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La esperanza toma la calle por Luis Ugalde S.J. – El Universal – 22 de Enero 2019

Luis-Ugalde-800x478El desierto reverdece y donde todo era aridez y tristeza brota la primavera. Es un hecho indudable que desde el 5 de enero el país vuelve a sonreír en medio de su enorme y creciente tragedia. Hay salida, hay fuerza de cambio, hay esperanza creativa y empieza a despuntar la imprescindible unión superior entre diversos. Casi inesperadamente las miradas del país y del mundo democrático se centran en la legítima Asamblea Nacional con su Presidente Juan Guaidó y su Directiva unitariamente elegida. Guaidó simboliza el futuro democrático sin odios, con la mano abierta al abrazo e invitando a su apoyo y responsabilidad decisiva a quienes lo pueden y deben dar: el pueblo movilizado y repolitizado y la Fuerza Armada democrática. Tres palabras claves: Usurpador, Transición y Elecciones Libres. Guaidó ha expresado con mucha claridad que para sacar al usurpador hay que poner a valer el sentimiento democrático de la inmensa mayoría de los venezolanos y ha invitado por activa y pasiva a la Fuerza Armada a cumplir su deber constitucional. La Asamblea propone una Ley de Amnistía para los civiles y militares que den su paso decidido para salir de este régimen colapsado y sin esperanza que ha entronizado la miseria. Los gobiernos democráticos del mundo han manifestado su apoyo a la AN en la tarea de reponer la constitución y restablecer la democracia.

Seguramente no se podrá realizar antes de fines de 2019 la elección presidencial libre y democrática (que fue negada en 2018) sin presos políticos, sin candidatos ni partidos inhabilitados, sin ANC dictatorial y supraconstitucional, con nuevo CNE y con todo el proceso electoral transparente. Pero la transición ya la siente cada uno de los venezolanos en su interior y en un mes su esperanza ha pasado de la noche al día. Ahora hay que cuidar que no se apague, sino que se convierta en fuerza eficaz para el cambio. La política sin emoción no se mueve, pero ésta sin racionalidad se estrella. Los dirigentes deben sobresalir por su capacidad de mover emociones y orientarlas con serenidad, como Guaidó lo va haciendo: escuchar al pueblo y dirigirlo con esperanza creativa, sin caer en ilusiones frustrantes. La política transforma lo posible para convertir en realidad lo necesario.

23 de enero con tiempos distintos. El proceso electoral necesita nueve meses para hacer realidad una elección de Presidente en forma limpia y libre. En cambio es criminal cada día que se demora la creciente hiperinflación y el cierre a la ayuda humanitaria. Abrir puertos y aeropuertos para que entre la solidaridad internacional y unir los corazones de millones de venezolanos para activar un inmenso voluntariado sin barreras, que nos moviliza y une. Sería criminal que el usurpador impusiera más meses sus políticas económicosociales que hunden la producción nacional, cierran las empresas y matan de hambre y exilio a millones de venezolanos. Venezuela no puede salir de esta inmensa tragedia sin cambiar cuanto antes de régimen y desarrollar la producción económica y mejorar el poder adquisitivo salarial, sin una muy fuerte ayuda internacional, con refinanciamiento de la deuda e inversión. Es imposible que todo esto ocurra con este usurpador empeñado en sustituir la realidad trágica con mentiras e ilusiones de prosperidad al tiempo que sus políticas refuerzan las ruinas. La tragedia nacional hay que frenarla ya, aunque el nuevo gobierno democráticamente elegido no pueda llegar antes de un año. Por eso es imprescindible que avance la transición que ya ha comenzado. Impresiona ver y sentir que en una semana millones de venezolanos han pasado de una aparente parálisis desesperada a una movilización de esperanzas. Las Asambleas y Cabildos Abiertos están brotando como hongos con una ciudadanía movilizada, reflexiva y exigente. El 23 de enero es la fecha emblemática de la unión de todos los demócratas civiles y de la Fuerza Armada para salir del dictador. El primer gran cambio será encontrarnos ese día multitudinariamente en más de un centenar de plazas y calles dentro y fuera del país. Vernos y sentirnos movilizados y que el mundo nos vea así. Que la Fuerza Armada se identifique sumándose y se redima diciéndole al usurpador y a los cubanos que se tienen que ir para que Venezuela viva. Este 23 de enero no será el final, sino la prueba de que la transición acumula fuerzas aceleradamente. Como dice el bíblico salmo 126 “Los que siembran con lágrimas cosechan con cantos de alegría” y ven que el desierto reverdece. Después de estas primeras lluvias se abre la etapa de nuevas siembras y cosechas que exigen esmerada preparación de la tierra y sin precipitaciones. Se multiplicarán los cabildos, se repolitizará la sociedad civil con nueva conciencia ciudadana y renacerán los valores morales: todos unidos para salir del túnel de la muerte, todos unidos en defensa de la vida. No confundir la esperanza creativa activada con la ilusión mesianista de un juramento solitario. Venezuela guiada por su AN y su Presidente Guaidó (que ha demostrado valor y serenidad) entra en una nueva etapa, asumiendo con responsabilidad y creatividad lo público arrebatándolo a quienes lo han convertido en botín criminal. El cambio y la transición están en marcha, porque en marcha está – no una juramentación sin soporte social ni fuerza-, sino el pueblo soberano que camina hacia la reconciliación para restablecer la gran unión nacional capaz de producir libertad y vida entre todos y para todos. Caracas, 21 de enero de 2019.

Formas de matar: el régimen de Maduro por Miguel Henrique Otero – Editorial El Nacional – 20 de Enero 2019

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El régimen encabezado por Nicolás Maduro mata sin horario. Lo hace en todo el territorio nacional, de día o de noche. El proceso que consiste en despojar de vida a los venezolanos es permanente. Y para ello hace uso de los más diversos métodos, cuyos resultados se constatan a distintas velocidades.

El método que alcanza a un mayor número de víctimas es, sin duda, el hambre inducida. A lo largo de dos décadas, Chávez primero y a continuación Maduro construyeron un modelo económico, hoy en pleno apogeo, que funciona sobre dos premisas: hambre e hiperinflación. De forma simultánea, liquidaron el valor de la moneda -redujeron a la nada el poder adquisitivo- y extendieron entre millones de familias venezolanas, la práctica de comer cada vez menos, cada vez peor, cada vez de forma más esporádica. En el diseño de esta perversa, gigantesca operación, que tiene entre sus gloriosos antecedentes las hambrunas provocadas por Stalin y Mao, ha contado con la participación de asesores del castrismo y de Podemos.

Del plan de convertir a Venezuela en un Estado de Hambre nada ha escapado: se acabó con el Programa de Alimentación Escolar, se expropiaron fincas productivas y empresas del sector agroindustrial para arruinarlas, se han creado, una tras otras, entidades para hacer imposible la adquisición y distribución de alimentos, se han arrasado los presupuestos que, hasta 1998, permitieron el funcionamiento de comedores y servicios de alimentación en hospitales, orfanatorios, centros de la tercera edad, cárceles y otras instituciones. Una realidad que esta por reportarse y fotografiarse: los miles de cocinas industriales que, en todo el país, están hoy en condiciones inservibles, oxidadas y mugrientas.

El más significativo logro de la revolución bolivariana en su propósito de imponer una dictadura se expresa en la politización del derecho a comer: el carnet de la patria y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción -CLAP- que, en concreto, actúan bajo la más implacable lógica de la extorsión: acceso a bolsas de comida a cambio de lealtad política. El sistema CLAP, es el más extendido método de humillación y sumisión de la sociedad venezolana.

Tiene la hambruna inducida una ventaja: mata lentamente sin que sus víctimas se sumen a las estadísticas de muertes violentas. Las personas -especialmente los niños y los ancianos- adelgazan, pierden su masa corporal, se debilitan, se enferman y fallecen. La estructura de muerte funciona a la perfección: cuando el ciudadano aquejado busca la acción de los servicios de salud, no la encuentra. Así las cosas, el enfermo se convierte en una especie de náufrago: solo, perdido, huérfano de la atención sanitaria a la que tiene derecho.

Para contribuir a esta política de la muerte, el régimen realizó antes una de sus más impecables operaciones: destruyó el sistema de salud. Una visión en perspectiva de lo ocurrido, muestra los múltiples factores que se pusieron en juego: politizaron el funcionamiento y las operaciones hospitalarias; persiguieron a médicos y paramédicos, que por miles y miles escogieron huir del país; tomaron las medidas justas para crear situaciones de extrema escasez de medicamentos e insumos hospitalarios; importaron de Cuba, no a profesionales sino a piratas del ejercicio médico; estimularon el regreso de enfermedades que habían sido erradicadas y que han adquirido proporciones de epidemias; concentraron los sistemas de compras de manera de convertirlos en eficaces procedimientos para la corrupción; se hicieron compras milmillonarias de medicamentos de mala calidad o de medicamentos falsificados; destruyeron o se robaron el parque de ambulancias; saquearon las despensas de los centros de salud; crearon su propia fábrica de incompetentes con el nombre de médicos comunitarios; permitieron que los centros hospitalarios se convirtieran en guaridas de mafias y bandas delictivas; y, si mi cuenta es correcta, en dos décadas el llamado Ministerio del Poder Popular para la Salud ha tenido, léase bien, 17 ministros, uno de los más abultados carteles de un poder ejecutivo especialista en nombrar a ignorantes y ladrones como ministros.

Al doble procedimiento, insaciable y de regularidad sostenida, de matar por hambre y enfermedad, se suman decenas y decenas de otros métodos, más evidentes y cotidianos: matan a miles de ciudadanos indefensos, entre 25 y 30 mil al año, a manos de los delincuentes que mantienen bajo control las ciudades y pueblos del territorio venezolano. Mueren conductores y pasajeros de vehículos en autopistas llenas de baches, sin iluminación ni señalización, en accidentes mortales e incapacitantes. Mueren personas hambrientas tras ingerir alimentos venenosos -como la yuca amarga- desesperados por el hambre. Mueren los pacientes en quirófanos y salas de terapia intensiva como consecuencias de las amplias y reiteradas fallas del servicio eléctrico. Mueren las personas por la inexistencia de servicios de ambulancia y atención a las emergencias. Mueren familias enteras, arrastradas por el lodo y las aguas, en los días de lluvia. Mueren miles y miles de personas por falta de medicamentos e insumos para las enfermedades crónicas como las diabetes, la tensión arterial, las cardiopatías, el cáncer, el VIH y otras. Mueren los indígenas venezolanos azotados por epidemias. Mueren inocentes que viven en los barrios del país, abaleados por las luchas entre bandas o por operativos de cuerpos policiales o militares que disparan de forma indiscriminada. Mueren las víctimas de las operaciones a cargo de sicarios. Mueren en sesiones de tortura ciudadanos como Fernando Albán. Mueren los presos políticos a los que se niega atención médica. Mueren miles y miles de venezolanos bajo el yugo de un régimen que odia la vida.

El mortal apagón en un hospital de Caracas por Maolis Castro – El País – 17 de Enero 2019

Al menos dos personas murieron tras un corte de luz en un centro de salud de la capital de Venezuela, donde ya se había alertado de las carencias

Imagen del Hospital Universitario de Caracas, durante un apagón en julio de 2018.
Imagen del Hospital Universitario de Caracas, durante un apagón en julio de 2018. JUAN BARRETO AFP

En la penumbra, Dayana Pérez Marcano escuchó a los doctores gritar el nombre de su hermano: “¡Familiares de Eduan Pérez!”. Se movió con nerviosismo y conversó con los médicos: “Sospechaba que iba a morir cuando se fue la luz porque estaba conectado a una máquina de respiración artificial”, relató.

Un apagón en el Hospital Clínico Universitario de Caracas provocó la muerte de, al menos, dos pacientes, el pasado sábado. El cuerpo de Eduan Pérez, uno de los fallecidos, permaneció cuatro días en la morgue del centro de salud. “Los directores no querían entregar el cadáver, era lo único que pedíamos y no lo hacían porque querían asegurarse de que el expediente forense indicara que murió por causas naturales y no por el corte eléctrico”, asegura la hermana. La historia conmocionó a los venezolanos, en unas horas en las que las miradas estaban puestas en el controvertido inicio del segundo mandato de Nicolás Maduro, no reconocido como presidente de Venezuela por la oposición y parte de la comunidad internacional.

El suceso devino en un conflicto político sin que se hayan aclarado aún las circunstancias de lo que ocurrió. Maduro acusó a la oposición de “terroristas” en su comparecencia ante la Asamblea Constituyente, el órgano creado por el oficialismo para deslegitimar la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. “Sabotearon los sistemas de recarga y carga eléctrico, los desprendieron y se lo llevaron para crear un show en los medios de comunicación social”, denunció.

Las inmediaciones del hospital son el reflejo de la trascendencia del suceso. Están vigiladas por decenas de policías. Sus trabajadores, los gremios de salud y los parlamentarios de la oposición rechazan la versión del sabotaje. Winston Flores, diputado de la Asamblea Nacional, recopila información sobre el incidente para denunciar ante los organismos internacionales la crisis de Venezuela. “Nosotros investigamos a fondo las causas. El régimen solo reconoce dos muertos, pero el personal médico afirma que se trató de seis personas… Esto es un homicidio. La directiva sabía que había fallas eléctricas en Caracas y no repararon las plantas de energía, pese a los avisos”, explicó.

Muchos pasillos están desolados por la falta de iluminación, no funcionan los aires acondicionados y los pacientes llevan su propia agua y medicamentos ante la precariedad; siempre comen arroz. Es un sitio, como dice Dayana, en el que la esperanza se pierde.

El Sindicato de Trabajadores de Hospitales de Caracas había advertido hace meses de la necesidad de reparar las plantas de energía del Clínico Universitario. Su representante, Mauro Zambrano, indica que la situación no puede ser peor. “En el hospital deberían operar 1.200 camas y solo son usadas 250 por fallas en el resto. Los dormitorios están deteriorados. De 12 quirófanos solo funciona uno. Muchos aparatos están dañados, no se hacen rayos X o tomografías, tampoco resonancias magnéticas. Eso no es nuevo, tiene años así. Lo denunciamos, lo mismo que las fallas en las plantas de energía, pero nadie atendió”, agrega.

Tras el suceso, el Gobierno ha destituido al director del hospital, José Fernando Alvarado, al subdirector, Pablo Castillo y otros gerentes. Además, ha creado una junta para esclarecer lo sucedido en el centro de salud. Alvarado y Castillo son polémicos por el rechazo a la donación de fármacos de la ONG Médicos sin Fronteras, el pasado noviembre. En diciembre, el exdirector dijo en una entrevista que obedecía instrucciones del Gobierno cuando repudió la donación y alabó el sistema de seguridad de la institución. “Tenemos casi 30 cámaras y un jefe de seguridad del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)”, apuntó.

Imagen de la fiesta de la dirección del Hospital.
Imagen de la fiesta de la dirección del Hospital.TWITTER

Hace unos días, los doctores celebraron una fiesta con una exuberante bailarina semidesnuda en una oficina del centro. “Esto pasó en la dirección del Hospital Universitario de Caracas, mientras pisos más abajo los pacientes se morían porque no hay dinero para medicinas ni repuestos de equipos”, denunció el diputado opositor en el exilio José Manuel Olivares.

Emergencia humanitaria

El cirujano Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, critica que el hospital careciera incluso de aparatos de respaldo en Terapia Intensiva. “Las plantas eléctricas debieron funcionar antes de los cinco segundos después del corte eléctrico. En Venezuela, todos los equipos médicos deben tener baterías de respaldo interno. Me refiero a equipos de monitoreo y quirófano, que deben ser independientes por dos horas”, afirma.

La Encuesta Nacional de Hospitales, un sondeo independiente realizado por la ONG Médicos por la Salud en los 40 principales hospitales de Venezuela, indica que entre el 15 de noviembre y el 15 de enero del 2019 hubo 158 fallos de energía eléctrica, un promedio de 1,04 cortes de casi 3 horas en cada hospital por día. Según este documento, 49 pacientes murieron en unos 24 cortes de energía. “Solo el 55% de las plantas eléctricas funcionan en los hospitales monitoreados. Por cada tres fallas de energía que afectan a un hospital venezolano, al menos, fallece un paciente”, comenta el médico Julio Castro, responsable del informe.

Entretanto, Bello asegura que en el país existe una emergencia humanitariacompleja producto de la “inexistencia” de una política de “mantenimiento hospitalario” desde hace 19 años. El doctor opina que la centralización de los recursos en la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario, una dependencia del Ministerio de Salud creada en 2006, afecta a los centros de salud. “Se encargan de reparar y tramitar compras para poner operativos equipos, pero eso conlleva un viacrucis para cualquier hospital por las demoras y la burocracia”, agregó.

México se ofrece a mediar en las crisis de Nicaragua y Venezuela por Carlos Salinas – El País – 16 de Enero 2019

El Ejecutivo de López Obrador promete un “papel decisivo” y de liderazgo en Latinoamérica

López Obrador, durante una conferencia de prensa.
López Obrador, durante una conferencia de prensa. REUTERS

Tras las críticas por la ambigüedad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su posición hacia Venezuela y Nicaragua, el subsecretario designado para la región de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga, afirmó que su país está dispuesto a mediar en las crisis políticas que afectan a ambos países. “La diplomacia mexicana tendrá un papel decisivo en América Latina y el Caribe. México debe ser un líder en la región y estamos dispuestos a asumir esta responsabilidad. Es el momento en que México vuelva a mirar al Sur”, aseguró el funcionario este lunes, frente a los representantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Esta es la primera vez que un alto funcionario del Ejecutivo de López Obrador se pronuncia directamente sobre la crisis nicaragüense, que desde abril –cuando comenzaron las protestas contra el presidente Daniel Ortega– ha dejado 325 muertos, más de dos mil heridos y decenas de miles de exiliados. Reyes dijo que el Gobierno dará un “seguimiento puntual” a la situación del país, pero advirtió que México “no acompañará acciones que puedan afectar negativamente al pueblo nicaragüense y que no sean conducentes para crear condiciones de confianza que se necesitan para acercar a las partes”.

La crisis nicaragüense ha generado intensas negaciones diplomáticas en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, el uruguayo Luis Almagro, advirtió de que podría invocar la Carta Democrática y expulsar al país del seno de esa organización, lo que tendría serias repercusiones políticas y económicas para la nación centroamericana. La idea de Almagro es presionar diplomáticamente a Ortega para que este se siente a negociar una salida pacífica al conflicto, que en enero cumple nueve meses sin que el sandinista de señales de apertura. Por el contrario, ha aumentado la represión contra sus críticos y los medios de comunicación independientes.

Alejandra Reynoso Sánchez, senadora por el PAN y secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, hizo referencia a la reunión de la OEA del viernes y cuestionó la posición del Gobierno mexicano, que se abstuvo. “¿Considera usted que la Doctrina Estrada sigue vigente ante la práctica de autoritarismo y violación constante de derechos humanos?” “¿Cómo logrará México el respeto a los derechos humanos y al orden constitucional en estos países [Nicaragua y Venezuela]?”, preguntó. En la misma línea apuntó la senadora Martha Micher Camarena, de Morena, el partido de López Obrador, quien dijo estar “preocupada por Nicaragua” y le recordó a Reyes que en el país centroamericano “están ofendiendo, están desapareciendo a la gente que piensa diferente, están cometiendo actos de violación a los derechos humanos”.

Reyes respondió que la Doctrina Estrada “sigue absolutamente vigente” como la “guía básica” de las relaciones diplomáticas de México con sus vecinos, y “que de ninguna manera está peleada con la vigilancia de México en la procuración de los derechos humanos”. Sin embargo, dijo que estaban “muy preocupados” por la crisis nicaragüense y que darían seguimiento a las discusiones en el seno de la OEA, donde el país ha dado un voto “favorable” a las decisiones tomadas hasta ahora por el grupo de trabajo para Nicaragua. “México estaría en disposición de participar, a invitación de Nicaragua, en todo mecanismo de facilitación y mediación del diálogo que permita el acercamiento de las partes en conflicto con pleno respeto a sus asuntos internos y autodeterminación”, dijo Reyes, quien anunció que el jueves el canciller nicaragüense, Denis Moncada, visitará México.

En el caso de Venezuela el funcionario fue más elocuente. Dijo que al no suscribir la semana pasada un documento del Grupo de Lima, con el que los 13 países que conforman esa alianza no reconocen el nuevo mandato de Maduro, México mandaba el mensaje de que la prioridad del Gobierno es hacer frente a la “crisis humanitaria” que sufre ese país y luego a la situación política. “Tampoco damos un voto a favor de Maduro”, aseguró Reyes. Además, agregó que al enviar al encargado de negocios de la Embajada mexicana en Caracas a la toma de posesión del presidente venezolano, el Ejecutivo de López Obrador quiso mantener “una distancia” y mostrar que seguirá de cerca lo que sucede en ese país.

“México de ninguna manera renuncia a su preocupación y a su observancia por la situación humanitaria que se está viviendo en Venezuela, por el laceramiento a los derechos humanos de los venezolanos y por la ausencia de democracia que hay en ese país. No obstante, no queremos caer en el extremo antagonista en el que pensamos que se encuentran todas las partes involucradas en el conflicto venezolano. Pretendemos ubicarnos en un centro que sea capaz de generar puentes de diálogo”, explicó el diplomático. Reyes Zúñiga dijo que su país “está en plena disposición de fungir como puente de diálogo y mediador en los conflictos internos” de Venezuela.

Venezuela: la hora de América por Julio Borges – El Mundo – 10 de Enero 2019

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. AFP

Esta situación obliga a toda América Latina a actuar con determinación y urgencia, tal como hizo el Grupo de Lima el pasado 4 de enero, cuando anunció que no permitirá el ingreso a sus territorios de personas vinculadas al régimen.

Cuando decimos que Maduro esta irremisiblemente derrotado viene a nuestra mente la ocasión, tras la caída de Francia en 1940, justo la hora más tenebrosa para aquella nación, en que Charles de Gaulle, dirigiéndose a sus desalentados compatriotas, afirmó que Alemania acababa de perder la guerra.

A muchos esto sonó a extraviada retórica, pero De Gaulle apuntaba a que las fuerzas internacionales, que Hitler desafiaba, eran muchas y que no tardarían en entrar en acción. A la larga, el líder nazi había asegurado un desenlace inevitablemente adverso a su delirio.

Guardando las proporciones, así juzgamos nosotros la situación actual de Nicolás Maduro: todo concurre a su desalojo del poder pues, al tiempo que pretende perpetuarse a costa de la vida de los venezolanos, el dictador enfrenta hoy día un panorama interno e internacional que precipitará su salida inexorablemente. Ello es inevitable pues concurren circunstancias que no dependen de la voluntad de Maduro. ¿Cuáles son esos factores?

Primero, clausuró por completo toda salida electoral y democrática a la crisis, lo que lo convierte en un dictador en cuenta regresiva. En el fondo, para su mal, el pueblo venezolano seguirá resistiendo hasta su salida. Luego, el petróleo ha dejado de ser relevante en la ecuación del poder chavista como consecuencia directa de la destrucción de nuestra principal industria. Con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) destruida por la colosal corrupción del régimen, con la producción en caída libre y sus principales activos seriamente comprometidos. La devastación ha sido tan abrupta que la producción petrolera apenas roza el millón de barriles al día y el PIB se ha desplomado un 56% desde que llegó Maduro hace cinco años, lo que se traduce en la mayor depresión económica en Latinoamérica en los últimos 50 años. Además, la hiperinflación tocó 2.000.000% y la deuda del país es de 1,7 veces su PIB.

Por último, no podemos dejar de mencionar el ecocidio que ocurre en el Arco Minero, en donde el 91% del oro se produce de manera ilegal y hay 20.000 mineros sin la reglamentación adecuada ejerciendo dicha actividad.

La persecución ya no sólo afecta a los líderes opositores que siguen siendo acosados, inhabilitados políticamente, secuestrados como el diputado Juan Requesens, asesinados como nuestro líder de Primero Justicia Fernando Albán o condenados al exilio. Maduro también ha llenado las cárceles de centenares de oficiales altos y medios de la Fuerza Armada, pues existe una clara ruptura entre su régimen y los cuarteles por la destrucción de la democracia y el quebrantamiento del orden constitucional.

Como factor adicional, debemos destacar la crisis humanitaria que ha generado la migración de alrededor de cinco millones de venezolanos a todas partes del mundo. Expertos estiman que esta ola migratoria podría llegar a nueve millones de personas este 2019 si no logramos articular un cambio político que permita que la estabilidad económica y democrática regresen a nuestra nación.

Aunada a las aristas antes expuestas está la crisis de legitimidad que tiene la dictadura. La comunidad internacional no reconoce la ilegítima Asamblea Constituyente y tampoco las fraudulentas elecciones presidenciales que se celebraron el pasado 20 de mayo, sin la participación de la oposición democrática del país. Este desconocimiento se consolidó después de que en República Dominicana nos negáramos a firmar un acuerdo a todas luces contrario a los intereses de los venezolanos. Por eso hoy Maduro y la cúpula que lo acompaña son desconocidos, señalados, acusados y sancionados por Estados Unidos y el resto de las democracias del mundo.

Por todo esto queremos reiterar, en primer lugar, a los presidentes de toda América que Venezuela es un Estado fallido y un gran peligro para toda la región. En segundo lugar, que los venezolanos no podemos desalojar sólo con nuestra fuerza, una dictadura tutelada por Cuba y Rusia. En tercer lugar, es necesario articular, de manera inmediata, acciones que generen mayor presión: sanciones personales, investigaciones de corrupción, lavado, narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, desestabilización democrática en los países y especialmente ayudar a emplazar a la Fuerza Armada venezolana para que venza la represión y el chantaje y sea un factor decisivo para restaurar la Constitución y la democracia.

Las acciones para reconstruir nuestro sistema democrático y de libertades inequívocamente debe ser liderado por América Latina. Estamos en el momento justo para que se materialicen las medidas necesarias. Dicho con palabras del ex presidente chileno Ricardo Lagos, la muerte de la democracia en Venezuela sería el fracaso de todo el sistema interamericano.

Hace pocos meses, el historiador mexicano Enrique Krauze afirmó que “un partido -un jefe de Estado, matizo yo -puede ser de derecha o de izquierda, pero la forma de medir si es demócrata es cotejando su postura ante Venezuela”.

Por eso reiteramos nuestro llamamiento al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quienes pedimos que no sean indiferentes o ingenuos con Venezuela. Al contrario, deben ser factores que contribuyan a ensamblar una transición democrática en nuestro país.

La inhumana arrogancia de la dictadura encabezada por Nicolás Maduro desafía personalmente a los jefes de Estado de la región, que encarnan una enorme responsabilidad con el sistema interamericano.

Un hombre bien puede morir por su país, pero no es justo que todo un país deba morir para satisfacer el ansia de poder de un solo hombre.

Julio Borges es diputado opositor venezolano.

Consejo Permanente de la OEA acuerda “no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro” – 10 de Enero 2019

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acordó hoy “no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019”. La resolución se aprobó con 19 votos a favor, 6 en contra, 8 abstenciones y 1 ausencia.

A continuación el texto completo de la resolución:

RESOLUCION SOBRE LA SITUACION EN VENEZUELAEL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

REAFIRMANDO el derecho a la democracia que tienen los pueblos de América y la obligación de sus gobiernos de promoverla y defenderla tal como lo establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana,

RECORDANDO que, mediante la AG/RES. 2929 (XLVIII-O/18) del 5 de junio de 2018, la Asamblea General declaró que el proceso electoral realizado en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos de Venezuela, por no cumplir con los estándares internacionales y por haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático,

CONSIDERANDO que el período presidencial 2019-2025 que empieza en Venezuela el 10 de enero de 2019 es el resultado de un proceso electoral ilegítimo,

ENFATIZANDO la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional democráticamente electa,

REITERANDO SU PROFUNDA PREOCUPACION en relación con el empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela resultante del quiebre del orden democrático y de serias violaciones a los derechos humanos en dicho país, así como la negligencia del gobierno de Venezuela de alcanzar los estándares interamericanos básicos en materia de derechos humanos y democracia,

RECONOCIENDO que, en consecuencia, un número significativo de venezolanos está siendo forzado a huir del país, en razón de que no han sido cubiertas sus necesidades básicas,

REITERANDO su seria preocupación por el colapso del sistema de salud de Venezuela, que ha llevado a la reaparición de enfermedades infecciosas previamente erradicadas en Venezuela, así como en países fronterizos y en la región.

OBSERVANDO que el éxodo de venezolanos está teniendo un impacto en la capacidad de los países de la región para cubrir sus necesidades básicas y plantea desafíos a la salud pública y la seguridad,

TOMANDO NOTA al respecto, de la Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región, del 4 de septiembre de 2018, y su Plan de Acción, adoptado el 23 de noviembre de 2018.

CONDENANDO con la mayor firmeza las detenciones arbitrarias, la falta del debido proceso y las violaciones a los derechos humanos de prisioneros políticos por parte del gobierno de Venezuela,

ENFATIZANDO que el Consejo Permanente y la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores se mantienen dispuestos a llevar a cabo iniciativas diplomáticas, incluyendo los buenos oficios, destinados a promover el diálogo en Venezuela con miras a arribar a una solución política de la crisis en dicho país,

RESUELVE:

No reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019,

Reafirmar que, solo a través de un dialogo nacional con la participación de todos los actores políticos y otros actores interesados venezolanos, se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la voluntad de los ciudadanos venezolanos y resuelva de manera pacífica la actual crisis en ese país.

Urgir a todos los Estados Miembros e invitar a los Observadores Permanentes de la OEA, a adoptar, de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela,

Hacer un llamamiento para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo, en una fecha cercana con presencia de observadores internacionales,

Invitar a los Estados Miembros y a los Observadores Permanentes a implementar medidas para atender la crisis humanitaria en Venezuela y en los Estados afectados, mediante el apoyo a las organizaciones internacionales y regionales apropiadas,

Urgir al régimen venezolano que permita el inmediato ingreso de ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela, incluyendo vigilancia epidemiológica para prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública, particularmente para evitar la reaparición y propagación de enfermedades,

Exigir la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos,

Expresar la activa solidaridad con el pueblo venezolano y su compromiso de mantener bajo seguimiento la situación en Venezuela y apoyar medidas diplomáticas que faciliten la restauración de las instituciones democráticas y el pleno respeto a los derechos humanos,

Instruir al Secretario General para que transmita el texto de la presente Resolución al Secretario General de las Naciones Unidas.

A 20 años del chavismo en Venezuela – Editorial Yo Influyo – 9 de Enero 2019

Dos puntos resaltan en la crisis humanitaria que padece Venezuela: la utilización de la democracia por parte de las dictaduras para acceder al poder y luego destruirla, y su modelo perfectamente diseñado para destruir, reducir y controlar a la sociedad.


Crisis en Venezuela


Venezuela está pasando por uno de los momentos más oscuros de su historia y dos fechas próximas están ahí para recordárnoslo: 10 de enero y 2 de febrero de 2019.

Luego de unas elecciones por demás cuestionables, Nicolás Maduro, actual dictador de Venezuela se prepara para asumir un nuevo periodo presidencial el próximo 10 de enero. Parece no importarle la presión internacional, el desconocimiento por parte de la Asamblea Nacional Venezolana a su próxima juramentación, o el clamor desesperado de un pueblo que se desmorona sin oportunidad alguna salvo el exilio.

Por otro lado, el próximo 2 de febrero se cumplirán 20 años de la llegada por primera vez a la presidencia de Hugo Chávez y con ello la instauración del socialismo en Venezuela.
Veinte años en los que hemos sido testigos del alarmante deterioro económico, político y social de un pueblo que llegó a ser ejemplo democrático para los países latinoamericanos, de una nación rica en recursos naturales y con el potencial para ser un país emblemático en el concierto de las naciones, pero con una sociedad descontenta y resentida que canalizó erróneamente la necesidad de cambio político en su país.

Dos puntos llaman poderosamente la atención respecto a la crisis venezolana. Primero, la utilización por parte del socialismo de las instituciones democráticas del país para hacerse del poder político y posteriormente destruir el mismo andamiaje institucional que les permitió llegar.

Perversidad de este modelo de gobierno, llámese socialista o populista, que hace uso de las debilidades de la democracia, las flaquezas de las mayorías resentidas durante años y el manejo de los recursos público a discreción para, mediante la fachada de la inversión social, crear un aparato de dominación y coerción.

Y segundo punto, el chavismo en Venezuela es un modelo perfectamente bien diseñado y con objetivos muy claros. Es un error pensar que la situación actual del país sudamericano es fruto de múltiples errores, primero de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro; de la ineptitud del caudillo y la falta de visión estadista de su hijo político.

En realidad desde febrero de 2009 todo estaba calculado para destruir, reducir y controlar al pueblo venezolano. Una sociedad sometida, sin libertad, sin la capacidad elemental de poder tomar decisiones tan básicas como el qué comer: ésa es la visión del socialismo latinoamericano.

La innegable crisis humanitaria que padece es un llamado desesperado de auxilio para toda la comunidad internacional y México no puede ser ajeno a ella. Independiente de la solidaridad manifiesta del pueblo mexicano y negada por el gobierno de López Obrador, es fundamental hacer una reflexión seria de nuestra propia realidad nacional.

Una reflexión que implique redoblar los esfuerzos por consolidad nuestras instituciones, por tomar conciencia que no podemos dejar el destino de un país en la voluntad de un solo líder por más carismático que sea.

Una reflexión que implique el reforzamiento de la sociedad civil y los cuerpos intermedios, como dique y contrapeso real ante la tentación de endosarle al presidente en turno un cheque en blanco para que haga y deshaga a su antojo.

Si no lo hacemos ahora, mañana podría ser demasiado tarde.

La generación del hambre por Johanna Osorio Herrera / Armando Altuve, María Vallejo, Sheyla Urdaneta, Jesymar Añez, Liz Gascón, Mariangel Moro, Rosanna Batistelli – El Pitazo – Diciembre 2018

Nacieron en el 2013, cuando la crisis alimentaria se agravó en Venezuela. Tienen 5 años, están desnutridos, y el daño provocado a su salud es irreparable. El Pitazo en alianza con CONNECTAS recorrió ocho ciudades y, con ellas, ocho realidades distintas. Estas son las historias de los niños que crecen en desventaja por nacer en medio de la emergencia humanitaria que vive el país.

A Juan Luis se le pueden contar los huesos sobre la piel: está desnutrido. Su diagnóstico lo determinaron los especialistas del Hospital Materno Infantil de Tucupita, en Delta Amacuro —estado con una de las mayores poblaciones indígenas del país— donde estuvo internado en agosto de 2018 por diarrea crónica. Es posible que no sea la única vez que esté hospitalizado durante el resto de su vida. Las secuelas del hambre antes de los cinco años, su edad, son irreversibles. En su adultez, Juan Luis será más propenso que otros hombres a padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes; también a rendir menos laboralmente, o tener deficiencias intelectuales, todo como consecuencia del hambre que hoy padece.

Desde la concepción hasta los cinco años, especialmente los primeros 1000 días, cumplidos después de los dos años y medio de vida, se desarrolla 75 por ciento o más del tejido cerebral y su constitución. El esquema neuronal, que permite al ser humano percibir su entorno: ver, oler, escuchar y reaccionar ante los estímulos, queda definido en esta etapa: la primera infancia, de acuerdo con organismos internacionales vinculados al cuidado de la niñez, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). El crecimiento de Juan Luis depende de lo que coma. Si se alimenta bien, su circuito neuronal será favorable para su adultez. Si no lo hace, el daño provocado a su cuerpo y su cerebro será irreparable.

Juan Luis no come bien, aunque su mamá intente remediarlo. No puede porque su familia es pobre, como 87 por ciento de las familias venezolanas, de acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2017, realizada por universidades y organizaciones no gubernamentales. Su historia no es la única; se repite en muchos niños de su edad. Hasta marzo de 2018, en Venezuela, sólo 22 por ciento de los niños menores de cinco años tenían un estado de nutrición normal, según el informe Saman, de Cáritas.

Comer de forma adecuada es uno de sus principales derechos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Juan Luis debería tener siempre “acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias”. Es el Estado quien debe garantizarle el alimento, pero no lo hace. De acuerdo a Encovi 2017, en 80 por ciento de los hogares venezolanos hay hambre (término que engloba la desnutrición en todas sus fases), o inseguridad alimentaria, como la denomina la FAO. Y, de acuerdo a lo que sugiere la FAO, esto confirma la emergencia humanitaria, alcanzada cuando un país “en un determinado año no puede colmar con sus propios recursos el déficit de alimentos provocado por un desastre y necesita, por tanto, ayuda alimentaria externa”.

En Venezuela, la desnutrición infantil es la prueba de la emergencia, específicamente, la desnutrición aguda global en niños menores de cinco años, como Juan Luis, nacido en 2013, año que Nicolás Maduro asumió la Presidencia de la República.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) si 10 por ciento de los niños (menores de cinco) de un país padecen desnutrición —porque no han tenido una cantidad suficiente de alimentos y los que ha ingerido no tenía los nutrientes necesarios—, se deben activar protocolos de atención para crisis humanitaria. Rebasar el umbral de 15 por ciento indica una situación de emergencia de salud pública de carácter humanitario. En Venezuela, la desnutrición aguda global en niños de esta edad alcanzó 10 por ciento en enero de 2017, y superó el umbral de 15 por ciento entre septiembre y diciembre, cuando llegó a 16 por ciento, según estudios de Cáritas Venezuela. La cifra subió a 17 por ciento durante el primer trimestre de 2018.

Los niños con hambre en Venezuela contrastan con el Plan de la Patria —la carta estratégica presentada por Chávez para su reelección y retomada por Maduro— que establece como uno de sus objetivos generales “lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación”, y como meta estratégica “asegurar la alimentación saludable de la población, con especial atención en la primera infancia”. Las cifras revelan una realidad que el gobierno se esfuerza en negar: en Venezuela, desde septiembre de 2017, existe una emergencia humanitaria, que podría mejorar si se acepta ayuda alimentaria externa. Tiene su origen en las erradas políticas socioeconómicas tomadas desde hace 15 años por Hugo Chávez, y perpetuadas por su sucesor Nicolás Maduro, provocando una profundización de la desnutrición desde el 2013.

Lo que el hambre deja

Valentina tiene 5 años, pero su cuerpo parece el de una niña más pequeña. Mide 86 centímetros y pesa 9 kilos, cuando debería medir un poco más de un metro y pesar el doble. No habla, se aísla, y las únicas sonrisas fáciles se las provoca Carmen Toro, la mujer que la cuida. Es exnovia de su papá, quien hace meses la abandonó, ya desnutrida, en el hogar de lata donde viven, en la pobre comunidad de Valles del Tuy, en las periferias de Caracas; seis meses antes, su mamá biológica también la abandonó, y la dejó con su padre.

En cambio, Dayerlin es más extrovertida. Debe serlo, para poder comer: de día, la niña de 5 años mendiga dinero y alimento en Monagas, estado oriental del país; de noche, duerme con su madre y sus siete hermanos en un intento de casa, un espacio de 5 metros de largo por 6 metros de ancho, que es cuarto, cama y baño a la vez.

Según estudios de Cáritas Venezuela, un poco más de la mitad de los hogares de algunas de las parroquias más pobres del país recurren a contenedores de basura y a la mendicidad para conseguir comida. Y, de acuerdo a los registros de la emergencia pediátrica del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, en Monagas, donde vive Dayerlin, muchos de los niños de esas familias pobres no alcanzan, siquiera, a crecer: 42 lactantes han fallecido durante 2018 por desnutrición, un promedio de 4,6 decesos al mes. 70 por ciento de esos bebés, es decir 28, vivían en la zona urbana de Maturín mientras que el resto en otros municipios.

A Valentina y Dayerlin las separan 485 kilómetros de distancia, pero las une la pobreza, el hambre, y sus consecuencias. Falta mucho para que sean mujeres, pero su adultez es predecible, por el hambre que han sufrido: enfermedades cardiovasculares, diabetes, hijos enfermos; discapacidad para aprender y facilidad para ser manipuladas; tendencia a la violencia y el uso de drogas. El daño provocado por la desnutrición a los niños venezolanos —física, intelectual y emocionalmente— es irreparable, según los expertos en desarrollo infantil.

“Socialmente, el hambre en Venezuela ha generado un deterioro de las relaciones intrafamiliares. Hay peleas por la comida, hay niños robándose las loncheras entre sí, niños maltratados porque se comieron los huevitos que eran para el otro muchachito. Hay roles familiares invertidos, padres y madres que se suicidan porque no se sienten capaces de comprar la comida suficiente y, a nivel vecinal, el problema del hambre generó un quiebre entre nosotros enorme”, explica Susana Raffalli, nutricionista especializada en gestión de la seguridad alimentaria, en emergencias humanitarias y riesgo de desastres, integrante del equipo de investigadores de Cáritas Venezuela.

“Yo una vez vi el maltrato a una niña que se tomó un agua que era para una sopa, una niña wayuu. La madre fue y le pegó a la niña porque el único baldecito de agua que había era para hacer una sopa. Esa niña se tomó el agua porque tenía sed. Entonces, cuando tú asocias tus necesidades más básicas a maltratos y abandonos vas a ser un ser humano que va a crecer con un estado de vacío y desasosiego para toda su vida y ese daño afectivo del que pasas a la adultez con ese hueco adentro, va a generar para siempre problemas de adicción, problemas de estabilidad, estos son muchachos que están ahora de delincuentes insaciables”.

Las consecuencias de la desnutrición en niños, que ahora padece Venezuela, ya ha sido estudiada en países vecinos. Cuenta Raffalli que en 2012 se publicó un estudio hecho en una población rural en Guatemala, donde se siguió el desarrollo de un grupo completo de niños, hijos unos de madres desnutridas y otros no. Al llegar a su adultez, se comparó a los campesinos de 20 y 30 años, que trabajaban cortando caña, y se contrastó su rendimiento en el corte de la caña. La diferencia fue hasta de 40 por ciento en la cantidad de caña cortada y, por lo tanto, del ingreso. La nutrición en sus primeros mil días de vida determinó que, una vez adultos, unos fuesen 40 por ciento más productivos que otros. En el caso de las mujeres concluyeron que las niñas desnutridas tenían tres veces más posibilidades de parir niños de bajo peso, que las que fueron bien alimentadas en su infancia.

“Estás determinando, en ese momento, lo que va a pasar después (…). Después de dos años de monitorear esto en parroquias pobres del país, vemos que el retardo del crecimiento subió de 18 por ciento en el año 2016, a 30 por ciento en 2018; es decir, que 30 por ciento de los niños que, incluso, rescatamos de la desnutrición y ya pesan su peso normal, tiene retardo del crecimiento. Son niños que quedan en un rezago para siempre, no solamente biológico, sino cognitivo. Estos son niños que no vas a ver que se distinguen, no lo vas ni siquiera a notar. Estos son niños que aprenden a leer, a escribir, juegan, se ríen, van a ir al colegio, pero no van a llegar nunca a la universidad, no van a tener empleos de buena productividad”, asegura Raffalli.

La OMS considera que la proporción de niños con retardo en el crecimiento no debe superar el cinco por ciento. Otros países de América Latina lograron disminuir su índice de niños con retardo de peso y talla ofreciendo a las familias agua potable, vacunación completa, desparasitantes, dispensarios, suplementos nutricionales y raciones de alimentación familiar.

“Con todo eso, el promedio latinoamericano de disminución de la proporción de niños con retardo del crecimiento es de 1,5 puntos porcentuales por año. Entonces si ya lo tienes en 33 por ciento (como Venezuela), bajarlo al 5 por ciento que la OMS considera apropiado, te va a tomar 25 años. 25 o 30 años son tres generaciones”, advierte Raffalli. “Esto compromete incluso pensamientos de libertad a futuro. Esos son niños que van a ser madres y padres de la pobreza, que van a volver a votar por un presidente populista. Esto se perpetúa. Esto tiene implicaciones generacionales, implicaciones para siempre. Esto significa muchos años de atraso, al menos tres generaciones”.

El 10 de septiembre de 2018, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo que el organismo ha recibido desde junio información sobre casos de muertes relacionadas con la malnutrición y enfermedades que se pueden prevenir en Venezuela. Fue durante ese mes, junio, cuando la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) examinó la crisis alimentaria venezolana, recabó pruebas, entrevistó expertos y concluyó que: “el Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis sanitaria y alimentaria, no se habían adoptado las medidas y las reformas normativas que se necesitaban con urgencia para hacer frente a la crisis y sus causas fundamentales, no cumpliendo así su obligación internacional de hacer todo lo posible para asegurar el ejercicio de los derechos a la salud y la alimentación, incluso recurriendo a la cooperación y asistencia internacionales”.

El hambre en Venezuela es evidente. La FAO, que en 2013 premió al gobierno por “reducir a la mitad el porcentaje y el número de personas con hambre o subnutrición en el país antes de 2015”, calificó negativamente a Venezuela en 2017, por ser el país con la mayor alza en subalimentación, y lo responsabilizó de “la merma general del desempeño de la región en su lucha contra el hambre”: más de la mitad de las personas que engrosaron el número de subalimentados en América Latina, desde 2015, fueron venezolanos. Un año más tarde, en noviembre de 2018, el panorama es aún más grave: el director de estadística de la FAO aseguró que la tasa media de subalimentación en Venezuela, entre 2015 y 2017, fue de 11,7 por ciento de la población, es decir, 3,7 millones de venezolanos comen mal, casi cuatro veces más que en el trienio 2010-2012. La cantidad de venezolanos mal alimentados es superior a la población de Uruguay, que, según su último censo, no llega a tres millones y medio de habitantes.

Por su parte, en su último informe sobre el país, Human Rights Watch advirtió que “las personas afectadas por inseguridad alimentaria son menos propensas a cumplir con sus tratamientos médicos debido a que, con recursos limitados, deben atender diversas necesidades humanas”. En Venezuela, donde 87 por ciento de las familias son pobres, la mayoría no puede suplir necesidades tan básicas como comida o salud. Niños y padres enfermos, desnutridos, y en medio de un contexto económico adverso, no pueden escapar del hambre.

“La desnutrición ya parece una epidemia, una enfermedad contagiosa”, asegura Ingrid Soto de Sanabria, pediatra y nutrióloga del hospital pediátrico J.M. de los Ríos. El hambre en Venezuela inició un ciclo difícil de romper.

La herencia de Chávez que Maduro agudiza

Maikel nació el 29 de diciembre de 2012 en Portuguesa, lugar que también es llamado el Granero de Venezuela. Fue uno de los 619.530 niños que nacieron ese año, la última cifra de natalidad publicada en el país. El estado llanero, reconocido en otrora por su alta producción agrícola, y donde ahora escasea la comida, es el hogar del niño, que nació justo un día antes de que Nicolás Maduro, entonces vicepresidente de Venezuela, advirtiera en cadena nacional que Hugo Chávez estaba delicado de salud, después de someterse a una cirugía para intentar curarse del cáncer que padecía. Nació, también, 21 días después de que el mismo Chávez se dirigiera al país, el 8 de diciembre, para pedir que, si ocurría algo que lo inhabilitara, Maduro fuese elegido como su sucesor en el poder. “Yo se los pido, desde mi corazón”, dijo. Tres meses después. el 5 de marzo, Maduro anunciaba al país la muerte de Chávez.

Al nacer, Maikel pesó 1,440 kilogramos, más de un kilo por debajo del peso mínimo adecuado (2,500 kg), según la OMS; y cumplía casi cuatro meses de vida cuando, el 14 de abril de 2013, como Hugo Chávez lo pidió, Nicolás Maduro fue electo presidente de Venezuela, y heredó el país, y sus problemas económicos.

En 2002, una década antes de que Maikel naciera, la expropiación de empresas, emprendida por Hugo Chávez, inició la caída de la capacidad productiva del país. La bonanza petrolera que vivió Venezuela desde 2004 hasta 2013 no fue aprovechada para estimular la producción nacional ni para el diseño y cumplimiento de estrategias económicas que mantuvieran estable a la nación en momentos de recesión económica. El dinero se destinó a políticas populistas, entre ellas las misiones sociales, que fortalecieron la aceptación del gobierno, pero incrementaron 50,7 por ciento el gasto público. Esta estrategia fue admitida en 2014 por el ex ministro de Planificación y Finanzas Jorge Giordani, quien afirmó que era “crucial superar el desafío del 7 de octubre de 2012”, refiriéndose a las elecciones que ganó Chávez “con un esfuerzo económico y financiero que llevó el acceso y uso de los recursos a niveles extremos”.

El precio del petróleo, y el modelo económico venezolano, dependiente de este rubro, dio al gobierno una aparente estabilidad, pero las consecuencias del derroche fueron evidentes tras la baja de los precios del petróleo: los gastos del Estado comenzaron a ser superiores a los ingresos por exportación de crudo e impuestos (déficit fiscal), causando una creciente inflación y la caída del poder adquisitivo del venezolano. Así, el hambre comenzó a dar sus primeros pasos. La llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, y su perpetuación de las medidas económicas iniciadas por Chávez, representó la profundización de la crisis económica y política: el contexto de la hambruna de los niños venezolanos.

“Cuando ya llega Maduro al poder en el año 2013, la situación económica de Venezuela era bastante precaria en términos de déficit externo e importaciones (…). ¿Qué decidió Maduro, en vez de ofrecer un plan de estabilización de la economía, de resolver este desequilibrio, de buscar financiamiento internacional? Optó por una política de constreñimiento. Como tenía un hueco externo, lo que hizo fue reducir fuertemente el nivel de importaciones del país. El último año de crecimiento de la economía venezolana fue el año 2012, obviamente provocado por esa bonanza ficticia que ofreció el gobierno de Hugo Chávez, un poco buscando su reelección. Se gastó lo que se tenía y lo que no se tenía, hubo un financiamiento brutal en términos de importaciones y fue el último año en el que la economía creció. En 2013, la contracción empezó a crecer, primero con números bastante manejables. Estamos hablando de contracciones que no superaban el cinco por ciento. Pero, con el paso del tiempo, el nivel de contracción de la economía venezolana fue ampliando”, explica Asdrúbal Oliveros, economista (Summa Cum Laude) de la Universidad Central de Venezuela y director de la empresa de análisis de entorno Ecoanalítica.

En las casas de Juan Luis, Valentina, Dayerlin y Maikel no hay neveras o, si hay, no funcionan. No las extrañan, pues tampoco tienen con qué llenarlas. Las neveras vacías, que se reflejan en lo pómulos pronunciados, clavículas expuestas y manitos delgadas de los niños venezolanos, fueron pronosticadas varios años antes, pero al Estado venezolano no pareció importarle.

En 2013, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su estudio anual Perspectivas de la economía mundial, advertía el detrimento de la economía venezolana: “Se prevé que el crecimiento del consumo privado en Venezuela disminuirá a corto plazo tras la reciente devaluación de la moneda y la aplicación de controles cambiarios más estrictos”. Ese año, el Producto Interno Bruto venezolano cayó de 5,5 por ciento a 1,3 por ciento, mientras el de América Latina y el Caribe se mantuvo en 2,9 por ciento.

Dos años más tarde, una vez más, el FMI advirtió la potencial crisis económica que se avecinaba. En su informe mundial anual de 2015 señalaba: “Venezuela sufrirá, según las previsiones, una profunda recesión en 2015 y en 2016 (–10% y –6%, respectivamente) porque la caída de los precios del petróleo que tiene lugar desde mediados de junio de 2014 ha exacerbado los desequilibrios macroeconómicos internos y las presiones sobre la balanza de pagos. Se pronostica que la inflación venezolana se ubicará muy por encima del 100% en 2015”.

El pronóstico fue superado por la realidad. La economía venezolana inició una caída de cinco años consecutivos, que ya alcanza un 57 por ciento, y aún no se ha detenido. Es el deterioro más profundo que ha sufrido un país en los últimos 50 años, afirma Oliveros. “Además, destaca esta caída porque se da en un país que no tiene un conflicto bélico ni interno ni con sus vecinos, y tampoco ha pasado por un desastre natural. Es una caída cuya responsabilidad única es por el mal manejo de políticas económicas que ha reducido el tamaño de la economía venezolana en forma considerable”.

Los años de omisiones del Estado ante el detrimento de la economía, sumado a la baja de las importaciones, la falta de producción nacional, cierres de empresas, y negación de divisas para la adquisición de materia prima, desencadenaron una grave escasez e inflación, que afectó la disponibilidad y acceso a alimentos. Sin comida ni dinero para comprarla, la dieta del venezolano empezó a deteriorarse.

—¡Mamá, tenemos hambre!—, exclaman, piden, María Victoria y María Verónica.

—No tengo nada, vamos a acostarnos. Mañana veré que les doy—, responde su mamá, Dayana, desconsolada. Y mientras ellas obedecen y duermen, ella se desvela llorando.

Las gemelas, de cinco años, y sus dos hermanos, duermen con hambre la mayoría de las noches. De día, tampoco comen bien: su dieta es arroz, pasta, harina, azúcar y granos, alimentos distribuidos por el Estado en cajas que llegan cada 15 días al barrio La Batalla, de Barquisimeto, estado Lara. La familia tiene cinco meses sin comer carne o pollo. Las gemelas, que nacieron el 5 de enero de 2013, pesan 14 kilos y miden 1,02 metros, cuatro kilos y seis centímetros por debajo del peso y talla adecuados para su edad. Su diagnóstico es el mismo de Juan Luis, Maikel, Valentina y Dayerlin: están desnutridas, como casi la mitad de los niños venezolanos de su edad. Son parte de la generación marcada por la crisis, la generación del hambre.

En su informe de marzo de 2018, Cáritas Venezuela concluyó que 44 por ciento de los niños venezolanos menores de cinco años estaban desnutridos, el doble de casos registrados en enero de 2017. A la cifra se suma otro 37 por ciento de niños de la misma edad, que están en riesgo de padecer desnutrición. En marzo de 2018, sólo 22 por ciento de los niños venezolanos menores de cinco años se alimentaban adecuadamente.

El hambre de los niños de esta generación desnutrida va de la mano con la carencia de comida. Según el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria, el consumo de carnes y aves en niños menores de cinco años disminuyó de 41 por ciento a 22 por ciento, entre 2016 y 2017; la ingesta de pescado disminuyó de 24 a 12 por ciento, en el mismo período; el consumo de lácteos bajó de 59 a 26 por ciento, y el de los huevos —la proteína más económica— cayó de 47 a 29 por ciento.

De acuerdo a la empresa venezolana Econométrica, la escasez pasó de 68 por ciento en septiembre de 2017 a 83,3 por ciento en 2018. Los platos semi vacíos son la prueba del deterioro de la dieta.

—Antes no comíamos bien, así mucho, pero sí comíamos. A veces pollo, caraoticas, arroz, pasta con su salsita. Ahorita no—, se lamenta Dayana.

El 7 de marzo de 2018, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, David Beasley, calificó como “catastrófica” la crisis alimentaria en Venezuela. Esa vez, no hubo pronunciamiento por parte del gobierno venezolano, quien acababa de conmemorar el quinto aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Tres meses antes, el 26 de enero, fue desatendida también la advertencia que hizo Unicef sobre la desnutrición infantil en el país:

“Un número en aumento de niños en Venezuela está sufriendo de desnutrición como consecuencia de la prolongada crisis económica que afecta al país. Si bien no se dispone de cifras precisas debido a la data oficial limitada de salud y nutrición, hay claros indicios de que la crisis está limitando el acceso de los niños a servicios de salud de calidad, medicamentos y alimentos. La agencia de los niños hace un llamado para la implementación de una rápida respuesta a corto plazo contra la malnutrición”.

Aunque la preocupación de los organismos internacionales es reciente, la malnutrición no, afirma Marianella Herrera, nutricionista del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, directora de la Fundación Bengoa, e integrante del equipo de investigación de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición: “Esto tiene más tiempo del que parece. En lo particular, recuerdo que hicimos una investigación cuando existía la Misión Mercal, en Caracas. Lo que encontramos es que había una estrecha relación entre ser obeso, comprar en Mercal y pertenecer a un hogar con inseguridad alimentaria. La obesidad es hambre oculta. El programa ofrecía productos más económicos, pero pobre en nutrientes (…). Si lo vemos en el tiempo, esta crisis comienza alrededor del año 2011, 2012. Fue una crisis de inseguridad alimentaria de instalación lenta, por eso ha sido muy difícil convencer al mundo. Comenzó con la obesidad, y luego, cuando se acabaron las calorías, ocurrió este cambio drástico”.

El hambre y la caída de la economía van de la mano, asegura Herrera. “Cuando el Estado garantiza un ingreso digno, garantiza la adquisición de las necesidades básicas. La alimentación es una de esas. La crisis de la producción nacional, provocada tras la ley de expropiación de tierras, ocasionó la merma de productos locales (…). La radicalización del modelo socialista hizo que se perdiera la estructura económica”.

La mamá de Carlos no es experta en economía o modelos socialistas, apenas escribe su nombre con dificultad. Pero, esto no le hace falta para saber que sus hijos no se alimentan bien. Con 22 años y madre de cuatro niños, debe quedarse en casa a cuidarlos, mientras el padre trabaja. Lo que gana el esposo alcanza solo para comprar algún carbohidrato, como pasta o arroz, y un poco de queso, pollo o sardinas. Nunca todo, nunca suficiente.

No es la única familia que padece estas condiciones. De acuerdo con Encovi, en 2017, 89 por ciento de los hogares venezolanos, como el hogar de Carlos, no contaban con el dinero que necesitaban para comprar comida. A pesar de que el Estado no ofrece cifras oficiales sobre pobreza por ingreso desde hace cuatro años, la data disponible en el Instituto Nacional de Estadística confirma que entre 2012, último año del mandato de Hugo Chávez, y 2014, año del último informe publicado, los hogares pobres incrementaron de 21,2 a 33,1 por ciento.

El aumento de la pobreza no para. “La canasta alimentaria del mes de agosto, anualizada, entre agosto de 2017 y agosto de 2018, presentó una inflación de 57.978,9 por ciento. Por primera vez, este país vive un problema de hiperinflación. Durante 21 años, entre 1951 y 1971, Venezuela tuvo una inflación de 1,5 por ciento anual, en este momento tenemos una inflación de 2,4 por ciento diaria”, afirma Oscar Meza, economista y director del Centro de Documentación de Análisis Social (Cendas).

La organización, fundada hace 41 años, contrasta, mensualmente, el salario mínimo venezolano con el costo de la Canasta Alimentaria, para evaluar su cobertura. Entre 2008 y 2013 (al cierre del año), el salario mínimo pasó de cubrir 53 por ciento de la canasta alimentaria a 46 por ciento. Difiere del cálculo del gobierno: de acuerdo al costo de la Canasta Alimentaria publicado por el INE, con el salario mínimo se podía cubrir 91 y 89 por ciento de los alimentos requeridos, respectivamente. Para 2014, Cendas señalaba que cobertura de la Canasta Alimentaria se ubicaba apenas en 28 por ciento, y al cierre de 2017, con el salario mínimo sólo se podía comprar 2 por ciento de los alimentos. En este mismo lapso, el Estado no publicó el costo de la Canasta Alimentaria.

El venezolano se quedó sin comida, y sin dinero para comprar el poco y costoso alimento disponible.

La posición de Unicef Venezuela respecto a las causas de desnutrición infantil, evidenciada por organizaciones no gubernamentales, es neutral. Este ente se apega a las cifras oficiales, suministradas por el Estado. Sin embargo, Dagoberto Rivera, especialista en nutrición y salud de Unicef Venezuela, admite que la falta de poder adquisitivo es parte de las causas de la malnutrición, aunque advierte que no la única.

“Cuando los precios suben y la capacidad adquisitiva disminuye se restringe la posibilidad de tener acceso a una canasta completa. Esto afecta a todos los niveles de la familia. Precisar en cuánto ha decaído sería arriesgado, pero sí, tenemos los signos que leemos a través de informes parciales, que nos indican que sí hay un deterioro y una tendencia hacia el deterioro, y por eso mismo estamos haciendo intervención. Estamos buscando colaboración, y concretando colaboración, no solo con el sector no gubernamental, sino también con instituciones del gobierno, específicamente con el Instituto Nacional de Nutrición. Estamos apoyando una intervención para suplir con micronutrientes y algunos insumos adicionales de nutrición en los centros de recuperación nutricional, y en los programas normales, regulares, de Unicef. Esto es una realidad que estamos viviendo, ocasionada por esta situación de altos precios y la capacidad adquisitiva reducida, la cual queremos cambiar”.

Esa es la realidad que vive Juan Luis en el Delta, Maikel en Los Llanos, Dayerlin en oriente, las gemelas María Victoria y María Verónica en el centro, Carlos en el sur, Valentina en el Área Metropolitana: la realidad de todo un país, a la que se acercaron los corresponsales de El Pitazo en esta investigación, en alianza con CONNECTAS.

Al Estado no le gusta hablar del hambre

Jhender hubiese cumplido cinco años el 20 de septiembre de 2018, pero murió, como consecuencia del hambre, casi seis meses antes, el 7 de abril. El niño falleció en la madrugada, en el mismo hospital donde cinco años antes fallecía Hugo Chávez. Aquel recinto, donde estuvo recluido el presidente durante sus últimos días de vida, no contaba con los insumos necesarios para atender la infección bacteriana que padecía el sistema digestivo del niño, agravada por su desnutrición. Jhender pasó, así, a integrar una estadística desconocida.

En Venezuela, el silencio del Estado es abrumador. Los Boletines Epidemiológicos del ministerio de salud, desde julio de 2015 hasta diciembre de 2016, publicaron con retraso de un año, en mayo de 2017. El Anuario de Morbilidad no publica desde 2015, cuando se divulgó el último informe de 2013. La última Memoria y Cuenta de MinSalud publicada fue la de 2015; las de 2016 y 2017 no han sido divulgadas.

El ministerio de alimentación no publica las Hojas de Balance de Alimentos desde el año 2007, ni el Anuario del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional desde 2008. El Instituto Nacional de Estadísticas, adscrito al Ministerio del Despacho de la Presidencia, no difunde la Encuesta Nacional de Seguimiento al Consumo de Alimentos desde 2015. Y el Anuario de Mortalidad, al que debería pertenecer Jhender, tienen cuatro años de retrasos: la edición de 2014 publicó en agosto de 2018.

“Lamentablemente, las cifras en Venezuela no se publican desde hace cuatro años aproximadamente. Hay un panorama bastante oscuro sobre las estadísticas. El Estado venezolano considera la información como un arma política y no las divulga, y esto ocasiona que toda la planificación y organización de políticas públicas se dificulte porque para los investigadores es vital saber dónde estamos parados para planificar a futuro”, señala Pablo Hernández, nutricionista del Observatorio Venezolano de la Salud.

El Estado tampoco da cifras sobre malnutrición y mortalidad infantil a Unicef desde hace una década, de acuerdo a las bases de datos difundidas en el Informe Mundial de la Infancia de este organismo.

Organizaciones civiles nacionales, como Cáritas Venezuela, Fundación Bengoa y Provea, y equipos de investigación de universidades venezolanas, han buscado mecanismos para indagar y mostrar resultados sobre desnutrición. Sin embargo, la irregularidad en el registro de las muertes de niños dificulta la generación de data sobre mortalidad. “Hemos recibido denuncias de los médicos que comentan que no se les permite colocar la desnutrición como causa de muerte en el acta de defunción de los pacientes, pese a que la desnutrición puede estar asociada a una enfermedad de tipo infecciosa, generalmente. Es lamentable porque las cifras de desnutrición tienen que formar parte de las estadísticas y en el último boletín epidemiológico de 2016, publicado en 2017, no aparecen la mortalidad por desnutrición, especialmente en menores de cinco años”, señala Hernández.

El Anuario de Mortalidad de Venezuela de 2014 (publicado en 2018) registró que 153 niños, menores de 5 años, murieron por hambre; cinco niños más que en 2013, cuando murieron 148 niños. El mayor incremento de defunciones ocurrió en los niños menores de un año: entre 2013 y 2016, la muerte de bebés aumentó 28 por ciento, de acuerdo a los Boletines Epidemiológicos del Estado. Aunque no existe data oficial, concreta y actualizada, sobre el hambre y las muertes de los niños generadas por ésta, desde hace varios años Unicef mide y proyecta estadísticas sobre registros viejos del Estado, y apunta que Venezuela tiene una mortalidad estable de niños menores de 5 años, que se sitúa en 17 por ciento, incluso por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (21 por ciento). La cifra es irreal, porque se basa en datos desactualizados.

La falta de cifras de mortalidad infantil no es la única irregularidad del Estado venezolano. El método utilizado para medir la desnutrición —de la que tampoco hay cifras oficiales— está obsoleto, respecto al usado por el resto de la región.

En 2006, tras un estudio multicéntrico hecho en los cinco continentes, la OMS generó y estableció nuevos patrones de referencia de niños bien nutridos. El patrón de los años 70 y 90 señalaba que un niño estaba desnutrido cuando su peso estaba tres veces por debajo de lo que debería pesar, y que estaba desnutrido agudo, severo, cuando se desviaba cuatro veces del patrón. En cambio, el patrón aprobado en 2006 corrió el punto de corte. A partir de estos patrones, la cuentas sanitarias de los países pueden asegurar que un niño está gravemente desnutrido si está dos medidas por debajo del peso o de la estatura ideal para su edad.

“Cuando tú mides a 600 niños aquí, y comparas sus mediciones con los patrones obsoletos, resulta que te pueden dar 48 niños desnutridos porque resulta que esperas que estén muy severamente desnutridos para empezar a contarlo, para que ese niño tenga un peso en las cuentas públicas sanitarias de un país. Mientras que con el patrón del 2006 puede ser que los cuentes y te vayan a resultar no 48, sino 78 u 80 niños desnutridos. Entonces la diferencia es que con los patrones obsoletos te dan menos niños desnutridos”, explica la nutricionista Susana Raffalli, a cargo del informe Saman de Cáritas Venezuela.

“Desde que se aprobaron esos patrones de 2006, casi todos los países los asumieron como sus patrones para evaluar a su población infantil y Venezuela es de los pocos estados en los que eso no se ha asumido. Los formatos que el Instituto Nacional de Nutrición deja para captar la información en los centros de salud siguen con los puntos de corte de los patrones pasados, que se resume a esperar que un niño esté gravemente desnutrido para que cuente dentro de las cuentas nacionales de la desnutrición. Y esto es gravísimo porque la desnutrición es uno de los indicadores que se usa por excelencia para asumir y reconocer que hay una emergencia de salud pública en un país. Entonces, pudiera ser que tengas que esperar que el niño se desvíe cuatro veces de lo que debería pesar y ya esté en el pellejo, que lo tengas que hospitalizar, para entonces decir que hay una emergencia de salud pública”, advierte.

—¿Cómo lo mando al colegio con hambre? ¿Cómo va a entender lo que le explican si no se está alimentando? ¿Cómo va a entender, si tiene hambre?—, se pregunta desesperada Katiuska, tía de Alexander. Viven en el estado Zulia, al occidente de Venezuela, en la tierra donde la bonanza de la explotación de crudo le dio al país opciones de crecimiento y desarrollo, pero que hoy tiene al municipio más pobre del país: Guajira. En su casa, un rancho de zinc, viven hacinados 11 niños y 12 adultos. La preocupación de Katiuska está bien fundamentada, aunque para ella sea solo una sospecha.

En Venezuela, la falta de cifras oficiales no se limitan solo a las mediciones antropométricas de los niños (cuánta pesa, cuánto mide y la circunferencia del brazo izquierdo). De acuerdo al Informe Mundial de la Niñez, desde 2008, Venezuela no registra el alcance de la cobertura de vitamina A, tampoco el consumo de sal yodada. La carencia de estos minerales es la principal causa de la desnutrición por micronutrientes, razón por la que en el país se decretó la yodación de la sal en 1993, y la fortificación de la harina de maíz con vitamina A en 1994. Hoy, esos decretos siguen vigentes, pero de nada sirven ante un país con hambre.

Uno de los principales síntomas de la carencia de yodo es el bocio, una enfermedad tiroidea que estaba erradicada en el país desde hace más de 30 años, y que reapareció sin que las autoridades tomen medidas al respecto. Desde 2017, el estado Portuguesa ha registrado un incremento de casos de esta enfermedad y, aunque no existen estudios que lo certifiquen, la reaparición de la afección podría evidenciar irregularidades en la cobertura de este micronutriente, afirma el doctor Gerardo Rojas, endocrinólogo y actual presidente de la Sociedad Venezolana de Endocrinología, capítulo centro-occidental.

“Para el año 2017, la cifra en Portuguesa asciende a tres mil casos. Quisimos hacer una mesa de trabajo, pero nunca pasó de una reunión, porque a nivel central la Gobernación de Portuguesa no permitió avanzar más. Se tomaron biopsias en unos casos, y en otros se hicieron estudios de laboratorios. Sin embargo, debido a los altos costos de los exámenes, estas muestras no fueron procesadas todas y hay unas que están congeladas, aparentemente. No tenemos certeza de cuál fue el resultado, lo que se dijo fue que (el bocio) era carencial, es decir, que el brote estaba asociado a la falta de yodo. Actualmente, y entre muchas teorías, se asume que está asociado al déficit de alimentos, por la falta de proteínas, como la carne y el pollo, en la dieta diaria, y al uso aumentado de alimentos bocígenos, como la yuca, y el resto de los tubérculos. Hace muchos años, en Venezuela, todas las sales se yodaron precisamente para evitar este trastorno. El problema es que ni siquiera hay sal en el país. Algo tan común como la sal, ahora es muy difícil de conseguir, y algunas sales vienen de fuera y no están yodadas”.

Esta carencia de yodo, evidenciada por la reaparición del bocio, marca de forma irreversible a esta generación de niños con hambre. No consumir yodo causa lesiones cerebrales durante la infancia. Sus efectos más devastadores incluyen la alteración del desarrollo cognitivo y motor que influye en el rendimiento escolar del niño, y la pérdida de hasta 15 puntos en el coeficiente intelectual. En su edad adulta, serán menos productivos y, por lo tanto, tendrán menos capacidad de encontrar empleo. Les será más difícil generar ingresos para sus familias, comprar los alimentos que necesitan, estar bien nutridos, vivir bien: romper el despiadado ciclo del hambre.

El hambre de los niños venezolanos también está asociado a la corrupción. Los alimentos foráneos, comprados por el Estado para distribuirlos a través de las cajas Clap (los Comités Locales de Abastecimiento y Producción) —y cuya compra está vinculada a grupos económicos cercanos al presidente, según una investigación del medio local Armando.Info— podrían ser la causa, también, de las carencias de vitamina A. Tampoco hay estudios ni cifras oficiales que muestren un panorama sobre la cobertura de este micronutriente en los últimos años, pero su déficit se hace evidente en la decoloración del cabello, afirma la nutricionista Marianella Herrera, quien explica que la harina precocida venezolana está enriquecida con vitamina A, pero que no se tiene garantías de la fortificación de las marcas importadas por el gobierno. Además de la decoloración del cabello, también conocida como síndrome de la bandera, la deficiencia de vitamina A debilita el sistema inmunológico, aumenta el riesgo de que el niño contraiga infecciones como el sarampión y enfermedades diarreicas, afecta la salud de la piel y, en extremo, puede provocar ceguera. “En Venezuela estamos viendo esta alteración de la coloración del cabello (…). Esto ya ocurrió en Cuba durante el período especial, cuando muchas personas quedaron ciegas”.

Aquellos mechones castaños, un poco más claros que el resto, que se ven en las cabezas de las gemelas larenses María Verónica y María Victoria, podrían evidenciar entonces que, además de peso y talla, ambas están también desnutridas por falta de micronutrientes. Si es así, podría significar, también, que sus sistemas inmunes son y serán más débiles que el de otros niños de su edad. Pero, aunque el daño a su salud se detenga, su futuro es casi una certeza: los daños provocados por el hambre son irreversibles.

En su libro Destrucción masiva, Jean Ziegler, ex relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación, sostiene que el hambre y sus responsables asesinan en medio de la abundancia:

“Cada cinco segundos, un chico de menos de diez años se muere de hambre, en un planeta que, sin embargo, rebosa de riquezas. En su estado actual, en efecto, la agricultura mundial podría alimentar sin problemas a 12.000 millones de seres humanos, casi dos veces la población actual. Así que no es una fatalidad. Un chico que se muere de hambre es un chico asesinado”.

Desde 2004 hasta 2013 —año en el que nacieron Juan Luis, Maikel, María Victoria y María Verónica, Carlos, Dayerlin, Valentina, Alexander y Jhender— Venezuela vivió la mayor bonanza petrolera de toda su historia. Pero el Estado no destinó los recursos necesarios para protegerlos de la miseria. Ahora, el gobierno de Maduro niega la existencia de la emergencia humanitaria y no acepta la ayuda ofrecida por la región. En cambio, su falta de acción garantiza que estos niños, y miles más de su edad, crecerán en desventaja, serán adultos enfermos, y padecerán toda su vida las consecuencias del hambre a la que fueron sometidos por la irresponsabilidad gubernamental. Pero Jhender, el niño que murió de hambre, no pudo siquiera averiguar qué sería de su vida. Reposa en una tumba sin lápida, en un cementerio pobre de una comunidad pobre, como lo fue su hogar desde el día que nació hasta el día que murió, o fue asesinado, de hambre.

El Pitazo en alianza con CONNECTAS solicitó entrevistas a organismos oficiales: Instituto Nacional de Nutrición, Ministerio de Alimentación, Ministerio de Salud, Consejo de Protección del Niño y el Adolescente (municipio Libertador), Instituto Nacional de Estadística y al director de Comités Locales de Abastecimiento y Producción, para contrastar los datos y señalamientos difundidos en esta investigación. Ninguna petición fue atendida.

Comunicado del Grupo de Lima – 4 de Enero 2019

DECLARACION DEL GRUPO DE LIMA

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, frente al inicio el 10 de enero de 2019 del ilegítimo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro (2019-2025) en Venezuela, expresan lo siguiente:

  1. Reiteran que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente. En consecuencia, no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019.
  2. Ratifican su pleno respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional, elegida legítimamente el 06 de diciembre de 2015, como órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela.
  3. Instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas.
  4. Subrayan la importancia del respeto a la integridad, la autonomía y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimamente conformado, de acuerdo con la Constitución venezolana, para la plena vigencia del Estado de derecho en ese país.
  5. Reafirman su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela, resaltando que sólo a través del pleno restablecimiento, lo más pronto posible, de la democracia y el respeto de los derechos humanos, se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país.
  6. Manifiestan su convicción de que la solución a la crisis política en Venezuela corresponde a los venezolanos y, por lo tanto, reiteran su permanente determinación para apoyar las iniciativas políticas y diplomáticas que conduzcan al restablecimiento del orden constitucional, de la democracia y el Estado de derecho en ese país, a través de la celebración de un nuevo proceso electoral con garantías democráticas.
  7. Expresan su determinación de continuar impulsando iniciativas en foros multilaterales, en particular en la Organización de los Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.
  8. Hacen un llamado a todos los países miembros de la OEA a reafirmar su apoyo a la Carta de la OEA y a la Carta Democrática Interamericana, a fin de contribuir al restablecimiento del orden democrático en Venezuela.
  9. Condenan cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región. Hacen un llamado al régimen de Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos. En ese sentido, manifiestan su profunda preocupación por la interceptación realizada el día 22 de diciembre de 2018 de una nave de investigación sísmica, por parte de la marina venezolana dentro de la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guyana.
  10. Reiteran su profunda preocupación por la grave crisis política y humanitaria en Venezuela, que ha generado el éxodo masivo de migrantes y solicitantes de refugio provenientes de ese país, producto de los actos y políticas antidemocráticas, opresoras y dictatoriales practicados por el régimen de Nicolás Maduro, la que sólo podrá resolverse mediante el pleno restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos. Igualmente, renuevan su compromiso, en la medida de sus posibilidades, de continuar brindando asistencia a los migrantes procedentes de Venezuela, así como de promover y desarrollar iniciativas de coordinación regional en respuesta a esta crisis. En este sentido, saludan la inclusión por primera vez de la crisis de migrantes y refugiados procedentes de Venezuela en el Llamamiento Humanitario Global de la ONU para 2019, así como la designación del representante conjunto de la OIM y ACNUR.
  11. Expresan su preocupación por el impacto causado en la economía y en la seguridad de países de la región por la crisis política en Venezuela
  12. Exhortan al régimen venezolano a permitir el inmediato ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela, a fin de prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública en ese país y de sus efectos transnacionales.
  13. Acuerdan las siguientes medidas:

 

  1. Reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses.
  2. Según lo permitan sus legislaciones internas, impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos.
  3. Evaluar con criterio restrictivo el otorgamiento de préstamos al régimen de Nicolás Maduro en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte.
  4. Suspender la cooperación militar con el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo la transferencia de armas a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas, así como evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria.
  5. Intensificar contactos con países no miembros del Grupo de Lima a fin de mantenerlos informados de las acciones del Grupo, de la gravedad de la situación en Venezuela y de la necesidad de trabajar unidos para el restablecimiento de la democracia en dicho país.
  6. En relación con la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a la Corte Penal Internacional para que se investigue la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, instar a otros países a apoyarla y a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional a avanzar con celeridad en los procedimientos correspondientes.

Urgir a otros miembros de la comunidad internacional a que adopten medidas semejantes a las acordadas por el Grupo de Lima contra el régimen de Nicolás Maduro en pro del restablecimiento de la democracia

Venezuela, 2019: año de perro y colmillo por Ibsen Martínez – El País – 31 de Diciembre 2018

Para el país, el año que termina ha añadido tamaño y peso a los horrores que acompañan su ya irreversible disolución como nación

Un joven transita con su bicileta por el Estado de Barinas, en Venezuela.
Un joven transita con su bicileta por el Estado de Barinas, en Venezuela. F. PARRA AFP

Para Venezuela el año que termina ha añadido tamaño y peso a los horrores que acompañan su ya irreversible disolución como Estado de derecho y como nación. El infierno se ha entronizado en el país.

Una hiperinflación tan irrestañable y duradera como nunca antes se había registrado en los anales que mundialmente llevan estas cuentas. La desnutrición y la escasez de medicamentos, el colapso del sistema público de salud, la ineptitud, incuria y corrupción de una mafia narcomilitar usurpadora del poder político, dedicada tan solo al saqueo de toda la riqueza nacional, pública y privada, todo ello concurre cada día que pasa en la muerte de miles de venezolanos.

Un concienzudo trabajo realizado por competentísimos expertos y hecho público, en fecha reciente, por la prestigiosa Brookings Institution, calcula en ocho millones los emigrantes venezolanos en el futuro cercano. Un inminente 25% del total de 31 millones.

En medio del desconsuelo y la desesperanza generales, surgen acontecimientos que acaso infundan ánimo a muchos de mis compatriotas pero que, ¡Dios me perdone!, en mí solo remueven incredulidad y conmiseración.

Entre esos acontecimientos que menciono está la fomulación de cuidadosos planes de reconstrucción nacional “para el día siguiente” de una taumatúrgica evaporación instantánea de la tiranía de Maduro, lograda por líderes opositores que aún no están a la vista.

Estas propuestas de reconstrucción nacional, formuladas por gente que admiro y de cuya probidad no tengo duda, lucen en verdad muy persuasivas pues sus proyecciones se basan en premisas macroeconómicas en absoluto descabelladas.

Como sus promotores son gente sensata, scholars de alta competencia, pero en modo alguno adivinos ni mucho menos factores de la política contingente, prudentemente no ofrecen calendario ni hoja de ruta política para lograr el fin de la bárbara cleptocracia que nos desangra. Se limitan a formular, previsivamente, lo que habría que hacer cuando Maduro ya no esté allí cada mañana.

Saber que hay gente que sabría qué hacer “al día siguiente” es cosa buena, pero solo pensar en ello remite a la formidable tarea que una oposición política, extenuada y ayuna de ideas tiene pendiente, si es que, en verdad, quiere acercarnos a ese por ahora mitológico “ día siguiente”.

El hecho capital de los últimos tiempos venezolanos ha sido el éxodo de millones. De su próspera clase media profesional, tanto como de los desdentados por la vida. La profunda disparidad de esos dos exilios − que, en realidad, se desglosan en muchísimos tipos de exilios – es trágica y se manifiesta cruelmente al contrastar eso que los sabihondos llaman “sus representaciones”.

Por un lado, la otrora pujante y nutrida clase media, huérfana de expresión política, ha abandonado casi por completo el país y, fatalmente, aun mal de su grado, se cosmopolitiza. Sus vástagos hace tiempo que se aclimatan e integran, también inevitablemente, a otras realidades.

Parte de este exilio “cuelga” en las redes sociales spots publicitarios venezolanos de los años 80, discursos de Renny Ottolina ( célebre presentador de TV, fallecido en 1978), mensajes navideños de la expropiada Radio Caracas TV, como ritual exvoto de sus convicciones y valores. Su invencible nostalgia recuerda a las mesas de dominó del exilio cubano, en la plaza Martí de la Pequeña Habana, en Miami. Con el mismo signo de irreversibilidad.

Los otros, las huestes de menesterosos, los zambos y mulatos, los “pata-en-el- suelo” de todos nuestros siglos, sin escolaridad ni calificación laboral alguna, solo entrenados en la mendicidad por veinte años de socialismo del siglo XXI, cruzan Suramérica de norte a sur con lastimeros escapularios de cartón solicitando limosna. Pocos entre ellos piensan en el retorno a Venezuela.

Nicolás Maduro, por su parte, tiene un ejército desalmado y asesino, una petrolera estatal que rematar, oro y minería que enajenar a surafricanos y turcos, tiene a los rusos − ¡oh sí, los tiene y muy a su lado!−, tiene sus viejos perros de presa y una leal oposición de fundamentalistas del voto.

Tendrá su constitución a la cubana, también, y una larga vida más allá del 10 de enero.

¡Feliz año nuevo!

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