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La muerte de una Constitución por José Ignacio Hernández – ProDaVinci – 3 de Enero 2019

Fotografía tomada en el Palacio Legislativo el 20 de julio de 1999, cinco días antes de la elección de los constituyentes. Fotografía de Bertrand Parres / AFP

 

La muerte de una Constitución (veinte años después)

Probablemente alguien pensará que el título de este artículo se refiere a alguna decisión reciente de la “asamblea constituyente”, o quizás, a alguna sentencia de la Sala Constitucional.

En realidad no. El título de este artículo lo he tomado de un trabajo académico publicado hace veinte años por el jurista italiano Alessandro Pace. En dicho trabajo, Pace comentó la sentencia número 17 de la entonces Corte Suprema de Justicia venezolana, dictada el 19 de enero de 1999. En ella, la Corte decidió –más bien implícitamente, como veremos- que sí era posible convocar a una asamblea nacional constituyente a través del “poder constituyente originario” sin necesidad de modificar la Constitución de 1961, tal y como el entonces presidente Hugo Chávez había propuesto.

Veinte años después, conviene recordar las circunstancias bajo las cuales se dictó esa sentencia, con dos propósitos: comprender en qué medida influyó en el proceso de destrucción del Estado de Derecho que comenzó en 1999, y luego, tratar de indagar qué hubiese pasado si la Corte hubiese tomado una decisión distinta.

La oferta constituyente y el colapso del sistema político venezolano (1998)

La campaña electoral de 1998 estuvo dominada por una idea: la crisis terminal del sistema político venezolano exigía cambios “drásticos”. Esto es, cambios que debían procurarse fuera de los canales regulares del sistema político.

La idea no era nueva. Por el contrario, la necesidad de introducir reformas de fondo al Estado venezolano comenzó a ser evidente luego del llamado viernes negro, de 1983. Especialmente, luego de que en 1984 se creara la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE). En apretada síntesis, la COPRE propuso una reforma estructural del Estado venezolano para promover un sistema democrático más abierto y descentralizado, un Estado de Derecho más efectivo, y un modelo económico centrado en el emprendimiento individual y la inclusión social.

Esas propuestas no pudieron ser implementadas, lo que agravó la crisis. Ello llevó a que durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) se ensayaran tácticas no convencionales para responder a esa crisis. Primero, con los intentos de golpe de Estado de 1992, y luego, con el enjuiciamiento político de Pérez en 1993. Un enjuiciamiento que puso en evidencia la politización del Poder Judicial y, más en concreto, de la entonces Corte Suprema de Justicia, pues la remoción política de Pérez se procuró por medio de un proceso penal.

Para ese momento, la idea de que era necesario un cambio drástico y fuera del sistema había cobrado fuerza en la propuesta de convocar a una asamblea nacional constituyente, esto es, un congreso paralelo al Poder Legislativo, que tendría como propósito dictar una nueva Constitución. Se pensó entonces que nuestros problemas podían resolverse con una nueva Constitución.

Esta propuesta fue la bandera electoral de Hugo Chávez. Así, en un eventorealizado en 1998 en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, entonces presidida por Allan R. Brewer-Carías, el entonces candidato Chávez resumió su planteamiento de la siguiente manera:

“no vemos ningún otro camino que convocar al Poder Constituyente que está y que es propiedad del soberano, del pueblo venezolano; un mecanismo absolutamente democrático, un mecanismo pacífico para relegitimar un sistema que ya –como he dicho– dejó de ser democrático, a través de un proceso constituyente que ya está en marcha, porque lo de la Asamblea Constituyente nosotros no lo vemos como algo aislado”.

Sin embargo, tal propuesta se enfrentaba a un importante obstáculo jurídico: la Constitución vigente de 1961 no permitía modificaciones constitucionales a través de la asamblea nacional constituyente. En otras palabras: de conformidad con la Constitución de 1961, esta solo podía ser reformada por el Poder Legislativo, y no por una asamblea nacional constituyente.

Frente a ese obstáculo se plantearon dos tesis. La primera entendía que ante la rigidez de la Constitución de 1961 era necesario que el entonces Congreso modificase esa Constitución para regular a la asamblea nacional constituyente, que solo podría convocarse –en los términos de la Constitución– mediante una consulta popular. La segunda tesis señalaba que el poder constituyente originario siempre reside en el pueblo y que por lo tanto, siempre el pueblo puede ser consultado sobre su decisión de elegir una asamblea nacional constituyente, al margen de lo dispuesto en la Constitución. Esta segunda tesis fue defendida por Chávez con apoyo de diversos abogados.

El debate político sobre la constituyente llega a la Corte Suprema de Justicia

Luego de su elección en diciembre de 1998, Hugo Chávez insistió en su oferta electoral: su primera decisión luego de asumir la Presidencia en febrero de 1999 sería convocar a un referendo para consultar al pueblo si quería convocar a una asamblea nacional constituyente, pese a que la Constitución de 1961 no preveía esa figura. Tal referendo se basaría en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, que había incorporado la figura del referendo consultivo.

Por ello, hace veinte años, en enero de 1999, el debate político giraba en torno a la duda constitucional sobre si era posible consultar al pueblo sobre la convocatoria de una constituyente, pese a que esta no estaba prevista en la Constitución. Ese debate, como suele suceder, terminó llegando a la entonces Corte Suprema de Justicia.

La manera en la cual dicho debate fue sometido a la consideración de la Corte, fue a través de dos recursos de interpretación sobre la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, que como vimos, había introducido la figura del referendo consultivo.

El primero de esos recursos fue presentado en octubre de 1998 por un grupo de jóvenes abogados, incluyendo a quien luego fuera Decano de la Facultad de Derecho de la UCAB, el profesor Miguel Mónaco. En resumen, en ese recurso se señalaba que la figura del referendo consultivo previsto en la Ley no podía ser empleado para consultar sobre la convocatoria a una constituyente, entre otras razones, pues esa figura no estaba prevista en la Constitución de 1961.

El segundo recurso fue presentado en diciembre de 1998 por la ONG Fundahumanos, representada entre otros por Enrique Ochoa Antich. El recurso era muy parecido al que había sido presentado unos meses antes, con un importante agregado: además de solicitar la interpretación sobre el régimen legal del referendo consultivo, también se solicitó interpretar el artículo 4 de la Constitución de 1961, conforme al cual la soberanía reside en el pueblo. Y aun cuando los recurrentes señalaron que no querían fijar una posición en torno a la duda planteada, es evidente que se inclinaban por una respuesta favorable a la constituyente, basada precisamente en el principio de la soberanía popular, que debía prevaler incluso por encima del texto constitucional.

La Corte Suprema de Justicia dictó su decisión, pero los medios de comunicación dictaron el veredicto

Los recursos judiciales deben ser resueltos de acuerdo al orden en el cual fueron presentados. Esta regla, sin embargo, no fue cumplida en este caso. Así, aun cuando los dos recursos de interpretación fueron resueltos el mismo día (el 19 de enero de 1999), el primer recurso en ser decidido fue el presentado en diciembre de 1998, por medio de la sentencia N° 17. El recurso presentado en octubre fue resuelto después, mediante sentencia N° 18.

Es por anterior que, en la práctica, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que decidió la duda constitucional fue la decisión N° 17.

Ambas sentencias fueron aprobadas por todos los Magistrados que entonces integraban a la Corte Suprema de Justicia: Cecilia Sosa Gómez, Humberto J. La Roche, Hildegard Rondón de Sansó, Hermes Harting y Héctor Paradisi León. La sentencia N° 17 fue elaborada bajo la ponencia del Dr. La Roche, profesor de Derecho Constitucional de prestigiosa trayectoria.

¿Qué decidió la Corte en su sentencia N° 17? La lectura de ese fallo permite formular tres conclusiones.

La primera conclusión es que se trata de una sentencia muy bien elaborada y motivada, extensivamente, en la teoría del poder constituyente como como manifestación de la soberanía popular. En resumen, la sentencia sostiene que como la soberanía reside en el pueblo, el pueblo siempre tiene el poder de dictarse su propia Constitución por medio de una asamblea constituyente.

La segunda conclusión, es que como la soberanía reside en el pueblo, el pueblo podía ser consultado sobre la decisión de convocar a una asamblea nacional constituyente. Textualmente, la Corte concluyó que a través del referendo consultivo previsto en la Ley podía consultarse al pueblo sobre cualquier asunto de transcendencia nacional, “incluyendo la relativa a la convocatoria de una Asamblea Constituyente”.

La tercera conclusión es la más importante, pues desafía lo que creo es una suerte de “leyenda urbana”: la Corte, en su sentencia, no resolvió el tema medular que le fue consultado, esto es, nunca decidió si era posible elegir a una asamblea nacional constituyente para aprobar una nueva Constitución, pese a que esa figura no estaba reconocida en el Texto de 1961.

En efecto, lo único que resolvió la Corte fue la pertinencia de “consultar” al pueblo sobre si quería o no convocar a una asamblea constituyente, pero nunca resolvió si esa asamblea podía ser electa pese a no estar prevista en la Constitución.

En un cuento de Sherlock Holmes, el célebre detective sostuvo que lo relevante de un caso era que el perro no había ladrado. Esa historia suele emplearse para recordar que lo importante, muchas veces, es lo que no sucede.

Así, lo importante de la sentencia N° 17 no es lo que la Corte dijo, sino lo que la Corte no llegó a decir. Pues nunca se resolvió de manera expresa el punto central del debate: si la asamblea nacional constituyente podía ser convocada con base en la soberanía popular, pese a que esa figura no estaba prevista en la Constitución.

¿Qué pasó entonces? Para Allan Brewer-Carías, a pesar de que la Corte no decidió el asunto sometido a su consideración con claridad, la opinión pública –reflejada en titulares, declaraciones, editoriales y medios de comunicación– concluyó que la Corte sí había avalado la posibilidad de convocar y elegir la asamblea nacional constituyente sin necesidad de reformar la Constitución de 1961, tal y como el presidente electo Hugo Chávez había afirmado.

Por ello, aun cuando fue la Corte la que dictó su sentencia, los medios de comunicación fueron los que dictaron el veredicto.

La muerte de la Constitución (o la paradoja de la caja de pandora)

Veinte años después, es posible volver sobre las sentencias N° 17 y 18 para concluir que, aun cuando la Corte no resolvió el punto central del debate, lo cierto es que tampoco asumió una interpretación a favor de la rigidez de la Constitución de 1961, que como he explicado, no preveía la figura de la constituyente como mecanismo de modificación constitucional.

Esa fue la principal crítica formulada por el profesor Pace en su artículo. En su trabajo citado, Pace señala que “es evidente, desde esta perspectiva, la grave responsabilidad «histórica » que ha asumido la Corte Suprema venezolana con la decisión que se comenta”. Una responsabilidad, observo, basada en lo que la Corte no decidió.

Para hacer un balance apropiado, es preciso recordar que luego de que el presidente Chávez convocara el referendo sobre la convocatoria de la constituyente, la Corte dictó varias sentencias con el propósito de limitar el poder constituyente. Aun cuando esas sentencias se basaron en la defensa de la Constitución de 1961, en ningún momento cuestionaron la propia existencia de la asamblea constituyente, pese a que esa figura no estaba prevista en la Constitución.

En todo caso, los esfuerzos de la Corte fueron inútiles: el poder constituyente originario, que la propia Corte contribuyó a invocar con sus sentencias N° 17 y 18, terminó devorándose a la propia Corte Suprema de Justicia, y con ello al Estado de Derecho. Sucedió cuando la mayoría de los Magistrados de la Corte avaló la “reestructuración del Poder Judicial” acordado por la constituyente, que en suma, aniquiló la ya debilitada autonomía del Poder Judicial. Por ello, en agosto de 1999 la Dra. Cecilia Sosa, presidente de la Corte, renunció a su cargo, pues en su opinión, la Corte “se ha suicidado para evitar ser asesinada por la Asamblea Nacional Constituyente”.

En cierto modo, lo anterior fue posible pues con sus sentencias N° 17 y 18, la Corte actuó como Pandora, que al abrir la caja que le dieron como regalo de bodas, liberó todos los demonios –aun cuando, en este caso, lo  que se liberó fue la tesis de Chávez del “poder constituyente originario”.

Una caja que, veinte años después, no ha logrado cerrarse.

Del poder constituyente originario al golpe de Estado del autoritarismo populista (1999-2000)

En su artículo, Pace señaló que “sin la intervención autorizada de la Corte Suprema, el presidente Chávez, en el juramento prestado en el momento de asumir el cargo, no habría osado hablar nunca de Constitución moribunda”.

El proceso constituyente de 1999 fue convocado invocando la defensa del pueblo, en lo que hoy día puede ser considerado como un típico discurso populista. Tras ese discurso, sin embargo, había un claro propósito autoritario del entonces presidente Chávez: desmontar la separación de poderes de la Constitución de 1961 y asumir un poder concentrado.

Hay que recordar que cuando Chávez fue electo en 1998, la oposición dominaba al Congreso mientras que el resto de los poderes públicos –y en especial, la Corte– mantenía a sus titulares designados. Para consolidar su proyecto autoritario, Chávez debía disolver esos poderes públicos. Ese fue el verdadero propósito del proceso constituyente de 1999.

Basta repasar las actuaciones de la constituyente de 1999 para comprobar esta tesis. Esa asamblea no se limitó a dictar una nueva Constitución, que fue más bien una labor marginal. Por el contrario, invocando la tesis del poder constituyente originario, esa asamblea asumió poderes absolutos e ilimitados, desmontando las bases constitucionales del Estado de Derecho previstas en el Texto de 1961. Esas violaciones continuaron incluso después de sancionada la Constitución, pues la asamblea constituyente dictó un “régimen transitorio” que pasó por la creación de un órgano no previsto en la nueva Constitución –el “Congresillo”– para ejercer la función legislativa, a la par de designar a los nuevos titulares de los Poderes Públicos.

Por ello, paradójicamente la Constitución de 1999 fue violada el mismo día en que fue publicada en Gaceta Oficial por su creadora, la plenipotenciaria asamblea nacional constituyente.

Algunos constitucionalistas –extranjeros y venezolanos– exaltaron las bondades de la nueva Constitución, considerando que ella establecía un nuevo paradigma de gobierno. En realidad, la Constitución de 1999 no solo fue producto marginal y muy deficiente de la asamblea nacional constituyente. Además, esa Constitución nunca ha tenido vigencia efectiva, pues la asamblea constituyente creó un régimen transitorio para violarla, y facilitar así la concentración de poderes.

Por ello, no le falta razón al profesor Brewer-Carías cuando habla de golpe de Estado al referirse al proceso de constituyente de 1999. Lo que no pudo lograrse con los tanques en 1992 se logró por mecanismos “constitucionales” en 1999: deponer a autoridades legítimamente electas e instaurar un sistema autoritario, invocando para ello el “poder constituyente originario”.

De esa manera, Venezuela es uno de los casos pioneros de un fenómeno hoy día estudiado con interés: el de los regímenes autoritarios que actúan bajo una apariencia de constitucionalidad.

Qué hubiese pasado si….

En estricto Derecho, lo que ha debido decidir la Corte en sus sentencias N° 17 y 18 era la improcedencia de los recursos de interpretación presentados. En ese momento, este tipo de recursos solo procedía respecto de dudas basadas en Leyes, pero no en dudas constitucionales. Con lo cual, esta es otra crítica que debe hacerse a estas sentencias: ellas decidieron una materia que, en estricto Derecho, no podía ser resuelta por la Corte.

Con todo, cabe preguntarnos qué hubiese pasado si en sus sentencias N° 17 y 18 la Corte Suprema de Justicia hubiese concluido que la elección de la asamblea nacional constituyente requería modificar la Constitución de 1961, incluso si el pueblo estaba a favor de su convocatoria.

Obviamente, no puede asignarse a la Corte toda la responsabilidad por lo que sucedió en Venezuela luego de la elección de la constituyente en 1999. Fueron muchos los factores políticos y sociales que llevaron a Venezuela a ese camino. Pero lo cierto es que hace 20 años, la Corte Suprema de Justicia pudo haber puesto un obstáculo en el camino autoritario que el recién electo presidente Chávez comenzaba a transitar.

¿Qué hubiese pasado si la Corte hubiese puesto ese obstáculo, señalando que no podía elegirse a una constituyente sin modificar la Constitución?

Es difícil saberlo. Eventualmente el entonces presidente Chávez hubiese estado obligado a negociar con el Congreso de la República dominado por partidos de oposición. Quizás esto hubiera frustrado la elección de la constituyente, o más probablemente, esa asamblea hubiese sido convocada mediante una modificación constitucional que hubiese limitado sus funciones, impidiendo a ésta desarrollar el régimen dictatorial que facilitó la concentración de poderes y la continuidad en el poder del presidente Chávez.

Lo cierto es que si hace veinte años se hubiese adoptado una decisión a favor de la supremacía de la Constitución –y no a favor de una difusa soberanía popular fácilmente manipulable en manos de un líder carismático y autoritario– Hugo Chávez hubiese afrontado más obstáculos para imponer su modelo autoritario.

Y quizás –solo quizás– yo no hubiese escrito este artículo.

Gustavo Petro y la petroseñora por Ibsen Martínez – El Nacional – 9 de Marzo 2018

UnknownLos venezolanos a quienes en Colombia he escuchado hablar del asunto están muy preocupados por el empuje que en las encuestas muestra el candidato Gustavo Petro, ex alcalde izquierdista de Bogotown, a quien muchos juzgan criptochavista.

Con más razón ahora que Petro ha prometido que, de ganar las presidenciales, convocará una asamblea constituyente encargada de reescribir la Constitución colombiana según un diseño que el iluminado de Ciénaga de Oro debe tener ya muy bien pensado.

Tan solo imaginar a Petro en el acto de promover en Colombia un proceso constituyente a fines de este año obra en los exiliados venezolanos de estrato cinco y seis el efecto de un escalofriante repeluzno porque fue así, con la misma promesa de convocar una constituyente, como comenzó la era Chávez. Inútil será argumentarles que Colombia en 2018 no es la Venezuela de 1998. “Petro fue alto pana de Chávez, haz memoria. Tenían un plan. ¡Se retrataban juntos!”.

Conozco una dama que, en mi lejana adolescencia y, por dar más señas, fue candidata a reina en los festejos de la semana del Liceo Fermín Toro, en 1967, año remoto en que Caracas cumplió 400 años de fundada. Era sensación en las fiestas bailando el “Pata-pata” de Miriam Makeba. No ganó el reinado, pero anduvo cerca. Andando el tiempo, mi amiga cursó una maestría en Ingeniería de Yacimientos por la Universidad de Tulsa. La masacre de abril de 2003, cuando Chávez despidió de un sombrerazo a 17.000 empleados (47% de la nómina de la petrolera estatal), la aventó al exilio junto con su esposo, también él petrolero de nómina mayor. Conocieron mundo: Tampico, Alberta, Dubái, Guinea Ecuatorial… Cuando nos reencontramos en Colombia, en mitad del recordadísimo boom petrolero, había enviudado y trabajaba para una contratista de Pacific Rubiales o Ecopetrol. Su trabajo entrañaba inspeccionar kilómetros de tubería desde un helicóptero en vuelo a baja altura, o visitar plataformas de perforación costa afuera, 30 o 40 kilómetros Caribe adentro.

La petrosifrina tomaba fotos aéreas, bajaba luego del helicóptero, conducía glamorosamente su experticia y regresaba a tierra firme a presentar su informe. Le iba divinamente hasta que los precios del crudo se zambulleron. El tiempo no espera a nadie: la tecnología petrolera avanza tumbando caña como el alacrán y hoy día la ingeniera venezolana (que hace rato dejó atrás la edad del retiro), el helicóptero R44 y el protector solar La Roche-Posay 50 plus han sido exitosamente suplantados por un intrépido dron con software geosatelital operado desde una oficina con aire acondicionado en Barranquilla. Y ahora, para colmo, Petro.

Petro y la marea migratoria, el medio millón largo de desplazados venezolanos de estratos uno, dos y tres que han cruzado ya la frontera acapararon nuestra conversación la última vez que nos vimos. Tratando de no quemarse, cada candidato da vuelta y vuelta a la gravísima crisis migratoria que permanecerá en la sartén del Estado colombiano por largo tiempo. Muy especialmente Petro, quien, cuando le hablan de las decenas de miles venezolanos desplazados diariamente hacia Colombia por el régimen chavista que hasta ayer mismo alabó, prefiere denunciar los incumplimientos en el proceso de paz, la corrupción campante, la politización de la justicia, los líderes sociales asesinados, la ineficiencia de las EPS (empresas de salud privadas) y venderles a los colombianos la solución final que traerá su asamblea constituyente federativa.

“¡Pobre gente!”, exclama la petroseñora, quien con una socia quiere poner una posada-boutique en Guasca. Escapar de Maduro, el chingo, para que los agarre Petro, el sin nariz. Ni más ni menos que como aquel japonés que sobrevivió al bombazo de Hiroshima y tres días más tarde fue a hacerse ver en Nagasaki.

 

La Constituyente chavista aprueba procesar a dirigentes de la oposición por traición a la patria por Ewald Scharfenberg – El País – 30 de Agosto 2017

La nueva Asamblea ha concentrado su atención en ajustar cuentas con los líderes opositores al régimen

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A casi un mes de su instalación, la Asamblea Nacional Constituyente que a toda costa el chavismo ha sacado adelante sin reconocimiento internacional, todavía no discute ni el primer artículo de la Carta Magna que supuestamente está llamada a redactar. Toda su atención ha estado concentrada en el ajuste de cuentas con la disidencia. Este martes, primer día de sesiones regulares en la semana, fue igual. Los cientos de diputados reunidos en el Hemiciclo del Palacio Federal Legislativo de Caracas aprobaron por unanimidad -como hasta ahora ha sido con todas las resoluciones de este cuerpo deliberativo- un Decreto contra el Bloqueo Financiero y en Defensa del Pueblo Venezolano, que pretende dar respuesta a las sanciones económicas impuestas la semana pasada por el Gobierno de Donald Trump contra Venezuela. Leer más de esta entrada

Venezuela, más allá de todo por Ayelén Oliva – Nueva Sociedad – Agosto 2017

Los bloques regionales y los centros de poder opinan sobre Venezuela. Desde Trump a la ONU, desde la Unasur a la Unión Europea. ¿Qué es lo que viene en el país más conflictivo de América Latina?

No es guerra ni revolución. Es conflicto. Y en el centro del conflicto siempre está la violencia como último recurso. Sea violencia en acto – esa que aparece cuando una bala le parte la cabeza a un manifestante–, o su contracara silenciosa – la violencia de situación que se traduce en opresión–. Venezuela vive una confrontación de dos voluntades en la que una intenta dominar a la otra con la esperanza de imponerse. Una desde el control del Estado. La otra, con el respaldo de una multiplicidad de actores externos.

Se ha instalado la idea de que la mecha que encendió las protestas opositoras, sostenidas hace ya varios meses en las calles y que han dejado más de un centenar de muertos y varios detenidos, fue la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las competencias de la Asamblea. Sin embargo, pocos rescatan las causas que llevaron a esa decisión. Unos días antes, la Asamblea Nacional había instando por medio de un proyecto firmado por todo el arco opositor, a la aplicación de la Carta Democrática de la OEA como «mecanismo de resolución pacífica de conflictos» en pos de «restituir el orden constitucional» en Venezuela. En una apuesta arriesgada, fue la oposición desde sus bancas en el Congreso, la que llegó a pedir la suspensión de su país del bloque y la intervención de este organismo en la política venezolana. La supeditación de la estrategia opositora a un actor internacional fue leía como actitud desafiante por el oficialismo que optó por hacer jugar a la Justicia a su favor de manera bastante torpe. El secretario general de la OEA jugó, a mediados de marzo, un rol fundamental en tensionar aún más la situación.

Luis Almagro había presentado, unas semanas antes a esta decisión de la Asamblea, la actualización del informe del organismo donde invocaba la aplicación de la Carta Democrática que no había podido aplicar el año anterior por falta de apoyo. En una jugada estratégica, Almagro logró reinstalar el tema en la agenda de la política internacional bajo la amenaza de expulsión en el caso en que el gobierno no llamara a elecciones generales en los siguientes 30 días. De ahí, todo lo anterior.

Es evidente que los actores externos no permanecen ajenos a este conflicto donde también se juega su proyección internacional. «No queremos ser Venezuela» escuchamos hasta el cansancio en los debates de diversos países. Legisladores argentinos, diputados brasileños y políticos españoles han hecho de esa frase un mantra permanente. El fantasma de la crisis económica aparece como intimación engañosa si tenemos en cuenta que el ingreso en divisas en países como Argentina o Brasil no depende de un solo producto como sí es el caso de Venezuela, trampa malintencionada, a su vez, la de reducir a la mala gestión de gobierno como única causa del caótico panorama que atraviesa ese país. Sin ninguna duda, la administración de una economía con una caída del 60 por ciento de los ingresos en divisas respecto al año anterior, es inviable para cualquiera administración, sea del color político que sea y con el presidente que sea.

La Venezuela de Chávez fue la punta de lanza, marcó el pulso de los gobiernos izquierda y progresistas de la región que llegarían un par de años más tarde y, a su vez, es ella quien aún persiste por la fuerza, en medio del viraje político de corte liberal que se abre paso en América Latina. Sin embargo, la apuesta desesperada a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, con el fin de cambiar el pulso de la agenda política junto a la necesidad de crear un nuevo marco legal capaz de respaldar las siguientes decisiones y de patear para adelante la convocatoria a una elección general, restó aliados en el plano internacional y terminó por romper la frágil posición que mantenía el Mercosur de no interferencia.

Con la amenaza siempre latente de su suspensión, los gobiernos de Argentina, Paraguay y el de Michel Temer en Brasil intentaron, por medio de su herramienta regional, instar a un cambio de rumbo en la política venezolana. Uruguay, con un protagonismo emergente casi desconocido, resultó el contrapeso político a los gigantes sudamericanos, posición que no logró sostener una vez convocada las elecciones para la Constituyente haciendo que el bloque como un todo compacto, terminara por darle la espalda al gobierno de Maduro. Al no existir la expulsión, la aplicación de la suspensión permanente de Venezuela del bloque por la «ruptura del orden democrático» , resulta la máxima sanción prevista por el organismo. Esta decisión termina de dejar completamente aislada a Venezuela en su propio terreno, donde sólo mantiene el apoyo de Bolivia ya que Ecuador, bajo la administración del nuevo presidente de Alianza País, Lenin Moreno, acaba de expresar públicamente su preocupación por la situación política de Venezuela.

El gran ausente es Unasur. Ernesto Samper, ex presidente de Colombia, quien dejó el cargo de secretario general del bloque a finales de enero, sostuvo que «la intervención de Unasur en el proceso de Venezuela está absolutamente congelada». El problema es que este organismo atraviesa su propia crisis interna, un proceso de vaciamiento de su poder real como lo tuvo el Mercosur cuando la Unasur comenzó a disputarle el protagonismo regional, por lo que no cuenta con la entereza suficiente para dar respuesta. Si el Mercosur tuvo su raíz comercial en plena década liberal, la Unasur fue su contracara, un organismo fundamentalmente político que emergió como instancia supranacional con un sello de época.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió en los últimos días con la amenaza de una violencia en acto. Aseguró que su gobierno no descarta la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Imprudente, como siempre, Trump sostuvo que es su condición de país vecino hacía más fácil la idea de una intervención, «tenemos tropas por todo el mundo, por qué no ir aquí al lado».

Pero el rechazo a estas declaraciones fueron absolutas. «Ni dictadura ni intervención», expresó como voluntad el secretario general de la ONU. António Guterres sostuvo que «América Latina ha logrado librarse tanto de la intervención extranjera como del autoritarismo. Esa es una lección que es muy importante salvaguardar, concretamente en Venezuela».

Por su parte, la Unión Europea fue uno de los primeros bloques regionales en hacer público su rechazo a la convocatoria Constituyente. Federica Mogherini, representante de la Unión para la Política Exterior, sostuvo que «no pueden reconocer la Asamblea Constituyente por su preocupación en cuanto a su efectiva representatividad y legitimidad». La crítica se centra en la falta de representación de un Legislativo que no contó con la participación de la oposición. Pero no fue la primera declaración fuerte contra el oficialismo, si tenemos en cuenta la presión política que se ha dado desde ese organismo en el reclamo por la liberación de los políticos presos. Bruselas insiste en la importancia de respetar el calendario electoral, abrir un canal humanitario, liberar a los opositores y respetar la Asamblea Nacional.

El único aliado al gobierno de Venezuela parece ser Rusia. El Kremlin respaldó la Constituyente y criticó a los países que no la reconocieron. En un comunicado del Ministerio Relaciones Exteriores ruso, denunciaron una «presión económica sobre Caracas» por parte de los países centrales para profundizar la polarización y el enfrentamiento. Si bien el apoyo político es clave, el respaldo económico desde Rusia resulta limitado.

China optó por ser más prudente. Lo que busca el gigante asiático, en este momento, es que Venezuela salde una deuda de unos 65.000 millones de dólares. Si bien este préstamo da cuenta de los lazos que existen entre ambos países también expone sus limitaciones.

La buena noticia, entre tanto desconcierto, es que algo parece haber persistido: el rechazo en América Latina a cualquier iniciativa de injerencia militar en conflictos de política interna. La negativa regional a la propuesta militar de Trump fue rotunda y unánime.

Raúl Castro, en enero del 2014, declaró a América Latina y el Caribe como zona de Paz. Fue durante la cumbre de jefes y jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) cuando sostuvo que, una vez resuelto el proceso de paz en Colombia, la región podía garantizar el camino pacífico y negociado para la resolución de sus problemas, sin violencia.

En la declaración, firmada hace más de tres años por una treintena de presidentes de la región, decía: «Nuestro compromiso permanente es con la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de nuestra región». En estos tiempos peligrosos, no viene mal recordarnos las décadas y la sangre que le llevó a América Latina terminar con largos años de violencia.

Óscar Arias recibe a Ortega Díaz y dice que es un error haber aceptado elecciones de gobernadores – La Patilla – 29 de Agosto 2017

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El expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz Óscar Arias recibió ayer a la fiscal general de Venezuela Luis Ortega, y criticó a la Asamblea Nacional Constituyente de ese país, a la que calificó como “ilegítima”.

“Es evidente que con la elección de una Asamblea Nacional Constituyente se violó la Constitución. Es una Constituyente ilegítima que está terminando con lo poquito que quedaba de democracia en Venezuela”, afirmó Arias después del encuentro, que se extendió por alrededor de una hora.

El nobel de la Paz 1987 calificó como un error que la oposición venezolana haya aceptado realizar elecciones para gobernadores, pues eso “quitó a la gente de las calles” que con sus manifestaciones hacía presión al Gobierno de Nicolás Maduro.

“¿En qué cambia el régimen con que la oposición gane unos cuantos gobernadores? Si las elecciones fueran limpias los ganaría todos, pero el carácter dictatorial del régimen no va a cambiar”, expresó.

Por su parte, Ortega dijo que expuso a Arias las violaciones a los derechos humanos y a la legalidad que se viven en Venezuela.

“Seguiré denunciando la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, la pérdida del Estado de derecho, la pérdida de la democracia”, afirmó.

Ortega declaró que “desde hace mucho tiempo se produjo la ruptura del orden constitucional” y pidió a los venezolanos mantener la “esperanza y la fuerza” porque “esta pesadilla pasará”.

La fiscal llegó ayer a Costa Rica donde se reunió con el fiscal general, Jorge Chavarría, visitó el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito (Ilanud) y acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, según dijo, “solicitar información” y “conversar con algunas personas”.

Ortega, quien evitó referirse a su cercanía con la ideología chavista y se calificó como “humanista y demócrata”, agradeció a Costa Rica la receptividad que ha tenido en su sorpresiva visita y no detalló su agenda para los próximos días.

Al parecer, la exfuncionaria saldrá del país centroamericano el próximo miércoles.

Durante su estadía en Costa Rica, Ortega ha denunciado un caso de desvió de entre 8 y 10 millones de dólares del fisco, del que responsabilizó a Maduro, y ha señalado que existe una “violación sistemática” de los derechos humanos en su país.

Además, advirtió que su vida corre peligro si regresa a Venezuela, pero prometió seguir denunciando desde el exterior los casos de corrupción y de violación a los derechos humanos.

Ortega fue destituida el 5 de agosto pasado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, que la acusó de cometer “actos inmorales” y señaló a su esposo de ser parte de una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.

Tras la acusación de la ANC, Ortega abandonó Venezuela y viajó hacia Colombia.

La fiscal, vinculada al chavismo pero que se desmarcó del Gobierno de Nicolás Maduro en los últimos meses, denunció la ruptura del orden constitucional en su país tras dos sentencias del Supremo que le quitaban competencias al Parlamento y limitaban la inmunidad de los diputados.

 

Los secretos que guarda la fiscal Luisa Ortega – Revista Semana – 26 de Agosto 2017

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En dos meses un expediente con los crímenes de Nicolás Maduro tocará las puertas de la Corte Penal Internacional. El papel de la derrocada fiscal, desde Colombia, será clave para llevar al régimen venezolano ante los tribunales del mundo.

La fiscal Luisa Ortega huyó de Venezuela con el agua al cuello, pero logró llegar a Colombia con un cúmulo de información que –apenas con los primeros datos– ya está ocasionando un tsunami en la región. Su fuga fue simplemente espectacular.

Quien fue una de las mujeres más cercanas al desaparecido Hugo Chávez y fiscal general desde 2007, acompañada de su esposo y dos funcionarios, puso en una lancha rápida un par de maletas y navegó por tres horas desde la península de Paraguaná hasta Aruba. Allí, en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, los aguardaban dos pilotos colombianos a bordo de un chárter privado. Tras decolar, la nave voló hacia el norte para luego virar al occidente y, finalmente, tomar ruta hacia al sur. Fue un trayecto en parábola con el propósito de no ingresar a cielo venezolano. A las 3:30 de la tarde del viernes 18 de agosto, la nave aterrizó en Bogotá.

La llegada de Ortega y sus primeros días en Colombia estuvieron marcados por el secretismo y el silencio. Lo último que se sabía de ella era su breve intervención, vía telefónica, en la Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina que se celebró en Puebla, México. Ortega, a quien la Asamblea Constituyente oficialista que rige Venezuela apartó del cargo el 5 de agosto, se dirigió a “mis hermanos fiscales”, para denunciar que la policía política había tomado las instalaciones del Ministerio Público; aseguró que 64 fiscales –siendo ella la primera– sufrían persecución y que el gobierno de Maduro les había prohibido salir del país. “Todo esto por las investigaciones de Odebrecht que involucran al señor Maduro y a su entorno. Eso los tiene muy preocupados”, recalcó. Nadie imaginaba que al tiempo que sus palabras hacían noticia, ella estaba llevando a cabo su plan de fuga.

El lunes el secretismo se rompió con un breve y categórico trino del presidente Santos: “La fiscal Luisa Ortega se encuentra bajo protección del gobierno colombiano. Si pide asilo se lo otorgaremos”. Con eso bastó para que se armara la de Troya. La cúpula del gobierno venezolano reaccionó con vehemencia y un primer efecto de la acogida a Ortega es que se ahondó el abismo en las relaciones bilaterales. “Bogotá se ha convertido en centro de la conspiración contra la democracia y la paz de Venezuela. Vergüenza histórica del Caín de América”, aseguró el canciller del vecino país, Jorge Arreaza. El funcionario calificó de cínica la decisión de Santos y recordó que no era la primera vez, pues desde 2002 Colombia protege a Pedro Carmona, jefe del fallido golpe contra Hugo Chávez. Por su parte, el ex defensor del pueblo Tarek William Saad, quien asumió la Fiscalía por mandato de la Asamblea Constituyente, calificó de repugnante y ofensiva la decisión. El vicepresidente Diosdado Cabello, al responder el trino de Santos, fue más irónico, pero no menos venenoso: “Te la regalamos. Te vas a llevar una joya. Es más: nómbrala fiscal”.

Mientras las virulentas reacciones del régimen de Maduro eran la comidilla política, trascendió que Ortega y Santos se habían reunido en privado. A partir de esta reunión se especuló que en cosa de horas la fiscal iría a Washington y que desde allá expondría las pruebas para demostrar la corrupción del presidente de Venezuela y su séquito. Pero Ortega sorprendió una vez más. Efectivamente tomó un vuelo, pero con destino a Brasil. Apareció como invitada estelar en la reunión de fiscales del Mercosur, y su intervención produjo el primer conato de crisis regional.

Ortega insistió en que el caso de Odebrecht en su país era de proporciones insospechadas y que comprometía a la cúpula del gobierno, empezando por Maduro. Por los documentos desclasificados en Estados Unidos sobre el escándalo, se sabía que las coimas pagadas en Caracas eran del orden de 98 millones de dólares. Pero Ortega aseguró: “En Venezuela se pagaron 300.000 millones de dólares por las obras de Odebrecht”. Sin embargo, la fiscal no avanzó más al respecto y saltó a otros escándalos. Sostuvo, por ejemplo, que el presidente de Venezuela y el empresario barranquillero Álex Saad son propietarios de la firma Group Grand Limited, con la que controlan en forma amañada el multimillonario negocio de la asistencia alimentaria que provee el Estado a cerca de 6 millones de hogares venezolanos. Del tinglado también haría parte Tarek William Saad, quien tendría familiaridad con el empresario colombiano. Este fue el primero en rechazar la acusación y anunció una demanda contra Ortega.

Respecto al vicepresidente Diosdado Cabello, la fiscal aseguró que recibió 100 millones de dólares por medio de la empresa española TSE Arietis. La suma, que incluso suena desproporcionada para críticos del régimen, se habría triangulado a través de dos primos del vicepresidente de Venezuela, Alfredo Campos Cabello y Gerson Jesús Campos Cabello. Finalmente, la fiscal dijo que sabía que el impuesto fiscal Saad ya había destruido los expedientes que reposaban en Caracas, pero que ella poseía copias certificadas de todo y que las entregaría a la Justicia de Estados Unidos, Colombia y España.

A las afirmaciones de la depuesta fiscal desde Brasil, respondió de inmediato el gobierno de Maduro. El presidente venezolano decidió sacar del aire, inmediatamente, a los canales colombianos RCN y Caracol Televisión, y, por otra parte, aseguró que solicitaría la captura de Luisa Ortega mediante una circular roja de la Interpol.

A su vez, desde Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dio los primeros pasos de la nueva estrategia continental para hacerle frente al régimen de Maduro. La OEA comisionó a Luis Moreno Ocampo, quien fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, para que en un breve plazo –dos meses: septiembre y octubre– recaude evidencias sobre crímenes de lesa humanidad perpetrados sistemáticamente en Venezuela. El informe que elaborará Moreno será trasladado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y al Consejo Permanente de la OEA, para que esas instancias estudien la apertura formal de juicios contra el régimen de Maduro.

El gobierno de Venezuela también será presionado con el destape de su corrupción en escenarios internacionales. La OEA activó el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic). El procurador general, Fernando Carrillo, cree que los regímenes de Pinochet en Chile, Fujimori en Perú así como Lula Da Silva en Brasil hicieron agua cuando el mundo probó que eran máquinas de corrupción. “La dictadura de Nicolás Maduro también caerá cuando se logre armarle un caso internacional por sus crímenes de lesa humanidad, y por tener a Odebrecht como motor del socialismo del siglo XXI”, asegura.

La fiscal Ortega regresó a Colombia el jueves, y estará en el país mientras determina en qué condiciones puede ir a Washington para entregar a la Justicia de Estados Unidos las pruebas contra Maduro. Ya sea allá o acá, se anticipa que pronto se reunirá con Moreno Ocampo y con la comisión de la OEA para documentar un jugoso expediente internacional contra el presidente venezolano. Y eso explica su furia renovada contra el gobierno de Colombia.

El odio hecho ley por Ramón Peña – La Patilla – 27 de Agosto 2017

“Él entendía los más bajos instintos humanos, como la envidia y el resentimiento, sabía cómo estimularlos para su propio provecho. Gobernó atizando el odio entre la gente”.
Jung Chang, Wild Swans, sobre Mao Tse Tung

El cónclave fraguado fraudulentamente como asamblea constituyente acaba de anunciar una ley contra el odio, para la “convivencia y la armonía“ entre los venezolanos. Una iniciativa que no sabemos si es burla, cinismo, o ambas cosas. Algo como si Berlusconi les propusiera a los italianos una ley contra la impudicia o la Kirchner legislara en Argentina contra la corrupción.

Antes jamás, en ninguna de nuestras dictaduras, el odio había imperado como en estos últimos 19 años, con Hugo Chávez como su forjador y maestro. Han pasado lustros. Como tendemos a ser olvidadizos, refresquemos la memoria con algunas piezas de su mixtura de resentimiento y mccarthysmo: la lista Tascón, perverso instrumento de apartheid que le arrebató el empleo a miles de ciudadanos; la condena brutal de la jueza Affiuni a pena máxima; incitaciones frecuentes a los barrios contra los “escuálidos“ del Este; la maldición desde sus entrañas contra los israelitas; la creación de colectivos como perros de presa contra sus adversarios; o aquella arenga seminal a los soldados desde el Fuerte Guaicaipuro en 2003: “¡Ustedes tienen que escoger hacia donde apuntar sus fusiles: si al pecho de la oligarquía traidora o al pecho del noble pueblo de Venezuela!”

La cita del epígrafe, tomada de la famosa obra de la señora Jung Chang, quien fuera Guardia Roja y miembro de una familia perteneciente a la elite comunista china, podría estamparse, sin cambiarle una coma, en el mausoleo del cuartel de la montaña. En cuanto a la burlesca ley anti odio, cabría incluir en sus disposiciones transitorias una condena post mortem para el mayor sembrador de odio de toda nuestra historia.

Le Venezuela en crise : quelques réflexions à l’intention des Insoumis por Natalia Brandler – Liberation – 24 de Agosto 2017

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Alors que s’ouvre l’université d’été de La France insoumise, Natalia Brandler, directrice du Groupe d’études politiques sur l’Amérique latine, répond aux militants de gauche, souvent partagés, sur la situation vénézuélienne.

Je voudrais poursuivre le débat après l’article publié dans Libération des 12-13 août sur le Venezuela et contribuer ainsi à la réflexion que La France insoumise mènera lors de son université d’été, en évoquant une réalité qui ne rentre pas dans les discours préétablis.

Les Insoumis bâtissent souvent leur discours à partir de trois erreurs :

1) Ils qualifient de «socialiste» une alliance entre militaires et politiciens corrompus utilisant le drapeau socialiste afin de s’attirer la sympathie de la gauche internationale.

2) Ils accusent «l’extrême droite et l’oligarchie financière» d’avoir détruit le pays, alors qu’en réalité, l’opposition réunit des partis de centre droit, de gauche et des sociaux-démocrates, la seule oligarchie étant la «boli-bourgeoisie» chaviste. Ils devraient s’informer sur les investigations en cours à propos des milliards de dollars déposés par cette dernière dans des banques étrangères.

3) Ils attribuent la crise à la baisse des prix du pétrole alors que la cause de cet échec est une gestion publique qui a détourné 850  milliards de dollars de revenus pétroliers et qui, prenant comme alibi un soi-disant collectivisme, a détruit l’industrie et l’agriculture.

Bien que le chavisme ait organisé des scrutins au cours des seize dernières années, depuis décembre 2015, il est évident qu’il accepte de convoquer des élections seulement quand il est sûr de les gagner. A partir de cette date, le président Maduro s’est servi du Tribunal suprême de justice (TSJ), dont les membres, nommés illégalement, sont liés au Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV, au pouvoir), pour annuler les décisions de la nouvelle Assemblée nationale (AN).

Une fois cette dernière installée, le TSJ a suspendu les mandats de trois députés d’Amazonie afin de priver l’opposition de sa majorité des deux tiers ; il a annulé les pouvoirs de contrôle politique de l’AN, au moment où elle commençait ses investigations sur la corruption des fonctionnaires et la disparition de 250 milliards de dollars de fonds publics ; et l’a empêchée d’exercer son contrôle législatif sur les forces armées, transformant la Chambre constitutionnelle du TSJ en un super-pouvoir.

Illégalité
En mars 2017, cette même Chambre décrétait que l’Assemblée nationale était en «désobéissance», et que par conséquent tous ses actes étaient nuls, le TSJ assumerait donc la fonction législative en usurpant la souveraineté populaire. Par la suite, elle déclara que «l’Etat d’exception» décrété par Maduro était constitutionnel, dans le but de prendre des mesures économiques qu’elle utilisa pour approuver des contrats miniers et des lois sans l’aval de l’AN. Constatant le soutien apporté à l’AN légitime par l’Union européenne et la majeure partie des pays de l’Organisation des Etats américains, Maduro lança un appel à l’élection d’une Assemblée constituante (ANC), sans respecter les formalités constitutionnelles pour sa convocation et violant le principe du suffrage universel direct et secret, appelant seulement ses militants à ce vote. Rien n’y fit, ni les protestations de la communauté internationale pour suspendre cette élection, alertant sur son illégalité, ni l’intervention du Pape ou de l’ex-président du Parti socialiste espagnol (PSOE) Rodriguez Zapatero qui abondaient dans le sens d’une résolution pacifique par le biais du dialogue et de la négociation.

Les partis politiques d’opposition représentés par la Table de l’unité démocratique (MUD) réclament des élections générales, le respect de la séparation des pouvoirs, la libération des prisonniers et l’ouverture d’un canal humanitaire pour soulager l’état de famine du pays. Le régime a fait fi de tout cela et, bien au contraire, a tourné le dos à toute solution politique en augmentant répression et violence avec un passif de 129 assassinats en trois mois, 5 092 arrestations arbitraires (80% de jeunes) et l’utilisation de la torture dénoncées par un rapport des Nations unies.

Le Conseil national électoral, arbitre sous influence du gouvernement, déclara un chiffre de votants de 8 millions, quantité exagérée selon l’entreprise Smartmatic, chargée du comptage des votes, pour qui la fraude s’élèverait au moins à 1  million de votes. Cette fraude a été commise pour dépasser le chiffre obtenu par la MUD lors du plébiscite convoqué les 16 et 17 juillet contre l’ANC, ce qui fait planer un doute sur la transparence des processus électoraux antérieurs validés par le CNE.

L’ANC s’est installée en prenant d’assaut le palais législatif où se réunit l’AN. Dans un deuxième temps, elle destitue la procureure générale Luisa Ortega et émet un ordre d’arrestation. Celle-ci fuit vers la Colombie, puis le Brésil, et assure posséder des preuves de corruption de fonctionnaires.

On peut se demander pourquoi une partie de la gauche française incluant, La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, ne s’est pas encore prononcée sur ces faits.

 

Culminación de la farsa por León Moraria – Aporrea – 25 de Agosto 2017

leon.png“El chavismo es un sainete con ribetes de farsa.” Domingo Alberto Rangel

La Asamblea Nacional Constituyente acordó la realización de un Referendo para la aprobación de la nueva Constitución surgida de su seno. Era la guinda que le faltaba al coctel para culminar la farsa. Es de suponer cuál será el resultado de dicho Referendo, que no es lo importante, sino, el aparentar la culminación de un evento “democrático” que, deja de serlo, desde el mismo momento que se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente sin la consulta popular.

El resultado final de este bodrio constituyentista no interesa, por cuanto, según declaraciones de sus proponentes, la ANC no fue convocada para elaborar una Nueva Constitución que remplace a la “mejor Constitución del mundo”, sino, para perfeccionarla. Lo que no se dice ni se puede decir es, que fue convocada para darle visos de legalidad al golpe de Estado que le permita a Maduro tener poderes plenipotenciarios hasta la fecha de finalización de su mandato, para confrontar la avalancha multitudinaria de protestas a escala nacional por hambre, escasez, carestía, inflación, desempleo, parálisis del aparato productivo, quiebra de la economía, ruina y desastre nacional de los servicios de todo tipo y repudio al entreguismo de las riquezas del país (empresas mixtas, Arco Minero, CAMIMPEG). Además de la condena de la comunidad internacional por la abierta violación de las normas democráticas. La ANC fue convocada con un solo objetivo, legalizar el golpe de Estado que le permita al chavismo culminar el período presidencial de Maduro. Golpe de Estado que rompe con la fórmula tradicional y se acoge al nuevo esquema experimentado en Honduras, Paraguay y Brasil. El que hace la Ley hace la trampa. Las leyes están sometidas a la interpretación de quien tiene el poder. La democracia es asunto de conveniencias. La democracia se ajusta al interés circunstancial del gobernante de turno. Tan democrático era Pinochet, como lo es Maduro. Es asunto de conveniencias o de interpretaciones.

La idea de la Constituyente originaria no es del chavismo. La idea surgió de la Asamblea Nacional mudista -nombre que le viene por el mutismo, timidez de Ramos Allup – la cual, al tener mayoría, pretendió hacer del gobierno chavista, borrón y cuenta nueva. Eran tales las pretensiones de dominio de los diputados de la MUD, estaban tan llenos de venganza contra el chavismo, que el odio los cegó y dejaron de hacer lo que tenían que haber hecho: convocar el Revocatorio ¿Que era más fácil, el Revocatorio o la Constituyente? En lugar de seguir el sencillo camino constitucional del Revocatorio, deliraron por la Constituyente. Invirtieron el orden: primero el Revocatorio y una vez liquidado el gobierno madurista, proceder a convocar la Constituyente para “perfeccionar”, conforme a sus intereses, la Constitución “más perfecta del mundo”. Durante 200 años de vida republicana, siempre el bando que llega al gobierno, con la consiga de cambio, elabora su Constitución, adecuada a sus intereses. En los últimos 70 años Venezuela ha tenido cuatro Constituciones (1946, 1952, 1961, 1999) y vamos para la quinta, en caso de ser aprobada, la nueva Constitución por el referendo acordado por la ANC. Lo cual es secundario, por cuanto el interés que priva, es la permanencia de Maduro en el gobierno, dos años más. De esa manera, el Referendo aprobatorio, es la culminación de la farsa. A partir de ese momento al chavismo se le cierran todos los caminos, para, de manera definitiva, ser enterrado en el abismo de sus inconsecuencias e incapacidades.

La Asamblea Nacional mudista, en lugar de concretarse a la realización del Revocatorio (1976), lanzaron la idea de Asamblea Nacional Constituyente Originaria. Realizar el Revocatorio contra Maduro, era más fácil que pegarle un tiro al suelo. Pero, como dicen por ahí, “la avaricia rompe el saco”. Por esa causa, el país, en su momento, no salió de Maduro y se encuentra ahora sumergido en esta audaz, pero temeraria dictadura de la ANC. La medicina que la MUD pensaba aplicarle al chavismo para liquidar sus elucubraciones revolucionarias, bolivarianas y socialistas, es la misma que ahora el chavismo le suministra al país con la atroz dictadura. La Constituyente chavista no fue convocada para elaborar una nueva Constitución, ese cuento vale para la galería. Fue convocada como fórmula para perpetuase en el gobierno o al menos culminar el periodo de Maduro.

El que la ANC haya acordado la realización del referendo aprobatorio, de la nueva Constitución, es simple anuncio para aplacar la condena de la comunidad internacional por la violación de los derechos humanos. Es aparentar el retorno a la democracia. Es aparentar que existe el juego electoral. Es aparentar la legalidad del fraudulento proceso que condujo a la realización de la ANC. Es lo que Juan Pablo Pérez Alfonso denominaba las dos Venezuela: la de las apariencias y la de las realidades.

León Moraria
Nativo de Bailadores, Mérida, Venezuela (1936). Ha participado en la lucha social en sus diversas formas: Pionero en la transformación agrícola del Valle de Bailadores y en el rechazo a la explotación minera. Participó en la Guerrilla de La Azulita. Fundó y mantuvo durante trece años el periódico gremialista Rescate. Como secretario ejecutivo de FECCAVEN, organizó la movilización nacional de caficultores que culminó en el estallido social conocido como el ?caracazo?. Periodista de opinión en la prensa regional y nacional. Autor entre otros libros: Estatuas de la infamia, El Fantasma del Valle, Camonina, Creencia y Barbarie, EL TRIANGULO NEGRO, La Revolución Villorra, los poemarios Chao Tierra y Golongías. Librepensador y materialista de formación marxista.

 

“Ha habido allanamientos sin orden judicial, desalojos y robos” por Francesco Manetto – El País – 27 de Agosto 2017

Luisa Ortega Díaz, enemigo público número uno del presidente Nicolás Maduro, atiende a EL PAÍS
1503594486_843043_1503641509_noticia_fotogramaLa nueva vida de Luisa Ortega Díaz (Valle de la Pascua, 1958) comenzó hace una semana. La ex fiscal general de Venezuela, convertida en el enemigo público número uno del presidente Nicolás Maduro, aterrizó en Bogotá el pasado día 18 en un vuelo privado tras abandonar Caracas y huir en lancha a la isla de Aruba. Permaneció cuatro días en Colombia bajo protección del Gobierno de Juan Manuel Santos, que además le ofreció asilo, y viajó a Brasil para participar en un encuentro de fiscales de Mercosur sobre corrupción y el caso Odebrecht. Después regresó a Bogotá, donde prepara las denuncias contra el sucesor de Hugo Chávez.

Ortega Díaz es uno de los antiguos altos cargos con más información sobre el régimen y tiene ahora una prioridad: desnudar los engranajes de un sistema del que ella misma formó parte y con el que rompió definitivamente a finales de marzo ante la deriva que culminó el 30 de julio con la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. Una de las primeras decisiones de este nuevo Parlamento, que sustituyó al anterior, de mayoría opositora, fue su destitución. Y así empezó, formalmente, su persecución.

La exfiscal, que atiende a EL PAÍS por teléfono, se muestra animada. “Me siento muy fortalecida pese a los ataques que he recibido de parte del Gobierno de Venezuela. Me siento fortalecida porque el apoyo ha sido mayor, sobre todo de las personas, del ciudadano venezolano, que está muy esperanzado de que haya libertades, de que haya democracia, que haya paz, que haya tolerancia, que haya respeto, que haya decencia en Venezuela”, afirma.

Ortega Díaz tiene previsto formular varias acusaciones públicas a partir de las pruebas de las que dispone y promete luchar contra la violación de los derechos humanos. No obstante, en su opinión, la gravísima crisis institucional y económica que azota al país tiene que ver con la corrupción. “La corrupción es lo que tiene a Venezuela sumida en esta crisis de alimentación y de medicinas, porque los dineros que debieron destinarse para resolver a la población el tema de la salud y de la alimentación están en los bolsillos de un grupo que detenta el poder”, asegura.

La antigua responsable del ministerio público, que fue designada en 2007 y confirmada en 2014 por otros siete años, hila además una durísima crítica contra la Administración de justicia. “Seguiré por el mundo denunciando que en Venezuela no hay Estado de derecho, que en Venezuela no hay democracia, no hay libertades y que es imposible que se sancionen a los responsables de los delitos, ya sean de corrupción o contra los derechos humanos, porque no hay justicia tampoco. La justicia se ha acomodado para favorecer a un grupo que quiere perpetuarse en el poder”, argumenta Ortega Díaz, que en varias ocasiones ha acusado a Maduro de traicionar el legado del expresidente Chávez. “Yo no he cambiado, cambiaron otros”, sostiene la exfuncionaria.

Críticas de la MUD

Las palabras de la exfiscal —que huyó junto a su marido, el diputado Germán Ferrer, y dos colaboradores— la sitúan ahora en la primera línea de la oposición a Maduro, a la que se están sumando sectores del chavismo crítico. No obstante, para la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no es fácil olvidar su papel en la investigación de la acusación contra Leopoldo López. Con todo, ella recuerda que ya en el pasado planteó objeciones al Gobierno. Por ejemplo, cuando “el Ministerio de Defensa sacó una resolución identificada con el número 8610, que decía que en las manifestaciones la Fuerza Armada podía utilizar armas de fuego”.

La exfiscal agrega: “Nuestra Constitución dice que en las manifestaciones no se pueden utilizar armas de fuego, sino que tiene que ser proporcional a la violencia de los manifestantes. Si tiran piedras no pueden utilizar armas, por ejemplo. Entonces, yo hice objeción a esa resolución y posteriormente he venido haciendo objeciones a unos operativos que se diseñaron en Venezuela por el tema de seguridad ciudadana que llamaron OLP, Organización para la Liberación del Pueblo, que eran verdaderas represiones para el pueblo pobre”. “Había allanamientos sin orden judicial, desalojaban a las personas de sus hogares, de sus viviendas, les robaban sus propiedades, computadoras, teléfonos, laptops, lo ejecutaban en el marco de esas operaciones. A eso también hice objeciones. Estuve en contra de eso”.

Pero la gota que colmó el vaso, en opinión de Ortega Díaz, fueron los ataques al Parlamento elegido en 2015 y controlado por la oposición. “Querían disolver la Asamblea Nacional, que en definitiva disolvieron con la Constituyente. Tú le consultas al pueblo de Venezuela ‘¿quieres la Constituyente?’ y va a decir que no porque el pueblo de Venezuela quiere que resuelvan los problemas de alimentos, de salud, de seguridad”, razona la exfiscal. “Venezuela tiene uno de los índices de homicidios más altos de la región, 70,1 por cada 100.000 habitantes es la cifra de 2016. Eso es lo que quiere que le resuelvan el pueblo de Venezuela, no una Constituyente que ya tiene como un mes instalada y no ha resuelto nada. ¿Cuál ha sido la solución que ha aportado esta Asamblea Constituyente?”, se pregunta.

Ortega Díaz, que visitará en las próximas semanas distintos países a los que ha sido invitada, confía en cualquier caso en una salida negociada de la crisis venezolana. “Ojalá sea por los caminos de la paz. Sería muy terrible para mi pueblo, para mi país una situación de violencia sería una calamidad más, Dios no lo permita. Que sea por el entendimiento, el diálogo, la negociación, ojalá sea por esa vía”.

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