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Presos políticos – Foro Penal – Octubre 2017

El Supremo venezolano considera el tribunal ‘paralelo’ un “golpe judicial” – El Español – 13 de Octubre 2017

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El organismo paralelo estará compuesto por 33 magistrados nombrados por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, y trabajará desde la OEA, Washington y Colombia.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela calificó este viernes de “golpe judicial” la instalación de una corte paralela a este órgano en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), que estará compuesta por magistrados nombrados por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora.

“Condenamos firmemente este intento de golpe judicial y nos mantendremos firmes en la defensa de la Soberanía y de nuestras instituciones”, dice un comunicado del Supremo venezolano firmado por su presidente, Maikel Moreno.

La Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento) designó en julio a 33 magistrados para el TSJ con la idea de que reemplazaran a otros tantos jueces en ejercicio de esa instancia al considerar que están al servicio del Gobierno y que fueron nombrados con graves irregularidades.

El Supremo opositor celebró este viernes su primera sesión de trabajo en la sede del organismo continental en Washington, y la semana próxima hará otra reunión en Colombia, en un lugar por determinar.

El Supremo venezolano anunció que revisará “con profundidad las relaciones y el principio de reciprocidad con las naciones que intenten legitimar la acción criminal e ilegal de un grupo de usurpadores que pretenden promover acciones golpistas e intervencionistas en contra de la justicia venezolana”.

El TSJ pide a los países del mundo rechazar “estas acciones conspirativas, que dan pie a la anarquía en la delicada práctica del derecho internacional”.

“Cualquier tipo de legitimación por alguna nación en reconocimiento de ese grupo usurpador, sólo traerá consecuencias negativas a los procedimientos en materia penal, tratados internacionales, acuerdos mutuos en materia judicial, convenios multilaterales”, prosigue el comunicado oficial.

Derechos humanos, el tema principal

En la rueda de prensa de presentación, Miguel Ángel Martín, presidente del Supremo opositor dejó claro que el objetivo fundamental son “los derechos humanos” y, en concreto, “la apertura de un canal humanitario”, aunque no precisó si trabajarán con algún organismo internacional al respecto.

“Los magistrados (del Supremo opositor) tienen la fundamental tarea de dar sentido a la Justicia nuevamente en el país, una Justicia que ha sido esquiva para los venezolanos, inexistente para los venezolanos, definitivamente atropellada por los abusos y arbitrariedades del régimen”, dijo el secretario general del organismo, Luis Almagro.

Nueva exigencia de dictadura chavista: si estudiantes quieren beca y no ser multados deben participar en actos políticos del PSUV por Karina Martín – 8 de Octubre 2017

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“Vamos a votar, Jheyson va a ganar”, “Patria socialista: viviremos y venceremos”, fueron algunas de las frases que los jóvenes debieron gritar.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) de Venezuela, denunció que estudiantes de dicha universidad fueron obligados a asistir a actos del partido político oficialista, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para que les aprobaran becas mensuales.

Según indicó el observatorio, el pasado 29 de de septiembre estudiantes de esta universidad debieron a asistir a un acto en apoyo al candidato a la Gobernación de Mérida, Jehyson Guzmán, del PSUV.

Los estudiantes tuvieron que estar en el lugar del evento desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde (hora local) gritando consignas a favor del Gobierno de Nicolás Maduro, para así ser “merecedores” de la beca mensual.

“Vamos a votar, Jheyson va a ganar”, “Patria socialista: viviremos y venceremos”, fueron algunas de las frases que los jóvenes debieron gritar.

Al salir del acto proselitista, a los jóvenes se les entregó un certificado de asistencia que además señala la obligatoriedad de asistir a los actos político que realice el Gobierno; de no hacerlo, los estudiantes podrían ser multados.

Por su parte, el ODH-ULA rechazó este tipo de acciones que violentan la dignidad humana, fomentan la discriminación y contrarían los principios de libertad y autonomía de cada persona.

Asimismo, el observatorio señala que las únicas exigencias que deberían ser aplicadas a los estudiantes para hacerse merecedores de una beca, deben ser de carácter académico.

El ODH-ULA también exhortó al Ministerio del Poder Popular la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología a respetar la autonomía universitaria y a respetar la dignidad de los estudiantes venezolanos.

 

Comisión Internacional de Juristas exigen al Gobierno que acepte las solicitudes de visita al país – La Patilla – 5 de Octubre 2017

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La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) hace un llamado a Venezuela a que acepte las solicitudes de visitas al país que han formulado, desde hace varios años, los Procedimientos especiales de las Naciones Unidas, cuyos mandatos son más relevantes para el Estado de Derecho y la crisis de derechos humanos.

La CIJ toma nota del anuncio del Gobierno de Venezuela de invitar al país al Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo de las Naciones Unidas, Sr. Alfred de Zayas.

Este anuncio, así como él de invitar al país al Relator Especial sobre el derecho al desarrollo, resulta significativo. Por más de una década, el Gobierno venezolano ha denegado o dejado sin respuesta las solicitudes de visita al país de numerosos Expertos de las Naciones Unidas (conocidos como “Procedimientos especiales”). La última misión realizada a Venezuela por un Procedimiento especial, fue la del Relator Especial sobre la Tortura en 1996.

Sin embargo, dada la ruptura del Estado de Derecho y la gravísima situación de derechos humanos en Venezuela, se requiere urgentemente que otros Procedimientos especiales de Naciones Unidas, con un mandato relevante, realicen misiones en el país.

“En el curso de este año las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, la tortura y malos tratos a detenidos, la detención arbitraria, el juzgamiento de civiles por tribunales militares y las persecuciones y ataques contra opositores, disidentes y defensores de derechos humanos se han convertido en prácticas sistemáticas y generalizadas en Venezuela”, declaró Federico Andreu-Guzmán, Representante para Suramérica de la CIJ.

“Por lo tanto, es difícil entender por qué el Gobierno de Venezuela no responde a las solicitudes formuladas desde larga data por los Procedimientos especiales con mandatos sobre estas violaciones, mientras invita de forma proactiva a otros Expertos de las Naciones Unidas”, agregó Andreu-Guzmán.

La CIJ hace, por lo tanto, un llamado al Gobierno de Venezuela a que invite a visitar el país al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y a los Relatores Especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la independencia de los magistrados y abogados; la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Todos estos Expertos de las Naciones Unidas han solicitado visitar Venezuela desde tiempo atrás, incluso algunos desde hace varios años, sin que el Gobierno venezolano haya aceptado estas solicitudes hasta ahora.

“Los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen, bajo la Carta de las Naciones Unidas, la obligación de cooperar con los Procedimientos especiales de derechos humanos de esta organización. Esta obligación cobra particular importancia cuando el Estado es miembro del Consejo de Derechos Humanos, como es el caso de Venezuela”, declaró Andreu-Guzmán.

Asimismo, la CIJ hace un llamado al Gobierno de Venezuela para que acepte la solicitud de visita al país que, desde el año 2004, ha reiterativamente formulado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Información complementaria

Desde hace varios años, los siguientes Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han solicitado visitar a Venezuela: el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado; y la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación.

En el ámbito regional, aunque denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos en septiembre de 2012, Venezuela sigue siendo Estado parte de tres tratados interamericanos de derechos humanos (La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer). Sin embargo, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido sistemáticamente ignoradas por el Estado venezolano, el cual además ha denegado las solicitudes de visita al país que este órgano ha formulado desde el año 2004.

 

La dictadura es militar por Alberto Barrera Tyszka – Blog Polis – 1 de Octubre 2017

unknownMEDELLÍN, Colombia – El pasado 26 de septiembre, el presidente Nicolás Maduro fue condecorado con la Cruz del Comando Estratégico Operacional. El acto militar se realizó en una base aérea cercana a Caracas y, al momento de hablar, el Presidente de Venezuela dijo que “hoy la patria sustenta su unión en la cohesión de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. No solo se refería a una cuestión de orden y represión de las protestas públicas. Maduro se refería, sobre todo, a una sociedad cuyo principal protagonista es la fuerza armada. Finalmente, Maduro ha cumplido el sueño de Chávez: los militares son el motor de la historia venezolana.

Es necesario recordar que, hace un poco más de un año, obligado finalmente a reconocer la terrible crisis económica y social por la que pasa el pueblo venezolano, el presidente decidió crear un orden mayor, la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, con más poder que todos los ministerios, dedicado a combatir el desabastecimiento de comida y de medicinas. Al frente de esta nueva misión designó al ministro de la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López. Fue un paso definitivo en la creciente militarización de la gestión administrativa del Estado. Esa ha sido la constante más clara del gobierno de Maduro: cederle la economía y la política a la fuerza armada. En la famosa “unión cívico militar” que tanto pregona el oficialismo, los civiles son cada vez más un adorno. La historia ahora se viste de uniforme. Leer más de esta entrada

Naciones Unidas incluye a Venezuela en lista de países que castigan a activistas de derechos humanos – La Patilla – 20 de Septiembre 2017

un-logo-light-blue.jpgUn récord de 29 países, que incluyen a Venezuela, han tomado represalias e intimidación, que cooperan con Naciones Unidas lo que supone un aumento en comparación con los 20 anteriormente reportados, dijo el miércoles la agencia de derechos humanos de la ONU en su octavo reporte anual, reseña Reuters.

“Estamos conscientes de casos de personas con las que tenemos comunicación que han sido secuestradas, detenidas, incomunicadas o han desaparecido”, dijo el asistente del secretario general de la ONU para los derechos humanos, Andrew Gilmour.

El funcionario entregó el reporte al Consejo de Derechos de la ONU, del cual forman parte 11 países mencionados en el informe.

Los países denunciados son Argelia, Baréin, Burundi, China, Cuba, Egipto, Eritrea, Honduras, India, Irán, Israel, Mauritania, México, Marruecos, Birmania (Myanmar), Omán, Pakistán, Ruanda, Arabia Saudí, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Tayikistán, Tailandia, Turquía, Turkmenistán, los Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Venezuela, agregó EFE.

“Es aborrecible que año tras año nos veamos obligados a presentar casos de intimidación y represalias contra personas cuyo delito -a los ojos de sus gobiernos- fue cooperar con las instituciones y mecanismos de la ONU”, recalcó Gilmore.

También dijo estar al tanto de casos en los que activistas con los que la ONU estaba hablando fueron secuestrados, detenidos, mantenidos incomunicados o desaparecidos, a la vez que indicó que hay “muchos casos” de detenciones arbitrarias prolongadas, tortura y malos tratos.

En un caso hubo tratamiento psiquiátrico forzado y en otros había confinamientos solitarios y asaltos sexuales y violaciones durante la detención, tanto de hombres como de mujeres, recalcó.

El informe, el octavo de su tipo, recoge casos ocurridos entre junio de 2016 y mayo de 2017.

Once de los 29 países mencionados en el informe son actualmente miembros del Consejo de Derechos Humanos y algunos figuran en el informe anual de la ONU cada año desde que fue instituido en 2010.

China y Arabia Saudí han sido mencionados en seis ocasiones, Baréin, Irán y Sri Lanka en cinco, y Argelia, Israel, Sudán, Tayikistán y Venezuela en cuatro.

El número de casos de represalias e intimidaciones es mucho mayor en realidad, dado que se han omitido varios por razones de confidencialidad o seguridad de la víctima, explicó Gilmore.

Según la ONU, “muchos” ataques contra activistas son “perpetrados o consentidos por funcionarios” y muchos otros incidentes no se denuncian por miedo a más repercusiones.

El informe dice que el patrón de algunos casos sugiere que algunos países “tienen una estrategia para prevenir a la gente de cooperar con la ONU en materia de derechos humanos”.

“Más allá del grave impacto en la vida de las personas afectadas y en la de sus familiares, la intimidación y la represalia también socavan sistemáticamente la acción de la ONU en materia de derechos humanos y la confianza de sus socios en la organización”, señala el informe de Gilmore.

El documento insta a todos los Estados miembros a cesar las represalias, investigar las denuncias, proporcionar indemnizaciones eficaces y adoptar e implementar medidas para asegurar la no repetición.

 

Ejecución de la Convención de Palermo a Maduro y su grupo por Carlos Sánchez Berzaín – Diario Las Americas – 17 de Septiembre 2017

opinion-carlossanchezberzain.jpgLa situación es muy grave y clara en cuanto a la urgencia de aplicar la Convención de Palermo desde terceros estados, pues las acciones del derecho interno en Venezuela están en manos de los criminales que permanecen en el poder para garantizar su impunidad.

La “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional” (Convención de Palermo) tiene competencia plena sobre los detentadores delictivos del poder en Venezuela. La finalidad, definiciones, ámbito de aplicación, vigencia y ratificación, hacen de este instrumento, el idóneo para procesar, capturar y sancionar a Nicolás Maduro y su “grupo de delincuencia organizada” por “delitos graves” con los que obtienen “beneficios económicos y materiales”. Es tiempo de acciones criminales en los países donde los delitos de Nicolás Maduro y su grupo tienen efectos, procesos que ordenen su captura y juzgamiento.

La ejecución e inicio de los procesos puede hacerse en los estados en que los delitos se hayan preparado, cometido o tengan efectos sustanciales. La Convención de Palermo determina que “el delito será de carácter transnacional si: a) Se comete en más de un Estado; b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o, d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado”.

El Código Penal de la República Bolivariana de Venezuela establece en sus Arts. 174 al 181 agravados por el Art. 203 penas privativas de libertad de 4 a 6 años por privación de libertad por funcionarios, atropello a presos y otros delitos; además establece en sus Arts. 405 al 414 penas privativas de libertad de 5 a 18 a años por homicidio, homicidio culposo, lesiones graves y otros, más agravantes; impone penas privativas de libertad de 20 a 30 años por delitos contra la independencia y seguridad de la Nación como el asociarse para traicionar a la Patria.

Otros delitos, como el narcotráfico, la corrupción, sobornos, enriquecimiento sin causa, lavado de dinero, simulación de contratos para delinquir están sancionados en el Código Penal, incluyendo la asociación delictiva o agavillamiento con pena de hasta 5 años en el Art. 286; la falsedad de actos y documentos y aprovecharse de esa falsedad por un funcionario con penas de hasta 12 años en los Arts. 316 al 322. La comisión reiterada de estos y otros delitos ha producido en Venezuela una crisis social, económica, política y humanitaria mundialmente reconocida y probada por la existencia de perseguidos, presos y exiliados políticos, por la “migración forzada” de decenas de miles de venezolanos que dejan su país por miedo y por la inseguridad causada por el crimen organizado que detenta el poder de facto.

La migración de venezolanos -forzada por Maduro y su grupo de delincuencia organizada transnacional- ha llegado masivamente a los países limítrofes como Colombia, Brasil y Panamá, pero también a Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Estados Unidos, Canadá, España, Francia……. y estos son ”efectos sustanciales en otro estado” que otorgan y abren la competencia de las autoridades de esos países para aplicar de oficio o a petición de parte la Convención de Palermo.

Pueden proceder de oficio las autoridades encargadas de la investigación y acusación de delitos de cualquiera de los Estados que sufren “efectos sustanciales” por los actos delictivos cometidos por Nicolás Maduro y su grupo en Venezuela. Un importante precedente en la aplicación de la Convención de Palermo es el tristemente famoso caso de corrupción de la FIFA investigado por autoridades de Estados Unidos en Nueva York, que con participación de la Interpol detuvieron y procesaron en varios países del mundo a ciudadanos de diferentes países que habían cometido delitos en diferentes Estados, pero con efectos sustanciales en los Estados Unidos.

Si por razones políticas o de otra índole el caso de los crímenes transnacionales cometidos en Venezuela no mereciera atención de oficio, está abierto el derecho de “denuncia y petición” en los Estados o países en que los “efectos sustanciales de la delincuencia organizada transnacional” son evidentes con la presencia de migrantes forzados o exiliados venezolanos. El procedimiento legal es el ordinario del “derecho interno” de cada estado para la investigación de delitos. Ciudadanos y organizaciones civiles pueden pedir a los fiscales o procuradores de Colombia, Perú, Brasil, Panamá, Argentina, Chile, Costa Rica, México, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, entre otros, que abran procesos, analicen la prueba y ordenen la captura y aprehensión internacional de Nicolás Maduro y los miembros de su grupo.

La filosofía y objeto de la Convención de Palermo es que los autores de crímenes transnacionales no puedan evadir la justicia en ninguna parte del mundo y que no puedan salvar sus beneficios ilícitos amparados en cuestiones de gobierno, Estado o soberanía. La soberanía no puede proteger al crimen ni a los delincuentes porque es un concepto de Derecho. La comisión y juzgamiento de los delitos perpetrados por Maduro y su grupo no son “asunto interno” de Venezuela, no aplica el principio de no intervención porque son delitos transnacionales y muchos de ellos de lesa humanidad.

La situación es muy grave y clara en cuanto a la urgencia de aplicar la Convención de Palermo desde terceros estados, pues las acciones del derecho interno en Venezuela están en manos de los criminales que permanecen en el poder para garantizar su impunidad. Maduro y su grupo manejan la fuerza y el sistema formal de justicia porque lo dominan en base al miedo y lo han suplantado, encarcelando y exiliando a los miembros del poder legítimo como los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Fiscal y miembros de la Asamblea Nacional.

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Denunciaron 289 casos de tortura en la Organización de Estados Americanos – El Nacional – 14 de Septiembre 2017

ABOGADA AFIRMA QUE LA CPI TIENE SUFICIENTES PRUEBAS DE TORTURAS EN VENEZUELA

La directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju, detalló que, del total, 192 personas fueron sometidas a torturas sexuales

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla, denunció en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), las torturas y violaciones perpetradas por funcionarios de las fuerzas del gobierno venezolano en contra de 289 personas, fueran manifestantes o ciudadanos adversos a sus políticas.

Entre los casos más resaltantes hay detenidos durante las protestas que denunciaron que fueron agredidos sexualmente, a otros les obligaron a comer excremento y algunos fueron sometidos a descargas eléctricas.

De la cantidad de afectados, 223 son hombres y 66 mujeres. 79% tienen edades comprendidas entre los 18 y 30 años de edad, mientras que 11% oscilan entre los 31 y 40 años de edad.

Todos recibieron torturas psicológicas. Además, del total, 280 fueron golpeados y 192 fueron sometidos a torturas sexuales. En los casos de agresión sexual se incluyen las violaciones con rolos o incluso con armas de fuego.

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Suju destacó que 23 de los aprehendidos padecen o han pasado por “torturas blancas”, que consisten en mantenerlos en condiciones inadecuadas de reclusión.

“No respiran aire fresco, las temperaturas son inferiores a 18 grados centígrados. Hay una cárcel que se llama ‘La Tumba’ que está a cinco pisos bajo la tierra. El único sonido que ellos escuchan es el sonido del Metro de Caracas. Cuando deja de pasarles por encima de la cabeza es cuando identifican que es de noche”, agregó.

Los cuerpos del Estado responsables por lo ocurrido son la Guardia Nacional Bolivariana, las policías regionales y la Policía Nacional Bolivariana, según detalló la defensora de los derechos humanos.

 

 

 

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