficialista Últimas Noticias y la envía a sus jefes. De noche, el grillete electrónico que lleva vibra para que no olvide, ni siquiera mientras duerme, que está preso en su casa desde hace cinco años, después de pasar nueve en prisión, apenas la mitad de los 30 años a lo que lo condenaron. Con su libertad Simonovis perdió la patria potestad de sus hijos, se perdió sus graduaciones y la primera comunión del más pequeño. No tiene cédula ni ningún documento de identidad. “Lo anularon como persona”, dice su esposa y defensora, Bony Pertinez.

El comisario Simonovis es uno de los primeros presos políticos del chavismo. Fue condenado por dos de las 19 muertes que ocurrieron durante los disturbios del 11 de abril de 2002, cuando le dieron un golpe de Estado a Hugo Chávez. Es un caso emblemático de cómo la toma del poder judicial ha sido clave para sostener el modelo político que nació hace 20 años con la llegada —por la vía electoral con 3,7 millones de votos y más de cuatro millones de abstenciones— del exmilitar golpista.

La orden de captura de Simonovis la firmó tres días después de su captura en 2004 —dos años después de los hechos— el entonces juez Maickel Moreno, hoy presidente del Supremo de Venezuela. Lo acusó la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio. Simonovis era el encargado de diseñar las políticas públicas de seguridad de la Alcaldía Metropolitana, que en ese momento estaba al frente Alfredo Peña, uno de los primeros aliados de Chávez que se cambió de acera política y lo pagó con el exilio y parte de su equipo con cárcel.

En cadena nacional, el comandante eterno de la revolución lo llamó asesino y ordenó capturarlo. Una violación primigenia en el debido proceso que se ha hecho práctica en una Venezuela, donde abogados, activistas y defensores de los derechos humanos aseguran que no hay Estado de Derecho. La escena de la acusación hecha desde el Ejecutivo en televisión se ha repetido en el caso de la jueza Lourdes Afiuni, del líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, y más recientemente del diputado Juan Requesens, entre otros.

“La justicia no existe, porque hay un solo poder que da órdenes. La justicia se ha usado para perseguir e intimidar a la disidencia y castigarla no por lo que haya hecho sino por lo que representa en la sociedad, por eso se llevan presos a médicos, jueces, tuiteros, sindicalistas, policías, militares, políticos, diputados”, dice Pertinez después de 14 años de trajinar en los tribunales venezolanos por su esposo.

Metodología represiva

De los primeros 13 prisioneros políticos que encarceló Chávez, el chavismo pasó a mantener hasta 620 personas en prisión por razones políticas, un pico que alcanzó en 2017. A la fecha quedan 288 tras las rejas. Solo en el Gobierno de Maduro, ungido por Chávez para continuar la revolución bolivariana, casi 13.000 personas han pasado por una celda por protestar o por motivos políticos, de las cuales 7.512 siguen sometidas a medidas cautelares, según cifras del Foro Penal Venezolano. Al grueso expediente represivo, la Organización de Estados Americanos ha sumado 576 denuncias de tortura consignadas ante la Corte Penal Internacional, 200 muertes y más de 16.000 heridos durante la represión policial de las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017.

La ruta hacia la Venezuela de 2018 se trazó en los primeros días de la presidencia de Chávez. Es lo que Laura Louza, abogada y directora de la ONG Acceso a la Justicia, llama “el camino a la dictadura”, en el que la toma del poder judicial fue un vehículo. “Lo primero que hizo Chávez, antes de la aprobación de la Constitución, fue decretar la emergencia judicial, en la que todos los jueces fueron sometidos a una cacería de brujas y desde entonces se convirtieron provisionales, sin estabilidad, sujetos a manipulación. Más del 70% está en esa condición. Luego, vino la reorganización de los poderes públicos, que fue otro golpe de Estado. Después, en 2005, Chávez decretó de aumento del número de magistrados de 15 a 32 para, muy al estilo Fujimori, crecer el número de jueces aliados y en 2013 se terminó de aniquilar la separación de poderes con la sentencia del Supremo que dice que los jueces y el derecho están sujetos al sistema político imperante”, recuenta.

El Supremo ha dictado 160 sentencias que violan los derechos humanos y 83 contra la Asamblea Nacional, un poder que terminó disuelto en 2017, solo cuando el partido de gobierno perdió el control frente a la mayor victoria de la oposiciónen 20 años. “La manipulación del sistema de justicia ha sido parte de la metodología para hacer dictaduras en el mundo moderno. Se empezó a cambiar el Estado de Derecho y la Constitución y luego a dictar leyes anticonstitucionales usando una neolengua para hacer ver que se sigue inserto en el mundo de los derechos humanos. Esto nunca fue un proyecto de pobres, de derechos y de izquierda, sino uno autocrático”.

Desde el discurso, agrega Louza, el chavismo ya traía signos preocupantes de lo que ha sido un gobierno represivo, que van desde la amenaza de freír las cabezas de sus adversarios de otros partidos hecha en plena campaña de 1998 hasta el despido masivo en cadena nacional de 18.000 trabajadores que se sumaron a la huelga petrolera de 2003 y de aquellos que firmaron para solicitar un referéndum revocatorio en 2004.

Exilio y cárcel

David Smolansky tenía 13 años cuando Chávez llegó al poder. Hoy, con 33, vive en el exilio desde hace un año, cuando siendo alcalde de un municipio de Caracas el Supremo ordenó encarcelarlo haciéndolo responsable de los daños causados por las protestas que ocurrieron en su jurisdicción. “Los de mi generación nacimos o crecimos en una dictadura, no conocimos esa Venezuela abundante en oportunidades de la que hablan algunos, hemos arriesgado nuestra vida por algo que ni siquiera conocemos”, dice por teléfono desde un café en Washington donde elaboraba un informe sobre la situación de la crisis migratoria para la OEA. Smolansky pasó unos días en clandestinidad y luego le tocó huir disfrazado por la frontera con Brasil, que hoy han cruzado miles de venezolanos huyendo de la crisis.

“Chávez llegó a la Presidencia con medios, con separación y autonomía de poderes, pero se aprovechó de las vías e instituciones democráticas para conquistar el poder, luego pulverizarlas y hacerse un Estado a la medida. Un tipo que eligieron por cinco años, en sus primeros 18 meses logró estar por seis años con posibilidad de reelección y en 2009 lo hizo indefinido ignorando lo que la gente había rechazado en 2007 durante el referéndum de la reforma constitucional”.

Dentro de la masa que huye de Venezuela por la crisis económica y social, Smolansky se ha encontrado con concejales, funcionarios y dirigentes de todas las jerarquías, exiliados por amenazas políticas directas. Hay caras visibles como las del diputado Julio Borges o el alcalde Antonio Ledezma, pero el exilio venezolano, el de los perseguidos políticos, se calcula en centenares, asegura. Un éxodo que ha quebrado al liderazgo opositor.

Dos años, seis meses y ocho días pasó el diputado y activista LGBTI Rosmit Mantilla en prisión. Fue arrestado durante las protestas de 2014 y recluido en el Sebin, entonces con apenas 20 celdas, que luego fueron aumentando. Fue declarado prisionero de consciencia por Amnistía Internacional que presionó para que en 2016 recibiera una libertad condicional que vino acompañada de hostigamientos y amenazas en cada visita al tribunal.

A los nueve meses de salir de la cárcel se fue al exilio. Pasó los controles del aeropuerto de Maiquetía diciendo ser estilista, no diputado. “Cuando salí del Sebin había presos en todas partes, esposados a rejas, en los baños, vi a compañeros colgados en las celdas, a otros nos los llevaban ensangrentados para intimidar, viví la tortura psicológica, que te leyeran el Apocalipsis de la Biblia y te dijeran cosas de tu familia. Ahora por lo menos puedo dormir tranquilo y seguro con la certeza de que no voy a volver a la cárcel”, dice el político de 36 años asilado en Francia.

IMPUNIDAD Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

La ONG Cofavic ha documentado en los últimos cinco años un incremento alarmante de los casos de ejecuciones extrajudiciales. El número es abrumador: 6.385 casos, el 75% son de menores de 25 años de edad, el 95% hombres de zonas urbanas. La activista Liliana Ortega, directora de Cofavic, señala que en “el marco de una impunidad institucionalizada, en la que el 99% de los casos de violaciones de derechos humanos no pasan a juicio, en un país violento”, este terrible récord se multiplica.

Las denuncias se corresponden a muertes ocurridas durante operativos policiales de seguridad ciudadana en los que en la mayoría de los casos están involucrados agentes del organismo de investigación de crímenes (Cicpc).

“Desde el 2015 estamos en estado en excepción, lo que ha debilitando la garantía de los derechos humanos y aumentado la impunidad en casos que son demostraciones del desamparo de las víctimas, como las detenciones arbitrarias, encarcelamiento de figuras públicas y las desapariciones forzosas”.

Report on Preliminary Examination Activities 2018 – Corte Penal Internacional – 5 de Diciembre 2018

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En el siguiente enlace pueden acceder al informe completo de la Corte Penal Internacional de La Haya, donde el análisis de la situación en Venezuela a partir de la pagina 29 :

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La CIDH pide a Venezuela averiguar “la verdad” sobre la muerte de Albán – Panampost – 5 de Diciembre 2018

Meudy Osio, la viuda de Albán, denunció en una audiencia ante el CIDH “irregularidades” en la investigación sobre la muerte de su marido en la sede del Sebin, donde estaba detenido acusado de haber participado en un atentado contra Nicolás Maduro

El comisionado, Joel Hernández, consideró que tanto la viuda como la familia tienen “el derecho a conocer la verdad, a conocer cuáles son las circunstancias en las que perdió la vida” el concejal. (Twitter)

Washington, 5 dic (EFE). – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado de Venezuela que averigüe “la verdad” sobre la muerte del opositor Fernando Albán y que “por razones humanitarias” entregue el cuerpo a su familia, que vive en EE.UU.

La solicitud la formuló el comisionado, Joel Hernández, durante una audiencia sobre Venezuela en el marco del 170 periodo de sesiones del CIDH, que se celebra esta semana en Washington.

En la audiencia Meudy Osio, la viuda de Albán, denunció “irregularidades” en la investigación sobre la muerte de su marido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde estaba detenido acusado de haber participado en un atentado contra el presidente, Nicolás Maduro.

La Fiscalía venezolana asegura que Albán “se suicidó” al tirarse por una ventana del Sebin, pero su familia sostiene que fue asesinado y detenido por las autoridades en represalia por su participación en la Asamblea General de la ONU, que se celebró en Nueva York en septiembre.

“La detención arbitraria de Fernando fue resultado de sus reuniones en Naciones Unidas y Nueva York. Su desaparición forzada, custodia y muerte en el Sebin está inmersa en una cantidad de irregularidades. A casi dos meses de su muerte, no sabemos qué paso”, dijo su viuda.

“Pedimos -siguió- que el Estado le traslade aquí a EE.UU. para que le demos sepultura y que haya una comisión independiente para averiguar qué ocurrió en el Sebin”.

Los responsables de la Comisión recogieron esa petición y se la trasladaron directamente durante la audiencia al Estado.

Hernández consideró que tanto la viuda como la familia tienen “el derecho a conocer la verdad, a conocer cuáles son las circunstancias en las que perdió la vida” el concejal.

“Tienen el derecho a contar con los restos de su esposo, le trasladamos al Estado esa petición para que sea atendida por razones humanitarias”, añadió

En representación del Estado, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe Márquez, aseguró que trasladará la petición a su Gobierno, pero insistió en que ya se hizo “un conjunto importante de diligencias que conformaron el lamentable suicidio”.

Siete

Washington, 5 dic (EFE). – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado de Venezuela que averigüe “la verdad” sobre la muerte del opositor Fernando Albán y que “por razones humanitarias” entregue el cuerpo a su familia, que vive en EE.UU.

En la audiencia Meudy Osio, la viuda de Albán, denunció “irregularidades” en la investigación sobre la muerte de su marido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde estaba detenido acusado de haber participado en un atentado contra el presidente, Nicolás Maduro.

La Fiscalía venezolana asegura que Albán “se suicidó” al tirarse por una ventana del Sebin, pero su familia sostiene que fue asesinado y detenido por las autoridades en represalia por su participación en la Asamblea General de la ONU, que se celebró en Nueva York en septiembre.

“La detención arbitraria de Fernando fue resultado de sus reuniones en Naciones Unidas y Nueva York. Su desaparición forzada, custodia y muerte en el Sebin está inmersa en una cantidad de irregularidades. A casi dos meses de su muerte, no sabemos qué paso”, dijo su viuda.

“Pedimos -siguió- que el Estado le traslade aquí a EE.UU. para que le demos sepultura y que haya una comisión independiente para averiguar qué ocurrió en el Sebin”.

Los responsables de la Comisión recogieron esa petición y se la trasladaron directamente durante la audiencia al Estado.

Hernández consideró que tanto la viuda como la familia tienen “el derecho a conocer la verdad, a conocer cuáles son las circunstancias en las que perdió la vida” el concejal.

“Tienen el derecho a contar con los restos de su esposo, le trasladamos al Estado esa petición para que sea atendida por razones humanitarias”, añadió

En representación del Estado, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe Márquez, aseguró que trasladará la petición a su Gobierno, pero insistió en que ya se hizo “un conjunto importante de diligencias que conformaron el lamentable suicidio”.

Siete años esperando

Por otro lado, Hernández volvió a solicitar al Estado Venezolano que permita la entrada de la CIDH al país.

La CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), lleva siete años pidiendo permiso a Venezuela para ir a su territorio, pero el Ejecutivo se niega, aunque ahora está gestionando una visita con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Hernández afirmó que a la CIDH “le llena de esperanza” que Bachelet pueda visitar el país caribeño, pero insistió en su petición.

Gobierno Bolivariano invita a la alta comisionada de DDHH de la ONU Michelle Bachelet a visitar Venezuela por Iliany Martínez – Prensa Misión Permanente ONU-Ginebra – 26 de Noviembre 2018

El Representante Permanente de Venezuela ante la ONU-Ginebra, Embajador Jorge Valero, entregó hoy a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una carta del Presidente Nicolás Maduro Moros donde le extiende una invitación para que realice una visita oficial a Venezuela.

En la misiva el Presidente Maduro expresa que su visita al país le permitirá conocer de primera mano, y revisar junto al Gobierno Bolivariano, los amplios e históricos esfuerzos a favor de garantizar y promover los derechos humanos del pueblo venezolano.

El Presidente Maduro invita a la Alta Comisionada Bachelet a observar y conocer al detalle, las repercusiones negativas que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por factores adversos a Venezuela, han tenido contra los derechos humanos del pueblo venezolano. En ese sentido, el Embajador Jorge Valero entregó a la Alta Comisionada un voluminoso expediente sobre estas ilegales y criminales medidas.

El Presidente Bolivariano recalca en su comunicación que estas medidas están dirigidas a socavar la capacidad del Estado para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos, lo cual tiene como principal finalidad, tratar de imponer a nivel internacional que Venezuela es un “Estado fallido” y que se vive actualmente una “crisis humanitaria”, matrices que además de falsas, maliciosas y tendenciosas, evidencian la estrategia que existe para sembrar la desesperanza en nuestro pueblo y generar el caos y la ingobernabilidad de Venezuela.

En su comunicación el mandatario venezolano expresa que tenemos la certeza de que, por sus demostradas capacidades y trayectoria, estará a la altura de los importantes desafíos que hoy en día enfrenta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En el cordial diálogo sostenido, la Alta Comisionada Michelle Bachelet acogió con beneplácito la invitación y señaló que su Oficina, en concierto con el Gobierno venezolano, definirían la fecha más adecuada para que esta visita tenga lugar el próximo año.

La ocasión fue propicia para que el Embajador Jorge Valero, en nombre del Presidente Nicolás Maduro Moros y del Gobierno Bolivariano, reiterara la felicitación a la señora Bachelet por su designación como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Susana Raffalli reconocida con el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho 2018 – ProDaVinci – 21 de Noviembre 2018

El miércoles 21 de noviembre de 2018, Susana Raffalli, especialista en gestión de seguridad alimentaria, emergencias humanitarias y riesgos de desastre desde hace 21 años, fue galardonada el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho 2018. El reconocimiento, que empezó en 2016, se concede anualmente “a personalidades que hayan contribuido de manera excepcional a la protección y la promoción de los derechos humanos y el Estado de derecho en su país y a nivel internacional”. Puede leer las entrevistas a Raffalli en Prodavinci:

Raffalli lidera el proyecto S.A.M.A.N (Sistema de Monitoreo, Alerta y Atención en Nutrición y Salud) que evalúa el estado de nutrición y la situación de seguridad alimentaria en niños y niñas menores de 5 años en los estados Miranda, Vargas, Zulia y Distrito Capital de Venezuela.

La lista completa del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho 2018:

1. D.ª Chak Sopheap (Camboya);

2. D. Yu Wensheng (China);

3. D.ª Aminata Traoré (Côte d’Ivoire);

4. D. Mohamed Lotfy (Egipto);

5. D. Alfredo Okenve (Guinea Ecuatorial);

6. D. Nityanand Jayaraman (India);

7. D.ª Hessen Sayah Corban (Líbano);

8. D.ª Mekfoula Mint Brahim (Mauritania);

9. D.ª Liz Chicaje Churay (Perú);

10. D. Oyub Titiev (Rusia);

11. D. Anwar al-Bunni (Siria);

12. D.ª Vuyiseka Dubula-Majola (Sudáfrica);

13. D.ª Sirikan Charoensiri (Tailandia);

14. D. Daoud Nassar (Territorios Palestinos);

15. D.ª Susana Raffalli Arismendi (Venezuela).

Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela – ONU Oficina del Alto Comisionado DDHH – Junio 2018

Migrants in Madrid forced to sleep on the street to request asylum by Fernando Peinado – El País – 15 de Noviembre 2018

Limits on daily applications mean pregnant women, families and sick people are braving long, cold nights in line just to start the process

Migrants sleep on the street outside the immigration office.
Migrants sleep on the street outside the immigration office. VICTOR SAINZ

They arrive in Spain and spend their first days sleeping on the street outside a police station in Madrid, victims of a bureaucratic process they say is “inhumane.”

To request asylum all they need is one document indicating that the process has begun and which protects them from being deported. But due to a recent legal change, this document can only be requested in person at the Aluche National Police station, and only the first 99 people waiting in line are allowed in each day.

LUIS, MIGRANT FROM HONDURAS

Desperate to make it in, pregnant women, mothers with children, and people sick with cancer and asthma waited in line on Tuesday night on the sidewalk of Avenida de los Poblados, in the south of Madrid. By 10pm there were already 200 cold and scared migrants lined up, hoping they would be the first through the door at 9am on Wednesday.

They use cardboard and blankets to keep warm as the temperature at this time of the year can drop below 10ºC. Those who don’t make it in the next morning continue to wait in line with the hope of being seen in the next days. Those who leave the line to wash or eat lose their place.

The feeling on the line is one of resignation. “As a migrant, you know you are not going to arrive in the best conditions or be treated in the best way,” said Anielka Bustamante, a 32-year-old Nicaraguan woman who was waiting with her children, an eight-year-old and a three-year-old.

Anielka Bustamante waits in line with her two children.
Anielka Bustamante waits in line with her two children. VICTOR SAINZ

She slept in the line all of Tuesday night and did not make the cut, but said she was willing to wait all day on the sidewalk in order to get through on Thursday. The family has been in Spain a week and half of that time has been spent waiting in line.

The document they are waiting for is called the “statement of intent to apply for international protection.” Up until May, immigrants could request an appointment to collect the document over the phone, but the Interior Ministry has changed the process and migrants must now go in person through the Aluche police station.

A spokesperson for the Interior Ministry told EL PAÍS that they were not aware of the “disfunction” in Aluche. “We are going to evaluate how we can solve the situation respecting the right that every person has to request asylum,” the spokesperson said. The May reform coincided with a sharp increase in the number of asylum applications in Spain. According to data from Eurostat, this figure jumped 85% in the second quarter of this year to 16,200 requests. Since the beginning of the year, more than 40,000 people have asked for asylum.

Some migrants travel to other provinces where there is no daily limit on the number of people who can request the document, says Salvador Pimentel, a human rights lawyer who works with the Spanish League for Human Rights. “This is more humane, not like waiting outdoors in rain, hail or shine,” he says.

“We are human beings, not animals”

Some people waiting in line approached this EL PAÍS journalist and asked for help, desperate to put an end to their bureaucratic nightmare. “You can’t do anything?” asked Susi Vilca from Peru, who is pregnant and waiting with her three children, aged 14, 12 and four. In the morning, after failing to make it through, the four ate from a can of tuna with a plastic fork.

Others expressed disappointment with the process. “I leave behind all the shit of Venezuela and I find myself here,” complained 24-year-old José Figueredo, who came to Spain after abandoning his journalism studies in Caracas to escape the political and social crisis in his country.

We thought Spain was a country with laws but this is like Venezuela

YDANIA SILVA, MIGRANT FROM VENEZUELA

The migrants say that there are people who jump the line and dozens of others who sell their spots for €200. They don’t understand why the police do not assign numbers to them.

“We are human beings, not animals,” says Luis from Honduras. “We can’t even go to get food because we lose our place.” The closest place to eat is more than half a kilometer away near the Aluche train station, where there is a Carrefour Express and gas station.

Migrants wait in line outside the Aluche police station.
Migrants wait in line outside the Aluche police station. VICTOR SAINZ

At 1am on Wednesday, for the first time five police officers left the building to hand out 80 numbers, say witnesses. The rest, more than a hundred of them, remained at the door, willing to wait until the next day to be seen.

“We thought Spain was a country with laws, but this is like Venezuela: waiting in line, people selling their places,” said Ydania Silva, who was accompanied by her husband Luis García. The two arrived in Spain at the beginning of the week. They paid for a hotel in Pinto until Thursday but have spent the past two nights in line. According to many of the migrants, the police have intimidated them, warning them that “they are in no position to take any risks.”

A year-long process

Many migrants don’t expect to be granted asylum. Only one in three requests are approved, a problem that has been denounced by human rights groups. But requesting asylum protects them from being deported and gives them the right to work temporarily, explains Pimentel.

Getting the document that says the asylum process has begun is simple. The first people in the line leave the building after a few minutes, holding a file with their photo, personal details and date for their next appointment in January. The documents says it “guarantees the holder will not be deported until its expiration date.”

Some sell their place in the line for €200

The actual asylum process is much longer. Asylum seekers must first receive a “red card” with their identification and then authorization to work, the appointment for which can be requested online. The waiting period to complete this process is more than a year, according to immigration lawyers.

The rise in asylum requests comes as shelters run by Madrid are failing to copewith the rising number of migrant arrivals, according to people who work helping the homeless. On Wednesday, an ambulance took a woman and two children to one of the city’s shelters. One of the migrants in line, Venezuelan Mariel Pacheco, says she needs the “red card” to receive treatment for her cancer. The health system in her country has collapsed. “Last night an ambulance came and I told them about my case but they said they couldn’t do anything, that it was out of their hands.”

“This is shameful,” says Christian Sanguino from Venezuela. “The ministry should not let people stay out in the cold and become targets for anything.”

English version by Melissa Kitson.

What’s happening in Venezuela by Center for Strategic and International Studies CSIS – Noviembre 2018

El activista que movilizó al mundo con “SOS Venezuela” analiza la tragedia de su país: “La dictadura está dispuesta a todo” porCarolina Amoroso – Todo Noticias – 20 de Septiembre 2018

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Rodrigo Diamanti está exiliado en Estados Unidos desde 2014, luego de haberse convertido en uno de tantos presos políticos venezolanos. Fue el impulsor de una campaña histórica que logró que cientos de ciudades, en decenas de países, pidieran el fin de los atropellos a los derechos fundamentales por parte del gobierno de Nicolás Maduro. En diálogo con TN.com.ar, analiza la tragedia humanitaria y el rol de los líderes de la región.

Hoy, luego de haber dejado su país años atrás, dirige su organización desde Estados Unidos. Allí está exiliado por tiempo indefinido. Pero incluso con la dificultad de estar fuera de Venezuela, su ONG “Un mundo sin mordaza” ha probado una gran capacidad de movilización global para organizar acciones en 200 ciudades de 52 países.

Estudioso de los procesos históricos y políticos que llevaron a la emergencia del actual régimen, Diamati es graduado en Economía de la Universidad Católica Andrés Bello (de Venezuela), magister en Diplomacia Internacional de la Fundación Ortega y Gasset, de Madrid y magister en Administración Pública de la Universidad de Harvard.

En este diálogo con TN.com.ar, el activista venezolano cuenta su historia y analiza el presente de su país: la crisis que dio como resultado el éxodo masivo y el rol de los líderes de América Latina para ayudar a encontrar una salida al drama humanitario sin precedentes que enfrenta hoy Venezuela.

-¿Cómo nace “Un mundo sin mordaza”?

-Nace en 2009. Ya habían cerrado un canal de televisión, que fue RCTV, el canal más antiguo de Venezuela. Quedaba solo un canal, que era Globovisión y Chávez amenazaba con cerrarlo. Nosotros decidimos protestar antes y no esperar a que lo cierren. Por eso decidimos organizar una protesta mundial y ¿por qué mundial? Porque las dictaduras y los gobiernos autoritarios impulsan sus acciones esperando cuál va a ser la respuesta interna y se sienten muy cómodos reprimiendo y soportando esa protesta interna porque saben que es parte de las consecuencias de sus acciones. Por eso nosotros quisimos reaccionar de manera distinta y presionar a los gobiernos de la región y plantearles a ellos el problema. ¿Van a seguir permitiendo que en Venezuela se siga destruyendo la libertad de expresión? A pesar de que todos los derechos son iguales, la libertad de expresión es el único derecho que defiende todos los derechos a la vez. Cuando pierdes eso, pierdes el resto. Es lo que está pasando en Venezuela. A pesar de todos los intentos de “Un mundo sin mordaza” y de muchísimas organizaciones, nosotros no tenemos ni un solo canal donde nos podamos expresar libremente. No tenemos un solo canal que cubra las protestas, las manifestaciones. Esto hace que la gente que va a las protestas esté mucho más en peligro. Por eso, desde que se eliminó esa libertad de expresión, comienzan los asesinatos en las protestas. Seguimos defendiendo, con denuncias a nivel internacional, que sean los países los que le exijan a la dictadura venezolana que respete los derechos humanos, que libere a los presos políticos y que permita elecciones. Tenemos muy pocas esperanzas a corto plazo de que se dé, ya que la dictadura ha demostrado que está dispuesta a pagar cualquier costo para permanecer en el poder.

-¿Por qué te exiliaste?

-En el año 2014, yo organicé una protesta mundial llamada “SOS Venezuela”. Hubo amenazas por parte de Maduro contra los que organizamos esta actividad y al mes allanaron nuestras oficinas y tomaron nuestros equipos. Yo, una semana después, tenía que dar unas declaraciones en un foro internacional y me detuvieron en el aeropuerto. Fue una detención arbitraria. Por suerte, y gracias a la presión internacional, a los tres días fui liberado, pero me quitaron el pasaporte. Yo continué luchando en Venezuela por los derechos humanos, por las otras personas que seguían presas en ese momento. Pero un año después, saliendo de una protesta, fui secuestrado durante seis horas, presuntamente por efectivos de la seguridad del Estado. En ese momento, sentí que ya no era solo mi libertad la que estaba en juego, sino también mi vida. Y tuve que escoger. Porque, para seguir defendiendo los derechos humanos, era importante estar vivo y tomé la decisión de salir de Venezuela. Sin pasaporte, por la frontera (…). Esto me dolió mucho porque sabía que el día en que yo me fuera no iba a poder volver sino hasta que se terminara la dictadura. Pero, desde el exterior,también hay espacio para seguir defendiendo derechos humanos. La verdad es que no poder volver a Venezuela es un sufrimiento que tenemos todos, porque la Venezuela que todos conocimos ya no existe. La de hoy es una Venezuela colapsada y que ha obligado a más de dos millones de venezolanos a salir de forma forzada del país. (…). Es ahí donde está la responsabilidad de los líderes de la región. Está en decir: ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que Venezuela se termine de destruir con este secuestro armado que han hecho los miembros de la dictadura o vamos a responder a nivel regional para recuperar la Venezuela, que en los años ’70, era la democracia más sólida del continente?

A pesar de que todos los derechos son iguales, la libertad de expresión es el único derecho que defiende todos los derechos a la vez. Cuando pierdes eso, pierdes el resto.

– ¿Qué importancia concreta tiene que Macri, y otros primeros mandatarios, denuncien a Venezuela ante la Corte Penal Internacional?

-La crisis en Venezuela dejó de ser un problema venezolano para ser un problema regional. Incluso las economías de Colombia, Brasil, Chile se pueden resentir por esta migración masiva. También beneficiar, sin dudas, porque la fuga de talentos es total en Venezuela. Pero ciertamente también hay unas epidemias de malaria y otras enfermedades que hacen que esas personas, también cuando salgan de Venezuela, puedan generar problemas de salud en el resto del continente. Pensar que nos podemos olvidar de Venezuela es una falacia. Tiene que haber una respuesta regional. Macri ha dado un gran ejemplo, que no lo ha hecho ningún otro presidente, que es anunciar públicamente que van a referir el caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. ¿Cómo ayuda esto a Venezuela? Si nosotros no elevamos el costo de la represión -o sea, si matar y dejar que un pueblo se muera de hambre, no tiene ningún costo-, la dictadura va a continuar. La Corte Penal Internacional es la única que puede emitir orden de captura contra funcionarios que tengan un plan sistemático y generalizado contra una población civil, que en este caso somos todos los venezolanos. Luego de las declaraciones de Macri, se sumaron los presidentes de Paraguay, Colombia, Chile y nosotros esperamos que haya realmente una coalición de todos los países de la región, sin importar su ideología y que refieran todos juntos el caso de Venezuela ante la corte. Que sea el primer precedente de una región que no permite que existan dictaduras en el continente.

Rodrigo Diamanti se exilió de Venezuela luego de convertirse en uno de los presos políticos de la era chavista.

-¿Qué reflexión te merece el caso de Nicaragua?

-Yo voy a decir algo que a veces genera sorpresas: yo creo que haber permitido que continuara la dictadura cubana y haber permitido que se materializara la dictadura en Venezuela es lo que ha hecho que ahora Nicaragua se materialice también como una dictadura. Es decir: si no hay un costo real en convertirse en un tirano, en un dictador, el ejemplo lo van a continuar otros presidentes que saben que es mucho mejor permanecer en el poder que abandonarlo. Porque abandonarlo significa que van a allanar tu casa, que te van a meter preso como a Lula, o que vas a tener una orden de captura como Correa. Eso hace que algunos piensen: “Yo voy a hacer lo posible, torturar, y matar, pero nunca abandonar el poder”. Nosotros tenemos que demostrar que el crimen no paga. Que esa no puede ser una decisión que va a quedar impune. La región tiene que ponerle un freno a las dictaduras porque van a seguir proliferando.

-Últimamente, hay noticias relacionadas con un escándalo de corrupción en PDVSA, la petrolera de bandera. ¿Fue ese el mayor foco de corrupción?

-PDVSA fue utilizada como una herramienta política y de ahí, la creación de Petrocaribe. Nosotros le enviamos más de 10.000 barriles diarios de petróleo a Cuba a cambio de la asesoría política de cómo controlar a una sociedad. Lo mismo ocurrió con Nicaragua y muchos países del Caribe que le permitieron a Venezuela seguir adelante con una agenda autoritaria con mucho apoyo y que todavía tienen en la OEA muchos representantes. PDVSA no tiene los recursos que tenía antes, pero los rastros de corrupción están y se ha generado el robo a la Nación más grande de la historia venezolana. Eso ha ocurrido en los últimos 15 años, porque casualmente fue el boom petrolero más grande que nosotros hemos tenido en nuestra historia. ¿En qué se utilizó ese dinero? La demostración de que todo ese dinero fue utilizado para objetivos políticos es que en Venezuela no existe ni un hospital, ni una carretera que funcione. No existe nada que provea de protección al venezolano. Los únicos recursos que se utilizan son para el Ejército, o sea, para garantizar el control social. Esa es la tragedia y la fórmula venezolana, que es la fórmula de cualquier dictadura y que tiene que alarmarnos porque, como lo comenté, está generando un problema regional.

Si no hay un costo real en convertirse en un tirano, en un dictador, el ejemplo lo van a continuar otros presidentes que saben que es mucho mejor permanecer en el poder que abandonarlo.

-¿Por qué se habla de narcodictadura?

-Se habla de narcodictadura porque, además de ser una dictadura, que la puedes comparar con otras de la región, esta tiene un componente distinto que es delincuencial. Utiliza el narcotráfico como fuente de ingreso para el círculo militar. Por eso es tan costoso traicionar a la dictadura, porque la mayoría de los militares están ligados al narcotráfico y eso hace que ellos no puedan conseguir impunidad si dejan Venezuela. Más que una dictadura, yo lo veo casi como un grupo criminal que ha secuestrado el Estado venezolano y creo que deben ser tratados como tales.

-¿Hay diferencias entre Chávez y Nicolás Maduro en cuanto al ejercicio del poder?

-Yo creo que Chávez era mucho más hábil políticamente y tenía más herramientas para mantener el control social a través de su carisma. A Maduro, al no tener esas herramientas, solo le queda el uso de la fuerza. Sin embargo, Chávez desde el principio usó la fuerza. Recordemos que su primer intento de llegar al poder fue a través de un golpe de Estado donde murieron más de 100 venezolanos. Desde el comienzo interpuso el fin a los medios, la muerte como un mecanismo legítimo para llegar al poder. Maduro es la continuación de esta lógica, pero se ve mucho más obligado a usar la fuerza, porque no tiene los mecanismos de persuasión social de una persona mucho más carismática como Chávez. Ambos continuaron un modelo dictatorial cubano que dentro de su fórmula tiene el asesinato, la persecución y la tortura a la disidencia.

Rodrigo Diamanti dirige la ONG Un mundo sin mordaza.

-Oímos hablar de muchas figuras con influencia y poder en Venezuela, como Diosdado Cabello. ¿Es Nicolás Maduro realmente la persona que ejerce el poder o hay otros actores importantes moviendo los hilos en las sombras?

-La verdad es que también la dictadura ha empeñado el propio control de sí misma. Influyen tanto los personajes internos como externos. Influyen la dictadura cubana, Rusia. Si uno busca solucionar el problema venezolano, tiene que presionar a la dictadura cubana y a gobiernos que tampoco son democráticos, como los de Rusia y China, que ciertamente tienen muy controladas las decisiones que se toman en Venezuela en este momento.

-¿Cuál es la situación del acceso a la salud?

-Hay más del 90 por ciento de desabastecimiento de medicinas a nivel nacional. Las personas no solo se mueren por ausencia de medicamentos para la quimioterapia, por ejemplo. Hay más de 6 mil mujeres que esperan tratamiento para el cáncer de seno. Las personas que sufren de VIH no tienen antirretrovirales, con lo cual se está propagando también esta enfermedad. Incluso a las clínicas más importantes tienes que llevar tus propios insumos. A veces te piden que lleves un colchón. El desabastecimiento en Venezuela es absoluto y es trágico y por eso es que la gente prefiere caminar días e irse a Perú que ver cómo sus hijos o su familia mueren de hambre. Hace poco vimos imágenes de mujeres dando a luz en una sala de espera. Las morgues tampoco dan abasto con el número de personas que son asesinadas. Es una situación completamente dantesca que está generando una insensibilidad en el venezolano. Estamos expuestos a tantas malas noticias que hemos perdido también la capacidad de asombro. Y realmente la única solución que ha visto el venezolano es huir. De ahí, el éxodo masivo que está ocurriendo en este momento.

Libertad de Internet en Venezuela ha empeorado por restricciones de acceso, bloqueos y violaciones de DDHH por Freedom House – La Patilla – 1 de Noviembre 2018

La libertad de internet de Venezuela se deterioró aún más durante el año pasado debido a la disminución de la conectividad a internet, la censura en línea más audaz y las represalias contra los reporteros de noticias importantes y los usuarios de las redes sociales.

Los cambios políticos dirigidos a fortalecer el gobierno en el poder, como la instalación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 2017, fueron acompañados por nuevas leyes que restringen la libertad de expresión y la privacidad. La Ley contra el Odio por la Paz, la Convivencia y la Tolerancia (Ley contra el Odio) impuso duras penas de prisión de hasta veinte años por incitar al odio, incluso en las redes sociales. Un reglamento emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) amplió los requisitos de registro para los usuarios de teléfonos fijos y móviles, obligando a los operadores a mantener un registro de los datos de los usuarios y proporcionarlos a los agentes de seguridad del estado que lo soliciten, sin una orden judicial.

En el período previo a las elecciones presidenciales de mayo de 2018, las sospechas rodearon la implementación masiva del “Carnet de la Patria” ( Tarjeta de la  Patria ), un documento de identificación electrónica para canalizar la ayuda social, como declaraciones de funcionarios del gobierno (incluido el Presidente Maduro) implicaba que los datos recopilados a través del sistema se utilizarían para monitorear y presionar a los votantes. 1  El portal dedicado patria.org.ve se convirtió en el quinto sitio más consultado en Venezuela, según Alexa, 2  y un estudio mostró que la cuenta de Twitter @CarnetDLaPatria se usó como un canal para promover la candidatura de Maduro. 3

El deterioro y la baja calidad de los servicios de telecomunicaciones continuaron limitando severamente el acceso amplio e ilimitado a Internet en Venezuela. Las medidas proactivas para limitar el acceso a sitios críticos para el gobierno también han impactado la esfera en línea: los sitios web continuaron siendo bloqueados selectivamente durante eventos específicos y los medios digitales independientes y las cuentas de redes sociales continuaron experimentando ataques cibernéticos frecuentes.

Los reporteros de los medios digitales con frecuencia enfrentaron amenazas, ataques, detenciones arbitrarias y el robo y confiscación de sus equipos mientras cubrían eventos políticos o protestas. Tres editores y un periodista del  sitio  web de investigación Armando.Info abandonaron el país luego de recibir amenazas y ser demandados por publicar un informe que reveló un caso de corrupción. 4  Braulio Jatar, editor del sitio web de noticias  Confidential Report , fue incautado en septiembre de 2016 y permaneció bajo arresto domiciliario desde mayo de 2017. Aunque dos usuarios de Twitter encarcelados desde 2014 fueron liberados con medidas de precaución, 5  este tipo de detención arbitraria continúa. 6

Obstáculos para el acceso:

Las suscripciones a internet y móviles han disminuido con la crisis económica de Venezuela. Las fallas frecuentes del servicio de Internet y las conexiones de mala calidad también continuaron dificultando el acceso confiable a Internet. Durante el período de cobertura, los usuarios en diferentes estados informaron averías en el servicio que duraron varias horas. Los usuarios también informaron problemas para acceder a ciertos sitios de redes sociales en junio de 2017, y nuevamente en enero de 2018. En noviembre de 2017, los proveedores de servicios de Internet finalmente fueron autorizados para aumentar las tarifas, pero este aumento no fue suficiente para cubrir sus demandas y mantener la infraestructura.

Disponibilidad y facilidad de acceso

La crisis económica de Venezuela, marcada por los controles de moneda extranjera y la hiperinflación, ha obstaculizado la infraestructura de telecomunicaciones del país y la calidad del acceso a internet. La adopción de Internet en el país prácticamente se ha estancado durante los últimos cuatro años. 7

Por primera vez en 2016, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) registró una disminución en el porcentaje de personas que utilizan Internet, cayendo al 60 por ciento. 8  Según cifras oficiales, alrededor del 62 por ciento de los venezolanos usaron internet en 2017. Las cifras de penetración móvil también disminuyeron, pasando de 102 por ciento en 2012 a 81 por ciento en el tercer trimestre de 2017. 9  Diferencias en el acceso a internet entre la capital y las zonas rurales Las áreas han reforzado una importante brecha digital en Venezuela. Estados como Nueva Esparta han visto disminuir la penetración en al menos tres puntos porcentuales.

Las velocidades medias de conexión se mantuvieron estancadas. Según la CEPAL, los países con el porcentaje más bajo de conexiones de alta velocidad en América Latina son Paraguay y Venezuela con alrededor del 0.2 por ciento de las conexiones de más de 10 Mbps y alrededor del 0.1 por ciento de las conexiones por encima de los 15Mbps. 10 Algunos proveedores, como IPNet, ofrecen velocidades de hasta 100 Mbps en ciertas áreas de Caracas. Entre esta minoría de élite con acceso a conexiones superiores, pequeñas iniciativas de televisión en línea como Vivo Play y VPITv también han ganado usuarios. 11

Los usuarios continuaron denunciando problemas recurrentes de conectividad. 12 pequeñas ciudades provinciales han sido particularmente afectadas, con apagones que duraron varios días. 13  Dado que los materiales como el cable y el cobre se venden en el mercado internacional a altos costos, las compañías han enfrentado robos y vandalismo en sus estaciones con altos costos de reemplazo de equipos. 14  En agosto de 2017, la empresa estatal Movilnet informó que unos 7 millones de suscriptores móviles se vieron afectados por fallas en el transcurso de 36 horas. El presidente de Movilnet culpó de tales fracasos a actos de sabotaje que pretendían desestabilizar el país, aunque las agencias de seguridad aún no habían reportado ningún arresto por este caso. 15 En enero de 2018, se informó de una falla general de los servicios de teléfono e internet en al menos 12 estados simultáneamente. 16  En un período de solo 10 días durante marzo de 2018, el grupo de monitoreo de la libertad de prensa Ipys Venezuela recibió 198 informes de fallas de Internet y teléfonos móviles en 22 estados. El proveedor estatal de servicios de internet CANTV fue el operador con más fallas. 17

La crisis eléctrica del país también ha provocado cortes de energía y racionamiento que afectaron la conectividad a internet. 18  A principios de 2018, dos cortes de energía impactaron la ciudad capital de Caracas. 19  En abril, la segunda ciudad más grande de Venezuela, Maracaibo, sufrió fallas de hasta 14 horas durante varios días. 20  Mientras los críticos sostienen que provienen de una falta de inversión y una planificación deficiente, 21  el gobierno ha culpado a algunos de estos apagones por actos de sabotaje contra el sistema eléctrico. 22

Las redes públicas, como las de las universidades estatales, también enfrentaron dificultades para mantener los servicios de Internet debido a déficits presupuestarios. 23  Los desafíos de conectividad fueron particularmente agudos para las pequeñas universidades en las ciudades provinciales. Por ejemplo, una universidad pasó dos años sin servicios de electricidad e internet debido al robo de cableado subterráneo. 24

Aunque el ISP principal, el estatal CANTV, dejó de publicar sus tarifas en su sitio web, 25  en noviembre de 2017, anunció un alza de precios del 350 por ciento para su servicio de banda ancha fija (ABA) más popular de 1.5 Mbps ilimitados. Pasó de VEF 792.68 a VEF 3,462.00. El plan más caro de 10 Mbps tuvo un aumento de precio cercano al 100 por ciento, yendo de VEF 7,791.66 a VEF 15,702.40. 26  El plan más barato representaba el 3 por ciento del salario mínimo en ese momento (VEF 136,543.40), 27  mientras que el plan más caro excedía el 10 por ciento. El plan de datos y teléfono móvil más barato de Movilnet aumentó en más del 2,000 por ciento, de VEF 288.60 a 6,781.00. 28 A pesar de los aumentos, Digitel eliminó algunos planes de datos en marzo de 2018. Según un representante de la compañía, estaban vendiendo servicios a US $ 0,0006, lo que les cuesta $ 5 por mes. 29

Al considerar estas cifras en dólares, al tipo de cambio de ese momento, cuando ya se había eliminado la antigua tasa DICOM 30  y la única referencia era la del mercado negro a 44,347.76 VEF por dólar, 31  ambos planes representarían US $ 0.078 y US $ 0.35 mensuales respectivamente. Además de la tasa del mercado negro, a principios de 2018, la nueva tasa DICOM de Venezuela (conocida como “DICOM II”) se convirtió en la única tasa de cambio flotante “oficial”, con una tasa de cambio de aproximadamente 25,000 VEF por dólar en su primera subasta. 32  La brecha entre la nueva tasa y la tasa del mercado negro siguió siendo significativa. 33

Una disminución en el poder adquisitivo debido a la situación económica también había afectado el consumo de TIC. 34  Si bien es casi imposible realizar cálculos precisos en una economía con controles de intercambio  e hiperinflación, los teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, PC y otros dispositivos de TIC son prohibitivos para la mayoría de la población. El teléfono celular más barato cuesta tres salarios mínimos; los costos más caros 66. Se ha calculado que para comprar un iPhone, un venezolano necesita un salario mínimo de 12 años. 35 La escasez de dispositivos de TIC prevalece y los pocos productos que terminan en el mercado tienen un precio del dólar libre, que fue más de VEF 1.253.684,21 a US $ 1 en mayo de 2018. Por otro lado, a pesar de la escasez de equipos, funcionarios gubernamentales Han regalado treinta mil teléfonos inteligentes “para difundir información sobre la gestión social del presidente Nicolás Maduro”. 36

En octubre de 2017, China lanzó el tercer satélite venezolano “Antonio José de Sucre”, que se unió al “Simón Bolívar”, lanzado el 29 de octubre de 2008, y el “Francisco de Miranda”, lanzado el 28 de septiembre de 2012. Si bien el nuevo Las funciones supuestas de los satélites incluyen el monitoreo de desastres y la planificación urbana, los observadores han expresado su preocupación por la falta de transparencia y supervisión de tales proyectos. 37

Restricciones en la conectividad

El estado posee la mayoría de la infraestructura de la red troncal nacional a través de CANTV. 38  El gobierno discutió los planes para establecer un punto de intercambio de Internet (IXP) en 2015, pero no ha indicado si avanzará con este plan en el futuro. 39

Si bien los paros y la aceleración deliberados pueden parecer prácticamente innecesarios, dado el estado de la infraestructura del país y el robo del cableado de cobre y los cables de fibra óptica (consulte “Disponibilidad y facilidad de acceso”), los usuarios informaron problemas temporales para acceder a ciertas redes sociales y videos. Plataformas durante el periodo de cobertura de este informe. El 28 de junio de 2017, los usuarios de varias ciudades informaron que plataformas como Twitter, Facebook, Instagram, Periscope y YouTube estaban inaccesibles durante aproximadamente una hora. La ONG  Venezuela Inteligente  notó que los servidores DNS de CANTV no respondían a las solicitudes de DNS para estos sitios, y que Movistar también comenzó a bloquear Twitter brevemente. 40 También en enero de 2018, los usuarios de CANTV y Movilnet informaron problemas al acceder a Instagram y a ciertos sitios web de noticias (consulte también “Bloqueo y filtrado”). 41

Mercado de las TIC

Aunque hay proveedores privados, el estado domina el mercado de las TIC. Como política gubernamental, uno de los objetivos del Segundo Plan Socialista para el Desarrollo Económico y Social de la Nación (2013-2019) es que Venezuela alcance “niveles no vitales” de conexiones con las redes de comunicación e información “dominadas por neo -Colonial poderes.” 42

Las compañías de telecomunicaciones han luchado para mantenerse financieramente sostenibles durante la crisis económica, una situación que corre el riesgo de deteriorarse aún más, según representantes de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (CASETEL). Los controles de moneda extranjera han impedido a las empresas privadas repatriar sus ganancias y acceder a la moneda extranjera necesaria para la inversión, lo que ha provocado un deterioro de sus servicios. También creó una barrera sustancial para las nuevas empresas que podrían buscar ingresar al mercado. Además, la falta de dólares para pagar las importaciones ha contribuido a la escasez de equipos. Los servicios de telecomunicaciones, a su vez, sufren precios altamente distorsionados. 43  En julio de 2016, el gobierno suspendió un aumento en las tarifas de los servicios de telecomunicaciones;44  lo mismo ocurrió en agosto de 2017. 45  Mientras que los PSI finalmente fueron autorizados a aumentar sus precios en noviembre de 2017, 46  expertos sostienen que estos aumentos son insuficientes para mejorar la infraestructura y el crecimiento. 47

Según cifras oficiales, casi el 69 por ciento de los usuarios accede a Internet a través de ABA (Acceso de banda ancha) de CANTV. El resto de la población accede a internet a través de uno de varios proveedores privados de telecomunicaciones. Inter, que representa casi el 9 por ciento del mercado, Inter es el segundo ISP más utilizado, aunque ofrece servicios solo en las principales ciudades. Tres grandes actores dominan el mercado de internet móvil del país: Movilnet, de propiedad estatal (29 por ciento), Movistar de Telefónica (54 por ciento) y Digitel, de propiedad local (17 por ciento). 48 Digitel y Movistar son los principales operadores de redes LTE, una tecnología que no se ha utilizado completamente debido a la escasez de teléfonos inteligentes. 49

Cuerpos reguladores

CONATEL es la entidad responsable de regular y otorgar licencias al sector de las telecomunicaciones y depende administrativamente del Ministerio de Información y Comunicación. La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Digitales (Resorte-ME)  otorga al organismo regulador el poder de tomar decisiones sobre el bloqueo o la eliminación de contenido y sancionar a los proveedores de servicios, una capacidad que ha ejercido sin otorgar el debido proceso. a las partes afectadas (ver “Bloqueo y filtrado”). 50

Durante el período de cobertura del informe, el Presidente Maduro nombró a un nuevo Ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien se desempeñó como Alcalde de Caracas y anteriormente ocupó los cargos de Vicepresidente de la República y Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). Maduro también nombró a un militar, el coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Jorge Elieser Márquez como nuevo director de CONATEL.

Mientras que el Artículo 35 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece la autonomía operativa y administrativa de CONATEL, el Artículo 40 establece que el presidente tiene el poder de nombrar y destituir al director de la agencia y a los otros cuatro miembros de su junta directiva, 51  destacando la falta de independencia de CONATEL de la Junta Directiva. ejecutivo.

Límites de contenido:

El estado de emergencia se extendió en mayo de 2017 y aumentó la preocupación por el aumento de las restricciones en el contenido en línea en medio de la agitación política. Una nueva ola de bloqueos apuntó a fuentes de noticias en línea durante el año pasado, y  las plataformas de medios sociales también fueron atacadas temporalmente Los procedimientos de bloqueo carecen de transparencia y las vías de apelación, y los grupos de derechos digitales sospechan que muchos más sitios están bloqueados. Mientras tanto, una nueva ley contra el discurso del odio hace que las plataformas intermedias y los sitios web sean responsables del contenido publicado por terceros, lo que requiere que eliminen el contenido que contenga el discurso del odio dentro de las seis horas posteriores a la publicación o las multas. 

Bloqueo y filtrado

Si bien los sitios web de varias organizaciones de defensa y de derechos humanos son en su mayoría accesibles,  una nueva ola de bloqueos se dirigió a las fuentes de noticias en línea durante el año pasado. Las organizaciones de derechos digitales, así como los diputados de la Asamblea Nacional, han denunciado la falta de transparencia de los procedimientos de bloqueo que no se hacen públicos ni ofrecen vías de apelación. El bloqueo ha sido implementado por los proveedores estatales CANTV y Movilnet, pero también por empresas privadas como Movistar y Digitel. 53

Los datos presentados por Venezuela Inteligente muestran que los sitios bloqueados incluyen los relacionados con las tasas de cambio (36 por ciento), los medios de comunicación (32 por ciento), los sitios de juego (16 por ciento), las redes sociales y las herramientas de comunicación (12 por ciento) y los blogs (4 por ciento). ). 54  En junio de 2018, también se bloquearon tres grandes sitios de pornografía, 55  una medida que, según algunos analistas, podría ser reducir el consumo de ancho de banda o probar bloques para otros sitios. 56  Como resultado de tales bloqueos, los usuarios han recurrido cada vez más a herramientas para ayudar a sortear la censura del gobierno. A fines de junio de 2018, sin embargo,  surgieron 57 informes de que CANTV había bloqueado el acceso a la red Tor, una herramienta que permite a los usuarios navegar de forma anónima. 58

El 15 de enero de 2018, los usuarios de las redes sociales informaron que medios digitales como  El Nacional, El Pitazo  y  La Patilla , eran inaccesibles a través de CANTV y Movilnet. 59  Este incidente coincidió con una operación policial contra el ex policía pícaro Oscar Pérez. 60  Durante la redada que terminó en un tiroteo mortal, Pérez estaba publicando los incidentes en Instagram, que al parecer también era inaccesible. 61  Pérez había sido buscado tras secuestrar un helicóptero y disparar contra la Corte Suprema de Justicia en junio, pidiendo un levantamiento contra el gobierno. 62

Algunos medios de comunicación como  El Pitazo  sufrieron casos recurrentes de bloqueo en algunas partes del país. El 10 de abril de 2018, IPYS Venezuela y OONI confirmaron que dos dominios asociados con  El Pitazo  estaban bloqueados por al menos cinco ISP en redes fijas y móviles, en al menos 15 estados del país. Anteriormente, en septiembre de 2017, CANTV y Digitel habían impedido el acceso al dominio original del sitio de noticias (elpitazo.com). Movistar se unió a la medida en noviembre de 2017. 63  En ambos casos, utilizaron el bloqueo de DNS sin ninguna orden judicial conocida ni un procedimiento administrativo. 64 Si bien se encontró que los sitios estaban bloqueados principalmente por medio de DNS, el 6 y 7 de junio, los monitores detectaron una nueva forma de censura, el bloqueo HTTP, que apuntaba a los puntos de venta de  La Patilla  y  El Nacional . sesenta y cinco

Las plataformas de medios sociales también fueron atacadas temporalmente el 28 de junio de 2017. Los usuarios de varias ciudades de Venezuela informaron que varias plataformas de medios sociales, incluidos Facebook, Twitter, YouTube y Periscope, estaban inaccesibles durante aproximadamente una hora. Pruebas realizadas por  IPYS Venezuela  y  Venezuela. Inteligente  confirmó el bloqueo de DNS que afecta tanto a los usuarios de CANTV como a los de Movistar. 66

Eliminación de contenido

Si bien los informes de transparencia producidos por Twitter, Facebook y Google no mostraron un número significativo de solicitudes de remoción por parte de entidades venezolanas durante este período de cobertura, varias leyes ofrecen vías para limitar el discurso al hacer que las plataformas intermedias y los sitios web sean responsables del contenido publicado por terceros. Este marco legal ha dado lugar a la autocensura y la censura preventiva (ver “Medios, Diversidad y Manipulación de Contenido”).

Promulgada en noviembre de 2017, la Ley contra el odio establece en particular que los intermediarios deben eliminar el contenido que contenga discursos de odio dentro de las seis horas de haberse publicado o enfrentar multas. La ley también faculta a las autoridades para bloquear sitios web cuando, en su opinión, promueven el odio o la intolerancia. 67  La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (la ley Resorte-ME) también establece que los sitios web intermedios pueden ser considerados responsables por el contenido publicado por terceros, y otorga a CONATEL la capacidad discrecional de imponer sanciones severas por las infracciones. Sus disposiciones prohíben en particular los mensajes que promueven la ansiedad entre la población, alteran el orden público, ignoran a las autoridades legales o promueven la violación de las leyes existentes.

Medios, diversidad y manipulación de contenidos

En comparación con los medios tradicionales, la esfera digital presenta un espacio más vibrante para la expresión política y social. Los periódicos han migrado a la web debido a las restricciones de impresión, mientras que los medios de difusión también han forjado una presencia en línea. Las redes sociales como Twitter son plataformas populares para usuarios que buscan información en momentos cruciales. Los políticos y los líderes sociales también los utilizan activamente. 68  Ante la escasez de efectivo, los venezolanos también han recurrido cada vez más a las transferencias bancarias en línea, y han surgido aplicaciones de pago electrónico. 69  Como resultado, los servicios de banca en línea como Clavenet reciben incluso más visitas que Facebook en Venezuela. 70 Por otro lado, los problemas de conectividad y la mala calidad del servicio presentan serias restricciones para acceder a la información en línea.

Las restricciones legales sobre ciertas formas de expresión en línea han fomentado la autocensura y la censura preventiva, ya que los webmasters y editores podrían evitar publicar información que contradiga al gobierno. En una encuesta realizada a casi 400 periodistas de medios digitales, impresos, radiales y televisivos en las ocho principales ciudades del país, el 37.4 por ciento admitió recibir instrucciones para cambiar la redacción y dejar de cubrir temas específicos. Alrededor del 55 por ciento de los encuestados admitió que habían limitado su contenido, ya sea por autocensura o por autorregulación. 71  En un memorando filtrado, el periódico  El Universal  prohibió a sus periodistas difundir contenido político a través de las redes sociales, a menos que se haya aprobado previamente. 72

El gobierno ha tratado de expandir su influencia en línea, utilizando medios controlados por el estado y trolls de gobierno y alentando a los usuarios leales de las redes sociales para que hostiguen a quienes tienen puntos de vista opuestos. 73  Los medios de comunicación gubernamentales también han publicado información falsa para desacreditar a los medios digitales independientes, así como a las ONG que defienden la libertad de expresión. 74  Con un gran número de usuarios politizados, Twitter se ha utilizado con frecuencia para difundir la desinformación. 75

El gobierno utiliza regularmente cuentas y robots falsos para aumentar la popularidad del gobierno y promover opiniones favorables en las redes sociales.  Según el fundador de Trendinalia Venezuela, un sitio que rastrea las tendencias de Twitter, cuando el gobierno decide promover una palabra, frase o hashtag a los temas de tendencias de Twitter, transmite mensajes y etiquetas clave para difundir dentro de su red de operadores. 76  Esta estrategia de manipulación en línea se empleó ampliamente durante la elección de la Asamblea Constituyente de 2017. Un análisis encontró que el 51 por ciento de las cuentas que promocionaban el hashtag # SoluciónConstituyente (Solución Constitucional) en junio de 2017 se había creado ese mismo año. 77 En junio de 2017, el presidente Maduro afirmó que Twitter había desactivado las cuentas de miles de usuarios “por la única razón de ser chavistas”. 78  Según los analistas, Twitter habría descartado las cuentas que violaban las políticas de los usuarios de la compañía, 79  aunque Twitter no hizo comentarios sobre este caso. 80

Un estudio realizado por IPYS Venezuela también reveló el uso agresivo de Twitter por parte de los candidatos más influyentes en la Asamblea Constituyente en el período previo a la votación. 81  Un estudio similar, realizado después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, observó que los promotores de la Asamblea Constituyente no comentaron sobre los temas ofrecidos a los votantes durante la campaña, sino que promovieron iniciativas como la aprobación de la nueva ley contra el discurso del odio. sin invitar al debate. 82

Los medios digitales enfrentan diversas dificultades en Venezuela, obstaculizados por el costo del equipo, la falta de financiamiento y el éxodo de profesionales que emigran en busca de mejores condiciones de vida. Según César Batiz, director de  El Pitazo TV , “muy pocos medios pueden sobrevivir con ingresos de publicidad”. 83  Los medios digitales han probado varios modelos comerciales y de financiamiento: campañas de financiación colectiva, apoyo internacional, pasarelas de pago, publicidad digital y alianzas con los medios. 84

Activismo digital

A pesar de los problemas de conectividad, los venezolanos son ávidos usuarios de internet y redes sociales. Según Tendencias Digitales, casi 16 millones de venezolanos usan YouTube, 15 millones están en Facebook, 13 millones están en Twitter y 11 millones están en Instagram. 85

Durante la crisis política y económica, los ciudadanos han usado Internet para expresar su disensión sobre el gobierno y para organizar protestas. Los usuarios también se han conectado para consultar precios e intercambiar o vender productos usados, 86  y hashtags como #ServicioPublico (“Servicio público”) se han utilizado ampliamente para encontrar productos escasos como medicamentos. 87

Algunos grupos han optado por estas plataformas para hacer declaraciones públicas contra el régimen. Dos mensajes se hicieron virales en las redes sociales durante este período de cobertura. El primero fue una transmisión de video a través de YouTube en agosto de 2017, antes de la instalación de la Asamblea Constituyente, y contó con un grupo militar (que luego fue detenido) con el objetivo de “restaurar el orden constitucional”. 88  El otro fue desarrollado por el piloto Oscar Pérez. quien usó YouTube y sus cuentas de Twitter e Instagram para pedir un levantamiento contra el gobierno, y luego narró y dejó testimonio sobre su rendición y muerte (ver “Bloqueo y filtrado”).

Las organizaciones de la sociedad civil han mantenido los esfuerzos para crear conciencia en línea y crear aplicaciones con usos cívicos. Por ejemplo, la ONG  Transparencia Venezuela  ha desarrollado estrategias para recopilar las quejas de los ciudadanos a través de una plataforma web, la aplicación “Dilo Aqui” y el correo electrónico. 89  Los medios digitales, como  El Pitazo , han forjado alianzas con organizaciones comunitarias para capacitar a los ciudadanos que informan a los ciudadanos, a fin de que puedan mejorar su cobertura de los problemas locales. 90 Algunos usuarios también se han movilizado en línea para protestar colectivamente contra fallas de internet. En septiembre de 2017, por ejemplo, un grupo de suscriptores en las afueras de Caracas usó las redes sociales para organizar una protesta en la sede de CANTV, alegando que no podían realizar sus trabajos debido a fallas en Internet. 91

Violaciones de los derechos del usuario:

Las violaciones de los derechos digitales se han intensificado en medio de la crisis social y política de Venezuela. El gobierno de Maduro continuó afianzando su control sobre el discurso en línea a través de una ley restrictiva contra el discurso del odio que  conlleva penas de prisión de hasta veinte años para quienes incitan al odio o la violencia por cualquier medio electrónico.  Los usuarios fueron  arrestados arbitrariamente por opiniones compartidas en línea, y los ataques cibernéticos se dirigieron a varios medios de comunicación y sitios web sin fines de lucro. Existe una creciente preocupación acerca de la capacidad del gobierno para hacer un mal uso de los datos personales como medio de control social y político, especialmente a la luz de la implementación masiva del “Carnet de la Patria”, un documento de identificación electrónica utilizado para el bienestar y programas públicos.

Entorno legal

Aunque la Constitución garantiza la libertad de expresión, 92  el gobierno ha aprobado leyes y reglamentos que restringen este derecho en línea. El prolongado estado de excepción y la emergencia económica incluye disposiciones para contrarrestar las amenazas cibernéticas, autorizar regulaciones para evitar “campañas de desestabilización”. 93  Una ley de discurso contra el odio redactada de manera vaga promulgada en noviembre de 2017 impone penas de prisión fuertes por incitar al odio, incluso en las redes sociales.

Actuando en contra de las disposiciones de la Constitución, Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente por decreto presidencial en mayo de 2017. Instalado en agosto y compuesto exclusivamente por partidarios del gobierno, este nuevo cuerpo legislativo de facto recibió amplios poderes sobre otras instituciones estatales. El 8 de noviembre de 2017, la asamblea constituyente promulgó una “Ley Constitucional” contra el odio, por la tolerancia y la convivencia pacífica. 94 La ley impone penas de prisión de diez a veinte años para quienes incitan al odio o la violencia a través de cualquier medio electrónico, incluidas las redes sociales. También establece que los intermediarios pueden ser multados si no eliminan los mensajes sujetos a sanciones dentro de las seis horas posteriores a su difusión, con cantidades que oscilan entre cincuenta mil y cien mil unidades fiscales. La ley también faculta a las autoridades para bloquear los sitios web que consideran que promueven el odio o la intolerancia. Las organizaciones de derechos humanos y los expertos han criticado la amplitud de la ley y sus efectos perjudiciales sobre la libertad de expresión y la prensa. 95

Otras leyes proporcionan vías adicionales para limitar el habla. La ley Resorte-ME, que fue enmendada por la Asamblea Nacional en 2010, incluye prohibiciones vagas y severas sanciones que otorgan a las autoridades la discreción de restringir el discurso. 96 El  artículo 27, por ejemplo, prohíbe los mensajes que promueven la ansiedad entre la población, alteran el orden público, ignoran a las autoridades legales o promueven la violación de las leyes existentes. La ley también establece una responsabilidad intermedia para el contenido publicado por un tercero y exige que los medios en línea establezcan mecanismos para restringir el contenido prohibido. Los sitios web que infrinjan estas disposiciones pueden ser multados y los proveedores de servicios que no cumplan con los requisitos corren el riesgo de la suspensión temporal de las operaciones. 97

Además, la Ley de Seguridad Nacional, que se aprobó en enero de 2015, establece condenas de prisión para las personas que “comprometen la seguridad y la defensa de la nación”. 98  Activistas y periodistas también enfrentan cargos de difamación en virtud del código penal, que establece Penas de prisión por difamación contra funcionarios públicos y la publicación de información falsa. 99

Según el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 del Proyecto de Justicia Mundial, que evalúa a 133 países, Venezuela ocupa el último lugar en el ranking mundial del Estado de Derecho. 100

Procesamientos y Detenciones por Actividades Online.

El año pasado estuvo marcado por frecuentes detenciones arbitrarias de reporteros, 101  , así como por los primeros arrestos de usuarios de redes sociales bajo la nueva “Ley contra el odio” adoptada en noviembre de 2017.

Varios usuarios de redes sociales fueron arrestados en base a sus actividades en línea:

  • En enero de 2018, tres adolescentes (Diego Gómez, Ender González y Dylan Canache) fueron detenidos por agentes de inteligencia, acusados ??de incitar al odio a través de grupos de chat y redes sociales al pedir protestas contra el gobierno. 102  Si se los encuentra culpables, enfrentaron hasta 20 años de prisión, de acuerdo con las disposiciones de la Ley contra el Odio. El Tribunal Supremo de Justicia anunció su puesta en libertad en junio. 103
  • En febrero, Enrique Aristeguieta Gramcko, abogado, historiador y político de 85 años de edad, estuvo detenido durante varias horas. 104  Aristeguieta es un opositor activo del gobierno de Maduro, y es especialmente activo en las redes sociales. Después de su liberación, informó que trataron de acusarlo por odio. 105 En un tweet, su hijo dijo que los funcionarios de SEBIN lo habían despojado del teléfono celular desde el que twiteaba. 106
  • En febrero, el sindicalista del sector eléctrico, Elio Palacios, fue detenido después de transmitir un mensaje de audio de WhatsApp, en el que denunció la crisis eléctrica, negando la afirmación del gobierno de presunto sabotaje. Palacios también convocó a una asamblea general de trabajadores. Según las autoridades, Palacios fue detenido porque el mensaje causó “pánico y ansiedad a la población”. 107
  • En mayo, el usuario de Twitter Pedro Jaimes Criollo fue detenido y recluido en régimen de aislamiento después de enfrentar cargos relacionados con sus tweets en línea sobre la ruta del avión presidencial. Ni sus abogados ni su familia pudieron comunicarse con él. 108

Los reporteros en línea, a su vez, han enfrentado juicios, a menudo en represalia por publicar artículos críticos del gobierno:

  • A principios de 2018, tres editores y un periodista del sitio web de periodismo de investigación  Armando.Info se  vieron obligados a abandonar el país después de que un tribunal de Caracas admitiera una demanda por difamación en su contra, basada en dos artículos publicados en abril y septiembre de 2017. 109  La queja Fue presentada por un empresario colombiano vinculado al gobierno venezolano. Una pieza reveló irregularidades en la importación estatal de alimentos en Venezuela, incluidas las negociaciones con el presidente Maduro. 110  Los cargos de difamación agravada e injuria (insulto) pueden resultar en hasta seis años de prisión. 111
  • Braulio Jatar, editor del sitio web de noticias  Confidential Report , detenido en septiembre de 2016 y puesto bajo arresto domiciliario en mayo de 2017, permaneció en la misma condición. Aunque oficialmente acusado de lavado de dinero, la detención de Braulio Jatar fue denunciada como represalia por la cobertura en línea sobre una protesta contra el presidente Maduro. 112
  • En mayo de 2018, después de las elecciones presidenciales, CONATEL abrió un proceso administrativo contra  El National Web,  por el presunto incumplimiento de las regulaciones establecidas en las leyes Resorte-ME y el discurso de odio. 113
  • El 14 de abril, funcionarios de la Dirección General de Inteligencia Militar arrestaron al propietario del sitio web DolarPro.com, Carlos Eduardo Marrón Colmenares. El Procurador General anunció que su oficina le cobraría por la falsa difusión del tipo de cambio, la legitimidad del capital y la asociación para cometer un delito. 114  Después de su arresto, tres sitios web que publicaron los precios del tipo de cambio paralelo fueron deshabilitados. 115

Vigilancia, privacidad y anonimato

Las actividades de vigilancia y contrainteligencia del gobierno han aumentado desde 2013, cuando el gobierno lanzó su “Plan de la Patria” 2013-2019, que enfatizó el fortalecimiento de la defensa nacional entre sus prioridades. 116  Los activistas digitales expresaron su alarma ante el creciente interés del gobierno por invertir en sistemas y operaciones de inteligencia. 117 También han surgido inquietudes con respecto a las iniciativas que buscan recopilar información personal de los ciudadanos, sin garantías con respecto a la privacidad y el tratamiento de estos datos. Durante el año pasado, los desarrollos preocupantes incluyeron la distribución masiva del Carnet de la Patria (“Tarjeta de la Patria”), así como un nuevo fallo destinado a obtener y retener datos personales de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, en particular la telefonía móvil.

La falta de supervisión independiente ha generado inquietudes acerca de la facilidad con la que se podría implementar el filtrado y la vigilancia sistemáticos del contenido. Aunque es difícil confirmar y determinar la escala completa de la vigilancia, los activistas han denunciado el rastreo y el espionaje por parte del gobierno. Periodistas independientes que han sido víctimas de piratería, como Milagros Socorro, han sospechado de posibles espionaje en sus conversaciones telefónicas. 118  A fines de agosto de 2017, una alerta advirtió sobre un malware diseñado para monitorear movimientos y comunicaciones en dispositivos Android, lo que habría afectado a varios activistas en el país. 119

La constitución prohíbe expresamente el anonimato. Para comprar un teléfono celular, una tarjeta SIM o un módem USB para acceder a la banda ancha móvil, la ley venezolana requiere que los clientes registren su número de identificación personal, dirección, firma y huellas digitales. 120  No se conocen restricciones gubernamentales sobre tecnologías de encriptación u otras herramientas de privacidad digital. Además, las leyes venezolanas, como la Ley contra el delito informático y la Ley de protección de la privacidad de las comunicaciones, garantizan la privacidad de las comunicaciones. 121  En la práctica, sin embargo, las autoridades no han aplicado estas leyes de manera uniforme en los casos en que los activistas han demandado protección bajo la ley. 122 Aunque la Constitución reconoce los principios aplicables a la protección de datos personales, como la protección del honor, la privacidad, la imagen pública, la confidencialidad y la reputación, así como el acceso a la información, no existen leyes o regulaciones de telecomunicaciones dedicadas a la protección de datos.

Los activistas han expresado su preocupación sobre la capacidad del gobierno para hacer un mal uso de los datos personales recopilados para los servicios de asistencia social y los programas públicos. 123  En ausencia de una legislación de protección de datos personales, el destino, el almacenamiento y el propósito final de esta información siguen siendo desconocidos. 124  El gobierno ha exigido cada vez más a los ciudadanos que tengan nuevas tarjetas de identificación electrónica, conocidas como “Carnet de la Patria” (Tarjeta de la Patria), para recibir los beneficios estatales. Durante las elecciones recientes, las tiendas del partido gobernante (“Puntos Rojos”) se desplegaron cerca de los centros de votación para escanear y renovar las tarjetas de los votantes, una estrategia que fue denunciada como un medio para rastrear la participación de los votantes en tiempo real y presionar a los votantes para que voten. favor del gobierno. 125

Presentado por primera vez en febrero de 2017, la Tarjeta de la Patria es un documento de identidad que recopila datos básicos, como la dirección y la fecha de nacimiento, pero también otro tipo de información personal, como la afiliación a un partido político. 126  Durante un período marcado por una grave escasez de alimentos, la tarjeta  comenzó a ser requerida para acceder a los beneficios de las llamadas “misiones sociales”, incluido el programa de alimentos controlado por los Comités Locales de Suministro y Producción (CLAP), compuesto por militares. Funcionarios y simpatizantes del gobierno.

La aplicación móvil “VeQR-Somos Venezuela” está asociada con la Tarjeta de la Patria. Para solicitar un beneficio, los ciudadanos deben escanear el código QR de su tarjeta y también activar el Sistema de posicionamiento global (GPS) del teléfono celular que se está utilizando, lo que permite al gobierno rastrear no solo los datos personales de los ciudadanos, sino también su ubicación. 127  A principios de 2018, la tarjeta también fue adaptada para servir como una herramienta de pago electrónico. 128  En enero de 2018, el gobierno informó que más de 16 millones de venezolanos tenían la tarjeta. 129 Sin embargo, los titulares de las tarjetas se quejan de que no pueden acceder a los teléfonos inteligentes para escanear el código QR, debido a la falta de conectividad y equipo personal. 130

En octubre de 2017, CONATEL emitió una nueva resolución administrativa que generó críticas por restringir aún más el derecho a la privacidad de las personas. 131  Con una redacción vaga, la nueva resolución establece que los operadores deben proporcionar la información recopilada a los órganos de seguridad a petición, sin especificar la necesidad de una orden judicial. Los datos que se recopilarán incluyen direcciones IP, fecha y hora de conexión, ubicación geográfica y detalles de las llamadas y mensajes de texto enviados o recibidos. La nueva Resolución administrativa también establece que para registrarse en un teléfono móvil, los clientes deben proporcionar datos como correo electrónico, huellas dactilares y una foto digital de su rostro tomada en el sitio de la transacción. 132

Un decreto emitido en octubre de 2013 creó el Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), un organismo especial encargado del monitoreo y seguimiento de las redes sociales y otra información en línea.  Se informó que 133agentes de la Guardia Nacional también han sido capacitados por el Ministerio de Información y Comunicación en el manejo de las redes sociales para la “implementación de alertas tempranas” que pueden “mantener al pueblo venezolano informadamente informado y detectar cualquier amenaza para defender”. nuestra soberanía nacional ”. 134

Intimidación y violencia

El año pasado, continuaron los informes de hostigamiento, ataques y confiscación de equipos de trabajadores de los medios de comunicación por parte de oficiales de seguridad y pandillas armadas. 135

Los funcionarios de seguridad han obligado a los reporteros a borrar el material recopilado durante su cobertura de eventos políticos y sociales, o simples grabaciones de la vida cotidiana de los venezolanos, como las largas filas para comprar alimentos. 136  El robo de dispositivos móviles es especialmente dañino para las pequeñas publicaciones digitales con recursos limitados para reemplazarlos. Varios demostraron que los agentes de seguridad intentaron evitar la cobertura de la huelga cívica nacional de 24 horas en protesta contra la propuesta de la Asamblea Constituyente, celebrada el 20 de julio de 2017. Varios reporteros fueron asaltados, golpeados y heridos. 137 incidentes similares ocurrieron durante la elección para la nueva Asamblea Nacional, celebrada el 30 de julio de 2017. 138

El caso más grave registrado durante este período fue la desaparición del reportero gráfico Jesús Medina, quien trabajó para el sitio web de noticias  Dolar Today , bloqueado por CONATEL. 139  El fotógrafo, que ya había denunciado amenazas contra él, 140  logró enviar un tweet sobre su arresto por desconocidos el 3 de noviembre. 141 El periodista había estado publicando, a través de redes sociales, fotos y videos sobre la condición de los detenidos en El Tocorón. cárcel. El lunes 6 de noviembre, se encontró a Medina al costado de una carretera cerca de Caracas, medio desnudo y con rastros de violencia física. 142  Medina dijo a los medios internacionales que fue torturado y amenazado. 143 Las autoridades negaron haber participado en esta acción y algunos han implicado que podría haber sido una represalia por parte de algunos de los detenidos que controlan las pandillas dentro de la prisión. 144

Ataques técnicos

Los ataques técnicos con frecuencia se dirigen a críticos gubernamentales, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Las cuentas de Twitter continuaron siendo hackeadas durante este período, como las de los periodistas Vladimir Villegas 145  y el ex gobernador Francisco Arias Cárdenas. 146  El sitio web de la caricaturista crítica Rayma Supriani también fue pirateado a principios de 2018. 147 El 8 de mayo de 2018, la página web de la organización de datos abiertos VENDATA sufrió un ataque que lo desconectó. La periodista Katherine Pennacchio, propietaria del dominio Vendata.org, también denunció un intento de clonar la tarjeta SIM de su teléfono celular. 148  Tras ser bloqueado por ISPs públicos y privados, el medio de comunicación digital  El Pitazo. Recibió varios ataques DDoS en abril y junio. 149  Otras víctimas de ataques incluyeron medios de comunicación independientes,  Tal Cual  y  Runrunes , el sitio web de la oposición Coalición para la Unidad Democrática, el canal de la Asamblea Nacional y sus cuentas de redes sociales, y ONG como Ipys Venezuela. 150

Los ataques cibernéticos también ocasionalmente se dirigen a instituciones gubernamentales y empresas como una forma de protesta. Después de la elección para instalar una nueva Asamblea Constituyente, un ataque cibernético coordinado por un grupo de piratas informáticos que se autodenominó  The Binary Guardians  afectó a al menos 40 sitios web del gobierno, incluido el Consejo Nacional Electoral (CNE). 151  El día después de la votación, los atacantes dejaron un mensaje en el portal de la CNE, acusándolos de cometer un fraude. 152 El grupo también tomó el control de la cuenta de Twitter del organismo electoral, de la que nuevamente calificó el voto de fraude. Otros sitios afectados por este ataque incluyen los de la Corte Suprema de Justicia (TSJ) y la Oficina de Identificación e Inmigración (SAIME). Incluso hubo ataques a los sitios web de los cuerpos de seguridad del estado, incluidos los de la policía científica (CICPC), la Policía Nacional (PNB), el Ejército y la Marina. Después del ataque cibernético, el presidente Maduro instó a las compañías privadas de telecomunicaciones a que tomen medidas en los planes del Estado para luchar contra lo que él considera un “ataque cibernético permanente” contra el país. 153  También se han producido ataques cibernéticos contra empresas privadas de aviación que a veces se han negado a transportar opositores políticos en sus aviones. 154

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