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La familia Cabello indiciada por USA por Gustavo Coronel – Blog Las Armas de Coronel – 19 de Mayo 2018

f1417f09fd0a1255c42390863350f03c.jpgCuando se escriba la historia de estos miserables 20 años de dictadura chavista el capítulo más largo tendrá que ser el dedicado a las tres familias que presidieron la orgía de corrupción que sufrió el país durante esta etapa: la familia Chávez, la familia Maduro-Flores y la familia Cabello. Ellas fueron las que sirvieron de promotoras del desastre financiero y económico que azotó el país. Generalmente la historia habla de personas pero en este caso habrá que hablar de familias porque no hay miembro alguno de estas familias desvergonzadas que se pueda salvar de culpa. Cada una de estas familias controlaba su entorno particular de corrupción, todo lo cual está muy bien documentado y deberá servir de base para el enjuiciamiento y castigo de – como dirían ellos – de sus miembros ymiembras.

La Familia Cabello.
Este grupo familiar acaba de ser sancionado por los Estados Unidos, junto con su testaferro principal, Rafael Sarria. El texto de la sanción dice así (mi traducción libre, resumida):

Hoy la Oficina de Control de Activos extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Siglas OFAC, en inglés) designó al ciudadano venezolano Diosdado Cabello Rondón (Cabello) en su Orden Ejecutiva 13692, como actual o previo empleado del gobierno de Venezuela. OFAC también designó tres otras personas quienes son o fueron empleados del gobierno de Venezuela o quienes han actuado como intermediarios en la red de corrupción de Cabello. Estas personas son José David Cabello, hermano de Cabello, Marleny Josefina Contreras Hernández, esposa de Cabello y Rafael Alfredo Sarria Díaz, testaferro de Cabello, quien actúa para beneficio de Cabello. Además la OFAC bloqueó tres compañías propiedad o controladas por Sarria en Florida: SAI Advisors Inc; Noor Plantation Investments LLC y Corporación 11420. En adición la OFAC bloqueó 14 propiedades de Sarria en Florida y Nueva York.

“El pueblo de Venezuela sufre bajo políticos corruptos quienes abusan de su poder mientras se llenan los bolsillos. Estamos penalizando a figuras como Cabello, quien explota su posición oficial para llevar a cabo tráfico de drogas, lavado de dinero y robo de dinero público”, dijo el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. “Esta administración está comprometida a condenar a quienes abusen de la confianza del pueblo de Venezuela y seguiremos bloqueando los intentos de violar el sistema financiero de los estados Unidos”.

Diosdado Cabello Rondón

Cabello es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido del presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros, a quien OFAC sancionó de acuerdo a la orden ejecutiva 13692 en Julio 31, 2017. Cabello es un ex-teniente del ejército, estrechamente ligado al difunto Hugo Chávez desde sus días en la Academia Militar de Venezuela. Es también un ex-presidente y diputado de la Asamblea nacional… hasta que Maduro creó la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de la cual Cabello es miembro. Cabello ha ocupado los ministerios de Viviendas y Obras Públicas, Interior y Justicia, Infraestructura y ha sido Director de CONATEL y Gobernador del estado Miranda.

Es considerado el segundo más poderoso personaje de Venezuela, después de Maduro y ha mantenido liderazgo en el gobierno venezolano desde que Chávez lo llevó al Ministerio del Interior y Justicia. Cabello ha abusado esas posiciones de influencia para promover sus actividades ilícitas y corruptas y controlar y dirigir agencias gubernamentales como el Cuerpo de investigaciones Científicas y criminales (CICPC) el Servicio de Inteligencia Bolivariano (SEBIN). Cabello ha creado una red de apoyo decidiendo quien es promovido en el Ministerio de la Defensa y en el ministerio de Obras Públicas. Utiliza esta red para beneficiarse de actividades de extorsión, lavado de dinero y robo.

Hasta Mayo 2017 Cabello ha conducido una serie de actividades ilícitas en complicidad con Francisco José Rangel Gómez (Rangel Gómez), quien reportaba a Cabello. Rangel Gómez fue designado por la OFAC en base a la orden ejecutiva 13692 en Enero 5, 2018. Cabello y Rangel Gómez lavaron dinero a través de una serie de edificios de apartamentos y centros comerciales. Han trabajado juntos para explotar minas, extraer hierro y exportarlo a través de ferrominera del Orinoco, una filial de la CVG, un negocio legítimo pero utilizado por Cabello y sus asociados de manera ilegítima. Desde Diciembre 2016 han utilizado a VENALUM y ALUNASA para lavar dinero en Costa Rica y Rusia. Tanto el presidente de VENALUM como otro gerente de la empresa están involucrados en tráfico de drogas y lavado de dinero y utilizaron a VENALUM para cubrir tales operaciones. Bajo la dirección de Rangel Gómez como gobernador del estado Bolívar VENALUM utilizó barcos para transportar minerales y lavar dinero en Panamá y Costa Rica, usando la filial ALUNASA. Cabello dirigió la operación ubicando a empleados en Costa Rica. En adición Cabello lavó dinero a través de VENALUM en Rusia.

Cabello también está involucrado en actividades de narcotráfico. Trabajando junto con el actual vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aisasmi, designado por la OFAC según al Acta de Zares de la droga (King pin Act) en Febrero 13, 2107 Cabello ha organizado envíos de droga hacia República Dominicana y Europa. Cabello dirige a Pedro Luis Martin Olivares, designado por el acta de los Zares en Mayo 7, 2018 . En 2016 Cabello y Martin trabajaron juntos para llevar dinero ilícito a Panamá, República Dominicana y Las Bahamas. En Marzo 2017 Cabello capturó envíos de pequeños traficantes los combinó para exportarlos a través de aeropuertos controlados por el gobierno. Cabello, junto al Presidente Maduro, se dividieron los ingresos. En 2017 Cabello exigió información sobre posibles competidores en narcotráfico y lavado de dinero, a fin de robarles su drogas y propiedades y eliminar la competencia.

José David Cabello Rondón

José David Cabello Rondón (José David) es el actual Superintendente del Servicio nacional Integrado de Administración Aduanera y tributaria. Ha sido ministro de Infraestructura y ministro de Industrias. José David ha utilizado su posición para extorsionar a sus clientes. Cabello, como vicepresidente del PSUV y José David, como jefe del SENIAT extorsionan a empresas privadas nacionales y extranjeras. Los hermanos se comparten los ingresos de esa actividad con ministros y gerentes del círculo íntimo de Maduro. Un esquema típico consiste en auditar una empresa e identificar irregularidades verdaderas o falsas. SENIAT les da la opción de pagar una gran multa o una menor m=multa más un pago a los empleados del SENIAT, los cuales se pueden descargar del impuesto como gastos. Estos soborno son depositados en bancos venezolanos por temor a ser incautados en el exterior.

Además de estas actividades, en Septiembre 2017 los hermanos Cabello aprobaron un esquema de lavado de dinero basado en actividades ilícitas de Petróleos de Venezuela, PDVSA.

Rafael Alfredo Sarria Díaz

Rafael Alfredo Sarria Díaz (Sarria) ha lavado dinero para empleados del gobierno desde 2010, mediante la compra de bienes raíces. Sarria actúa como testaferro de Cabello asesorando, asistiendo y obteniendo parte de los beneficios de las actividades ilegales y corruptas. Sarría y Cabello mantienen desde 2010 propiedades en Panamá y en Florida, con Sarría como representante de cabello. En 2015 y 2016 Sarría continuó actuando como testaferro de Cabello y en 2016 estuvo involucrado en narcotráfico en nombre de Cabello. Hoy en día, Sarría es el asesor de Cabello y se aprovecha de la riqueza ilícita y corrupta de Cabello.

OFA ha bloqueado tres empresas n Florida controladas por Sarría: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC, and 11420 Corp., a través de las cuales Sarría es propietario de 12 bienes raíces. Además tiene propiedades en Florida y en Nueva York a su nombre.

Marleny Josefina Contreras Hernández

Marleny Josefina Contreras Hernández es la esposa de Cabello y es la ministro de Turismo y presidenta del Instituto nacional de Turismo. Como resultado de estas acciones de hoy todas las propiedades e intereses de estas personas en los Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses deben ser bloqueados y reportados ala OFAC.

Para mayor información sobre la corrupción de los miembros principales del gobierno de Venezuela, sus asociados y testaferros… favor consultar FIN-2017-A006, “Advisory on Widespread Public Corruption in Venezuela” y FIN-2017-A003 “Advisory to Financial Institutions and Real Estate Firms and Professionals.

Treasury Targets Influential Former Venezuelan Official and His Corruption Network – 18 de Mayo 2018

LandingPage_About.jpgToday the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated Venezuelan national Diosdado Cabello Rondón (Cabello) pursuant to Executive Order (E.O.) 13692, for being a current or former official of the Government of Venezuela. OFAC also designated three other individuals for being current or former officials, or for acting for or on behalf of designated individuals as key figures in Cabello’s corruption network. Those individuals are José David Cabello Rondón, Cabello’s brother, designated for being a current or former official of the Government of Venezuela; Marleny Josefina Contreras Hernández, Cabello’s wife, designated for being a current or former official of the Government of Venezuela; and Rafael Alfredo Sarria Diaz, Cabello’s front man (“testaferro”), designated for acting for or on behalf of Cabello. In addition, OFAC blocked three companies that are owned or controlled by Sarria in Florida: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC, and 11420 Corp. OFAC further blocked 14 properties in Florida and New York, owned by Sarria directly or through his companies.

“The Venezuelan people suffer under corrupt politicians who tighten their grip on power while lining their own pockets. We are imposing costs on figures like Diosdado Cabello who exploit their official positions to engage in narcotics trafficking, money laundering, embezzlement of state funds, and other corrupt activities,” said Secretary of the Treasury Steven T. Mnuchin. “This Administration is committed to holding those accountable who violate the trust of the Venezuelan people, and we will continue to block attempts to abuse the U.S. financial system.”

These designations reflect the commitment of the United States to use every available diplomatic and economic tool to hold accountable corrupt officials and support the Venezuelan people’s efforts to restore their democracy. The United States will continue to take appropriate action, including designating persons for sanctions, to respond to the situation in Venezuela as it develops. U.S. sanctions need not be permanent; they are intended to change behavior. However, we would consider lifting sanctions for persons sanctioned under E.O. 13692 that take concrete and meaningful actions to restore democratic order, refuse to take part in human rights abuses and speak out against abuses committed by the government, and combat corruption in Venezuela.

Diosdado Cabello Rondón

Cabello is the First-Vice President of the Partido Socialista Unido de Venezuela, or the United Socialist Party of Venezuela (PSUV), the political party of Venezuelan President Nicolas Maduro Moros (Maduro), whom OFAC designated pursuant to E.O. 13692 on July 31, 2017. Cabello is a former army lieutenant who forged a close link in the Venezuelan military academy with former, now-deceased Venezuelan President Hugo Chavez (Chavez). Cabello is also a former President and deputy of the Venezuelan National Assembly, Venezuela’s legislative body, and he remained a deputy of the National Assembly until the Maduro regime usurped the powers of the National Assembly and created the illegitimate National Constituent Assembly, of which Cabello is currently a member. Cabello has held numerous positions within the Venezuelan government, having previously served as Minister of Public Works and Housing, Minister of the Interior and Justice, Minister of Infrastructure, Director of the Venezuelan National Telecommunications Commission (CONATEL), and Governor of the state of Miranda.

Often referred to as the second most powerful man in Venezuela—after Maduro—Cabello has maintained significant leadership positions in the Venezuelan government since Chavez elevated him to the position of Minister of Interior and Justice. Cabello has abused these influential positions in furtherance of his illicit and corrupt activities to control and direct government agencies and military officials in Venezuela such as the Cuerpo de Investigaciones Cientificias, Penales y Criminalisticas, or the Body of Scientific, Penal, and Criminal Investigations (CICPC), and the Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, or the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN), the Venezuelan domestic intelligence service. Cabello has entrenched a network of supporters by deciding who gets promoted within agencies such as the Ministry of Defense and the Ministry of Public Works. Cabello in turn used that sphere of influence to personally profit from extortion, money laundering, and embezzlement.

As of May 2017, Cabello had conducted a significant amount of illicit business with others, including Francisco Jose Rangel Gomez (Rangel Gomez), who reported to Cabello. Rangel Gomez was designated by OFAC pursuant to E.O 13692 on January 5, 2018 as a current or former official of the Government of Venezuela. Cabello, Rangel Gomez, and their associates laundered money from the embezzlement of Venezuelan state funds and their dealings with drug traffickers through a series of apartment buildings and commercial shopping centers. Additionally, Cabello, Rangel Gomez, and their associates worked together to illegally access and exploit mines. In particular, they mined and extracted iron and exported it through Ferrominera del Orinoco (FdO), a subsidiary of the state-owned Venezuelan conglomerate, Corporacion Venezolana de Guyana; although FdO was a legitimate business, Cabello and his associates had frontmen inside the company who facilitated the illegal extraction and export of iron. As of December 2016, Venezuelan officials has used state-owned enterprises, Venezolana de Aluminio (Venalum) and Aluminos Nacionales S.A. (Alunasa), to launder money to Costa Rica and Russia. The president of Venalum, as well as another individual who actually ran the company, engaged in drug trafficking and money laundering, and used Venalum as cover for these operations. Under the direction of Rangel Gomez, in his capacity as the Governor of the state of Bolivar, Venalum used boats to move minerals and launder money through Panama to the Costa Rica branch of Alunasa. Cabello directed the Venezuelan military to place several Alunasa employees in Costa Rica to oversee the operation. Additionally, Cabello laundered money through Venalum to Russia.

In addition to money laundering and illegal mineral exports, Cabello is also directly involved in narcotics trafficking activities. Working with current Venezuelan Executive Vice President Tareck El Aissami (El Aissami), whom OFAC designated pursuant to the Kingpin Act on February 13, 2017, Cabello organizes drug shipments being moved from Venezuela through the Dominican Republic, and onwards to Europe. Cabello also directs Pedro Luis Martin Olivares, who was designated pursuant to the Kingpin Act on May 7, 2018, in illicit activities. In late 2016, Cabello and Martin worked together to move illicit money to Panama, the Dominican Republic, and the Bahamas. As of March 2017, Cabello seized drug loads from small-scale drug traffickers, and combined and exported them through a Venezuelan government-owned airport. Cabello, along with President Maduro and others, divided proceeds from these narcotics shipments. Also as of early 2017, Cabello demanded information from the Venezuelan government bureaucracy about wealthy individuals who had made large purchases, which may have helped him identify other drug traffickers, money launderers, and competitors, for the purposes of stealing their drugs and property, and eliminating the competition.

José David Cabello Rondón

José David Cabello Rondón (José David) is the current Superintendent of the Servicio Nacional Integrado de Administracion Aduanera y Tributaria, or the National Integrated Customs and Tax Administration (SENIAT). He previously served as the Minister of Infrastructure and the Minister of Popular Power for Industries. José David has used his access as the head of the Venezuelan Tax and Customs agency to extort money for personal gain from Venezuelans. As of late 2017, Cabello, in his role as the First Executive Vice-President of the PSUV, and José David as the head of the SENIAT, were the main beneficiaries of extortion schemes against domestic and foreign private companies. The brothers shared a percentage of the extortion proceeds with other ministers and officials in Maduro’s inner circle. A typical extortion scheme involved SENIAT officials auditing a business and identifying both actual and falsified irregularities. The SENIAT officials would then give the business the option to pay a single large fine to SENIAT or a smaller fine to SENIAT with a smaller kickback to the officials. The companies would then log the kickbacks as business transactions. SENIAT officials increasingly have the kickbacks paid to specifically established, temporary Venezuelan bank accounts for fear of U.S. financial sanctions levied against senior officials and to avoid increased scrutiny of foreign bank accounts.

Beyond extorting profits from Venezuela’s Customs and Tax Administration, in September 2017, the Cabello brothers, acting in their capacity as high-level Venezuelan government officials, approved a money laundering scheme based on illicit financial activities targeting the Venezuelan state-owned oil company Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Rafael Alfredo Sarria Diaz

Rafael Alfredo Sarria Diaz (Sarria) has laundered money for Venezuelan officials by buying real estate since 2010. Sarria acts for or on behalf of Cabello as his main front man, or “testaferro,” advising, assisting, and profiting, himself, from Cabello’s corrupt profits and illegal proceeds. The two have maintained an illicit business relationship since at least 2010, when Sarria and Cabello had partnerships and corporations in Panama, and Sarria owned several real estate properties in Florida that were registered under his own name. In reality, Sarria acted as the named representative for Cabello in the ownership of these properties. As of 2015, Sarria continued to manage multiple properties and financial arrangements for Cabello, and in 2016, he was involved in drug trafficking activities on Cabello’s behalf. As of 2018, Sarria advises and assists Cabello, and he profits from the investment of Cabello’s corruptly obtained wealth.

Concurrent with designating Sarria, OFAC blocked three companies in Florida that are owned or controlled by Sarria: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC, and 11420 Corp., through which Sarria owns 12 properties in Florida. Sarria owns an additional property in Florida and another property in New York in his name.

Marleny Josefina Contreras Hernández

Marleny Josefina Contreras Hernández is married to Cabello and is the Minister of Popular Power for Tourism, as well as the President of Venezuela’s National Institute of Tourism.

As a result of today’s action, all property and interests in property of these persons that are in the United States or in the possession or control of U.S. persons must be blocked and reported to OFAC. OFAC’s regulations generally prohibit all dealings by U.S. persons or within (or transiting) the United States that involve any property or interests in property of designated persons.

For additional information about the methods that Venezuelan senior political figures, their associates, and front persons use to move and hide corrupt proceeds, including how they try to exploit the United States financial system and real estate markets, please refer to FinCEN’s advisories, FIN-2017-A006, “Advisory on Widespread Public Corruption in Venezuela” and FIN-2017-A003 “Advisory to Financial Institutions and Real Estate Firms and Professionals.

 

Al menos 29.974 millones de dólares contrató el Gobierno revolucionario con Odebrecht – Transparencia Venezuela – 13 de Mayo 2018

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Transparencia Venezuela revela hallazgos sobre la dimensión de los negocios con Odebrecht y los pobres resultados para el país y la sociedad venezolana, luego de cinco años de documentación y procesamiento de datos oficiales extraídos de gacetas, informes de Memoria y Cuenta de ministerios, documentos de la Procuraduría General de la República, Registro Nacional de Contratistas, créditos adicionales e inspecciones judiciales

Transparencia Venezuela, 13 mayo 2018.- La dimensión de los negocios entre el Gobierno de Venezuela y Odebrecht, la constructora brasileña que es el centro del mayor hecho de corrupción del que se sepa en América Latina, es colosal, incluso sin tener la información completa, porque el secreto parece ser el gran acuerdo entre los protagonistas de este desfalco. Transparencia Venezuela adelantó una investigación durante cinco años y presenta públicamente los hallazgos que obtuvo sobre esta gigantesca operación que desangró al país.

Esta organización determinó que el monto de 20 de los 40 contratos que se sabe fueron suscritos con la brasilera, supera la cantidad de 29.974 millones de dólares, así como también que los pagos que se hicieron en 18 de estos contratos, totalizan 13.266 millones de dólares.

Para entender la magnitud de los recursos pactados entre el Gobierno de Venezuela y Odebrecht, se puede recurrir a un solo ejemplo: la nueva etapa del canal de Panamá, una de las obras de ingeniería más importantes del continente, costó 5.000 millones de dólares. Es decir, que con lo comprometido por los 20 contratos, se pudieran hacer seis canales de Panamá.

Toda la información está disponible al público en un sitio exclusivo de Odebrecht en la web transparencia.org.ve, en el que se muestra el análisis de un total de 33 obras y 40 contratos que nuestra organización logró identificar, suscritos entre algunos ministerios- o entes adscritos a ellos- y Odebrecht.

Un total de 36 de los 40 contratos o extensiones de contratos se firmaron durante la gestión de Hugo Chávez, es decir, entre 1999 y 2012, mientras que otros cuatro contratos fueron suscritos en 2013, con Nicolás Maduro en la presidencia.

Transparencia Venezuela obtuvo copia de nueve contratos – no así de sus extensiones – que fueron digitalizados y analizados con detenimiento para ser entregados a la consideración de la opinión pública, con el objeto de arrojar luces sobre esta operación que costó tanto a la nación, dejando a millones de venezolanos sin los servicios y beneficios prometidos, pues 11 de las obras de mayor envergadura quedaron inconclusas.

Durante un lustro, el equipo de investigación de Transparencia Venezuela ha presentado formalmente cientos de solicitudes de información ante organismos del Estado, ha revisado gacetas oficiales, informes de gestión de entes públicos, hecho seguimiento a investigaciones periodísticas, así como demandas judiciales y ha logrado obtener copias de algunos contratos.

Nuestra organización ofrece en este nuevo sitio, los listados de las obras y los contratos descubiertos hasta ahora, así como el avance físico de cada una, de acuerdo con datos oficiales. También está el análisis comparado entre los pagos efectuados y el avance físico de las obras registrado hasta abril de 2017; el monto de cada contrato al inicio y algunos de sus incrementos; el listado de responsables de los contratos por ministerio o ente adscrito y por Odebrecht; el total de los montos de los contratos comparado con los pagos que hemos comprobado; la información de los pagos de los contratos realizados por anticipo y otros pagos y, finalmente, algunos créditos adicionales que se aprobaron para el pago de las obras asignadas a Odebrecht.

La modificación de los contratos: “el mecanismo” del desfalco

En los negocios con Odebrecht los contratos contemplan pagos en bolívares y dólares, pero en casos como el del Metrocable Petare Sur, Metrocable Antímano y el Metro Caracas- Guarenas- Guatire se establecen desembolsos también en euros.

Con la información disponible de algunas obras, Transparencia Venezuela determinó que las modificaciones de los contratos, o adendas, elevaron los montos comprometidos por la nación de una manera sustancial, si se toma en cuenta el precio acordado al inicio de la obra y el monto estimado para 2017. Todas las obras de Odebrecht extendieron su fecha de culminación, pero no existe evidencia que explique semejantes aumentos.
Según expertos en contratos, es aquí donde se encuentra la mayor distorsión y un posible mecanismo de corrupción en los acuerdos con Odebrecht.

Del análisis de los montos de 20 contratos a los que tuvo acceso nuestra organización, saltan cifras extraordinarias que contrastan con las necesidades que viven los venezolanos en medio de una crisis humanitaria sin precedentes. Esos contratos involucran los siguientes montos: Bs. 147.951.312.790,18, US$ 5.718.795.329,73 y € 670.450.027,93.

Al llevar esos montos a dólares, sumando las tres cifras a un cambio de Bs. 6,3/$ y de € 1,15/$ (por las fechas de los contratos), se llega al descomunal monto de US$ 29.974.148.225,37.

Nuestra organización también determinó que solo en 18 obras el monto pagado es de US$ 13.266.250.260,91. Es una cifra calculada al cambio arriba referido, que surge de los siguientes montos cancelados: Bs. 77.664.475.211,54, US$ 698.273.973,29 y € 208.940.704.
Estas altas sumas contrastan con los pobres resultados ofrecidos por el Gobierno y la empresa Odebrecht. Un ejemplo de ello es el subterráneo en la capital del país. 12 años después que Hugo Chávez colocara la primera piedra de la Línea 5 del Metro de Caracas, en noviembre de 2006, la primera etapa está inconclusa y es un monumento a la corrupción.

De acuerdo con nuestra investigación esta obra presenta un avance físico equivalente a 62%; la segunda fase Metro de Caracas Línea 5 (Miranda II) apenas un avance de 6%, mientras que el proyecto de repotenciación de trenes, apenas un 3%.

Fuera de Brasil, el caso de Venezuela es el más escandaloso y donde la empresa pagó más sobornos. La estrecha relación ideológica entre los presidentes Lula Da Silva y Chávez, fue terreno fértil para los negocios. Si Odebrecht aplicó en Venezuela el mismo esquema que en el resto de América Latina, nuestra organización estima sobornos a funcionarios del gobierno mayores a 1.300 millones dólares, muy por encima de los 98 millones de dólares que declararon antiguos empleados de Odebrecht ante la Corte de Nueva York en 2015.

Otra cosa caracteriza el caso Venezuela: no hay responsables. La Contraloría General de la República no ha publicado nada, tampoco conocemos que hubiere iniciado investigaciones o solicitado al Ministerio Público iniciarlas. La Fiscalía General de la República bajo la dirección de Tarek William Saab, por demás activa en el caso contra la PDVSA de Ramírez, guarda silencio sobre Odebrecht.

De acuerdo con la investigación adelantada por Transparencia Venezuela sobre los datos disponibles, la República tendría por cancelar aún a la empresa brasilera más de 16.000 millones de dólares, calculados a un cambio de Bs. 6,3/$ y de € 1,15/$.
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Las perreras por Ramón Peña – La Patilla – 14 de Mayo 2018

El ciudadano de a pie es la víctima más castigada por esta engañifa revolucionaria. Una de las rutinas de su calvario cotidiano lo constituye el trasladarse desde y hasta su lugar de trabajo. La espera larga y ansiosa de los burdos y escasos autobuses o la resignada y agotadora caminata. Últimamente, como novedoso emblema de la vuelta a la Venezuela de la era pre-industrial, se apela a camiones -que a falta de productos agrícolas o fabriles que transportar- amontonan seres humanos en furgones bautizados con el infame vocablo de Las Perreras.

Como es común en las actuales miserias, este padecimiento se concatena con corrupción, desidia e incompetencia: las líneas de trenes urbanos e interurbanos guisadas y no realizadas por Odebrecht, el desmadre del mantenimiento del que fuese nuestro radiante Metro de Caracas, o los más de tres mil autobuses abandonados y desvalijados en cementerios de chatarra. Por cierto, curioseando la página de ventas de un exportador chino de los autobuses marca Yutong, encontramos que el precio FOB-Shanghái de una unidad de 50 asientos, como las adquiridas por el régimen, oscila entre 52 mil y 70 mil dólares. El flete y seguro hasta Venezuela fluctúa alrededor de 5 mil dólares. Pues bien, de acuerdo a investigación realizada por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, por cada unidad se pagaron 180 mil dólares. Calculen y multipliquen ustedes el sobreprecio en las 7 mil unidades compradas por el régimen…

Este drama del transporte urbano no es necesariamente parte de la cultura del comunismo clásico. En la Unión Soviética, en 1935, Stalin ideó, como su gran regalo al proletariado, construir en Moscú el Metro más suntuoso del planeta. Lo logró y todavía hoy lo es. Pero entre corrupción y mediocridad, a estos comunistas nuestros de medio pelo no les da el mate para trascender con obra alguna distinta a la siembra de miseria.

El ‘plan B’ de los saqueadores de la petrolera estatal venezolana para ocultar su botín por Joaquín Gil/José María Irujo – El País – 12 de Mayo 2018

La red de exministros de Chávez investigada por un expolio de 2.000 millones operó en Panamá tras el bloqueo de sus cuentas en Andorra
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La trama investigada por saquear 2.000 millones de euros de la compañía estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) urdió un plan para continuar haciendo caja después de que una jueza de Andorra abriera una causa por blanqueo en 2012.

Dos semanas después de que la magistrada Canòlic Mingorance ordenara el bloqueo de las cuentas bancarias de la red en Andorra, sus cabecillas diseñaron un plan B para seguir cobrando comisiones en otros paraísos fiscales, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El grupo, integrado por exviceministros del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), maniobró en diciembre de 2012 para que compañías chinas agraciadas por las adjudicaciones de PDVSA abonaran comisiones en Panamá.

La organización contó para diseñar su nueva arquitectura financiera con el asesoramiento de un alto ejecutivo de la Banca Privada d’Andorra (BPA). El directivo ofreció a los investigados abrir cuentas en Panamá. Dijo que así sortearían los exámenes de compliance, el radar de los bancos que vela para prevenir el blanqueo de capitales.

Diego Salazar, un empresario venezolano que logró contratos millonarios de compañías chinas beneficiadas por PDVSA gracias presuntamente a su primo Rafael Ramírez, exministro de Energía y hombre fuerte de los gobiernos de Chávez, encontró en la dirección de la BPA un aliado.

Pablo Laplana, que en 2012 era director de la división internacional de la BPA, ofreció a Salazar que las empresas asiáticas beneficiadas por los contratos de la petrolera venezolana pagaran sus comisiones en un banco de la entidad andorrana en Panamá.

“Es otra jurisdicción. Estás protegido por Panamá, no tiene nada que ver con Andorra”

Conversaciones telefónicas grabadas por la Policía de Andorra demuestran cómo, pese al bloqueo de las cuentas en Andorra, responsables del banco del pequeño país pirenaico ayudaron a los investigados a mantener engrasada la maquinaria de cobro de comisiones.

El que fuera mano derecha y director financiero de Salazar, Luis Mariano Rodríguez, llamó el 14 de diciembre de 2012 al directivo de la BPA Pablo Laplana, Le explicó que los empresarios chinos no podían seguir pagando en cuentas bloqueadas.

El ejecutivo de la BPA ofreció al hombre de confianza de Salazar la apertura de nuevas cuentas en Panamá, donde supuestamente no alcanzaba la mano de la jueza andorrana Mingorance. Así se desarrolló la conversación:

– Pablo Laplana: ¿Quieres que investigue la posibilidad de abrírtelo en Panamá?

– Luis Mariano Rodríguez: ¿Crees que será posible?

– P. L.: Yo creo que sí…pero déjamelo que te lo indago el lunes. Nosotros tenemos BPA, un banco en Panamá

– L. M. R.: BPA, un banco en Panamá.

– P. L.: ¡Claro un banco en Panamá!

Rodríguez aceptó la propuesta del directivo de la BPA, que le recomendó el país centroamericano frente a Suiza, donde los controles –aseguró- eran más estrictos. “Nosotros ya conocemos la operativa de los chinos y entonces a nivel de compliance (cumplimiento) tú ya la tiene aprobada. Te lo digo por agilidad. Por si los suizos, que son muy suizos, se ponen cuadriculados,…yo miro la posibilidad de abrírtelo en Panamá”.

El ejecutivo de la entidad insistió en las ventajas de cobrar a través del país centroamericano: “Aquello es otra jurisdicción… , pero es el mismo banco. La parte de compliance (cumplimiento) ya la tienes pasada, sencillamente es otra jurisdicción y estás protegido por Panamá, no tiene nada que ver con Andorra”, le dijo a Rodríguez.

Presiones a la investigación

En otro pinchazo captado por los investigadores, Laplana explica al hombre de confianza de Salazar supuestas presiones para entorpecer la investigación. “A través de los abogados, están presionando para que no se envíe la información a Venezuela, alegando motivos de seguridad para las vidas de las familias”.

El directivo de la BPA y el lugarteniente de Salazar muestran en otro diálogo su confianza en el archivo de la causa. Y revelan los planes de la red de emprender acciones para reclamar daños y perjuicios. Seis años después del pronóstico, la investigación continúa y mantiene bajo el radar a los principales implicados: Salazar permanece detenido en Caracas desde el pasado diciembre. Y el Gobierno de Nicolás Maduro destituyó a su primo Rafael Ramírez del puesto de embajador de Venezuela ante Organización de Naciones Unidas (ONU). Además, la Fiscalía del país sudamericano anunció la apertura de una investigación contra Ramírez.

Los negocios de Salazar con empresarios asiáticos se enmarcan en un acuerdo entre Venezuela y China por el que el país sudamericano recibió un préstamo de 20.000 millones de dólares (16.219 millones de euros) del gigante oriental a cambio de petróleo.

En su declaración ante la juez andorrana Mingorance, en febrero de 2015, Salazar se refirió a Luis Mariano Rodríguez como “su director financiero y la persona que controlaba las cuentas” de sus empresas. E insistió en que sus negocios con firmas asiáticas, como la ingeniería Sinohydro Corporation Limited, eran “reales y legales”.

Rodríguez llegó a manejar un entramado de 11 depósitos y diez sociedades en la BPA que movieron 626 millones de euros.

La trama bajo sospecha blanqueó supuestamente 2.000 millones de euros en Andorra de supuestas comisiones de hasta el 15 % que abonaron empresas beneficiadas por PDVSA. La mecánica corrupta implicó a 10 personas, entre las que figuraron los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un expresidente de PDVSA y directivos de este gigante petrolero. Un magnate de los seguros y testaferros completaban el grupo.

Cuando la red operó, entre 2007 y 2012, Andorra permanecía blindada por el secreto bancario. Un velo que cayó el pasado año.

Las autoridades de este país pirenaico de 78.000 habitantes intervinieron en marzo de 2015 la Banca Privada d’Andorra (BPA) por un presunto delito de blanqueo de capitales. Los dueños del banco, que alcanzó los 9.000 clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros, niegan estas acusaciones.

 

PDVSA: De Ramírez a Quevedo / Retrospectiva 2015-2018 por Einstein Millán Arcia – Aporrea – 11 de Mayo 2018

Revisando la cronología previa y posterior a los sucesos ocurridos en PDVSA a partir de Noviembre de 2017, son muchas las conclusiones a las que se puede arribar acerca del porque de la deplorable situación actual de PDVSA.

Todo inicia a partir de la implementación del plan siembra petrolera. Aunque su ejecución navegó por aguas turbulentas desde su inserción; con múltiples eventos de corrupción en costa afuera y Faja del Orinoco, con complicaciones y abandono de varias empresas mixtas, el naufragio solo se hace palpable a loa ojos el estado con el derrumbe del barril a mediados de 2014. Dicho evento deja expuesto y hace evidente el recalentamiento de las finanzas que venia sufriendo PDVSA, su creciente y destructiva corrupción interna, su autoflagelación y su mal manejo.

Ya para 2016 PDVSA acusaba un desplome de cerca del 60.6% en sus ingresos totales, traducido en unos US$48.002 millones en 2016 versus US$121.895 millones para el ejercicio 2014. Con ello, la ganancia neta pasó desde US$9.074 millones durante 2014 a US$828 millones en 2016, un derrumbe de alrededor de 91%, solo comparable con la abrupta caída observada durante la gestión del Luis Giusti durante el ejercicio 1998, donde llego hasta la inédita suma de US$663 millones; aun la más baja en su historia.

Aunque ya venia desplomándose con consistencia desde 2008, la producción promedio durante 2016 comenzaba a mostrar signos de castigo acelerado, al pasar a 2.57 MMBD desde 2.90 MMBD en 2014. Las exportaciones también comenzaban a ceder con fuerza, al caer hacia 1.82 MMBD desde 1.90 MMBD durante el mismo periodo. Es de hacer notar que en esa producción reportada se contabilizaba y aun se contabiliza el volumen de crudo importado utilizado como diluente, cuyo promedio para 2016 fue de unos 68 MBD.

Entrado ya el 2016 el gobierno de Maduro mostraba señales de una creciente asfixia financiera y una visible presión política desde su entorno más cercano. A la par, los gobiernos chino y ruso ejercían mayor presión para proteger y garantizar sus intereses en Venezuela. En Febrero 2016 es creada Camimpeg, instrumento corporativo exclusivo del sector militar para avanzar en el ámbito y sobretodo en los negocios del sector petrolero. Es así como ese segmento comenzaba a saborear y palpar “en tiempo real” lo atractivo de PDVSA, no como instrumento de generación de valor y resguardo de la soberanía, sino como instrumento de control del poder financiero y político.

En medio de una abundante ignorancia acerca de las causas reales del problema, motivadas en esencia por factores de naturaleza tanto interna como externa, por políticas erradas en el manejo operativo, financiero y ético de PDVSA, y por la inconveniente política de recortes planteada y defendida por Venezuela, el gobierno busca culpables y comienza a dudar de la cúpula y el entorno petrolero. Es así como decide infiltrarla abiertamente y dar al traste con la necesaria presencia de la exposición global, el conocimiento y la experticia en su manejo.

La industria petrolera comenzaba a acusar un franco y sostenido deterioro desde 2007-2008 en todos los aspectos; moral, ético, organizacional, técnico y operativo. Sin embargo y mientras el precio del barril se mostraba “saludable”, su presidente y directiva pasaban desapercibidos aunque ello significara sacrificar el negocio medular para satisfacer el apetito político. Siempre y cuando el gobierno central recibiera divisas para sostener el clientelismo, el populismo y la compra de voluntades, le tenía sin cuidado el resto.

La supuesta habilidad del equipo que con la implementación del plan siembra petrolera que dio inicio a la destrucción que hoy acusa PDVSA, demostró no ser más que incompetencia y corrupción despiadada sostenida en un barril en alza. La fiesta solo duró hasta de Junio’2014. A partir de allí, las mascaras comenzaron a caerse.

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Tal y como desnuda el grafico anexo en donde se contrasta la producción nación versus el ingreso neto normalizado por precios del barril, la supuesta bonanza de la PDVSA de Ramírez y Del Pino no era otra cosa que una farsa sustentada en dos aspectos fundamentales; alza del precio del barril y artificios contables llamados “ingresos financieros” apoyados en marramuncias cambiarias. No por casualidad, entre 2012 y 2015, los artificios cambiarios y contables ocultos entre los llamados “ingresos financieros” tuvieron su pico máximo, al pasar de US$765 en 2012 a más de US$20.343 millones en 2014 y US$16.830 millones en 2015.

Ya para mediados de 2016, el gobierno enfrentaba graves problemas de caja y el cerco internacional se cerraba de forma continua e indefectible. Sus socios tradicionales, China y Rusia exigían más y mejores garantías. Venezuela comenzaba a solicitar periodos de gracia a China para pagar solo intereses de la deuda contraída hasta el momento y poder liberar así, envíos de crudo que irían en consecuencia a generar flujo de caja, brindando a la estatal la posibilidad de poder incrementar su capacidad de emisión de deuda en forma de bonos a futuro para brindar un respiro aunque fuese de etéreo y pasajero; eran acciones que no apuntaban a la causa sino a las consecuencias del problema; destinadas a comprar tiempo, a correr la arruga.

Las pésimas negociaciones y peor arquitectura de los modelos de negocios de las empresas mixtas a la postre pusieron a la estatal contra la pared. Para entonces, la deuda de Venezuela con el gobierno chino ascendía a unos US$50 billones. PDVSA entraría en un círculo vicioso; en una espiral suicida con las empresas mixtas, ya que a medida que el barril cedía PDVSA debía asegurar mayor volumen de crudo para cubrir el margen de deuda. Desafortunadamente su producción estaba destinada a desplomarse drásticamente como en efecto sucedió, forzando al gobierno central a ofrecer garantías adicionales, mientras ascendía incontrolable su potencial de mora.

Es así como comienza a desmontarse esa PDVSA que desde 2005 yacía bajo el dominio de clan Ramírez-Del Pino; una nefasta experiencia que jamás debe reeditarse de nuevo en nuestra Venezuela, pero que sin embargo a juzgar por los cambios recientes, el mal aun persiste.

La entrada de Nelson Martínez al ministerio de Petróleo ocurre en Enero’2017, a la par del nombramiento de una nueva junta directiva en donde destacaban individuos muy cercanos a la cúpula del poder. Se crea la vicepresidencia ejecutiva con Maribel Parra al frente, llevan a Simon Zerpa a la vicepresidencia de finanzas y colocan a un desconocido sin perfil en una posición clave; Nelson Ferrer nada menos que en exploración y producción, además de varios activistas y proselitistas políticos de confianza, sin ningún tipo de calificación conocida como directores externos.

Llegado Julio’2017, tiene inicio la saga de sanciones desde los EEUU contra funcionarios Venezolanos y toma cuerpo de manera abrupta la desconfianza interna entre los distintos segmentos del poder político. En Agosto 2017 nombran a Nelson Martínez presidente de una PDVSA en clara pugna y llevan a Eulogio del Pino de vuelta al Ministerio de Petróleo. PDVSA ya no era una industria petrolera; era simplemente un cascaron sostenido solo en una inercia que fenecía por fuerzas de fricción originadas por la anarquía e incompetencia dejadas por su predecesor.

Nelson se enfrentaba aguas turbulentas en esa PDVSA, en donde abundaban enfrentamientos que originaron diferencias fuertes con parte de esos personeros impuestos en la directiva desde de Enero’2017 y también con el vecino de la torre oeste, el entonces ministro. Nelson arma equipo y activa mecanismos de impacto para reducir la entropía interna, para apaciguar la profunda anarquía organizacional y para remediar la abismal y sostenida caída de producción en curso, sin percibir que ello agigantaba la magnitud de las grietas políticas ya iniciadas. Lo comenzaron a visitar prácticamente a diario activistas políticos y militares, le cerraban el paso, no le aprobaban cambios ni postulaciones. Estaba con las manos amarradas.

La cronología de eventos que se sucedieron de allí en lo adelante, marcaría una “purga selectiva” sin precedentes en la historia reciente de PDVSA, desembocando en la detención de Eulogio del Pino y Nelson Martínez a finales de Noviembre de 2017. Un elemento clave que ha pasado desapercibido es que tan pronto fue detenido N. Martínez e incorporado M. Quevedo, se separa del cargo de manera inmediata la entonces vicepresidenta ejecutiva M. Parra. Ya PDVSA estaba siendo activamente penetrada no había vuelta atrás, el control ya estaba en esas manos que tanto la habían deseado; su destrucción, esa misma destrucción que ahora esta en curso activo, estaba sentenciada.

Con el arribo de Quevedo los efectos no se hicieron esperar. Entre la última semana de Noviembre, cuando PDVSA mostraba una producción puntual de 1.919.000 B/D y finales de Marzo cuando la producción nación se abatió hasta 1.509.000 B/D, el país dejaba de producir unos 420.000 B/D; un desplome sostenido de 105.000 B/D por mes, mientras que las exportaciones a Norteamérica, que a la postre son las que generan ingresos inmediatos se desplomaban hasta llegar a su mas bajo nivel histórico de menos de 380.000 B/D. Lo que habíamos advertido se esta cumpliendo, se cierra la brecha entre la disponibilidad de crudo con potencial de generar flujo de caja y aquel que obligatoriamente debía ir dirigido al pago de compromisos pactados y que no generaban ingresos frescos, poniendo al gobierno en la disyuntiva entre castigar el mercado interno o cumplir compromisos contraídos.

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PDVSA está en medio de un torbellino desenfrenado de confusión y anarquía; del no saber que hacer. No hay reacción de la directiva sencillamente porque no saben que hacer; desconocen el negocio.

Es allí, en medio de ese río revuelto, donde los estafadores y aprovechadores hacen precisamente su aparición estelar. Muchos hablan de privatizar, otros de invadir y otros andan detrás devastadores llenando sus alforjas. En esencia, todos son caimanes de un mismo caño. Lo que buscan es acceso fácil a comisiones y poder. Muchos de esos mismos han sido gobierno en el pasado y nada aportaron entonces aparte de su enriquecimiento propio. Otros han estado incursos y procesados por delitos penales por corrupción y aun así asoman sus narices para opinar sobre lo que ellos mismos de una u otra manera son corresponsales.

Aparte de enseriarse y poner a PDVSA en las manos correctas. Aparte de realmente combatir la corrupción y echar a un lado el populismo para dar paso a medidas económicas duras pero necesarias, son pocas las alternativas que le quedan al gobierno. Quizá declararse en moratoria, endeudarse a costa de arrasar con los recursos del macizo guayanés o entregar a descuento activos preciados de PDVSA a manos desconocidas ocultas detrás de algún capital de origen cuestionable.

De no actuar con contundencia y premura, las consecuencias de esta increíble e inédita destrucción serán sentidas con fuerza en todo estamento de la sociedad, pero sobretodo en aquel mas desposeído. El mercado interno se verá seriamente diezmado, como también se verá el acceso a los bienes de consumo y servicio. La población más endeble se rebelara y el país entrara en un torbellino indescriptible de tensión y anarquía.

 

Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas por Maibort Petit – Blog Venezuela Política – 8 de Mayo 2018

En la rogatoria internacional que la jueza de instrucción de delitos económicos, Canólic Mingorance Cairat, de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra dirigió a la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2012, se pueden observar los movimientos de cuentas que Diego Salazar, Nervis Villalobos, Omar Faríaz Luces, realizaron en la BPA a través de un conjunto de empresas de maletín que les permitieron lavar el dinero proveniente de comisiones cobradas a cambio de la aprobación de contratos de PDVSA.

Seguidamente se expone el análisis de los movimientos de las cuentas de las persones físicas y jurídicas investigadas por el Consejo Superior de Justicia del Principado de Andorra.

Las cuentas de Diego Salazar Carreño

En primer lugar cita la cuenta número AD66 0006 0008 2512 0026 9407, abierta el 20 de junio de 2007 a nombre de Highland Assets Corp. (Panamá), cuyo representante es Luis Mariano Rodríguez Cabello. Con un saldo al 18 de noviembre del 2011 de 3.415.714,39 euros. El contrato de apertura de cuenta y los cuestionarios indican que el causahabiente de la referida cuenta es Diego José Salazar Carreño. Se asegura que los fondos se han originado a raíz de la intermediación en operaciones de petróleo. Se informa en el mismo formulario que la cuenta recibirá dinero de Worldwide Traders Line, S.A. y que de los 2 formularios no firmados por el cliente, uno establecido con la denominación de la persona jurídica titular de la cuenta, a saber Highland Assets Corp. y el otro para el beneficiario, la mercantil venezolana Iver DT Asesores de Negocios, C.A. siendo el gestor Pablo Laplana Morales. Existiendo un contrato entre el banco BPA y las mercantiles Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., Worldwide Traders Line, S.A., y Red Bouquet Fundation, pues parecerían sociedades pantalla.

La cuenta se nutre de transferencias internacionales y traspasos ordenados desde cuentas abiertas en BPA, de unos importes globales de USD 403.911.987,00 y de Euros 596.844,00. Una parte importante de este capital, es transferido al extranjero, concretamente los globales de USD 194.430.409,00 y de Euros 4.386.586,00 y de GBP 21,670.00. Los totales de USD 194.430.409,00 y de EUROS 119.000,00 son traspasados a cuentas de BPA; otros USD 197.858.144,00 son abonados a las cuentas del Banco BPA, titularidad de High Rise Proyects, S.A., Central Bertfort, S.A., Worldwide Traders Line, S.A. y Antigua Omega INC. Finalmente el global de USD 21.736.317,00, es invertido en la compra de bienes inmuebles en el extranjero. Leer más de esta entrada

Varios ex tesoreros y operadores financieros del chavismo negocian con fiscales federales de EEUU – Cuentas Claras Digital – 1 de Abril 2018

Wellington es una de las zonas más exclusivas de la elitesca Palm Springs de Florida. Desde hace un tiempo, uno de sus más acaudalados vecinos exhibe un complemento poco visto por esos predios. Alejandro Andrade Cedeño, ex tesorero nacional de Venezuela, tiene un dispositivo electrónico de vigilancia en el tobillo.

Durante varios años se ha especulado acerca de la investigación que varias agencias del gobierno de EEUU realizan sobre las redes de corrupción incrustadas en el más alto nivel del régimen venezolano.

La agencia de noticias Bloomberg publicó en diciembre de 2016 que más de dos docenas de altos ex funcionarios venezolanos habían recibido asilo y protección en Estados Unidos a cambio de revelar información relativa al entramado de corrupción gubernamental que saqueó a uno de los países más ricos del mundo. Entre ellos figuran generales, ministros, ejecutivos de Pdvsa, jueces y guardaespaldas presidenciales.

La nota de Bloomberg no dio nombres, pero en medios venezolanos y de Miami hace tiempo que circulan varios: Alejandro Andrade, ex tesorero de la nación; Rafael Isea, ex ministro de Finanzas; Eladio Aponte Aponte, ex magistrado del TSJ; el mayor general ex ministro de Alimentación, Hebert García Plaza; el Capitán de corbeta Lemsy Salazar, ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, entre otros.

Además de ex funcionarios, se menciona desde hace tiempo un grupo de banqueros que ha sido objeto de averiguaciones en EEUU, entre los que figuran Víctor Vargas Irausquín y Tomás Niembro, entre otros.

Los bonos del hambre

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Alejandro Andrade Cedeño, ex tesorero de Venezuela

Según fuentes a las que tuvo acceso CuentasClarasDigital, el principal testigo sería Alejandro Andrade quien habría llegado a un acuerdo de colaboración con las autoridades a cambio de suavizar su condena y retener parte de la fortuna que posee.

Al frente de la Oficina Nacional del Tesoro, dependiente del ministerio de Finanzas, Andrade (que también dirigía el Banco de Desarrollo Social BANDES y Banfoandes), realizó numerosas negociaciones con las colocaciones de recursos oficiales en bancos privados, con bonos de Venezuela, Argentina y Ecuador pero en especial con las denominadas notas estructuradas. Entre 2004 y 2008, a través del ministerio de Finanzas y posteriormente también de la Oficina Nacional de Tesoro y Bandes, se colocaron mas de 10 mil millones de dólares en notas estructuradas en operaciones opacas sin ningún tipo de supervisión. Las ganancias para los funcionarios responsables y sus operadores fueron multimillonarias.

Uno de los fraudes con bonos de BANDES durante presidencia de Alejandro Andrade fue el relacionado con la casa de bolsa de NYC Direct Access Partners (DAP). La alta funcionaria del banco público, María de los Ángeles González de Hernández, se declaró culpable en EEUU de recibir sobornos por $5 millones de DAP a cambio de autorizar operaciones ilegales que ocasionaron $66 millones de pérdidas al país

Andrade consolidó en la tesorería nacional un mecanismo de corrupción en base a transacciones ilegales con títulos y valores de la República que fueron negociados por un grupo de bancos privados que los utilizaron para enriquecer a sus dueños en base al diferencial cambiario.

La vida y los gustos de Alejandro Andrade cambiaron por completo. Los signos exteriores de riqueza inexplicable, para un funcionario público con orígenes humildes, ahora con mansiones, caballos y jets privados, terminó por llamar la atención de las autoridades del país donde decidió fijar su residencia.

La enfermera de Chávez que llegó a tesorera de la nación

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La mayor Claudia Díaz Guillén, ex enfermera de Hugo Chávez y ex tesorera de la nación, con su esposo el capitán Adrián Velásquez

Otros testigos fundamentales para las averiguaciones que adelanta EEUU sería la ex tesorera de la nación la mayor Claudia Díaz Guillén y su esposo el capitán Adrián Velásquez, mejor conocido en el régimen como “Guarapiche”, quienes habrían viajado a EEUU desde San Sebastián, España, donde residían luego de una estancia en República Dominicana, para negociar su situación.

La investigación periodística de los Papeles de Panamá develó las empresas en ese país y en Seychelles, además de las cuentas en Suiza de Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez, abiertas durante la gestión de Díaz al frente de la tesorería. Días después de destapado el escándalo, la DIM allanó su residencia en Caracas donde encontraron motos de alta cilindrada, cajas vacías de Rolex, joyas y certificados de diamantes.

Dos familiares de Adrián Velásquez fueron detenidos al intentar salir del país y luego liberados por el juez Jorge A. Timaury, relacionado con el presidente del TSJ Maikel Moreno. El magistrado fue recusado por el MP por permitir irregularidades en la audiencia de presentación.

Díaz llegó a la tesorería luego de ganar la confianza de Hugo Chávez como su enfermera particular y por su amistad con Alejandro Andrade y la almiranta Carmen Meléndez ex de Maniglia, que también ocupó el cargo de tesorera nacional. Estando en el cargo se casó con Velásquez, edecán de la familia Chávez, quien tenía cierta experiencia en temas financieros por su pasantía en organismos públicos de importación de alimentos.

Tanto Andrade como Díaz tuvieron entre sus operadores financieros a Luis Alfonso Oberto, ex dueño de la casa de bolsa UnoValores. Fuentes financieras de Nueva York consultadas por CuentasClarasDigital sostienen que Oberto también estaría colaborando con las autoridades.

El nuevo zar de los medios de comunicación de Venezuela

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Raúl Antonio Gorrín Belisario, propietario de Globovisión

Oberto no trabajaba solo. Formaba parte de un grupo en el que figuraban también otros conocidos operadores financieros de la boli-burguesía como Leonardo González Dellán y los abogados Raúl Gorrín Belisario y Gustavo Perdomo, hoy propietarios de Globovisión.

La relación entre Oberto y Gorrín finalizó en malos términos luego de varias operaciones irregulares en torno al diferencial cambiario con los tesoreros Andrade y Díaz. El entramado de corrupción con el dinero público había reportado cientos de millones de dólares en ganancias ilegales para el grupo de funcionarios y seudo empresarios.

Oberto no solo realizó operaciones con los bonos de la Oficina Nacional del Tesoro. Cerrada esa etapa por problemas con Raúl Gorrín, Oberto mudó sus operaciones a Pdvsa.

El Cadivi paralelo de Pdvsa

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Durante la administración de Rafael Ramírez funcionó en la petrolera estatal un mecanismo de administración de divisas paralelo al oficial que estableció tasas de cambio ilegales y arbitrarias para convertir directamente los dólares de la venta de petróleo en bolívares. El supuesto objetivo era cubrir los gastos de la empresa en el territorio nacional.

Víctor Aular Blanco, ex director de Finanzas de Pdvsa

A través de esta especie de Cadivi paralelo, violando varias leyes y reglamentos, Rafael Ramírez y los integrantes de la directiva, en especial el responsable de las finanzas, Víctor Aular Blanco, en complicidad con un grupo de jóvenes empresarios denominados los bolichicos y la asesoría de Oberto, ejecutaron oscuros contratos confidenciales con compañías escogidas a dedo, sin pasar por subastas públicas, que generaron grotescas fortunas para sus operadores, en base al diferencial cambiario existente entre la tasa oficial del momento, la del denominado mercado negro y la establecida ilegalmente por la directiva de Pdvsa .

Contrato de Pdvsa con Administradora Atlantic 17017 C.A.

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Una de ellas fue la realizada con la Administradora Atlantic 17107 CA y bancos privados nacionales, autorizada por Ramírez el 6 de marzo de 2012, con la que se habrían negociado irregularmente más de 4 mil millones de dólares. Dos meses después de la firma con Pdvsa, Atlantic cedió el contrato a la empresa panameña Violet Advisors SA.

El sobrino favorito de Cilia Flores

El 3 de septiembre de 2014, Maduro destituye a Ramírez, cambia a la directiva y al responsable de las finanzas de Pdvsa, cargo para el que designa al que ya fungía como tesorero de la nación, su sobrino político Carlos Erik Malpica Flores quien llega con un nuevo equipo de asesores y operadores entre los que figura Raúl Gorrín. El abogado entra así a controlar el Cadivi paralelo de la petrolera, desplazando a Luis Alfonso Oberto, lo que profundiza la enemistad dando origen a enfrentamientos públicos entre ambos.

Fuentes de CuentasClarasDigital sostienen que entre las mayores operaciones ejecutadas por Raúl Gorrín en Pdvsa, figura la relacionada con un crédito por 7.200 millones de bolívares, pagadero en dólares, otorgado a la petrolera por la compañía Rantor Capital, CA., el 17 de diciembre de 2014, fecha de la conmemoración de la muerte del Libertador Simón Bolívar. Dos semanas después, Rantor cedió el contrato por un monto de 1.143 millones de dólares a la compañía Eaton Global Services Limited, constituida en Hong Kong.

Con esta operación y otras similares, Malpica Flores copió los mecanismos ilegales de sus antecesores y continuó con los negociados en torno al diferencial cambiario, al mismo estilo de los ejecutados anteriormente por la Pdvsa de Rafael Ramírez con la Administradora Atlantic 17107 CA.

Una investigación periodística develó la extensa red de empresas y propiedades en Panamá de familiares cercanos de Malpica Flores que incluía a su esposa, sus padres, tía y hermana. Se trata de las mismas compañías que recientemente resultaron sancionadas por las autoridades del país centroamericano.

Carlos Erik Malpica Flores celebró su nombramiento como tesorero nacional en la exclusiva isla caribeña de St Barth

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En enero de 2016, Malpica Flores salió de la Oficina Nacional de Tesoro y de la directiva de Pdvsa donde había llegado a acumular más poder que el presidente de la petrolera, Eulogio Del Pino. Como pieza clave mediante la cual la esposa de Nicolás Maduro controlaba las finanzas públicas, pasó a tener un perfil más bajo aunque mantiene una influencia determinante en Miraflores. Recientemente se conoció que adquirió la empresa de recolección de basura Fospuca.

La disputa por el botín

Producto de conflictos e intrigas en el alto nivel del régimen, el pasado diciembre, una comisión de la Dirección de Contrainteligencia Militar, por orden de Tareck William Saab, mantuvo retenido en el aeropuerto de Maiquetía a Alejandro Betancourt López cuando se disponía a salir del país. El presidente del TSJ, Maikel Moreno conjuntamente con Raúl Gorrín, intercedieron a favor de Betancourt aduciendo que no existía una orden judicial y que por lo tanto, la detención debía quedar sin efecto. La acción del organismo militar fue acompañada por el allanamiento a las oficinas de Betancourt, quien finalmente logró abandonar Venezuela rumbo a España donde mantiene grandes inversiones inmobiliarias, como el castillo El Alamín ubicado en Toledo, que costó casi 30 millones de euros.

Las averiguaciones en EEUU sobre la red de corrupción chavista que arruinó a Venezuela, comenzaron con la administración de Obama y continúan con la de Trump. El aparato de investigación y justicia de ese país se ha tomado su tiempo pero comienza a concretar acusaciones, al igual que la Unión Europea y Canadá. Mientras tanto, en Venezuela, los organismos competentes no actúan sino cuando conviene a los intereses políticos de Nicolás Maduro.

 

César Rincón Godoy, otro funcionario de PDVSA que se declara culpable de corrupción y lavado de dinero en E.E. U.U. por Maibort Petit – Blog Venezuela Política – 19 de Abril 2018

El juez Kenneth M. Hoyt impuso una sentencia de dinero personal en su contra por un monto de $ 7,033,504,71

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César Rincón Godoy, ex gerente general de la filial de compras de la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), se declaró culpable de participar en un esquema internacional de lavado de dinero que involucra el cobro de sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en Estados Unidos ante un juez de la Corte del Distrito Sur de Texas a funcionarios de la petrolera venezolana.

En una declaración conjunta del Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División Penal del Departamento de Justicia, John P. Cronan; el Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Texas, Ryan K. Patrick y el Agente Especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE y Aduanas de los EE. UU, Mark Dawson Field informaron que el exfuncionario había acordado declararse culpable de los delitos por los cuales se le acusa.

” Hoy César David Rincón Godoy (50) se declaró culpable en el tribunal federal de Houston de una acusación de conspiración para lavado de dinero”, dice el comunicado.

Rincón Godoy aceptó los cargos frente al juez Kenneth M. Hoyt quien le impuso una sentencia de dinero personal en su contra por un monto de $ 7,033,504,71. Godoy aceptó la orden de decomiso de la corte. La sentencia está programada para el 9 de julio de 2018.

César Rincón Godoy fue arrestado en España en octubre de 2017 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos después de que un gran jurado federal en el Distrito Sur de Texas aprobara una acusación de 20 cargos contra Rincón Godoy, Luis Carlos De León Pérez; Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas; Alejandro Isturiz Chiesa; y Rafael Ernesto Reiter Muñoz.

De acuerdo con las admisiones realizadas en relación con el alegato por el cual fue acusado César Rincón aceptó que entre enero de 2012 y junio de 2013, conspiró junto a De León, Villalobos, Istúriz, Reiter y otros funcionarios de PDVSA y sus subsidiarias, y ex funcionarios de otras agencias u organismos del gobierno venezolano, para solicitarles a los contratistas sobornos millonarios a cambio de proporcionar asistencia a esos proveedores en relación con su negocio de la petrolera estatal.

Específicamente, César Rincón Godoy admitió haber aceptado sobornos del contratista Roberto Enrique Rincón Fernández, residenciado en The Woodlands, Texas, y de Abraham José Shiera Bastidas de Coral Gables, Florida, a cambio de realizar actividades para favorecer a los contratistas “Cuando Rincón Godoy era gerente general de Bariven ayudó a las empresas de Roberto Rincon y Abraham Shiera a recibir prioridad de pago y recibir contratos adicionales de PDVSA” dice la declaración oficial.

Rincón Godoy admitió -además- que luego conspiró con Roberto Rincón y Shiera para lavar y ocultar el dinero producto del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras, incluidas transferencias a cuentas en los Estados Unidos y Suiza a nombre de terceras personas o entidades controladas por los miembros del esquema de corrupción.

Previamente, tanto Roberto Rincón como Abraham Shiera se declararon culpables en el Distrito Sur de Texas de cargos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por sus respectivos roles en el esquema de soborno. Actualmente esperan la sentencia que está fijada para el 23 de agosto de 2018.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, César Rincón también admitió haber solicitado y recibido sobornos de otros propietarios de compañías de energía con sede en los Estados Unidos a cambio de ayudar a esas personas y sus empresas a ganar negocios con PDVSA y obtener el pago adelantado de las facturas frente a otros proveedores. César Rincón admitió haber conspirado con otros para blanquear al menos $ 7,033,504,71 en ganancias de varios esquemas de soborno en los que participó.

Los cargos contra De León, Villalobos, Isturiz y Reiter siguen pendientes. Cada uno de los cuatro individuos ​​restantes están acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y de uno o más cargos de lavado de dinero. De León y Villalobos también están acusados ​​de un cargo de conspiración para violar la FCPA.

De León fue extraditado de España el 9 de marzo, y se ordenó que se lo detuviera en espera de juicio luego de una audiencia de detención ante el juez magistrado de los Estados Unidos Frances H. Stacy del Distrito Sur de Texas, celebrada el 10 de abril de 2018. Villalobos y Reiter permanecen en custodia de las autoridades españolas en espera de la extradición. Alejandro Isturiz sigue prófugo de la justicia norteamericana.

César Rincón se convierte en el último sujeto en declararse culpable como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de los EE. UU. realiza sobre este esquema de pago de sobornos en PDVSA que superó los 1000 millones de dólares Incluyendo a Cesar Rincón, Roberto Rincón y Shiera, el Departamento de Justicia ha anunciado las declaraciones de culpabilidad de un total de 11 individuos en conexión con la investigación.

 

La Udef investiga por blanqueo a un empresario mimado por Hugo Chávez por Maria Recuero – El Mundo – 1 de Mayo 2018

El empresario venezolano Alejandro Betancourt, principal inversor de la firma de gafas alicantina Hawkers y socio del español Alberto Cortina en el grupo financiero DBK Financial Group, está siendo investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Así lo confirmaron a este diario fuentes conocedoras de la investigación, centrada en operaciones inmobiliarias realizadas en España -remitidas a la Policía por el servicio de inteligencia financiera Sepblac (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales)- y en contratos adjudicados por la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) a la sociedad de construcción de plantas termoeléctricas Derwick Associates de Venezuela, participada por Betancourt y su primo Pedro Trebbau.

La investigación vincula al venezolano con movimientos de dinero de procedencia presuntamente ilícita, que entraron y salieron de cuentas bancarias españolas mediante transferencias, cheques y reintegros en efectivo, a través de la compra de inmuebles. Precisamente, una de las operaciones investigadas es la adquisición de la finca del ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, en marzo de 2012.

Se trata de la propiedad conocida como Castillo de El Alamín, en Santa Cruz del Retamar (Toledo). Esta finca salió a subasta cuando el grupo Marsans entró en concurso de acreedores, en febrero de 2011 -el inmueble era propiedad de la empresa Pulpi-. El venezolano pagó 22,8 millones de euros, siendo una de las primeras inversiones inmobiliarias que hizo en España.

La adquisición se hizo a través de la sociedad española Derwick Associates International, registrada hoy como Compañía de Inversiones Agrícolas Trieste. Seis días antes de que se produjera el pago, el banco JP Morgan Chase Bank NA Private, en Nueva York, cuyo titular era Derwick Associates Corporation, transfirió 28,7 millones a la española Derwick Associates bajo el concepto de préstamo participativo.

El intermediario de Betancourt en la compra de la finca fue Miguel Palomo Danko, hijo del torero recién fallecido Sebastián Palomo Linares. Miguel Palomo cobró 806.940 euros de comisión.

Betancourt es considerado un bolichico, término que se acuñó en Venezuela para denominar a un grupo de jóvenes empresarios, de entre 35 y 40 años, que consiguió amasar una fortuna entre 2009 y 2011 gracias a contratos adjudicados por el Gobierno de Hugo Chávez. En concreto, por las empresas PDVSA y Electricidad de Caracas, que llegaron a adjudicar hasta 11 contratos a Derwick Associates de Venezuela en esos tres años.

El Sepblac remitió a la Policía una treintena de operaciones sospechosas, entre las que se encuentra la creación de empresas, por parte de terceros, que después fueron vendidas a Betancourt y a Trebbau y estos, a su vez, a otras sociedades radicadas en paraísos fiscales, según consta en la información que obra en poder de la Policía. Las empresas se usan para hacer inversiones inmobiliarias, siendo el ciudadano venezolano José Alfredo Blanco la persona que las constituye.

Según los datos que constan en el Registro Mercantil, Blanco registró tres sociedades entre 2010 y 2011. Se trata de Guanabana Real State, Eiffel Real State y Compañía de Inversiones Agrícolas Trieste. Sólo esta última dispone de empleados. La investigación advierte nula actividad empresarial en Guanabana Real State y en Eiffel Real State.

Además del mercado inmobiliario, Betancourt y Trebbau han realizado inversiones en el mercado energético español. En concreto, en la vasca Zigor Corporación, donde Trebbau es presidente desde el 14 de marzo de 2017 y Betancourt fue consejero hasta el 14 de julio de 2016, según los datos que obran en el Registro Mercantil.

Desde el 20 de octubre de 2016, Betancourt es también presidente del holding Saldum Ventures, propietario de la compañía de distribución de gafas de sol Hawkers. Entró en esta sociedad como accionista principal, tras invertir 50 millones de euros y rescatar a la empresa, que estaba al borde de la quiebra.

El Sepblac remitió también a la Policía información que vincula a Betancourt con un antiguo alto cargo del Gobierno de Chávez, en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 27 de octubre, por un presunto delito de blanqueo. Se trata de Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela entre 2001 y 2006. Villalobos está en prisión por la investigación por blanqueo abierta en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Estados Unidos pidió su extradición.
Contactos con Blanco Balín
Una empresa vinculada a la trama Gürtel y a Ramón Blanco Balín fue nombrada, en 2011, administradora concursal de la finca de Gerardo Díaz Ferrán que, posteriormente, adquirió el empresario venezolano Alejandro Betancourt.

Se trata de Construcciones Martínez Núñez, sociedad que era titular del 74,93% de Teconsa, implicada en Gürtel por ser encargada de la sonorización de la visita del Papa a Valencia, en 2006, y donde Blanco Balín era consejero. No obstante, el juez del concurso la cesó meses después y la sustituyó por Repsol Comercial, aunque la persona que actuó como representante siguió siendo la misma (María Teresa Campomanes).

Blanco Balín fue vicepresidente de Repsol cuando el hermano de su socio Alberto Cortina, Alfonso Cortina, fue presidente de la petrolera entre 1996 y 2004. No obstante, conviene dejar claro que la operación de compra de la finca se produjo siete años después.

Este diario se puso en contacto con la compañía Repsol para conocer los detalles de este nombramiento y el motivo por el cual se mantuvo a Campomanes como representante en el concurso de a propiedad de Díaz Ferrán. Fuentes oficiales de la petrolera precisaron que aceptaron la designación ante el riesgo de ser inhabilitados como administrador concursal en otro procedimiento. Y es que, por ley, si no se acepta la designación, la compañía puede quedar inhabilitada durante tres años.

En cuanto al papel de María Teresa Campomanes, las mismas fuentes advirtieron de que esta persona contactó con Repsol Comercial para manifestar su interés por representar a la compañía en el concurso, asegurando no tener ninguna relación personal con Construcciones Martínez Núñez. Repsol recabó información sobre Campomanes antes de designarla y los datos la señalaron como una profesional del sector de auditorías.

No es el único escenario en que Blanco Balín aparece relacionado con venezolanos. Hace tres años, Betancourt acudió al empresario español, imputado en Gürtel, para solicitar asesoramiento en un negocio petrolífero, según confirmó a este diario el propio Blanco Balín, que aseguró, no obstante, no conocerle de antes.

El pasado 10 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela autorizó la creación de Petrosur entre PDVSA y la holandesa Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, representada por Blanco, para explotar un yacimiento petrolífero.

 

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