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Cambiaron el mantra por Julio César Arreaza – El Nacional – 5 de Octubre 2019

El 23 de enero tomó juramento ante el pueblo venezolano el presidente encargado Juan Guaidó y se casó con el 1, 2 y 3 del mantra conocido. Se convirtió así en el mandato de la soberanía popular. Esto ocurrió –y ocurre aún– en el contexto de una corporación criminal cometiendo delitos de lesa humanidad e incrementándose el éxodo más grande que haya sufrido la región. Transcurridos 10 meses la situación se mantiene con el usurpador en el poder.

El pueblo rechaza de plano la claudicación del G4, al permitir la incorporación de diputados que dejaron de serlo, cuando violaron  la inmunidad parlamentaria de sus colegas actuando desde la esperpéntica ANC cubana y designaron un fiscal espurio al margen de la Constitución, que enseguida inició proceso contra los diputados legítimos. Un tercio de ellos están en el destierro. No se entiende que la  AN otorgue ahora un salvoconducto a quienes ya no lo son y regresen para implosionarla desde adentro.

Resulta una capitulación inconcebible aprobar los términos de Oslo, no consultados al pueblo, y desconocer la ruta del 333 de la Constitución, contraviniendo de paso el Estatuto de la Transición.

Se habla de realizar elecciones con Maduro y Guaidó de candidatos, bajo un Consejo de Estado paritario: régimen-G4. Maduro ha repetido hasta el cansancio que no concurrirá a elecciones si no tiene garantizado el triunfo.

La sociedad democrática se niega a esa capitulación y exige como punto primero la salida del usurpador –los verdaderos aliados no aprueban tales negociaciones– se aspira a la libertad plena, lo cual es incompatible con un diálogo que debilita y confunde a la población.

El mecanismo del TIAR es incompatible con el mecanismo del diálogo. Por encima de la justicia no puede estar nada. La libertad y la justicia no se negocian. Solo así se consigue la libertad, sin el acuerdo político soterrado de una capitulación por parte del G4. No hay acuerdo sostenible que viole la justicia y la dignidad. El único diálogo que cabe es la salida del usurpador.

El objetivo democrático es la liberación de Venezuela y romper con el pasado. Se sabe qué hacer: centrarnos en la toma del poder, desplazando al usurpador. Comandar la libertad de Venezuela y desafiar al régimen. Enfocarse en neutralizar el componente armado forajido, actuando con acopio de tecnología, estrategia, logística y sobre todo voluntad firme y coherente en la ruta.

No será aceptado un cogobierno con las mafias. La gente no se cala más engaños. Lo que sí está planteado es una ruptura real e histórica dejando afuera los cálculos pequeños que solo miran los intereses grupales.

Con pasión y convicciones se desea avanzar, de verdad, en la construcción de un país en el que todos podamos vivir y se alcance la reunificación de las familias.

No más tortura – Editorial Revista SIC – Agosto 2019

downloadPara la Iglesia la vida es sagrada. La dignidad humana está por encima de cualquier poder. El Estado está llamado a garantizar los derechos humanos, no a violarlos. Hoy, en Venezuela, la tortura, los tratos crueles y degradantes por par‑ te de los cuerpos de seguridad no son un hecho aislado, obedecen a una política sistemática de Estado. La tortura está tipificada como crimen de lesa humanidad. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula su prohibición absoluta en el artículo 7, donde reza: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes…”. Los venezolanos, en nuestra Constitución contemplamos en el artículo 43 que:

“… el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni au‑ toridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma. “

Nuestra realidad contrasta con estos principios. Se observa cómo, desde 2009, con la de‑ tención arbitraria de la doctora Afiuni –jueza sentenciada públicamente en cadena nacional por el finado y entonces presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías–, se viene aplicando la detención arbitraria y la tortura como recursos de amedrentamiento y control de los poderes, en este caso del Poder Judicial. La doctora Afiuni, actuando institucionalmente, apegada a la Constitución y siguiendo las recomendaciones de la ONU, había otorgado unas medidas cautelares a Eligio Cedeño, decisión que se convirtió en tragedia para la jueza debido a que el detenido en cuestión era de interés presidencial. En julio de 2015, después de varios años de prisión, la doctora Afiuni declara haber sido sometida a tortura y tratos crueles: “A mí me vaciaron el útero, porque lo tenía vuelto mierda. Pero no contentos con eso, se me destruyó la vejiga, la vagina y el ano. Yo estoy reconstruida”.

Este hecho ha generado lo que se conoce como el efecto Afiuni, que no es otra cosa que el control total, por la vía del miedo, del Ejecutivo hacia el Poder Judicial.

De igual modo, los testimonios registrados por las ONG de DDHH en las protestas de 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019 dan cuenta de que los tratos degradantes y la tortura no son eventos aislados, sino un modo de represión sistemático que ex‑ presa una política de Estado. Se trata de un listado extenso difícil de enumerar, lleno de rostros y biografías de personas –en su mayoría jóvenes– que han entregado su vida por Venezuela. En estos casos tales mecanismos de represión se han utilizado sistemáticamente con el fin de desmovilizar social y políticamente a la población.

Después de las parlamentarias de 2015, cuando las fuerzas democráticas ganan legítimamente el Parlamento, se inicia una confrontación entre los poderes cooptados por el Ejecutivo Nacional en contra de la Asamblea Nacional (an). Los ataques sistemáticos hacia los miembros de la an, la persecución, detención arbitraria de los diputados y la emblemática tortura de Juan Requesens como corolario de este proceso represivo, es un indicador claro de que se trata de una política de Estado. El 10 de agosto de 2018 fuimos sorprendidos por un video que circuló por las redes donde el diputado Juan Requesens, quien había sido detenido arbitrariamente, aparecía drogado y torturado dando declaraciones en contra de Julio Borges, para entonces presidente de la AN, hoy refugiado en Colombia. El hecho fue tan horrendo, que el poeta Armando Rojas Guardia lo describió así: “me estremece la percepción de que ya hemos ingresado al horror literalmente obsceno, al terreno minado de la pornografía política”.

También miembros del nivel municipal del Poder Público han sido violentados en el sagrado derecho a la vida por la vía de la tortura. El 8 de octubre de 2018, el mártir por la democracia, Fernando Albán, concejal del Distrito Metropolitano, fue lanzado por una ventana del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas, donde se encontraba detenido arbitrariamente y había sido cruelmente torturado por el régimen.

Su asesinato causó gran conmoción, dolor e impotencia en los sectores populares y las iglesias. Eran los dos ámbitos de Fernando Albán: acompañar a las organizaciones sociales de base para responder al desafío humanitario y convidar a las iglesias, de distintos credos, a una cruzada por la vida desde la no violencia activa. Lo hacía con pasión. Su modo de vivir y hacer política, que le otorgó una gran credibilidad y autoritas, se convirtió en una amenaza para el poder de facto. La supuesta “versión oficial” de los hechos, en boca del fiscal Tarek Williams Saab, responde a un suicidio: “Murió tras saltar desde la ventana de un décimo piso”, dijo entonces. No obstante, quienes conocimos a Fernando Albán sabemos que, por sus hondas raí‑ ces cristianas, católicas, de amor y defensa de la vida, la versión del régimen es una mentira que busca banalizar el crimen y disfrazar la verdad. Así lo señalaron también representantes de la Arquidiócesis de Caracas, el partido Primero Justicia, la ONG Foro Penal, entre otros.

El estrato militar tampoco ha estado inmune. Los miembros de las Fuerzas Armadas que se han desmarcado del régimen han sido tratados con ensañamiento e imputados de traición a la patria, instigación a la rebelión y contra el decoro militar. El reciente fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido el 21 de junio y torturado hasta arrebatarle la vida el sábado 29 a la 1 de la madrugada, por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), pone nuevamente en evidencia la tortura como política de Estado. Según la abogada Tamara Suju, el capitán “llegó a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de torturas. No hablaba, solo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien… El juez ordenó su traslado a un centro de salud en el que falleció a la 1:00 a.m.”. En el contexto del asesinato del capitán de corbeta, Provea –ong de derechos humanos–, publicó un comunicado avasallante: “el pasado 29 de junio Provea dio a conocer que, de los 100 casos de tortura registrados durante 2018, 75 fueron cometidos por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)”1 , el mismo cuerpo de seguridad que tenía bajo custodia al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Fue, por lo tanto, el organismo que más torturó en 2018, y desde 2017 se vienen incrementado las denuncias contra dicho organismo policial, tanto por prácticas de tortura como por desaparición forzada de personas.

Este recorrido deja claro que la tortura es hoy, en Venezuela, una política sistemática de Estado, dirigida desde el Ejecutivo y utilizada con el fin de aterrorizar, amedrentar y doblegar al resto de los poderes públicos: Judicial (caso Afiuni), Legislativo (Juan Requesens), en el nivel Municipal (caso Albán), así como la desmovilización de la sociedad civil (coaccionando líderes de protestas) y, también, controlar por vía de la fuerza a sectores descontentos y disidentes de las Fuerzas Armadas (caso ilustrativo el de Rafael Acosta Arévalo). Mientras, el fiscal general y el defensor del pueblo hacen silencio cómplice, aun sabiendo que la tortura es un crimen de lesa humanidad y estos, por su naturaleza, no prescriben.

NOTA: 1 PROVEA. (29 de junio 2019): La DGCIM el organismo que más torturó en 2018. Recuperado de: https://www.derechos.org.ve/actualidad/dia-internacional-enapoyo-a-las-victimas-de-la-tortura-488-casos-de-tortura-registro-provea-entre2013-y-2018 A

Se buscan empresarios por Luis Ugalde S.J. – El Nacional – 3 de Octubre 2019

Está bien que los diputados del régimen anuncien que van a cumplir con su deber de participar en la Asamblea Nacional para la que fueron elegidos. Mejor aún que suelten a todos los indebidamente presos por persecución política. Pero es de mal gusto el show que montó el régimen dando a entender que ya viene el cambio, cuando lo hacen para bloquearlo, prolongar el infierno y negar que desde enero tenemos un dictador no elegido legítimamente y que pretende el poder hasta 2025. Con la actual política y desastre productivo, impuestos por la represión armada y los ilegítimos TSJ y asamblea constituyente, no tenemos futuro.

Trabajadores-empresarios-productores. Solo podremos decir que Venezuela cambió el día que veamos a miles de empresarios y millones de trabajadores produciendo a tope y ganando vida y prosperidad. Pero lo ofrecido en la Casa Amarilla por Jorge Rodríguez no abre la puerta al cambio, sino que busca perpetuar esta Venezuela invivible con presidente y constituyente ilegítimos, con maniobras tácticas y mentiras. Sin un reconocimiento objetivo de la gravísima enfermedad, se agrava cada día la tragedia económica y social y la inviabilidad del régimen. ¿Dónde estaremos en Navidad si llegan hasta allá?

Habrá cambio cuando régimen y oposición –apoyados efectivamente por los países democráticos– salgamos con férrea voluntad para transformarnos de improductivos a productores en todas las áreas. Saldrá el sol si pronto amanecemos con privatización de cientos de empresas expropiadas y arruinadas, cuando la inversión empresarial nacional e internacional se sienta atraída y con garantías jurídicas, cuando la destrozada actividad petrolera se abra a la iniciativa privada y en el mundo empresarial corra como epidemia incontenible la fiebre de la producción, inversión y creatividad. Habrá cambio el día que podamos decir que 100.000 millones de dólares venezolanos están regresando al país con tecnología actualizada y vienen acompañados de otros 100.000 millones de inversión extranjera directa. Solo así cesará la catastrófica pérdida de más de 30% del PIB este año, luego del bajón increíble de 60% durante 5 o 6 años. Para que ese cambio ocurra hay que hacer algo muy distinto del simulacro de negociación donde el gobierno disimuladamente negó la salida del dictador, el fin de la constituyente “supraconstitucional” y el cambio de la ruinosa economía.

La Constitución en el artículo 233 establece que cuando no hay presidente electo el presidente de la AN “se encargará de la Presidencia de la República”. Ninguna propuesta psiquiátrica puede ocultar esto y ninguna negociación sensata puede desplazar hasta 2020 los cambios socioeconómicos que son de vida o muerte, sino que hoy mismo es necesaria la transición “Larrazábal II” con urgencia socioeconómica, como decíamos hace un par de años. Transición no únicamente con ayuda humanitaria masiva, sino con cambios inmediatos para la transformación productiva, defendidos por los partidos, los militares, la sociedad civil organizada, las iglesias, las universidades… Un gobierno de transición acordado con inmediato cambio de ruta socioeconómica productiva. De lo contrario, está garantizado el fracaso del actual régimen y también del que vendrá a sustituirlo.

Millones de chavistas, que sufren el desastre actual y desean servir al país, serán bienvenidos a esa posguerra de reconstrucción y unidad nacional con una población reconciliada, sin linchamientos político-sociales, ni venganzas por propia mano que refuerzan cadenas criminales. La verdadera justicia tiene otros caminos. Es imprescindible que todos los venezolanos y los países amigos nos concentremos en este propósito estratégico y que la Fuerza Armada Venezolana descubra su importantísimo papel constitucional en el paso de la actual muerte a la construcción de la vida. Los acuerdos políticos se necesitan para esto.

 

Venezuela’s Maduro is Nobody’s President by Pedro Luis Echeverría -TalCual – 2 de Octubre 2019

 For countless reasons, the majority of Venezuelans, including many supporters of chavismo, don’t feel represented by Nicolás Maduro as their President

When he usurped power in a fraudulent manner and lost credibility from the majority of Venezuelans, since that day, Nicolás Maduro has never been able to become the President of all Venezuelans.

When his intolerance and lack of democratic principles divided Venezuelans, that day he stopped being the President of all Venezuelans. Because of his recurring idiocies, childish lies, stupid reflections and underestimation of the intelligence and capability of his fellow citizens, he lost authority and, that day, stopped being the President of all Venezuelans.

When he chose to squander the nation’s vast oil resources and not use them rationally to meet the enormous needs of the country, he stopped being the President of all Venezuelans.

When he gave up the type of leadership associated with truthfulness and transparency, he stopped being the President of all Venezuelans.

When he decided that his government was some sort of a “black box,” with a completely unknown content and only open to announce all the lies and fallacies that suit his regime, he stopped being the President of all Venezuelans.

When he amended laws in a fraudulent manner to subjugate the people of this country, he stopped being the President of all Venezuelans.

When he disregarded the will of the majority that rejects his permanence in power and systematically violated the Constitution, he stopped being the President of all Venezuelans. Because of his indolent attitude in light of the violations of human rights, of the reigning insecurity in the country and of the widespread and unpunished corruption caused by his regime, he stopped being the President of all Venezuelans.

Each time he tries to cling to power forever and impose a single way of thinking, he stopped being the President of all Venezuelans.

Because of his useless concepts loaded with archaism and political shortsightedness and for not having been able to build, during all this time in office, a solid, reliable, rational and patriotic alternative, focused on central issues and aimed at offering Venezuelans a promising future, he stopped being the President of all of them.

Merit, constancy and decency have become irrelevant in Maduro’s government. What matters now is to obtain benefits at the expense of others. Unfortunately, you see a lot of people with that kind of attitude these days in Venezuela. But this is not about obtaining small benefits like they used to in the past. No, this is about obtaining huge benefits at the expense of destroying the Republic and jeopardizing the future of the country. He forgot that the exercise of power necessarily demands that those holding it must serve the higher interests of the nation and not use it for the benefit of their personal interests and those of their protégées, and that’s another reason why he stopped being the President of all Venezuelans.

So, in the near future, by our will and cooperation of the international community, we Venezuelans are going to make Maduro a President who does not govern anything and does not represent anybody.

De las impunidades rojitas por  Jesús Peñalver – El Nacional – 27 de Septiembre 2019

Claro, en el camino se ha encontrado toda clase de escollos que ha puesto el des-gobierno que aún se halla aposentado en palacio, para impedir su funcionamiento y el cabal cumplimiento de sus atribuciones y deberes. Han sido decenas de sentencias del llamado Tribunal Supremo de Justicia que han  anulado las leyes dictadas, así como tantas y recurrentes las decisiones de tribunales de instancia que autorizan la persecución, acoso y encarcelamiento de  diputados, con prescindencia de toda norma de derecho que les garantice el derecho a la defensa y el debido proceso.

Para más inri, aquel mismo Supremo Tribunal la ha declarado en desacato. Todo esto sin olvidar la inhabilitación de los diputados de Amazonas, cuyos procedimientos duermen el sueño de los justos y de los injustos en la Sala Electoral del aludido TSJ.

Claro que tienen derecho de ocupar nuevamente sus curules, pues son tan legítimos como los parlamentarios de la Unidad Democrática. Pero debo, salvo mejor criterio, hacer algunas observaciones.

Es conocido que ese bodrio que mientan “asamblea nacional constituyente” no es legal, ni legítimo ni constitucional. Es decir, no es un organismo ni ente público. No existe. De modo que no es aplicable la norma contenida en el artículo 191 de la Constitución Nacional que expresa:

De manera que aquellos diputados a la legítima Asamblea Nacional (la elegida en diciembre de 2015) pueden perfectamente reincorporarse a sus curules, aun habiendo integrado aquella espuria ANC.

Caso distinto es el de Francisco Torrealba, hoy ex diputado por haber ocupado el cargo de ministro de Trabajo en 2017, lo que le impide ipso jure reincorporarse a la legítima Asamblea Nacional por haber perdido su investidura, conforme con el aludido artículo 191 constitucional.

Siendo que Pedro Carreño es abogado con estudios de posgrado y doctor en derecho constitucional y penitenciario (Caribbean International University, Curazao), de la cual Vielma Mora es o fue vicerrector, ayer mismo  anunció que acudiría al Tribunal Supremo de Justicia para que sea esta instancia la que decida “quién es o no es diputado”.

No me sorprendería que el colectivo dos pilitas «interpretara» la Constitución y fallara que Francisco Torrealba no ha perdido su investidura por haber sido nombrado y aceptado el cargo de ministro (como dije antes) en 2017, y puede perfectamente incorporarse a la Asamblea Nacional. Lo digo porque así actúa el bufete de Miraflores. Otro adefesio jurídico a la vista.

La inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal, sino una garantía de imparcialidad y respeto a la majestad del Poder Legislativo ante los otros poderes. Y en este caso, como en tantos otros, queda claro que han sido los oficialistas quienes no respetan la Constitución, son ellos quienes la violan, haciendo posible esta tragedia en la que han convertido a Venezuela.

Son las impunidades rojitas a las que, por desdicha, nos tienen acostumbrados, asidos al poder como se encuentran y empeñados en no soltarlo. Se entiende, pues no es solo el hecho de perder ese poder, sino el miedo a ser juzgados, procesados conforme a derecho y condenados por tantos crímenes cometidos.

Falta espacio para vaciar la chapuza en que el ch… abismo ha convertido la administración de justicia en el país.

Parafraseando al poeta: “Desde el fondo de ti, y adolorido, un país triste como yo nos mira”.

Son veinte años, siete meses y veintitrés días de esta desgracia chavista, esta maldición inmerecida, este castigo innecesario. Terrible tiempo, tortuoso y dañino de una pesadilla coloreada de un rojo alarmante destruyendo al país. Este dolor debe acabarse. ¡Por Dios!

Caja CLAP mata Constitución por Adolfo P. Salgueiro – El Nacional – 21 de Septiembre 2019

No cabe duda de que la política es una actividad difícil que requiere de creatividad, paciencia y flexibilidad. La coexistencia de todas estas condiciones atenta muchas veces contra la coherencia y –peor todavía– contra la moral. Ejemplo de lo que se afirma es el escandaloso episodio de la seudonegociación revelada esta semana entre el régimen usurpador y una oposición cuya inexistente representatividad descalifica todo lo actuado.
El episodio que se acaba de conocer revela en forma indubitable que la palabra “negociación” para quienes hoy detentan el aparato administrativo del Estado solo significa ganar tiempo y más tiempo en la permanencia ilegal e ilegítima en el poder. Para quienes alguna vez pudimos albergar esperanzas en los procesos de acercamiento anteriores (Santo Domingo, Oslo, Barbados, etc.) ha quedado supremamente claro que todo aquello no era sino maniobras dilatorias administradas con diabólica habilidad por quienes no tienen ningún otro objetivo que no sea la preservación del poder y sus beneficios. De ahora en adelante será difícil poner esperanza en cualquier iniciativa que pueda surgir en el futuro.
Sin embargo, la terca realidad nos muestra que ninguno de los bandos opuestos está en condiciones de someter al otro. En eso estamos al menos desde 2014 sin haber logrado resultado alguno en el campo interno. Cierto es que a nivel internacional y especialmente continental la oposición democrática ha conseguido un apoyo muy importante, pero más centrado en declaraciones que en acciones. Las sanciones nominalmente impuestas por muchos Estados no pasan de ser saludos a la bandera, a excepción de las del gobierno norteamericano, que son las únicas que afectan aspectos importantes de la economía nacional, además de los intereses personales de quienes se han lucrado con la situación.
Lo triste del asunto es que las sanciones que sí tienen consecuencias son justamente las que afectan al pueblo en su conjunto, puesto que los responsables seguramente ya han resuelto su situación patrimonial en otras latitudes. Así, pues, quien poco o nada tiene que ver con el fracaso de la tal “revolución” es quien debe arreglarse con un salario de miseria, correr de un lado a otro en busca de alimento, padecer los cortes eléctricos, el colapso del sistema de salud, etc.
Para estas mayorías las sanciones son una cosa mala y por eso la insistencia de Maduro & Cía. por lograr el cese de las mismas tiene rentabilidad política, pero si  ellas cesaran el gobierno se consolidaría y seguiríamos sometidos a los abusos y excesos que son carta de presentación de la usurpación. Así, pues, la terrible disyuntiva que arropa a las mayorías de a pie es definir si vale la pena hacer el esfuerzo final para lograr los cambios que el país precisa o si la impostergable necesidad de tener comida en la mesa familiar requiere someterse a la situación. En términos más crudos: ¿qué va primero, democracia o supervivencia?
La contradicción se presenta en que las sanciones internacionales –y especialmente norteamericanas– se establecen con el objeto de producir un cambio que alivie la situación que se vive, pero el resultado inmediato es que las mismas incrementan el sufrimiento hasta que la movilización y la rebelión no cobre la fuerza necesaria para producir un desenlace. Es evidente que en Venezuela tales condiciones no se dan en estos momentos, fundamentalmente por el temor que genera la brutal represión de todo intento de protesta.
En todo caso, quienes hoy dirigen el esfuerzo opositor deben tener claro que la principal aspiración de las mayorías es la satisfacción de las necesidades básicas antes que la restitución de la democracia. Al día de hoy “caja CLAP mata Constitución”, así de feo y cruel como suena.
De todas maneras es necesario que los muchos que aún creemos en la necesidad e inevitabilidad de una nueva y mejor Venezuela sigamos ocupando y defendiendo las posiciones obtenidas. Para ello la gestión internacional es determinante, pero sabiendo que no podrá mantenerse ni incrementarse si a lo interno no existe una decidida movilización.

La sentencia del TSJ sobre las universidades por Humberto García Larralde –

El irreprimible afán por destruir

download“Una política del resentimiento, el miedo y la ira. Ése es el esqueleto fascista: incitación a la violencia, un vulgar materialismo, un nacionalismo asfixiante, xenofobia, la necesidad de señalar chivos expiatorios, la banalización del arte, el odio por la vida intelectual y una feroz resistencia al cosmopolitismo.”

Rob Rieman[1]

Nada mejor que el epígrafe para entender el absurdo fallo de la sala constitucional del tsj (en minúscula todo, por lo írrito de su constitución y acción) ordenando elecciones en las universidades autónomas (públicas) en los próximos seis meses. Es menester señalar, en primer lugar, que en las universidades o prospectos de universidades que controla directamente, el fascismo nunca ha realizado elecciones: designa ejecutivamente al equipo rectoral por su lealtad política. El artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Educación chavista (base del fallo mencionado), alega que una “democracia participativa, protagónica” significa igual peso al voto de cada empleado, estudiante, egresado y profesor. Además de pervertir de forma absoluta el carácter académico que debe tener la designación de sus autoridades, constituye un pretexto increíblemente cínico, cuya invocación debería avergonzar a la ponente[2]. El avance del conocimiento científico, tecnológico y humanístico no obedece a procedimientos democráticos. La cura del cáncer, la derrota de la inflación o la composición de una cautivante obra literaria no se deciden por mayoría. Resultan de algo que el oscurantismo chavo-madurista aborrece: el talento y la creatividad.

Basta una mirada a algunos elementos de la LOE, aprobada en 2009, para apreciar la inquina del fascismo gobernante en contra de la educación. La “fuerza productiva” por excelencia hoy es el talento humano. Su aplicación generalizada es la base de la llamada Sociedad del Conocimiento de hoy. Pero en esta ley no hay referencia alguna a la necesidad de capacitar al país para afrontar exitosamente los desafíos de esta sociedad globalizada, ni a formar una ciudadanía universal, insertada ventajosamente en la generación y aprovechamiento de los avances científicos y tecnológicos de la humanidad. Por el contrario, la LOE prioriza los valores nacionales y los “saberes populares, artesanales y ancestrales”, elementos de una “venezolanidad” primitiva y restringida, aislada del mundo.[3] En las casi 10.000 palabras de la ley, la palabra “aprendizaje” (o “aprendizajes”) sólo aparece cuatro veces; la “escuela”, nueve veces y la palabra “enseñanza”, apenas cuatro veces. La insistencia en valores propios de un nacionalismo atávico, la ausencia de referencia a los desafíos de la sociedad del conocimiento moderna, los atisbos racistas que se asoman aquí y allá en esa ley, permite argüir el carácter retrógrado y oscurantista de la concepción “educativa” chavista.

Pero, además, con el absurdo esquema electoral del mencionado artículo 34.3 de la LOE, el fascismo saldría todavía más aplastado que en las elecciones universitarias realizadas conforme a la Ley de Universidades vigente: en ninguno de los cinco padrones electorales especificados ganaría (estudiantes, profesores, empleados, obreros, egresados). A pesar de la cantada intención de trampear cualquier elección que pudiese presentarse bajo esta pachotada, en absoluto pudiera legitimar su eventual “triunfo” en las circunstancias de hoy. No es ganar la universidad a través de un sistema electoral insensato lo que se pretende. Es simple y llanamente su destrucción.

El disparate jurídico del fallo –viola el art. 109 de la Constitución que consagra la autonomía universitaria; es extra petita, al sentenciar fuera de lo solicitado[4]; anula preceptos de la Ley de Universidades; y otros desatinos más, ampara la intención de destruir a nuestras más prestigiosas Casas de Estudio que siempre exhibió el chavismo. Poco a poco, cual “tragavenado” constrictora, fue estrechando ámbitos de gestión autónoma, reduciéndoles el presupuesto, atacándolas con bandas violentas que destruían equipos y enseres e intimidaban sus estudiantes, para finalmente, condenar a sus profesores con sueldos de hambre, obligando a muchos a buscar horizontes foráneos que podrían proporcionarle una vida digna.

El fascismo se alimenta del resentimiento, la envidia, la sed de venganza y los temores que resultan de la inseguridad que provocan los cambios asociados al progreso de la humanidad. No hay nada que lo amenace más que la búsqueda de la verdad, la contraposición de ideas, la asimilación crítica de los avances del pensamiento universal, el cultivo de la belleza, del respeto, la convivencia y la libertad. Son éstos, precisamente, los valores y fines que, precisamente, corresponde cultivar una verdadera universidad. El primitivismo, la ignorancia y la visión de secta que alimenta el oscurantismo –bases del imaginario castro-comunista y chavista– son su antítesis.

El único y verdadero sentido del fallo es terminar por destruir a la universidad venezolana de calidad, con todo lo que significa. De un régimen que se atrinchera invocando la violencia, el atraso y su divorcio de todo lo que huele a progreso y a libertad, no podía esperarse nada distinto.

Lo irracional del fascismo se pone de manifiesto, por demás, cuando en momentos en que está claramente de salida en Venezuela, en sus estertores finales y cada vez más arrinconado, decide abrirse un nuevo frente con este estúpido fallo, en vez de procurar acuerdos que les ofrezcan ciertas garantías a sus integrantes una vez se produzca la liberación del país. Invocando de nuevo la fábula de la rana y el escorpión: está en su naturaleza destruir.

[1] Para combatir esta era. Consideraciones urgentes sobre el fascismo y el humanismo. Penguin Random House, Grupo Editorial, 2017.

[2] La ponente del fallo fue Carmen Zuleta de Merchán

[3] La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la AN de entonces, María de Queipo, sostenía que “la sabiduría popular sobrepasa los saberes académicos”. Diario El Nacional, Pág. 5 Nación, 16/08/09

[4] Recurso de nulidad introducido por rectores de las universidades nacionales sobre el artículo 34.3 de la LOE.

La consulta del régimen por Luis Manuel Aguana – PanamPost – 18 de Agosto 2019

El régimen de Maduro y sus acólitos no ve salida en los diálogos y propone una consulta propia con un sistema electoral que controla

Vladimir Padrino, ministro de Defensa del régimen. (Foto: Flickr)

Pareciera haber incomodidad en Padrino por la suspensión del diálogo en Barbados. Efectivamente, el Ministro de la Defensa hizo un llamado público a volverse a sentar a la mesa de negociación porque «nosotros, los bolivarianos, creemos en la humanidad, en el ser humano, en la razón, en las ideas. En cambio, no creemos, ni queremos guerra. Solo creemos en la guerra si es necesaria para darle libertad, independencia y soberanía a Venezuela«.

Estas palabras son pronunciadas por quien ha permitido la mayor invasión de fuerzas militares extranjeras en nuestro país desde su fundación, siendo su trabajo garantizar la defensa y la integridad de la República, poniendo a los cubanos a dirigir nuestras Fuerzas Armadas, es decir, alguien que no está ni de lejos preparado para «darle libertad, independencia y soberanía a Venezuela». Más patético, imposible.

Además de lo contradictorio de las declaraciones de Padrino, al haber sido el régimen quien suspendió las negociaciones en Barbados, cabe preguntarse si lo dijo para remendar el diálogo con la oposición oficial, habida cuenta que quien pierde más es la tiranía. En otras palabras, reconocen con esa declaración que fue una estupidez haberse parado de la mesa y mandan a Padrino a decirlo. Es el régimen quien esta amarrado a esa mesa, y es la oposición quien les da oxígeno al seguir concurriendo a ella.

Yo no albergo la menor duda que la oposición oficial quiera volverse a sentar con el régimen a pesar de las declaraciones de John Bolton, cerrando definitivamente esa puerta. Sin embargo, partir de esas declaraciones del asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la oposición oficial no puede ofrecer al régimen menos sanciones (o ninguna en absoluto). Resultado: Maduro no ve la lógica de asistir a Barbados y comienza a moverse con acciones que se encontraban detenidas por ese diálogo, entre ellas, la más importante: estrechar el cerco para anular la Asamblea Nacional, único bastión del poder opositor.

Pero para los venezolanos que seguimos de cerca esta telenovela por entregas, estamos a la expectativa de cuál es el siguiente paso de esa oposición que actúa de acuerdo a la consigna de Eudomar Santos, «como vaya viniendo, vamos viendo». Porque el régimen sí actúa en diferentes tableros alternativos y para muestra un botón: la consulta de la tiranía.

Hace un mes, el 15 de julio de 2019, los medios digitales publicaron una noticia que pasó inicialmente desapercibida: la oposición que acompañó a Maduro a las elecciones del 20 de Mayo de 2018 propuso públicamente un referendo consultivo para «la renovación de los poderes públicos». En esta propuesta, resaltaban tres puntos especialmente relevantes: «7) Proponemos convocar un referendo consultivo, basado en los artículos 2, 5, 70 y 71 de la Constitución para consultar al soberano sobre la convocatoria a elecciones generales que permitan renovar todos los poderes públicos nacionales; 8) Exigimos que para hacer realidad esta propuesta, se sostengan y mantengan en el tiempo negociaciones entre las partes con participación de toda la diversidad política nacional y no solo de las élites que conforman los dos polos corresponsables de la crisis. 9 Exigimos así mismo que antes de cualquier convocatoria electoral, se designe como condición previa un nuevo CNE por consenso de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial».

En otras palabras, una consulta propuesta por «la oposición» de conveniencia (¿pagada?) del régimen , hecha con un CNE que acuerde el gobierno de facto de Maduro, que decida si se sustituyen o no unos los poderes públicos cuyos lapsos están establecidos constitucionalmente y con unas firmas y unos votos que certifican Maduro, Diosdado y su Poder Electoral.

Efectivamente, el 9 de agosto los medios digitales publican «el vocero de la Alianza por el referendo consultivo, Enrique Ochoa Antich, aceptó la invitación de Diosdado Cabello a conversar» y a seguidas los mensajes enviados entre ellos y Diosdado Cabello.

¿Será que nos creen tan estúpidos como para que pensemos que esto no fue arreglado entre ellos desde el principio, que esta operación que comenzó en la Sala C de la UCV en julio no fue una iniciativa del régimen utilizando el parapeto de quienes le hicieron la comparsa en las elecciones del 20 de mayo de 2018? ¡Por favor! Es de hecho la ejecución del plan alternativo de pasarle la aplanadora a la Asamblea Nacional.

En los hechos, ya comenzó la utilización indebida del referendo consultivo por parte del régimen utilizando los medios electorales que controla. Muy pronto, aparecerán los «millones de firmas» para convocar elecciones anticipadas de la Asamblea Nacional, violando la Constitución, y posteriormente los millones de votos con las máquinas Smartmatic para realizar esa elección anticipada.

No es la primera vez que el régimen se adelanta utilizando un instrumento propuesto por la Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO). Lo hicieron la primera vez el 1 de mayo de 2017 al convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin la autorización del pueblo venezolano, luego de que reiteradamente recomendáramos a la oposición oficial iniciar esa convocatoria constituyente con la mayoría calificada que tenían desde la instalación del Parlamento opositor el 5 de enero de 2016.

El régimen de nuevo se nos adelanta con una convocatoria fraudulenta de la soberanía popular con una consulta, luego de que le planteáramos a la oposición oficial y al país la convocatoria de esa misma soberanía para el cumplimiento  cabal del «cese de la usurpación», a través de un plebiscito sin el CNE. ¿Hasta cuando tanta miopía y estupidez opositora? Llegó la hora de actuar con la iniciativa. Convoquemos nosotros ya a esa soberanía, pero a favor del pueblo.

Maduro, dos años atrincherado en su Constituyente por Florantonia Singer – El País – 1 de Agosto 2019

La Cámara paralela a la Asamblea Nacional, cuya misión era redactar una nueva Constitución, solo ha acelerado la deriva institucional de Venezuela

maduro
El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, el pasado domingo en Caracas. MANAURE QUINTEROREUTERS

El 30 de julio de 2017, en unos comicios que la comunidad internacional y la propia empresa proveedora de las máquinas de votación tachó de fraudulentos, el chavismo asestó uno de sus más duros golpes en el pulso por mantenerse, a toda costa, en el poder en Venezuela. Se escogieron a 545 delegados con la misión de redactar una nueva Constitución, que sustituyera aquella que el fallecido Hugo Chávez promovió en 1999 en los albores de su revolución. Dos años después, no hay una nueva Carta Magna y poco se sabe del proceso. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se erigió en un parlamento paralelo, un contrapoder, que ha acelerado la deriva institucional del país.

En un acto en el Panteón Nacional, donde reposan los restos de los héroes venezolanos, el régimen de Maduro celebró el martes la nueva efeméride de su imaginario político particular. Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, señaló que “la única transición que hay en Venezuela es hacia el socialismo bolivariano”.

En la retórica del chavismo, con la creación de este órgano —convocado sin la previa consulta popular que exige la Constitución y alterando las bases del padrón electoral— se aplacó la intensa oleada de protestas antigubernamentales de ese año, que dejó más de 150 muertos y miles de heridos durante cuatro meses de manifestaciones callejeras. Pero también se dio un grave zarpazo al Poder Legislativo, al terminar de quitarle a la Asamblea Nacional todas las competencias y asumirse la Constituyente como un órgano plenipotenciario.

La ANC ha servido de brazo político de las medidas más represivas que ha tomado Maduro con el país zozobrando en medio de una asfixiante crisis política, social y económica. Se cuentan 12 leyes, 63 decretos y 56 acuerdos, que bajo la lupa jurídica carecen de validez por ser emitidos por un ente con fallas de legitimidad constitucional desde su origen, pero que de facto han generado ya consecuencias.

“La ANC tiene poder y manda. Pero salvo la AN, todos los poderes actualmente son ilegítimos e inconstitucionales. La ANC ha nombrado al Defensor del Pueblo y al fiscal, ha ratificado a los magistrados y ha hecho revocatorias de la inmunidad parlamentaria de diputados, usurpando las funciones del Parlamento”, critica la abogada Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia.

Delito de manifestarse

Entre los actos más polémicos de este órgano se encuentra la Ley contra el Odio, de las primeras sancionadas en 2017, usada para criminalizar la protesta, el disentimiento, la actividad de los partidos políticos y cercar más aún la libertad de expresión. “Esta ley transforma en delito el derecho a manifestarse, en un delito gravísimo, para el que establece penas de 20 años”, apunta Louza. En los últimos dos años, la norma ha abultado la lista de presos políticos de Maduro hasta llevarla casi al millar, número que se ha reducido a aproximadamente la mitad tras la presión internacional.

La jurista reprueba también la Ley del CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), que institucionalizó un subsidio alimentario de emergencia, implementado ante la caída de la oferta, y que se ha convertido en un sistema de control social, embarrado por una trama de corrupción, que involucra al entorno más cercano Maduro.

Otras medidas de la Constituyente fueron la convocatoria de elecciones locales en 2017 y de presidenciales en 2018, en las que no se permitió participar a buena parte de la oposición. La Cámara se creó por un periodo de dos años. En mayo pasado, un nuevo acuerdo extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, justo cuando vence el período del actual Parlamento y debería renovarse el único poder que queda legalmente constituido.

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