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Fatou Bom Bensouda contra las víctimas venezolanas por Miguel Henrique Otero – Editorial El Nacional – 15 de Diciembre 2019

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El pasado lunes 9 de diciembre, los diputados venezolanos Franco Casella y Wilmer Azuaje presentaron ante la Corte Penal Internacional documentos que contienen pruebas de crímenes sistemáticos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.

Las fotografías, que circularon por las redes sociales, son brutales e inequívocas: muestran que José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Agostini, Daniel Soto, Jairo Lugo, Abraham Lugo, Lizbeth Ramírez (que estaba embarazada) y Óscar Pérez recibieron tiros de gracia por parte de las fuerzas militares del régimen que los asesinaron, durante lo que se conoce como “La masacre de El Junquito”. Los venezolanos recuerdan, no sin estupefacción, cómo Nicolás Maduro se ufanó ante las cámaras de televisión de que su orden se hubiese cumplido. Estas pruebas ratifican lo que ya sabemos: Óscar Pérez ofreció rendirse, pero el mandato que tenía la desproporcionada fuerza militar a cargo de la operación era irrevocable: había que asesinarle a él y cada uno de sus acompañantes. Y propinarles a cada uno tiros de gracia.

Estas pruebas y testimonios no son excepcionales. Vienen a sumarse a las que ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, expertos juristas en la materia de los derechos humanos, autoridades de varios países -Canadá, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y Chile-, y también la Organización de Estados Americanos -que entregó un informe elaborado por equipos del más alto nivel internacional, avalado por su secretario general, Luis Almagro- han consignado para demostrar, bajo los parámetros técnicos que exige la Corte Penal Internacional, que en Venezuela se han cometido y se cometen delitos de lesa humanidad, que obligan a la apertura inmediata de un juicio.

Debo detenerme en un aspecto de lo dicho, cuya relevancia quizás no ha sido del todo adoptada por la opinión pública. Desde que fue creada en julio de 1998, como una decisión de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de una Corte Penal Internacional, es la primera vez que un Estado miembro -en este caso, seis Estados- solicitan a la entidad que investigue los crímenes cometidos en otro Estado miembro. La petición -y esto también tiene un carácter extraordinario- se fundamenta en tres informes: uno de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; otro de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU; y un tercero de la Organización de Estados Americanos. El conjunto ofrece un irrefutable conjunto de evidencias, sostenidas por sólidos criterios técnicos. La respuesta del gobierno de Maduro no ha sido la de detener o disminuir las conductas asesinas. Se ha limitado a decir que es una conspiración contra Venezuela, aunque en realidad, la petición va dirigida, en concreto, en contra de la cadena de mando responsable de los crímenes.

El pasado 5 de diciembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, a cargo de Fatou Bom Bensouda, publicó el informe anual correspondiente a situaciones en examen preliminar. Lo primero que hay que señalar es que el estatus no ha cambiado: permanece sin avanzar. Está anclado en la fase 2, lo que hace patente que, para esa instancia, los hechos de Venezuela -que siguen produciéndose- no tienen prioridad. En otras palabras: no reconoce que se hayan cumplido las condiciones que autorizan a comenzar la fase investigación previa al juicio de carácter penal. Esta es, de entrada, la primera mala noticia para las víctimas, para los sobrevivientes y para los familiares de quienes han sido torturados y asesinados siguiendo rigurosos patrones procedimentales y de ejecución.

Hay que señalar aquí que Fatou Bom Bensouda tiene un amplio conocimiento de los crímenes cometidos por los regímenes de Chávez y Maduro, puesto que antes de que asumiera su cargo actual -junio de 2012- ocupó el cargo de fiscal adjunta, desde septiembre de 2004. Significa que tiene 15 años al tanto de la tragedia venezolana.

Pero el retraso no es la única mala noticia. En el informe se escenifica una realidad político-social, completamente falsa: como una sociedad dividida entre dos fuerzas enfrentadas -la tesis que el régimen propagó a través de lobistas y agencias de relaciones públicas-, y no como lo que es: un poder delincuencial y asesino, dedicado a perseguir y a castigar a la sociedad entera. En el informe se habla, por ejemplo, de marchas multitudinarias a favor del gobierno. Es decir, de una realidad que no existe en los últimos cinco años. Se pretende, además, que la dirigencia opositora venezolana carece de apoyo en la sociedad venezolana. Algo que es un verdadero escándalo: ni una palabra de los más de 4 millones de personas que han huido del país.

La memoria jurídica presentada demuestra hechos sustantivos, que no pueden ser obviados por ningún observador, salvo que guarde alguna afinidad con el régimen criminal. Se demuestra que existe un plan elaborado al más alto nivel del poder venezolano; se demuestra que existe una cadena de mando, que va de los autores intelectuales a los ejecutores, que han actuado en las olas represivas de los años 2014 y 2017; se demuestra que hay patrones de conducta que se repiten en el tiempo para violar preceptos como el derecho a la vida, a las libertades políticas, a la libre expresión y otros; se documentan los lugares y los espacios en los que se cometieron los delitos; se señalan, en la mayoría de los casos, a los integrantes de la cadena de mando; se establece, con evidencias indiscutibles, la relación entre los discursos de odio de los jerarcas del régimen y las acciones de violencia desproporcionada y criminal de cuerpos policiales, militares, paramilitares y otros órganos del Estado venezolano; se demuestra que estos crímenes tienen un carácter masivo y sistemático; se establece, con total claridad, que la responsabilidad no solo son por acciones cometidas, sino también por omisión.

Por lo tanto, responsablemente debo señalar: ojalá que este retraso no sea el preámbulo de una trampa tendida a las víctimas para evitar que se haga justicia. Y más: ojalá que no se esté construyendo una ruta para archivar las denuncias.

Almagro insta a la CPI investigar de inmediato tortura en Venezuela con apoyo de Cuba – La Patilla – 13 de Diciembre 2019

(Photo by Federico PARRA / AFP)

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, instó el jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) a investigar “de inmediato” la tortura a opositores al gobierno en Venezuela con apoyo de agentes cubanos, que según dijo se recrudeció en 2019.

“El uso sistemático y generalizado de la tortura en Venezuela como parte del ataque contra quienes aspiran a recuperar derechos fundamentales y democracia constituye claramente un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado de inmediato por la Fiscalía de la CPI”, dijo.

Almagro acogió en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la presentación del informe anual del Instituto Casla, un centro de estudios sobre América Latina con sede en Praga.

El reporte acusa al gobierno de Nicolás Maduro de “represión sistemática” y de cometer “crímenes de lesa humanidad”.

El Instituto Casla descubrió nuevas pruebas respecto a la metodología de la tortura en los centros clandestinos bajo clara influencia cubana”, dijo Almagro, junto a la directora ejecutiva de ese centro, Tamara Suju.

Almagro destacó la falta de “garantías esenciales” para los ciudadanos en Venezuela, donde “el sistema judicial sirve solo a los intereses del régimen” y “las fuerzas de seguridad persiguen sistemáticamente a todo individuo que no obedezca al sistema dictatorial”.

“Incluso en las zonas urbanas al país, que tradicionalmente eran leales al régimen, ahora el gobierno está enviando las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la policía, así como a los ‘colectivos’ (grupos armados ilegítimos que apoyan a Maduro), para controlarlas e impedir con eso cualquier disenso”, dijo.

Precisamente en esas zonas se están registrando “miles de ejecuciones extrajudiciales”, apuntó.

Almagro recordó que el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicado en julio reportó 5.287 ejecuciones extrajudiciales en 2018 y 1.569 de enero a mayo de 2019, confirmando lo que la OEA ya había documentado en 2018.

También mencionó “palizas, descargas eléctricas en genitales, asfixia, violación, y otras formas de violencia” con un “claro” objetivo ejemplarizante, “para sembrar terror”. Y dijo que hasta la semana pasada se tenía registro de la detención arbitaria de unos 400 opositores venezolanos.

En febrero de 2018, la CPI lanzó investigaciones preliminares sobre presuntos crímenes en Venezuela durante masivas protestas contra Maduro en 2017, que dejaron unos 125 muertos.

En un informe publicado el 5 de diciembre, la oficina de la fiscal de la CPI señaló que “a comienzos de 2020” espera finalizar su evaluación de los documentos aportados entre otros por la OEA y la ACNUDH. AFP

El hermano de Óscar Pérez: «El mundo debe saber que estos criminales siguen actuando desde Venezuela» por Manuel Trillo – ABC – 13 de Diciembre 2019

Luis Armando Pérez pide asilo en España y llama a tomar medidas para parar al régimen de Maduro

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Al venezolano Luis Armando Pérez, exempleado de banca de 41 años, ya no le quedan hermanos vivos. El menor, Óscar Pérez, era el policía que se sublevó contra el régimen de Nicolás Maduro tomando un helicóptero en 2017 y que fue masacrado junto a otros seis rebeldes en El Junquito en 2018. Antes había sido asesinado el mediano, Alexánder.

Tras salir de Venezuela hace más de dos años y pasar por varios países de Sudamérica, Luis Armando está en España, donde ha solicitado asilo. Ayer acompañó a los diputados en el exilio Wilmer Azuaje y Franco Casello en la presentación de unas espeluznantes fotos y vídeos de la matanza de El Junquito, que han aportado a la Corte Penal Internacional y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU como pruebas de crímenes de lesa humanidad.

«Vine a dar la cara porque hay que pararles. El mundo debe saber que estos criminales, que tienen una red de corrupción y están relacionados con grupos terroristas, siguen actuando desde Venezuela», declara a ABC. Además, advierte de que «son un virus y se están expandiendo para ampliar sus tentáculos». Por ello pide al Gobierno español que permanezca atento y «filtre» a los venezolanos que llegan, ya que entre ellos considera que hay personas vinculadas al régimen enriquecidos con el dinero «robado» al pueblo. Además, insta a imponer sanciones a los jerarcas chavistas como las de EE.UU.

Un héroe que compara con Jesucristo

A Luis Armando Pérez no le gusta que a su hermano le llamen «el Rambo venezolano». Para él, es un auténtico «héroe» y más bien lo compara con el propio Jesucristo por la magnitud de su sacrificio.

Los dos diputados venezolanos indicaron que las imágenes prueban que lo de El Junquito fueron asesinatos a sangre fría, pese a que Pérez y sus compañeros habían capitulado. «Cuando te rindes, tienes derecho a la vida», explicó Wilmer Azuaje, pero en este caso «les dieron tiros a quemarropa».

Según dice, así lo demuestran los restos de pólvora en los tatuajes, los impactos de bala en los brazos que indican una postura defensiva y que las armas de las víctimas estaban cargadas, es decir, que no habían disparado.

Pese a que parte de los familiares han mostrado su malestar por la difusión de las fotos, creen que son necesarias para mover a la acción. Si no se hubiesen mostrado las imágenes del horror del Holocausto, «no se habría sensibilizado para que no se repitiera», aseguró Franco Casella.

 

Comunicado de Un Mundo Sin Mordaza sobre el ingreso de Venezuela al Consejo de DDHH de la ONU – 18 de Octubre 2019

El gobierno argentino presentará en La Haya un informe reservado sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela – Infobae – 22 de Septiembre 2019

Fue elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos en base a testimonios de venezolanos que residen en el país. Denuncian asesinatos, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución política

La Guardia Nacional Bolivariana reprimiendo a manifestantes en una marcha en Venezuela (Photo by Federico PARRA / AFP)

La Guardia Nacional Bolivariana reprimiendo a manifestantes en una marcha en Venezuela (Photo by Federico PARRA / AFP)

El Gobierno argentino, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, elaboró un informe que detallagraves violaciones a los derechos humanos sufridas por ciudadanos venezolanos a manos de la dictadura de Nicolás Maduro. El documento es el resultado de la recopilación de testimonios de 44 venezolanos que residen en el país, quienes describieron distintas vejaciones sufridas en el país caribeño.

“La totalidad de los declarantes manifiestan haber sido víctimas o testigos de algún tipo de persecución por motivos políticos y/o ideológicos. Se constata que la persecución se ha manifestado en diversas expresiones como ejecuciones extrajudiciales, encarcelamiento, privaciones graves de la libertad física y torturas“, explica el informe.

El documento será enviado a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya -en Holanda- y tiene como objetivo proveer nueva información a la fiscalía del organismo jurídico que, desde febrero de 2018, lleva a cabo un “examen preliminar” para analizar la posible comisión de crímenes de su competencia. En concreto, crímenes de lesa humanidad.

El documento especifica que 29 de los 44 casos “se corresponden a conductas que encuadrarían en posibles crímenes de lesa humanidad, según lo estipulado en el Estatuto de Roma”, instrumento rector de la CPI . No obstante, el ministerio de Justicia aclaró que, al no ser “autoridad competente para concluir si los hechos mencionados constituyen o no” este tipo de delitos, evitó realizar este tipo de juicio a la espera de que lo haga la fiscalía del órgano.

La Corte Penal Internacional (Reuters)

La Corte Penal Internacional (Reuters)

A la hora de describir los delitos denunciados, el informe se divide en cuatro secciones: Persecución; Tortura; Encarcelamiento y/o Grave Privación de la Libertad Física y Ejecuciones Extrajudiciales, Desaparición Forzada y otras formas de Violencia Sexual. En este último resalta tres testimonios particulares que describen con crudeza actos llevados a cabo por el régimen.

Persecución

Todos los venezolanos que aportaron su testimonio manifestaron ser víctimas o testigos de algún tipo de persecución y explicaron el modus operandi de los agentes del régimen: “se ejecutaba luego de identificar a personas que participaban en manifestaciones contra el gobierno, hubieran hecho declaraciones públicas, denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, o fueran miembros y/o dirigentes de partidos políticos opositores

.La persecución, explicaron, podía manifestarse de distintas maneras: “Amenazas públicas por parte de las autoridades,

Judicialización de la política y politización de la justicia, invención de causas penales, inhabilitación política, privación al derecho a la libre expresión, allanamientos ilegales de la vivienda, represión violenta con excesivo uso de la fuerza y exilio forzoso“.

El dictador venezolano Nicolás Maduro

El dictador venezolano Nicolás Maduro

El accionar “derivaba en la detención arbitraria e ilegal de personas, que eran conducidas a centros de detención donde permanecían incomunicados” y sufrieron las torturas descriptas en el apartado siguiente.

Torturas 

Los denunciantes afirmaron ser tanto víctimas como testigos de los actos de tortura cometidos por los agentes del régimen. Entre ellos mencionaron:

  • Golpes físicos dados hasta dejar inconsciente a la víctima
  • Posicionarse en cuclillas o arrodillados durante horas
  • Estar parados sobre asfalto caliente
  • Mantenerse en situación de hacinamiento
  • Encierro en espacios reducidos por horas
  • Ataques con bombas lacrimógenas en lugares cerrados
  • Disparos a quemarropa
  • Electrocución
  • Asfixia
  • Privación del sueño
  • Utilización de picanas eléctricas en piernas, testículos y brazos

En todos los casos, el motivo de la tortura tuvo como objetivo lograr que las víctimas denuncien a otras personas consideradas como “opositores y/o traidores a la patria” por el régimen.

Encarcelamiento y/o Grave Privación de la Libertad Física

Prácticamente todos los declarantes aseguraron haber sido encarcelados de manera arbitraria. En su gran mayoría, las futuras víctimas eran marcadas en manifestaciones. Pero el informe también hace referencia a casos de allanamientos y detenciones ilegales a personas que se encontraban en listas.

“El encarcelamiento era generalmente en condiciones infrahumanas, en donde se producía hacinamiento, encierro en celdas de dos metros por un metro y medio, los ataban durante horas, celdas oscuras sin ventilación, imposibilidad de asearse e incomunicación indefinida“, describe el documento, que menciona centros de detenciones como “La Tumba” y “El Helicoide”.

El Helicoide, sede del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) en Caracas

El Helicoide, sede del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) en Caracas

Ejecuciones Extrajudiciales, Desaparición Forzada y otras formas de Violencia Sexual

A la hora de profundizar esta sección, el informe destaca tres testimonios de personas cuyas identidades fueron mantenidas a resguardo. Uno de ellos corresponde a un Fiscal del Ministerio Público, que se desempeñó como Fiscal de Garantías entre 2015 y 2017, cuando Maduro ya estaba en el poder.

En 2015, indicó, comenzó la llamada “Operación para la Liberación del Pueblo” donde “se llevaron a cabo 1.700 ejecuciones extrajudiciales“. “Las victimas se encontraban en su casa durmiendo, las Fuerzas Armadas llegaban y los ejecutaban”, aseguró la persona, que dijo contar con fotos y videos que confirman su testimonio.

Otro testigo describió como su hermano fue asesinado por agentes de la FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), mientras que “algunos testimonios manifiestan tener conocimiento de gente desaparecida y víctimas que fueron violentadas sexualmente, ultrajadas por armas de militares“.

Todos los entrevistados apuntaron hacia Maduro y su aparato represivo como responsables, y también mencionaron a otros jerarcas de las fuerzas de seguridad. Entre ellos se encuentran el General Néstor Reverol, Ministro de Interior de Justicia y el General Antonio Benavidez Torres, Comandante General de la Guardia Bolivariana.

Los testimonios fueron recabados entre julio y agosto de este año, luego de que el presidente Mauricio Macri habilitara el Centro de Orientación a Migrantes a ese efecto.

Sin embargo, el ministro de Justicia Germán Garavano expresó durante una conferencia de prensa esta semana que no se recibieron nuevas denuncias luego del resultado de las PASO. “Eso lo atribuimos al temor que puedan tener de eventuales represalias en un eventual gobierno kirchnerista”, indicó el ministro.

El ministro de Justicia, Germán Garavano

El ministro de Justicia, Germán Garavano

No obstante, el documento elaborado se sumará a otras acciones tomadas a nivel internacional contra el régimen de Maduro. Entre ellas se destaca el informe de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por la alta comisionada Michelle Bachelet, y la denuncia, también ante la CPI, por parte de Argentina y otros cinco países.

Presentado en julio de este año, el llamado “Informe Bachelet” denuncia que en el último decenio, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno“.

El 9 de septiembre, Bachelet presentó ante la ONU una actualización del texto original y lamentó que el chavismo no haya tomado las medidas que sugirió para reducir la violencia estatal contra los venezolanos.

 

Ante la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos señaló que su organismo “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país“, en referencia al organismo que exigió disolver.

Michelle Bachelet

Michelle Bachelet

En tanto, en septiembre de 2018 Argentina, junto a otros cinco países -Perú, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay- remitieron formalmente la situación venezolana ante la CPI.

Esta acción se mueve en paralelo a la investigación de la fiscal y constituyó la primera vez en la historia del órgano jurídico donde un Estado miembro-en este caso un grupo de Estados- denunció a otro. Todos los casos previos habían sido enviadas por los propios Estados, luego de que sus autoridades se consideraran imposibilitadas de llevar a cabo investigaciones propias, ya sea por motivos económicos o políticos.

La principal diferencia entre la investigación de la fiscal y la denuncia es procesal: en la primera, si la fiscal concluye que existe evidencia suficiente para comenzar una investigación formal, debe solicitar la autorización de una Sala de Cuestiones Preliminares. En tanto, si decide que la denuncia de los otros Estados miembros es atendible, puede prescindir de la autorización y comenzar una investigación que derive en un proceso formal.

El mundo podrá evadir la realidad con Venezuela, pero no evitará las consecuencias de evadirla por Orlando Avendaño – PanamPost – 14 de Septiembre 2019

La región podrá seguir jugando al apaciguamiento con un régimen criminal y de pretensiones expansionistas pero, ¿qué hará cuando ocurra lo inminente, cuando la realidad sea simplemente insostenible?

BOGOTÁ (COLOMBIA), 12/09/2019. Iván Duque en Bogotá. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

¿Qué pasaría si la región y el mundo neciamente siguen optando por las vías diplomáticas para intentar resolver el caso venezolano? ¿Qué pasaría si continúan rechazando, en su mayoría, la alternativa de la fuerza? Nada de ello altera la realidad. Y eso lo sabe muy bien Colombia, afortunadamente.

La región podrá seguir jugando al apaciguamiento con un régimen criminal y de pretensiones expansionistas (me refiero, también, a Cuba) pero, ¿qué hará cuando invadan Polonia o mueran más kosovares? ¿Qué hará cuando ocurra lo inminente, cuando la realidad sea simplemente insostenible? Suenan los tambores, que los malos ya probarán su blitzkrieg.

En este caso Polonia es Colombia y se expone a una desestabilización demográfica y económica que ningún país podría aguantar; pero, además, ya todos sabemos gracias a la revista Semana que existe un proyecto para desequilibrar a la sociedad y al Estado colombiano por la vía de atentados precisos.

Ante esa realidad —nuevamente, ineludible y que siempre se impondrá—, hemos visto ciertos gestos del Gobierno colombiano que hablan de una voluntad de preparación ante la eventual utilización de la fuerza y el conflicto.

Iván Duque, quien ha encabezado los esfuerzos regionales por llevar a la dictadura chavista a la Corte Penal Internacional, lleva meses asomando muy bien su disposición de confrontar en todos los terrenos al régimen de Nicolás Maduro y su ánimo de amparar grupos terroristas colombianos. En mayo de este año, fue el colombiano el que invitó «a Guaidó a facilitar la captura de miembros del Ejército de Liberación Nacional en Venezuela».

Asimismo, Duque ha venido solicitando «hacer valer» la herramienta de la Resolución 1373 de las Naciones Unidas frente al hecho de que Venezuela es hoy santuario de terroristas. Como detalle notable, en medio de una narrativa que se ha venido construyendo, vale señalar que como embajador ante las Naciones Unidas el Gobierno de Duque designó en octubre del año pasado a Guillermo Fernández de Soto, el mismo que en septiembre de 2001, cuando se aprobó la Resolución sobre el terrorismo, estaba en el Consejo de Seguridad. Dicha resolución es severa ante los Estados que pretenden cobijar a estas asociaciones criminales.

Ha sido Duque, también, uno de los más enérgicos promotores de la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en la Organización de Estados Americanos con respecto al caso venezolano. El discurso del canciller Carlos Holmes Trujillo de esta semana demostró cuán en serio se toma Colombia la amenaza que representa Venezuela como paraíso de criminales.

«En los últimos tres años los grupos armados ilegales han pasado de tener una retaguardia estratégica a constituir un enclave criminal en Venezuela», denunció ante la Organización el canciller. De igual forma, el embajador colombiano Alejandro Ordoñez fue tajante: «¿Acaso convertirse en una empresa criminal no es una amenaza? ¿Acaso propiciar, financiar y armar al terrorismo para que afecte a Colombia y a otros países no es una amenaza?».

«¡Es una amenaza continental!», remató el embajador. Y, siendo inusual, fue ruidosamente aplaudido.

Luego de que todos nos enteramos de la decisión de las FARC de retomar las armas, Iván Duque anunció su determinación de combatir al grupo terrorista. También anunció algo clave a todos: habló por teléfono con el presidente legítimo Juan Guaidó.

Se desconocen los términos de la conversación, pero uno podría especular: no fue afable; en cambio, se dieron órdenes. «Necesitamos A, B y C». A las horas desde Venezuela se informaba lo siguiente: autorización a satélites para ubicar a los cabecillas de las FARC en territorio venezolano y la declaración en el Parlamento de esos grupos como terroristas.

Lo he escrito y sostengo: para Colombia, su Gobierno, y los colombianos, la resolución de la tragedia venezolana es un tema de supervivencia. Su existencia estable como Estado democrático y civilizado hoy pasa por lograr esos objetivos superiores. No podrá el país de Duque —y su Gobierno— aguantar el desarrollo de esta dinámica que contempla otros millones de migrantes y amenazas letales a su seguridad.

No hay duda: el Gobierno colombiano lleva meses preparando el argumento legal y político para lo inminente. Jamás será lo deseable, pero en Nariño entienden muy bien que la realidad no se puede alterar y que siempre se terminará imponiendo. Lo clave hoy es si frente a la Lafayatte Square en DC también lo comprenden.

Pero, como dice esa frase que alguna vez apuntó la filósofa Ayn Rand, «se puede evadir la realidad pero no se pueden eludir las consecuencias de evadir la realidad».

Cuando se ensaya la blitzkrieg o cientos de miles de kosovares son asediados por fuerzas invasoras, quedarse de brazos cruzados no es una opción.

La fase de investigación en la Corte Penal Internacional por Mariano de Alba – ProDaVinci – 28 de Agosto 2019

 

Nueva sede de la Corte Penal internacional en la Haya, en los Países Bajos. Fotografía de Martijn Beekman | ANP | AFP

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El 8 de febrero de 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició un examen preliminar sobre los hechos ocurridos entre los meses de abril y julio de 2017 en Venezuela. El 27 de septiembre de 2018, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú solicitaron a la Fiscalía una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela a partir del 12 de febrero de 2014.

El 5 de diciembre de 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que la situación en Venezuela se encontraba en la fase 2 del examen preliminar. Las cuatro fases que conforman el examen preliminar ya las explicamos detalladamente aquí en Prodavinci. En la fase 2, la Fiscalía realiza una evaluación de la competencia de la Corte. En la fase 3, se concentra en valorar la admisibilidad y, finalmente, en la fase 4, evalúa el interés de la justicia. Todo lo anterior con la finalidad de determinar si existe una base razonable para continuar hacia la investigación.

Aunque para la fecha de publicación de este texto se desconoce públicamente el estatus del examen preliminar y cuándo la Fiscal podría anunciar su decisión sobre si la situación en Venezuela va a pasar hacia la etapa de investigación, resulta conveniente explicar qué puede suceder y esperarse de una eventual continuación del procedimiento.

Del examen preliminar a la investigación

No existe un plazo máximo de duración para que la Fiscalía concluya el examen preliminar. Sin embargo, la práctica de la Corte ha demostradoque cuando hay una remisión por parte de uno o varios Estados, ese tiempo de duración disminuye considerablemente. Ese podría ser el caso de Venezuela luego de la remisión realizada por seis países del continente americano en septiembre de 2018. Los Gobiernos de Alemania, Costa Rica y Francia han apoyado públicamente el examen preliminar, pero no se han sumado formalmente a la remisión, limitándose a un apoyo mediático. Mientras mayor sea el número de Estados que remitan formalmente la situación venezolana a la Corte, mayor presión tendrá la Fiscalía para avanzar con su misión.

En este momento, al menos uno de los seis países que realizaron la remisión podría tratar de solicitar información concreta a la Fiscalía sobre el estatus del examen preliminar. Para ello, existe un precedente del año 2006, cuando el Gobierno de la República Centroafricana, que previamente había remitido una situación de su propio país, solicitó información. En respuesta, la Sala de Cuestiones Preliminares solicitó a la Fiscalía que compartiera cómo iba la evaluación sobre el caso. En cualquier caso, al final de cada año, la Fiscalía emite un reporte informando el estado de todos los exámenes preliminares que adelanta, por lo que en diciembre de 2019 habrá una actualización del estatus del examen preliminar sobre la situación en Venezuela.

El Estatuto de Roma, el tratado internacional que contiene las normas que regulan el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, prevé que la Fiscal, después de evaluar la información que dispone durante el examen preliminar, debe necesariamente iniciar una investigación salvo que no existan fundamentos razonables para proceder. En principio, esa posible decisión de no proceder con la investigación depende de la discreción de la fiscal. Cabe destacar que el período de la actual fiscal, Fatou Bensouda, finaliza en junio de 2021. La Corte ya ha iniciado las gestiones para buscar su reemplazo.

En el caso de Venezuela, dado que seis países remitieron la situación, si la fiscal considera que no hay que avanzar hacia la investigación, entonces la decisión puede ser revisada por la Sala de Cuestiones Preliminares. La Sala de Cuestiones Preliminares I, compuesta por los jueces Péter Kovács (Hungría), Marc Perrin de Brichambaut (Francia) y Reine Alapini-Gansou (Benín), es la responsable de decidir todo lo concerniente con la situación de Venezuela durante el examen preliminar y la investigación. Dicha Sala tendría que hacer, entonces, su evaluación y, según el lenguaje del artículo 53(3)(a) del Estatuto, podría pedirle a la fiscal “que reconsidere esa decisión”. El lenguaje de la disposición parece dejar a la discreción de la fiscal la determinación final de avanzar, incluso si la Sala de Cuestiones Preliminares no coincide con su criterio. El único caso donde la determinación de la Sala de Cuestiones Preliminares sería vinculante es si la decisión de la Fiscal de no avanzar hacia la investigación tiene como fundamento que la continuación de la investigación no está en el “interés de la justicia”.

Aspectos distintivos de la investigación

Conforme al Estatuto de Roma, si la Fiscalía decide avanzar con sus indagaciones, entonces debe ampliar “la investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal”. Recordemos que la Corte Penal Internacional tiene como misión juzgar a las personas que tengan la mayor responsabilidad por los crímenes cometidos. En un informe publicado en el año 2016, la Fiscalía reveló que, visto que la Corte tiene recursos limitados, su política es presentar un número restringido de acusaciones que sean representativas del alcance general de los crímenes cometidos, acusando a aquellas personas que tengan la mayor responsabilidad por los crímenes más serios.

Durante la investigación, la Fiscalía tiene la obligación de investigar “tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes” y respetar “los intereses y las circunstancias personales de víctimas y testigos”. El Estatuto prevé que la persona que esté siendo investigada no debe ser obligada “a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”, teniendo derecho a “guardar silencio” y “ser asistida de un abogado defensor”. Si esas normas no son respetadas, entonces la Corte eventualmente podría excluir pruebas o testimonios obtenidos durante la investigación.

Para realizar diligencias concretas de investigación, la Fiscalía debe enviar una solicitud a las autoridades del Estado relevante a través de los mecanismos diplomáticos regulares. La regla general es que el Estado mantendrá el carácter confidencial de cualquier solicitud, excepto cuando la divulgación sea necesaria para tramitar la diligencia solicitada. En su artículo 93(4), el Estatuto permite al Estado requerido rechazar una solicitud de asistencia si “se refiere a la presentación de documentos o la divulgación de pruebas que afecten a su seguridad nacional”. Esa disposición podría ser objeto de abuso por parte de gobiernos que no deseen cooperar con la Corte.

Un punto central sobre la fase de investigación es que es llevada adelante por la Fiscalía de una instancia judicial internacional. Usualmente, las fiscalías de cada país tienen acceso irrestricto a las pruebas, a los testigos y pueden realizar inspecciones y practicar allanamientos sin grandes obstáculos. Para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es más complicado porque la investigación supone, esencialmente, adelantar labores en el territorio de un Estado soberano. En consecuencia, el éxito de las gestiones depende de la receptividad que tenga el Estado donde la Fiscalía quiere investigar. Esto significa que la investigación podría ser muy complicada cuando tiene que ser realizada en un país cuyo Gobierno se vea amenazado por esa investigación.

Los Estados Parte del Estatuto de Roma tienen la obligación general de cooperar “plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes”. Teóricamente, si un Estado se niega a cooperar, la Fiscalía puede llevar a cabo la investigación sin el consentimiento y cooperación del respectivo Gobierno. Para ello tendría que obtener una autorización especial de la Sala de Cuestiones Preliminares, que sería emitida si ésta determina que el Estado es incapaz de ejecutar la solicitud de cooperación.

En la práctica, la situación es más complicada porque es difícil para los funcionarios internacionales de la Fiscalía realizar diligencias concretas de investigación si no cuentan con la aprobación del Gobierno en cuestión. Por tanto, el artículo 87(7) del Estatuto prevé que cuando un Estado se niega a cooperar con la Corte, la Fiscalía también puede acudir a la Sala de Cuestiones Preliminares para que ésta determine formalmente la falta de cooperación y remita ese fallo a la Asamblea de Estados Partes, cuya facultad está limitada a señalarlo públicamente para que la denegación de cooperación tenga un costo político. Cabe destacar que Venezuela no paga su cuota de contribución ante la Corte Penal Internacional desde septiembre de 2012. Adeuda más de 8 millones de dólares y, por ende, tiene suspendido el derecho a voto en la Asamblea de Estados Partes. El Reglamento de la Corte requiere que antes de realizar cualquier determinación, la Sala de Cuestiones Preliminares deberá oír a las autoridades del Estado involucrado.

La cooperación internacional en la recolección de la evidencia

Durante la investigación, la Fiscalía también puede requerir la cooperación de otros Estados u organizaciones internacionales. Esta alternativa podría ser relevante en el caso venezolano.

En el mes de julio de 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina realizó una convocatoria a los venezolanos para que brinden “sus testimonios e información que consideren útil sobre posibles violaciones a los derechos humanos en su país”. Luego de las primeras semanas, un equipo del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delito (CENAVID) de ese Ministerio ya ha recopilado testimonios y prepara un informe que podría enviar a la Corte Penal Internacional. Según la directora general del CENAVID, recibieron “manifestaciones muy contundentes respecto a la violación de los derechos humanos, que es lo que nosotros justamente queríamos determinar: si estábamos ante delitos de lesa humanidad o no”.

Por otro lado, organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos también podrían jugar un rol relevante. El informe presentado a inicios del mes de julio por la Alta Comisionada Michelle Bachelet no hace referencia directa a la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, como sí lo hizo un informe de su predecesor. Existe la posibilidad que el Consejo de Derechos Humanos refuerce el mandato de la Alta Comisionada para aumentar la vigilancia y la documentación sobre violaciones a derechos humanos en Venezuela. Si se determina que esas violaciones a los derechos humanos han sido cometidas de forma sistemática, en algunos casos podrían llegar a configurar crímenes de lesa humanidad. El 22 de agosto de 2019, 11 organizaciones de derechos humanos exhortaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer una comisión de investigación que examine las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. Como lo afirman esas organizaciones, “la información que recabe la comisión podría ser pertinente para las autoridades que evalúen iniciar procedimientos penales, incluida la Fiscal de la Corte Penal Internacional”.

La emisión de órdenes de detención u órdenes de comparecencia

Luego de iniciada la investigación, en cualquier momento, la Fiscalía puede solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares que dicte órdenes de detención u órdenes de comparecencia. Una orden de comparecencia es dictada cuando hay indicios de que será suficiente para que la persona imputada de haber cometido un crimen se presente voluntariamente ante la Corte. Una orden de detención es emitida cuando es necesario asegurar la aparición del imputado en el juicio, tanto para prevenir la obstrucción de la investigación o evitar que continúe cometiendo crímenes prohibidos por el Estatuto de Roma.

Desde el inicio de su funcionamiento en 2002, la Corte ha emitido treinta y siete (37) órdenes de arresto y nueve (9) órdenes de comparecencia. Trece (13) de las treinta y siete (37) órdenes de arresto siguen sin poder ejecutarse, lo que significa que los procesados continúan en libertad. Las órdenes de captura contra Joseph Kony y Vincent Otti, señalados de múltiples crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, fueron emitidas en el año 2005. Ambos son líderes del Ejército de Resistencia del Señor, una organización extremista que opera en el norte de Uganda. Omar al-Bashir, hasta hace poco presidente de Sudán y la única persona señalada hasta ahora por la Corte por genocidio, cuenta con una orden de arresto desde el año 2009. Actualmente, luego de ser derrocado por las fuerzas armadas de Sudán en abril de 2019, se encuentra detenido en su país, acusado únicamente de incitar el asesinato de manifestantes.

Según el Estatuto de Roma, la ejecución de las órdenes de detención es responsabilidad de los Estados Parte. En otras palabras, la ejecución depende de la cooperación de los Estados con la Corte. Esto explica, por ejemplo, por qué al-Bashir, siendo presidente, nunca fue detenido y enviado a la Corte. Simplemente se limitó a permanecer en su país o viajar a países donde estaba seguro de que no lo detendrían.

Una vez que una persona imputada es detenida, debe ser notificada personalmente de la orden de detención y llevada ante una autoridad judicial del Estado que lo está custodiando. Esa autoridad judicial debe determinar que la orden efectivamente le aplica a esa persona, que el proceso de notificación se hizo correctamente y que los derechos del imputado han sido respetados. El imputado puede impugnar la orden de detención si considera que ya fue juzgado por los crímenes por los que está siendo acusado. Excepcionalmente, y bajo la supervisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, esa autoridad judicial nacional podría otorgar la libertad condicional del imputado hasta tanto se concrete su traslado a la Corte. El Estatuto de Roma exige que el acusado esté presente para que pueda realizarse el juicio. Esto significa que no es posible realizar un juicio in absentia y el acusado sólo podría ser apartado, si estando presente, perturba continuamente el juicio. No obstante, siempre tendrá que preservarse la posibilidad de que observe el proceso y pueda comunicarse continuamente con su abogado defensor.

Por otro lado, el Estatuto realiza una distinción entre los términos “entrega” y “extradición”. Según el artículo 102, la entrega es el traslado de una persona por un Estado a la Corte “de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto”, mientras que la extradición es el traslado de una persona por un Estado a otro Estado “de conformidad con lo dispuesto en un tratado o en el derecho interno”. Esta fue la fórmula escogida para tratar de prevenir inconvenientes en los países, como Venezuela, que tienen una norma constitucional que prohíbe la extradición de sus nacionales. En consecuencia, un rechazo de los tribunales venezolanos, por ejemplo, de trasladar a la Corte a un venezolano, sería incompatible con las obligaciones del Estado venezolano conforme al Estatuto. Sin embargo, no es posible descartar la posibilidad de que un juez nacional eventualmente considere la distinción entre “entrega” y “extradición” como una minuciosidad y niegue el traslado.

Otra posibilidad que podría darse es que existan solicitudes concurrentes sobre el mismo individuo, una de la Corte Penal Internacional y otra de un Estado solicitando la extradición. Por ejemplo, que una persona sea requerida al mismo tiempo por la Corte Penal Internacional y por autoridades de Estados Unidos. En ese caso, el Estatuto dispone que, si el Estado requirente de la extradición es también un Estado Parte de la Corte Penal Internacional, debe dársele prioridad a la solicitud de la Corte. Pero si el Estado requirente no es parte de la Corte, el Estado requerido podrá decidir a cuál solicitud darle prioridad, salvo que esté obligado por una norma internacional a conceder la extradición. Para ello, deberá tener en cuenta las fechas de las respectivas solicitudes, los intereses del Estado requirente y la posibilidad de que la Corte y el Estado requirente lleguen a un acuerdo posteriormente.

La audiencia de confirmación de los cargos y la preparación para el juicio

Una vez que la persona imputada es trasladada a la Corte, la Sala de Cuestiones Preliminares deberá determinar si permanece detenida o si se le otorga libertad condicional para enfrentar el juicio. Si el imputado permanece detenido, durante el proceso queda retenido en el centro de detención Scheveningen, una sección de la prisión de Haaglanden, cercana a la sede de la Corte en La Haya.

Asimismo, dentro de un plazo razonable posterior al traslado del imputado, debe celebrarse una audiencia para confirmar los cargos sobre los que la Fiscalía tiene la intención de solicitar el enjuiciamiento. Esa audiencia se celebra en presencia del fiscal, el imputado y su abogado defensor. Una vez que la Sala de Cuestiones Preliminares confirme los cargos, la presidencia de la Corte debe constituir una Sala de Primera Instancia que será la encargada de la siguiente fase: el juicio.

El éxito del régimen chavista en la Corte Penal Internacional: «22 denuncias sin investigación y la hermana del narco El Aissami como embajadora» por Jesús Mitchelle Torres – PD América – 12 de Agosto 2019

El abogado venezolano Carlos Ramírez López publicó un vídeo en su cuenta de Twitter donde deja ver las razones por las cuales la CPI no falla en contra de la dictadura chavista

El éxito del régimen chavista en la Corte Penal Internacional: "22 denuncias sin investigación y la hermana del narco El Aissami como embajadora"
El dictador Nicolás Maduro y La Corte Penal Internacional (CPI).YT

Apesar de los innumerables casos de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, el régimen que dirige el dictador Nicolás Maduro ha conseguido que el órgano encargado de perseguir dichos crimenes a nivel internacional se mantenga en silencio o que haya dicho muy poco.

En un vídeo que se viralizó en las redes sociales, el abogado venezolano Carlos Ramirez López hizo un resumen de la gestión de este tribunal, que ha generado aún más impunidad en temas de derechos humanos.

«Desde el año 2003 hasta hoy se han interpuesto 22 denuncias ante la CPI, denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela y de ninguna se ha sabido nada… y son 14 años que han transcurrido».

(…)

«Esa CPI no sirve, no funciona, es un engaño y de los engaños lo mejor es despertar».

La gestión del tribunal habla por sí sola: «En 14 años de funcionamiento sólo ha dictado 4 sentencias y se ha gastado en eso más de mil millones de dólares», señala el abogado citando al presidente ruso Vladimir Putin.

«La Fiscalía de la CPI ha recibido denuncias sustentadas contra Nicolás Maduro por graves hechos que se han alegado como constituvos de delitos de su competencia y no se ha producido ni la mas mínima señal de apertura de una investigación, por el contrario, ha trascendido que el régimen dictatorial mantiene un intenso lobby en la Haya, al punto de que ha nombrado como embajadora ante ese tribunal a Haifa El Aissami, hermana de Tareck El Aissami, que es una de las personas señaladas como incursa en hechos de narcotráfico y facilitador del terrorismo islámico.

Carlos Ramirez Lopez

@carlosramirezl3

DR LEY.
LA VERDAD SOBRE LA ALCAHUETERIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL con los crímenes de la dictadura que oprime a Venezuela

Video insertado

En febrero de 2018, la CPI anunció que ponía en marcha investigaciones preliminares por «presuntos crímenes» en Venezuela durante manifestaciones contra Maduro, que dejaron unos 125 muertos en 2017. Sin embargo nada ha surgido al respecto.

En septiembre de 2018, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú solicitaron a la Corte que investigara los crímenes contra la humanidad que cometió el régimen. Este pedido fue respaldado por Francia y Alemania, generando el rechazo del chavismo.

Investigaciones contra la Fiscal

La Corte Penal Internacional (CPI) ha admitido a trámite una denuncia del exdiputado venezolano Walter Márquez contra la fiscal jefe, Fatou Bensouda, por no abrir una investigación contra el Gobierno de Nicolás Maduro, según dijo una fuente del tribunal a EFE

El juez presidente, Chile Eboe-Osuji, ha designado un panel de tres magistrados para que analicen la acusación del político, un proceso que forma parte del marco legal utilizado habitualmente por la CPI para tratar este tipo de escritos, añade la misma fuente.

Venezuelan activist urges Raab to back ICC Maduro torture case by Patrick Wintour – The Guardian – 12 de Agosto 2019

Tamara Sujú visits London to seek support for six countries pressing for investigation

Tamara Sujú is the executive director of the Casla Institute and a Guaidó supporter.
 Tamara Sujú is the executive director of the Casla Institute and a Guaidó supporter.

The UK foreign secretary, Dominic Raab, has been urged to draw on his experience as a former Foreign Office human rights lawyer to press the legal case that the Venezuelan government of Nicolás Maduro has systematically tortured its people.

The call was led by the prominent Venezuela human rights defender Tamara Sujú who visited London to persuade the UK to join six non-European countries in pressuring the international criminal court (ICC) to pursue a case against the Venezuelan leadership.

Raab worked as a lawyer for the FCO, including at the ICC in The Hague, from 2000 to 2006.

In theory the case could end with Maduro arraigned in front of the court, but progress with the ICC case has the potential to play into the various indirect talks currently under way between supporters of Maduro – who succeeded the leftwing Hugo Chavez as Venezuela’s president – and Juan Guaidó, the self-proclaimed interim leader recognised by most EU countries and backed by the US.

British backing for the ICC investigation would be a further blow for Maduro. The ICC referral was initially backed by Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Peru and Canada at the end of last year, becoming the first state referral to the ICC by other states.

The ICC launched a preliminary investigation in September 2018.

Sujú, executive director of the Casla Institute and a Guaidó supporter, said: “We need a European country, preferably Britain, with sufficiently solid institutions, a democratic tradition and commitment to human rights to join us in the ICC not just with words but to subscribe formally to the case.

“We also need Great Britain to impose personal and economic sanctions against the Maduro regime and to close their spaces.”

The Trump administration tightened economic sanctions against Maduro again this week.

An ICC case has four initial stages, including a case to answer, identification of the victims, assessment of whether the crimes are eligible as crimes against humanity and whether the government has sought to prosecute the cases.

“There are not random accidents of violence,” she said. “What has stood out is that they group masses of protesters 40 or 50 at the time, take them to the station and torture them as a group. We have cases where families were taken. They made the father watch as his child was tortured and then the child would watch his father be tortured. They tortured a mother and daughter, took off their clothes off before they applied electricity.”

She highlighted the death of the military captain Rafael Acosta Arévalo, who was arrested on 26 June and died three days later. At his military tribunal he was unable to stand, hear or understand what was happening and pleaded with his lawyer for help.

The UN high commissioner for human rights, Michelle Bachelet, has visited Venezuela to find political prisoners are tortured, including with electrical currents, simulated drowning, beatings and sexual violence, and is setting up a permanent mission.

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