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La simpatía de José Mujica por las tanquetas de Maduro por Loris Zanatta – La Nación – 11 de Mayo 2019

Loris ZanattaBOLONIA.- La frase de José Mujica se hizo viral: “No hay que ponerse delante de la tanqueta”, comentó las imágenes de los manifestantes venezolanos arrollados por un blindado de la policía bolivariana que se les tiró encima. ¿Cómo no pensar en la plaza de Tiananmen? ¿Qué le hubiera pasado a ese joven intrépido o desprevenido parado frente al tanque, de haberlo conducido el mismísimo Mujica? ¿La foto que hizo historia representaría a un cuerpo destrozado sobre el asfalto? Olfateada la gaffe, sumergido por los insultos, el expresidente corrigió el disparo, pero como suele suceder, el parche era peor que el agujero: “En Venezuela están todos locos”, dijo. En Uruguay también hay varios que lo están, se podría agregar.

¿Que decir de esto? Por más que se le dé vueltas, por más que se le busquen excusas o matices, la frase suena repugnante. Detrás de la cara plácida del estadista retirado, del anciano cordial que pasea por el mundo predicando paz, austeridad y fraternidad, de repente se asomó la cínica mueca del guerrillero que fue, el abuelo amargado y vengativo que todavía sueña con aplastar al “enemigo de clase” con un oruga.

El tema no merecería más comentarios si no se prestara a algunas consideraciones. La primera concierne a Mujica y Venezuela: pedir elecciones libres, dijo, viola su “soberanía y autodeterminación”. Es decir que cada uno tendría en su casa el derecho de hacer lo que quiere: matar, robar, torturar. Pero como hay tanto ruido, explicó, entonces, que se vote: ojalá así se apague el fuego. ¡Qué generosa concesión! Pero hay un pequeño problema: con Maduro en la Casona, sus hombres al frente del Consejo Nacional Electoral, la caja de Pdvsa en manos de sus esbirros, los colectivos armados en las calles, en Venezuela no puede haber ninguna elección libre. ¿Es tan difícil de entender? E incluso si se votara, la victoria de la oposición estaría prohibida: queda demostrado por el destino reservado a la Asamblea Nacional. Volvemos a las andadas: la “concesión” de Mujica es una trampa, como las “negociaciones” que muchos invocan con Maduro, simulando no saber que el régimen no tiene ninguna intención de poner en juego el poder. Por eso tantos países reconocieron a Guaidó, presidente de la Asamblea, para dirigir un gobierno de transición encargado de organizar las elecciones. La Unión Europea lo hizo; Mujica, que dice apoyarla, no.

La segunda consideración se refiere a los derechos humanos y la soberanía nacional. La desdichada ocurrencia de Mujica sobre la tanqueta nos da a entender que para él, como para muchos otros veteranos militantes de los años de plomo, aquellos son principios flexibles: tan flexibles como para aplicar diferentes pesos y medidas según el caso y la conveniencia. Las denuncias de violaciones de los derechos humanos y la presión de la comunidad internacional sobre las dictaduras del Cono Sur, hace cuarenta años, ¿fueron violaciones de la soberanía nacional? Eran insuficientes, a menudo reticentes, pero salvaron vidas. Muchos de esos militantes se beneficiaron, afortunadamente. Los países “burgueses” y capitalistas que los acogieron no pretendieron que firmaran un certificado de adhesión ideológica a sus principios; el principio era la protección de los derechos humanos.

¿Podemos decir que hoy ellos, y entre ellos Mujica, hacen lo mismo con los derechos humanos de los venezolanos y con su soberanía? ¿Ha leído los informes sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela redactados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Saben los chavistas argentinos que es la misma institución que destapó la olla de los horrores del Proceso? ¿Y que Videla la combatió invocando la soberanía argentina, denunciando la “injerencia”? ¿No es eso lo que Maduro dice y hace hoy? ¿Qué diríamos de un político que se burlara de las víctimas de Pinochet, aconsejándoles no pararse en frente de un pelotón de ejecución? Pero como el chavismo forma parte de la propia familia, lo que para otros es negro ellos lo pintan de gris, si no de blanco.

Queda una última, escueta consideración: la desenvuelta ocurrencia de Mujica y el abismo moral que deja entrever, sugiere que malinterpretó su elección como presidente de Uruguay. ¡Ay de pensar que fue la victoria tardía de la guerrilla y de sus ideales! Fue, al revés, el triunfo de una democracia tan antigua y arraigada como para obligar a un redentor armado a transformarse en un presidente constitucional, ¡y capaz de sobrevivirle! La democracia ha sido mucho más generosa con Mujica que cuanto él lo es con los venezolanos que la reclaman y, a diferencia de él, no la disfrutan.

Faes, colectivos y militares corruptos: el escudo protector de Maduro – La Patilla – 8 de Mayo 2019

Miembros de las Fuerzas de Acción Especial de Venezuela (FAES) realizan una operación de seguridad en el vecindario de los 70, municipio de El Valle, en Caracas, el 1 de abril de 2019 (Foto por Yuri CORTEZ / AFP)

La imagen de una tanqueta arrollando a un grupo de manifestantes desarmados, el pasado 30 de abril, le dio la vuelta al mundo. El incidente fue tan noticioso que líderes mundiales, artistas y opinadores debieron pronunciarse, pues de nuevo retrató el rostro criminal del régimen de Nicolás Maduro.

Ese día conjugaron en las calles el poder de represión que hoy sostiene al régimen: colectivos, FAES y un pequeño sector militar corrompido. Las violaciones de derechos humanos han sido una constante en Venezuela a través de estos tres cuerpos, ellos encierran unas escalofriantes cifras de detenidos, muertos y desaparecidos. La ONG Human Rights Wacht detalló en su informe del año 2018 que en el país 12.500 personas han sido detenidas desde 2014 en relación con las manifestaciones públicas.

Aunado a ello, Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias penales y profesor de la Universidad Central de Venezuela, asegura que en 2017 murieron 4.998 personas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, lo cual equivale a unas 14 personas al día. Este crecimiento exponencial de víctimas a manos del régimen chavista coincide con la creación del FAES. Este grupo que forma parte de la Policía Nacional Bolivariana es considerado por la ONG venezolano PROVEA, como un escuadrón de la muerte que siembra terror en las zonas populares, con una acción sistemática de ejecuciones.

Son múltiples las denuncias sobre asesinatos que han estado ocurriendo en diversas zonas populares de Caracas a manos de este cuerpo. Sin embargo, el campo de acción del FAES no son solo las barriadas, ya que Nicolás Maduro ha venido utilizándolos para contener las movilizaciones de la oposición. Los expertos en el área han advertido sobre el peligro que significa esta situación, pues este grupo no está entrenado para resguardar el orden público, sino para identificar objetivos y desarticularlos.

El otro cuerpo represor en el cual pareciera refugiarse Maduro es en los colectivos. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU acusa a este grupo de choque de haber causado 27 muertes durante las protestas del año 2017 en Venezuela. José Almeida, especialista en el tema de seguridad, asegura que los colectivos tienen un fuerte componente cubano en su formación; por lo que son un bastión imprescindible en la lucha de pueblo contra pueblo.

A pesar de que el gobierno de Maduro se empeña en reiterar que los colectivos son grupos culturales que fomentan la paz en las localidades donde actúan, la realidad es que han sido utilizados como fuerza de choque para contener las movilizaciones de la oposición y amedrentar a ciudadanos desarmados. Asimismo, este conglomerado se le acusa de actuar como paramilitares, debido a que toman el control de ciertas zonas, en las que ejercen la violencia política e imponen sus propias normas.

Los colectivos se han convertido en un arma de represión muy importante para Maduro en un momento en el que existe una ruptura en la Fuerza Armada venezolana. Almeida reitera que la represión desmedida que se ha visto por parte de las fuerzas de seguridad es un símbolo del desespero que existe en el interior del régimen, ya que al perder el apoyo popular, internacional y, principalmente de la mayoría de la FAN, Maduro ha optado por la fuerza bruta como única herramienta para silenciar el deseo de cambio del país.

En la estrategia de supervivencia de la dictadura venezolana, no puede dejarse a un lado el papel de una parte de la FAN. Hoy existen un grupo de militares que sostiene al gobierno madurista, porque representa para ellos la posibilidad de acumular riquezas por medio del control de recursos del Estado, operaciones de contrabando, narcotráfico u otro delito de extorsión contra la población. Son estos militares los que dirigen escenas como la de la tanqueta, apelan a la permanencia del sistema para continuar lucrándose en medio de una población que huye del hambre y la represión.

Don’t call it a coup. Venezuelans have a right to replace an oppressive, toxic regime by Joshua Carroll / Kate Woodsome – The Washington Post – 30 de Abril 2019

Venezuelans are the losers in the political conflict between the government and the opposition, and the United States is making it worse.

DEEP UNCERTAINTY surrounds the latest events in Venezuela. Tuesday began with a pre-dawn recorded address to the public by interim president Juan Guaidó, who stood with members of the security forces at a Caracas air base and declared that a long-anticipated barracks uprising against the regime of Nicolás Maduro had begun. Accompanying Mr. Guaidó was opposition leader Leopoldo López, apparently released from his four-year detention by defecting guards. Venezuelans responded to Mr. Guaidó’s call for street protests and were met by troops loyal to Mr. Maduro. By late afternoon, clashes were taking place, regime officials were promising a decisive “counterattack,” and there was no way to know whether “Operation Liberty,” as Mr. Guaidó dubbed this high-risk move, would succeed or be crushed — or devolve into civil war.

What is not, or should not be, ambiguous is the political and moral essence of this volatile situation. The Maduro regime has violated human rights on a massive scale, leaving hundreds of peaceful opponents dead, and it has led Venezuela into economic catastrophe. Millions of Venezuelans have fled to other countries, including hundreds of thousands to the United States. Having first been elected in 2013, Mr. Maduro forfeited democratic legitimacy in January 2016, when he purported to deprive the National Assembly of its powers because the opposition had won control the previous month. He then manipulated the political system to create a parallel puppet legislature and, on May 20, 2018, engineered his reelection through a flawed process from which both international observers and leading opposition figures were effectively barred. His inauguration as president for a new term in January, in defiance of warnings from neighboring Latin democracies, prompted Mr. Guaidó, leader of the National Assembly, to declare the presidential office vacant and himself its interim occupant, as provided in the Venezuelan Constitution — and supported by more than 50 countries, including the United States.

Therefore, whatever its ultimate outcome or, indeed, its strategic wisdom, Tuesday’s uprising is not a “coup attempt,” as the Maduro regime, echoed by too many people abroad, calls it. Rather, it is the latest in a series of legitimate and, for the most part, nonviolent efforts by Venezuelans, both civilian and military, to throw off an oppressive, toxic regime so that they can freely elect a legitimate government. Supporters of freedom and democracy should stand in solidarity with Mr. Guaidó and the many thousands of Venezuelans now bravely asserting their rights.

The Trump administration has backed Mr. Guaidó, including — appropriately — through the use of tough new economic sanctions aimed at pressuring the Maduro regime to cede power, or persuading the Venezuelan military to oust him itself. Possibly, Tuesday’s events are a sign that Mr. Trump’s policy is succeeding; or, possibly, that there is nothing left of it but desperate measures. A hopeful sign was the immediate and unequivocal backing Mr. Guaidó received from six South American nations, including Venezuela’s four largest neighbors: Colombia, Ecuador, Brazil and Peru. By working closely with these countries, and not by intervening militarily, the Trump administration may increase the chances that Mr. López’s declaration Tuesday — “It’s time to conquer freedom” — proves out.

Don’t call it a coup. Venezuelans have a right to replace an oppressive, toxic regime by Joshua Carroll / Kate Woodsome – The Washington Post – 30 de Abril 2019

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On Venezuela, the Trump administration needs to back off

 

DEEP UNCERTAINTY surrounds the latest events in Venezuela. Tuesday began with a pre-dawn recorded address to the public by interim president Juan Guaidó, who stood with members of the security forces at a Caracas air base and declared that a long-anticipated barracks uprising against the regime of Nicolás Maduro had begun. Accompanying Mr. Guaidó was opposition leader Leopoldo López, apparently released from his four-year detention by defecting guards. Venezuelans responded to Mr. Guaidó’s call for street protests and were met by troops loyal to Mr. Maduro. By late afternoon, clashes were taking place, regime officials were promising a decisive “counterattack,” and there was no way to know whether “Operation Liberty,” as Mr. Guaidó dubbed this high-risk move, would succeed or be crushed — or devolve into civil war.

What is not, or should not be, ambiguous is the political and moral essence of this volatile situation. The Maduro regime has violated human rights on a massive scale, leaving hundreds of peaceful opponents dead, and it has led Venezuela into economic catastrophe. Millions of Venezuelans have fled to other countries, including hundreds of thousands to the United States. Having first been elected in 2013, Mr. Maduro forfeited democratic legitimacy in January 2016, when he purported to deprive the National Assembly of its powers because the opposition had won control the previous month. He then manipulated the political system to create a parallel puppet legislature and, on May 20, 2018, engineered his reelection through a flawed process from which both international observers and leading opposition figures were effectively barred. His inauguration as president for a new term in January, in defiance of warnings from neighboring Latin democracies, prompted Mr. Guaidó, leader of the National Assembly, to declare the presidential office vacant and himself its interim occupant, as provided in the Venezuelan Constitution — and supported by more than 50 countries, including the United States.

Therefore, whatever its ultimate outcome or, indeed, its strategic wisdom, Tuesday’s uprising is not a “coup attempt,” as the Maduro regime, echoed by too many people abroad, calls it. Rather, it is the latest in a series of legitimate and, for the most part, nonviolent efforts by Venezuelans, both civilian and military, to throw off an oppressive, toxic regime so that they can freely elect a legitimate government. Supporters of freedom and democracy should stand in solidarity with Mr. Guaidó and the many thousands of Venezuelans now bravely asserting their rights.

The Trump administration has backed Mr. Guaidó, including — appropriately — through the use of tough new economic sanctions aimed at pressuring the Maduro regime to cede power, or persuading the Venezuelan military to oust him itself. Possibly, Tuesday’s events are a sign that Mr. Trump’s policy is succeeding; or, possibly, that there is nothing left of it but desperate measures. A hopeful sign was the immediate and unequivocal backing Mr. Guaidó received from six South American nations, including Venezuela’s four largest neighbors: Colombia, Ecuador, Brazil and Peru. By working closely with these countries, and not by intervening militarily, the Trump administration may increase the chances that Mr. López’s declaration Tuesday — “It’s time to conquer freedom” — proves out.

Nicolas Maduro: Corruption and Chaos in Venezuela – US Department of State – 15 de Abril 2019

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“Maduro usurped power; he’s not the duly elected president. Juan Guaido is the person that the Venezuelan people chose. America and now 54 other nations simply have ratified that, have said, ‘Yep, we recognize that’s what Venezuelans want.’” – U.S. Secretary of State Mike Pompeo, March 19, 2019.

Venezuela’s former regime, led by Nicolas Maduro, has consistently violated the human rights and dignity of its citizens, plundered the country’s natural resources, and driven a once prosperous nation into economic ruin with his authoritarian rule and socialist economic policies. Maduro’s thugs have engaged in extra-judicial killings and torture, taken political prisoners, and severely restricted freedom of speech, all in a brutal effort to retain power.

MADURO’S UNCONSTITUTIONAL ACTS:

  • In 2015, pro-democracy opposition parties resoundingly defeated the Maduro regime in legislative elections. Shortly thereafter, Maduro began dismantling various branches of government. Lame-duck National Assembly President Diosdado Cabello rushed to stack the country’s courts with unqualified party hacks to serve as Maduro’s guarantors of power.
  • On January 11, 2016, when the National Assembly proceeded to seat three legitimately elected deputies, the Supreme Court declared the National Assembly in contempt, rendering all subsequent legislation approved by this democratically elected body null and void. Maduro has deliberately sidelined this constitutionally legitimate Assembly ever since.
  • Maduro’s National Electoral Council (CNE) cronies oversee the conduct of all elections and declare the winners. Since 2015, they have tilted the playing field to ensure that Maduro can’t lose. They have disqualified every major opposition party and most opposition candidates since 2017.
  • In 2017, acting on Maduro’s orders, the CNE organized widely contested elections for the National Constituent Assembly, whose primary objective was to draft a new constitution. Instead, Maduro used the Assembly to usurp the powers of the legitimate National Assembly, ratify his orders, and enact laws, many of which vilify and disparage opposition figures and their policy proposals.
  • This sham electoral system culminated in the May 20, 2018 presidential elections. With most opposition figures arrested, exiled, or banned from running, Maduro faced a weakened field of candidates in a rigged election. To drive pro-Maduro turnout, the regime bribed voters with desperately needed food and other subsidies in exchange for their votes.
  • On January 10, 2019, Maduro unlawfully assumed the presidency at a ceremony deemed illegitimate by many Venezuelans and more than 50 countries, including most of Venezuela’s neighbors and the majority of the European Union.

In this context, Juan Guaido, elected on January 5, 2019, as President of the National Assembly, the only remaining democratically elected and legitimate institution in the country, invoked relevant articles of the Venezuelan constitution and became Venezuela’s Interim President.

MADURO’S CORRUPTION:

  • Maduro’s most egregious corruption scheme involved embezzlement from the state-owned oil company Petroleos de Venezuela (PdVSA). In 2015, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued a finding under Section 311 of the USA PATRIOT Act. A European bank accepted exorbitant commissions to process approximately $2 billion in transactions related to Venezuelan third–party money launderers, shell companies, and complex financial products to siphon off funds from PdVSA.
  • In 2018, a $1.2 billion money-laundering scheme involving Matthias Krull, a German national and Panamanian resident, and Gustavo Adolfo Hernandez, a Colombian national and naturalized U.S. citizen, exploited PdVSA and took advantage of the corruption in Venezuela’s foreign currency exchange systems by trading U.S. dollars for Venezuelan bolivars at market rate and then back again.
  • In 2016, Maduro declared approximately 12% of the country to be a part of an “Orinoco Mining Arc” and awarded himself broad authorities to oversee the exploitation of resources for personal gain. In 2017, the regime ejected legitimate foreign companies doing business and replaced them with unregulated miners who operate with the backing of senior Venezuelan military officers.
  • In 2017, after a seven month investigation, Venezuela’s National Assembly uncovered instances where the regime “spent” $42 for a box of food, which it then distributed in exchange for votes, at a time when the food items cost less than $13. Maduro’s inner circle kept the difference, which totaled more than $200 million dollars in at least one case.
  • Venezuela ranks 169 out of 180 countries on the Transparency International’s 2017 Corruption Perception Index.

MADURO’S HUMAN RIGHTS VIOLATIONS:

  • In October 2018, Caracas Councilman Fernando Alban traveled to New York to denounce the Maduro regime’s brutality on the sidelines of the United Nations General Assembly. Upon his return to Venezuela on October 5, Maduro’s secret police arrested him at the airport. He died in custody a few days later when he mysteriously fell from a 10th floor window of a maximum-security prison in Caracas.
  • Maduro has increasingly relied on the Special Action Force of the National Police (FAES) that he created in 2017 to carry out illegal raids and extrajudicial killings.
    • The FAES, comprised of 1,300 officers, stands accused of killing more than 100 people in low-income neighborhoods from June to December 2018. (January 26, 2019 NGO Provea report)
    • On March 20, 2019, according to the U.N. High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet, FAES executed 37 people in connection with illegal home invasion raids in January.
  • The regime has deployed the National Guard and civil militias known as colectivos to crack down on peaceful protestors. According to the National Assembly, the former regime is responsible for at least 40 protest-related deaths so far this year.
    • 175 protest-related detentions and 7 deaths reported on January 23, 2019 (NGO Foro Penal)
    • 1,255 persons detained since January 21, 2019 (NGO Foro Penal)
    • 864 prisoners of conscience, including 95 military members (NGO Foro Penal, as of 4/1/19)
  • On April 5, 2019, human rights NGO PROVEA announced the discovery of several clandestine detention centers, including three allegedly run by colectivos, police, state security forces, and intelligence agencies, where the former regime extralegally detained and abused Venezuelan citizens.
  • On April 4, 2019, police raided the home of National Assembly Deputy Roberto Alcala in an effort to prosecute him on trumped-up terrorism charges.
  • On March 21, 2019, Maduro’s police raided the home of Interim President Juan Guaido’s chief of staff Roberto Marrero, and arrested him. Maduro’s Cuban-supported intelligence agency, SEBIN, continues to detain him. SEBIN has a record of using cruel and inhumane treatment to coerce confessions.

Situación de los derechos humanos en Venezuela – CIDH – Diciembre 2017

Desde hace varios años la Comisión Interamericana ha venido observando la debilidad en la institucionalidad democrática y el deterioro progresivo de la situación de derechos humanos en Venezuela, los cuales se han profundizado e intensificado significativamente a partir del 2015.

 

 Este informe documenta y visibiliza las graves violaciones de derechos humanos producidas durante los últimos años en Venezuela para analizar sus causas y establecer acciones que el Estado debe tomar para superarlas.

Para leer el informe completo abrir el siguiente enlace :

https://cidhoea.wixsite.com/venezuela

Corrupción espiritual – Revista Microfilosofía – 27 de Marzo 2019

Tortura populista

Es público y notorio el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, conocida también como “la presa de Chávez”, después de que, en el año 2009, ante los medios de comunicación, la llamara “bandida”, ordenara su “detención inmediata” y la condenara a “treinta años de prisión”. Él, el “supremo”, el “galáctico”, fiscal, juez y verdugo de la “causa”. Todo de un plumazo, o más bien, de un bayonetazo. Ese día acusó, responsabilizó y condenó a la jueza por haber liberado al banquero Eligio Cedeño enemigo personal del autócrata, pero señalado de cometer un fraude financiero-, a pesar de que el tirano le había dado “instrucciones precisas” para encarcelarlo. Pero la jueza no prestó la debida atención, o no quiso prestarse para ello, y, asumiendo el desafío, ejerció, no sin valentía, el compromiso con su sacerdocio, asistida más por la convicción en la majestad del estado de derecho que por los arrogantes ímpetus del terror. Pero lo que en tiempos de normalidad es labor cotidiana en tiempos de anormalidad resulta temerario. Asumir riesgos frente a un tirano tiene consecuencias. Y la jueza pagó muy caro el precio. Seis días después de la alocución del déspota, fue encarcelada y casi de inmediato sometida a agravios, torturas y violaciones por los impíos esbirros de un régimen que ha hecho del oprobio su santo y seña.

La “presa de Chávez” fue, en efecto, detenida y enviada a una cárcel de mujeres a las afueras de Caracas durante un año y dos meses. En ese centro de reclusión fue objeto de toda clase de torturas y abusos sexuales. De continuo, la rociaban con gasolina y la amenazaban con quemarla viva; la violaron hasta destruirle la vagina, la vejiga y el ano. Quedó embarazada y tuvo un aborto. Finalmente, tuvieron que someterla a una cirugía para vaciarle el útero. Y sólo entonces le otorgaron el “beneficio” del arresto domiciliario. Durante tres años y nueve meses fue víctima de los horrores de un régimen que decidió transmutar la política en brutal salvajismo. Después de semejante experiencia, ver a la doctora Bachelet leyendo aquél informe acerca de la constatación de la violación de los Derechos Humanos en Venezuela, en un tono más bien flemático, para no decir apático, hace recordar las irreverentes palabras de Don Miguel Bosé, salidas de la más honda de las vergüenzas ajenas y de la indignación franca y abierta.

Pero ahí no queda todo. El chavismo -esa suerte de maldición del populismo extremo que le ha caído encima cual plaga al país potencialmente más rico de latinoamérica-, intenta reaccionar ante su inminente fin echando mano de los únicos medios que aún le quedan disponibles y que maneja muy bien: el psico-terror y la violencia. Al secuestro de Roberto Marrero y de otros dirigentes políticos opositores, pertenecientes al equipo de trabajo del Presidente encargado Juan Guaidó, se suma la reapertura del caso de la jueza María Afiuni. Los primeros, en el mejor estilo del G-2 cubano, son acusados de ser los cabecillas de una “banda terrorista”. La segunda es acusada nada menos que de “corrupción espiritual”.

Lo que llama la atención de semejantes argumentaciones -si es que eventualmente se pueden calificar de ese modo- es la facilidad con la cual el gansterato que usurpa el poder en Venezuela acostumbra manipular y torcer el discurso, proyectando sobre quienes se oponen a sus intereses los defectos que les son propios. Sorprende cómo un grupo de bandidos, consustancialmente vinculados con la subversión armada, el tráfico de drogas y el terrorismo internacional, quienes históricamente han forjado sus tristísimas y muy lamentables existencias en los lodazales del odio, el resentimiento, la conspiración clandestina y la violencia, como suprema expresión de sus instintos primitivos, puedatener el descaro de acusar a gente de comprobada trayectoria democrática -gente decente, bien formada y civilista- endilgándoles los pesados fardos propios de sus almas retorcidas. Aquello del “ladrón que juzga por su propia condición” es, acá, un axioma. Torcer la verdad es un modo de comerse la muerte para venerarla. Mortífago significa “el que se come la muerte”, el morsmordre. Ellos son los herederos de los cultores de la muerte, los come-muerte. Lo aprendieron de los castristas y éstos de los stalinistas y éstos de los nazis. No hay un alma más corrompida que la que tributa y sirve a la muerte.

Para la representación del analfabeta funcional promedio, con cargos de dirección en el narcorégimen, “espíritu” significa, más o menos, una entidad abstracta e inmaterial. Y como la santería afrocubana -ese culto a la muerte- les resulta tan familiar, tan cercana, imaginan que una persona acusada de ‘corrupción espiritual’ es aquella que tiene un ‘santo’ que ha incurrido en corrupción o que obliga a su devoto a cometer actos corruptos. Pero, en todo caso, suponga el lector, otorgéndole a la narco-usurpación el beneficio de la duda, que cabe la remota posibilidad de que algunos de ellos -los menos ignorantes- llegaran a intuir, siguiendo los trazos del manido materialismo dialéctico (el diamat ), que el espíritu es una creación del idealismo para confundir al proletariado y, engañándolo, someterlo a la dominación material. Entonces, la llamada “corrupción del espíritu” debería ser celebrada en grande, lejos de imputarla, porque ello implicaría “la toma de conciencia revolucionaria”, atea y antijudeocristiana, según la cual sólo la materia cuenta, pues corromper el espíritu es la premisa de su destrucción.

En última instancia, la acusación que se le hace a la jueza es que su espíritu está corrompido. Quienes se han inventado la sentencia deben contar con algún instrumento capáz de medir los niveles de corrupción espiritual, porque, de resto, sería como acusar de asesinato a quien tomó la decisión de acabar con la vida de un fantasma. De no contar con tan sofisticado instrumento de medición, sólo cabe hacer la advertencia de que, en primer lugar, no conviene confundir el alma con el espíritu, que la primera atañe a lo individual y lo segundo a la sociedad -¡nada menos que al muy concreto ser social!-, y que no hay mayor fuerza objetiva en la historia que el espíritu de un pueblo que se ha decidido liberar del yugo de sus secuestradores, de ese gang de almas corrompidas y cada vez más solitarias, esas ánimas de purgatorio, que suelen expiar sobre el resto de la humanidad, como en el Dorian Grey de Wilde, el lienzo de sus propias felonías.

Informe de CIDH sobre Venezuela – 27 de Marzo 2019

PRESENTACIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CIDH

Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente con el objeto de considerar el tema “Seguimiento a los Últimos Acontecimientos y Evolución de la Situación Humanitaria en Venezuela”

Para acceder al Informa abrir el siguiente enlace :

27-Mar-2019 – Presentacion CP – Situación DDHH en Venezuela

Salen a la luz las torturas de la contrainteligencia militar de Maduro por Daniel Lozano – El Mundo – 21 de Marzo 2019

El teniente Ronald Dugarte ha “desertado” y ha presentado ante la OEA vídeos grabados en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), incluidas las salas de tortura
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El teniente Ronald Dugarte ha asestado este miércoles en la OEA un demoledor golpe contra el chavismo sólo horas después del informe Bachelet. “Decidí desertar porque no había visto tantas atrocidades, prisioneros que no se les brinda de forma automática servicios médicos y torturados”, desveló el militar, conectado por skype con la sede del organismo, donde se encontraba su secretario general, Luis Almagro, y la venezolana Tamara Suju, defensora de derechos humanos.

Vestido con su uniforme militar, Dugarte presentó los vídeos grabados en la sede caraqueña de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), incluidas las salas de tortura y las celdas de los militares. En esa instalación de Boleíta Norte permanecen 70 militares convertidos en presos políticos.

Son varios vídeos en los que se ve al capitán Juan Carlos Caguaripano negándose a desayunar porque orinaba sangre y ningún médico acudía a verle. Otro coronel aparece de rodillas en la celda, con las manos atadas a la espalda y con los ojos vendados. Y así una sucesión de imágenes impactantes, que confirman las denuncias de los organismos de derechos humanos.

Dugarte relató que los presos son torturados con descargas eléctricas, reciben golpes en zonas vitales, les inyectan sustancias desconocidas y se les asfixia con bolsas de plástico.

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