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Punto de encuentro de Venezolanos votantes en Bilbao

Archivos por Etiqueta: Corte Penal Internacional

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unnamed-4.jpg                      internacionales, consideren la declaración de estos grupos como                                              terroristas con las consecuencias que ello implica.

                     QUINTO.
                     Remitir el expediente a la Corte Penal Internacional, a fin de que sean                                   considerados estos hechos y se establezca la responsabilidad penal                                         del usurpador Nicolás Maduro y sus cómplices en la ejecución de estos                                   delitos.
                    SEXTO.
                    Dar publicidad al presente Acuerdo.Dado, firmado y sellado en el Palacio                              Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la  Asamblea Nacional 
                    de la República Bolivariana de Venezuela, 
en Caracas alos dos días del abril de marzo de 2019. Año 209° de la Independencia y160° de la Federación.
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Portada ABC – 23 de Marzo 2019

Las víctimas ponen cara a los torturadores de la inteligencia militar de Venezuela por Manuel Trillo – ABC – 21 de Marzo 2019

Un mayor y dos capitanes se encargan personalmente de ejecutar los malos tratos a los detenidos en la sede del Dgcim

El mayor José Sánchez Castro y los capitanes Néstor Blanco Hurtado y Jonathan Becerra, alias «Piraña», son los siniestros oficiales que se encargan de ejecutar con sus propias manos las torturas a los detenidos y secuestrados en los sótanos de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (Dgcim) en Boleíta (Caracas), según la directora del Instituto Casla, la abogada de derechos humanos Tamara Suju. De allí proceden las imágenes de vídeo que ABC adelantó este miércoles, en las que se puede apreciar el trato brutal que se da a los confinados.

De izquierda a derecha, el capitán Néstor Blanco Hurtado, el mayor José Sánchez Castro y el capitán Jonathan Becerra, alias «Piraña»
De izquierda a derecha, el capitán Néstor Blanco Hurtado, el mayor José Sánchez Castro y el capitán Jonathan Becerra, alias «Piraña» – Fotos facilitadas por Tamara Suju. Montaje: Manuel Trillo

Suju, que había dado a conocer el vídeo durante una rueda de prensa en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, divulgó este jueves también las imágenes de los tres torturadores. «La gente cree que los que torturan son militares de bajo rango, pero se trata de mayores y capitanes», asegura Suju a este diario por teléfono desde la capital estadounidense. Según indica, el capitán apodado «Piraña», por ejemplo, es el que se encarga de aplicar las descargas eléctricas y de la violación de los detenidos. «Es el más sádico», denuncia.

La abogada explica que este grupo de miembros de la inteligencia militar que se dedica a torturar está a cargo del coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, director del centro del Dgcim en Boleíta, a las órdenes a su vez del director del Dgcim, Iván Hernández Dala. «Toda la cadena de mando del Dgcim sabe lo que pasa en estos sótanos, y lo saben Néstor Reverol,(ministro del Interior del gobierno ilegítimo), Vladimir Padrino López (Defensa) y Nicolás Maduro (presidente)», sostiene

Entre los torturados en las instalaciones del Dgcim no solo hay militares, sino también civiles, denuncia Tamara Suju. Y no se trata únicamente de presos políticos, sino que hay también personas que permanecen allí secuestradas después de que se les extorsione y se nieguen a pagar la «vacuna», es decir, el dinero que se les exige como condición para no llevárselos. «El secuestro está en manos de los organismos de inteligencia, que extorsiona a empresarios y ganaderos con dinero», advierte.

El aparato de tortura del régimen de Maduro está estrechamente vinculado con cubanos enviados desde la isla, que son quienes se encargan de adiestrar a los funcionarios de los organismos de inteligencia para llevar a cabo estas prácticas. Precisamente, el testigo que detalló este miércoles por videoconferencia en la sesión de la OEA las torturas que se realizan en la sede del Dgcim, el teniente de aviación desertor Ronald Dugarte, reveló que él mismo había sido entrenado por un agente cubano para perseguir y reprimir y que este le especificó a quién le tocaba perseguir. En este sentido, hay incluso centros de torturas clandestinas dirigidos precisamente por cubanos, denunció.

Por otra parte, en el mismo edificio del Dgcim donde se tortura tienen oficinas los fiscales que ejecutan las órdenes de persecución y encarcelamiento. Suju identificó a dos de ellos, Farik Mora Salcedo y Dinora Bustamante. «Imagine el grado de impunidad que hay», comentó a ABC.

Denuncia ante la Corte Penal Internacional

Tamara Suju -que ha sido recientemente designada embajadora en Praga por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó– incorporará estos nombres a la larga lista de cargos y excargos del chavismo que conforman la cadena de mando de la violación de derechos humanos en Venezuela y que ha denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. Desde que empezó a trabajar en esta denuncia en julio de 2016, ya cuenta con 190 acusados, entre los que se incluye la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega.

Entre los últimos en añadir a la lista está la ministra de Maduro para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, por la represión, apoyada en los «colectivos» paramilitares, a lo largo de los pasados meses de enero y febrero, que se saldaron con 43 muertos, además de cientos de heridos y casi mil detenidos. Según Suju, 26 de esas muertes se atribuen a organismos de seguridad y paramilitares.

El Instituto Casla, con sede en Praga y que dirige esta abogada de derechos humanos, ha llegado a un acuerdo de alerta temprana con la OEA para la «identificación preventiva» de violaciones de derechos humanos en América Latina para evitar que sean masivas y recurrentes y se transformen en crímenes de lesa humanidad, como sucede en Venezuela y Nicaragua.

 

Luisa Ortega Díaz anuncia que entregará informe sobre muerte de Óscar Pérez y los hechos en El Junquito a la Corte Penal Internacional – CNNE – 14 de Marzo 2019

La ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, anunció que entregará a la Corte Penal Internacional un informe sobre la que llama la masacre de El Junquito, el operativo en el que agentes de seguridad del Gobierno de Venezuela mataron al expolicía Óscar Pérez en esa zona del municipio Libertador, en el oeste de Caracas, el 15 de enero de 2018. El operativo también fue conocido como Operación Gedeón.

Luisa Ortega tuiteó que enviará en los próximos días a la Corte Penal Internacional “la fijación fotográfica de las víctimas de la #MasacreDelJunquito y del sitio del suceso. Esa evidencia no deja ninguna duda que lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo es un crimen de lesa humanidad”.

CNN vio días después de ese hecho el acta de defunción de Óscar Pérez y, según el documento de la morgue, su cuerpo presentaba un “traumatismo cráneoencefálico severo por herida de arma de fuego en la cabeza”.

Ortega fue fiscal general entre 2007 y 2017, cuando fue destituida. Ese año salió de Venezuela y se declaró opositora al gobierno de Nicolás Maduro, de quien solicitó orden de captura internacional.

Ortega Díaz afirma tener más de 300 fotos y que entregará “un informe forense que certifica la ejecución de este grupo de venezolanos a manos de funcionarios y paramilitares que sirven a la tiranía”.

 

“También tenemos pruebas contundentes de que las dos personas de colectivos que murieron durante el hecho fueron asesinadas por sus compañeros del FAES, quienes ejecutaron la masacre por órdenes de @NicolasMaduro”, concluyó. La FAES es las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela.

Una fuente con conocimiento de la investigación sobre la acción policial y militar, y quien vio las actas de defunción, le aseguró a CNN el 19 de enero de 2018 que seis de los siete cuerpos que llegaron a la morgue en Caracas presentaban impacto de bala en la cabeza.

El presidente Nicolás Maduro dijo en ese entonces que el “grupo terrorista” planeaba hacer explotar un coche bomba frente a la embajada de un país amigo.

Pérez fue el exinspector de la policía científica de Venezuela que desafió la seguridad del Estado venezolano cuando se llevó un helicóptero y atacó el edificio de la Corte Suprema en Caracas a mediados de 2017. La mañana del 15 de enero numerosos funxuonarioa de seguridad del Gobierno de Venezuela ubicaron a Oscar Pérez en la zona de El Junquito, en las afueras de la capital.

Desde tempranas horas de esa mañana, Pérez publicó varios videos en su red social en los que mostraba estar resguardado en una habitación junto a otros miembros de su equipo. Pérez, ensangrentado, denunció que miembros de la policía le habían disparado. Sin embargo, el constituyente Diosdado Cabello informó en su cuenta de Twitter ese día que Pérez “atacó a quienes lo rodean, hiriendo a dos funcionarios del FAES, los cuerpos de seguridad respondieron al fuego”.

Varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos lanzaron fuertes críticas contra el Gobierno por el operativo que acabó con la vida de Pérez. Human Rights Foundation, por ejemplo, consideró que se trató de un uso excesivo de la fuerza e incluso habló de “ejecución extrajudicial”. Sin embargo, el ministro del Interior, Néstor Reverol, indicó que fue el grupo de Pérez el que comenzó el enfrentamiento y que al poner “en riesgo la vida de funcionarios públicos”, respondieron al ataque.

Por su parte, también en ese entonces, el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, dijo en entrevista con Fernando del Rincón en Conclusiones que “estos no son hechos aislados y creemos que el récord de la dictadura de Maduro justifica hoy día la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”.

Más sobre el delito de lesa humanidad por Antonio Pasquali – El Nacional – 10 de Marzo 2019

Antonio Pasquali

Cuando el coronel paracaidista Chávez, resentido y astuto trepador, logró convertirse en el vigésimo sexto presidente del país de origen cuartelero y reabrió de par en par la nacional caja de Pandora revitalizando los peores males endógenos, el cacicazgo de botas y el latrocinio de bienes públicos, los reconcomios, laxitudes morales, bipolaridades, bajezas y odios de clase que la democracia venía, mal que bien, anestesiando con liberalidades, educación y progreso, cuando ese nefasto salto atrás se produjo, ni el más catastrofista de los observadores hubiese imaginado que 20 años después asistiría el atónito país a la vomitiva escena de su panzudo tirano bailando ante las cámaras, suerte de grotesco Nerón formato Banana Republic, en momentos en que sus peores esbirros, incendiando y asesinando, abortaban con violencia la entrada al país de ayudas humanitarias, unos camiones que traían la supervivencia para algunos de los millares de venezolanos gravemente enfermos o desnutridos. ¡Perversiones de una visión militarizada de la urgencia humanitaria que metamorfosea el donante antipático en posible invasor (ya lo había hecho Chávez cuando la vaguada de 2002), y que termina condenando a muerte prematura por mengua y desasistencia sanitaria a miles y miles por no renunciar a su castrense e ideologizada hipótesis “injerencista”! ¿Y qué decir de la cacofonía de los intoxicados y siniestros seres que rodean al Nerón criollo, declarando que esos camiones venían “vacíos”, o contradictoriamente “con armas para la oposición” o (variante de perversión mental) “con alimentos y remedios contaminados, envenenados y cancerígenos”?

Ahora el país, la región y el universo democrático están claros sobre la dimensión criminal que ha asumido la actual dictadura: su mortífera ideología, de la que ya han huido 3.4 millones de venezolanos, la ha llevado a negar la existencia en el país de una crisis humanitaria, a rechazar ayudas externas de los más diferentes orígenes, y a dejar morir de inanición y no prestación de auxilio a miles de connacionales con tal de no “pedir limosnas innecesarias” o aparentar debilidades ante el “enemigo”. El país, la región y el mundo democrático saben, pues, que en Venezuela viene ejecutándose un crimen de lesa humanidad definido en leyes y tratados nacionales e internacionales, un silencioso minigenocidio de la parte más débil y desprotegida de la población. Se trata del estrago más relevante y criminal de la presente dictadura que no puede ser objeto de amnistía alguna y que debe generar sin más demoras una fuerte, documentada y cuantificada denuncia del Legislativo democráticamente electo ante el TSJ legítimo, y cuanta instancia política y jurídica internacional pueda facilitarnos el cese de este asesinato de conciudadanos.

A tan sobresaliente problema nos referimos desde este medio en dos pasadas oportunidades, el 28 de enero y el 8 de julio de 2018; pero repetita juvant si se trata de aportar criterios útiles para la confección de la denuncia.

En enero de 2018 decíamos: “La hipótesis de que la traída de alimentos y medicinas pudiere inducir una invasión física de Venezuela por fuerzas norteñas o brasileñas… es hoy doctrina oficial del poderoso Ministerio de la Defensa… Fue en octubre de 2015 cuando el ministro Padrino López –rechazando declaraciones del general John Nelly, jefe del Comando Sur, en las que se mencionaba la crisis humanitaria de Venezuela– comenzó a conjugar ‘crisis humanitaria’ con ‘plan preconcebido’ e ‘injerencismo imperialista’, a lo que siguió, en septiembre de 2017, una doble precisión: a) la crisis humanitaria ‘la están provocando el imperio y sus seguidores nacionales apátridas’, y b) ‘la solicitud de un canal humanitario abierto… los que estamos vestidos de verde, de patriotas… sabemos que lo que está detrás de una intervención de carácter humanitario… es una intervención desnuda, un injerencismo descarado’, razón por la cual el canal humanitario dejó de ser una cuestión de vida o muerte para miles de venezolanos para convertirse manu militari en un problema ‘de seguridad y defensa de la patria’ que solo los vestidos de verde, sus perennes salvadores, manejarían”.

El régimen felón no quiere aparecer ante el mundo como un paria y no priorizó el derecho a la vida de los venezolanos como se lo exige la Constitución… “En junio de 2017 llegó a hacer caso omiso de una relevante oferta oficial de ayuda medicinal y médica del PNUD de Naciones Unidas. Al actuar de la suerte, el régimen viola flagrantemente los artículos 83 y 84 de la Constitución que definen la salud como ‘un derecho social fundamental, obligación del Estado que lo garantizará’, viola el artículo 438 del Código Penal venezolano y viola el artículo 7-k de los Estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional, que Chávez se precipitó a firmar entre los primerísimos el 7 de mayo de 2000, el cual impone a la Corte intervenir ante ‘cualquier acto inhumano que cause intencionalmente graves sufrimientos y atente contra la integridad física o la salud mental de quien lo sufre’. El necesitado de alimentos y ayuda médico-sanitaria es persona en estado de peligro y con graves sufrimientos que el Estado debe constitucionalmente socorrer. El no asegurar a la población comida suficiente ni atención sanitaria adecuada constituyen delitos equiparables, en el plano social, a la no prestación de ayuda a un individuo en peligro. Es lo que el derecho francés llama, desde 1934, non assistence à personne en danger y que el artículo 223-6 de su más reciente Código Penal condena con penas de 5 años de prisión y 75.000 euros de multa, aplicables incluso –léase bien– a quien impida la prestación del socorro por terceros (como sería la no aceptación de una ayuda foránea), o lo que una ley italiana llamada ‘del buen samaritano’ califica de delitto di omessa solidarietá, solidaridad que el artículo 593 de su Código Penal define como ‘un deber aunque resulte penoso o peligroso prestarlo’ y cuya pena pasa al doble si la no prestación de socorro causa el fallecimiento de la persona a socorrer”.

Pero los inquisidores de este crimen no deben pasar por alto que nuestro “propio Código Penal también contempla el delito de ‘omisión del deber de socorro’ y prescribe en su artículo 438 una pena para quien ‘habiendo encontrado persona…en situación peligrosa…haya omitido la prestación de su ayuda a dicha persona’ por considerarla infracción dolosa al deber de solidaridad, mientras que su artículo 195 recoge el principio francés de incriminar por igual a quien impide la prestación de socorro por terceros, al condenar de 3 a 12 meses de prisión el ‘no solicitar auxilio ajeno con urgencia…”.

El pasado julio 2018 decíamos: “La perseverante y severa observación internacional del caso Venezuela, que tanto irrita al dictador de Miraflores, ha producido en estas semanas… tres documentos de alta significación y peso específico, los cuales no recibieron de los medios nacionales toda la penetrante atención que se merecían. Se trata de los tres informes sobre violaciones de derechos humanos practicadas por las dictaduras venezolanas, respectivamente enviados a la Corte Penal Internacional de La Haya, el 15 de noviembre de 2017 por la fiscal en ejercicio Ortega, el 29 de mayo de 2018 por el secretario general de la OEA Luis Almagro (quien confiara su redacción a eminentes personalidades internacionales por encima de toda sospecha), y el 21 de junio de 2018 por Zeid Ra’ad Al Hussein, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, un jordano de impactante currículum y específica experiencia, cofundador de la propia CPI. Tres acusaciones convergentes respectivamente generadas desde el nivel nacional, regional e internacional que, juntas, pudieran formar masa crítica y finalmente sentar a Maduro en el banquillo de la CPI para una eventual condena, como fueron los casos de Thomas Lubanga, Germain Katanga y Slobodan Praljak. (Recordemos de paso que los siete países tradicionalmente alérgicos a controles de lo nacional por organismos internacionales: Estados UnidosRusiaChinaIndiaIsraelCuba e Irak, no han ratificado el Estatuto de Roma creador de la Corte, mientras que Hugo Chávez fue de los primerísimos en ratificarlo).

“Pese a su carácter valiente, irrefutable y oportuno, que los hace merecedores de la gratitud de los demócratas venezolanos, los tres documentos adolecen de una debilitante carencia: se limitan a denunciar los crímenes de asesinato, indebido encarcelamiento, invalidación política de opositores prominentes, uso desproporcionado de la fuerza represiva, tortura e impedimentos varios al libre ejercicio de la disidencia, reunión, manifestación y expresión. Para ello, solo toman en consideración los apartados a), b), e), f) , h) e i) del artículo 7 de los estatutos de la CPI en que se enumeran las 11 acciones definibles como ‘Crímenes de lesa humanidad’, descuidando por completo el undécimo literal k) que incorpora a las listas de dichos crímenes ‘otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física’. Esta definición adoptada por la comunidad internacional, vigente y aplicable desde el primero de julio de 2002, permite definir a todos los efectos como crímenes de lesa humanidad los dos peores delitos cometidos por la dictadura contra la población venezolana: haber generado por mal y corrupto gobierno un prolongado estado de hambruna nacional y una no prestación de ayuda propia o de terceros a necesitados de asistencia médico-farmacéutica, causando miles de muertos entre la población.

“Desde el ángulo jurídico, este doble crimen gubernamental de lesa humanidad por generación de hambruna y desasistencia sanitaria corresponde a lo que en los viejos códigos penales se definía como delito de ‘no prestación de auxilio a persona o sociedad en peligro’ cuyas penas en la legislación francesa son incluso aplicables ‘a quien impida la prestación del socorro’. Pues bien: el doble delito chavista antes tipificado es igualmente contemplado en nuestro propio Código Penal, cuyo artículo 438 prevé penas para quien ‘habiendo encontrado persona…en situación peligrosa…haya omitido la prestación de su ayuda a dicha persona’, mientras que su artículo 195 recoge el principio francés de incriminar por igual a quien impide el socorro de terceros, condenando de 3 a 12 meses de prisión el ‘no solicitar auxilio ajeno con urgencia’.

“La CPI abrió un primer examen preliminar de la grave situación venezolana el 8 de febrero 2018, y los encargados de ese dossier preliminar son los jueces que deben estar ahora procesando las citadas denuncias de la fiscal general, de la OEA y de la ONU. No se tiene conocimiento de que los examinadores de la Corte hayan recibido otras denuncias específicamente relacionadas con los crímenes de lesa humanidad, cometidos por los regímenes chavistas, del tipo previsto en el literal k) del artículo 7 de los Estatutos de Roma, pese a que estos han ocasionado en Venezuela un número de muertes muy superior al causado por todas las demás causas juntas de lesa humanidad.

Sugerimos que las federaciones nacionales de médicos, farmaceutas, enfermeros y afines, ex ministros de Sanidad, ONG del sector alimentación, salud y economía, juristas interesados, responsables de salud en la Asamblea Nacional y principales universidades del país unan esfuerzos a fin de producir y someter (a instancias nacionales e internacionales) un informe documentado sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por los regímenes chavistas en los campos de la alimentación y la salud”.

Intervención armada, no hay vuelta atrás por Cnel. (Ej.) e Ing. Rubén Dario Bustillos Rávago


Un día antes de la Cumbre del Grupo de Lima en Bogotá, el presidente Juan Guaidó autorizó la difusión de un comunicado oficial que proponía el “uso de la fuerza contra el régimen por bloquear la ayuda humanitaria”.

Sin embargo, el Grupo de Lima, en su declaración de Bogotá reitera: “…su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos, …….., por medios pacíficos y diplomáticos, sin uso de la fuerza”.

Todo lo expresado por el Grupo de Lima, en el documento final del acuerdo de Bogotá, en nuestra opinión, no es más que una mera declarativa política, dirigida a engrosar el expediente que la Corte Penal Internacional de Justicia, CPI, está instruyendo en contra de Nicolas Maduro y sus cómplices y no tiene que ver con la imperiosa necesidad de una acción militar internacional como lo requiere la gran mayoría de los venezolanos, en la voz de nuestro legitimo presidente Juan Guaidó.

El grupo de países que en realidad sostienen un compromiso de llegar hasta el final en la lucha del pueblo venezolano para lograr su libertad, está integrado por EE.UU., Inglaterra, Canadá, Alemania, Holanda, Colombia, Brasil, la OTAN y eventualmente, Argentina y Chile.

Inglaterra ya tiene preparada una fuerza de tarea en Curazao y Estados Unidos puso en movimiento su maquinaria de guerra que se aproxima al Caribe. Colombia y Brasil, ya poseen fuerzas importantes en sus fronteras.

Solo es cuestión de tiempo, para que, cuando menos lo esperen se inicien las operaciones militares. Tenemos que entender que el día “D”, es resguardado con máximo secreto.

Mientras, aviones norteamericanos de espionaje electrónico operan desde aguas internacionales sobre las costas venezolanas, desde hace tiempo y la CIA, según su director, Mike Pompeo, tiene toda la información de inteligencia que confirman el peligro que representa el narco-régimen para la región, dijo en una entrevista en “Fox News Sunday”, al ser interrogado sobre las declaraciones del presidente Donald Trump.

La intervención militar en Venezuela no será una guerra convencional entre estados, ya que se trata de una operación de carácter policial para someter a toda una banda de delincuentes organizados internacionalmente para saquear las arcas públicas de Venezuela. De tal forma que los métodos que se utilicen para liquidar a los bandoleros son irrelevantes.

La información precisa en donde accionan y duermen cada uno de los Capos, con que cuenta la Central de inteligencia, la puso en manos del Pentágono para que, una vez analizada prepare sus Ordenes de Operaciones (OP).

El contenido de la frase “No hay vuelta atrás”, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es un evidente e inflexible mensaje de esperanza para los 30 millones de venezolanos que tenemos 20 años luchando por nuestra libertad.

Grupo de Lima pide a la Corte Penal Internacional considerar la violencia criminal de Maduro – La Patilla – 25 de Febrero 2019

Fachada de la Corte Penal Internacional (Foto archivo)

El Grupo de Lima pidió este lunes a la Corte Penal Internacional (CPI) que tome en consideración la “grave situación de Venezuela y la denegación del acceso a la asistencia humanitaria, que constituye un crimen de lesa humanidad”, así como de la “violencia criminal” de Nicolás Maduro.

Así se desprende de la resolución adoptada al término de la reunión en Bogotá, un texto que leyó el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo.

En tal sentido, la organización de países “deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Maduro en contra de la población civil y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen un crimen de lesa humanidad”, dice la declaración leída en Bogotá por el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo.

“La denegación del acceso a la asistencia humanitaria constituye un crimen de lesa humanidad, en el caso de procedimientos que adelantan en virtud de la solicitud presentada por Argentina”, expresó el grupo en el texto.

Comunicado del Grupo de Lima luego del #23F – ProDaVinci – 25 de Febrero 2019

A través de un comunicado, el Grupo de Lima condenó “las acciones deliberadas de Nicolás Maduro” del 23 de febrero. Acordaron “solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela” e “impulsar la designación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de un experto independiente o de una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela”. A continuación el comunicado.

 

COMUNICADO

“En apoyo al proceso de transición democrática y la reconstrucción de Venezuela.

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, comprometidos a contribuir al proceso de transición democrática y a la reconstrucción institucional, económica y social de la República Bolivariana de Venezuela:

1. Condenan las acciones deliberadas del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro que, sin considerar el sufrimiento de la población ni los insistentes llamados de la comunidad internacional, han impedido, el 23 de febrero, el ingreso de artículos de primera necesidad y la asistencia internacional, mediante actos de represión violenta que ocasionaron múltiples heridos y muertos en la frontera con Colombia y Brasil, todo lo cual ha agravado el riesgo en que se encuentran la vida, dignidad e integridad de los venezolanos.

2. Expresan su solidaridad con el pueblo venezolano y reconocen su valentía y coraje en su lucha por recuperar la democracia, y reiteran el compromiso del Grupo de Lima de seguir apoyándolo activamente en este esfuerzo.

3. Denuncian ante la comunidad internacional al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro por estar sometiendo intencionalmente a los venezolanos, y en particular a la población más vulnerable, a una sistemática privación de alimentos y medicinas, y de acceso a servicios básicos, para asegurar su permanencia en el poder.

4. Expresan su agradecimiento por la asistencia humanitaria puesta a disposición de Venezuela, y condenan la violencia indiscriminada empleada por los cuerpos de seguridad y de grupos armados al servicio del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para obstaculizar su distribución y para impedir el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los venezolanos. En consecuencia, colaborarán para que los responsables de tales actos comparezcan ante la justicia.

5. Deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población civil, y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen un crimen de lesa humanidad, en el curso de los procedimientos que adelanta en virtud de la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú el 27 de septiembre de 2018, y posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia, y bienvenida por Alemania.

6. Deciden impulsar la designación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de un experto independiente o de una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela, en seguimiento a la profunda preocupación por “las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria” en ese país, expresada en la Resolución A/HRC/RES/39/1 “Promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela” del 26 de septiembre de 2018; y reiteran su llamado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a responder a la brevedad ante la situación en ese país, previamente a la presentación de su informe exhaustivo en el 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

7. Manifiestan el carácter irreversible de su compromiso en favor de la transición democrática y la reconstrucción institucional, económica y social en Venezuela, destacando que la permanencia de Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo en el poder representa una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región, por lo cual están propiciando la discusión de la actual situación en ese país en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y seguirán abordándola en la Organización de los Estados Americanos. Asimismo, adelantarán gestiones directas ante el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas para que, de conformidad con sus competencias, impulse la activación del Sistema de Naciones Unidas en relación con lo que está ocurriendo en Venezuela.

8. Expresan su satisfacción ante el número creciente de Estados que han reconocido la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y del Presidente Encargado, Juan Guaidó, e invitan a esos Estados y al conjunto de la comunidad internacional a sumarse al compromiso del Grupo de Lima con la transición democrática y con la inmediata provisión de asistencia humanitaria, adhiriendo a la Declaración de Ottawa por Venezuela. En ese sentido, deciden intensificar las gestiones del Grupo de Lima a nivel internacional estableciendo todos los contactos y coordinaciones necesarias, incluyendo misiones especiales, para dar a conocer los esfuerzos y las acciones que ha emprendido el Grupo para ayudar a la restauración de la democracia y el orden constitucional en Venezuela.

9. Resuelven mantener permanente coordinación con los representantes del gobierno del Presidente Encargado, Juan Guaidó, tanto en sus relaciones bilaterales como en las organizaciones internacionales a las que pertenecen y en los foros multilaterales en los que participan, con miras al retorno de la democracia, la reconstrucción económica, y la inmediata atención de la crisis humanitaria. En tal virtud, promoverán su reconocimiento en las organizaciones internacionales y en los mecanismos de coordinación multilaterales, como representantes legítimos de Venezuela.

10. Deciden avanzar en el reconocimiento de los representantes del Presidente Encargado, Juan Guaidó, de acuerdo con sus procedimientos internos.

11. Reiteran su llamado a todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional a reconocer al Presidente Encargado, Juan Guaidó, como su Comandante en Jefe, y los exhortan a que, fieles a su mandato constitucional de estar al servicio exclusivo de la Nación y no al de una persona, cesen de servir como instrumentos del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para la opresión del pueblo venezolano y la violación sistemática de sus derechos humanos.

12. Exhortan a los miembros del Poder Judicial y el Sistema de Justicia de Venezuela, incluyendo quienes han sido designados irregularmente como tales, a reconocer la autoridad legítima de la Asamblea Nacional y del Presidente Encargado, Juan Guaidó, y a respetar el pleno ejercicio de sus competencias constitucionales, con el fin de facilitar la transición democrática y el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela.

13. Hacen un llamamiento a las naciones que aún mantienen vínculos de cooperación con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para que ayuden a facilitar la búsqueda de soluciones que abran paso al proceso de transición democrática y la convocatoria de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles.

14. Ofrecen su decidido apoyo al Acuerdo para la promoción del Plan de Rescate del País, adoptado por la Asamblea Nacional el pasado 29 de enero. En ese sentido, expresan su disposición a convocar una conferencia internacional, y solicitarán al Banco Interamericano de Desarrollo que lidere el acompañamiento a las autoridades legítimas de Venezuela en la implementación de las reformas institucionales y económicas que éstas estimen necesarias para reactivar la economía y ofrecer oportunidades de progreso social para todos los venezolanos.

15. Reafirman el derecho de todos los venezolanos a vivir en democracia y libertad, y por consiguiente, reiteran su respaldo a la celebración de elecciones libres y justas, abiertas a la participación de todas las fuerzas políticas, con acompañamiento y observación internacional, organizadas por una autoridad electoral neutral y legítimamente constituida. Para que estas nuevas elecciones democráticas se celebren, exigen la salida inmediata de Nicolás Maduro y el cese de la usurpación, respetando la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y al Presidente Encargado, Juan Guaidó.

16. Reiteran su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza.

17. Acuerdan reafirmar y hacer seguimiento a las medidas adoptadas por el Grupo de Lima previamente; ofrecer todo su apoyo al diseño y ejecución del calendario electoral que establezcan la Asamblea Nacional y el Presidente Encargado, Juan Guaidó; y exhortar a la comunidad internacional sobre la urgente necesidad de que se permita el ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo venezolano.

18. Saludan el ofrecimiento del Gobierno de la República de Chile de acoger la próxima reunión del Grupo de Lima en fecha por determinar.

Bogotá, 25 de febrero de 2019″.

Un año sin respuesta de la Corte Penal Internacional por William Cárdenas – Periodista Digital – 7 de Febrero 2019

Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional.CP

Ha trascurrido un año desde que el 8 de febrero de 2018, la Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, Sra. Fatou Bensouda, anunciara el inicio del examen preliminar por los crímenes de Lesa Humanidad ocurridos en Venezuela en los años recientes. ( William Cárdenas: A la fiscal de la CPI también se le acabó el plazo)

A partir de entonces se han sucedido varios hechos de gran importancia que han debido acelerar la decisión de la Fiscal, la cual sigue manteniendo una actitud cuando menos omisiva en cuanto al llamado Caso Venezuela, por su actuación al frente de hechos criminales más que elocuentes para la Comunidad Internacional.

El 30 de mayo de 2018, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA)remitió a la Fiscal Bensouda el informe elaborado por 3 expertos que determina que en Venezuela se han cometido crímenes de Lesa Humanidad.(William Cárdenas: Europa sin brújula ante Venezuela)

El pasado 26 de septiembre de 2018, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Estatuto de Roma, seis de sus estados parte, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Canadá, en un hecho sin precedentes en la corta vida de la CPI, denuncian a Nicolás Maduro y otros por crímenes de Lesa Humanidad basándose en el Informe de los expertos designados por Luis Almagro en la OEA.

El 29 de septiembre de 2018, Francia se suma a la denuncia presentada por los seis estados parte, referida a la comisión de crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela.

El 15 de octubre Costa Rica apoya dicha denuncia, y el 25 de octubre Alemania hace lo mismo, alcanzando a 9 el número los estados parte que solicitan a la Fiscal Bensouda el inicio de esta investigación formal.

El mismo 25 de octubre, la Eurocámara aprueba una resolución en la que insta a la UE a sumarse a la denuncia presentada por los estados parte ante la CPI, por lo crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. Ya en diciembre de 2016, a petición nuestra, el Parlamento Europeo había emitido una resolución en la que se instaba a la Fiscal de la CPI a iniciar con carácter urgente, una investigación formal sobre lo sucedido en Venezuela.

La OEA aprobó una resolución en la que países miembros se unen al clamor de que la CPI de inicio a una investigación formal por dichos crímenes, acentuando la posición de la región en contra del régimen violador de derechos humanos encabezado por Nicolás Maduro. Asimismo, son numerosas las personalidades de la Comunidad Internacional las que se pronuncia a favor de esta investigación.

Sin embargo, en diciembre de 2018, al momento de presentar su informe sobre las causas bajo observación de la Fiscal de la CPI, esta dice que el Caso Venezuela se mantiene en estado de estudio, sin que haya un pronunciamiento sobre el mismo. A la Fiscal le ha importado poco la contundencia del Informe de los expertos contratados por la OEA, así como la denuncia de 9 estados parte del Estatuto de Roma en este sentido.

A preferido hacer caso omiso a lo que es un clamor de la Comunidad Internacional, especialmente del hemisferio occidental, de aquellos países en los que el respeto a los derechos humanos, la libertad y la democracia son valores insoslayables, lo que resume una conducta que arroja muchas dudas acerca del desempeño de esta discípula del Fiscal argentino Luis Moreno Ocampo, para llevar adelante de manera eficaz y transparente, un proceso de tal naturaleza.

Esto le ha valido que desde Venezuela, en diciembre pasado, se le haya presentado una denuncia que pretende apartarla de la investigación, formulada por el ex parlamentario Walter Márquez, ante la Presidencia de la Asamblea de Estados Parte y de la propia Corte Penal Internacional. Esta denuncia ha sido abierta a trámite y actualmente sigue su curso.

La inacción de la Fiscal se hace por demás elocuente, cuando se aceleran los acontecimientos en Venezuela y en los hechos de enero de 2019, se suman 45 nuevos asesinatos, aproximadamente 900 detenciones ilegales, muchos torturados y perseguidos, que se suman a la larga lista de víctimas de esos crímenes.

A ello se une el éxodo imparable de venezolanos por causa de la violencia, la carencia de alimentos y medicinas, que ocasionan decenas de miles de desplazados.

Y como consecuencia de ello aparecen imágenes que reflejan de manera indubitable la prueba reina de la intencionalidad en la privación de alimentos y medicinas para la población por parte de Nicolás Maduro, su ejecutivo, el alto mando de sus Fuerzas Armadas y de los grupos para-militares, que bloquean materialmente la posibilidad de que llegue ayuda humanitaria a los más necesitados, lo que tipifica al exterminio crimen de lesa humanidad.

Si a esto añadimos, que más de 40 países de Occidente han reconocido como Presidente legítimo encargado de Venezuela al diputado Juan Guaidó,desconociendo en consecuencia la condición de jefe de estado de Nicolás Maduro, para un organismo independiente de Naciones Unidas como la CPI, nada obstaría para que se pusiera en marcha dicho proceso con todas sus consecuencias.

El Presidente Juan Guaidó debe destinarle a este asunto especial atención, dotando a con celeridad una representación diplomática tanto en los Países Bajos, como ante la CPI, para desmontar el trabajo que ha realizado en esa jurisdicción la embajadora Haifa, hermana de Tarek El Aissami.

Esta es una prioridad ineludible entre las nuevas funciones del Ejecutivo venezolano y de la Asamblea Nacional, pues sólo la justicia nos podrá redimir para aprender la lección que nos deja el Socialismo del Siglo XXI, mucho más importante que cualquier proyecto de amnistía, por mas razones políticas que lo justifiquen.

La izquierda y el autoritarismo por Héctor E. Schamis – El País – 3 de Febrero 2019

El verdadero progresismo no convive con dictadura alguna

La izquierda y el autoritarismo
EFE

En los años setenta, durante la presidencia de Jimmy Carter, el Departamento de Estado había iniciado una agresiva política de promoción de derechos humanos con especial énfasis en las dictaduras del cono sur de América Latina. En coordinación con la OEA y la CIDH, ello continuó en los ochenta con Ronald Reagan y George H. W. Bush en la Casa Blanca.

El embajador de Estados Unidos era Harry Barnes Jr., un diplomático de excepción y un demócrata de principios. Cuando Barnes presentó sus credenciales a Pinochet en 1985 le dijo que “los defectosde la democracia se curan con más democracia”. Pinochet no pudo contener su ira: “¿Desde cuándo son los embajadores árbitros de nuestros problemas internos? No somos colonia ni esclavos de nadie”.

Eso como contexto, pues en el drama de aquella noche de 1988 el embajador Barnes levantó el teléfono varias veces. Primero para hablar con sus colegas de otros países democráticos. Luego para hablar con Pinochet, a quien le manifestó que el gobierno de Estados Unidos le exhortaba a reconocer su derrota e iniciar la transición democrática tal cual estaba estipulado por su propia Constitución, la de 1980.

La llamada en cuestión convenció al general Fernando Matthei, Comandante de la Fuerza Aérea, dela inconveniencia de no reconocer el resultado. Tanto que fue el primer integrante de la Junta deGobierno en dar a conocer el resultado a los periodistas, ignorando al propio Pinochet. Fait accompli,hecho consumado.

La Concertación por el no —alianza de centro-izquierda entre Democristianos, Radicales y Socialistas que enfrentó a la dictadura—reconoció y agradeció la intervención del Embajador Barnesen innumerables ocasiones. Quien aquí escribe escuchó esta historia contada por los protagonistas decenas de veces. Un fraude electoral fue así sorteado, la democratización fue posible.

Si hace el lector fast forward, verá que Maduro le pidió prestado el script a Pinochet, nótese el lenguaje. El Embajador Barnes bien podría haberle prestado el suyo a Luis Almagro, o a Marco Rubio que se ha puesto a Venezuela al hombro en el Senado.

La izquierda de hoy, sin embargo —Noam Chomsky y sus seguidores, Bernie Sanders y los ultra liberales del Partido Demócrata, el laborismo de Jeremy Corbyn, las mascotas con ventrílocuos en La Habana o en Pdvsa— no parece tener libreto alguno, solo tiene confusión e hipocresía. No es capaz de explicar porqué la intervención de Estados Unidos y otras democracias fue válida para que Pinochet no cometiera fraude electoral y saliera del poder, pero no es válida para que Maduro haga lo propio después de haber cometido varios fraudes electorales.

Si es porque Maduro se define de izquierda, son ingenuos o cómplices. Según la Cepal, el índice de pobreza en Venezuela es cercano al 90% y ya era de 48% en 2014. Casi 3.5 millones de Venezolanos han emigrado, en la crisis de refugiados más grande en las Américas en toda la historia. Y el régimen ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.

Solo se trata de una organización criminal en el poder. Los jerarcas chavistas son billonarios, el grueso de sus activos está en Estados Unidos. Es que hay una premisa de la política que el régimen de Maduro ha violado. La misma dice que ningún gobierno, sea de derecha o de izquierda,autoritario o democrático, busca el sufrimiento de su propio pueblo. Es una máxima que no tiene validez para Venezuela: Maduro ha buscado deliberadamente el saqueo de su país y el sufrimiento de su pueblo.

El verdadero progresismo no convive con dictadura alguna, no evalúa si los derechos humanos son violados por la izquierda o por la derecha. Progresismo es entender el valor supremo de la libertad en un Estado Constitucional, el principio que establece la separación y el equilibrio de poderes, única manera de proteger los derechos fundamentales de las personas. Y sabe que ello solo se logra en democracia.

Es fundamental la activa intervención del mundo democrático para acelerar la partida de Maduro del poder, ya mismo, hoy, en realidad ayer. Así lo entendieron el embajador Barnes y la centro-izquierda chilena en aquel momento decisivo para la transición chilena, que a su vez fue imprescindible para toda la región.

Treinta años más tarde, la supervivencia de la democracia en América Latina depende de la democratización de Venezuela.

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