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Sobornos, sobreprecios y traición marcan juicio en Miami contra chavista Motta Domínguez por Antonio Maria Delgado y Jay Weaver – El Nuevo Herald – 8 de Abril 2020

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Luis Motta Domínguez, el ex ministro de Electricidad del régimen de Nicolás Maduro que enfrenta cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, presuntamente participó en un millonario esquema de corrupción donde la estatal Corpoelec pagaba hasta tres veces el valor de los equipos que compraba, algunos de los cuales ni siquiera podían ser usados en Venezuela.

La acusación, presentada en la Corte Federal de Miami, también alega que Motta Domínguez y el entonces viceministro de finanzas del ministerio, Eustiquio Lugo Gómez, cobraron sobornos a un grupo de empresarios radicados en Miami para otorgar los contratos valorados en unos $60 millones.

Los documentos judiciales a los que tuvo acceso el Nuevo Herald muestran que el caso llegó a manos de las autoridades luego que uno de los empresarios en Miami sintiera que fue traicionado por uno de los socios, que le apartó abruptamente del negocio.

La acusación es uno de los múltiples casos ventilados en tribunales de Estados Unidos que develan la extensión de la corrupción del sancionado régimen de Maduro.

Las autoridades estadounidenses describieron la corrupción en el ministerio de Electricidad como perniciosa para la sociedad venezolana en vista de las constantes interrupciones en el suministro eléctrico provocadas por el virtualmente inexistente mantenimiento de las instalaciones del país.

Maduro removió a Motta Domínguez del cargo a mediados del 2019 en medio de un masivo apagón que dejó al país por varias semanas sin electricidad. Las frecuentes interrupciones en el servicio siguen siendo recurrentes y expertos alegan que la crisis de energía continuará mientras el país no invierta miles de millones en reparar su infraestructura.

Según los documentos de la corte, el esquema de corrupción comenzó luego que el también acusado Jesús Ramón Veroes se reuniera en el 2016 con Motta Domínguez, quien accedió a otorgar los contratos de adquisición de equipos de Corpoelec al empresario venezolano, conjuntamente con el también venezolano Luis Alberto Chacín Haddad y otros dos conspiradores.

En la reunión, a los conspiradores se les instruyó reunirse con Lugo Gómez, quien a su vez les notificó que por cada contrato ellos debían pagarle a él y al ministro una participación de las ganancias.

Chacín Haddad y Veroes luego inflaron los precios de los contratos para incrementar sus ganancias y cubrir los sobornos dirigidos a Motta Domínguez y Lugo Goméz. Los empresarios en un inicio contemplaron que los sobornos a ser pagados a los dos funcionarios venezolanos de la primera operación ascenderían a unos $2 millones, resalta la acusación.

Veroes y Chacín Haddad, a través de varias empresas registradas en Estados Unidos, incluyendo al menos una en Florida, obtuvieron de esta manera jugosos contratos para importar equipos e insumos para la compañía eléctrica venezolana, incluyendo carretillas elevadoras (forklifts), cientos de transformadores, generadores y hasta $6 millones en bombillos eléctricos.

En una de las operaciones registradas en julio del 2016, Veroes y Chacín Haddad suministraron a través de una de sus compañías unas 40 carretillas elevadoras, por las que habían pagado solo $1.5 millones, facturándolas a Corpoelec posteriormente a un precio de $6.43 millones, “lo que representa una ganancia de más de 300%”, señala la acusación.

Los documentos judiciales también resaltan que en al menos una instancia los equipos suministrados a la empresa eléctrica no eran los apropiados.

Según el testimonio de un informante no identificado en el caso, que aparece solo como Testigo Confidencial 1, Veroes le confesó que habían enviado 500 transformadores que “no podían ser usados en Venezuela porque solo eran compatibles con los servicios eléctricos de Cuba y Nicaragua”.

“Veroes dijo que los transformadores enviados se encontraban almacenados en un patio, pero que pese a la incompatibilidad, Corpoelec había tramitado el contrato como entregado y procesado en su totalidad”, declaró el testigo según el documento de la corte.

El Testigo Confidencial 1 fue quien primero presentó el caso a las autoridades tras confesar que él había sido contactado inicialmente por Chacín Haddad para que les ayudara a conseguir los equipos que requería Corpoelec.

El testigo confidencial, cuya oficina estaba al lado de la de Chacín Hadad dentro de un edificio en Doral, dijo que en una de las operaciones en la que él estuvo presente Motta Domínguez tenía previsto recibir un pago de $2.5 millones, mientras que Chacín Haddad, Veroes y él tenían que recibir el 25% por cabeza de la ganancia restante.

Posteriormente, Chacín Haddad tuvo una discusión con el testigo confidencial y comenzó a apartarlo de las siguientes operaciones y a no responder sus llamadas, aún cuando se le debía dinero por su previa participación, señalan los documentos de la corte.

“Testigo Confidencial 1 nunca recibió su parte del dinero de los contratos de Corpoelec que habían sido acordados por Chacin y Veroes”, resalta la acusación.

Venezuela Regime Says “Hijos de P*ta Gringos” Stopped 2 Gasoline Tankers by Carlos Camacho – Latin American Herald Tribune – 8 de Abril 2020

Venezuela Minister of Agriculture Wilmar Castro Soteldo blames the U.S. for the Maduro Regime’s incompetence

Nelson Bocaranda S.

@nelsonbocaranda

Ministro Castro Soteldo pide a la gente que si en una alcabala les piden plata se lo denuncien al comandante a cargo y que no hay gasolina porque los “cdm” gringos pararon 2 tanqueros cargados en Aruba

CARACAS — The Nicolas Maduro regime on Tuesday labeled U.S. drug interdiction efforts which resulted in the stopping of two Venezuelan-bound gasoline tankers as the work of “hijos de puta gringos”.

Maduro’s Minister for Agriculture, Wilmar Castro Soteldo, made the the accusations live and a video on Twitter has since become viral, which admitted that the Regime’s situation is dire but blamed the U.S.-led interdiction efforts.

“It will be complicated, of course, we are not in a normal situation. And the resources we have are very few…because, but not only because, the huge drop in the prices of oil…and two ships that we had with gasoline in Aruba they left us parked there, the son of a bitch (hijos de puta) gringos, they didn’t allow us to move them!” Castro complained.

Only police and the military can fill up freely in Venezuela, as the country is experiencing a serious shortage of gasoline, which it can no longer manufacture and has to import inspite of having the world’s largest oil reserves, because its billions of dollars of refineries once capable of handling 1.3 million bpd are inoperative after two decades of serious mismanagement, widespread corruption and neglect under Maduro and his predecessor.

In 2012, the most serious refining accident in PDVSA killed dozens and took out of commission almost all of the gasoline-making units at key refinery Amuay in Falcon state.

Camara Petrolera de Venezuela estimated in February that only 20% of Venezuela’s refining capacity is still producing some liquid fuels, such as diesel and fuel oil, but no gasoline. The situation has worsened since then.

The expletive-laden tirade by Castro was given to workers of “Industria Venezolana Maicera Pronutricos C.A.”, which had apparently complained about the gasoline rationing and shortage. According to postings by Maduro’s ministry of the agriculture, this company is tied to the CLAP corrupt subsidized foodstuffs scheme the US is also investigating.

Of the last three Presidents of state oil company PDVSA, one is on the lam, one is still imprisoned and another one died in custody. Rafael Ramirez, is a fugitive, wanted by Maduro regime authorities for corruption. His successor, Eulogio Del Pino, languishes in a Venezuelan prison cell, also being investigated for corruption and Del Pino’s successor, Nelson Martinez, died of a heart attack while in custody for a corruption investigation. Several dozen other PDVSA bosses, including Orinoco Faja top man Pedro Leon and refining kingpin Jesus Luongo, have also been incarcerated by the regime.

Castro Soteldo also denounced the military extorting people at checkpoints, and asked that victims come forward and report the abuses.

“If in any checkpoint they are shaking you down for money, blackmailing you, Coño (fuck)! Denounce them to Commander Perez Escuela here (a military man standing at Soteldo’s side) without any fear, because no one can take advantage of special conditions to be fucking (jodiendo) others!”

Petróleo venezolano rumbo a Cuba por Miguel Henrique Otero – ABC – 2 de Abril 2020

El envío no es un gesto de solidaridad, ni tampoco su finalidad es política. Se trata no más que de un negocio entre dos poderes corruptos y mafiosos, que se asisten mutuamente

Miguel Henrique Otero

El pasado 29 de marzo, cuatro buques petroleros partieron desde el Complejo Refinador de Amuay, ubicado en la península de Paraguaná, Estado Falcón, y se dirigieron hacia tres puertos en Cuba: La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba. Llevaban combustibles de distinto tipo, especialmente gasoil. De acuerdo a los documentos del despacho, que se filtraron desde Petróleos de Venezuela, la cifra de carga fue de 380.000 barriles. Existe una alta probabilidad de que, en realidad, el volumen de lo exportado sobrepase los 500.000 barriles. Las prácticas de subfacturación permiten a funcionarios de los dos países hacerse de unas ganancias destinadas directamente a sus bolsillos. También aquí, como en absolutamente todos los ámbitos de actuación de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la corrupción opera en contra de intereses esenciales de la sociedad venezolana y, también en este caso, de la sociedad cubana.

La información, que no ha recibido la atención que merece, abrumada por el torrente informativo causado por la pandemia, ha causado un legítimo escándalo. Muchos nos preguntamos cómo es posible que un país atravesado por los más extremos padecimientos, muchos de ellos generados por la falta de combustible, pueda exportarlo a otro país. Este hecho recuerda las políticas de Stalin entre los años 1932 y 1933: mientras millones de campesinos, especialmente de la región ucraniana, morían de hambre, los comunistas exportaban cereales y gastaban fortunas en campañas de propagandísticas, que hablaban, por ejemplo, del trigo «más nutritivo del mundo».

Aunque no tenemos información del posible contenido económico de la transacción -si el combustible fue donado o vendido a un precio irrisorio, en relación a su valor del mercado-, lo que sí sabemos es que esos combustibles no aliviarán a los ciudadanos o a las familias cubanas: servirán para enriquecer más al poder que aplasta a los cubanos, para hacer crecer la brecha entre los que tienen acceso al sistema de prebendas comunistas y los que no, y, sobre todo, alimentará los vehículos y las plantas eléctricas de los funcionarios y los policías que viven en sus feudos de privilegio. El envío no es un gesto de solidaridad, ni tampoco su finalidad es política -aunque constituya un desafío al bloqueo-. Se trata no más que de un negocio entre dos poderes corruptos y mafiosos, que se asisten mutuamente. La cuestión se sintetiza en esto: una banda criminal que le envía armas a otra. Porque ese es el propósito del envío: entregar al castrismo un recurso, un arma de dominación sobre la totalidad de la sociedad cubana.

En dos décadas, los subsidios por la venta/entrega de combustibles a Cuba han sumado entre 46.000 y 54.000 millones de dólares, de acuerdo a distintas estimaciones. A ello habría que añadir otros 12.000 millones de dólares que han sido entregados al castrismo a través de otros mecanismos como donaciones, convenios sin contraprestación real, partidas extraordinarias, gastos por viajes (boletos aéreos, viáticos, gastos de alimentación), contratos por supuestos servicios, pagos por productos agrícolas que nunca llegaron a Venezuela, y más. Al régimen cubano le pagaron por productos alimentarios que no producía en su país, que compraba en el mercado internacional, y que luego llegaban a Venezuela a precios inconcebibles. Muchas veces se ha denunciado la operación realizada con el petróleo venezolano: el castrismo lo recibía a precios 40 o 50% por debajo de su costo y lo revendía a precios internacionales. De hecho, muchos barcos de «petróleo para Cuba» partían desde Venezuela directamente a puertos en otros países, que los habían adquirido en negociaciones igualmente opacas.

¿Cuál ha sido el destino de esos recursos que Chávez y Maduro entregaron al castrismo? ¿En qué proyectos han sido invertidos? ¿Han beneficiado, de algún modo, a la sociedad cubana? No: la pobreza extendida y cronificada no ha cambiado en absoluto. Las condiciones de hambre sistemática, de carestía sin remedio, de permanente e irreversible deterioro de todas las infraestructuras, de precariedad en todos los planos de la vida privada y la vida pública, se han mantenido e intensificado.

De hecho, la noticia de los cuatros cargueros enviados a Cuba debe servirnos para poner de bulto el trasfondo de esta cuestión: el petróleo no solo ha sido una gran herramienta para consolidar al régimen de Chávez y Maduro, y aplastar a la sociedad venezolana: ha sido también el arma con que se ha galvanizado y endurecido el siniestro poderío del castrismo sobre cada resquicio de la nación cubana, el arsenal con el que se ha financiado el aplastamiento de la oposición democrática nicaragüense, la chequera con que se han comprado los votos de pequeños países para impedir los pronunciamientos de la Organización de Estados Americanos en contra de las violaciones de los Derechos Humanos, la fuente que ha provisto de millones y millones de dólares con que se han lucrado los Kirchner, los Lula da Silva, los Evo Morales, los Rafael Correa, los Petro y los Vásquez, pero también los Iglesias y los Monedero, los Samper y los Rodríguez Zapatero, y tantos otros que aparecen como luchadores de causas sociales o promotores del diálogo, cuando no son más que feroces usuarios de la cada vez más exigua renta petrolera venezolana.

 

Looking for One or More Venezuelan Patriots by Carlos Alberto Montaner – Latin American Herald Tribune – 30 de Marzo 2020

“I think this means the end of Chavismo,” writes Latin American genius Carlos Alberto Montaner as he explains the history of Castro’s involvement in Venezuela, celebrates in the U.S. indictments of and $55 million in bounties on Maduro and 14 of his officials as well as FARC members, and outlines the downfall of the Maduro Regime.

I think this means the end of Chavismo. On Thursday, March 26, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello and others of their closest accomplices were formally accused of drug trafficking, money laundering and collaboration with the terrorist gangs of the FARC, by the highest levels of the United States government. They even put a price on the heads of this sad group.

The ceremony was very noticeable. The U.S. wanted to give weight and entity to the message, as if there were people close to Maduro and to power previously contacted directly or indirectly by Elliot Abrams, who demanded a high level of commitment from the United States. (Abrams is a skilled American diplomat who has been commissioned to coordinate the Venezuelan madhouse.)

How did Maduro end up at the head of the Venezuelan state? It was learned from an indiscretion of the former Colombian senator Piedad Córdoba, godmother of Socialism of the XXI Century. Maduro was chosen by Fidel Castro himself with the consent of Hugo Chávez, then dying in Havana. Fidel needed an individual totally faithful to the Island, and he was willing to skip the Venezuelan legality.

Fidel had the man of “the Cubans” in Lula da Silva’s Brazil. It was José Dirceu. The equivalent of Dirceu in Bolivia –a man deeply trusted by Havana– was the Army Major Juan Ramón Quintana, Minister of the Presidency of Evo Morales. In Rafael Correa’s Ecuador, that unfortunate task of Cubans’ go-between was carried out by Foreign Minister Ricardo Patiño.

The only remaining issue was to place an “ear” next to Hugo Chávez. That was the task entrusted by Cuban intelligence to Maduro. They knew him since he went to the School of Cadres of the Cuban Communist Party “Ñico López” in the years 1986-1987. At that time, Maduro’s Cuban “handlers” saw him as a young man who could develop as a student or worker leader in Caracas. Those plans began to change when Hugo Chávez emerged in Venezuelan politics.

Finally, Rafael Caldera won the elections and granted amnesty to Chávez, who was imprisoned for the coup attempt of February 1992. Fidel invited Chávez to Cuba to give a conference at the University of Havana and treated him as a Head of State. At that meeting, the Commander noticed a political characteristic of Chávez that he found very useful – his extreme ideological ductility.

Fidel had always been a seducer and Chávez was a very impressionable person, but Fidel soon discovered that the Venezuelan required a lot of time and resources. Desperate by Chávez’s frequent calls, the Cuban Commander passed the task of entertaining Chávez to his vice president Carlos Lage and to the young foreign minister Felipe Pérez Roque, then his two trusted men.

In any case, the first thing was to guide the coup leader to power, a task to which Fidel assigned his best political operators and a considerable amount of resources. But they needed someone who kept “the Cubans” informed about the steps of a person as inconsistent in ideological matters as Hugo Chávez. That person was Maduro.

When, in late 1998, Hugo Chávez defeated Henrique Salas Römer and became “President-elect,” Fidel saw his chance. For the first time, he had an obedient, economically powerful disciple, capable of replacing the Soviets in sustaining the Island and continuing the conquest of the world against the hated Yankees.

As delirious as it seemed, that was the plan, and that was what then Cuban Foreign Minister Felipe Pérez Roque said in a publicly read speech in Caracas in 2005 at the “Teresa Carreño” theater. However, Fidel Castro did not foresee that he would become seriously ill in July 2006 and that Hugo Chávez would die of cancer in early 2013.

How long will Maduro last at the head of the Venezuelan government?

After the accusation made against Maduro and his henchmen by the State Department and the Justice Department, the predictions totally change – until someone from their environment decides to eliminate them. If this does not happen soon, there are surely various contingency plans – surgical bombings, operations carried out by specialized commandos, the use of deadly drones, or a naval blockade to prevent the shipment of more cocaine to the United States.

Even that Venezuelan patriot sought by the United States can invoke reasons of state. It would be done to avoid the eventuality of an overwhelming and generalized operation by the United States. The U.S. would devastate military installations from the air, while the Venezuelan Democrats, accompanied by the Brazilians and Colombians, would occupy the territory. In that case patriotism would not be at odds with the cash rewards.

Comunicado del Departamento de Justicia USA – 26 de Marzo 2020

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Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges

Maduro and Other High Ranking Venezuelan Officials Allegedly Partnered With the FARC to Use Cocaine as a Weapon to “Flood” the United States

 

Former President of Venezuela Nicolás Maduro Moros, Venezuela’s vice president for the economy, Venezuela’s Minister of Defense, and Venezuela’s Chief Supreme Court Justice are among those charged in New York City; Washington, DC; and Miami, along with current and former Venezuelan government officials as well as two Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) leaders, announced U.S. Attorney General William P. Barr, U.S. Attorney Geoffrey S. Berman of the Southern District of New York, U.S. Attorney Ariana Fajardo Orshan of the Southern District of Florida, Assistant Attorney General Brian A. Benczkowski of the Justice Department’s Criminal Division, Acting Administrator Uttam Dhillon of the U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) and Acting Executive Associate Director Alysa D. Erichs of U.S. Immigration and Customs Enforcement’s Homeland Security Investigations (HSI).

“The Venezuelan regime, once led by Nicolás Maduro Moros, remains plagued by criminality and corruption,” said Attorney General Barr.  “For more than 20 years, Maduro and a number of high-ranking colleagues allegedly conspired with the FARC, causing tons of cocaine to enter and devastate American communities.  Today’s announcement is focused on rooting out the extensive corruption within the Venezuelan government – a system constructed and controlled to enrich those at the highest levels of the government.  The United States will not allow these corrupt Venezuelan officials to use the U.S. banking system to move their illicit proceeds from South America nor further their criminal schemes.”

“Today we announce criminal charges against Nicolás Maduro Moros for running, together with his top lieutenants, a narco-terrorism partnership with the FARC for the past 20 years,” said U.S. Attorney Geoffrey S. Berman.  “The scope and magnitude of the drug trafficking alleged was made possible only because Maduro and others corrupted the institutions of Venezuela and provided political and military protection for the rampant narco-terrorism crimes described in our charges.  As alleged, Maduro and the other defendants expressly intended to flood the United States with cocaine in order to undermine the health and wellbeing of our nation.  Maduro very deliberately deployed cocaine as a weapon.  While Maduro and other cartel members held lofty titles in Venezuela’s political and military leadership, the conduct described in the Indictment wasn’t statecraft or service to the Venezuelan people.  As alleged, the defendants betrayed the Venezuelan people and corrupted Venezuelan institutions to line their pockets with drug money.”

“Over the last decade, corrupt Venezuelan government officials have systematically looted Venezuela of billions of dollars,” said U.S. Attorney Ariana Fajardo Orshan.  “Far too often, these corrupt officials and their co-conspirators have used South Florida banks and real estate to conceal and perpetuate their illegal activity.  As the recent charges show, Venezuelan corruption and money laundering in South Florida extends to even the highest levels of Venezuela’s judicial system.  In the last couple of years, the US Attorney’s Office in South Florida and its federal law enforcement partners have united to bring dozens of criminal charges against high-level regime officials and co-conspirators resulting in seizures of approximately $450 million dollars.”

“These indictments expose the devastating systemic corruption at the highest levels of Nicolas Maduro’s regime,” said DEA Acting Administrator Uttam Dhillon.  “These officials repeatedly and knowingly betrayed the people of Venezuela, conspiring, for personal gain, with drug traffickers and designated foreign terrorist organizations like the FARC.  Today’s actions send a clear message to corrupt officials everywhere that no one is above the law or beyond the reach of U.S. law enforcement.  The Department of Justice and the Drug Enforcement Administration will continue to protect the American people from ruthless drug traffickers – no matter who they are or where they live.”

“The collaborative nature of this investigation is representative of the ongoing work HSI and international law enforcement agencies perform each day, often behind the scenes and unknown to the public, to make our communities safer and free from corruption,” said HSI’s Acting Executive Associate Director Alysa D. Erichs.  “Today’s announcement highlights HSI’s global reach and commitment to aggressively identify, target and investigate individuals who violate U.S. laws, exploit financial systems, and hide behind cryptocurrency to further their illicit criminal activity.  Let this indictment be a reminder that no one is above the law – not even powerful political officials.”

A four-count superseding indictment unsealed today in the Southern District of New York (SDNY) charges Nicolás Maduro Moros, 57; Diosdado Cabello Rondón, 56, head of Venezuela’s National Constituent Assembly; Hugo Armando Carvajal Barrios aka “El Pollo,” 59, former director of military intelligence; Clíver Antonio Alcalá Cordones, 58, former General in the Venezuelan armed forces; Luciano Marín Arango aka “Ivan Marquez,” 64, a member of the FARC’s Secretariat, which is the FARC’s highest leadership body; and Seuxis Paucis Hernández Solarte aka “Jesús Santrich,” 53, a member of the FARC’s Central High Command, which is the FARC’s second-highest leadership body.  The case is pending before U.S. District Judge Alvin K. Hellerstein.

The U.S. Department of State, through its Narcotics Rewards Program, is offering rewards of up to $15 million for information leading to the arrest and/or conviction of Maduro Moros, up to $10 million for information leading to the arrest and/or conviction of Cabello Rondón, Carvajal Barrios, and Alcalá Cordones, and up to $5 million for information leading to the arrest and/or conviction of Marín Arango.

Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Alcalá Cordones, Marín Arango, and Hernández Solarte have each been charged with: (1) participating in a narco-terrorism conspiracy, which carries a 20-year mandatory minimum sentence and a maximum of life in prison; (2) conspiring to import cocaine into the United States, which carries a 10-year mandatory minimum sentence and a maximum of life in prison; (3) using and carrying machine guns and destructive devices during and in relation to, and possessing machine guns and destructive devices in furtherance of, the narco-terrorism and cocaine-importation conspiracies, which carries a 30-year mandatory minimum sentence and a maximum of life in prison; and (4) conspiring to use and carry machine guns and destructive devices during and in relation to, and to possess machine guns and destructive devices in furtherance of, the narco-terrorism and cocaine-importation conspiracies, which carries a maximum sentence of life in prison.  The potential mandatory minimum and maximum sentences in this case are prescribed by Congress and provided here for informational purposes only, as any sentencing of the defendants will be determined by the judge.

According to the allegations contained in the superseding indictment, other court filings, and statements made during court proceedings:

Since at least 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios and Alcalá Cordones, acted as leaders and managers of the Cártel de Los Soles, or “Cartel of the Suns.”  The Cartel’s name refers to the sun insignias affixed to the uniforms of high-ranking Venezuelan military officials.  Maduro Moros and the other charged Cartel members abused the Venezuelan people and corrupted the legitimate institutions of Venezuela—including parts of the military, intelligence apparatus, legislature, and the judiciary—to facilitate the importation of tons of cocaine into the United States.  The Cártel de Los Soles sought to not only enrich its members and enhance their power, but also to “flood” the United States with cocaine and inflict the drug’s harmful and addictive effects on users in the United States.

Marín Arango and Hernández Solarte are leaders of the FARC.  Beginning in approximately 1999, while the FARC was purporting to negotiate toward peace with the Colombian government, FARC leaders agreed with leaders of the Cártel de Los Soles to relocate some of the FARC’s operations to Venezuela under the protection of the Cartel.  Thereafter, the FARC and the Cártel de Los Soles dispatched processed cocaine from Venezuela to the United States via transshipment points in the Caribbean and Central America, such as Honduras.  By approximately 2004, the U.S. Department of State estimated that 250 or more tons of cocaine were transiting Venezuela per year.  The maritime shipments were shipped north from Venezuela’s coastline using go-fast vessels, fishing boats, and container ships.  Air shipments were often dispatched from clandestine airstrips, typically made of dirt or grass, concentrated in the Apure State. According to the U.S. Department of State, approximately 75 unauthorized flights suspected of drug-trafficking activities entered Honduran airspace in 2010 alone, using what is known as the “air bridge” cocaine route between Venezuela and Honduras.

In his role as a leader of the Cártel de Los Soles, Maduro Moros negotiated multi-ton shipments of FARC-produced cocaine; directed that the Cártel de Los Soles provide military-grade weapons to the FARC; coordinated foreign affairs with Honduras and other countries to facilitate large-scale drug trafficking; and solicited assistance from FARC leadership in training an unsanctioned militia group that functioned, in essence, as an armed forces unit for the Cártel de Los Soles.

DEA’s Special Operations Division Bilateral Investigations Unit, New York Strike Force, and Miami Field Division conducted the investigation.  This case is being handled by the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York’s Terrorism and International Narcotics Unit. Assistant U.S. Attorneys Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman, and Kyle A. Wirshba are in charge of the prosecution.

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An indictment unsealed today in the District of Columbia charges Vladimir Padrino Lopez, 56, Minister of Defense of Venezuela. The indictment alleges that from March 2014 until May 2019, Padrino Lopez conspired with others to distribute cocaine on board an aircraft registered in the United States.

Padrino Lopez, who holds the rank of General in the Venezuelan armed forces, held the authority for interdicting aircraft, many of which are registered in the United States, suspected of being used to traffic drugs from Venezuela to countries in Central America.  On numerous occasions, Padrino Lopez ordered or authorized the Venezuelan military to force suspected trafficking aircraft to land or to shoot down the aircraft.  However, Padrino Lopez allowed for other aircraft whose drug trafficking coordinators paid bribes to him to safely transit Venezuelan airspace.

On Sept. 25, 2018, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) included Padrino Lopez on its Specially Designated Nationals List.  Pursuant to the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, this means that his assets are blocked and U.S. persons are generally prohibited from having financial transactions with him.

The DEA Orlando District Office led the investigation, which was supported by the Organized Crime Drug Enforcement Task Force program and the Criminal Division’s Office of Enforcement Operations. Acting Deputy Chief Charles Miracle and Trial Attorneys Michael Christin and Kirt Marsh of the Criminal Division’s Narcotic and Dangerous Drug Section are prosecuting the case.

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Maikel Jose Moreno Perez, 54, current Chief Justice of the Venezuelan Supreme Court, was charged via a criminal complaint in the Southern District of Florida with conspiracy to commit money laundering and money laundering in connection with the alleged corrupt receipt or intended receipt of tens of millions of dollars and bribes to illegally fix dozens of civil and criminal cases in Venezuela.

The complaint alleges, for example, that the defendant authorized a seizure and sale of a General Motors auto plant with an estimated value of $100 million in exchange for a personal percentage of the proceeds.  Similarly, the complaint alleges that the defendant received bribes to authorize the dismissal of charges or release against Venezuelans, including one charged in a multibillion-dollar fraud scheme against the Venezuelan state-owned oil company.

According to the criminal complaint, in or around October 2014, Moreno Perez told U.S. authorities in a visa application that he earned the equivalent of about $12,000 per year from his work in Venezuela. From 2012 to 2016, the defendant’s U.S. bank records show approximately $3 million in inflows to the defendant’s accounts, primarily from large round-dollar transfers from shell corporations with foreign bank accounts linked to Co-Conspirator 1, who is a former criminal defense attorney in Venezuela that currently controls a media company in Venezuela.

As set out in the criminal complaint, the defendant’s bank records allegedly show that from 2012 to 2016, the defendant spent approximately $3 million, primarily in the geographical area of South Florida. For example, bank records allegedly show that Moreno Perez spent about $1 million for a private aircraft and private pilot, more than $600,000 in credit or debit card purchases at stores primarily in South Florida (including tens of thousands of dollars at luxury stores in Bal Harbor, such as Prada and Salvatore Ferragamo), about $50,000 in payments to a luxury watch repair store in Aventura, and approximately $40,000 in payments to a Venezuelan beauty pageant director.

HSI’s Miami Field Office conducted the investigation.  Assistant U.S. Attorney Michael N. Berger of the Southern District of Florida is in charge of the prosecution.

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A separate superseding indictment unsealed today in the Southern District of New York charges Tareck Zaidan El Aissami Maddah, 45, Venezuela’s vice president for the economy, Joselit Ramirez Camacho, 33, Venezuela’s superintendent of cryptocurrency (Sunacrip), and Samark Lopez Bello, 45, a Venezuelan businessman, with a series of crimes relating to efforts to evade sanctions imposed by OFAC against Maduro Moros, El Aissami Maddah, and Lopez Bello.

The indictment alleges that from February 2017 until March 2019, El Aissami Maddah and Ramirez Camacho worked with U.S. persons and U.S.-based entities to provide private flight services for the benefit of Maduro’s 2018 presidential campaign, in violation of OFAC’s sanctions targeting Maduro after he organized elections for the illegitimate National Constituent Assembly that Cabello Rondon now leads.

The U.S. Department of State, through its Narcotics Rewards Program, is offering a reward of up to $10 million for information leading to the arrest and/or conviction of El Aissami Maddah.

HSI’s New York Field Office conducted the investigation.  This case is being handled by the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York’s Terrorism and International Narcotics Unit. Assistant U.S. Attorneys Sam Adelsberg and Amanda L. Houle are in charge of the prosecution.

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Other individuals charged in separate indictments include:

  • Luis Motta Dominguez, 67, Former Minister of Energy, was charged in the Southern District of Florida for his alleged role in laundering the proceeds of violations of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in connection with his alleged receipt of bribes to award Corpoelec business to U.S.-based companies;
  • Nestor Reverol Torres, 55, former General Director of Venezuela’s La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) and former commander of Venezuela’s National Guard and Edylberto Jose Molina Molina, 57, former Sub-Director of Venezuela’s ONA and currently Venezuela’s military attaché to Germany, were charged in the Eastern District of New York with participating in an international cocaine distribution conspiracy where they allegedly assisted narcotics traffickers in importing cocaine into the United States;
  • Vassyly Kotosky Villarroel Ramirez aka “Mauro” and “Angel,” 47, a former captain in the Venezuelan Guardia Nacional, was charged in a third superseding indictment in the Eastern District of New York with participating in an international cocaine distribution conspiracy between Jan. 1, 2004, and Dec. 1, 2009;
  • Rafael Antonio Villasana Fernandez, 48, a former officer in the Venezuelan Guardia Nacional, was charged in the Eastern District of New York with participating in an international cocaine distribution conspiracy between Jan. 1, 2004, and Dec. 1, 2009. According to court documents, Kotosky and Villasana allegedly used official government vehicles to transport more than seven metric tons of cocaine from the Colombian border to various airports and seaports in Venezuela for ultimate importation into the United States;
  • Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, 52, former Vice Minister of Energy of Venezuela, was charged in a 20-count indictment in the Southern District of Texas with conspiracy to commit money laundering, money laundering and conspiracy to violate the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) for his alleged role in an international money laundering scheme involving bribes paid by the owners of U.S.-based companies to Venezuelan government officials to corruptly secure energy contracts and payment priority on outstanding invoices; and
  • Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51, former Venezuelan Air Force Officer, charged in the District of Arizona with violations of the Arms Export Control Act. He allegedly conspired with others, including individuals associated with an aviation company in Arizona, to smuggle from the United States to Venezuela T-76 military aircraft engines used on OV-10 Bronco aircraft to individuals in Venezuela and allegedly made false and misleading statements on shipping and export control documents to conceal the prohibited activities and transactions from detection of the U.S. government.

An indictment is merely an allegation and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.

The Criminal Division’s Office of International Affairs and Office of Enforcement Operations provided valuable assistance.

The year 2020 marks the 150th anniversary of the Department of Justice.  Learn more about the history of our agency at www.Justice.gov/Celebrating150Years.

Maduro, Diosdado y 12 rojitos más son acusados de narcotráfico y lavado de dinero por EEUU – La Patillo – 26 de Marzo 2020

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y 12 cabecillas del régimen chavista, fueron inculpados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por cargos como narcotráfico y lavado de dinero.

Nicolás MaduroDiosdado Cabello y 12 cabecillas del régimen chavista, fueron inculpados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por cargos como narcotráfico y lavado de dinero.

EEUU ofreció 15 millones de dólares de recompensa por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro10 millones por Diosdado Cabello, Hugo CarvajalCliver Alcalá y Tarek El Aissami por tráfico internacional de narcóticos.

Geoffrey Berman, Fiscal del sur de Nueva York, manifestó que: “Los líderes de la FARC estaban recibiendo armas de alto calibre desde Venezuela. Este es Maduro, el líder del cartel de los Soles“.

Él esta ahora mismo en Venezuela, pero haremos lo posible para que llegue a la justicia fuera de Venezuela Ofrecemos una recompensa de 15 millones de dólares por su captura y ofrecemos 10 millones de dólares por información que oriente a su captura“, agregó.

Maduro está ahora en Venezuela, pero puede viajar al extranjero y queremos saberlo“.

El Departamento de Justicia de EEUU, ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve al arresto de Maduro.

Ariana Fajardo, Fiscal del Distrito del Sur de Florida, aseveró que: “Se presentan cargos contra Maikel Moreno por lavado de dinero y actos de conspiración para cometer lavado de dinero“.

Los cargos presentados en contra de Maikel Moreno demuestran que esa línea de defensa se ha destruido en Venezuela. Venezuela se ha deteriorado en un estado de corrupción”.

Los fiscales está haciendo todo lo posible para este caso y han participado en ello. Esto es solo el comienzo de nuestro esfuerzo”.

Por otro lado, el Fiscal General de los EEUUWilliam Barr, indicó que: “El régimen de Nicolás Maduro ha afectado demasiado al pueblo venezolano y ha corrompido todas las instituciones del país. Ellos se llenan los bolsillos con dinero del narcotráfico“.

“Hay que subrayarle a todo el mundo lo que el régimen le esta haciendo al pueblo de Venezuela. Las víctimas que ha dejado. Había que tomar acciones que estuvieran correlacionadas con nuestra política internacional”, sumó.

No estamos actuando como la policía del mundo. Estos crímenes involucran, por supuesto, lavado de dinero. Es nuestra responsabilidad garantizar que esto no siga pasando”.

Anticipamos lograr capturar a estos acusados y luego adelantaremos todas las gestiones con los demás“, expuso.

Este es un buen momento para hacer esto, la gente en Venezuela está sufriendo, eliminar un régimen que está bloqueando el abastecimiento. Nosotros pensamos que la mejor ayuda que podemos hacer es ayudar al país a salirse de este grupete tan corrupto“, apostilló.

Asimismo, Brian Boczkowski, Fiscal de los Estados Unidos conocido por llevar el caso del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, presentó cargos contra Vladimir Padrino López, por usar Venezuela como ruta de tránsito para el narcotráfico hacia Estados Unidos.

Socialismo del siglo XXI: el museo del horror por Tomás Páez – El Nacional – 23 de Marzo 2020

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Escuchando y leyendo las palabras orientadoras de los doctores Gustavo Villasmil, Julio Castro y Rafael Orihuela, ex ministro de Salud en el período democrático, en torno a las acciones necesarias para enfrentar la pandemia del coronavirus y sus señalamientos, con datos, de la precariedad del sistema de salud de Venezuela (solo 84 camas UCI), resulta imposible evitar la indignación con la “pandemia del socialismo del siglo XXI”, dos décadas de desidia y despotismo que una de las asociaciones diásporicas, Venezuelan American Alliance, convertirá en museo virtual.

Período en el cual el régimen “administró”, es un decir, la mayor cantidad de ingresos conocidos en la historia de Venezuela. En lugar de utilizarlos para invertir en el sector eléctrico, o para ampliar y mejorar el sistema de salud, estos pasaron de sus manos a sus bolsillos y a cuentas bancarias en paraísos fiscales. Los saqueadores y la pandemia socialista acabaron con todo y dejan un sistema de salud en la indigencia.

Todavía hay quienes se vanaglorian de formar parte de ese equipo de demolición del país, cuyos inicios se sitúan en los dos sangrientos y fallidos golpes de Estado del año 1992. Ayer, como hoy, usaron los recursos de los venezolanos para sus fines personales y políticos. Los aviones, fusiles, tanques y camiones destinados a resguardar la soberanía nacional se utilizaron para imponer por la fuerza su proyecto, el socialismo del siglo XXI, cuya capacidad corrosiva desconoce límites.

Civiles y militares partícipes de esas intentonas, dizque para hacer frente a la corrupción, hoy pagan penas en cárceles o huyen de la justicia. Pienso en el ex capitán y luego tesorero de la nación, preso en Estados Unidos por haber robado los recursos a los hospitales, a la electricidad y a la seguridad de los venezolanos. La anticorrupción era un pretexto para el saqueo.

Ese inmenso latrocinio lo pagan los ciudadanos con desnutrición, escasez de todo, muerte y una migración forzada de más de 6 millones de venezolanos, superior a la de Siria, país en guerra.  Un dicho anónimo lo resume así: “Nadie se va de su hogar a menos que su casa sea la boca un tiburón».

Lo sucedido en Venezuela no puede caer en el olvido y esto me hace pensar en la exposición del campo de concentración de Auschwitz, finalizada recientemente. Ella reúne objetos de quienes fueron encerrados y perdieron la vida en los inhumanos barracones del más grande campo de exterminio. Ha sido concebida para recorrer el mundo en los próximos años como una manera de invitar a la reflexión ética sobre un hecho dramático e inhumano.

También viene a mi memoria la reciente exposición de 36 fotografías, de Juan Pedro Revuelta, de dos campos de exterminio humano, Auschwitz/Birkenau, realizada en el Instituto Sefarad en Madrid. Imágenes del horror: pelos, zapatos que “incorporan el instante mismo de la detención, de la muerte” en palabras de los organizadores. Imágenes elocuentes que convocan a evitar el olvido, la desmemoria de millones de vidas cercenadas.

Mientras estas exposiciones mostraban el horror del holocausto, evocaba con indignación el maridaje del ex presidente de Irán  Mahmud Ahmadineyad, quien negaba la existencia de los campos de exterminio, con el difunto presidente de Venezuela. En idéntica dirección se orientan las palabras de uno de los tres vicepresidentes de España, quien decía: “La maquinaria de exterminio se comportaba como cualquier policía que intentara impedir una manifestación en una cumbre mundial o que detiene emigrantes en cualquier ciudad”, una represión normal, pues.

Recordaba que en 2004 la policía allanó el Colegio Hebraica en Caracas, hecho que se repitió el año 2007. En 2009 el canciller Maduro expulsó al embajador de Israel en Venezuela; ese mismo año hombres armados profanan la sinagoga ubicada en Maripérez. Preocupados y enojados por estas señales de odio, nuestro querido profesor y amigo Heinz Sonntag convocó la reunión, en la casa que vence las sombras, en la cual creamos el Observatorio Hannah Arendt. En el año 2010 el difunto exclamó en un vídeo, con gestos suficientemente expresivos, lo siguiente: “Condeno desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel; ¡maldito seas, Estado de Israel!”, «Israel critica mucho a Hitler, nosotros también, pero ellos han hecho algo parecido, qué sé yo si peor a lo que hacían los nazis».

Palabras y gestos situados en las antípodas de otro presidente, López Contreras, quien dio cobijo a los judíos perseguidos, quienes fueron recibidos por la ciudadanía de Puerto Cabello con las luces de las casas y carros encendidas, en señal de bienvenida. Representaba la fibra humana de los ciudadanos venezolanos.

Se juntaban otras exposiciones en distintos museos y espacios. La exposición del Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo) de la fotógrafa y forense Teresa Margolles, quien recoge en fotografía y objetos los caminos de la diáspora a través de trochas y piedras del río Táchira en la frontera colombo-venezolana. La exposición fotográfica de Ana María Ferris, No me mires, las imágenes de un secuestro o el fotolibro de Alicia Caldera con figuras de la frontera en la Guajira. Todas ellas muestran el rostro de los problemas y así los humanizan.

Por ello, cuando conocimos el proyecto quedamos maravillados. Una importante y necesaria iniciativa concebida por la diáspora y merecedora de nuestro respaldo. Una forma de luchar contra la desmemoria, para evitar la falsificación o desaparición de la realidad, para darle rostro a la tragedia humanitaria. En una entrevista reciente con Román Lozinski colocaron dos audios del señor Maduro, fingiendo humanidad, mostraba su preocupación por la diáspora cuya existencia negó hace unos pocos meses en las Naciones Unidas.

Los propósitos de este museo y de las exposiciones se nutre de la experiencia museística de otros países: documentar, estudiar, denunciar, difundir, auspiciar proyectos de investigación, mostrar dimensiones desconocidas de la realidad y evitar la desmemoria para impedir el retorno de la barbarie totalitaria. Igualmente, fortalecer la memoria colectiva intersubjetiva, que trasciende los recuerdos. Cuidado con no mirar hacia atrás y olvidar lo ocurrido. Es un medio para reforzar los antídotos con el fin de combatir la pandemia totalitaria. Como la salud, la democracia y las libertades, no se pueden dar por sentado.

Las imágenes fotográficas, las películas, los textos y los documentales le dan rostro a la tragedia humana y a la esperanza. Sirven como mecanismos de reflexión e inclusión social, facilitan la expresión de las emociones y evitan que estas se evaporen como los sueños. Con ellas se inmortaliza lo ocurrido, documentan la historia y son invaluables para la historia. Además, cumplen una función socializadora creando lazos afectivos y emociones, que constituyen el corazón de la política.

La memoria puede resultar muy corta. Lo vemos en quienes hoy, pese a todas las evidencias, enarbolan las banderas del socialismo soviético, cubano o venezolano o del nazismo, responsables de las mayores barbaries y hambrunas de la historia reciente de la humanidad. Por ello hay que insistir con las exposiciones, pues resultan de gran utilidad para estimular la sensibilidad social y una mayor comprensión del otro,  crean espacios para el diálogo y la construcción.

Me preguntaba por los contenidos de este museo. Afortunadamente disponemos de archivos fotográficos, fílmicos, grabaciones de radio y televisión, textos, con informes de lo ocurrido en cada sector, etc. Las fotografías: del horror de la morgue, de las agresiones y asesinatos en las marchas, las de la desnutrición y la escasez, la de los hospitales, ambulatorios, los vacíos módulos de Barrio Adentro, las de los proyectos de hospitales de los que solo hay cemento y cabilla, las cabillas oxidadas y los mojones de cemento de un supuesto tren entre Caracas y Puerto Cabello, figuras de colegios, liceos y universidades, las de la desnutrición y la muerte, las de la diáspora. Las grabaciones hechas a los compatriotas colombianos expulsados en 2015 cuyas casas fueron marcadas como hacían los nazis. Pensaba en las listas del odio, entregadas por orden de no sabemos quién, a Tascón o la otra lista Maisanta, las indignantes escenas del despido del capital humano de Pdvsa, las de la devastación en el Arco Minero, las del cierre de las empresas de Guayana, la de las empresas agrícolas expropiadas y acabadas. En estas exposiciones es preciso incluir a los socios del régimen, quienes ven como niños rollizos a los desnutridos, como una forma de evitar la pandemia global.

Esta ha dejado, además, muchas heridas sociales; su rostro es la precariedad y la miseria, la oscuridad, ha destruido la cultura del trabajo y el mérito y ha reducido a la nada la productividad. Esos espacios del museo deben servir para la reflexión y el diálogo. Denuncian la tragedia humanitaria y reivindican el derecho humano a vivir mejor, en democracia y libertad. Las imágenes, más propias de personas que viven y huyen de un país en guerra, invitan a la solidaridad humana con los venezolanos en el mundo.

 

U.S. Targets Venezuela’s Maduro Regime With Fresh Charges, Sanctions by  Christopher M. Matthews,  Ian Talley and  Aruna Viswanatha – The Wall Street Journal – 22 de Marzo 2020

Prosecutors unseal corruption cases against state-owned oil company executives and an associated businessman

A monument in front of PdVSA headquarters in Caracas pays homage to Venezuelans’ oil heritage.

The U.S. quietly unsealed criminal cases against two former officials at Venezuela’s state oil monopoly this month as part of what American officials say is a new round of charges and sanctions against a Maduro government they accuse of systemic corruption, narcotrafficking and stealing billions of dollars in state funds.

Prosecutors have also charged a businessman associated with the subsidiary of the company, Petróleos de Venezuela, SA (PdVSA), that the officials worked for.

Some of the actions have been delayed in part by the coronavirus pandemic. But senior U.S. officials say they are part of a Trump administration effort to double down on its pressure campaign against President Nicolás Maduro’s administration after failing to deliver on its primary goal of ousting the regime.

Federal prosecutors in Miami, New York and Washington, D.C., are targeting what they allege is vast corruption in the country’s beleaguered petroleum sector and currency markets, state-aided narcotrafficking, and money-laundering through Venezuela’s military-run emergency food program.

They have charged dozens of defendants—many of whom have pleaded guilty in U.S. courts—and are continuing to probe alleged bribery and money laundering involving joint ventures with PdVSA, according to court documents and people familiar with the matter.

Those ventures involve some of the world’s largest energy companies, including Chevron Corp., Russia’s PAO Rosneft, China National Petroleum Co. Prosecutors didn’t allege any wrongdoing by the foreign oil companies. The foreign oil firms have minority stakes in the joint ventures; some have said they don’t control how their money is spent. Representatives for CNPC and Rosneft couldn’t be reached for comment.

“Chevron and our affiliates abide by a code of business ethics under which we comply with all applicable laws and regulations, and we expect our business partners to conduct business in compliance with these requirements as well,” a Chevron spokesman said.

On Friday, Miami prosecutors charged Leonardo Santilli, a Venezuelan citizen who controlled several companies working for the joint ventures, with money laundering in Miami and related offenses.

Mr. Santilli’s companies allegedly received nearly $150 million from the PdVSA subsidiaries between 2014-2017, according to court documents. More than $100 million of that was allegedly transferred to accounts, trusts and shell companies controlled by him and other Venezuelan individuals, prosecutors allege.

Mr. Santilli allegedly used millions of the funds to bribe senior officials in the Venezuelan military and government on behalf of the joint ventures, according to the court documents, which also allege that employees at Mr. Santilli’s companies tracked the payments in a spreadsheet, calling  the transactions “comisiones,” or commissions.

Mr. Santilli couldn’t be reached for comment. Venezuelan officials didn’t respond to a request for comment.

Earlier this month, federal judges in Miami also unsealed charges against two state-oil company executives at one the subsidiaries Mr. Santilli allegedly received money from, Lennys Rangel and Edoardo Orsoni. Both worked at Petrocedeno, a joint venture between PdVSA and French oil giant Total SA and Norway’s Equinor AS A. Representatives for Equinor and Total didn’t respond to requests for comment.

Prosecutors alleged Ms. Rangel, the venture’s former procurement officer, and Mr. Orsoni, former general counsel of both Petrocedeno and parent PdVSA, conspired to launder millions in bribe payments through the U.S., including by purchasing Miami condos. The bribes were allegedly paid to Ms. Rangel, Mr. Orsoni and other PdVSA executives to obtain lucrative contracts from Petrocedeno.

Both were charged in criminal informations, a method that often indicates a defendant is cooperating. The pair voluntarily turned themselves in and they were released on bail.

Venezuelan President Nicolás Maduro spoke to reporters in Caracas this month.

An attorney for Ms. Rangel didn’t respond to a request for comment. An attorney for Mr. Orsoni declined to comment.

Collectively, the U.S. actions are meant, in part, to publicly shame the Maduro government as a strategy to undermine its political support, help empower the U.S.-backed opposition movement by recovering billions in stolen state assets, and disrupt the revenue that keeps the regime afloat and its allies financed, U.S. officials say.

Some former PdVSA executives estimate the governments of Mr. Maduro and his predecessor, Hugo Chávez, pilfered hundreds of billions of dollars through the state oil monopoly over the last two decades by allegedly exaggerating production figures, inflating contract invoicing and using hand-selected contracting firms that bribed officials, U.S. prosecutors and current and former Venezuelan officials say.

“Maduro has turned the country into the biggest money laundering operation in the Western Hemisphere,” said Carlos Paparoni, who heads the opposition movement’s anti-money-laundering unit, in an interview.

U.S. officials were planning to announce new charges as soon as last week, but efforts to contain the coronavirus have disrupted the federal court system, according to people familiar with the matter. Officials were also concerned the announcement might be overshadowed by virus-related news, blunting efforts to “name and shame” Venezuelan officials.

The U.S. says virtually every major Venezuelan state institution has been used as a vehicle for laundering money stolen from the state, drug trafficking and other illicit operations. Those activities are so deeply rooted throughout the government, the U.S. says, that it has made Venezuela a major national security threat, including by aiding U.S. adversaries such as Iran, Hezbollah and Russia.

“Our sanctions are going to continue to ramp up,” said David Peyman, head of the State Department’s Counter Threat Finance and Sanctions division at a security seminar this month. Mr. Peyman said the U.S. is eyeing those who are helping the government in Caracas from outside Venezuela.

In another pending case, U.S. officials plan to allege Venezuela officials and their business associates planned to use oil contracting firms to embezzle $4.5 billion laundered mainly through accounts opened in Switzerland, Swiss court records show.

Investigators have also focused on Alejandro Betancourt, according to people familiar with the matter, a wealthy Venezuelan who hired President Trump’s attorney Rudy Giuliani and others to convince the Justice Department last year not to charge him. Mr. Giuliani couldn’t be reached for comment. An attorney for Mr. Betancourt, Jon Sale, said: “Mr. Betancourt is a legitimate businessman who has not violated any laws of the United States or elsewhere.”

In other cases, U.S. officials say prosecutors and law-enforcement agents are expanding a dragnet targeting the individuals and officials who allegedly used the country’s emergency food program to divert hundreds of millions of dollars into overseas accounts even as poverty and mortality rates soared. CLAP, as the program is called, is the main food source for an estimated 15% of Venezuelans, but a critical supplement for a far larger percentage of the population.

The U.S. last year took coordinated action against the alleged CLAP scheme when it indicted Colombian businessman Alex Saab, who is being investigated separately for laundering money for Latin American drug cartels, according to U.S. and Latin American officials. The families of Mr. Saab and a close associate were central in running the CLAP money-laundering operations, according to foreign intelligence provided to the U.S. and reviewed by The Wall Street Journal.

An attorney for Mr. Saab didn’t respond to requests for comment, though the businessman previously has rejected the corruption allegations as false.

Once Upon a Time in Venezuela, un documental de la cultura de la corrupción – El Nacional – 11 de Marzo 2020

La cineasta venezolana Anabel Rodríguez Ríos presentó el documental el martes en el Miami International Film Festival. El filme es una radiografía de la fractura que vive el país en la actualidad

Once Upon a Time in Venezuela

«La corrupción se volvió cultura a través de un sistema que es tan invasivo y tan totalitarista que cambió a la gente de Congo Mirador», señaló la directora venezolana radicada en Austria.

Congo Mirador es un pueblo de pescadores que tuvo unos 300 habitantes y se asienta sobre las aguas del lago Maracaibo, una zona que la propia Rodríguez describe como «la Venecia minera» y que fue alcanzada de lleno por la pobreza y la corrupción política.

Once Upon a Time in Venezuela cuenta la historia de Tamara, una representante del partido chavista, y Natalie, una maestra de la escuela local que sueña con un cambio en el país y en su hogar.

El documental, que es una radiografía de la fractura que vive el país en la actualidad, muestra una sociedad corrupta que mantiene a los poderosos mientras que acosa a los opositores dentro del pueblo.

Sin embargo, la situación no fue siempre así.

«Hubo un tiempo en el que había mucho dinero en Venezuela y la gente se fue corrompiendo. Muchos no tenían intención de trabajar sino ganar por la vía más rápida», expresó la directora.

Rodríguez comenzó este proyecto en 2014 y lo completó después de cinco años en los que realizó 14 viajes a este lugar olvidado e inhóspito por culpa de la sedimentación del fondo del lago Maracaibo y la contaminación de las aguas por los yacimientos petrolíferos.

Gran parte del documental se centra en las elecciones parlamentarias de 2015, en las que la coalición opositora Unidad Democrática consiguió superar a los partidos oficialistas en número de escaños de la Asamblea Nacional, y en cómo se gestaron en un pueblo como Congo Mirador.

La última vez que Rodríguez visitó esta región del estado Zulia fue en 2018 y, para entonces, la comunidad allí asentada había desaparecido prácticamente salvo nueve individuos que seguían residiendo en la zona.

Este largometraje independiente fue presentado mundialmente en enero en el festival de Sundance de Utah, y después de Miami viajará a Cartagena de Indias (Colombia), además de otros destinos internacionales que la directora aún está barajando.

A pocas horas del estreno en la ciudad miamense, Rodríguez dice sentir curiosidad por lo que piensen el público y los venezolanos residentes que lo vayan a ver, aunque espera que conmueva y sensibilice a los espectadores.

«Noté que la gente venezolana de aquí no se quiere conectar mucho con esa realidad y quiere dejar ese pasado atrás», indicó.

Sin embargo, sobre todo espera que el filme genere discusiones sobre la gente que se aprovechó del sueño socialista.

«Me di cuenta de que yo quería sensibilizar sobre Venezuela con un relato humanista de la condición humana sin pensar en agendas políticas de una o de otra ideología», indicó Rodríguez.

Pese a que teme que su familia, que sigue viviendo en Venezuela, sufra las consecuencias por parte del gobierno por culpa de esta película, Rodríguez es consciente de que «hay que pelear desde cualquiera de las disciplinas» para que haya un cambio en «las víctimas del totalitarismo».

Por ello, opina que para que se produzca un verdadero cambio en el país lo más importante es «no dejar la presión y la acción ciudadana tan solo dentro del ámbito nacional», para lo que resultan fundamentales este tipo de documentales.

Respecto a las elecciones parlamentarias que se celebrarán este año, Rodríguez no es muy optimista, y aunque votará, augura que se producirá un fraude electoral de nuevo.

«Hay que seguir luchando», concluyó.

Suiza entrega a los Estados Unidos documentos de las operaciones de Luis Oberto, Ignacio Oberto y Alejandro Betancourt, en investigación por blanqueo – Expresame – 26 de Febrero 2020

                         En la imagen, Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi

La máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios relacionados a un presunto esquema de corrupción que podría haberle costado a Venezuela unos $4,500 millones, reactivando una aletargada investigación en Estados Unidos sobre las actividades de un pequeño grupo de magnates y funcionarios claves de la estatal Petróleos de Venezuela.

Los documentos, que comienzan a llegar después de dos años de espera, dejan el camino libre para que fiscales estadounidenses puedan presentan cargos en lo que está siendo descrito como el mayor caso de corrupción venezolana visto hasta ahora.

Según un reporte de Antonio María Delgado y Jay Weaver para el diario estadounidense El Nuevo Herald, las pesquisas se centran sobre los banqueros Luis Oberto e Ignacio Oberto, los empresarios Alejandro Betancourt y su primo Francisco Convit, al igual que sobre el ex jefe de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, y el ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos. Bajo la lupa también se encuentra un banquero suizo que orquestó el presunto esquema internacional de corrupción y lavado de dinero.

Los magnates son investigados bajo sospecha de que pagaron inmensos sobornos a funcionarios venezolanos para poder entablar un esquema donde empresas bajo su control otorgaban a PDVSA prestamos en bolívares que luego eran pagados en dólares haciendo uso del enormemente lucrativo tipo de cambio oficial.

Según las autoridades estadounidenses, el esquema hacía uso del controversial esquema cambiario para multiplicar en pocos meses los montos invertidos inicialmente, siendo las ganancias mil millonarias luego depositadas en cuentas suizas.

“La operación, ejecutada gracias a actos de corrupción, habría permitido la malversación de más de $4,500 millones, lavados principalmente a través de cuentas abiertas en Suiza”, el Tribunal Federal Suizo declaró en enero al rechazar las apelaciones que buscaban bloquear la entrega de los documentos bancarios.

La mayor parte del dinero sucio fue transferido a cuentas controladas por los hermanos Oberto en el banco Compagnie Bancaire Helvetique, y el resto a sus cuentas en EFG Bank AG y otras siete otras instituciones financieras suizas, señalaron las autoridades estadounidenses en una carta oficial dirigida a sus homólogos suizos. El Miami Herald obtuvo copias de las cartas de “asistencia legal mutua” que resume todas las transacciones.

El caso de $4,500 millones es el más reciente y el mayor de tres investigaciones distintas realizadas desde Miami sobre las operaciones de “Cleptócratas” venezolanos que han producido hasta el momento cargos contra una docenas de acusados, incluyendo al ex Tesorero de la nación petrolera, Alejandro Andrade, quien se declaró culpable en el 2017.

La nueva investigación, adelantada por la Unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, se ha centrado sobre las presuntas transferencias de fondos malversados del Estado venezolano a cuentas bancarias, propiedades de bienes raíces y otros activos en Miami y Nueva York.

LOS DETALLES DEL CASO

Las figuras centrales del caso son los hermanos Oberto, integrantes de una familia de banqueros que residen en apartamentos de lujo en Miami Beach. El Miami Herald y el Nuevo Herald describieron el papel que jugaban en el presunto esquema de lavado de dinero en un artículo publicado en noviembre.

Desde entonces, el Herald ha obtenido información que el caso de los $4,500 millones también implica a los venezolanos Betancourt y Convit, quienes respectivamente viven en España y Venezuela.

Convit ya enfrentaba cargos por otra operación de lavado de dinero ante la corte federal de Miami, mientras que Betancourt también es nombrado como un presunto conspirador en ese mismo caso del 2018, aunque las autoridades no han presentado cargos formales contra él.

También investigados en el nuevo caso de los $4,500 millones se encuentra Ramírez, el ex zar de petróleo del régimen venezolano, quien actualmente reside en Italia, al igual que Villalobos, quien se encuentra detenido en España y enfrenta un pedido de extradición presentado por Estados Unidos por cargos de aceptar sobornos relacionados a un caso de corrupción distinto.

El banquero suizo que presuntamente jugó un papel estelar en el esquema de lavado de dinero es Charles Henry De Beaumont, quien trabajó para CBH hasta el 2012 y luego se convirtió en un gerente de activos independientes administrando transacciones con su antiguo banco y con otras instituciones financieras, según autoridades policiales y fuentes familiarizadas con las investigaciones estadounidenses.

De Beaumont ganó $22 millones por la conducción de las supuestas transacciones ilícitas de los hermanos Oberto y los empresarios Betancourt y Convit, entre otros, y utilizó parte de ese dinero para comprar residencias de lujo en la República Dominicana y un apartamento en el edificio de lujo Continuum en Miami Beach, según los investigadores.

En 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina del Fiscal Federal de Miami activaron el mecanismo de “Asistencia Legal Mutua”, solicitando a las autoridades suizas registros de las cuentas en Compagnie Bancaire Helvetique y en otras instituciones financieras de ese pais como EFG Bank, que por ley administran el dinero de clientes ricos bajo total secretismo.

Al solicitar la asistencia de Suiza, el Departamento de Justicia detuvo el reloj del estatuto de limitaciones de cinco años, período que de expirar bloquearía los esfuerzos de los fiscales para presentar cargos de conspiración de lavado de dinero contra los hermanos Oberto y a los otros.

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