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Un año sin respuesta de la Corte Penal Internacional por William Cárdenas – Periodista Digital – 7 de Febrero 2019

Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional.CP

Ha trascurrido un año desde que el 8 de febrero de 2018, la Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, Sra. Fatou Bensouda, anunciara el inicio del examen preliminar por los crímenes de Lesa Humanidad ocurridos en Venezuela en los años recientes. ( William Cárdenas: A la fiscal de la CPI también se le acabó el plazo)

A partir de entonces se han sucedido varios hechos de gran importancia que han debido acelerar la decisión de la Fiscal, la cual sigue manteniendo una actitud cuando menos omisiva en cuanto al llamado Caso Venezuela, por su actuación al frente de hechos criminales más que elocuentes para la Comunidad Internacional.

El 30 de mayo de 2018, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA)remitió a la Fiscal Bensouda el informe elaborado por 3 expertos que determina que en Venezuela se han cometido crímenes de Lesa Humanidad.(William Cárdenas: Europa sin brújula ante Venezuela)

El pasado 26 de septiembre de 2018, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Estatuto de Roma, seis de sus estados parte, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Canadá, en un hecho sin precedentes en la corta vida de la CPI, denuncian a Nicolás Maduro y otros por crímenes de Lesa Humanidad basándose en el Informe de los expertos designados por Luis Almagro en la OEA.

El 29 de septiembre de 2018, Francia se suma a la denuncia presentada por los seis estados parte, referida a la comisión de crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela.

El 15 de octubre Costa Rica apoya dicha denuncia, y el 25 de octubre Alemania hace lo mismo, alcanzando a 9 el número los estados parte que solicitan a la Fiscal Bensouda el inicio de esta investigación formal.

El mismo 25 de octubre, la Eurocámara aprueba una resolución en la que insta a la UE a sumarse a la denuncia presentada por los estados parte ante la CPI, por lo crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. Ya en diciembre de 2016, a petición nuestra, el Parlamento Europeo había emitido una resolución en la que se instaba a la Fiscal de la CPI a iniciar con carácter urgente, una investigación formal sobre lo sucedido en Venezuela.

La OEA aprobó una resolución en la que países miembros se unen al clamor de que la CPI de inicio a una investigación formal por dichos crímenes, acentuando la posición de la región en contra del régimen violador de derechos humanos encabezado por Nicolás Maduro. Asimismo, son numerosas las personalidades de la Comunidad Internacional las que se pronuncia a favor de esta investigación.

Sin embargo, en diciembre de 2018, al momento de presentar su informe sobre las causas bajo observación de la Fiscal de la CPI, esta dice que el Caso Venezuela se mantiene en estado de estudio, sin que haya un pronunciamiento sobre el mismo. A la Fiscal le ha importado poco la contundencia del Informe de los expertos contratados por la OEA, así como la denuncia de 9 estados parte del Estatuto de Roma en este sentido.

A preferido hacer caso omiso a lo que es un clamor de la Comunidad Internacional, especialmente del hemisferio occidental, de aquellos países en los que el respeto a los derechos humanos, la libertad y la democracia son valores insoslayables, lo que resume una conducta que arroja muchas dudas acerca del desempeño de esta discípula del Fiscal argentino Luis Moreno Ocampo, para llevar adelante de manera eficaz y transparente, un proceso de tal naturaleza.

Esto le ha valido que desde Venezuela, en diciembre pasado, se le haya presentado una denuncia que pretende apartarla de la investigación, formulada por el ex parlamentario Walter Márquez, ante la Presidencia de la Asamblea de Estados Parte y de la propia Corte Penal Internacional. Esta denuncia ha sido abierta a trámite y actualmente sigue su curso.

La inacción de la Fiscal se hace por demás elocuente, cuando se aceleran los acontecimientos en Venezuela y en los hechos de enero de 2019, se suman 45 nuevos asesinatos, aproximadamente 900 detenciones ilegales, muchos torturados y perseguidos, que se suman a la larga lista de víctimas de esos crímenes.

A ello se une el éxodo imparable de venezolanos por causa de la violencia, la carencia de alimentos y medicinas, que ocasionan decenas de miles de desplazados.

Y como consecuencia de ello aparecen imágenes que reflejan de manera indubitable la prueba reina de la intencionalidad en la privación de alimentos y medicinas para la población por parte de Nicolás Maduro, su ejecutivo, el alto mando de sus Fuerzas Armadas y de los grupos para-militares, que bloquean materialmente la posibilidad de que llegue ayuda humanitaria a los más necesitados, lo que tipifica al exterminio crimen de lesa humanidad.

Si a esto añadimos, que más de 40 países de Occidente han reconocido como Presidente legítimo encargado de Venezuela al diputado Juan Guaidó,desconociendo en consecuencia la condición de jefe de estado de Nicolás Maduro, para un organismo independiente de Naciones Unidas como la CPI, nada obstaría para que se pusiera en marcha dicho proceso con todas sus consecuencias.

El Presidente Juan Guaidó debe destinarle a este asunto especial atención, dotando a con celeridad una representación diplomática tanto en los Países Bajos, como ante la CPI, para desmontar el trabajo que ha realizado en esa jurisdicción la embajadora Haifa, hermana de Tarek El Aissami.

Esta es una prioridad ineludible entre las nuevas funciones del Ejecutivo venezolano y de la Asamblea Nacional, pues sólo la justicia nos podrá redimir para aprender la lección que nos deja el Socialismo del Siglo XXI, mucho más importante que cualquier proyecto de amnistía, por mas razones políticas que lo justifiquen.

La izquierda y el autoritarismo por Héctor E. Schamis – El País – 3 de Febrero 2019

El verdadero progresismo no convive con dictadura alguna

La izquierda y el autoritarismo
EFE

En los años setenta, durante la presidencia de Jimmy Carter, el Departamento de Estado había iniciado una agresiva política de promoción de derechos humanos con especial énfasis en las dictaduras del cono sur de América Latina. En coordinación con la OEA y la CIDH, ello continuó en los ochenta con Ronald Reagan y George H. W. Bush en la Casa Blanca.

El embajador de Estados Unidos era Harry Barnes Jr., un diplomático de excepción y un demócrata de principios. Cuando Barnes presentó sus credenciales a Pinochet en 1985 le dijo que “los defectosde la democracia se curan con más democracia”. Pinochet no pudo contener su ira: “¿Desde cuándo son los embajadores árbitros de nuestros problemas internos? No somos colonia ni esclavos de nadie”.

Eso como contexto, pues en el drama de aquella noche de 1988 el embajador Barnes levantó el teléfono varias veces. Primero para hablar con sus colegas de otros países democráticos. Luego para hablar con Pinochet, a quien le manifestó que el gobierno de Estados Unidos le exhortaba a reconocer su derrota e iniciar la transición democrática tal cual estaba estipulado por su propia Constitución, la de 1980.

La llamada en cuestión convenció al general Fernando Matthei, Comandante de la Fuerza Aérea, dela inconveniencia de no reconocer el resultado. Tanto que fue el primer integrante de la Junta deGobierno en dar a conocer el resultado a los periodistas, ignorando al propio Pinochet. Fait accompli,hecho consumado.

La Concertación por el no —alianza de centro-izquierda entre Democristianos, Radicales y Socialistas que enfrentó a la dictadura—reconoció y agradeció la intervención del Embajador Barnesen innumerables ocasiones. Quien aquí escribe escuchó esta historia contada por los protagonistas decenas de veces. Un fraude electoral fue así sorteado, la democratización fue posible.

Si hace el lector fast forward, verá que Maduro le pidió prestado el script a Pinochet, nótese el lenguaje. El Embajador Barnes bien podría haberle prestado el suyo a Luis Almagro, o a Marco Rubio que se ha puesto a Venezuela al hombro en el Senado.

La izquierda de hoy, sin embargo —Noam Chomsky y sus seguidores, Bernie Sanders y los ultra liberales del Partido Demócrata, el laborismo de Jeremy Corbyn, las mascotas con ventrílocuos en La Habana o en Pdvsa— no parece tener libreto alguno, solo tiene confusión e hipocresía. No es capaz de explicar porqué la intervención de Estados Unidos y otras democracias fue válida para que Pinochet no cometiera fraude electoral y saliera del poder, pero no es válida para que Maduro haga lo propio después de haber cometido varios fraudes electorales.

Si es porque Maduro se define de izquierda, son ingenuos o cómplices. Según la Cepal, el índice de pobreza en Venezuela es cercano al 90% y ya era de 48% en 2014. Casi 3.5 millones de Venezolanos han emigrado, en la crisis de refugiados más grande en las Américas en toda la historia. Y el régimen ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.

Solo se trata de una organización criminal en el poder. Los jerarcas chavistas son billonarios, el grueso de sus activos está en Estados Unidos. Es que hay una premisa de la política que el régimen de Maduro ha violado. La misma dice que ningún gobierno, sea de derecha o de izquierda,autoritario o democrático, busca el sufrimiento de su propio pueblo. Es una máxima que no tiene validez para Venezuela: Maduro ha buscado deliberadamente el saqueo de su país y el sufrimiento de su pueblo.

El verdadero progresismo no convive con dictadura alguna, no evalúa si los derechos humanos son violados por la izquierda o por la derecha. Progresismo es entender el valor supremo de la libertad en un Estado Constitucional, el principio que establece la separación y el equilibrio de poderes, única manera de proteger los derechos fundamentales de las personas. Y sabe que ello solo se logra en democracia.

Es fundamental la activa intervención del mundo democrático para acelerar la partida de Maduro del poder, ya mismo, hoy, en realidad ayer. Así lo entendieron el embajador Barnes y la centro-izquierda chilena en aquel momento decisivo para la transición chilena, que a su vez fue imprescindible para toda la región.

Treinta años más tarde, la supervivencia de la democracia en América Latina depende de la democratización de Venezuela.

Comunicado del Gobierno de Chile – 10 de Enero 2019

El destino de los torturadores por Miguel Henrique Otero – Editorial El Nacional – 6 de Enero 2019

La tortura constituye el límite más extremo de todo régimen político. La diferencia entre los regímenes que torturan de forma sistemática y los que no, es sustantiva, puesto que define el lugar que la vida humana tiene para el poder: si la reconoce como el más alto bien de la vida en común -si acepta su condición de valor sagrado-, o si no la reconoce -si niega la prioridad absoluta de la vida- y, en consecuencia, decide torturar y matar para preservar el poder. La tortura es la respuesta que los regímenes totalitarios dan al debate entre vida y poder.

Difícilmente, quienes no hemos sido torturados podemos siquiera imaginar el infierno que experimenta el torturado. Indefenso, arrancado de la realidad del mundo, separado de sus referentes cotidianos y de cualquier señal que suponga alguna forma de esperanza, la sesión de tortura es la negación de lo humano y de la civilización. Sobre todo, es la suspensión de la vida: la víctima, mejor dicho, el cuerpo de la víctima es sometido al dolor puro, repetido, prolongado, cada vez más brutal. Los testimonios de quienes han sobrevivido a la tortura cuentan que el pensamiento queda anulado por el poderío totalizante del dolor.

A lo largo de los milenios se ha utilizado la tortura para castigar a los enemigos, especialmente en tiempos de guerra. En algunas culturas solía reservarse el castigo corporal a quienes eran acusados de traición. El vínculo que unía confesión y tortura no ha sido exclusivo de la Inquisición, sino que ha formado parte del esclavismo, de las prácticas de dominación colonial, de absolutismos, monarquías, tiranías, dictaduras y mafias. Solo en las verdaderas democracias la tortura ha sido erradicada y penada. Hasta la aprobación, en 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no existió un pronunciamiento en contra que involucrara a un número considerable de países. Dos años más tarde, entró en vigencia la Convención Europea de Derechos Humanos, cuyo artículo 3 prohíbe de forma expresa la tortura y los tratos inhumanos o degradantes.

La creación de la Cheka, ordenada por Lenin en diciembre de 1917, y que copió su modelo de la Ojrana, la policía zarista, marca un hito en la moderna historia de la tortura: incorpora el terror como un factor esencial de los regímenes comunistas y totalitarios. La Cheka bolchevique, que a lo largo de los años cambió varias veces de nombre (GPU, NKVD y KGB), estableció un método -detener sin procedimiento judicial, interrogar, torturar, juzgar sumariamente y, a menudo, matar, que resultó constitutivo de los regímenes totalitarios de izquierda. Esto es fundamental: donde se instaura el terror como política del poder no tarda en aparecer la tortura.

Es posible rastrear las tres ramificaciones principales de la práctica de la tortura a partir de 1917: una de sus ramas más cruentas se instauró en Asia: primero en la China de Mao Zedong, en el régimen asesino de los Kim en Corea del Norte, y en Camboya durante los años de los Jemeres Rojos. Una segunda ramificación, principalmente europea, pasó de Stalin a países como Rumanía, Polonia, Bulgaria y la Alemania comunista. Una tercera derivación, latinoamericana, inaugura sus operaciones en la Cuba castrista, y se ha proyectado hasta la Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y en la Venezuela de Chávez y Maduro.

Un aspecto esencial a considerar: entre los torturadores no hay distinciones políticas o ideológicas. Entre el general Manuel Contreras, responsable de la Dirección de Inteligencia Nacional -la DINA de Pinochet- y Gustavo Enrique González López -que dirigió el SEBIN de Maduro-; o entre Emilio Eduardo Massera -el hombre de la siniestra Escuela Mecánica de la Armada, ESMA, responsable de las torturas y desapariciones de miles y miles de argentinos entre 1976 y 1978- e Iván Hernández Dala, a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, hay comunidad de métodos y afinidades inequívocas: son piezas fundamentales del engranaje, desatado desde la cúpula del poder, que tiene como finalidad causar los más atroces sufrimientos sobre los cuerpos de quienes les oponen.

Sin desconocer las diferencias entre unos y otros, los torturadores son una especie: su cerebro deshumaniza a sus víctimas: los convierten en enemigos no humanos; se sienten señores de la verdad: son fanáticos; llevan consigo un deseo muy acuciante de ser reconocidos por sus jefes; antes de adquirir categoría en el oficio, deben ‘iniciarse’, es decir, participar en una sesión acompañado o guiado por alguien ya experto. En el torturador conviven dos impulsos: el del sadismo y el de una cobardía ilimitada. Esas son las fuerzas que se unen para descargar la violencia en contra del indefenso. Mientras golpea o penetra o quema o electrifica o sumerge o ahoga o fractura el cuerpo expuesto, su propia cobardía descansa: se siente superior, corajudo, invencible. El primer propósito del torturador no es matar sino infligir daño y sufrimiento, por el mayor tiempo posible. En ese consiste el quid de su profesión. Y es por ello que, a lo largo de la historia, los métodos de tortura se han multiplicado y refinado una y otra vez. El torturador para, no por compasión, sino para disponer de un cuerpo, todavía con algo de vida, al que continuar torturando en una próxima sesión.

A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países de América Latina, en Venezuela se ha logrado documentar, ampliamente, la actividad del régimen torturador. Los testimonios de los torturados, de sus abogados y familiares, y hasta de funcionarios que se desempeñan en las instituciones en las que se tortura, han servido para que ciudadanos ejemplares como Tamara Suju y otros, hayan podido estructurar las mismas y construir los expedientes que hoy se acumulan en la Corte Penal Internacional.

Lo esencial del trabajo realizado hasta ahora, es que cada caso está articulado hasta en sus más cruentos detalles. La investigación realizada contiene lo necesario: las cadenas de mando responsables del engranaje de la tortura, los responsables directos de las mismas, el relato de los métodos -de la brutalidad física y sicológica- que se han empleado hacia centenares de presos políticos venezolanos. Los documentos consignados ante tribunales internacionales, o los que han sido producidos por la Organización de Estados Americanos -OEA-, bajo el impulso de su secretario general, Luis Almagro, son, probablemente, los más reveladores de la esencia, de la naturaleza del régimen de Chávez y Maduro: un régimen que desconoce el principio de la vida. Un régimen que actúa de espaldas a los derechos humanos.

Más allá de las decisiones que en algún momento tomará la Corte Penal Internacional, hay una cuestión que no se puede pasar por alto: que tocará a la sociedad venezolana y a sus instituciones, apenas se produzca el cambio de régimen, afrontar el destino de los torturadores. Ello no solo implica a los directamente responsables, sino también a sus cómplices, aliados, testigos y facilitadores. En los expedientes están las identidades y las responsabilidades que deberán asumir. Uno a uno, tendrán que responder ante los tribunales. Uno a uno, ir a prisión. Uno a uno, enfrentar la realidad de ser enjuiciado como torturador: para vergüenza de su familia y para la institución en que se desempeñaban.

Crímenes de destrucción nacional por David Morán Bohórquez – La Patilla – 30 de Diciembre 2018

Termina el 2018 con nuestro querido país convertido en una piltrafa, de lo que fue por décadas la nación más próspera de Latinoamérica.

Los responsables son Nicolás Maduro y su oligarquía roja que ha saqueado criminalmente al país y desmantelado el Estado. Son criminales de destrucción nacional, de delitos de lesa humanidad. Practican la persecución y la discriminación por motivos políticos, el desplazamiento forzoso de familias, la tortura, la censura y el bloqueo de medios de información, el desconocimiento de la Constitución Nacional y de instituciones legítimas como la Asamblea Nacional, el fraude electoral, el robo descarado de dineros públicos, razzias policiales de exterminio, el secuestro, la destrucción ambiental, el uso de falsos positivos, la criminalización de la disidencia, la negación de las crisis de salud y de abastecimiento.

El debilitamiento y desmantelamiento del Estado trajo la somalización del país. En vastas zonas del territorio el control social y territorial lo ejercen bandas criminales, que se lucran del narcotráfico, el contrabando, el secuestro y la extorsión, los mercados negros de alimentos y medicinas y de la minería ilegal.  La anarquía es también un proceso en expansión, urbana y rural. El Arco Minero, el Estado Sucre, el occidente de nuestra Guajira, el codo andino, el sur del Estado Apure y del Lago de Maracaibo, partes del Estado Guárico, Miranda y Aragua están somalizadas.

Venezuela terminó el 2018 como el país más violento del continente americano, con 23.047 muertes violentas para una espeluznante tasa de 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, en cifras del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV).

En noviembre la mundialmente reconocida ONG Human Rights Watch (HRW) presentó un informe alertando que Venezuela vive una crisis sanitaria “devastadora” por el colapso de su sistema público de salud y criticando la reacción del régimen de Nicolás Maduro al negar la situación y no afrontarla “urgentemente”.

En septiembre HRW, en otro informe, denuncia que la agudización de la crisis venezolana ha propiciado el mayor flujo migratorio de este tipo en la historia reciente de América Latina y pidiendo a los gobiernos de las Américas definir una respuesta colectiva y uniforme urgente al éxodo de personas que huyen de Venezuela. Según cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU) más 2,3 millones de venezolanos, de una población total estimada de 32 millones, se han ido del país desde 2014, sin embargo esas cifras no reflejan la totalidad de los que han abandonado el país, que algunas organizaciones tasan en 3,5 millones.

También en septiembre los gobiernos de Argentina, Colombia, Perú, Chile, Paraguay y Canadá enviaron una carta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la que piden que se investiguen crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. La solicitud para la investigación en La Haya estuvo acompañada de dos informes. Uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de derechos humanos. Y el otro es un informe redactado por un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que concluyó que existe un “fundamento razonable” para considerar que once individuos, entre ellos Nicolás Maduro, y miembros de la Fuerza Armada, supuestamente han cometido crímenes de lesa humanidad y, por tanto, deben ser denunciados ante la Corte Penal Internacional.

La corrupción ha copado todos los estratos del régimen y se ha expandido en la sociedad. “En Venezuela rige un sistema de gobierno con rasgos propios del modelo cleptocrático, que se enfoca en el enriquecimiento de los directivos de empresas estatales que no rinden cuentas y permanecen en la impunidad, dijo en un informe de 1.300 páginas la ONG Transparencia Venezuela. La investigación de Transparencia relata entre otras cosas entre 1999 y 2014 se destinaron 37.691 millones de dólares a 40 proyectos de compra de equipos y construcción de instalaciones y “se descubrió un sobreprecio de 23.033 millones de dólares”.

El estudio recoge que el modelo cleptocrático se ha potenciado en las empresas propiedad del Estado a través del uso de leyes habilitantes y de decretos de Emergencia firmados por los presidentes Chávez y Maduro. Los instrumentos han permitido hacer grandes compras sin cumplir con procesos licitatorios, lo que ha incentivado hechos de corrupción de los que se han beneficiado funcionarios públicos, intermediarios y empresas proveedoras privadas.

El Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio,  declaró el 15 de agostos que “hay suficientes pruebas para establecer la culpabilidad” de Nicolás Maduro en los delitos de “corrupción y legitimación de capitales” y lo condenó a 18 años y tres meses de reclusión en la cárcel de Ramo Verde en el estado Miranda. Los miembros del TSJ nombrados por la Asamblea Nacional actúan desde el exilio por la presecuicón política del régimen de Maduro. El TSJ en Bogotá culminó el juicio promovido por la fiscal general, ilegalmente destituída y también en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien durante siete audiencias presentó pruebas con las que vinculó a Maduro con corrupcion a la empresa constructora Odebrecht en Venezuela. Además, el tribunal le impuso a Maduro una multa de 25 millones de dólares por corrupción propia y a resarcir al Estado 35.000 millones de dólares por legitimación de capitales, así como una inhabilitación política por el tiempo de la pena. El desmantelamiento de las instituciones ha permitido que esa sentencia quedara en saco roto.

Venezuela se ubicó en 2017 como el país con la menor puntuación de América en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional, lo que la ubica como el país más corrupto del continente. El índice analiza la corrupción del sector público y califica 189 países basándose en 13 evaluaciones de expertos, y utiliza una escala en la que 0 es altamente corrupto y 100 es muy transparente. El país está en la posición 169 del ranking general que evalúa a 178 países. Respecto al ranking del año 2016, Venezuela en 2017 cayó tres posiciones, quedando entre los 12 países más corruptos del planeta.

La corrupción y el desmantelamiento institucional la permitido al régimen de Maduro propiciar un ecocidio de enormes dimensiones. Al respecto la ONG SOS Orinoco envió a la Unesco y a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) un muy completo reporte “Situación Actual de la Minería Aurífera en el PN Canaima: Sitio de Patrimonio Mundial en Venezuela” en el que se lee “Como se podrá apreciar en algún punto de este reporte, la minería aurífera es una actividad imbuida dentro de una gran trama de delincuencia organizada que llega a todos los niveles del poder político venezolano actual, por lo que es necesario proteger la identidad de los investigadores y testigos. A lo largo de la investigación se hizo patente que la minería no es el único impacto humano relevante que se encuentra desatado, y que otros usos no regulados están teniendo también impactos severos. No entramos a evaluarlos, pero es necesario hacerlo con urgencia por cuanto están contribuyendo significativamente a deteriorar los valores patrimoniales del Parque Nacional Canaima  como Sitio de Patrimonio Mundial”.

Hace un año, Alberto Blanco Dávila, director y editor en jefe del Grupo Explora, indicó que el ‘ecocidio’ del Arco Minero del Orinoco es “el proyecto más devastador de todo continente, esto es un área de más de 111.000 Km2 , lo que representa el 12% del territorio nacional”

También el “mercadocidio”

El mercado es un maravilloso mecanismo, a medio camino entre “el instinto y la razón” que el ser humano ha ido desarrollando y perfeccionando a lo largo de miles de años, en millones de interacciones mutuas y que en los últimos tres siglos nos ha permitido alcanzar un nivel de bienestar, riqueza y prosperidad que nuestros antepasados no hubieran soñado. Hoy la mayoría de habitantes del planeta son primera vez en la historia clase media y alta mas que pobres.

Mientras tanto, la fatal arrogancia y mala intención del bautizado “socialismo del siglo XXI” que practica el régimen de Nicolás Maduro ha provocado que en uno de los países más ricos en recursos naturales del planeta escasee de todo, desde bienes de primera necesidad hasta el optimismo. Han arremetido contra los mecanismos del mercado, destruyendo las miles de interacciones voluntarias que cada día se daban en ese proceso de abastecer y abastecernos y de creación de  bienestar y prosperidad.

Entendamos “mercadocidio” como la destrucción de las estructuras de producción y de comercio de bienes y servicios. Eso es entonces lo que el régimen de Maduro ha hecho en Venezuela. Intervino el sistema de precios de los mercados, regulándolos caprichosamente, abatiendo la oferta y deprimiendo el consumo. Respecto a los precios, el Nóbel en Economía, Friedrich August von Hayek afirmaba “El sistema de precios es un instrumento registrador que automáticamente recoge todos los efectos relevantes de las acciones individuales. Sus indicaciones son la resultante de todas estas decisiones individuales y, al mismo tiempo, su guía”. Nos dejó ciegos y vulnerables.

Pero también destruyó los derechos de propiedad y el imperio de la ley, mediante confiscaciones ilegales y la cooptación del Poder Judicial que hace reinterpretaciones caprichosas y sesgadas de la Constitución Nacional. Las inversiones huyeron del país.

El régimen de Maduro ha llevado al país a su peor situación desde que existe como nación.

La economía completará en 2018 (-18%) cinco años consecutivos de contracción: 2014 -3,9%; 2015 -6,2%; 2016 -16,5%; 2017 -14,0% y 2018 -18,0% según datos del Fondo Monetario Internacional. Contracción que ya no es reducción, sino destrucción neta de la capacidad de producir bienes y servicios en el país. Más de tres generaciones de emprendimientos de venezolanos destruídas.

El reciente Informe de Competitividad Global 2018 del Foro Económico Mundial presenta a Venezuela en la posición 127 de 140 países, bajando 10 posiciones con respecto a 2017 –la caída más fuerte entre la lista de países participantes.

Como un drogadicto, el régimen monetiza un descomunal défict fiscal (que algunos economistas señalan en el orden del 25% del PIB) de un estado enorme, mórbido y ineficiente causando una hiperinflación, la más dañina en la historia de Latinoamérica, que supera el 1.000.000% y que el FMI estima que superá el 4.000.000% en 2019. La inflación es un impuesto que cobra el gobierno, saqueando el bolsillo de los venezolanos y que arruina a las familias.

Venezuela es hoy uno de los tres países más pobres del continente con un PIB per cápita de apenas 3.300 dólares, un retroceso de 60 años.

Los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2018) presentados en la Ucab el 30 de noviembre, reveló que 94% de los encuestados aseguró que sus ingresos son insuficientes para cubrir los costos de vida, que los ubica en una situación de dramática vulnerabilidad. Con ello el régimen pretende aumentar su control social sobre la población con los programas conocidos como misiones. La encuesta Encovi 2018 halló que 63% de la población es beneficiaria de alguna de las misiones que ofrece el gobierno, un aumento de 20% versus el año anterior. Destaca la de racionamiento de productos subsidiados (12 productos) conocida como Clap. En la muestra de la encuesta Encovi  el 80% admitió que compra bolsas o cajas CLAP y en el 90% de los hogares a los que llega la bolsa o caja hay algún miembro con el Carnet de la Patria. La destrucción de la dignidad es otra de las consecuencias del mercadocidio socialista.

El régimen de Maduro destruyó la “joya de la corona”: Pdvsa. Es una empresa arruinada y sin capacidad de recuperación. Y con ella destruyó también la Industria Petrolera Nacional. Al respecto, la Agencia Internacional de Energía dijo en un informe en octubre que “daño a largo plazo al potencial de producción de Venezuela se debe a la negligencia en el campo, la falta de capital y la experiencia que ha abandonado a Venezuela en los últimos años”. y agregó “No hay indicios en el horizonte de cambios macroeconómicos o de política que detendrían la disminución de la producción venezolana”. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, dijo en noviembre que la producción de crudo de Venezuela está en “caída libre” y que pronto podría disminuir bajo el 1 millón de barriles por día. La agencia Reuters publicó esta semana un informe especial con gráficos que retratan el notable deterioro.

Al deterioro petrolero, se suma el del Sistema Eléctrico Nacional, con constantes apagones y racionamientos, el del sistema de distribución de agua potable, con constantes cortes y apagones, el sistema de distribución de gas doméstico, el transporte público, el sistema de salud pública, en fin, la destrucción es masiva, y tendrá costos inmensos para el futuro de la nación.

Para el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga dijo en su balance del 2018 que , “deberá hacerse un censo de cuantas empresas quedan, aunque es una cifra muy dramática, de las 2.300 empresas que quedaban cerró un 15%. El volumen de la producción ha bajado increíblemente. Las empresas industriales hacen esfuerzos para poder abastecer los mercados”

La presidente de Consecomercio dijo en una entrevista en noviembre que  “Nuestros anaqueles continúan con la misma cantidad y precariedad de productos que hemos pasado todo el año” y exhortó al Gobierno a desarrollar nuevas políticas económicas que permitan liberar la oferta y la demanda. “Es un Gobierno que pareciera no entender que para la economía funcione debe haber libertad cambiaria”.

En su balance de fin de año, Fedecámaras afirma que El 2018 cierra como el peor año de la historia por las malas políticas del Gobierno. “el Producto Interno Bruto cae de nuevo en más del 15%, acumulando una caída en los últimos 4 años de más del 56%. La economía se ha reducido a la mitad. Más del 50% del parque industrial venezolano que continúa operando, trabaja a menos del 20% de su capacidad operativa. El agro solo logra abastecer el 25% del consumo nacional de alimentos. Tan solo este año ha cerrado cerca de 40% de los comercios en Venezuela. El sector construcción se encuentra paralizado en 95%.  Aumenta la lista de multinacionales que abandonan nuestro país”.

Para colmo, Venezuela termina el 2018 como el país más endeudado del continente americano, con una deuda externa del 159% en relación al PIB, y una deuda total que supera los 220.000 millones de dólares.

¿Y el 2019?

Son muchos los crímenes de destrucción nacional que ha cometido el régimen de Maduro. Sólo cuando la nación venezolana procese esos crímenes como delitos recobrará la paz y la senda a la prosperidad. Mientras tanto, la impunidad campea destruyendo más.

Termina el 2018 con el 85% de los venezolanos deseando que Maduro se vaya ya. El otro 15% quiere que Maduro se quede para siempre. La demolición institucional en tiranía hace que otras opciones sean irrelevantes. Usted decidirá, estimado lector, en cuál de ellas se anota.

Termina el 2018 como un “annus horribilis”. Si los dejamos el 2019 será peor. De nosotros dependerá


 

David Morán Bohórquez es ingeniero industrial y articulista venezolano. @morandavid

 

 

 

 

 

 

 

Corte Penal Internacional designa jueces para caso Venezuela por Edgar C. Otálvora – Diario Las Americas – 8 de Diciembre 2018

Los gobiernos miembros de la Unión Europea intentan alcanzar una posición común ante el inicio de un nuevo período presidencial en Venezuela el 10ENE19 para el cual no reconocen la legitimidad de Nicolás Maduro. En la agenda de la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la UE, a celebrarse en Bruselas el 10DIC18, fue incluido nuevamente el tema “Venezuela”. La vocera oficial de esta reunión del Consejo, consultada para este Informe, aseguró que no está prevista la aprobación de alguna resolución sobre Venezuela y se tratará sólo de un intercambio de opiniones sobre el tema.

En la reunión del 10DIC18 los ministros europeos continuarán el debate iniciado el 15OCT18 en el cual se asomó la propuesta, movilizada por España y Portugal, para “explorar la posibilidad de establecer un grupo de contacto internacional que podría, si se cumplen las condiciones, ayudar a facilitar un proceso político” en Venezuela.

Mediante la más reciente resolución sobre Venezuela, asumida por el Consejo el 06NOV18, la UE extendió por un año la prohibición de venta de armas al gobierno de Maduro y renovó las sanciones individuales impuestas a dieciochos jerarcas del régimen chavista señalados por violaciones de Derechos Humanos.

Cancillerías de Latinoamérica y Europa sopesan las opciones de proceder al cierre de sus respectivas Embajadas o el retiro de sus Embajadores en Caracas el 10ENE19. En medios diplomáticos en Venezuela y Bruselas, sin embargo, se pone en duda que los gobiernos europeos cierren sus embajadas en Caracas, por lo que el debate en la UE se centra en precisar la forma institucional de expresar el no reconocimiento a un nuevo gobierno de Maduro.

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Tres jueces fueron designados para iniciar un proceso penal contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Mediante comunicación suscrita por el juez Chile Eboe-Osuji quien preside la CPI, fueron designados los jueces Péter Kovács de Hungría, el francés Marc Perrin de Brichambaut y la beninesa Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou quienes conforman la Primera Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI. El juez Marc Perrin de Brichambaut es a su vez el Segundo vicepresidente de la CPI y encabezó hasta marzo pasado la sección de Salas de Cuestiones Preliminares. La asignación del caso a una sala de cuestiones preliminares fue consecuencia directa de la solicitud realizada por seis gobiernos americanos.

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El 26SEP18 el primer ministro Justin Trudeau y los presidentes Mauricio Macri, Iván Duque Marquez, Sebastián Piñera, Mario Abdó Benítez y Martín Vizcarra en nombre de Canadá y de las repúblicas de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú invocaron el artículo 14 del Estatuto de Roma que norma el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. El artículo 14 faculta a “todo Estado Parte” a “remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte”.

Mediante una comunicación que fue entregada el 27SEP18 en la sede de la CPI en La Haya, Países Bajos, los seis países solicitaron a la Fiscal de la CPI, la gambiana Fatou Bensouda, “iniciar una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habría tenido lugar en Venezuela bajo el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, a partir del 12 de febrero de 2014, con el fin de determinar si una o más personas específicas deben ser acusadas por la comisión de tales crímenes”. La llegada de la carta a manos de la Fiscal activó las normas 45 y 46 del Reglamento de la CPI. El mismo día 27SEP18, la fiscal Bensouda informó por escrito al presidente de la Corte sobre el contenido de la correspondencia recibida. El 28SEP18, el Presidente de la CPI, el nigeriano Chile Eboe-Osuji, emitió su decisión de remitir a la Primera Sala de Cuestiones Preliminares el caso enunciado como “Situación en la República Bolivariana de Venezuela”.

En su informe anual publicado el 05DIC18, la fiscal Fatou Bensouda aseguró que su oficina “continuará su evaluación de la información disponible para llegar a una determinación sobre si hay una base razonable para creer que los presuntos crímenes corresponden a la materia competencia de la corte” (…) y “continuará registrando denuncias de delitos cometidos en Venezuela [desde el 12FEB14] en la medida en que puedan entrar dentro de la jurisdicción de la corte”.

Hasta la remisión del caso venezolano a la Sala de Cuestiones Preliminares el 28SEP18, la investigación de las denuncias sobre delitos en lesa humanidad en Venezuela estaba solamente en manos de la fiscal Bensouda. Ahora el caso venezolano ha escalado dentro del proceso penal internacional al involucrarse un cuerpo de jueces que deberá solicitar la información acumulada por la Fiscalía, pronunciarse sobre la admisibilidad de la denuncia presentada y decidir si existen méritos para iniciarse el juicio. La Sala de Cuestiones Preliminares no emite sentencias pero una conclusión suya sobre la existencia de méritos para abrir un juicio implica la existencia de pruebas contundentes.

 

 

Report on Preliminary Examination Activities 2018 – Corte Penal Internacional – 5 de Diciembre 2018

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En el siguiente enlace pueden acceder al informe completo de la Corte Penal Internacional de La Haya, donde el análisis de la situación en Venezuela a partir de la pagina 29 :

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Se acerca el fin del periodo presidencial y la crisis aprieta a Maduro por Orlando Zamora – KonZapata – 2 de Noviembre 2018

Siguen las iniciativas que cercan a Nicolás Maduro a nivel internacional. Este jueves se agregaron a las restricciones operativas del Petro, las que operarán contra los que exporten oro proveniente de Venezuela hacia EE.UU., limitando así el empleo del metal como auxilio financiero para el gobierno de Maduro.
A Maduro le quedan dios meses y pico de gobierno  / Foto: WC

A Maduro le quedan dios meses y pico de gobierno / Foto: WC

La orden Ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump fortalece el bloqueo de propiedades y negocios en EE.UU. de personas y empresas ligadas a cualquier conexión económica con el régimen madurista.

Por su parte el Congreso de España emitió una resolución en la que señala al presidente venezolano de dictador, solicitando además que el gobierno de Pedro Sánchez se sume a la demanda intentada por 7 naciones en el Alto Tribunal de la Haya y por la Libertad de los presos políticos.

El Grupo de Lima persiste en sus acciones, al igual que el Parlamento Europeo. El Alto Tribunal de la Haya evalúa aceptar la querella introducida por siete naciones.

Vientos de tormentas azotan el horizonte

Mientras, en el escenario local innumerables conflictos por demandas salariales se multiplican en Guayana, Zulia, Caracas, y otras regiones.

Empleados de entes públicos manifiestan contra el ya bajo salario mínimo, cuyo mayor mérito fue achatar las escalas salariales. Sectores poco dados a protestas como los empleados y jubilados del BCV manifestaron este jueves frente a la Vicepresidencia de la República.

En estos eventos se combinaron junto a los del BCV, trabajadores del Metro, pensionados del IVSS, poniendo en evidencia la indignación por la temprana pérdida del poder adquisitivo del nuevo cono monetario. Las inter coordinadoras de conflictos constituyen un ingrediente nuevo que aglutina a disimiles tendencias ideológicas.

Por otro lado, el Gobierno está cada vez más arrinconado en el terreno de su legitimidad para mantenerse ejerciendo el poder hasta el 2025. Adelantar 7 meses las elecciones correspondientes a diciembre 2018, fue una viveza con patas cortas, hoy se evidencia, visto el grave drama que sacude al país.

A la orden de día se cuentan la paralización de unidades de transporte. Desde autobuses hasta ferris, aviones. Los semáforos tampoco funcionan. Y ello se combina con colas para la compra de alimentos. Pero no hay que engañarse, tampoco hay capacidad de compra suficiente. Y persisten los problemas en plantas y refinerías de la colapsada PDVSA, lo cual se concreta en las restricciones de gasolina y gas. Paralizaciones también atribuidas a importantes fallas eléctricas.

Por otro lado, el Gobierno está cada vez más arrinconado en el terreno de su legitimidad para mantenerse ejerciendo el poder hasta el 2025. Adelantar 7 meses las elecciones correspondientes a diciembre 2018,fue una viveza con patas cortas, hoy se evidencia, visto el grave drama que sacude al país.

También es reveladora la ausencia de piso político sólido para pretender que el tan cuestionado resultado del 20 de mayo exprese en este momento una correlación de fuerzas consistente y otorgue suficiente sustento institucional para avalar la dudosa presidencia de Nicolás Maduro correspondiente al período constitucional 2019-2025.

Igual condición de carencia de fuerza política, argumental y de hasta vigencia política, impide que se le consagre a la ilegitima de origen Asamblea Nacional Constituyente, fortaleza constitucional o moral. Sólo sirvió ayer de contención temporal a las fuertes protestas de febrero-junio de 2017.

Pero en este instante político, la ANC no es ni chicha ni limonada, el régimen no haya como emplear esta herramienta, tan mal concebida en hora y lugar, que hoy luce como una simple cuota de poder de Diosdado Cabello. La extensa duración de la ANC, sin propuestas claras y sentidas por la población en estas circunstancias aciagas, la han secado por dentro. Y mientras más dure, más se seca.

Muy por el contrario, se aceleran las luchas populares en defensa de la Constitución del 1999 blindada con el referéndum del 2007.

Pero Nicolás Maduro realiza otro viaje relámpago a Cuba para conmemorar el XVIII aniversario de las misiones y los tratados bilaterales de cooperación.

Todo ha cambiado. No cuentan con el ingenio de Fidel Castro para inventar o darles oxígeno a las acciones colectivas llamadas misiones, máxime sin los dólares con los que PDVSA estableció a médicos, deportistas, técnicos cubanos en barrios y campos venezolanos.

Tampoco habrá un segundo tiempo para demagogias populistas. Ni embelleciendo parques y plazas se ocultará la aguda crisis del pais.

Canadá: “CPI es fundamental para resolver la crisis de Venezuela” – 2001 – 29 de Octubre 2018

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El representante de Canadá en la sesión de la ONU, Marc-André Blanchard, manifestó este lunes que lo que determine la Corte Penal Internacional (CPI), en referencia a la demanda de Maduro en ese organismo, es fundamental para resolver la crisis de Venezuela.

“Creemos que la CPI es fundamental para resolver de Venezuela y de Myanmar y así reforzar un orden internacional basado en normas. Por ello junto a nuestros aliados de la región hemos remitido la situación de Venezuela a la CPI”, indicó el funcionario de Canadá.

Igualmente expresó, que mientras el proceso “va madurando”, hay que hacer lo suficiente para que sea más eficaz”. A su juicio, la CPI no puede cumplir con su mandato sin la cooperación de los Estados. “Debe operar sin obstáculos”, indicó.

Por último, el funcionario canadiense instó a los países a respetar la independencia de la CPI.

Los cancilleres de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, oficializaron el pasado 26 de septiembre una demanda al gobierno de Nicolás Maduro, donde piden a la Corte Penal Internacional que investigue a este, por presuntos delitos de lesa humanidad acaecidos en Venezuela.

A esta se le han sumado Costa Rica y Francia. Y recientemente Alemania dijo apoyar dicho proceso.

La demanda contra el gobierno de Venezuela, constituye la primera vez que países miembros de la corte, que tiene su sede en La Haya, piden a fiscales que investiguen a otra nación firmante.

Presidente de la Comisión Europea apoya llevar a Maduro ante la justicia internacional – La Patilla – 24 de Octubre 2018

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, escucha una traducción en vivo mientras asiste a una conferencia de prensa con el presidente colombiano Ivan Duque Márquez  en la sede de la CE en Bruselas, Bélgica, 24 de octubre de 2018. REUTERS / Eric Vidal

El titular de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, abogó este miércoles por llevar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante la justicia internacional, tras su primera reunión con el jefe de Estado colombiano, Iván Duque, en Bruselas.

“Esto es ahora un asunto para el sistema de justicia internacional. Este hombre tiene que ser llevado ante los tribunales”, dijo en rueda de prensa Juncker, tras defender el papel de Colombia en la acogida de refugiados venezolanos.

La Comisión Europea (CE) es el órgano ejecutivo y de iniciativa legislativa sobre el Parlamento europeo y el consejo de la Unión Europea. Se encarga de proponer la legislación, la aplicación de las decisiones, la defensa de los tratados de la Unión y del día a día de la UE. Se encarga de proponer la legislación, la aplicación de las decisiones, la defensa de los tratados de la Unión y del día a día de la UE.

El presidente del ejecutivo comunitario respondía a una pregunta sobre una eventual acción internacional “más decidida” para “aislar la dictadura del señor Maduro”. “No nos gusta esta dictadura”, respondió el ex primer ministro luxemburgués.

El presidente colombiano agradeció a la Unión Europea (UE) su ayuda financiera para hacer frente a la llegada de migrantes venezolanos. “Queremos adicionalmente seguir denunciando los atropellos de la dictadura en Venezuela”, agregó.

La UE impuso en el último año sanciones contra Venezuela, país sumido en una crisis política, económica y humanitaria, por menoscabar, a su juicio la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.

Además de adoptar un embargo de armas, el bloque impuso la prohibición de visados y la congelación de activos para 18 responsables europeos, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez, aunque evita sancionar a Maduro, como hizo Washington, para mantener los canales de comunicación.

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