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Venezuela en la Corte Penal Internacional el inicio de la investigación por Víctor Rodríguez Cedeño – El Nacional – 30 de Julio 2019

Víctor Rodríguez Cedeño

La situación de Venezuela sigue siendo objeto de un Examen Preliminar por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, un paso previo que permitirá determinar si hay “fundamento razonable” para iniciar una investigación de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 53 del Estatuto de Roma. De acuerdo con información suministrada, por la misma Fiscalía, el Examen Preliminar sobre la situación en Venezuela “analizará crímenes presuntamente cometidos (…) al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa. En particular se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición (…), algunos de los cuales habría sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltratos durante su detención…”

Intentar evaluar el papel de la Fiscalía de la Corte, si ella ha actuado o dejado de actuar, si ha habido negligencia o parcialidad o falta de independencia, exige la mayor prudencia, pero sobre todo conocer y comprender el Estatuto y los distintos textos e instrumentos reguladores de su funcionamiento. Sin duda y eso es importante tener claro, el Estatuto es un instrumento complejo, un tratado internacional producto de negociaciones políticas que por ello resulta a veces impreciso puesto que en su funcionamiento confluyen tanto el sistema civilista como el sistema consuetudinario, así como diversas ramas del derecho internacional público, entre estas, el derecho de los tratados, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional penal.

Las funciones del fiscal fueron objeto de arduas discusiones, llegando al final a la redacción del artículo 13 del Estatuto que le permite iniciar un procedimiento de oficio con base a la información recabada lo que le da una autonomía importante al fiscal que ejerce la acción penal y además lleva a cabo la instrucción. Pero la facultad de la Fiscalía tiene límites y está sometida a control. La Sala de Cuestiones Preliminares le deberá autorizar el inicio de la investigación (en los casos en que la investigación haya comenzado por motus proprio del fiscal) e incluso, distintamente, revisar la decisión que pudiese haber adoptado de “no iniciarla” cuando la situación ha sido remitida por un Estado parte del Estatuto.

Al examinar las funciones de la Corte y de la Fiscalía, en particular, debemos tener en cuenta que la Corte funciona con base en el principio de la complementariedad, muy discutido también durante las negociaciones antes de Roma y durante la misma Conferencia. De acuerdo con el Estatuto, los Estados tienen el deber primordial de investigar los hechos, procesar a los responsables y castigarlos. Hay una obligación de combatir y erradicar la impunidad, y aún más por estos crímenes considerados atroces que además resultan imprescriptibles. Ahora bien, y acá funciona el principio de la complementariedad, si los tribunales nacionales no ejercen su jurisdicción, si no investigan, procesan y castigan a los autores de tales crímenes, porque no están en capacidad de hacerlo, pues no hay una estructura judicial o legislación adecuada para ello o porque no tienen la intención, la Corte puede actuar de manera subsidiaria para lo que también hay ciertas condiciones de admisibilidad, entre estas se tienen:

Se deben tratar de crímenes (internacionales) objeto de su competencia (crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio o agresión) cometidos en el territorio o por nacionales de un Estado parte, después de la entrada en vigor del Estatuto (julio de 2002); así como, de la entrada en vigor en relación con ese Estado, salvo -y eso es importante subrayar- se trate de una situación remitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante lo cual la Corte podría ejercer su jurisdicción, situación que será manejada siempre de conformidad con las reglas de funcionamiento entre ambos órganos internacionales. Un ejemplo de esto son los casos de Sudán y Libia con sus respectivos procesados por determinados crímenes.

Estos crímenes deben ser además realizados en forma sistemática o generalizada y en forma grave, estas son las condiciones de admisibilidad establecidas en el Estatuto. De lo contrario, estaríamos ante la comisión de delitos relacionados con los abusos y violaciones de los derechos humanos que nos ubicaría en un espacio normativo distinto, con órganos de control igualmente diferentes y una responsabilidad también distinta, siendo en el primer caso, ante la CPI, la ‘responsabilidad internacional penal individual’ y la segunda la “responsabilidad del Estado”, principalmente, aunque se pueda establecer la responsabilidad penal o administrativa u otra distintas de acuerdo con las normas internas del Estado de que se trate.

El artículo 53 del Estatuto de la Corte enuncia también, las fases del Examen Preliminar, en la última etapa de este se examina, como una causal de admisibilidad, si el inicio de  una investigación podría afectar el ‘interés de la justicia’. De nuevo, una frase imprecisa, no definida pero que comienza a tener un sentido más concreto de acuerdo con la práctica de la misma Corte. La Fiscalía puede no iniciar el procedimiento si considera que ello afectaría posibles negociación, algunas conversaciones sobre la crisis planteada en Venezuela, en pocas palabras, que agravaría la situación planteada. Desde luego, en Venezuela y ello debe saberlo la Fiscalía, no hay ningún proceso en curso por lo que no habría razones para alegar que esta causal podría impedir el inicio de la investigación. Una situación así, es la retratada en la situación de Colombia, en donde la Corte ha estado observando el desarrollo de ‘los acuerdos de paz’. Por ahora, Venezuela se mantiene bajo la observación de la Corte y en la etapa 2 “competencia de la CPI” del Examen Preliminar, quedando aún pendiente la conclusión de esta etapa y de otras dos más (complementariedad/gravedad e interés de la justicia).

Para algunos, la Fiscal no ha ejercido debidamente sus funciones e incluso han solicitado ante la misma Corte que se le investigue y se le separe del cargo en relación con la situación en Venezuela, pues de acuerdo a estos, la Fiscal no habría sido imparcial ni ha mostrado la independencia requerida para ejercer el cargo en la evaluación de la situación de Venezuela, lo que como dije no ha sido aun resuelto para iniciar formalmente una investigación. Hay normas y procedimientos establecidos que son de obligatorio cumplimiento en cada una de las etapas de la Corte y que las partes interesadas deben fortalecer a través de la remisión de información consistente. No hay tiempo determinado, es cierto, para que la Fiscalía se pronuncie sobre esta cuestión, lo que no significa que pueda diferir una decisión por años, sin justificación alguna. En nuestro caso ha pasado un año y a pesar de las evidencias la Fiscalía no ha terminado su Informe Preliminar ni, en consecuencia, por supuesto, ha decidido iniciar la investigación, lo que ha generado opiniones diversas que se han traducido, incluso, en una solicitud formal ante la Presidencia de la Corte de que se separe a la Fiscal del tratamiento del tema sobre la situación en Venezuela.

En relación con ello debemos decir que, si se considera que hay ‘dudas razonables’ en cuanto a la imparcialidad del Fiscal, se le puede recusar, de conformidad con el articulo 42-7 del Estatuto, lo que sería dirimido por la Sala de Cuestiones Preliminares, cuestión que es precisada en las Reglas de Procedimiento y Prueba (33 y 34). La Asamblea de Estados Partes puede también decidir que el Fiscal podría no estar cumpliendo debidamente sus funciones y por lo tanto ser sancionados disciplinariamente, incluso llegar a suspenderlo, según el artículo 112 del Estatuto.

Lo cierto es que el Examen Preliminar no ha concluido y que en consecuencia la investigación no se inicia. Debe considerarse que la Corte tienen que cumplir no solo con una función de represión penal, sino de prevención para darle confianza a la comunidad internacional e impedir que crímenes de esta naturaleza, considerados aberrantes y atroces, sean cometidos de nuevo en alguna parte del mundo.

Es importante, en esta etapa del procedimiento, insistir ante la Fiscalía que los actos que se han señalado son violaciones graves y generalizadas que se traducen en crímenes internacionales de su competencia y que han sido cometidos en forma sistemática, ordenadas desde las más altas esferas del poder y ejecutadas en cumplimiento de las mismas, lo cual supone un esfuerzo conjunto e inteligente que evite confusión y disminuya las posibilidades de que la Fiscalía adopte la decisión que esperamos, en el más corto plazo posible.

¿Negociar con el mal? por Luis Gómez Calcaño – Blog Polis – 1 de Julio 2019

La muerte del capitán Acosta Arévalo a manos de sus torturadores se suma a innumerables violaciones gravísimas de los derechos humanos cometidas directa y conscientemente bajo órdenes emitidas por la cúpula del poder, que incluye a los representantes del régimen cubano en Venezuela. No hay forma de escapar de la responsabilidad de los jerarcas en ese y muchos otros crímenes, por lo que, en un mundo ideal, ellos deberían ser perseguidos, juzgados y condenados como criminales. Sin embargo, al mismo tiempo se anuncia que la próxima semana se reanudarán conversaciones con representantes del régimen, auspiciadas por diversos países. La superposición de ambas noticias es chocante: ¿Cómo es posible sentarse a “conversar” con quienes cada día se manchan de la sangre de más venezolanos? ¿Se puede esperar que una banda de psicópatas atrincherada en el poder vaya a aceptar cualquier concesión y además la cumpla? ¿Sentarse con ellos no es legitimarlos y hacerse su cómplice?
Dos artículos recientes plantean argumentos en este sentido. Uno, breve, de Carlos Blanco en El Nacional del 26/6 (http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/lagrimas-negras_286478) y otro más extenso de Miguel Martínez Meucci en Trópico Absoluto del 29/6 (http://tropicoabsoluto.com/?p=1124).

Blanco, al referirse a la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela, afirma que en fin de cuentas dicha visita favorece al régimen al normalizarlo: “En el lenguaje político nacional e internacional reciente hay una pugna entre la visión que sostiene que hay un enfrentamiento entre la mafia criminal roja y el movimiento democrático venezolano y mundial, y la que sostiene que hay dos partes legítimas –digamos, gobierno y oposición– contrapuestos, con altos niveles de intolerancia mutua. […] Bachelet entra a jugar como refuerzo de esta segunda posición. Más allá de sus intenciones, su metamensaje se orienta a que los ‘dos sectores políticos en pugna’ (nada de víctimas y victimarios) se sienten a noruegar por el Mar del Norte.”
La argumentación es clara: por definición, una “mafia criminal” no es un interlocutor válido, por lo que cualquier negociación o diálogo con ella sólo puede ser la de negociar sus condiciones de rendición. Como dice Blanco en otro artículo (http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/pueden-las-paralelas-converger_285710) “Maduro solo negociará cuando esté completamente derrotado; es decir, cuando le toque negociar a qué país va y cómo. […] La única forma de detener la violencia es que una fuerza superior a la del régimen, democrática, nacional e internacional, lo imponga.”
Por lo tanto, cualquier negociación, diálogo o conversaciones con el régimen debe descartarse por inútil e incluso por contraproducente. La única salida posible es la fuerza.
Martinez Meucci argumenta más extensamente. Basándose en el paralelismo entre los psicópatas individuales y los regímenes de vocación totalitaria, plantea que ante ambas variantes del mal, tanto los individuos como los actores políticos “normales” suelen desconcertarse, porque su mente, acostumbrada a suponer un mínimo de empatía en los otros humanos o en quienes dirigen las instituciones, no es capaz de comprender la profundidad del abismo que separa a esos actores (“oligofrénicos morales”, los denomina) de las interacciones humanas o políticas “normales” o esperables. Si en el caso individual es posible que las instituciones logren reducir y controlar la acción de los psicópatas usando la fuerza del Estado, la situación es diferente cuando en algunas sociedades se ha dado un grado tal de deterioro y hasta inversión de los valores de la convivencia, que las instituciones mismas son controladas por las tendencias psicopáticas y los individuos que mejor las representan. Y es por eso que los actores políticos que intentan interactuar con los dirigentes de este tipo por las vías normales del diálogo, la negociación o la invocación de principios morales o jurídicos están destinados al fracaso, por la impermeabilidad del “oligofrénico moral” a esas apelaciones, ya que su único objetivo es dominar, explotar o destruir al otro.
Aunque el autor plantea que el análisis debe tomar en cuenta la diversidad de casos individuales y se abstiene de hacer recomendaciones específicas para países o situaciones actuales, el núcleo de su argumentación consiste en que cuando el totalitarismo ha logrado controlar las instituciones, es casi imposible evitar el camino de la violencia: “Ahora bien, mientras en el primero de los casos –el del psicópata aislado– es relativamente factible que esta fuerza neutralizadora del mal extremo se mantenga bajo ciertos límites, en el segundo –el de un régimen totalitario– es en verdad imposible prever hasta dónde pueda o deba llegar, o hasta qué punto se vea obligada a emplear la violencia. En este segundo caso la magnitud de la tarea es inmensa, dado que quienes en principio están en capacidad de moldear las instituciones, elaborar la ley y ejercer la violencia son, precisamente, los agentes del mal extremo. En consecuencia, la fuerza necesaria suele 1) provenir de instancias “antisistémicas”, 2) construir su legitimidad en abierta oposición al orden instituido y 3) funcionar por fuera de las instituciones existentes. En otras palabras, se tratará casi necesariamente de una fuerza exógena al sistema, de carácter fundacional o refundacional, una fuerza cuyo carácter político habrá de ser radicalmente nuevo, edificado desde las instancias más básicas y capaz de rearticular a la sociedad desde sus raíces más elementales.”
El autor está consciente del peligro de que este recurso a la violencia termine por contaminar a quien lo ejerce de algunos de los rasgos de su enemigo, por lo que plantea la necesidad de que la intervención de la fuerza esté “firmemente apegada a unos valores indeclinables y al propósito fundamental de (re)generar las condiciones que de verdad permitan a todos, nuevamente, volver a compartir el mundo desde el reconocimiento de su pluralidad intrínseca.”
A pesar del interés de los argumentos presentados, pienso que, aun si se está de acuerdo con el carácter de “mal absoluto” o de “mafia criminal” de quienes ejercen el poder real hoy en Venezuela, no es realista plantear como única opción posible para el logro del “cese de la usurpación” el uso de la fuerza para despojarles del poder.
• En el último siglo y lo que va del presente no escasean los ejemplos de mafias criminales cuyos crímenes permiten calificarlos de “mal absoluto”: el nazismo, el comunismo en sus distintas versiones, algunas dictaduras latinoamericanas y del Medio Oriente. Sin embargo, no siempre el combate contra ellos, y hasta sus derrotas, se lograron por la intervención de la fuerza, sino por combinaciones de la amenaza de fuerza, el estímulo a sus debilidades y a sus enemigos internos, y la negociación. Si bien en el caso del nazismo fue necesaria una guerra mundial para desplazarlo, no debe olvidarse que sólo se recurrió a la fuerza cuando el nazismo pretendió alcanzar la hegemonía mundial, amenazando los intereses vitales de otras potencias. No fue para liberar a los alemanes, a los judíos ni a otros pueblos sometidos por el nazismo que se libró esa guerra, sino para defender el predominio mundial de las otras potencias. Mientras el nazismo no amenazó ese predominio, el destino de sus víctimas no era una motivación para la acción bélica.
• Lo mismo ocurrió y ocurre con el comunismo en sus diferentes versiones. Hoy en día nadie ignora que las violaciones a los derechos humanos en esos regímenes son comparables a las del nazismo, pero no por ello se ha emprendido una cruzada mundial para erradicarlo, simplemente porque la correlación de fuerzas y el cálculo de costos y beneficios geopolíticos no lo han permitido. En plena guerra fría y auge del anticomunismo en los EEUU, este país no intervino cuando los tanques soviéticos sometieron a la insurrección húngara de 1956, ni en episodios posteriores como la invasión a Checoslovaquia en 1968.
• Es cierto que en la periferia, y especialmente en el “patio trasero” de los EEUU, América Latina, sí se produjeron intervenciones militares, pero mucho más centradas en defender el predominio geopolítico regional que en los derechos humanos de los pueblos cuyos gobiernos se derrocaban, gobiernos militarmente débiles y sin respaldo de la potencia rival. Al producirse este respaldo, como en el caso de la crisis de los cohetes de 1962, los EEUU se vieron obligados a negociar con la URSS un status incómodo que permanece hasta hoy.
• En este sentido, lo que se percibe como vacilaciones y contramarchas del gobierno de Trump respecto a Venezuela reflejan el debate no resuelto sobre si los intereses estratégicos de los EEUU están siendo afectados en grado tal que amenacen su hegemonía en la región; los derechos humanos de los venezolanos y la “responsabilidad para proteger” son claramente secundarios, especialmente para la orientación ideológica de un gobierno republicano.
• Es cierto que en el caso de Venezuela parecieran haberse agotado los mecanismos pacíficos, electorales y de protesta cívica para lograr un cambio de régimen. Sin embargo, no debe olvidarse que también han fracasado diversos mecanismos de ejercicio de la fuerza para lograr este mismo fin: desde el fallido golpe de 2002 hasta conspiraciones reales o imaginarias, pasando por el intento desesperado de generar un movimiento opositor armado que culminó con el asesinato de su promotor, Oscar Pérez, a pesar de haber intentado negociar su rendición.
• La dificultad para una salida por la fuerza en la que participen miembros de la actual estructura de poder se ponen de manifiesto en los intentos más recientes de ejercer esta vía: o bien la institución está tan penetrada por el espionaje que se vuelve prácticamente imposible conspirar, o se termina conspirando con representantes de lo peor de esa estructura, que parecen buscar más un cambio cosmético que uno real. Y de paso, se muestra que quienes buscaron, desde la oposición, esa vía, aceptaron “negociar” con esos potenciales traidores en aras de lograr un fin superior, lo que muestra la dificultad de enfrentarse a un poder totalitario sin “ensuciarse las manos”, permaneciendo en una pureza incontaminada.
• Aunque los análisis comparativos están sujetos a innumerables trampas conceptuales, el estudio de diversos casos de transición desde este tipo de régimen (es decir, no de simples dictaduras o autoritarismos, sino de los caracterizados como de “mal absoluto” o “mafias criminales”, si es que esta distinción fuera válida) podría mostrar que en muchos casos, como los de la URSS y Europa oriental, la caída de esos regímenes debió más a una combinación de factores que incluyó, ciertamente, una cierta amenaza (pero indirecta y tenue) del ejercicio de la fuerza por las potencias rivales, movilizaciones internas, presiones y sanciones, pero también negociaciones con el régimen. Para citar sólo un ejemplo, la oposición polaca se tuvo que sentar a negociar en muchas ocasiones con los representantes de la dictadura que había asesinado al sacerdote Jerzy Popiełuszko en 1984. Lo mismo hicieron los opositores de los demás países del este, que tuvieron que superar sus escrúpulos para negociar con reconocidos torturadores y violadores de derechos humanos, y convivir con infiltrados del régimen en sus organizaciones. Naturalmente, todas estas revoluciones pacíficas no habrían tenido éxito sin un cambio fundamental en las correlaciones de fuerza entre los EEUU y la URSS, y la renuncia explícita de esta última a ejercer la fuerza para mantener su hegemonía en la región.
• Otro factor que debe tomarse en cuenta es que, si adoptáramos la visión dicotómica de “pureza o contaminación”, donde sólo son legítimos los que evitan todo contacto con el régimen y los que lo aceptan se contaminan irremisiblemente, nadie quedaría indemne en Venezuela. Como lo han mostrado los estudiosos de la vida cotidiana en los regímenes totalitarios (por ejemplo, Anne Applebaum), en ese tipo de régimen es imposible no ser hasta cierto punto cómplice si se quiere simplemente sobrevivir. Al solicitar una cédula, pasaporte o documento público, al pagar impuestos o al contratar cualquier servicio público estatizado, al inscribirnos para cursar o validar estudios universitarios, estamos reconociendo la validez fáctica del régimen, y frecuentemente tenemos que negociar con funcionarios del mismo para obtener lo que por derecho nos correspondería. Si esto es cierto para el ciudadano común, lo es mucho más para quienes ocupan posiciones de responsabilidad como empresarios, dueños y gerentes de medios de comunicación, contratistas, abogados de presos políticos, alcaldes y funcionarios medios que quieren hacer su trabajo aunque no se identifiquen con el régimen, y hasta quienes usamos redes sociales administradas y censuradas por el Estado. Si estamos dispuestos a someternos de hecho al poder del régimen y a negociar con él para lograr nuestros fines o hasta nuestra supervivencia personal, ¿por qué demonizar la negociación dirigida a buscar las vías para el cambio, como si fuera una evidencia de traición a la lucha por ese cambio?
• Por otra parte, si bien puede considerarse la caracterización como “mal absoluto” o “mafia criminal” como una simplificación necesaria, no se debe olvidar su carácter de abstracción que deja de lado la complejidad interna de los actores sociopolíticos. Si bien el marco general del régimen venezolano actual puede caracterizarse de esa manera, es más complejo definir los límites de lo “interno” y “externo” de ese mal absoluto. Para algunos, la “mafia” incluye a casi todos los partidos de la oposición, ya condenados por sus faltas anteriores a la pureza. Para otros, en cambio, es posible distinguir dentro de los minoritarios afectos al régimen algunos matices entre tendencias, grupos de interés y hasta en generaciones. Un análisis político realista debe ir más allá de las dicotomías, porque en cualquier momento esas dicotomías pueden volverse contra el que las analiza: un recurso retórico incesante hoy entre tendencias de la oposición es la de acusarse unos a otros de ser cómplices, objetivos o subjetivos, del régimen. Y este debate llega a extremos casi ridículos cuando nos convertimos en tribunal de inquisición dispuesto a juzgar sumariamente a los actores políticos externos según las declaraciones que vayan dando en uno u otro momento.
• Finalmente, incluso en conflictos políticos que han escalado hasta la guerra civil, llega un momento en el que los rivales tienen que negociar; ojalá, como lo exigen algunos, en el caso de Venezuela sólo fuera para negociar las “condiciones de rendición” de Maduro; pero, dado que cada día se ve con mayor claridad que -por el momento- no hay países que sientan sus intereses geopolíticos realmente amenazados por la “mafia criminal” de Venezuela lo suficiente como para asumir los costos de un conflicto armado, sólo la movilización pacífica interna (con los riesgos que reconocemos), la presión económica y política externa, y la comunicación con sectores del régimen aparecen como opciones viables.

Provea: La tortura es un patrón represivo y política de Estado en Venezuela – TalCual – 30 de Junio 2019

Provea recuerda que la Dgcim es el ente del Estado donde más torturas se practican y llama la atención sobre el silencio del defensor del Pueblo


Las torturas en Venezuela no son ocurrencias espontáneas de algunos funcionarios, sino que responden a un patrón que tiene entre sus prácticas el uso recurrente de desapariciones forzadas durante horas, días o semanas, en las que las personas están desprovistas de toda protección legal y son sometidas a diversas formas de tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, según precisa Provea.

Esta ONG defensora de los derechos humanos recuerda que precisamente es la Dirección de Contra Inteligencia Militar donde más casos de tortura se producen, siendo este el ente que tenia en custodia al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien falleció ayer sábado 29 de junio tras ser torturado en la Dgcim.

En el comunicado, Provea también llama la atención sobre la intención del comunicado gubernamental de deshumanizar a la víctima “enmarcando los hechos en un contexto de “enemigos de la Constitución y la paz” y diciendo que la víctima estaba imputada “por graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración”.

Otro aspecto que resalta Provea es el silencio sistemático del Defensor del Pueblo, ente que no ha fijado posición ni ante las actuaciones de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional o de integrantes del Cicpc. Provea se pregunta si esta omisión recurrente y sistemática de Alfredo Ruíz, defensor del pueblo, podría llegar a ser considerada en el futuro como una omisión dolosa por parte de la Corte Penal Internacional.

Para Provea también quedó claro que el Fiscal impuesto por la Constituyente Tarek Willian Saab “solo se pronunció luego que Maduro le diera la orden. Pese a que de oficio podía iniciar las investigaciones solo actuó cuando su jefe le dio la orden demostrándose la manera como el Ministerio Público fue convertido en un instrumento al servicio de quienes detentan de hecho el poder y no al servicio de los derechos de la población, la verdad y la justicia”.

Creen que este crimen contra el capitán de corbeta Acosta Arévalo estará incluido en el informe que debe presentar la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, el próximo 5 de julio.

Provea tal como lo expresó en el caso de Fernando Albán considera que ni el Ministerio Público ni la Defensoría son instituciones confiables para adelantar una investigación en el caso del Capitán Acosta. Es fundamental que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cree una Comisión Internacional integrada por expertos independientes que investigue las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela y como actividad inmediata el asesinato del Capitán Rafael Acosta.

Una investigación independiente debe establecer la responsabilidad de autores materiales y autores intelectuales estableciendo bien las responsabilidades de la cadena de mando.

Un aporte a los Nuremberg que vendrán en Venezuela por Gustavo Coronel – Blog Las Armas de Coronel – 28 de Abril 2018

gse_multipart55967La definición clásica de Justicia nos viene de Platón, Aristóteles, San Ambrosio y San Agustín. Está contenida en una simple frase: “Suum Cuique: A Cada quien lo suyo”.
Esta definición supone que la justicia debe honrar a quien hace lo correcto y castigar al criminal. Para la inmensa mayoría de los filósofos morales, la Justicia es la piedra fundamental de la civilización. Sin ella una sociedad estará condenada a chapotear en la anomia.

APLICACIÓN DE LA JUSTICIA A CRIMINALES DE GUERRA
Después de la segunda guerra mundial se llevaron a cabo varios juicios en contra de criminales de guerra nazis y japoneses. Los aliados enjuiciaron a 937 personas en Núremberg y varios otros sitios de Europa así como en Japón. De ellos, 667 fueron condenados, 230 a muerte y el resto a prisión de variada duración. La gran mayoría de quienes fueron sentenciados a prisión fueron liberados antes de cumplir su condena. Los juicios fueron muy formales, con jueces, abogados acusadores y defensores, con pleno derecho de los acusados a hablar en su descargo. Hay quienes piensan que, en general, se procedió con bastante moderación en contra de los criminales. Sin embargo, con todas sus deficiencias, se llevó a cabo un proceso de aplicación de justicia.

La actitud de los criminales de guerra nazis guardó una cierta similitud con lo que vemos hoy entre los criminales del régimen chavista. Aquellos llegaron a decir, como explicación de sus horribles crímenes: “Wenn Schon, den Schon”, es decir, si nos van a colgar por una oveja, que nos cuelguen por un cordero. En la Venezuela chavista esto pudiera traducirse, libremente, cómo: ¿“Que es una raya más para un tigre”?, ya que los criminales del régimen están casi convencidos de que, no importa cual haya sido la magnitud de sus crímenes, no serán castigados. De allí que Padrino López probablemente le diga a Maduro, con una sonrisa: “Nicolás, púyalo que vas en bajada. No te preocupes, porque este es un país de ovejas resignadas a ir al matadero”.

LOS CRIMINALES CHAVISTAS PIENSAN QUE SUS CRÍMENES QUEDARÁN IMPUNES
Los criminales chavistas basan su casi certeza de impunidad en la historia venezolana y latinoamericana, tan dada al borrón y cuenta nueva. Hoy en día, abundan en Venezuela quienes hablan de la necesidad de tenderle a los criminales chavistas “un puente de plata”. Personas que en otras décadas decidieron tomar el camino de la violencia armada en contra de la democracia hoy claman por el abandono del castigo en contra de los criminales chavistas. Al hablar de la necesidad de reconciliación entre los venezolanos, estos apaciguadores nunca mencionan la palabra “justicia” y consideran que cualquier pedido de castigo en contra de los criminales es “venganza”. Representan una tercera clase de venezolanos que si bien no son criminales como los chavistas tampoco se sienten indignados por los crímenes cometidos por aquellos, sino que han adoptado una actitud de “vivir y dejar vivir”. Piensan en términos de irse mezclando con los criminales a fin de que la mezcla “mejore” y abogan por una “transición” que conservaría componentes del chavismo “bueno”, para que el proceso no sea violento. Este grupo dejaría las células cancerosas adentro. Representa el equivalente de lo que fue la república de Vichy en la Francia ocupada por los nazis y “gobernada” por Pétain y Laval. Afortunadamente, así como un Pétain tuvo un De Gaulle, así, en Venezuela, por cada Falcón tenemos una María Corina, un Ledezma o un López.

CHÁVEZ FUE EL PRINCIPAL CRIMINAL
Para comprender la necesidad de la aplicación de justicia en Venezuela es necesario ver objetivamente el desastre humano que el chavismo ha llevado a cabo en Venezuela, de la misma forma como los aliados vieron al final de la II Guerra Mundial la realidad de los cadáveres en los crematorios, de los muertos en vida salidos de las cárceles y de los campos de concentración nazis. Los crímenes del chavismo – los cuales han causado la muerte a centenares de miles de venezolanos, han obligado a más de dos millones de compatriotas a huir del país y han sometido a quienes han permanecido en el país a un régimen de total carencia de servicios, seguridad, comida y medicinas – han sido cometidos con premeditación y sadismo, en gran parte inducidos por el tutelaje de los criminales cubanos del castrismo.

¿Qué clase de gente ha cometido estos abominables crímenes? El llamado chavismo, los seguidores de Chávez pertenecen, en gran medida, a una clase particular de venezolanos., la cual – en variadas dosis – combina complejos de inferioridad con la vulgaridad, la ignorancia, el sadismo y el deseo incontrolado de poder y de lujo.

Chávez fue depositario de todas esas características aunque probablemente ni siquiera se dio cuenta o quiso admitir que poseía algunas de ellas. No todas se manifestaron simultáneamente. Sus complejos de inferioridad, bastante bien estudiados por los psiquiatras venezolanos, entre ellos Franz Delgado Senior, lo llevaron a resentir la clase media profesional, a la cual culpaba por sus propios fracasos sociales. Su amor declarado por los pobres y desposeídos se confundía con la antipatía en contra de quienes tenían educación, profesión, empleo, bienes y estabilidad social. Era racista y hablaba despectivamente de los blancos oligarcas. A su llegada al poder fue reuniendo progresivamente a su alrededor a gente que poseía sus mismas o similares características. La ignorancia no le permitió a él y a su grupo de colaboradores resolver el problema de la pobreza sino acentuarla, a pesar de los inmensos ingresos petroleros.

Lo que hicieron fue un crimen, al estructurar programas de subsidios y dádivas que empeoraron la situación de los pobres porque eran apenas aspirinas para quien tiene un tumor cerebral. A pesar de ver que esas medidas eran inefectivas para resolver el problema estructural de la pobreza Chávez las mantuvo en vigencia porque advirtió que eran la manera más eficaz de obtener lealtades políticas para consolidarse en el poder. Esa codicia insaciable por el poder lo fue insensibilizando. Los halagos que le rodeaban le llevó a disfrutar de una vida imperial, con viajes acompañados por centenares de adulantes y hampones, utilizando relojes de $50.000 y llevando a cabo un uso carente de transparencia de los bienes de la Nación.

Desde el principio de su presidencia Chávez fue un autócrata, un dictador. Su intento de golpe en 1992 ya había revelado su naturaleza anti- democrática. En realidad, Chávez hubiese preferido ganar la presidencia mediante el golpe de 1992 que ser elegido y tener que ponerse una careta de demócrata. Como el personaje de Dostoievski en Crimen y Castigo, el estudiante asesino Raskolnikov, quien mostraba un patológico culto a Napoleón, Chávez mostró un patológico culto a Bolívar. Raskolnikov decía: “Maté porque yo quería ser un Napoleón”. Chávez decía: “Solo yo puedo gobernar a Venezuela”, sintiéndose un Bolívar redivivo. Así como Nietzsche expuso su concepción del superhombre libre de toda traba ética en la Europa napoleónica, Chávez encontró sus mini-Nietzsche de bolsillo en Norberto Ceresole, William Izarra, Marta Harnecker y Heyman El Trudi, quienes le adularon y le vendieron una imagen de “superhombre” que adoptó de manera grotesca.

EL DESEO DESENFRENADO DE PODER LLEVÓ AL CHAVISMO A UNA DICTADURA SIN CONTROLES, SIN ESCRÚPULOS MORALES.
Cualquiera buena intención que pudiera haber acompañado a Hugo Chávez en sus inicios (aunque yo nunca la advertí) se perdió en el frenesí de poder y de riqueza que rodeó su presidencia desde el momento mismo de su juramentación, la cual fue un insulto a la Constitución. Progresivamente desprovisto de todo escrúpulo moral Chávez creó un movimiento que fue degenerando en una pandilla de ladrones, narcotraficantes, traidores y adulantes. El paso clave en el afianzamiento del régimen criminal fue el apoyo de la Fuerza Armada. La pandilla de criminales cívico-militares procedió a saquear los activos de la Nación, a encarcelar a quienes se le oponían, a promover el exilio y a sitiar por hambre a los millones de venezolanos indefensos. Esta ha sido una pandilla de unos 500-600 cabecillas principales, quienes deberán ir a juicio y ser expuestos a la acción de la justicia. La lista parcial de estos cabecillas puede ya encontrarse entre los sancionados por corrupción y violación de derechos humanos por los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá y de la Unión Europea, además de aquellos que figuran en los valiosos trabajos de denuncia de venezolanos como Joaquín Chafardett, Alek Boyd, César Batiz, Maibort Petit, Daniel Duquenal, Carlos Tablante, Casto Ocando, Antonio Delgado, Nelson Bocaranda, Thor Halvorssen hijo, Sergio Sáez, Allan Brewer Carías, Román Duque Corredor y bastantes otros investigadores de los crímenes de la pandilla. En mi blog, http://www.lasarmasdecoronel.blogspot.com se podrán encontrar centenares de denuncias en contra de los crímenes de esa pandilla. La cantidad de documentación existente sobre los crímenes es voluminosa y contundente. Esta pandilla de criminales incluye a chavistas miembros del gobierno, militares que participan de los desmanes en el gobierno, banqueros amigos, contratistas petroleros y de otras empresas del Estado, líderes extranjeros comprados por el dinero petrolero y familiares de los pandilleros. A diferencia de la corrupción existente en el siglo pasado entre los líderes latinoamericanos, gente como los Somoza, Trujillo, Stroesner, Velasco Alvarado, etc., estos criminales chavistas crearon una transnacional de la corrupción, en la cual figuraron o figuran Lula da Silva, los Kirchner, Evo Morales, Daniel Ortega, los hermanos Castro y otras figuras menores, a fin de perpetuarse en el poder en la región y ayudarse mutuamente. Esta figura de organización cleptocrática internacional le ha añadido una nueva y macabra dimensión a la pandilla chavista que la financió por años.

DEBE CREARSE YA UNA ALTA COMISIÓN PARA EL ENJUICIAMIENTO DE CRÍMENES CHAVISTAS QUE PROCEDA A ESTABLECER LOS MECANISMOS Y BASES DE LOS FUTUROS JUICIOS.
Idealmente esta debería ser una Comisión transnacional, debido a la naturaleza transnacional de los crímenes pero somos pesimistas sobre la capacidad de los organismos internacionales para llevar a cabo esta tarea. Debemos probablemente comenzar por un juicio en Venezuela en contra de los miembros principales de la pandilla chavista, los 100 más notorios criminales, ver, por ejemplo:
https://resistenciav58.wordpress.com/2014/12/29/la-casa-blanca-suelta-la-lista-de-los-sancionados-estos-son-los-39-primeros/
http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2018/03/nicolas-maduro-y-sus-54-ladrones-segun.html

La Alta Comisión deberá ocuparse del enjuiciamiento de los principales miembros de la pandilla y de los mecanismo de recuperación de los dineros robados a la Nación, robo que se estima conservadoramente en unos 100000-150000 millones de dólares (chavista Jorge Giordani habla de $300000 millones). La iniciativa para la creación de esta Alta Comisión debe partir de un grupo como María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledezma, David Smolansky, Diego Arria y Enrique Aristeguieta, asesorados por un grupo de trabajo en el cual figuren investigadores como los arriba señalados. Una vez esté lista la propuesta puede ser aprobada por la Asamblea Nacional.

¡Manos a la obra!

“Narcosobrinos” de Venezuela estarían implicados en dos casos de asesinato por Sabrina Martin – Diario Las Americas – 29 de Agosto 2017

 

 

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Según la fiscalía los narcosobrinos estarían involucrados con dos asesinatos, al parecer en pago por una deuda

Los “narcosobrinos” de la familia presidencial de Venezuela estarían implicados en dos casos de asesinato; esto, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

En un informe previo a la sentencia, el organismo solicitó cadena perpetua para los imputados pues alegan que hay evidencias de que los sobrinos de la Primera Dama de Venezuela, Cilia Flores, estarían vinculados al asesinato de dos personas no identificadas en Venezuela.

La Fiscalía asegura que en los chats de los teléfonos entre Efraín Campo Flores y Franqui Flores De Freitas hay evidencia de otro presunto crimen.

El informe señala que “la Fiscalía encontró fotos de cuerpos descuartizados de personas sin identificar y vincula estos asesinatos al cobro de una deuda”.

Por su parte, los abogados defensores pidieron al juez Paul Crotty desestimar estos argumentos, debido a que se tratan de pruebas “insuficientes” y escogidas a dedo para vincularlos a estas muertes.

En el documento, que contiene 60 páginas, relatado por la defensa:

“Después de un examen detenido, estos textos y fotos no se acercan a establecer de manera creíble que los acusados estaban involucrados en cualquier muerte. A lo sumo, muestran que los demandados estaban conscientes de que ciertos asesinatos habían ocurrido en Venezuela, conocida por ser un lugar violento y peligroso. Por ejemplo, en un intercambio de WhatsApp del 21 de junio de 2015, Flores explicó que ‘ellos’ —como otras partes— habían matado a alguien porque ‘ellos’ sospechaban que la víctima había contado sobre ellos”.

El próximo 12 y 13 de septiembre, el juez Paul Crotty impondrá la sentencia que tendrán que cumplir Efraín Campo Flores y Franqui Flores De Freitas por conspirar para ingresar más de 800 kilogramos de cocaína a territorio estadounidense.

La Fiscalía asegura a la Corte que tanto Campo Flores como Flores De Freitas cumplen con los requisitos para ser sentenciados con prisión de por vida. Sin embargo, la defensa contradice esta solicitud argumentando que los acusados califican para la “válvula de escape”, un procedimiento en casos de drogas por medio del cual un acusado puede librarse de las condenas mínimas obligatorias.

“Para obtener este beneficio la norma estadounidense establece que el acusado no debe tener condenas previas, no usó violencia ni amenazas creíbles de que se usaría violencia, ni estuvo en posesión de un arma de fuego ni de cualquier otra arma peligrosa (ni persuadió a otro participante para que lo hiciera) en conexión con el delito; el delito no tuvo como resultado la muerte de cualquier persona ni ocasionó que persona alguna sufriera una lesión corporal grave y por último que no se trata de líder, organizador, dirigente, administrador ni supervisor de otros en el delito, del modo determinado según las pautas para el dictado de penas”.

Crímenes de Lesa Humanidad ¿Qué son y cómo se juzgan? por Andrea Tosta – El Estimulo – 18 de Julio 2017

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“Lesa Humanidad” se dice rápido. El venezolano aprendió a endilgarle la categoría tratada en la Corte Penal Internacional a los delitos atroces que se suceden uno tras otro en el país. Especialmente en 2017. Se contabilizan más de 90 muertes oficiales, cientos de heridos y más de 15 mil detenciones arbitrarias hasta la fecha. Son crímenes que duelen, ¿pero son de“Lesa humanidad”?

Un delito de Lesa Humanidad no se toma a la ligera. La Corte Penal Internacional (CPI) se encarga de ello. Es el brazo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tiene jurisprudencia sobre los delitos más graves, como el genocidio y los crímenes de guerra y agresión, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Roma, vigente desde 2002. Cometerlo implica una flagrante violación de los Derechos Humanos por discriminar, perjudicar, hasta exterminar un grupo o población específicos. Por ello, es “gravísimo”, indica la investigadora y especialista en DDHH Lexys Rendón, quien no olvida las condiciones complejas que lo rodean.

La Corte Penal toma y juzga desde matanzas hasta delitos de épocas pasadas que se pensaban extintos, como la esclavitud. La gravedad salta a la vista en la larga lista establecida en el artículo 7 del Estatuto de Roma: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población;encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido; desaparición forzada de personas; apartheid… Leer más de esta entrada

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