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El gobierno argentino presentará en La Haya un informe reservado sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela – Infobae – 22 de Septiembre 2019

Fue elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos en base a testimonios de venezolanos que residen en el país. Denuncian asesinatos, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución política

La Guardia Nacional Bolivariana reprimiendo a manifestantes en una marcha en Venezuela (Photo by Federico PARRA / AFP)

La Guardia Nacional Bolivariana reprimiendo a manifestantes en una marcha en Venezuela (Photo by Federico PARRA / AFP)

El Gobierno argentino, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, elaboró un informe que detallagraves violaciones a los derechos humanos sufridas por ciudadanos venezolanos a manos de la dictadura de Nicolás Maduro. El documento es el resultado de la recopilación de testimonios de 44 venezolanos que residen en el país, quienes describieron distintas vejaciones sufridas en el país caribeño.

“La totalidad de los declarantes manifiestan haber sido víctimas o testigos de algún tipo de persecución por motivos políticos y/o ideológicos. Se constata que la persecución se ha manifestado en diversas expresiones como ejecuciones extrajudiciales, encarcelamiento, privaciones graves de la libertad física y torturas“, explica el informe.

El documento será enviado a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya -en Holanda- y tiene como objetivo proveer nueva información a la fiscalía del organismo jurídico que, desde febrero de 2018, lleva a cabo un “examen preliminar” para analizar la posible comisión de crímenes de su competencia. En concreto, crímenes de lesa humanidad.

El documento especifica que 29 de los 44 casos “se corresponden a conductas que encuadrarían en posibles crímenes de lesa humanidad, según lo estipulado en el Estatuto de Roma”, instrumento rector de la CPI . No obstante, el ministerio de Justicia aclaró que, al no ser “autoridad competente para concluir si los hechos mencionados constituyen o no” este tipo de delitos, evitó realizar este tipo de juicio a la espera de que lo haga la fiscalía del órgano.

La Corte Penal Internacional (Reuters)

La Corte Penal Internacional (Reuters)

A la hora de describir los delitos denunciados, el informe se divide en cuatro secciones: Persecución; Tortura; Encarcelamiento y/o Grave Privación de la Libertad Física y Ejecuciones Extrajudiciales, Desaparición Forzada y otras formas de Violencia Sexual. En este último resalta tres testimonios particulares que describen con crudeza actos llevados a cabo por el régimen.

Persecución

Todos los venezolanos que aportaron su testimonio manifestaron ser víctimas o testigos de algún tipo de persecución y explicaron el modus operandi de los agentes del régimen: “se ejecutaba luego de identificar a personas que participaban en manifestaciones contra el gobierno, hubieran hecho declaraciones públicas, denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, o fueran miembros y/o dirigentes de partidos políticos opositores

.La persecución, explicaron, podía manifestarse de distintas maneras: “Amenazas públicas por parte de las autoridades,

Judicialización de la política y politización de la justicia, invención de causas penales, inhabilitación política, privación al derecho a la libre expresión, allanamientos ilegales de la vivienda, represión violenta con excesivo uso de la fuerza y exilio forzoso“.

El dictador venezolano Nicolás Maduro

El dictador venezolano Nicolás Maduro

El accionar “derivaba en la detención arbitraria e ilegal de personas, que eran conducidas a centros de detención donde permanecían incomunicados” y sufrieron las torturas descriptas en el apartado siguiente.

Torturas 

Los denunciantes afirmaron ser tanto víctimas como testigos de los actos de tortura cometidos por los agentes del régimen. Entre ellos mencionaron:

  • Golpes físicos dados hasta dejar inconsciente a la víctima
  • Posicionarse en cuclillas o arrodillados durante horas
  • Estar parados sobre asfalto caliente
  • Mantenerse en situación de hacinamiento
  • Encierro en espacios reducidos por horas
  • Ataques con bombas lacrimógenas en lugares cerrados
  • Disparos a quemarropa
  • Electrocución
  • Asfixia
  • Privación del sueño
  • Utilización de picanas eléctricas en piernas, testículos y brazos

En todos los casos, el motivo de la tortura tuvo como objetivo lograr que las víctimas denuncien a otras personas consideradas como “opositores y/o traidores a la patria” por el régimen.

Encarcelamiento y/o Grave Privación de la Libertad Física

Prácticamente todos los declarantes aseguraron haber sido encarcelados de manera arbitraria. En su gran mayoría, las futuras víctimas eran marcadas en manifestaciones. Pero el informe también hace referencia a casos de allanamientos y detenciones ilegales a personas que se encontraban en listas.

“El encarcelamiento era generalmente en condiciones infrahumanas, en donde se producía hacinamiento, encierro en celdas de dos metros por un metro y medio, los ataban durante horas, celdas oscuras sin ventilación, imposibilidad de asearse e incomunicación indefinida“, describe el documento, que menciona centros de detenciones como “La Tumba” y “El Helicoide”.

El Helicoide, sede del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) en Caracas

El Helicoide, sede del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) en Caracas

Ejecuciones Extrajudiciales, Desaparición Forzada y otras formas de Violencia Sexual

A la hora de profundizar esta sección, el informe destaca tres testimonios de personas cuyas identidades fueron mantenidas a resguardo. Uno de ellos corresponde a un Fiscal del Ministerio Público, que se desempeñó como Fiscal de Garantías entre 2015 y 2017, cuando Maduro ya estaba en el poder.

En 2015, indicó, comenzó la llamada “Operación para la Liberación del Pueblo” donde “se llevaron a cabo 1.700 ejecuciones extrajudiciales“. “Las victimas se encontraban en su casa durmiendo, las Fuerzas Armadas llegaban y los ejecutaban”, aseguró la persona, que dijo contar con fotos y videos que confirman su testimonio.

Otro testigo describió como su hermano fue asesinado por agentes de la FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), mientras que “algunos testimonios manifiestan tener conocimiento de gente desaparecida y víctimas que fueron violentadas sexualmente, ultrajadas por armas de militares“.

Todos los entrevistados apuntaron hacia Maduro y su aparato represivo como responsables, y también mencionaron a otros jerarcas de las fuerzas de seguridad. Entre ellos se encuentran el General Néstor Reverol, Ministro de Interior de Justicia y el General Antonio Benavidez Torres, Comandante General de la Guardia Bolivariana.

Los testimonios fueron recabados entre julio y agosto de este año, luego de que el presidente Mauricio Macri habilitara el Centro de Orientación a Migrantes a ese efecto.

Sin embargo, el ministro de Justicia Germán Garavano expresó durante una conferencia de prensa esta semana que no se recibieron nuevas denuncias luego del resultado de las PASO. “Eso lo atribuimos al temor que puedan tener de eventuales represalias en un eventual gobierno kirchnerista”, indicó el ministro.

El ministro de Justicia, Germán Garavano

El ministro de Justicia, Germán Garavano

No obstante, el documento elaborado se sumará a otras acciones tomadas a nivel internacional contra el régimen de Maduro. Entre ellas se destaca el informe de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por la alta comisionada Michelle Bachelet, y la denuncia, también ante la CPI, por parte de Argentina y otros cinco países.

Presentado en julio de este año, el llamado “Informe Bachelet” denuncia que en el último decenio, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno“.

El 9 de septiembre, Bachelet presentó ante la ONU una actualización del texto original y lamentó que el chavismo no haya tomado las medidas que sugirió para reducir la violencia estatal contra los venezolanos.

 

Ante la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos señaló que su organismo “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país“, en referencia al organismo que exigió disolver.

Michelle Bachelet

Michelle Bachelet

En tanto, en septiembre de 2018 Argentina, junto a otros cinco países -Perú, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay- remitieron formalmente la situación venezolana ante la CPI.

Esta acción se mueve en paralelo a la investigación de la fiscal y constituyó la primera vez en la historia del órgano jurídico donde un Estado miembro-en este caso un grupo de Estados- denunció a otro. Todos los casos previos habían sido enviadas por los propios Estados, luego de que sus autoridades se consideraran imposibilitadas de llevar a cabo investigaciones propias, ya sea por motivos económicos o políticos.

La principal diferencia entre la investigación de la fiscal y la denuncia es procesal: en la primera, si la fiscal concluye que existe evidencia suficiente para comenzar una investigación formal, debe solicitar la autorización de una Sala de Cuestiones Preliminares. En tanto, si decide que la denuncia de los otros Estados miembros es atendible, puede prescindir de la autorización y comenzar una investigación que derive en un proceso formal.

El mundo podrá evadir la realidad con Venezuela, pero no evitará las consecuencias de evadirla por Orlando Avendaño – PanamPost – 14 de Septiembre 2019

La región podrá seguir jugando al apaciguamiento con un régimen criminal y de pretensiones expansionistas pero, ¿qué hará cuando ocurra lo inminente, cuando la realidad sea simplemente insostenible?

BOGOTÁ (COLOMBIA), 12/09/2019. Iván Duque en Bogotá. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

¿Qué pasaría si la región y el mundo neciamente siguen optando por las vías diplomáticas para intentar resolver el caso venezolano? ¿Qué pasaría si continúan rechazando, en su mayoría, la alternativa de la fuerza? Nada de ello altera la realidad. Y eso lo sabe muy bien Colombia, afortunadamente.

La región podrá seguir jugando al apaciguamiento con un régimen criminal y de pretensiones expansionistas (me refiero, también, a Cuba) pero, ¿qué hará cuando invadan Polonia o mueran más kosovares? ¿Qué hará cuando ocurra lo inminente, cuando la realidad sea simplemente insostenible? Suenan los tambores, que los malos ya probarán su blitzkrieg.

En este caso Polonia es Colombia y se expone a una desestabilización demográfica y económica que ningún país podría aguantar; pero, además, ya todos sabemos gracias a la revista Semana que existe un proyecto para desequilibrar a la sociedad y al Estado colombiano por la vía de atentados precisos.

Ante esa realidad —nuevamente, ineludible y que siempre se impondrá—, hemos visto ciertos gestos del Gobierno colombiano que hablan de una voluntad de preparación ante la eventual utilización de la fuerza y el conflicto.

Iván Duque, quien ha encabezado los esfuerzos regionales por llevar a la dictadura chavista a la Corte Penal Internacional, lleva meses asomando muy bien su disposición de confrontar en todos los terrenos al régimen de Nicolás Maduro y su ánimo de amparar grupos terroristas colombianos. En mayo de este año, fue el colombiano el que invitó «a Guaidó a facilitar la captura de miembros del Ejército de Liberación Nacional en Venezuela».

Asimismo, Duque ha venido solicitando «hacer valer» la herramienta de la Resolución 1373 de las Naciones Unidas frente al hecho de que Venezuela es hoy santuario de terroristas. Como detalle notable, en medio de una narrativa que se ha venido construyendo, vale señalar que como embajador ante las Naciones Unidas el Gobierno de Duque designó en octubre del año pasado a Guillermo Fernández de Soto, el mismo que en septiembre de 2001, cuando se aprobó la Resolución sobre el terrorismo, estaba en el Consejo de Seguridad. Dicha resolución es severa ante los Estados que pretenden cobijar a estas asociaciones criminales.

Ha sido Duque, también, uno de los más enérgicos promotores de la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en la Organización de Estados Americanos con respecto al caso venezolano. El discurso del canciller Carlos Holmes Trujillo de esta semana demostró cuán en serio se toma Colombia la amenaza que representa Venezuela como paraíso de criminales.

«En los últimos tres años los grupos armados ilegales han pasado de tener una retaguardia estratégica a constituir un enclave criminal en Venezuela», denunció ante la Organización el canciller. De igual forma, el embajador colombiano Alejandro Ordoñez fue tajante: «¿Acaso convertirse en una empresa criminal no es una amenaza? ¿Acaso propiciar, financiar y armar al terrorismo para que afecte a Colombia y a otros países no es una amenaza?».

«¡Es una amenaza continental!», remató el embajador. Y, siendo inusual, fue ruidosamente aplaudido.

Luego de que todos nos enteramos de la decisión de las FARC de retomar las armas, Iván Duque anunció su determinación de combatir al grupo terrorista. También anunció algo clave a todos: habló por teléfono con el presidente legítimo Juan Guaidó.

Se desconocen los términos de la conversación, pero uno podría especular: no fue afable; en cambio, se dieron órdenes. «Necesitamos A, B y C». A las horas desde Venezuela se informaba lo siguiente: autorización a satélites para ubicar a los cabecillas de las FARC en territorio venezolano y la declaración en el Parlamento de esos grupos como terroristas.

Lo he escrito y sostengo: para Colombia, su Gobierno, y los colombianos, la resolución de la tragedia venezolana es un tema de supervivencia. Su existencia estable como Estado democrático y civilizado hoy pasa por lograr esos objetivos superiores. No podrá el país de Duque —y su Gobierno— aguantar el desarrollo de esta dinámica que contempla otros millones de migrantes y amenazas letales a su seguridad.

No hay duda: el Gobierno colombiano lleva meses preparando el argumento legal y político para lo inminente. Jamás será lo deseable, pero en Nariño entienden muy bien que la realidad no se puede alterar y que siempre se terminará imponiendo. Lo clave hoy es si frente a la Lafayatte Square en DC también lo comprenden.

Pero, como dice esa frase que alguna vez apuntó la filósofa Ayn Rand, «se puede evadir la realidad pero no se pueden eludir las consecuencias de evadir la realidad».

Cuando se ensaya la blitzkrieg o cientos de miles de kosovares son asediados por fuerzas invasoras, quedarse de brazos cruzados no es una opción.

La fase de investigación en la Corte Penal Internacional por Mariano de Alba – ProDaVinci – 28 de Agosto 2019

 

Nueva sede de la Corte Penal internacional en la Haya, en los Países Bajos. Fotografía de Martijn Beekman | ANP | AFP

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El 8 de febrero de 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició un examen preliminar sobre los hechos ocurridos entre los meses de abril y julio de 2017 en Venezuela. El 27 de septiembre de 2018, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú solicitaron a la Fiscalía una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela a partir del 12 de febrero de 2014.

El 5 de diciembre de 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que la situación en Venezuela se encontraba en la fase 2 del examen preliminar. Las cuatro fases que conforman el examen preliminar ya las explicamos detalladamente aquí en Prodavinci. En la fase 2, la Fiscalía realiza una evaluación de la competencia de la Corte. En la fase 3, se concentra en valorar la admisibilidad y, finalmente, en la fase 4, evalúa el interés de la justicia. Todo lo anterior con la finalidad de determinar si existe una base razonable para continuar hacia la investigación.

Aunque para la fecha de publicación de este texto se desconoce públicamente el estatus del examen preliminar y cuándo la Fiscal podría anunciar su decisión sobre si la situación en Venezuela va a pasar hacia la etapa de investigación, resulta conveniente explicar qué puede suceder y esperarse de una eventual continuación del procedimiento.

Del examen preliminar a la investigación

No existe un plazo máximo de duración para que la Fiscalía concluya el examen preliminar. Sin embargo, la práctica de la Corte ha demostradoque cuando hay una remisión por parte de uno o varios Estados, ese tiempo de duración disminuye considerablemente. Ese podría ser el caso de Venezuela luego de la remisión realizada por seis países del continente americano en septiembre de 2018. Los Gobiernos de Alemania, Costa Rica y Francia han apoyado públicamente el examen preliminar, pero no se han sumado formalmente a la remisión, limitándose a un apoyo mediático. Mientras mayor sea el número de Estados que remitan formalmente la situación venezolana a la Corte, mayor presión tendrá la Fiscalía para avanzar con su misión.

En este momento, al menos uno de los seis países que realizaron la remisión podría tratar de solicitar información concreta a la Fiscalía sobre el estatus del examen preliminar. Para ello, existe un precedente del año 2006, cuando el Gobierno de la República Centroafricana, que previamente había remitido una situación de su propio país, solicitó información. En respuesta, la Sala de Cuestiones Preliminares solicitó a la Fiscalía que compartiera cómo iba la evaluación sobre el caso. En cualquier caso, al final de cada año, la Fiscalía emite un reporte informando el estado de todos los exámenes preliminares que adelanta, por lo que en diciembre de 2019 habrá una actualización del estatus del examen preliminar sobre la situación en Venezuela.

El Estatuto de Roma, el tratado internacional que contiene las normas que regulan el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, prevé que la Fiscal, después de evaluar la información que dispone durante el examen preliminar, debe necesariamente iniciar una investigación salvo que no existan fundamentos razonables para proceder. En principio, esa posible decisión de no proceder con la investigación depende de la discreción de la fiscal. Cabe destacar que el período de la actual fiscal, Fatou Bensouda, finaliza en junio de 2021. La Corte ya ha iniciado las gestiones para buscar su reemplazo.

En el caso de Venezuela, dado que seis países remitieron la situación, si la fiscal considera que no hay que avanzar hacia la investigación, entonces la decisión puede ser revisada por la Sala de Cuestiones Preliminares. La Sala de Cuestiones Preliminares I, compuesta por los jueces Péter Kovács (Hungría), Marc Perrin de Brichambaut (Francia) y Reine Alapini-Gansou (Benín), es la responsable de decidir todo lo concerniente con la situación de Venezuela durante el examen preliminar y la investigación. Dicha Sala tendría que hacer, entonces, su evaluación y, según el lenguaje del artículo 53(3)(a) del Estatuto, podría pedirle a la fiscal “que reconsidere esa decisión”. El lenguaje de la disposición parece dejar a la discreción de la fiscal la determinación final de avanzar, incluso si la Sala de Cuestiones Preliminares no coincide con su criterio. El único caso donde la determinación de la Sala de Cuestiones Preliminares sería vinculante es si la decisión de la Fiscal de no avanzar hacia la investigación tiene como fundamento que la continuación de la investigación no está en el “interés de la justicia”.

Aspectos distintivos de la investigación

Conforme al Estatuto de Roma, si la Fiscalía decide avanzar con sus indagaciones, entonces debe ampliar “la investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal”. Recordemos que la Corte Penal Internacional tiene como misión juzgar a las personas que tengan la mayor responsabilidad por los crímenes cometidos. En un informe publicado en el año 2016, la Fiscalía reveló que, visto que la Corte tiene recursos limitados, su política es presentar un número restringido de acusaciones que sean representativas del alcance general de los crímenes cometidos, acusando a aquellas personas que tengan la mayor responsabilidad por los crímenes más serios.

Durante la investigación, la Fiscalía tiene la obligación de investigar “tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes” y respetar “los intereses y las circunstancias personales de víctimas y testigos”. El Estatuto prevé que la persona que esté siendo investigada no debe ser obligada “a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”, teniendo derecho a “guardar silencio” y “ser asistida de un abogado defensor”. Si esas normas no son respetadas, entonces la Corte eventualmente podría excluir pruebas o testimonios obtenidos durante la investigación.

Para realizar diligencias concretas de investigación, la Fiscalía debe enviar una solicitud a las autoridades del Estado relevante a través de los mecanismos diplomáticos regulares. La regla general es que el Estado mantendrá el carácter confidencial de cualquier solicitud, excepto cuando la divulgación sea necesaria para tramitar la diligencia solicitada. En su artículo 93(4), el Estatuto permite al Estado requerido rechazar una solicitud de asistencia si “se refiere a la presentación de documentos o la divulgación de pruebas que afecten a su seguridad nacional”. Esa disposición podría ser objeto de abuso por parte de gobiernos que no deseen cooperar con la Corte.

Un punto central sobre la fase de investigación es que es llevada adelante por la Fiscalía de una instancia judicial internacional. Usualmente, las fiscalías de cada país tienen acceso irrestricto a las pruebas, a los testigos y pueden realizar inspecciones y practicar allanamientos sin grandes obstáculos. Para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es más complicado porque la investigación supone, esencialmente, adelantar labores en el territorio de un Estado soberano. En consecuencia, el éxito de las gestiones depende de la receptividad que tenga el Estado donde la Fiscalía quiere investigar. Esto significa que la investigación podría ser muy complicada cuando tiene que ser realizada en un país cuyo Gobierno se vea amenazado por esa investigación.

Los Estados Parte del Estatuto de Roma tienen la obligación general de cooperar “plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes”. Teóricamente, si un Estado se niega a cooperar, la Fiscalía puede llevar a cabo la investigación sin el consentimiento y cooperación del respectivo Gobierno. Para ello tendría que obtener una autorización especial de la Sala de Cuestiones Preliminares, que sería emitida si ésta determina que el Estado es incapaz de ejecutar la solicitud de cooperación.

En la práctica, la situación es más complicada porque es difícil para los funcionarios internacionales de la Fiscalía realizar diligencias concretas de investigación si no cuentan con la aprobación del Gobierno en cuestión. Por tanto, el artículo 87(7) del Estatuto prevé que cuando un Estado se niega a cooperar con la Corte, la Fiscalía también puede acudir a la Sala de Cuestiones Preliminares para que ésta determine formalmente la falta de cooperación y remita ese fallo a la Asamblea de Estados Partes, cuya facultad está limitada a señalarlo públicamente para que la denegación de cooperación tenga un costo político. Cabe destacar que Venezuela no paga su cuota de contribución ante la Corte Penal Internacional desde septiembre de 2012. Adeuda más de 8 millones de dólares y, por ende, tiene suspendido el derecho a voto en la Asamblea de Estados Partes. El Reglamento de la Corte requiere que antes de realizar cualquier determinación, la Sala de Cuestiones Preliminares deberá oír a las autoridades del Estado involucrado.

La cooperación internacional en la recolección de la evidencia

Durante la investigación, la Fiscalía también puede requerir la cooperación de otros Estados u organizaciones internacionales. Esta alternativa podría ser relevante en el caso venezolano.

En el mes de julio de 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina realizó una convocatoria a los venezolanos para que brinden “sus testimonios e información que consideren útil sobre posibles violaciones a los derechos humanos en su país”. Luego de las primeras semanas, un equipo del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delito (CENAVID) de ese Ministerio ya ha recopilado testimonios y prepara un informe que podría enviar a la Corte Penal Internacional. Según la directora general del CENAVID, recibieron “manifestaciones muy contundentes respecto a la violación de los derechos humanos, que es lo que nosotros justamente queríamos determinar: si estábamos ante delitos de lesa humanidad o no”.

Por otro lado, organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos también podrían jugar un rol relevante. El informe presentado a inicios del mes de julio por la Alta Comisionada Michelle Bachelet no hace referencia directa a la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, como sí lo hizo un informe de su predecesor. Existe la posibilidad que el Consejo de Derechos Humanos refuerce el mandato de la Alta Comisionada para aumentar la vigilancia y la documentación sobre violaciones a derechos humanos en Venezuela. Si se determina que esas violaciones a los derechos humanos han sido cometidas de forma sistemática, en algunos casos podrían llegar a configurar crímenes de lesa humanidad. El 22 de agosto de 2019, 11 organizaciones de derechos humanos exhortaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer una comisión de investigación que examine las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. Como lo afirman esas organizaciones, “la información que recabe la comisión podría ser pertinente para las autoridades que evalúen iniciar procedimientos penales, incluida la Fiscal de la Corte Penal Internacional”.

La emisión de órdenes de detención u órdenes de comparecencia

Luego de iniciada la investigación, en cualquier momento, la Fiscalía puede solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares que dicte órdenes de detención u órdenes de comparecencia. Una orden de comparecencia es dictada cuando hay indicios de que será suficiente para que la persona imputada de haber cometido un crimen se presente voluntariamente ante la Corte. Una orden de detención es emitida cuando es necesario asegurar la aparición del imputado en el juicio, tanto para prevenir la obstrucción de la investigación o evitar que continúe cometiendo crímenes prohibidos por el Estatuto de Roma.

Desde el inicio de su funcionamiento en 2002, la Corte ha emitido treinta y siete (37) órdenes de arresto y nueve (9) órdenes de comparecencia. Trece (13) de las treinta y siete (37) órdenes de arresto siguen sin poder ejecutarse, lo que significa que los procesados continúan en libertad. Las órdenes de captura contra Joseph Kony y Vincent Otti, señalados de múltiples crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, fueron emitidas en el año 2005. Ambos son líderes del Ejército de Resistencia del Señor, una organización extremista que opera en el norte de Uganda. Omar al-Bashir, hasta hace poco presidente de Sudán y la única persona señalada hasta ahora por la Corte por genocidio, cuenta con una orden de arresto desde el año 2009. Actualmente, luego de ser derrocado por las fuerzas armadas de Sudán en abril de 2019, se encuentra detenido en su país, acusado únicamente de incitar el asesinato de manifestantes.

Según el Estatuto de Roma, la ejecución de las órdenes de detención es responsabilidad de los Estados Parte. En otras palabras, la ejecución depende de la cooperación de los Estados con la Corte. Esto explica, por ejemplo, por qué al-Bashir, siendo presidente, nunca fue detenido y enviado a la Corte. Simplemente se limitó a permanecer en su país o viajar a países donde estaba seguro de que no lo detendrían.

Una vez que una persona imputada es detenida, debe ser notificada personalmente de la orden de detención y llevada ante una autoridad judicial del Estado que lo está custodiando. Esa autoridad judicial debe determinar que la orden efectivamente le aplica a esa persona, que el proceso de notificación se hizo correctamente y que los derechos del imputado han sido respetados. El imputado puede impugnar la orden de detención si considera que ya fue juzgado por los crímenes por los que está siendo acusado. Excepcionalmente, y bajo la supervisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, esa autoridad judicial nacional podría otorgar la libertad condicional del imputado hasta tanto se concrete su traslado a la Corte. El Estatuto de Roma exige que el acusado esté presente para que pueda realizarse el juicio. Esto significa que no es posible realizar un juicio in absentia y el acusado sólo podría ser apartado, si estando presente, perturba continuamente el juicio. No obstante, siempre tendrá que preservarse la posibilidad de que observe el proceso y pueda comunicarse continuamente con su abogado defensor.

Por otro lado, el Estatuto realiza una distinción entre los términos “entrega” y “extradición”. Según el artículo 102, la entrega es el traslado de una persona por un Estado a la Corte “de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto”, mientras que la extradición es el traslado de una persona por un Estado a otro Estado “de conformidad con lo dispuesto en un tratado o en el derecho interno”. Esta fue la fórmula escogida para tratar de prevenir inconvenientes en los países, como Venezuela, que tienen una norma constitucional que prohíbe la extradición de sus nacionales. En consecuencia, un rechazo de los tribunales venezolanos, por ejemplo, de trasladar a la Corte a un venezolano, sería incompatible con las obligaciones del Estado venezolano conforme al Estatuto. Sin embargo, no es posible descartar la posibilidad de que un juez nacional eventualmente considere la distinción entre “entrega” y “extradición” como una minuciosidad y niegue el traslado.

Otra posibilidad que podría darse es que existan solicitudes concurrentes sobre el mismo individuo, una de la Corte Penal Internacional y otra de un Estado solicitando la extradición. Por ejemplo, que una persona sea requerida al mismo tiempo por la Corte Penal Internacional y por autoridades de Estados Unidos. En ese caso, el Estatuto dispone que, si el Estado requirente de la extradición es también un Estado Parte de la Corte Penal Internacional, debe dársele prioridad a la solicitud de la Corte. Pero si el Estado requirente no es parte de la Corte, el Estado requerido podrá decidir a cuál solicitud darle prioridad, salvo que esté obligado por una norma internacional a conceder la extradición. Para ello, deberá tener en cuenta las fechas de las respectivas solicitudes, los intereses del Estado requirente y la posibilidad de que la Corte y el Estado requirente lleguen a un acuerdo posteriormente.

La audiencia de confirmación de los cargos y la preparación para el juicio

Una vez que la persona imputada es trasladada a la Corte, la Sala de Cuestiones Preliminares deberá determinar si permanece detenida o si se le otorga libertad condicional para enfrentar el juicio. Si el imputado permanece detenido, durante el proceso queda retenido en el centro de detención Scheveningen, una sección de la prisión de Haaglanden, cercana a la sede de la Corte en La Haya.

Asimismo, dentro de un plazo razonable posterior al traslado del imputado, debe celebrarse una audiencia para confirmar los cargos sobre los que la Fiscalía tiene la intención de solicitar el enjuiciamiento. Esa audiencia se celebra en presencia del fiscal, el imputado y su abogado defensor. Una vez que la Sala de Cuestiones Preliminares confirme los cargos, la presidencia de la Corte debe constituir una Sala de Primera Instancia que será la encargada de la siguiente fase: el juicio.

El éxito del régimen chavista en la Corte Penal Internacional: «22 denuncias sin investigación y la hermana del narco El Aissami como embajadora» por Jesús Mitchelle Torres – PD América – 12 de Agosto 2019

El abogado venezolano Carlos Ramírez López publicó un vídeo en su cuenta de Twitter donde deja ver las razones por las cuales la CPI no falla en contra de la dictadura chavista

El éxito del régimen chavista en la Corte Penal Internacional: "22 denuncias sin investigación y la hermana del narco El Aissami como embajadora"
El dictador Nicolás Maduro y La Corte Penal Internacional (CPI).YT

Apesar de los innumerables casos de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, el régimen que dirige el dictador Nicolás Maduro ha conseguido que el órgano encargado de perseguir dichos crimenes a nivel internacional se mantenga en silencio o que haya dicho muy poco.

En un vídeo que se viralizó en las redes sociales, el abogado venezolano Carlos Ramirez López hizo un resumen de la gestión de este tribunal, que ha generado aún más impunidad en temas de derechos humanos.

«Desde el año 2003 hasta hoy se han interpuesto 22 denuncias ante la CPI, denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela y de ninguna se ha sabido nada… y son 14 años que han transcurrido».

(…)

«Esa CPI no sirve, no funciona, es un engaño y de los engaños lo mejor es despertar».

La gestión del tribunal habla por sí sola: «En 14 años de funcionamiento sólo ha dictado 4 sentencias y se ha gastado en eso más de mil millones de dólares», señala el abogado citando al presidente ruso Vladimir Putin.

«La Fiscalía de la CPI ha recibido denuncias sustentadas contra Nicolás Maduro por graves hechos que se han alegado como constituvos de delitos de su competencia y no se ha producido ni la mas mínima señal de apertura de una investigación, por el contrario, ha trascendido que el régimen dictatorial mantiene un intenso lobby en la Haya, al punto de que ha nombrado como embajadora ante ese tribunal a Haifa El Aissami, hermana de Tareck El Aissami, que es una de las personas señaladas como incursa en hechos de narcotráfico y facilitador del terrorismo islámico.

Carlos Ramirez Lopez

@carlosramirezl3

DR LEY.
LA VERDAD SOBRE LA ALCAHUETERIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL con los crímenes de la dictadura que oprime a Venezuela

Video insertado

En febrero de 2018, la CPI anunció que ponía en marcha investigaciones preliminares por «presuntos crímenes» en Venezuela durante manifestaciones contra Maduro, que dejaron unos 125 muertos en 2017. Sin embargo nada ha surgido al respecto.

En septiembre de 2018, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú solicitaron a la Corte que investigara los crímenes contra la humanidad que cometió el régimen. Este pedido fue respaldado por Francia y Alemania, generando el rechazo del chavismo.

Investigaciones contra la Fiscal

La Corte Penal Internacional (CPI) ha admitido a trámite una denuncia del exdiputado venezolano Walter Márquez contra la fiscal jefe, Fatou Bensouda, por no abrir una investigación contra el Gobierno de Nicolás Maduro, según dijo una fuente del tribunal a EFE

El juez presidente, Chile Eboe-Osuji, ha designado un panel de tres magistrados para que analicen la acusación del político, un proceso que forma parte del marco legal utilizado habitualmente por la CPI para tratar este tipo de escritos, añade la misma fuente.

Venezuelan activist urges Raab to back ICC Maduro torture case by Patrick Wintour – The Guardian – 12 de Agosto 2019

Tamara Sujú visits London to seek support for six countries pressing for investigation

Tamara Sujú is the executive director of the Casla Institute and a Guaidó supporter.
 Tamara Sujú is the executive director of the Casla Institute and a Guaidó supporter.

The UK foreign secretary, Dominic Raab, has been urged to draw on his experience as a former Foreign Office human rights lawyer to press the legal case that the Venezuelan government of Nicolás Maduro has systematically tortured its people.

The call was led by the prominent Venezuela human rights defender Tamara Sujú who visited London to persuade the UK to join six non-European countries in pressuring the international criminal court (ICC) to pursue a case against the Venezuelan leadership.

Raab worked as a lawyer for the FCO, including at the ICC in The Hague, from 2000 to 2006.

In theory the case could end with Maduro arraigned in front of the court, but progress with the ICC case has the potential to play into the various indirect talks currently under way between supporters of Maduro – who succeeded the leftwing Hugo Chavez as Venezuela’s president – and Juan Guaidó, the self-proclaimed interim leader recognised by most EU countries and backed by the US.

British backing for the ICC investigation would be a further blow for Maduro. The ICC referral was initially backed by Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Peru and Canada at the end of last year, becoming the first state referral to the ICC by other states.

The ICC launched a preliminary investigation in September 2018.

Sujú, executive director of the Casla Institute and a Guaidó supporter, said: “We need a European country, preferably Britain, with sufficiently solid institutions, a democratic tradition and commitment to human rights to join us in the ICC not just with words but to subscribe formally to the case.

“We also need Great Britain to impose personal and economic sanctions against the Maduro regime and to close their spaces.”

The Trump administration tightened economic sanctions against Maduro again this week.

An ICC case has four initial stages, including a case to answer, identification of the victims, assessment of whether the crimes are eligible as crimes against humanity and whether the government has sought to prosecute the cases.

“There are not random accidents of violence,” she said. “What has stood out is that they group masses of protesters 40 or 50 at the time, take them to the station and torture them as a group. We have cases where families were taken. They made the father watch as his child was tortured and then the child would watch his father be tortured. They tortured a mother and daughter, took off their clothes off before they applied electricity.”

She highlighted the death of the military captain Rafael Acosta Arévalo, who was arrested on 26 June and died three days later. At his military tribunal he was unable to stand, hear or understand what was happening and pleaded with his lawyer for help.

The UN high commissioner for human rights, Michelle Bachelet, has visited Venezuela to find political prisoners are tortured, including with electrical currents, simulated drowning, beatings and sexual violence, and is setting up a permanent mission.

«Las puertas Bachelet», el nuevo método de tortura en las cárceles de Venezuela por Ludmila Vinogradoff – ABC – 3 de Agosto 2019

Cárcel militar de Ramo Verde
Cárcel militar de Ramo Verde – EFE

La diputada Delsa Solorzano denuncia esta situación: «Mantienen a los presos políticos todo el día esposado»

La represión y la tortura del régimen de Nicolás Maduro contra los presos políticos ha aumentado tras la visita que hizo a Venezuela la Alta Comisionada de los DDHH de la ONU, Michele Bachelet, hace dos meses, tanto que se han instalado en su honor las denominadas «puertas Bachelet» para criticar el régimen carcelario que sufren los opositores y disidentes.

En su rueda de prensa, la diputada Delsa Solórzano denunció que «han instalado unas puertas a las que llaman ‘Bachelet’». Los carceleros exclaman con un grito: «¿querías a Bachelet?, ahí la tienes», al referirse a las puertas metálicas a las que «les abrieron solo una pequeña hendidura para pasar la escasa comida», ha denunciado la diputada.

El nuevo método de tortura fue notificado por los abogados y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de atender a unos 40 y 50 civiles y militares que se encuentran detenidos en la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, al norte de Caracas.

Los familiares de gran parte de estos presos, casi todos por motivos políticos, también han denunciado ser víctimas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Estas nuevas celdas de máxima seguridad, de 2 por 2 metros,bautizadas con el nombre de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, están sin inodoro ni ventilación. No tienen rejas sino una puerta metálica con una pequeña ranura o rendija por donde pasan la comida.

La diputada Solórzano afirmó que a los presos de la DGCIM los mantienen esposados «todo el día y sólo les quitan las esposas para comer». Las celdas donde están recluidos no tienen ventilación ni luz solar, además el pozo séptico se encuentra dentro de ellas.

Torturas y tratos degradantes

En su informe la Alta Comisionada Michele Bachelet, publicado el 4 de julio, señaló a la DGCIM como uno de los cuatro cuerpos de seguridad donde se cometen torturas y otros tratos crueles, además de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Los otros tres órganos de tortura son el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), el FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) y la cárcel militar de Ramo Verde.

Además Solórzano dijo que teme por la vida de los militares Humberto De La SottaIgber Marín Chaparro Ruperto Molina, al igual que Carlos Marrón (dueño de la página web Dólar Pro) «quienes llevan más de un mes sin ser vistos por familiares ni abogados».

También señaló que el buzo profesional Hugo Marino Salas sigue desaparecido forzosamente y es responsabilidad de la DGCIM. La diputada reiteró que «en esas condiciones corren peligro la vida y la integridad física de todos los presos políticos que se encuentra en la DGCIM».

«No se puede guardar silencio ante tanto horror. Tan solo la emisión de un informe, por contundente que este sea, no basta. Urge el pronunciamiento y acción internacional sobre este tema que obligue al cese de las torturas», aseveró la presidenta de la Comisión parlamentaria especial de Justicia y Paz. También pidió acciones inmediatas de Naciones Unidas y la oficina de Bachelet, al igual que la Organización de Estados Americanos.

Solórzano exigió a la Corte Penal Internacional «actuar de inmediato» en el caso de Venezuela. «¿Todo lo ocurrido no les basta para entender el carácter sistemático de la violación de DDHH en nuestro país? La indiferencia y falta de acción de organismos internacionales los hace cómplices de estos graves hechos».

 

Venezuela en la Corte Penal Internacional el inicio de la investigación por Víctor Rodríguez Cedeño – El Nacional – 30 de Julio 2019

Víctor Rodríguez Cedeño

La situación de Venezuela sigue siendo objeto de un Examen Preliminar por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, un paso previo que permitirá determinar si hay “fundamento razonable” para iniciar una investigación de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 53 del Estatuto de Roma. De acuerdo con información suministrada, por la misma Fiscalía, el Examen Preliminar sobre la situación en Venezuela “analizará crímenes presuntamente cometidos (…) al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa. En particular se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición (…), algunos de los cuales habría sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltratos durante su detención…”

Intentar evaluar el papel de la Fiscalía de la Corte, si ella ha actuado o dejado de actuar, si ha habido negligencia o parcialidad o falta de independencia, exige la mayor prudencia, pero sobre todo conocer y comprender el Estatuto y los distintos textos e instrumentos reguladores de su funcionamiento. Sin duda y eso es importante tener claro, el Estatuto es un instrumento complejo, un tratado internacional producto de negociaciones políticas que por ello resulta a veces impreciso puesto que en su funcionamiento confluyen tanto el sistema civilista como el sistema consuetudinario, así como diversas ramas del derecho internacional público, entre estas, el derecho de los tratados, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional penal.

Las funciones del fiscal fueron objeto de arduas discusiones, llegando al final a la redacción del artículo 13 del Estatuto que le permite iniciar un procedimiento de oficio con base a la información recabada lo que le da una autonomía importante al fiscal que ejerce la acción penal y además lleva a cabo la instrucción. Pero la facultad de la Fiscalía tiene límites y está sometida a control. La Sala de Cuestiones Preliminares le deberá autorizar el inicio de la investigación (en los casos en que la investigación haya comenzado por motus proprio del fiscal) e incluso, distintamente, revisar la decisión que pudiese haber adoptado de “no iniciarla” cuando la situación ha sido remitida por un Estado parte del Estatuto.

Al examinar las funciones de la Corte y de la Fiscalía, en particular, debemos tener en cuenta que la Corte funciona con base en el principio de la complementariedad, muy discutido también durante las negociaciones antes de Roma y durante la misma Conferencia. De acuerdo con el Estatuto, los Estados tienen el deber primordial de investigar los hechos, procesar a los responsables y castigarlos. Hay una obligación de combatir y erradicar la impunidad, y aún más por estos crímenes considerados atroces que además resultan imprescriptibles. Ahora bien, y acá funciona el principio de la complementariedad, si los tribunales nacionales no ejercen su jurisdicción, si no investigan, procesan y castigan a los autores de tales crímenes, porque no están en capacidad de hacerlo, pues no hay una estructura judicial o legislación adecuada para ello o porque no tienen la intención, la Corte puede actuar de manera subsidiaria para lo que también hay ciertas condiciones de admisibilidad, entre estas se tienen:

Se deben tratar de crímenes (internacionales) objeto de su competencia (crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio o agresión) cometidos en el territorio o por nacionales de un Estado parte, después de la entrada en vigor del Estatuto (julio de 2002); así como, de la entrada en vigor en relación con ese Estado, salvo -y eso es importante subrayar- se trate de una situación remitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante lo cual la Corte podría ejercer su jurisdicción, situación que será manejada siempre de conformidad con las reglas de funcionamiento entre ambos órganos internacionales. Un ejemplo de esto son los casos de Sudán y Libia con sus respectivos procesados por determinados crímenes.

Estos crímenes deben ser además realizados en forma sistemática o generalizada y en forma grave, estas son las condiciones de admisibilidad establecidas en el Estatuto. De lo contrario, estaríamos ante la comisión de delitos relacionados con los abusos y violaciones de los derechos humanos que nos ubicaría en un espacio normativo distinto, con órganos de control igualmente diferentes y una responsabilidad también distinta, siendo en el primer caso, ante la CPI, la ‘responsabilidad internacional penal individual’ y la segunda la “responsabilidad del Estado”, principalmente, aunque se pueda establecer la responsabilidad penal o administrativa u otra distintas de acuerdo con las normas internas del Estado de que se trate.

El artículo 53 del Estatuto de la Corte enuncia también, las fases del Examen Preliminar, en la última etapa de este se examina, como una causal de admisibilidad, si el inicio de  una investigación podría afectar el ‘interés de la justicia’. De nuevo, una frase imprecisa, no definida pero que comienza a tener un sentido más concreto de acuerdo con la práctica de la misma Corte. La Fiscalía puede no iniciar el procedimiento si considera que ello afectaría posibles negociación, algunas conversaciones sobre la crisis planteada en Venezuela, en pocas palabras, que agravaría la situación planteada. Desde luego, en Venezuela y ello debe saberlo la Fiscalía, no hay ningún proceso en curso por lo que no habría razones para alegar que esta causal podría impedir el inicio de la investigación. Una situación así, es la retratada en la situación de Colombia, en donde la Corte ha estado observando el desarrollo de ‘los acuerdos de paz’. Por ahora, Venezuela se mantiene bajo la observación de la Corte y en la etapa 2 “competencia de la CPI” del Examen Preliminar, quedando aún pendiente la conclusión de esta etapa y de otras dos más (complementariedad/gravedad e interés de la justicia).

Para algunos, la Fiscal no ha ejercido debidamente sus funciones e incluso han solicitado ante la misma Corte que se le investigue y se le separe del cargo en relación con la situación en Venezuela, pues de acuerdo a estos, la Fiscal no habría sido imparcial ni ha mostrado la independencia requerida para ejercer el cargo en la evaluación de la situación de Venezuela, lo que como dije no ha sido aun resuelto para iniciar formalmente una investigación. Hay normas y procedimientos establecidos que son de obligatorio cumplimiento en cada una de las etapas de la Corte y que las partes interesadas deben fortalecer a través de la remisión de información consistente. No hay tiempo determinado, es cierto, para que la Fiscalía se pronuncie sobre esta cuestión, lo que no significa que pueda diferir una decisión por años, sin justificación alguna. En nuestro caso ha pasado un año y a pesar de las evidencias la Fiscalía no ha terminado su Informe Preliminar ni, en consecuencia, por supuesto, ha decidido iniciar la investigación, lo que ha generado opiniones diversas que se han traducido, incluso, en una solicitud formal ante la Presidencia de la Corte de que se separe a la Fiscal del tratamiento del tema sobre la situación en Venezuela.

En relación con ello debemos decir que, si se considera que hay ‘dudas razonables’ en cuanto a la imparcialidad del Fiscal, se le puede recusar, de conformidad con el articulo 42-7 del Estatuto, lo que sería dirimido por la Sala de Cuestiones Preliminares, cuestión que es precisada en las Reglas de Procedimiento y Prueba (33 y 34). La Asamblea de Estados Partes puede también decidir que el Fiscal podría no estar cumpliendo debidamente sus funciones y por lo tanto ser sancionados disciplinariamente, incluso llegar a suspenderlo, según el artículo 112 del Estatuto.

Lo cierto es que el Examen Preliminar no ha concluido y que en consecuencia la investigación no se inicia. Debe considerarse que la Corte tienen que cumplir no solo con una función de represión penal, sino de prevención para darle confianza a la comunidad internacional e impedir que crímenes de esta naturaleza, considerados aberrantes y atroces, sean cometidos de nuevo en alguna parte del mundo.

Es importante, en esta etapa del procedimiento, insistir ante la Fiscalía que los actos que se han señalado son violaciones graves y generalizadas que se traducen en crímenes internacionales de su competencia y que han sido cometidos en forma sistemática, ordenadas desde las más altas esferas del poder y ejecutadas en cumplimiento de las mismas, lo cual supone un esfuerzo conjunto e inteligente que evite confusión y disminuya las posibilidades de que la Fiscalía adopte la decisión que esperamos, en el más corto plazo posible.

¿Quiere el hombre más odiado del mundo participar en elecciones libres? por Miguel Henrique Otero – El Nacional – 28 de Julio 2019

Miguel Henrique Otero
No me refiero a Kim Jong-un, autodenominado Líder Supremo de la República Popular Democrático de Corea y Comandante Supremo del Ejército Popular de Corea del Norte, que desde 2011 encabeza la atroz dictadura dinástica, que instauró su abuelo Kim Il-sung, en 1948.

Alguien podría pensar que el más odiado es Aleksandr Lukashenko, uno de los mayores expertos del mundo en organizar elecciones a su medida y perseguir a los opositores –también “hermano” de Chávez y Maduro–, que se ha apropiado del poder en Bielorrusia, a la que gobierna desde 1994. El “genio” de Lukashenko se revela en este dato: rechazado por la inmensa mayoría de los ciudadanos de su país, en las últimas elecciones, del año 2015, obtuvo casi 84% de los votos.

A esta lista podría sumar a otras joyas, de las que pocas noticias se reciben. Por ejemplo, Paul Biya, el dictador de la República de Camerún, otro experto en proclamaciones electorales, que gobierna ese país desde 1982, y cuyo expediente incluye fraudes electorales, violaciones de los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y represión, y que es casi comparable al expediente de Nicolás Maduro. O podríamos recordar a Yoweri Kaguta Museveni, que gobierna Uganda desde 1986. O el insólito caso de Isaías Afewerki, que gobierna Eritrea desde 1993, y que no ha convocado elecciones ni una vez, y que se hizo famoso tras afirmar en público: “Aquellos que piensan que habrá democracia en este país, pueden pensarlo en otro mundo”. Afewerki tiene otro laurel en su trayectoria: es uno de los grandes expertos en expulsión de personas que se lanzan al mar y mueren ahogados, en acosar y apresar a opositores.

En América Latina se reproduce un modelo histórico: el de repulsa a la pareja de gobernantes. En Nicaragua, Rosario Murillo y Daniel Ortega concitan el rechazo de la inmensa mayoría de los nicaragüenses y de amplias capas de los sectores democráticos de la región centroamericana y del resto del continente.

Pero, nadie lo dude, no hay en Venezuela, en América Latina y en el mundo, un poderoso que genere más aversión que Nicolás Maduro. Es, con ventaja, el líder indiscutible en el ranking de los dictadores aborrecidos. En su caso, la repulsión que genera se produce con la misma intensidad en todos los planos: en el seno de la sociedad venezolana, en la opinión pública de América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa y buena parte de Asia. Es repelido por gobiernos, parlamentos, organismos multilaterales, embajadores y organizaciones no gubernamentales. Es tan extremo el fenómeno, que se extiende a su entorno familiar, que ni siquiera sus propios aliados políticos, dentro y fuera de Venezuela, lo quieren en el poder. Ni los cubanos, ni los chinos, ni los rusos, ni el PSUV, ni la mayoría del Polo Patriótico lo quieren en el poder.

Por eso Maduro vive rodeado de guardaespaldas, sometido a medidas de seguridad, cercado por un grupito cada vez más asfixiante, donde lo único que se respira es miedo y desconfianza. Salvo los narcoterroristas del ELN y las FARC reagrupadas, las bandas paramilitares, una capa de militares corruptos y un puñado de contratistas, el resto de la civilización quiere, de modo unánime, que se vaya. Que se vaya de una vez por todas.

La gran pregunta, que es universal, extendida, que se formulan gobernantes y políticos en más de ochenta lenguas, es: ¿permitirá la banda en el poder y su detestado jefe la realización de unas elecciones libres; permitirá elecciones en las que participen todas las organizaciones políticas, sin exclusiones; permitirá que los partidos políticos puedan organizar sus estructuras electorales sin el acoso, las detenciones y las torturas a cargo de las FAES, el Sebin y la Dgcim; permitirá un proceso electoral en el que los medios de comunicación puedan cubrir las campañas electorales sin limitaciones, sin ataques y sin el cerco de las fuerzas de seguridad; permitirá que ingresen al país corresponsales, veedores de otros países y miembros de organizaciones de los derechos humanos; permitirá que se organice un proceso en el que puedan ejercer su derecho al voto los venezolanos que han sido obligados a vivir fuera del país; permitirá el régimen el regreso al país de venezolanos perseguidos, enjuiciados injustamente, a los que les han construido los expedientes más descabellados para obligarlos a huir?

¿Acaso a esta hora el régimen se prepara para cometer un gigantesco fraude electoral? ¿O es que cree que participando en un proceso electoral en el que no tiene ninguna posibilidad de resultar vencedor obtendrá impunidad por los crímenes cometidos y un exilio dorado en algún país como Rusia o China? ¿Es que cree que podrá escapar de la Corte Penal Internacional?

Alfredo Ramos: Debemos denunciar a Nicolás Maduro ante La Haya por Angel David Quintero – Noticiero Digital – 17 de Julio 2019

El dirigente de la Causa R, Alfredo Ramos exhortó al presidente (e) Juan Guaidó a que apoye la propuesta de denunciar a Nicolás Maduro ante La Haya.

“Debemos denunciar a Nicolás Maduro ante La Haya. Estamos solicitando al presidente (E) Guaidó para que el asuma esta propuesta”, indicó este miércoles a los medios de comunicación.

“Nicolás Maduro esta al mismo nivel de genocidas mundiales. La política de Maduro es la detención y la tortura”, dijo el dirigente que se refirió a la muerte del concejal Fernando Albán en las instalaciones del Sebin en Caracas.

“Esta campaña se compara a la de Nelson Mandela. Es el mismo criterio que estamos aplicando, pero para Venezuela”, indicó.

Acerca del diálogo exhortó a los delegados de Guaidó a darse prisa.  “El diálogo no debe durar mucho porque oxigena a Maduro”.

Ficciones de juridicidad chavista por Héctor Schamis – Infobae – 13 de Julio 2019

@Raymacaricatura

@Raymacaricatura

Debemos a Weber la noción de “sultanismo”. Su análisis de las formas extremas de dominación patrimonialista fue luego sistematizado por Linz en un concepto operacionalizable. Ello le dio entidad como un sub-tipo distintivo de régimen no-democrático.

En el sultanismo prevalecen la arbitrariedad del déspota, su poder discrecional, sus caprichos e impredecibles decisiones. El sistema político es de baja densidad institucional. La esfera pública y la privada tienen límites porosos, tanto que tienden a fusionarse. El sultán administra la cosa pública como si fuera su propiedad. El Estado se convierte en la extensión de sus activos.

Un paternalismo clientelar es consecuencia natural del personalismo desmedido, la distribución a discreción de premios y castigos. La dominación personalista se hace dinástica, cuasi monárquica, de ahí el nepotismo como patología. El principio de accountability—el responder por la legalidad y legitimidad de los actos de gobierno—es aquí ficticio. El Estado de Derecho se debilita hasta esfumarse, la administración de justicia no es impersonal, neutral, ni apolítica.

La justicia no tiene “venda en los ojos”, no hay juridicidad posible. El lector reconocerá a Trujillo, Noriega, los Duvallier y los Somoza, entre tantos otros, esa macondiana acuarela latinoamericana en la que los Buendía se suceden unos a otros indefinidamente, la amnesia que explica la repetición.

El chavismo también satisface estas características pero con un agregado: siempre se ocupó de recrear una cierta ficción de neutralidad del proceso legal. Es un sultanismo competente en crear la parodia de un proceso jurídico normal y lograr que todos participen en él, víctimas, familiares y opositores. Lo cual ocurre una y otra vez, sin solución de continuidad, como porfiada voluntad ante un sistema cuya única certeza es, en realidad, la injusticia y la arbitrariedad.

Nicolás Maduro, líder del régimen chavista (AFP)

Nicolás Maduro, líder del régimen chavista (AFP)

Se asume la reproducción de los rituales jurídicos habituales y se esperan resultados acordes. Se crea un espacio social que puntualiza asimetrías y jerarquías, por allí desfilan litigantes, sumariantes, testigos, jueces, fiscales, defensores y los peritos judiciales, los patólogos forenses. Y también se utiliza un vocabulario jurídico.

Pero, no obstante, todo ello ocurre por fuera del derecho, pues es una mera dramatización, de ahí lo de parodia. Los magistrados visten de toga pero el proceso está determinado de antemano, no es más que la escenografía jurídica de una asociación ilícita.

Es que las prácticas jurídicas constituyen un lugar privilegiado que rigen la producción de sentido normativo, es decir, un espacio en el que se construye, históricamente, la noción de “orden”. El chavismo no ha ignorado esta dimensión del derecho, muy por el contrario, pero la ha usado como instancia complementaria al capricho despótico con el que se administra “justicia”, subrayo comillas.

El “¡exprópiese!” de Chávez, que se escuchaba por televisión, exhibe similar obscenidad al “¡tortúrese!” que Maduro y Cabello dicen en privado. La sentencia judicial, ilegal, que sanciona la decisión arbitraria de confiscar una propiedad es similar, en tanto burla, a llevar al Capitán Acosta Arévalo a morir, literalmente, frente a un juez. En ambos lo jurídico es una vía ex post, pues actúa como esfera teatral, como espectáculo que racionaliza una decisión tomada en otro lugar y con anterioridad a cualquier diligencia judicial.

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello (EFE)

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello (EFE)

Son decisiones que esta dictadura no deja librada a la “aleatoriedad jurídica”, pongámoslo así, pues con ellas señala autoridad y poder, si bien son decisiones que impregna con la apariencia de legalidad. Es que con ellas continúa sometiendo a las víctimas a los crímenes y atrocidades conocidos, y a sus familias y abogados a interminables procedimientos y diligencias. Son ceremonias del abuso, desarticuladores de la cohesión social y generadores de anomia.

Nótese, “jamás ejecuté acciones que no pasaran por la fiscalía”, repitió Manuel Cristopher Figuera, ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en casi todas las entrevistas realizadas en su verdadera gira de medios realizada en Estados Unidos. Nadie le creyó, pero eso es menos importante que su interés en aparentar la vigencia de un cierto Estado de Derecho.

Esta brevísima “filosofía del derecho chavista” es útil para construir su retrato, pero más aún por la dimensión que adquiere en la esfera internacional. Me refiero con esto al fatídico párrafo cinco del informe de la señora Bachelet, donde dice que “El ACNUDH apoyará la evaluación de los principales obstáculos respecto al acceso a la justicia y de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura [que funciona bajo la Defensoría del Pueblo]… El Gobierno adoptará un calendario de diez visitas de los Procedimientos Especiales en los próximos dos años”.

Ocurre que el último informe sobre Venezuela del anterior Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, en junio de 2018, ya había documentado que “dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia“.

Pues sería trágico que la oficina de la Alta Comisionada se haga ahora partícipe de la ficción de juridicidad chavista y, para peor, por los próximos dos años. Se trata de un retroceso que bien podría significar la legitimación internacional de la impunidad.

 

Nota: agradezco a @raymacaricatura por la ilustración que acompaña esta columna

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