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Semana aciaga para el régimen por Rafael Poleo – Revista Zeta – 14 de Agosto 2017

Rqcp1o1e_400x400Disimulado por medidas efectistas como los alaridos en la Asamblea Constituyente y por la guerra psicológica montada por el G2 cubano en twitter, el régimen castro-madurista recibió esta semana golpes estructurales que a mediano plazo se revelarán letales.

Cada semana, venciendo enormes obstáculos, la Oposición avanza en el arduo trabajo de demoler las bases del régimen castro-madurista -de chavismo no hablemos: ha tiempo eso se fue. De estos obstáculos, el más incómodo es la incomprensión de los impacientes, esos opositores reales o presuntos que, entreverados con los agentes de la propaganda psicológica montada por Cuba, carcomen la moral de la mayoría opositora con una tenacidad que les hace sospechosos de los peores motivos.

Afortunadamente, los perros ladran pero la caravana pasa. El madurismo está sentenciado, sólo que la fecha de ejecución no se ha anunciado. Tiene habilidad táctica, pero lo importante es la estrategia, la cual desde que eran chavismo les viene irremediablemente equivocada. El movimiento del 4F quedó condenado cuando se alineó con los poderes que quieren acabar con la Cultura Occidental, como la Hezbollah, y unió su destino a un poder declinante, el de Cuba. Su tendencia al desastre es irreversible.

La muerte de Chávez -necesaria a los intereses de los hermanos Castro, que requieren obediencia ciega-, abrió espacio en la cúpula a los menos talentosos del tumulto revolucionario. El régimen cambió de chavista a madurista y desde entonces no ha desaprovechado oportunidad de meter la pata, como en el caso de una Asamblea Constituyente que ha entregado a sus enemigos el argumento moral para cerrar el cerco.

Esta semana, dos golpes calculados han envenenado al régimen. El primero es la nueva lista de sancionados económicos con la cual Estados Unidos, al repetir y agregar la indicación de “continuará”, hace saber su determinación de cargarse a todo aquel que no cante la palinodia. Los integrantes de la lista perderán el saco y los cangrejos. Los demás están bajo una persecución minuciosa del Departamento del Tesoro, al cual no hay en el mundo institución financiera ni gobierno que no le entregue la información que solicite. Estados Unidos ha dicho que la lista es larga, pero le faltan verificaciones formales -domicilios, etc. La verdad es que los nombres los va soltando según una estrategia fina que irá carcomiendo la salud del régimen al carcomer la de sus altos capos. Hasta se ha tenido la delicadeza de apartar a los pelagatos designados para la Constituyente, salvo a la cúpula responsable.

El destino de los capos del régimen es la cárcel o pasar el resto de sus vidas a salto de mata. En países donde vivir vale la pena estarán siempre esperando que les echen los ganchos, y no tiene gracia haberse hecho riquísimo para después vivir en Bielorrusia. Su situación se agrava porque, malaconsejados por financieros de medio pelo y abogados chimbos, habían hecho en el propio Estados Unidos inversiones que consideraron encubiertas sin tener en cuenta que, por su implacabilidad tributaria, al Tío Sam en esa materia no hay quien lo engañe. Aún fuera de Estados Unidos la ocultación es imposible, porque todo mercado real tiene con Estados Unidos compromiso de cooperar en estas investigaciones. El resultado es que no hay capo chavista que duerma tranquilo: mírenle las ojeras.

El martes fue un día aciago para los capos acosados. La oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunció el uso innecesario de la fuerza contra ciudadanos inermes y concretamente exigió al gobierno seguridad para la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz. El Comisionado de Derechos Humanos de la ONU quiso entrar al país y el acceso le fue impedido. Otra barrabasada para el expediente; pero, ¿qué podía hacer un gobierno cuya conducta en ese sentido es inmostrable?

Ese mismo día, diecisiete países americanos reunidos en Lima condenaron formalmente como una dictadura al gobierno de Venezuela, advirtiendo que no reconocerán compromisos -como créditos y contratos internacionales- que no estén aprobados por la Asamblea Nacional, a la cual reconocen como Poder Legislativo, igual que han hecho Estados Unidos y la Unión Europea. Esta decisión reemplaza con ventaja lo que pudiera haber hecho la OEA. La comparten siete de los ocho países con quienes Venezuela tiene mayor comercio -el otro es China, que, como ha ocurrido en el caso de Corea del Norte, terminará atendiendo al tuercerabos de Washington. Se anota que el chiripero del Caricom votó contra Maduro, excepción de Grenada, que está por recibir su mesada y así decidió unirse a Ortega, Morales y otras sabandijas. No cuentan.

Estos golpes estructurales, letales a mediano plazo, no son visibles para el ciudadano común, pendiente de hechos efectistas y superficiales como la toma del Palacio Legislativo, la detención de alcaldes, el ruleteo de López y Ledezma y los alaridos de una Asamblea Constituyente de la cual ya se verá que es uno de los errores más graves cometidos por el castro-madurismo.

Otro factor de distracción ha sido la guerra psicológica montada por el G2 cubano en las redes sociales, la cual ha llevado al primer plano un detalle meramente procedimental como es la inscripción de partidos y candidatos en el CNE. Esto se relaciona con la fantasía de que este gobierno se puede tumbar con una gran manifestación sobre Miraflores, como si a Raúl Castro le importara matar dos o tres mil venezolanos para conservar su colonia.

A los agentes cubanos en las redes se les puede identificar porque son desconocidos o usan pseudónimo y al régimen lo critican poco o nunca. Distintos moralmente, aunque igualmente dañinos, los casos de personas conocidas que intentaron entrar en el juego político y no pudieron por falta del indispensable vehículo partidista, periodistas al servicio de delincuentes financieros y aficionados que pretenden enmendar la plana a una estrategia movida en los grandes centros de poder del planeta. Lamentablemente, estos sociotipos arrastran a personas de buena fe pero extraños al oficio político y mal informadas porque no leen mis artículos. A éstos, mis excusas porque a veces les canto las cuarenta y mi recomendación de que se suscriban a las páginas web de Zeta y El Nuevo País, que cuestan poco.

Más de 1.300 manifestantes presos en condiciones infrahumanas de reclusión por Maru Morales/Rafael León – La Patilla – 13 de Agosto 2017

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Esta semana el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, habló fuerte y claro: “En Venezuela ha habido un claro patrón de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Miles han sido detenidos arbitrariamente, muchos han sido víctimas de malos tratos y tortura”, reseña El Nacional.

Los malos tratos no se refieren solo a agresiones físicas o psicológicas, sino también a las condiciones infrahumanas en las que los detenidos deben esperar por un proceso judicial enlentecido adrede, denuncian abogados del Funpaz, Foro Penal y Fundeci.

Desde abril han sido detenidas más de 5.000 personas en el contexto de las protestas, de las cuales más de 1.300 siguen tras las rejas, esperando audiencia preliminar o la admisión de los fiadores impuestos por los tribunales.

Sin acceso a agua potable, expuestos a enfermedades, hacinados y durmiendo junto a delincuentes comunes, pasan los días, las semanas y los meses de los presos por protestar.

Sin agua. Andrés Colmenares, de Funpaz, afirmó que por primera vez tantos civiles han permanecido detenidos por tanto tiempo en instalaciones militares. “Hasta el 7 de agosto había 110 personas hacinadasen el destacamento 120 de la GNB, algunas con hasta 60 días esperando el visto bueno a los fiadores”, dijo. En Lara hay 6 centros de detención: Polilara, Policía de Iribarren, Conas Tiuna, y los destacamentos de la GNB 123 (La Montañita), 121 y 120 (Alí Primera).

“Ninguno tiene condiciones para tener detenidos. En el Alí Primera los obligan a hacer orden cerrado; no tienen baño privado; no hay agua por tubería, dependen de cisternas y no hay higiene. Ha habido brotes de sarna e infecciones vaginales”, indicó.

La semana pasada 40 detenidos en el Conas Tiuna fueron obligados a dormir en la fosa de una piscina inconclusa. Alertó que hace dos semanas sacaron a unos 600 reos de Uribana y los llevaron a otras cárceles, para meter ahí los detenidos en Carabobo, Aragua, Zulia, Mérida y Lara.

La enfermedad. Alfredo Romero, del Foro Penal, aseguró que la exposición de los detenidos a las enfermedades forma parte del esquema de agresión del Estado. Explicó que en el Helicoide la persona recién detenida llega directo a ‘la preventiva’, un área de condiciones “infames y hacinamiento”. Allí se encuentra Ángel Zerpa, nombrado magistrado del TSJ por el Parlamento el 21 de julio. “Él está en huelga de hambre, preso junto a dos personas en un baño que era usado para la visita conyugal, en unas condiciones de suciedad terribles e incomunicado”.

La reclusión de detenidos en protestas con hampa común es otro drama. “En el Rodeo 2 por ejemplo, el riesgo de muerte es alto porque hay motines. En Tocuyito llegamos a tener 4 presos por las protestas en una celda tan pequeña que solo uno podía estar de pie a la vez. En la Zona 7 de Boleita se produjo una riña y un joven resultó golpeado”.

Anteriormente en Ramo Verde cada preso podía tener una celda y algunas tenían baño, “pero ahora, han tenido que habilitar áreas como la del casino de los guardias y meter hasta 70 personas ahí con un solo baño”, dijo.

El inframundo. Joel García, de Fundeci, no duda en afirmar que el peor de los centros de detención preventiva en Caracas es la Zona 7 de la PNB en Boleíta. “Eso es horroroso, le dicen ‘el inframundo. Es un sótano, están hacinados junto con el hampa común, hay epidemia de sarna, personas con afecciones respiratorias. En el Helicoide hay un espacio que llaman ‘guantánamo’, mide 30 metros x 20 metros, hay 50 personas y un solo baño. Hay sarna y otras enfermedades pero aunque el juez lo ordene, no hay traslados a los centros de salud. Y en la PNB de La Yaguara los detenidos son dejados dentro de los camiones de detención porque ya no tienen espacios en las celdas”.

Familiares de tres jóvenes que esperan la audiencia de verificación de fiadores denunciaron que durante dos días solo les permitieron compartir dos litros de agua. Nueve personas detenidas entre el 22 y el 30 de julio, presas en la comandancia de San Jacinto, en Aragua, “duermen en el piso sobre papel periódico, no les dejan pasar colchonetas y hacen sus necesidades a través de un tubo que conecta con la tubería de aguas negras”, manifestó un familiar.

Violaciones sistemáticas

El viernes el Comité de la ONU contra la Tortura anunció que pedirá a Venezuela una reunión para abordar el “deterioro de la situación” y solicitar un informe urgente frente a las denuncias de malos tratos a los detenidos. Algunos de los patrones denunciados por las víctimas ante la ONU son:

-Detenciones arbitrarias: La ONU alerta de que 5.051 personas han sido detenidas sin orden de aprehensión, ni en evidencia de la comisión de un delito. Hay casos donde las víctimas si siquiera formaban parte de la manifestación.

-Torturas y maltratos: Miles de detenidos denunciaron haber golpeados y amenazados de muerte, de violación sexual y persecución contra sus familiares, denunció el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad al Hussein.

-¿Colectivos armados o policías?: Civiles armados detenienen a personas, las golpean, roban, amedrentan y luego las entregan a la PNB o GNB. De acuerdo al informe de la ONU, de los 124 muertos en protestas, 27 han sido en manos de estos grupos.

-Justicia militar: El Foro Penal, registra 626 personas presentadas ante un juez militar. El caso más relevante es el de los 27 estudiantes de la UPEL de Maracay.

-Hacinamiento: En la mayoría de los casos, los detenidos son sometidos a permanecer en condiciones inhumanas por horas o días en celdas pequeñas, pasillos o patrullas hasta ser presentados en los tribunales.

-“Vacunas”: Custodios les piden donaciones de agua y comida a familiares de detenidos “para permitir la visita, tratarlos bien y resguardarlos”.

 

Comunicado de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV “Frente a tantos Atropellos” – 10 de Agosto 2017

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Dios no permitirá jamás que el justo caiga. Salmo 54,23

FRENTE A TANTOS ATROPELLOS

La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, considerando: la situación tanto de los presos políticos y presos comunes, evidenciada en las denuncias de familiares y del Observatorio Venezolano de Prisiones, en las cuales se describen, tratos crueles e inhumanos en las detenciones, en los traslados y en los mismos centros de reclusión, infraestructuras anti higiénicas, alimentación precaria; falta de medicamentos, ausencia de asistencia jurídica, falla en el debido proceso; derecho a ser procesados por sus jueces naturales, traba en las visita de sus familiares, falta de asistencia médica, Todos estos Derechos Fundamentales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente;

Exigimos

A las Instancias Públicas, tanto ejecutivas como Legislativas y Consejo Federal de Gobierno a cumplir obligatoriamente con la garantía de estos derechos y el deber irrenunciable de restablecerlo sin demora.

Cese la cacería de brujas contra los ciudadanos que piensan distinto al régimen,.

Se le informe a la familia del general Raúl Isaías Baduel su paradero y su estado de salud.

Así mismo recordamos a estas Instancias del Estado la responsabilidad que deriva del incumplimiento en la garantía de estos derechos que son universales y las acciones penales consecuentes son imprescriptibles, motivos por los cuales esta comisión eclesial, exige el cese de la persecución, a la tortura física y psicológica que traduce saña y violencia con estos ciudadanos.

Invitamos

De igual forma a todos los católicos y hombres y mujeres de buena voluntad, no solo a orar por los que sufren sino por los que vulneran estos Derechos Humanos y denunciar públicamente a los funcionarios que los violen, exigiendo el restablecimiento de un equilibrado Estado de derechos que garantice los derechos fundamentales consagrados en la carta Magna aún vigente.

Es justicia que exigimos, en Caracas a los diez (10) días del mes de agosto de 2017
+ Mons. Roberto Lückert León
Presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV

Padre Saúl Ron Braasch
Vicario General Comisión de Justicia y Paz de la CEV

Las voces de la tortura en Venezuela por Maolis Castro – El País – 9 de Agosto 2017

Cuatro víctimas relatan el trato cruel y los abusos de las fuerzas de seguridad mientras estaban detenidos por protestar
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“¡Arrástrate como un gusano!”, gritaban soldados a Paula Colmenarez Boscán, una estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, tras ser detenida en el este de Caracas en una movilización contra Nicolás Maduro en julio. “Me arrestaron decenas de militares. Me manoseaban la entrepierna mientras me trasladaban en una motocicleta. Me cubrieron la cabeza, me golpearon y robaron el celular. Solo me liberaron cuando se hizo viral una foto en la que aparecía siendo arrestada”, dice.

Su ejemplo ha alertado a instancias internacionales acerca de la creciente represión en Venezuela. El martes, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas señaló al Gobierno de Maduro por el uso “generalizado y sistemático” de “fuerza excesiva” contra miles de manifestantes. El comunicado denunciaba detenciones arbitrarias, tratos crueles y torturas a disidentes durante las protestas de la oposición, que han entrado ya en su quinto mes. Tarek William Saab, defensor del pueblo y fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, no respondió a EL PAÍS sobre este informe.

Tamara Taraciuk, de Human Rights Watch (HRW), dibuja un perfil de los torturados. “Son mayormente disidentes o críticos. No son solo aquellos líderes opositores conocidos, sino que se trata de ciudadanos de a pie que el Gobierno considera disidentes simplemente por participar en manifestaciones o por estar pasando cerca de una”, explica.

En junio, Mileidy González, una joven auxiliar de enfermería, fue detenida por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando caminaba cerca de una protesta en Barquisimeto, capital del Estado de Lara (oeste). “En la comandancia policial me ataron por las muñecas, me colgaron y así comenzaron a golpearme una y otra vez. Amenazaron con violarme y sembrarme droga si denunciaba, me destrozaron”, dice.

Mileidy González, auxiliar de enfermería detenida en una protesta.

Sus evidencias son fotos, recuerdos, cicatrices en la piel y una lesión en el bazo. González estuvo hospitalizada ocho días después de ser salvajemente golpeada, pero nunca recibió un informe médico que certificara su condición durante el arresto. “Ningún doctor se atrevió a dármelo. Ni siquiera quisieron darme una constancia médica en un CDI [Centro de Diagnostico Integral, red de ambulatorios creada por Hugo Chávez]”, explica. Sus agresores están en libertad, mientras ella debe presentarse cada mes ante un tribunal, imputada por daños violentos y resistencia a la autoridad. “Si eres policía o militar en Venezuela, lo puedes todo. Ellos te quitan tu libertad y violan tus derechos sin importar si eres inocente”, agrega.

Gaetano Costa, un politólogo de 42 años, ya había experimentado los excesos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) en 2014. En mayo de ese año fue detenido en una protesta. “No estaba solo. Varios manifestantes fueron detenidos ese día. Nos encerraron en una oficina en el interior de una comandancia de la GNB. Allí nos golpearon, amenazaron con desaparecernos, nos apuntaron con armas de fuego y hasta lanzaron dos bombas lacrimógenas. Parecía una cámara de gas nazi. Los militares decían que íbamos presos por guarimberos [opositores]”, recuerda Costa, militante de Voluntad Popular, el partido del preso político Leopoldo López, y regresó a las calles para protestar nuevamente contra Maduro este año. Fue detenido y golpeado, una vez más, en Lara.

González opina que su testimonio puede ser útil para ventilar los atropellos de las fuerzas policiales en el exterior. Andrés Colmenarez, director de la ONG Funpaz, certifica este trato cruel contra los opositores. Paula, la estudiante pisoteada por militares, es la mayor de sus tres hijos. “Son casos excepcionales, por lo general la mayoría no se atreve a ser identificado. En las protestas de 2014 unas 80 personas denunciaron torturas en Lara, este año han sido 20. Eso no nos habla de una disminución de los casos, sino de los ciudadanos que se atrevieron a hacer públicos estos abusos”, expone.

Miedo a denunciar

La abogada Tamara Bechar, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, confirma que la alta impunidad puede influir en que las víctimas no quieran denunciar. “He defendido a dos menores de edad, de 16 y 17 años, detenidos durante una protesta. Ellos comentaron en su audiencia de presentación sobre los maltratos físicos y hasta actos lascivos cometidos contra uno de ellos por fuerzas de seguridad del Estado. Todo eso está registrado en actas. No pasó nada contra sus agresores, unos militares”, explica. Para Taraciuk es elemental que se documenten estos casos. “Hoy en día es impensable que se haga justicia en Venezuela porque el poder judicial es un apéndice del Ejecutivo”.

Spider-Man, alias de un miembro del autoproclamado Movimiento de la Resistencia, no ha denunciado ante el ministerio público a los militares que, supuestamente, son culpables de la pérdida de su ojo izquierdo en una protesta durante la elección de la Asamblea Constituyente, el 30 de julio. “Antes me habían golpeado dentro de una comandancia de la policía de Lara, pero seguía protestando porque no tenía miedo”, indica. Clandestino y herido en Barquisimeto, este joven de 22 años asegura que sería un riesgo delatar a sus agresores. “Me meterían preso, ellos seguirían libres”, supone.

La ONU denuncia torturas y el uso excesivo de la fuerza en Venezuela por Maolis Castro/Laura Delle Femmine – El País – 8 de Agosto 2017

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El Príncipe Zeid Ra’ad Al Hussein Alto Comisionado de la ONU para los DDHH

“Un guardia me amenazó para que delatara a mis compañeros”, cuenta una manifestante

La ONU ha puesto el foco en Venezuela. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha denunciado este martes el uso “generalizado y sistemático” de “fuerza excesiva” contra miles de manifestantes. En un duro comunicado sobre las conclusiones de un informe que verá la luz a finales de mes, el organismo alerta de que las violaciones cometidas por las autoridades ante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro van desde detenciones arbitrarias hasta malos tratos y “tortura”. El Gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre las acusaciones.

Descargas eléctricas, golpes con cascos y porras contra detenidos esposados, presos colgados de las muñecas durante periodos prolongados, asfixia con gases y amenazas de muerte o violación. Estos son algunos de los ejemplos de la violencia empleada que cita el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en las conclusiones del informe sobre la situación en Venezuela avanzado este martes. El nuevo fiscal general designado por el chavismo, Tarek William Saab, que fue defensor del pueblo, eludió responder a este periódico sobre el tema, informa Alfredo Meza.

El organismo alerta de que al menos 5.051 manifestantes han sido víctimas de detenciones arbitrarias en las protestas entre el 1 de abril y el 31 de julio, y que un millar siguen detenidos.
La “responsabilidad de estas violaciones corresponde a los más altos niveles del Gobierno”, ha denunciado el alto comisionado, Zeid Ra’ad al Hussein. La ola de violencia ha dejado 124 muertos hasta el 31 de julio y casi 2.000 heridos, según la Fiscalía venezolana. Los datos recabados por la ONU apuntan a que las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 fallecimientos y “los grupos armados progubernamentales”, conocidos como colectivos armados, de otras 27.

“Esas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de derecho en Venezuela, con ataques constantes del Gobierno a la Asamblea Nacional”, de mayoría opositora, “y a la oficina de la fiscal general”, Luisa Ortega Díaz, apartada del cargo el pasado fin de semana por la Asamblea Constituyente instaurada en paralelo para redactar una nueva ley fundamental. Las conclusiones del informe detallan que también algunos grupos de manifestantes han actuado con violencia y que ocho agentes han fallecido en las protestas.

La portavoz de la institución en Ginebra, Ravina Shamdasani, explica por correo electrónico que el representante del Alto Comisionado en Sudamérica lleva al menos cuatro años sin entrar en Venezuela. El organismo solicitó al Gobierno de Nicolás Maduro el acceso al país en mayo para analizar la situación de los derechos humanos. Ante la falta de respuesta, avisó a las autoridades venezolanas de que iba a iniciar un seguimiento a distancia de la crisis. Tras recoger información de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo venezolanos, y realizar 135 entrevistas a víctimas, familiares de los manifestantes, miembros de organizaciones sociales, periodistas y médicos, entre otros, la conclusión ha sido nítida: las fuerzas de seguridad infligieron “tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos”, muchos de ellos juzgados en tribunales militares en lugar que civiles. La ONG Human Right Watch ya había denunciado en 2016 casos de torturas y abusos a detenidos, algunos encarcelados solo por llevar panfletos contra el régimen.

El Alto Comisionado mostró su “grave preocupación” por los allanamientos violentos de viviendas, muchas veces sin orden judicial, y denunció amenazas y hostigamiento a periodistas. “Exhorto a todas las partes a (…) que renuncien al uso de la violencia y a que tomen medidas con miras a establecer un diálogo político significativo”, concluyó. António Guterres, secretario general de la ONU, también ha alertado este martes, en un breve comunicado, de que la situación puede causar una “escalada de la tensión”.

“Me detuvieron por protestar”

“Me detuvieron por protestar y un guardia nacional me tocaba los senos. Quería que delatara a mis compañeros, saber su ubicación. Me amenazaba con abusar de mí”, cuenta Milly (nombre supuesto), de 19 años, militante del movimiento antigubernamental La Resistencia. Como miles de jóvenes venezolanos, fue detenida por manifestarse en las calles de Caracas contra el régimen de Nicolás Maduro. Su hermano, menor de edad y militante del mismo grupo, acusa a un hombre identificado como agente de policía de haber derramado un líquido hirviendo en su pierna durante una protesta.

De acuerdo con los relatos de manifestantes y testigos recogidos por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, las fuerzas de seguridad, sobre todo la Guardia Nacional (policía militarizada), la Policía Nacional y los cuerpos de policía locales usaron “sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones”.

Nelson, un chico menudo de 22 años, fue detenido con otros tres jóvenes durante una protesta por montar una barricada en la urbanización de Bello Monte, en Caracas. “La policía nos colocó [cócteles] molotov, decían que éramos terroristas”, cuenta este estudiante de Ciencias Políticas, que pide ocultar su nombre por miedo a represalias. “Cuando estuvimos detenidos nos envolvieron en un colchón para golpearnos con bates, pues de esta manera no quedaban marcas en nuestros cuerpos”, comenta. Los testigos relataron que las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos y perdigones a corta distancia durante las protestas, usaron canicas, tuercas y tornillos como munición, y también recurrieron al uso de “fuerza letal” contra los manifestantes, dice la ONU.

Entre el 1 de abril y el 31 de julio ha habido cerca de 7.000 movilizaciones en Venezuela, según el último informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. “Miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas, y varios cientos han sido juzgadas en tribunales militares”, declaró el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad al Hussein. “Y no hay indicios de que esa actuación vaya a cesar”.

 

Informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre violación de DDHH en Venezuela – 8 de Agosto 2017

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Las conclusiones de un equipo de expertos de la ONU apuntan a un patrón de violación de derechos humanos durante las manifestaciones de Venezuela

Las entrevistas realizadas a distancia por un equipo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes. Las conclusiones del equipo indican la existencia de un patrón de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan allanamientos violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas.

A falta de respuesta de las autoridades venezolanas a sus peticiones de acceso, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, desplegó un equipo de oficiales de derechos humanos para realizar un seguimiento a distancia, incluso desde Panamá, de la situación de derechos humanos del país, del 6 de junio al 31 de julio. El equipo llevó a cabo unas 135 entrevistas a víctimas y familiares, testigos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos paramédicos y un funcionario de la oficina de la Fiscal General. También recibió información por escrito de la oficina del Defensor del Pueblo.

Los testigos relataron cómo las fuerzas de seguridad habían disparado sin previo aviso gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes antigubernamentales. Varias de las personas entrevistadas afirmaron que cartuchos de gas lacrimógeno fueron disparadas a corta distancia y que la policía usó como munición canicas, perdigones, tuercas y tornillos. Según las fuentes, las fuerzas de seguridad también habían recurrido al uso de fuerza letal contra los manifestantes.

Según contaron los testigos, las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones. Las instancias gubernamentales en muy raras ocasiones condenaron esos incidentes.
Hasta el 31 de julio, la Oficina de la Fiscal General había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones. Según el análisis del equipo del ACNUDH, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados “colectivos armados”, serían responsables de otros 27 fallecimientos. En cuanto al resto de las muertes, aún no está claro quién las perpetró.

La Oficina de la Fiscal General investigaba también al menos 1.958 casos de heridos, aunque el número real de personas que han sufrido lesiones podrían ser mucho mayor. La información compilada por el equipo indica que los colectivos armados, montados en motocicletas, suelen atacar y acosar a los manifestantes.En determinados casos también les disparan con armas de fuego.

Aunque no se dispone de estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, los cálculos más fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria. Más de 1.000 personas siguen detenidas en conexión con las manifestaciones. En varios casos examinados por el ACNUDH hay indicios verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura.

Entre los métodos usados figuran choques eléctricos, golpizas en las que han empleado hasta los cascos y las porras, mientras los detenidos estaban esposados, la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte –y en algunos casos con la violencia sexual- a ellos y a sus familiares.

“Desde que la ola de manifestaciones comenzó en el mes de abril, se ha aplicado un patrón evidente de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Según las fuentes, varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas, y varios cientos han sido juzgadas en tribunales militares, en vez de presentarlas ante los tribunales civiles”, declaró Zeid. “Y no hay indicios de que esa actuación vaya a cesar”.

“Esas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de derecho en Venezuela, con ataques constantes del gobierno a la Asamblea Nacional y a la Oficina de la Fiscal General”, agregó Zeid. “La responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que estamos registrando corresponde a los más altos niveles del gobierno”.

El Alto Comisionado afirmó que la decisión de cesar en su cargo a la Fiscal General, adoptada por la Asamblea Constituyente el 5 de agosto, es motivo de honda inquietud, e instó a las autoridades a que garanticen la investigación independiente y eficaz de las violaciones de derechos humanos en las que estén involucrados los cuerpos de seguridad y los colectivos armados. Zeid exhortó a las autoridades a que presten atención al llamamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió al Estado venezolano que tomara medidas para garantizar la protección de la Fiscal General depuesta.

El Alto Comisionado expresó también su grave preocupación por los numerosos casos de allanamiento violento e ilegal de viviendas relatados al equipo. Las víctimas y los testigos dijeron que los allanamientos se habían realizado sin orden judicial, supuestamente en búsqueda de manifestantes. Los testimonios recibidos indican que hubo destrucción de propiedad privada en el curso de esas operaciones.

Varios periodistas y empleados de prensa señalaron que las fuerzas de seguridad han obstruido su trabajo de informar sobre las manifestaciones. Según las fuentes, algunos y algunas periodistas han recibido impactos de cartuchos de gas lacrimógeno y perdigones, a pesar de que llevaban claramente visible su distintivo de periodistas. En varias ocasiones los y las periodistas han sido detenidos y amenazados y han sido despojados de sus equipos.

Algunos grupos de manifestantes también han actuado con violencia y se ha informado de ataques contra agentes de las fuerzas de seguridad. Ocho elementos de los cuerpos de seguridad han muerto en el contexto de las manifestaciones.

El Alto Comisionado instó a las autoridades venezolanas a que pongan fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, cesen las detenciones arbitrarias y liberen a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente. Zeid recordó a las autoridades la prohibición absoluta de usar la tortura, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, pidió que se suspenda el uso de tribunales militares para juzgar a los civiles.

“Exhorto a todas las partes a que colaboren con el fin de solucionar las tensiones del país, que se agravan con rapidez, a que renuncien al uso de la violencia y a que tomen medidas con miras a establecer un diálogo político significativo”, declaró Zeid.

Está previsto que a finales de agosto de este año se publique un informe completo, con las conclusiones del equipo.

 

Alfredo Romero de Venezuela es galardonado con el Premio Robert F. Kennedy Human Rights 2017 por Robert F. Kennedy Human Rights – 7 de Agosto 2017

1490195971602Washington, 7 de agosto, 2017 | El activista de derechos humanos y abogado venezolano Alfredo Romero ha sido nombrado como el ganador del Premio Robert F. Kennedy Human Rights para el 2017, uno de los más altos reconocimientos al trabajo de defensa de los derechos humanos.

Romero ha sido inquebrantable en su resistencia a la creciente represión del Estado en Venezuela. Ha dedicado su vida a defender el Estado de derecho y proteger a las y los venezolanos de la detención arbitraria y otras violaciones de derechos humanos, incluso a través de su labor como Director Ejecutivo del Foro Penal Venezolano (FPV), una organización no gubernamental integrada por más de 200 abogados pro bono y 1700 voluntarios.

“Estoy muy agradecido por este premio, que acepto como una forma de honrar la lucha por la libertad de todas y todos los venezolanos” expresó Romero. “Este premio es un homenaje a mi familia del Foro Penal Venezolano, unida en su compromiso constante, su convicción y corazón, y sobre todo, lo acepto en nombre de las víctimas de la represión del Estado venezolano.”

Por 34 años, Robert F. Kennedy Human Rights ha honrado la labor de activistas y defensores de derechos humanos en todo el mundo con su prestigioso Premio de Derechos Humanos. Algunos de los galardonados en años anteriores incluyen a los activistas por la reforma del sistema de justicia penal en Estados Unidos, Andrea James y Glenn E. Martin (2016); el defensor de los derechos de las personas LGBTI en Uganda, Frank Mugisha (2011); y la defensora dominicana Sonia Pierre (2006).

“Incluso mientras celebramos este tributo a Alfredo, las y los venezolanos siguen sufriendo bajo un régimen represivo que está erosionando cada vez más los principios democráticos” expresó Kerry Kennedy, Presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights. “El trabajo de Alfredo es un testamento del optimismo y la esperanza que siempre terminan triunfando sobre la violencia y la represión”.

Sobre Robert F. Kennedy Human Rights
Liderado por la activista de derechos humanos y abogada Kerry Kennedy, Robert F. Kennedy Human Rights ha trabajado por un mundo más justo y pacífico desde 1968. Trabajamos de la mano de defensores y defensoras locales para conseguir cambios duraderos en gobiernos y en el mundo corporativo. Nuestro equipo incluye abogados, activistas y líderes en temas corporativos y de gobierno unidos por un compromiso con la justicia social.

Acerca del Premio Robert F. Kennedy Human Rights
Entregado por primera vez en 1984, el Premio Robert F. Kennedy Human rights refleja la convicción de Robert F. Kennedy sobre el poder de una persona para hacer una diferencia en el mundo. Los galardonados con este prestigioso premio han avanzado las fronteras de los derechos humanos y la libertad alrededor de todo el mundo, capturando la atención internacional sobre los problemas más serios de derechos humanos en sus países.

Venezuela debe poner fin a la detención sistemática y el uso de tribunales militares contra manifestantes – Comunicado ACNUDH – 4 de Agosto 2017

 

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GINEBRA (4 de agosto de 2017) – El Gobierno de Venezuela debe poner un alto a las detenciones sistemáticas de los manifestantes y frenar el creciente uso de tribunales militares para juzgar a civiles, dice un grupo de expertos* en los derechos humanos de la ONU.

Las autoridades deben también respetar los derechos de todos los manifestantes y detenidos y garantizar su integridad física y psicológica, dijeron los expertos independientes.

“Estamos seriamente preocupados por acusaciones de detenciones arbitrarias y uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en el marco de las protestas públicas, así como por el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles”, enfatizaron.

“Tales actos estarían en abierta violación al derecho de no ser privado arbitrariamente de la libertad, al debido proceso y a ser juzgado por un juez natural, independiente e imparcial. Además, constituirían graves violaciones a los derechos de libertad de reunión pacífica y de expresión”.

Miles de personas habrían sido privadas de su libertad, desde abril del 2017, en el marco de protestas públicas. En muchos de esos casos, los detenidos han sido sometidos a aislamiento temporal, sin tener la posibilidad de comunicarse con sus familiares o abogados, previo a su presentación ante los tribunales. En otros casos, las personas fueron liberadas por decisión discrecional de los cuerpos de seguridad.

“El Gobierno venezolano tiene la obligación de garantizar que los ciudadanos no sean privados arbitrariamente de su libertad, o penalizados de ninguna manera, por expresarse y protestar pacíficamente. Las protestas no deben ser criminalizadas”, señalaron los expertos.

“El Gobierno también debe asegurar que los registros de detención sean públicos y estén a disposición de los familiares”.

Los expertos también llamaron las autoridades a poner en inmediata libertad los dirigentes de oposición Leopoldo López y Antonio Ledezma, recientemente transferidos a centros de detención tras la revocación de sus arrestos domiciliarios. Los expertos resaltaron el hecho de que El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria considera que la privación de libertad del Sr. López y el Sr. Ledezma violó sus derechos.

Los expertos dijeron que el creciente uso de los tribunales militares para juzgar a civiles fue especialmente preocupante. Al menos cuatrocientos manifestantes habrían sido juzgados de esta manera y la gran mayoría habrían sido privados de su libertad bajo acusaciones de delitos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar, tales como rebelión militar, traición a la patria y ultraje al centinela.

“El uso de la justicia militar penal debe ser estrictamente limitado a casos en los que militares activos cometan delitos militares”, recalcaron los expertos.

“Los órganos judiciales militares deberían, por principio, ser incompetentes para juzgar a civiles. El Estado venezolano debe velar por que los civiles acusados de una infracción penal sean juzgados por tribunales ordinarios”.

Los expertos también expresaron grave preocupación por las acusaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza durante las protestas por parte de los agentes de estado y de los llamados armados ‘colectivos’, que fueron acusados intimidar, agredir, detener e incluso dar muerte a algunos manifestantes.

Los expertos de los derechos humanos notaron que muchos de los detenidos han denunciado torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes al momento de ser presentados ante los tribunales.

“Recordamos al Gobierno venezolano la prohibición absoluta de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estas normas deben regir la actuación de las fuerzas policiales y militares en todo momento”, indicaron.

Los expertos en derechos humanos de la ONU se han comunicado con las autoridades venezolanas para pedir aclaraciones sobre la conformidad de los hechos aquí expresados con el derecho internacional.

(*) Los expertos: el Sr. José Antonio Guevara Bermúdez, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; la Sra. Annalisa Ciampi, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el Sr. Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, el Sr. Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Los Grupos de Trabajo y Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

 

Comunicado de la Santa Sede – La Patilla – 4 de Agosto 2017

 

Unknown-1.pngLa Santa Sede manifiesta nuevamente su profunda preocupación por la radicalización y el agravamiento de la crisis en la República Bolivariana de Venezuela, por el aumento de los muertos, de los heridos y de los detenidos. El Santo Padre, directamente y a través de la Secretaría de Estado, sigue de cerca dicha situación y sus implicaciones humanitarias, sociales, políticas, económicas e incluso espirituales. Asimismo, asegura su constante oración por el País y por todos los venezolanos, mientras invita a los fieles de todo el mundo a rezar intensamente por esta intención.

Al mismo tiempo, la Santa Sede pide a todos los actores políticos, y en particular al Gobierno, que se asegure el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como también de la vigente Constitución; se eviten o se suspendan las iniciativas en curso como la nueva Constituyente que, más que favorecer la reconciliación y la paz, fomentan un clima de tensión y enfrentamiento e hipotecan el futuro; se creen las condiciones para una solución negociada de acuerdo con las indicaciones expresadas en la carta de la Secretaría de Estado del 1 de diciembre de 2016, teniendo en cuenta el grave sufrimiento del pueblo a causa de las dificultades para obtener alimentos y medicamentos, y por la falta de seguridad.

La Santa Sede dirige, finalmente, un apremiante llamamiento a toda la sociedad para que sea evitada toda forma de violencia, invitando, en particular, a las Fuerzas de seguridad a abstenerse del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.

 

Mensaje urbi et orbi por Laureano Márquez – TalCual – 3 de Agosto 2017

UnknownEl régimen se quitó los pocos harapos que cubrían su desnudez y exhibe sus vergüenzas ante el mundo sin el menor pudor. Creo que solo Evo Morales y la gente de Podemos, en España, defienden lo indefendible con “admirable” malvada consistencia. La calamidad que hoy padece Venezuela pasará -de ello no cabe ya la menor duda- como pasan todas las calamidades. La pregunta es cuál es el saldo de daños y víctimas que dejará a su paso este huracán de destrucción.
Desde hace algunos meses, pero con mayor razón luego del 30 de julio, el país entra en el terreno de la ingobernabilidad, cosa que en verdad le importa poco al régimen, porque su propósito nunca ha sido gobernar, sino mantenerse en el poder para usufructuar ventajas, dividendos y control sobre la nación.
La situación es de extrema gravedad porque Venezuela se ha convertido en eso que llaman un Estado fallido, esto es: un Estado cuyo gobierno no puede controlar el país, ni detentar el monopolio de la violencia legítima (aunque tenga el de la crueldad), no puede prestar los servicios básicos a la población y se halla excluido del concierto de las naciones. Es por ello que la sociedad venezolana está en rebelión abierta y continuada. Acorralada al extremo, como en el manifiesto de Marx: “ya no tiene nada que perder sino las cadenas”.
Desde el poder la respuesta ha sido la de apelar al régimen del terror: asesinatos, torturas y cárceles. En nombre del Estado venezolano los cuerpos de seguridad matan, roban, violan, arremeten contra viviendas con armas y gases. Todo aquello en contra de lo cual Chávez se alzó -y a lo que no le faltaban fallas-, luce ahora como el paraíso perdido.
Los que hoy sostienen la dictadura venezolana deberían preguntarse hasta dónde están dispuestos a llegar para conservar el poder. Las violaciones a los Derechos Humanos y los crímenes cometidos se volverán irremediablemente su contra, porque la lupa del mundo civilizado está sobre Venezuela. Vivimos tiempos en que todo queda registrado, grabado, documentado. Deberían saber que, ante crímenes de lesa humanidad y violaciones a los Derechos Humanos, nadie puede argumentar en su defensa que recibió órdenes superiores porque cada uno tiene una responsabilidad personalísima. Deberían pensarlo bien antes de agregar nuevas páginas a su expediente.
El fraude electoral del 30 de julio puso en evidencia muchas cosas. Ojalá que esas cifras, que no le cuadran ni a Pitágoras, le sirvan al gobierno para conocer la verdadera dimensión del rechazo en su contra. Ni siquiera los empleados públicos, chantajeados con el despido concurrieron. En esto terminó la pesadilla chavista: amenazando con hambre a su propio pueblo si no se obliga a votar por ellos. Triste final para lo que fue una ilusión de tantos.
El secuestro de Ledezma y Leopoldo López da un mensaje claro al mundo de los propósitos de la constituyente: la aniquilación de la oposición venezolana y de toda forma de disidencia. No la tienen fácil: el contador de la medición de rechazo no para de aumentar y hace rato que dejó atrás el 80%.
No parece prudente que el mundo se ensañe en contra de Venezuela con medidas de sanción económica. De eso ya se está encargando el propio gobierno del país, hambreando a la población y obligando a morir de mengua por falta de salud y medicinas, la única cosa que hace con eficiencia, además de reprimir.
Lo que sin duda si requerimos con urgencia son eficaces sanciones de tipo político orientadas específica y claramente en contra la oligarquía gobernante que ha conducido al país a esta desgracia política, económica y social.
Ya es tiempo de que el mundo civilizado -más allá de actuar cuando se producen las tragedias humanitarias- ayude a los pueblos -que en definitiva son la víctima fatal de los tiranos- a prevenirlas. Es la hora de Venezuela.

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