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Hecho en socialismo: Venezuela tiene 60 demandas y debe 140 mil millones de dólares por Sabrina Martín – PanamPost – 10 de Julio 2020

Gran parte de las demandas en el exterior contra la República no podrán desconocerse porque son deudas que Chávez y Maduro dejaron

Hay 60 demandas contra la República y Pdvsa en el exterior, todas ellas basadas en reclamaciones privadas por las deudas dejadas por Hugo Chávez y Nicolás Maduro (Wikimedia)

Ni con todo el dinero recuperado de la cleptocracia y la corrupción causadas por los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, podrá pagarse la deuda pública externa que ha dejado el socialismo en Venezuela.

El chavismo logró hipotecar los activos del país al punto de generar una deuda externa estimada en 140 mil millones de dólares y unos 60 litigios en el exterior.

Aún cuando gracias al Tesoro de Estados Unidos el Gobierno interino de Guaidó mantiene el control de Citgo, es el activo venezolano más vulnerable pues detrás de él hay demandas contra el Estado que suponen el riesgo de perderla.

José Ignacio Hernández, quien hasta hace pocas semanas fungió como Procurador Especial del presidente interino Guaidó, reveló al PanAm Post que la mayor parte de los litigios que controla el Gobierno del presidente Encargado, son demandas contra Venezuela que suponen riesgos para activos del país.

«Los litigios son tres grupos, el primero son demandas contra el Estado que suponen riesgos para activos como Citgo porque los acreedores pueden demandar a Venezuela; el segundo está enmarcado en la recuperación de activos derivados de la corrupción; y el tercero son juicios para controlar activos y arrebatárselos al régimen», señaló Hernández.

El exprocurador de Guaidó explicó que hay 60 demandas contra la República y Pdvsa en el exterior, todas ellas basadas en reclamaciones privadas por las deudas dejadas por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Se trata de deudas financieras y no financieras, entre ellas las arbitrarias políticas de expropiaciones emprendidas por el chavismo en Venezuela.

«Se trata de demandas que pueden sumar alrededor de 15 mil millones de dólares para una deuda pública externa estimada en 140 mil millones de dólares. Eso significa que en cifras gruesas alrededor del 10% de la deuda externa venezolana está en litigio».

Hernández aseguró que se trata de un número «bastante modesto» debido a que los acreedores «han atendido la invitación del Gobierno interino de renegociar la deuda para evitar más litigios contra Venezuela».

El abogado considera que no se podrá recuperar el país mientras se mantenga la elevada deuda externa.

«Es imposible recuperar a Venezuela y atender la emergencia humanitaria si no se resuelve el problema de la deuda porque si no los litigios van a aumentar, los riesgos van a aumentar y Venezuela encontrará obstáculos aún mayores. La deuda pública es una de las principales limitaciones que enfrenta el país para recuperar la economía y restablecer los mecanismos de mercado», señaló.

Venezuela perderá

El exprocurador explicó que «lamentablemente» gran parte de las demandas en el exterior contra la República no pueden desconocerse porque son deudas que Chávez y Maduro dejaron.

«Buena parte de las reclamaciones privadas contra Venezuela se basan en títulos de deuda que no pueden desconocerse, deuda soberana que fue emitida cumpliéndose todos los requisitos legales, deuda privada de Pdvsa cumpliendo todos los requisitos legales, laudos arbitrales firmes porque fueron procesos de arbitraje que Chávez o Maduro perdieron y no cumplieron ninguna de las decisiones. Entonces lamentablemente buena parte de esas reclamaciones no pueden desconocerse», agregó.

«En mucho casos Venezuela no va a poder ganar esas demandas porque la deuda está allí. El problema es que va a ser imposible reconstruir a Venezuela y pagar la deuda al mismo tiempo», explicó.

Citgo, el riesgo mayor

Hernández aclaró que el activo con mayor riesgo a perderse es Citgo, debido a que Maduro utilizó a la refinería como colateral de manera inconstitucional.

Sobre la situación real de Citgo explicó que la compañía está sufriendo las consecuencias de la mala gestión de Chávez y Maduro.

«Quedó una deuda de millardos de dólares de operaciones realizadas por los antiguos administradores de Citgo, más la totalidad de acciones de Citgo donde se dio el 50,1 % a favor de los bonistas del bono Pdvsa 2020 y el 49,9 % a favor de Rosneft», explicó.

«Sin duda el riesgo mayor lo suponen las demandas contra Citgo. Maduro utilizó a Citgo como colateral de manera inconstitucional en la operación del bono Pdvsa 2020 y el contrato con Rosneft; y luego algunos acreedores han intentado ejecutar sus acreencias», explicó.

«Afortunadamente las órdenes ejecutivas del Gobierno de EEUU y el Departamento del Tesoro ratifican que ningún acreedor puede vender, ejecutar o subastar las propiedades de Venezuela bloqueadas incluyendo Citgo. Por lo tanto hay una barrera última de protección. La intención es utilizar estas medidas de protección de activos para crear operaciones apropiadas para renegociar la deuda», señaló.

«Fue el régimen de Maduro quien colocó en riesgo a Citgo al ceder esa empresa a favor de inversionistas extranjeros», sentenció.

Activos desviados por la corrupción

«No hay ninguna estimación exacta de los activos desviados por corrupción, según cálculos de la Asamblea Nacional y de algunos expertos el monto pudiese ser entre los 200.000 y 400.000 millones de dólares», dijo Hernández.

Es una cifra incomparable. Nunca antes ha habido un caso de recuperación de activos derivados de la corrupción con estas magnitudes. Pero la cifra no es exagerada si consideras que el ingreso fiscal petrolero del chavismo, palabras más palabras menos, era un trillón de dólares.

«Lamentablemente la experiencia demuestra que el porcentaje de recuperación es bajo, pero aun así si se logran recuperar 100.000 millones de dólares no se podría solucionar problemas como la deuda», sentenció.

Investigaciones sobre minería ilegal y corrupción ganadoras de la X Edición del Premio IPYS Venezuela – Instituto Prensa y Sociedad – 10 de Julio 2020

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IPYS Venezuela, julio de 2020. La minería ilegal y la corrupción son los temas de los dos trabajos ganadores del primer lugar de la X Edición del Concurso Nacional de Periodismo de Investigación del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela).

Luego de evaluar los 60 trabajos postulados, el jurado del concurso, conformado por Mónica González (México), Tomás Ocaña Urwitz (España), Tamoa Calzadilla (Venezuela) y David González (Venezuela), decidió, de manera unánime, compartir el primer lugar entre el trabajo Canaima: el paraíso envenenado por el oro y la serie de dos reportajes ¿Necesitan lavar su reputación? se alquilan diputados para tal fin y Siete países para siete diputados en defensa de Alex Saab.

Canaima: el paraíso envenenado por el oro,  publicado en Runrun.es, El Pitazo y Tal Cual, es una investigación de Lisseth Boon y Lorena Meléndez. La misma, consideró el jurado, demuestra cómo la crisis venezolana promueve el deterioro ambiental a través de prácticas extractivistas que privilegian la explotación de las riquezas en detrimento de los derechos humanos de pueblos originarios y la conservación de un parque natural.

El trabajo investigativo que comparte el primer lugar es una serie que incluye los dos reportajes ¿Necesitan lavar su reputación? se alquilan diputados para tal fin y Siete países para siete diputados en defensa de Alex Saab, realizado por Roberto Deniz y publicado en Armando.Info. Esta investigación revela las relaciones irregulares de un empresario vinculado con el poder presidencial, y explica cómo la corrupción alcanza a diputados de la Asamblea Nacional.

Con el segundo lugar del concurso se alzó la investigación Fraude vertical: Los gimnasios de Maduro que no trajeron paz pero sí negocios,  publicado en El Pitazo.net y Connectas.org, bajo la autoría de Johanna Osorio Herrera y Nadeska Noriega Ávila, y la reportería de Johanna Osorio Herrera, Nadeska Noriega Ávila, Patzzy Salazar, Daniel Benítez, Liz Gascón, Armando Altuve, Alfredo Morales, José Leonardo Barreto, Ruth Lara Castillo, Gladylis Flores, Irene Revilla, Jesymar Añez, Joanne González, Lidk Rodelo, Rossana Batistelli, Lisbeth Miquilena, María Gabriela Dannieri, María Fernanda Rodríguez, Mariana Duque, Mayreth Casanova, Nataly Angulo y Yesenia García. Según los miembros del jurado, este trabajo “fue capaz de combinar la metodología documental del periodismo de investigación con un exhaustivo trabajo de campo, en una apuesta que permitió visitar 50 estructuras en 15 estados del país”.

El tercer lugar del Premio IPYSve se le otorgó al reportaje 102 toneladas de droga esfumadas en manos del Estado, de Cristina González y publicado en Efecto Cocuyo. De acuerdo con el veredicto, “se trata de un trabajo que con originalidad y rigor metodológico, a pesar de las dificultades y los riesgos asociados al tema, demuestra lo que ocurre con la destrucción de los decomisos de droga por parte de funcionarios del Estado venezolano”.

Asimismo, el jurado decidió entregar menciones especiales, por cumplir con los criterios del periodismo de investigación con una metodología meritoria y por su excelente narrativa, a los siguientes dos trabajos:

Finalmente, los miembros del jurado felicitaron a todos los participantes y ofrecieron su palabra de estímulo para que sigan con la práctica del periodismo de investigación, a pesar de las difíciles circunstancias que vive Venezuela.

El anuncio de los ganadores del X Concurso Nacional de Periodismo de Investigación se llevó a cabo este viernes 10 de julio de 2020 vía online y fue transmitido desde Caracas a través de las plataformas Zoom y Facebook.

Poder Militar, Crimen y Corrupción – Transparencia Venezuela – Julio 2020

¿Cuánto dinero de la corrupción chavista puede ser recuperado? – Primer Informe – 26 de Junio 2020

 

Algunas estimaciones establecen que la cantidad de fondos robados durante los años de Chávez y Maduro puede alcanzar los 400 mil millones de dólares

Juan Guaidó, presidente (e) de Venezuela ha abierto varios frentes legales para recuperar dinero de la república que se encuentra en instituciones financieras en Estados Unidos y Europa.

La embajadora del gobierno interino en el Reino Unido e Irlanda, Vanessa Neumann, dijo que según estimaciones del gobierno interino hay alrededor de 5.000 millones de dólares bloqueados en instituciones financieras de Europa. Estos activos pueden ser recuperados, agregó.

En Londres hay dos juicios en curso para desbloquear reservas en oro a las que Nicolás Maduro no ha podido acceder.

Si las autoridades judiciales fallan a favor del gobierno legítimo de Guaidó, se crearía un precedente para que otras entidades financieras europeas liberen dinero a favor de los factores democráticos venezolanos.

«Mi plan es que ese dinero se resguarde en un fondo tipo fideicomiso con supervisión internacional, hasta después de elecciones libres y justas», afirmó Neumann.

El oro guardado en Londres está tasado en 3.000 millones de dólares, aproximadamente, añadió José Ignacio Hernández, quien hasta hace poco era Procurador del gobierno interino de Guaidó. Las instituciones que lo resguardan son el Banco de Inglaterra y al Deutsche Bank AG.

A pesar de que la Asamblea Nacional de Venezuela y la administración de Donald Trump le han otorgado a Guaidó el control de varias empresas estatales en el exterior, el Gobierno interino no ha podido rescatar los activos correspondientes a la empresa CVG Internacional que están en España.

Hernández señaló: «No hay ninguna estimación exacta de los activos desviados por corrupción, según cálculos de la Asamblea Nacional y de algunos expertos el monto pudiese ser entre los 200.000 y 400.000 millones de dólares».

La cifra, sostiene Hernández, no es exagerada si se considera que el ingreso fiscal petrolero del chavismo llegó a ser de un trillón de dólares.

«Lamentablemente la experiencia demuestra que el porcentaje de recuperación es bajo, pero aun así si se logran recuperar 100.000 millones de dólares se podría solucionar problemas como la deuda», sentenció.

En el estado de la Florida, Estados Unidos, está en proceso el juicio sobre el caso de Abraham Ortega, un ex empelado de PDVSA. En ese proceso el Gobierno interino espera recuperar unos 20 millones de dólares producto de la corrupción.

Representantes de Guaidó también trabajan para recuperar otros 28 millones de dólares que se encuentran bloqueados en los bancos españoles: CaixaBank, Sabadell y Cajamar.

Régimen desembolsó más de 50 millones de euros por la «operación Alacrán» – Curadas – 26 de Junio 2020

La Comisión de Contraloría logró establecer que a los parlamentarios se les ofrecieron entre $750.000 y un millón de dólares, y el costo final fue de entre 50 y 60 millones de euros.

Entre 50 y 60 millones de euros es el monto estimado total que el régimen de Nicolás Maduro desembolsó por la llamada «operación Alacrán», una trama de sobornos a diputados para cambiar la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional y restarle votos a Juan Guaidó y evitar su reelección en enero de 2020.

Así se desprende del informe preliminar aprobado por la Comisión permanente de Contraloría este viernes 26 de junio.

El diputado José Prat (La Causa R- Bolívar), presidente de esta instancia parlamentaria, destacó que se realizaron cinco sesiones para recabar testimonios de parlamentarios y dirigentes políticos «quienes aportaron información sobre qué montos se ofrecía, los términos para esto, además de amenazas y extorsiones para lograr un cambio en la correlación de las fuerzas dentro de la Asamblea Nacional».

Prat recordó que la «operación Alacrán» fue una trama donde «hubo sobornos e intentos de sobornos por parte de diputados, en coninvencia con personeros del régimen».

La Comisión de Contraloría logró establecer que a los parlamentarios se les ofrecieron entre $750.000 y un millón de dólares, y el costo final fue de entre 50 y 60 millones de euros.

El informe, de 80 páginas, contiene documentación fotográfica y audios que, según comentó el presidente de Contraloría, «constata también la relación de familiares de algunos diputados que efectivamente fueron sobornados en esta operación».

«Incluso se otorgaban comisiones para aquellos que consiguieran mayor cantidad de diputados», señaló Prat, al tiempo que señaló como financiadores directos de la operación a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, David de Lima y el exdiputado Francisco Torrealba.

El informe preliminar sobre la «operación Alacrán» se presentará en los próximos días ante la plenaria de la Asamblea Nacional. Entre las recomendaciones figura que se establezcan las sanciones y responsabilidades penales correspondientes cuando se tengan un sistema judicial independiente.

«Hubo un grupo de diputados que se prestaron a estas maniobras, pero también hubo una gran mayoría de diputados que no se prestaron a estas práticas pese al dinero ofrecido», afirmó Prat.

Otra de las solicitudes es que la comisión especial, presidida por el diputado Edgar Zambrano, entregue el informe especial sobre la intervención y presuntas irregularidades cometidas dentro de la Comisión de Contraloría en 2019.

Propuesta contra la corrupción

Durante la sesión ordinaria de la Comisión permanente de Contraloría, la directora ejecutiva de Tranparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, tuvo un derecho de palabra solicitado por la diputada Sandra Flores e hizo una propuesta sobre la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción e Impunidad.

Durante su intervención, la directora de Transparencia Venezuela señaló que la corrupción en Venezuela en los últimos 17 años ha superado los niveles conocidos. «Hablamos de gran corrupción en Venezuela, basados en terminos de Naciones Unidas y sus oficinas. Pero otras organizaciones internacionales refieren que hablar de gran corrupción en Venezuela se queda corto».

De Freitas detalló que han podido identificar 69 países donde hay presencia de la corrupción venezolana, además de 78 casos en 20 países «que están investigando, procesando y judicializando casos relacionados con corrupción venezolana».

En estos 78 casos hay casi 30 mil millones de dólares que están involucrados, monto que puede aumentar debido a que hay varios países que no han informado el monto del capital involucrado, resaltó la directora de Transparencia Venezuela.

La organización también ha podido identificar 7.500 venezolanos que han sido nombrados o involucrados en casos de corrupción en diferentes países.

Por ello la directora de Transparencia Venezuela resaltó que, debido al quiebre de la insitucionalidad y los óganos encargados de investigar estos delitos, es necesario que en el país se implemente mecanismos híbridos de justicia «para sancionar y evitar la impunidad».

De Freitas indicó que, a diferencia de Guatemala y Honduras donde hay apoyo de la institucionalidad de esos países para sancionar la corrupción, en Venezuela se propone que una Comisión Internacional contra la corrupción e Impunidad tenga una duración de al menos 15 años y «donde haya un equipo de tres personas internacionales que dirijan esta institución, con apoyo de organismos internacionales, y con un equipo multidisciplinario para generar la confianza que el país necesita para acabar con la corrupción y la impunidad».

Además plantean una Unidad de Recuperación de Activos y la creación de una Unidad de Coordinación con la Cancillería, pues esa instancia sería importante para proteger bienes de la República en muchos países que están judicializando casos de corrupción donde hay dinero venezolano involucrado.

Guaidó espera recuperar USD$ 105 mil millones de dinero robado y bloqueado a Venezuela por Sabrina Martín – PanamPost – 26 de Junio 2020

El Gobierno interino se encuentra tras la recuperación de parte del dinero robado por el chavismo y de fondos bloqueados al régimen en el exterior

Guaidó inició procesos judiciales para recuperar al menos 100 mil millones de dólares robados por el chavismo, y otros 5 mil millones bloqueados al régimen en cuentas en el exterior. (Efe)

El Gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se encuentra tras la recuperación de miles de millones de dólares producto de la corrupción en Venezuela y de dinero bloqueado en el exterior. Expertos estiman que la cleptocracia robó entre 200 y 400 mil millones de dólares.

Este viernes 26 de junio se conoció que el Gobierno interino está luchando por recuperar los activos y recursos de Venezuela, específicamente unos 28 millones de dólares bloqueados en tres bancos de España. Se trata de las entidades financieras CaixaBank, Sabadell y Cajamar.

A pesar de que la Asamblea Nacional de Venezuela y la Administración de Donald Trump le han otorgado a Guaidó el control de varias empresas estatales en el exterior, el Gobierno interino no ha podido rescatar los activos correspondientes a la empresa CVG Internacional que están en España.

Por su parte, la doctora Vanessa Neumann, embajadora de Juan Guaidó ante el Reino Unido e Irlanda, reveló a PanAm Post que según estimaciones del Gobierno interino hay unos 5 000 millones de dólares de Venezuela bloqueados en el exterior y que podrían ser recuperados. Dinero que aún está en disputa con la tiranía.

Ya en la Corte de Londres existen dos juicios para desbloquear reservas en oro a las que Nicolás Maduro no ha podido acceder. Si las autoridades judiciales fallan a favor de Guaidó, entonces podría servir de precedente para que otros bancos en Europa liberen el dinero a favor de la democracia en Venezuela.

«Disputa en Londres podría dejar a Maduro sin control de bienes en el exterior», reiteró Neumann en una entrevista exclusiva para el PanAm Post.

«Mi plan es que ese dinero se resguarde en un fondo tipo fideicomiso con supervisión internacional, hasta después de elecciones libres y justas», añadió la embajadora.

Por su parte, José Ignacio Hernández, quien hasta hace pocas semanas fungió como Procurador Especial del presidente interino Guaidó, reveló a PanAm Post que hay procesos en Europa para tomar control de activos. Se trata de procesos jurídicos para arrebatarle a Maduro el manejo del dinero público en el exterior.

«En Londres hay dos juicios, y en Portugal hay varios procesos por las cuentas del NovoBanco», reveló. Los juicios en Londres son los referentes al Banco de Inglaterra y al Deutsche Bank AG. «En Europa la cantidad puede ser unos 5 000 millones de dólares, con aproximadamente 3 000 millones en oro en Inglaterra», agregó.

Dinero robado por la corrupción

Además de los juicios en Europa para arrebatarle a Maduro el control de los activos, Hernández señaló que según sus estimaciones el chavismo se habrían robado más de 200 000 millones de dólares: «No hay ninguna estimación exacta de los activos desviados por corrupción, según cálculos de la Asamblea Nacional y de algunos expertos el monto pudiese ser entre los 200 000 y 400 000 millones de dólares».

Es una cifra incomparable. Nunca antes ha habido un caso de recuperación de activos derivados de la corrupción con estas magnitudes. Pero la cifra no es exagerada si consideras que el ingreso fiscal petrolero del chavismo, palabras más palabras menos, era un trillón de dólares.

«Lamentablemente la experiencia demuestra que el porcentaje de recuperación es bajo, pero aun así si se logran recuperar 100 000 millones de dólares se podría solucionar problemas como la deuda», sentenció.

Hernández reveló que Estados Unidos, específicamente en la Florida, está en proceso el juicio sobre el caso de Abraham Ortega, exempleado de Petróleos de Venezuela con el cual el Gobierno interino espera recuperar unos 20 millones de dólares productos de la corrupción.

La gerencia de Monómeros que se contrató a sí misma por Roberto Deniz – Armando.info – 24 de Junio 2020

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El segundo activo más importante de Venezuela en el exterior, después de Citgo, esconde una historia reciente en la que sus ejecutivos, poco antes de dejar las riendas de la estatal venezolana en Barranquilla, pactaron negocios con una empresa privada que a la postre comprarían. Se trata, además, de una compañía cuyo origen está ligado al mundo empresarial del principal contratista que favorecieron durante años siendo directivos de Monómeros. Hoy, incluso, compite en el mercado de fertilizantes contra la filial de Pequiven en Colombia.

Anticipando la tormenta que asomaba en el horizonte, algunos directivos de Monómeros Colombo Venezolanos S.A buscaron resguardo en beneficio propio, pero en desmedro de la empresa. Sólo eso explica que el exgerente general de esa filial de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), se convirtiera en accionista de una compañía privada a la que benefició con un contrato cuando estaba por dejar su puesto y meses antes de que la junta ad hoc, nombrada por el Gobierno interino de Juan Guaidó, tomara control de ese activo en Colombia.

Todo comenzó en diciembre de 2018, cuando ni siquiera la oposición venezolana pensaba que podría pasar a administrar los bienes de la República en el exterior, pero continuó durante 2019 en medio de la disputa política que golpeó a Monómeros y que también alcanza a actores políticos y económicos de Barranquilla, donde tiene su sede principal la empresa.

Como si fuese una partida de ajedrez, Pedro José Lugo Gómez, un empleado de carrera en Pequivén y quien dirigía a Monómeros desde finales de 2013, fue moviendo fichas para garantizar su futuro. El 10 de diciembre de 2018, Pedro Lugo, en su condición de gerente general de Monómeros, firmó un contrato por tres años para la “maquila de yeso agrícola” con Insapro S.A.S. Casi un año después, Lugo y otros dos exdirectivos de la estatal venezolana figuraban como dueños de Insapro, en lo que ahora parece una retirada estratégica.

Al momento de suscribir el acuerdo con Insapro, los rumores sobre la salida de Pedro Lugo eran incesantes dentro de la compañía. Ese ruido se confirmó sólo diez días después, el 20 de diciembre de 2018, con un decreto de Nicolás Maduro publicado en la Gaceta Oficial 41.550, que anunció la designación de Ronald Alexander Ramírez Mendoza como presidente de Monómeros.

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Ronald Ramírez, quien posee vínculos comerciales con Alex Saab Morán, el principal contratista de Maduro, a través de la sociedad Adon Trading FZE, nunca asumió el cargo al ser “inadmitido” el 30 de enero de 2019 por las autoridades migratorias colombianas, lo que prorrogó unos meses la estadía de Pedro Lugo en la productora y comercializadora de fertilizantes en Barranquilla, pese a haber firmado el “acta de entrega” de su cargo el 8 de enero de 2019.

Pedro Lugo finalmente permaneció en el cargo hasta el mes de junio, conviviendo un par de meses con la primera junta administradora nombrada por Guaidó y que tomó posesión el 11 de abril de 2019, como consecuencia del reconocimiento del Gobierno colombiano al interinato de Juan Guaidó y el desconocimiento a la figura de Nicolás Maduro. Con su renuncia, Lugo escapó a la tormenta administrativa que dejó en el segundo activo más importante de Venezuela en el exterior, sólo por detrás de Citgo, y huyó también del posterior sacudón que provocó a finales de 2019 Humberto Calderón Berti, ex embajador del Gobierno interino en Bogotá, al denunciar una politización en la compañía.

Beneficios desde antes

El expediente mercantil de Insapro muestra que Pedro Lugo no estuvo solo en la mudanza desde Monómeros. A Lugo lo acompañan como accionistas otros dos exdirectivos de la estatal venezolana: Ricardo Cera Corrales y Eduardo Rodríguez González. Este último, también venezolano y con carrera en Pequiven, fue gerente comercial de Monómeros hasta noviembre de 2019, cuando fue removido por la junta administradora designada por Guaidó.

Un cuarto accionista, según consta en el acta número 10 de asamblea extraordinaria, es otro empresario venezolano de nombre George Komander Gómez, propietario además de Sophia Chemical Trading Group y de Sunder Holding Group, las cuales usan la misma dirección de Insapro en Barranquilla. Komander Gómez explicó que Insapro es un “emprendimiento propio” y que es el accionista mayoritario. Negó que Pedro Lugo y Eduardo Rodríguez fueran propietarios, como demuestra el acta de accionistas que reposa en el expediente de la empresa en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Indicó que los exgerentes de Monómeros solo son “asesores sin sueldo de parte de Insapro”, pero nunca aportó los documentos para respaldar su versión.

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El acuerdo sellado en diciembre de 2018 con Insapro obligaba a Monómeros a pagar 145.220 pesos colombianos, unos 41 dólares americanos, por cada tonelada de yeso producida. Entre 2019 y 2020 los pagos de la estatal venezolana a Monómeros rondan los 600 millones de pesos, unos 170.000 dólares, de acuerdo a documentos a los que tuvo acceso Armando.Info.  Esos mismos papeles revelan que entre 2017 y 2018 hubo pagos de Monómeros a Insapro por otros 1.900 millones de pesos colombianos, poco más de 500.000 dólares, por contratos previos a los que no se tuvo acceso al cierre de esta edición.

Pero el contrato otorgado a Insapro en diciembre de 2018, cuando estaba a punto de salir de Monómeros, no es el único lunar en esta historia. Insapro fue fundada en marzo de 2016 por María Claudia Pérez Sarabia, hija de Reginaldo Pérez Pérez, un renombrado empresario de Barranquilla, dueño del holding Grupo Merco, ampliamente beneficiado por la gestión de Lugo en Monómeros.

De la estrecha relación en los últimos años entre Monómeros y Grupo Merco hay testimonios en la prensa de Barranquilla, así como de proyectos conjuntos o encuentros en eventos de las directivas de ambas empresas.

A Consorcio Merco Logistic Group, Opermec, Ingeopro y Servitransa, todas bajo el paraguas de Grupo Merco, el entonces gerente general de Monómeros, Pedro Lugo, le otorgó contratos que suman el equivalente a unos 30 millones de dólares por la prestación de servicios logísticos, de mantenimiento, operaciones portuarias o alquiler de equipos, entre otros conceptos, según los documentos obtenidos para este reportaje.

“Se observa una clara concentración en un solo grupo económico de operaciones medulares del proceso productivo de Monómeros. Esto representa un riesgo para la organización, ya que cualquier problema económico y/o legal que pudiera presentarse en esas empresas, afectaría significativamente las operaciones de Monómeros”, concluye un informe preparado por la junta ad hoc de Monómeros.

Fuentes, que prefirieron el anonimato, explicaron que desde hace semanas abogados de ambas partes, Monómeros y Grupo Merco, están en negociaciones para saldar esa relación comercial heredada de la administración de Pedro Lugo. Aunque se trata de un asunto legal entre las partes, los efectos han trascendido los muros de la empresa en Barranquilla.

El frenazo del senador

Uno de los coletazos contra la gestión y decisiones de la junta administradora ad hoc salió el pasado 13 de abril. Ese día el senador colombiano por el partido de la U, José David Name Cardozo, publicó una dura columna con el título “Hay que rescatar Monómeros”, en la que exhortaba al Gobierno de Iván Duque a “intervenir cuanto antes” a la compañía.

El senador refirió un “manejo turbio de los recursos”, una “desconfianza por la forma en la que actualmente se administra la empresa”, el incumplimiento de los “estatutos de la empresa” por parte de la junta directiva y hasta de gastos de entre “tres y cuatro millones de dólares al año” en dietas por parte de la actual directiva.

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El pronunciamiento de Name Cardozo causó sorpresa en la opinión pública ya que fue el propio senador quien en enero de 2019 hizo gestiones para impedir la llegada de Ronald Ramírez Mendoza, el presidente designado por Nicolás Maduro para sustituir a Pedro Lugo, y posteriormente celebró el ascenso de la junta administradora ad hoc en abril de 2019.

A los pocos días de la publicación de la columna, Monómeros emitió un comunicado en el que rechazó y desmintió el escrito de Name Cardozo al considerarlo “sin fundamento y con graves vacíos de información”, destacando además que la compañía venía del “saqueo de la anterior administración” que reportó dividendos en 2018 por 20 millones de dólares “a pesar de registrar una pérdida por ese mismo valor”.

Asimismo, la estatal indicó haber generado utilidades en el segundo semestre de 2019 por casi 8.000 millones de pesos colombianos y recordó, además, que fue a mediados de 2019 que el Departamento del Tesoro norteamericano otorgó licencias a la compañía, lo que permitió comprar materia prima en mercados internacionales, así como obtener créditos en la banca colombiana.

La respuesta de Monómeros surtió efecto y el senador barranquillero se retractó. “Esta aclaración la realizo a partir de la nueva información que he recibido y que evidencia que dicha columna fue redactada a partir de información que no se encontraba actualizada, pues los reportes con los cuales contaba no correspondía a la nueva administración de la cual ustedes hacen parte”, rectificó en otro escrito el pasado 28 de abril.

A lo interno de Monómeros, atribuyeron las afirmaciones del senador a la ruptura de los contratos con el Grupo Merco por la posible cercanía entre el empresario Reginaldo Pérez Pérez y el senador Name Cardozo, anotada en alguna oportunidad por la prensa barranquillera. En los datos del Consejo Nacional Electoral de Colombia también consta que Reginaldo Pérez aportó 6 millones de pesos para la campaña al senado de Name Cardozo en 2014.

En cualquier caso, Pedro Lugo, en su nueva calidad de copropietario de Insapro, ha escapado también a esa polémica. Ahora desde la acera de enfrente hasta compite con la propia Monómeros, que aún domina el 40% del mercado de fertilizantes en Colombia, y despacha los productos de la marca Nutricampo a Venezuela.

El diputado que investigó a Alex Saab en Venezuela fue acusado de terrorismo y permanece detenido en su casa por Sebastiana Barráez – Infobae – 22 de Junio 2020

Ismael León. cuya situación judicial es irregular, era parte de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, desde donde presentó denuncias sobre el manejo de las Tiendas CLAP y su relación con el negocio de la venta de comida y otros productos

El diputado Ismael LeónEl diputado Ismael León

El diputado Rosalio Ismael León Luque fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) el 21 de enero 2020 porque le resultó imposible seguir escondiéndose. Quizá nunca imaginó que su insistencia al solicitar, en el año 2018, la investigación sobre los negocios que hacía Alex Naín Saab Morán, le iba a costar ser relacionado a terrorismo, detenido y desde hace cinco meses estar en casa por cárcel sin juicio, ni siquiera audiencia preliminar.

El problema de León Luque se remonta, desde el momento en que es integrante de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, cuyo presidente era Freddy Francisco Superlano Salinas, oriundo del estado Barinas y obligado a abandonar la presidencia por un escándalo de corrupción.

Ismael León llevó el 23 de octubre 2018 una denuncia escrita, dirigida a Superlano, para investigar las Tiendas CLAP con énfasis en las empresas Salva Foods 2015 CA, dirigida por Carlos Rolando Lizcano Manrique y José Rolando Higuera Lizcano, y en Alex Saab. Esas Tiendas CLAP no es el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), la de las cajas de alimentos que reparte el Gobierno de Nicolás Maduro, sino lo que antes era Abastos Bicentenario que los convirtieron en Tiendas CLAP, que vende en divisas, incluso electrodomésticos y son unos grandes supermercados. Mientras por una parte el chavismo expropió y eliminó los CADA y Central Madeirense con la excusa del capitalismo, por la otra creaba las Tiendas CLAP más grandes y equipadas.

El diputado León le dijo entonces a la Comisión de Contraloría que en el puerto La Guaira encontró contenedores llenos de alimentos de primera y habló con la persona que dirigía esos locales, quien le dijo: “Diputado, este es un acuerdo que yo hice con el ministro Tarek El Aissami. Yo le pago el 1% de la venta diaria de cada local y le pago un canon de arrendamiento de acuerdo con el tamaño de cada local”. El parlamentario alerta a sus compañeros de Contraloría que los Abastos Bicentenarios eran unos 600 abastos en todo el país y que ahora eran Tiendas CLAP con comida Polar e importada, además de electrodomésticos, toda la línea blanca. Así el 23 de octubre 2018 quedó formulada formalmente la solicitud de investigación.

Un año después, el 25 de septiembre 2019, sale una comunicación de la Comisión de Contraloría, dirigida a Carlos Lizcano Manrique, que es una certificación de que no hay irregularidades en el caso de las tiendas CLAP ni relación alguna de ellas con Alex Saab. Nunca se investigó lo del fraude que representa el Programa Social, la eliminación de los Abastos Bicentenarios con comida para el pueblo, disfrazándolas en las Tiendas CLAP.

Después, obviando las investigaciones que los parlamentarios venían realizando sobre Tiendas CLAP, sale una carta firmada por el presidente y vicepresidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano y Conrado Antonio Pérez Linares respectivamente, dirigida al primer ministro de Bulgaria, diciendo que todo lo relacionado con las empresas CLAP cumple con sus requisitos.

El diputado Ismael León Luque quien, aunque era suplente, nunca faltaba a las reuniones de la Comisión de Contraloría empezó a manifestar su curiosidad por lo que estaba sucediendo alrededor de Tiendas CLAP.

Expulsan a Superlano

Hubo una evidente irregularidad. El día previo al anuncio de la entrega de la Ayuda Humanitaria, el 23 de febrero 2019, en la frontera, el diputado Freddy Francisco Superlano Salinas aparece involucrado en un escándalo por lo ocurrido en un hotel de Cúcuta, Colombia, cuando él y un primo suyo, que murió en el lugar, fueron drogados con escopolamina por unas mujeres que conocieron en un sitio nocturno. Desde entonces Superlano nunca vuelve a presentarse ante la Comisión de Contraloría; es designado como presidente de la misma Conrado Pérez de Primero Justicia. Poco después empieza a salir las denuncias de las cartas emitidas por la Comisión y firmadas por Superlano, quien ni siquiera estaba en el país.

El personal de la Asamblea Nacional, específicamente de la Comisión de Contraloría, les dijo a los parlamentarios que el sello de la Comisión no estaba ahí, sino que lo cargaba Superlano Salinas, quien había montado una correspondencia paralela.

Debido a eso, el diputado Ismael León lleva las pruebas contra Superlano ante su partido Voluntad Popular (VP), cuyo caso es analizado por la Comisión de Resolución y Conflicto (CRC) que dirige el doctor Gustavo Velásquez. El 1 de diciembre 2019, luego de un inmenso escándalo, por la investigación del portal ArmandoInfo, VP decide separar de la Comisión de Contraloría a los diputados Guillermo Luces, Richard Arteaga y Freddy Superlano. “Iniciamos una investigación interna y un proceso disciplinario para determinar las responsabilidades de las personas involucradas en la acusación. Los diputados ya han sido notificados al respecto. Los parlamentarios señalados estarán sometidos a cualquier investigación, medio u organismo independiente que permita llegar al fondo de este caso, garantizar el derecho a la defensa y aclarar su participación en cualquier hecho irregular”, dijo entonces VP en un comunicado publicado ese día 1 de diciembre.

También el partido Primero Justicia accionó contra tres diputados de su tolda y en un comunicado expresó: “Continuaremos la investigación por parte del Tribunal Disciplinario de nuestro partido para los diputados Luis Parra, José Brito y Conrado Pérez, con el objetivo de esclarecer estas denuncias y determinar responsabilidades en caso de que existan”.

Una de las tiendas investigada por León que están envueltas en un escándalo de corrupciónUna de las tiendas investigada por León que están envueltas en un escándalo de corrupción

El enemigo es grande

Pero si el diputado Ismael León creyó que ahí había terminado el problema, se equivocó. Siguió denunciando casos de corrupción como la llamada Operación Alacrán, que consistió en una estrategia montada desde sectores del Gobierno de Nicolás Maduro, la cual aseguraba que la intención era captar a diputados opositores que, a cambio de hasta un millón de dólares, no votaran por Juan Gerardo Guaidó Márquez para que no repitiera en la presidencia de la Asamblea Nacional.

El 21 de enero 2020 el parlamentario Ismael León se fue a una sesión de la AN que sería en la Casa Nacional de Acción Democrática (AD). Entró al lugar, firmó, dio unas declaraciones sobre los colectivos y se fue a conversar con un amigo entre unos carros en plena avenida pública. Un grupo de hombres, que después se supo eran funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) lo interceptaron, lo introdujeron dentro de un vehículo y lo encapucharon.

Ya en la sede del SEBIN los funcionarios le dieron trato respetuoso, pero como el diputado había sufrido hacía un año antes un infarto, le dio en el SEBIN un ataque hipertensivo y cuando los funcionarios constatan que su tensión se disparó a 200-180 con alto riesgo de una embolia cerebral, deciden no dejarlo recluido sino llevarlo hasta su apartamento en una populosa parroquia caraqueña.

El ministro de comunicación Jorge Rodríguez señaló a los diputados Gilber Alexánder Caro Alfonzo e Ismael León en la llamada Operación Aurora del 22 de diciembre 2019. Esa acción, en el 513 Batallón de Infantería Selva Mariano Montilla, ubicado en el sector Luepa, municipio Gran Sabana del estado Bolívar, no fue un alzamiento militar ni intentona golpista. Un puñado de militares retirados y un pequeño grupo de pemones, tomaron el parque de armas y sacaron 112 fusiles AK 103 y municiones.

Según la acusación contra León Duque éste habría viajado a Colombia, de allí a Ecuador, Perú y Brasil para perpetuar lo del atentado al Batallón del estado Bolívar. Lo insólito es que no hay registro alguno que indique tal travesía e incluso familia del parlamentario asegura que él nunca ha salido del país, ni siquiera fue a Cúcuta cuando la Ayuda Humanitaria y tampoco conoce el estado Bolívar. El diputado, miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular, está casado y tiene dos hijas, una de ellas recién graduada en periodismo.

La detención del parlamentario le causó un peligroso riesgo de salud, que obligó a que una semana después debiera ser operado de urgencia de un cateterismo porque sus arterias estaban obstruidas, a la vez que debieron operarlo de una hernia.

A pesar de que la Comisión de Contraloría nombró una Comisión especial dirigida por el diputado Edgar Zambrano e integrada por Stalin González y la diputada de Primero Justicia Marialbert Barrios, para que investigara lo sucedido internamente en esa Comisión bajo la presidencia de Superlano y Conrado Pérez. El tiempo pasó y el informe aún no lo han presentado.

El penúltimo vuelo de Alex Saab por Roberto Deniz – Armandoinfo – 17 de Junio 2020

El principal contratista de Nicolás Maduro fue detenido el pasado viernes, nada más aterrizar en el aeropuerto internacional de Cabo Verde, un archipiélago ubicado en el Atlántico, a las puertas de África. Puede que sea su penúltimo viaje, si finalmente es deportado o extraditado a Estados Unidos, como pretenden autoridades de ese país. Sería el peor de los finales tras muchos años de viajes en los que acumuló millas pero, sobre todo, millones de dólares gracias a opacas estructuras societarias con las que a partir de 2013 manejó divisas preferenciales, obras públicas, suministros de alimentos para los CLAP, contratos con Pdvsa y hasta el comercio del oro y carbón venezolano.

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El desenlace es cinematográfico: apenas aterrizó se activaron alertas internacionales de los organismos internacionales que le tenían en el radar, hasta terminar detenido. Alex Nain Saab Morán fue arrestado en la República de Cabo Verde, nación insular africana, el pasado viernes. Lo que comenzó como un rumor se convirtió en noticia y luego en un estruendo que ahora amenaza a lo más alto del poder político y financiero en Venezuela.

Alex Saab salió el viernes al filo del mediodía del aeropuerto internacional de Maiquetía en un avión privado, cuyas siglas son T7-JIS. La aeronave aterrizó en la noche de Cabo Verde, apenas minutos después de las cinco de la tarde de Caracas. Autoridades norteamericanas, que le siguen con intensidad la pista a Alex Saab tras incluirlo en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro y acusarlo de lavado de dinero a mediados de 2019, activaron la alerta roja y funcionarios de Interpol lo capturaron.

Podría ser el penúltimo viaje del barranquillero, quien en pocos años fue receptor, junto a su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas -cuyo nombre hasta 2001 era Germán Rubio-, de millonarias contrataciones y negocios de distinta índole mientras el país se hundía en un interminable colapso. Seguir el rastro del avión que lo llevó a Cabo Verde, por ejemplo, o de otras aeronaves usadas en estos últimos años por la dupla colombiana, es también la reconstrucción del rastro de sus negocios.

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El Bombardier Global 5000 T7-JIS -un bimotor a reacción de fabricación canadiense, concebido para atender el mercado ejecutivo, con capacidad, según su configuración, de hasta 16 pasajeros- había llegado a Teherán, la capital de Irán, el pasado 8 de marzo y dos días después estaba de regreso en Caracas, según constató Armando.info con la ayuda de Bellingcat, medio electrónico especializado en investigaciones con fuentes abiertas y periodismo forense. Precisamente, en las últimas semanas el puente aéreo entre Venezuela e Irán se aceleró, al tiempo que Maduro cerraba la compra de combustible iraní a cambio de oro venezolano, según reseñó hace semanas la agencia Bloomberg.

Adicionalmente, fuentes conocedoras de la operación también confirmaron la presencia de Alex Saab en Irán poco antes de que se pactara el acuerdo.

Antes de ese viaje, el Bombardier T7-JIS estuvo en suelo colombiano, seguramente sin Saab como pasajero, ya que allí las autoridades lo buscan desde finales de 2018. Esta semana que recién concluye le congelaron activos valorados en unos diez millones de dólares, incluyendo una mansión de ocho millones de dólares en Barranquilla, su ciudad de origen.

En febrero pasado el mismo avión, el T7-JIS, cruzó desde Maiquetía hasta Moscú, donde el chavismo ha encontrado otro punto financiero para evadir las sanciones de Estados Unidos. En esa oportunidad, al menos en el viaje de regreso desde la capital rusa también hubo una parada en Cabo Verde, donde ahora permanece detenido Alex Saab.

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No es la única aeronave utilizada por Alex Saab o su socio Álvaro Pulido Vargas mientras tejían sus negocios con el chavismo. Si algo han hecho en los últimos años es viajar allí donde crearon sociedades y realizaron movimientos financieros: Antigua y Barbuda, Rusia, Turquía y más recientemente países africanos, como el propio Cabo Verde.

El plan de vuelo de los Clap

Entre 2017 y 2018 Alex Saab y Álvaro Pulido se movieron en, al menos, otros dos aviones cuyas siglas son N259FG y N456JA. Ambas aeronaves aterrizaron en aeropuertos mexicanos antes de que en octubre de 2018 la Procuraduría General de ese país anunciara una investigación contra Group Grand Limited, la sociedad registrada en Hong Kong con la que el tándem colombiano al menos obtuvo dos contratos para el suministro de alimentos por alrededor de 800 millones de dólares.

El 11 de mayo de 2017, por ejemplo, la nave con las siglas N456JA llegó al Aeropuerto Internacional de Toluca, en el estado de México. A bordo iban Alex Saab y Shadi Nain Saab Certain, uno de los hijos del empresario que precisamente apareció en los papeles de registro de Group Grand Limited en Hong Kong, empresa con la que comenzaron el suministro de alimentos para los Clap. Los vuelos de Álvaro Pulido Vargas a ese terminal y otros en México también se repitieron en 2017.

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Un año después, en 2018, la aeronave N259FG voló varias veces a Turquía, país que ese año los empresarios colombianos empezaron a usar con empresas registradas allí, como Mullberry Proje Yatirim, y al que recurrieron como proveedor para los alimentos de los Clap, justo mientras Nicolás Maduro estrechaba la relación política y comercial con el caudillo turco, Recep Tayip Erdogan. Fue también cuando empezaron a emplear sociedades registradas en los Emiratos Árabes Unidos como Asasi Food FZE, que también obtuvo millonarios contratos para el suministro de las cajas Clap o provisiones de medicamentos.

Los documentos obtenidos por Armando.info confirman que sólo entre Group Grand Limited y Asasi Food FZE los contratos otorgados por la estatal Corpovex, de 2016 a 2018, sumaron 1.500 millones de dólares.

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El avión N259FG también se usó para el esparcimiento, al parecer. De acuerdo al historial de vuelos recopilado durante meses por este portal, la aeronave, por ejemplo, estuvo en San Petersburgo y Moscú los días 10 y 11 de julio de 2018, respectivamente, coincidiendo con las fechas en que se disputaron en esas ciudades las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol en Rusia. El avión partió de la capital rusa el 16 de julio, al día siguiente de la final del torneo, rumbo a Madrid y, dos días después, continuó vuelo a la festiva isla de Mykonos, en el mar Egeo de Grecia.

Punta Cana, en República Dominicana, o París, en Francia, eran otros de los destinos en los que el avión N259FG también hizo paradas frecuentes durante 2018. Aunque el estrecho vínculo de Alex Saab con Nicolás Maduro ya sonaba con fuerza, las sanciones del Departamento del Tesoro no habían llegado. Luego de esa medida desde Washington, en Europa el empresario colombiano también fue objeto de otras acciones judiciales, como la anunciada por la Guardia di Finanza italiana a finales de 2019 y que supuso la congelación de activos valorados en varios millones de euros.

El agente de Maduro

La polvareda levantada con la detención de Alex Saab ha sido tal que el régimen chavista, esquivo durante años a la mención del colombiano, emitió este sábado un comunicado en su defensa, pero que resulta también revelador. En el texto, divulgado por el canciller Jorge Arreaza menos de 24 horas después de la captura de Saab, se le califica como “ciudadano venezolano” y se le eleva a la condición de “agente del Gobierno bolivariano de Venezuela”.

Armando.Info pudo comprobar que, en efecto, Alex Saab posee una cédula de identidad venezolana, número 21.495.350, a la que también está asociado un Registro de Información Fiscal (RIF) en el organismo tributario venezolano. Durante años Saab también dispuso de una especie de pasaporte diplomático de Antigua y Barbuda, otorgado por el primer ministro de ese país Gaston Browne, aliado de la revolución bolivariana, nada más llegar al poder en 2014.

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Precisamente, esa jurisdicción de Antigua y Barbuda es una de las usadas por Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas para mover los dineros de sus negocios con el chavismo. A un pequeño banco de esa isla, manejado por venezolanos, fue a parar el dinero de uno de los contratos de los Clap, pero también hacia ese paraíso fiscal movieron millones de dólares de negocios previos, como el de la construcción de los “gimnasios verticales” en 2014, otorgados por la Fundación Propatria 2000, cuando al frente de esta estuvieron Walter Jacob Gavidia Flores y Carlos Malpica Flores, hijo y sobrino de la primera dama Cilia Flores, respectivamente.

Esta relación con hijos de Flores -Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores- además de Carlos Malpica Flores, quedó detallada en el comunicado de prensa que emitió el Departamento del Tesoro en julio de 2019 como parte de los argumentos para justificar la inclusión de Alex Saab en la lista de la OFAC.

Quizás esa condición de “agente del Gobierno” explica que Nicolás Maduro también haya empujado en 2015 a la estatal Pdvsa a firmar un millonario contrato con la fantasmal Trenaco de Saab y Pulido; que haya entregado la antigua red estatal de Abastos Bicentenario para que los colombianos la rebautizaran como Tiendas Clap; que haya nombrado en 2018 a Adrián Antonio Perdomo Mata, un exempleado de Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas, como presidente de la estatal Minervén; que colocara sus manos, también en 2018, en la estatal Carbones del Zulia, o que en enero de 2019 estuviera a punto de hacerse con el control de Monómeros, filial de Pequiven, en su Barranquilla natal, con la designación por parte de Maduro de Ronald Alexander Ramírez Mendoza, a la postre anulada por las autoridades colombianas.

Quizás también ese revelado carácter de “agente del Gobierno” justifica que Alex Saab y sus negocios hayan sido la excusa para terminar cooptando a entonces diputados de oposición como Luis Parra, José Brito, Adolfo Superlano o Conrado Pérez, no sólo para intentar blanquear en 2019 los negocios de Saab en Europa, sino para posteriormente encabezar el asalto del pasado 5 de enero a la Asamblea Nacional contra Juan Guaidó.

Ha sido la detención y el temor de que sea deportado o extraditado a los Estados Unidos lo que rompió el silencio sepulcral mantenido durante años en torno a la figura de Alex Saab. “Venezuela hace un llamado al Estado caboverdiano a dejar en libertad al ciudadano Alex Saab, facilitando su regreso y protegiendo sus derechos fundamentales”, exigió Arreaza en el comunicado

Las próximas horas, quizás, confirmen cuál será el destino de Alex Saab y si el de Cabo Verde es el penúltimo viaje antes de terminar frente a un juez en los Estados Unidos. Ese sería, entonces, el último viaje de un periplo que comenzó en 2011 al firmar en el palacio de Miraflores frente a Hugo Chávez su primer gran negocio con la revolución bolivariana.

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Alex Saab, acusado por EE.UU. de operar enorme red de corrupción mundial junto a nexos cercanos a Maduro en Venezuela por Gabriela Matute Urdaneta – 16 de Junio 2020

¿Qué relación existe entre el empresario colombiano Alex Saab, detenido este viernes en Cabo Verde, y el Gobierno de Nicolás Maduro? Mucha, de acuerdo con la administración Trump. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusa de estar detrás de una red de corrupción de gran escala, de la cual formarían parte allegados del círculo interno del cuestionado presidente de Venezuela. Pero tanto Saab como Caracas desmienten que tal estructura exista. Gabriela Matute Urdaneta nos ofrece más detalles.

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