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Venezuela Has No Human Rights by TalCual – Latin American Herald Tribune – 12 de Julio 2019

Building a new Venezuela inexorably implies building a new system of human rights – and from the ground up. That being said, human rights are non-negotiable, and neither is the necessity of a legitimate justice that protects them

It seems a paradox, but it is not. The Constitution of 1999 is broad and diverse in the recognition of human rights, but once again the political regime that has benefited from that Constitution has reduced all human rights to cosmic dust. It is not a paradox, however, because the proclamations of the Constitution were only that, proclamations; there was no intention to comply with them. Everything was a mockery. A fraud to the Venezuelan people. The tragedy of the 21st century proves it unequivocally.

That some people don’t want to see it this way, is another thing. Just after Michelle Bachelet left the country, repression against civilians and military personnel escalated, and scandals have made international headlines. So what does the United Nations High Commissioner for Human Rights have to say about this? She was received by the “red” hegemony with much fanfare, was brazenly lied to, and, after offering her all kind of declarative guarantees, it decided to carry out more intense repression, resulting in the total violation of human rights.

States around the world have the obligation to recognize them, guarantee them and defend them. This happens in the case of democratic countries, with all the possible hurdles in the way, because there is a legality in these countries that does not operate as an appendix of the presidential power. Tyrannies have no rule of law, hence there is no observance of human rights, whatever their Constitutions, or their spokespersons, might say.

This has been, and is, the case in Venezuela under the aegis of the red hegemony. Nothing but a lot of hot air in the field of human rights, and constant and increasing widespread violations to them. Because we should be clear on one thing: human rights violations can occur in any part of the world, and as a matter of fact they do occur, but if there is a democratic state based on the rule of law, there is the possibility to deliver justice and preventing further violations. None of which is possible in despotic regimes, in which the contempt for human rights is inherent.

A country ruled by a predatory satrapy, which means it kind of survives amid a humanitarian catastrophe, increasingly isolated, and crushed by the desire for continuity in power, starting with that of its Cuban bosses, is a country where there cannot be, by definition, real human rights in any way.

There are constitutional and legal proclamations, and tons of political verbiage. But all that is part of a big fat lie. A skillful lie that has prevailed for quite a few years now.

Venezuela sin derechos humanos por Fernando Luis Egaña – El Nacional – 6 de Julio 2019

Fernando Luis EgañaParece una paradoja, pero no lo es. La Constitución de 1999 es amplia y diversa en materia de reconocimiento de derechos humanos, pero el régimen político que se ha beneficiado de esa Constitución volvió añicos a todos los derechos humanos. No es una paradoja, sin embargo, porque las proclamaciones de la Constitución eran eso, proclamaciones; no había intención de cumplirlas. Todo aquello fue una burla. Un fraude al pueblo venezolano. La tragedia del siglo XXI lo demuestra de manera inequívoca.

Que algunos quieran seguir equivocándose es otra cosa. Al no más irse la señora Bachelet, arreció la represión a civiles y militares, y los escándalos han alcanzado titulares internacionales. ¿Qué tiene que decir al respecto la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU? La hegemonía roja la recibió con bombos y platillos, le mintió con su usual descaro, y después de ofrecerle todo tipo de garantías declarativas, decidieron hacer más intensa la represión, es decir la violación crasa de los derechos humanos.

Los derechos humanos, en cualquier dimensión sustancial, sea política, civil, económica, social o cultural, son derechos que las personas tienen por el hecho de ser personas. Los Estados tienen la obligación de reconocerlos, asegurarlos y defenderlos. Eso ocurre en el caso de los países democráticos, con todos los pesares que pueda haber, porque en estos hay una legalidad que no funciona como un apéndice del poder. En los despotismos no hay Estado de Derecho; luego, tampoco hay vigencia de derechos humanos, digan lo que digan las constituciones correspondientes, o la vocería del despotismo.

Ese ha sido y es el caso de Venezuela bajo la égida de la hegemonía roja. Mucha palabrería en el campo de los derechos humanos, y violaciones generalizadas de los mismos de manera constante y creciente. Porque un asunto debe quedar claro: violaciones de los derechos humanos se pueden producir en cualquier parte, y de hecho se producen, pero si hay un Estado democrático de derecho, existe la posibilidad de hacer justicia e impedir nuevas violaciones. Nada de lo cual es posible en los regímenes despóticos, en los que el desprecio por los derechos humanos le es connatural.

Un país regido por una satrapía depredadora, que medio sobrevive en una catástrofe humanitaria, cada vez más aislado, y aplastado por el afán de continuismo de la jefatura del poder, comenzando por los patronos cubanos, es un país donde no puede haber, por definición, derechos humanos de verdad. Hay proclamaciones constitucionales y legales, y mucha verborrea política. Pero todo eso forma parte de una gran mentira. Una mentira habilidosa que durante no pocos años logró imponerse.

La reconstrucción de Venezuela pasa de forma inexorable por la reconstrucción de un sistema de derechos humanos. Y desde sus propios cimientos. En ese sentido, los derechos humanos no son negociables, y la necesidad de una justicia legítima que los reivindique, tampoco.

Acosta Arévalo, Albán, Mandela y Bachelet: tratamiento de reclusos y responsabilidad del Estado por Jesús Alejandro Loreto C. – ProDaVinci – 1 de Julio 2019

El 29 de junio de 2019, el ministro Jorge Rodríguez confirmó a través de un comunicado oficial la muerte del capitán de corbeta (R) Rafael Acosta Arévalo. Este hecho reavivó las gravísimas denuncias sobre torturas, tratos crueles e inhumanos que lamentablemente se han hecho cotidianas en Venezuela. Recordemos que en octubre de 2018, falleció el concejal Fernando Albán quien, al igual que Rafael Acosta Arévalo, fue señalado con vehemencia de haber participado en un magnicidio frustrado. Aunque ambos fueron apresados días antes por organismos de seguridad de Estado, ninguno tuvo la oportunidad de defenderse, pues los dos fallecieron antes del inicio del proceso penal: Albán antes de ser presentado ante un juez, y Acosta Arévalo sin concluir la audiencia de presentación.

El Grupo de Lima, la Unión Europea y el Departamento de Estado norteamericano han condenado uno y otro deceso. Por su parte, el diputado Juan Guaidó y otros líderes de la oposición, han dicho que se trata de atrocidades promovidas desde el Estado. Todos, a propósito del hecho más reciente, han reiterado la necesidad de que haya una investigación profunda e independiente que disipe cualquier duda respecto de las circunstancias en que murieron estas dos personas. Suicidio, tortura o extrema negligencia, la responsabilidad de estas muertes cae sobre el Estado.

Las Reglas Mandela

El 17 diciembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos o Reglas Nelson Mandela, llamadas así como reconocimiento a los 27 años que el expresidente sudafricano pasó tras las rejas sin abandonar su lucha por la igualdad, los derechos humanos y la democracia. Este instrumento, tiene 122 reglas orientadas por los fines establecidos en la Carta de Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y pretende reafirmar el trato digno inherente a la condición humana, que debe proferirse incluso a los peores criminales.

No se trata de una descripción detallada sobre el funcionamiento de un sistema penitenciario, sino de las condiciones mínimas admitidas por las Naciones Unidas sobre el tratamiento que debe recibir, sin distinción, toda persona privada de libertad. Al respecto hay dos aspectos que merece la pena destacar:

1. Ningún recluso puede ser sometido a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y no existe circunstancia alguna que justifique lo contrario.

2. La seguridad de los reclusos debe garantizarse en todo momento, al margen de su situación jurídica. Vale decir, que la inestabilidad política o económica e incluso la condición de culpable de un recluso, no permite relajar las Reglas Mandela.

Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Venezuela es uno de los países que ha ratificado este tratado internacional y que además reconoce la competencia del Comité Contra la Tortura, cuerpo de expertos que se encarga de monitorear la implementación de la Convención. Este instrumento pone sobre el Estado la carga de evitar, investigar y sancionar todo acto de un funcionario u otra persona en ejercicio de funciones públicas, destinado a ocasionar dolor o sufrimiento grave, físico o mental, para conseguir información o una confesión, o castigar, intimidar o coaccionar por cualquier razón basada en discriminación de toda índole.

La Constitución y el Código Penal de Venezuela

El artículo 46 de nuestra Constitución es absolutamente consistente con lo anterior, pues claramente se establece que las personas privadas de libertad deben recibir el trato digno inherente a la condición humana, de manera que no pueden ser sometidos a tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En ese sentido, la Constitución Nacional dispone que el funcionario que en ejercicio de sus funciones, infiera dolor, maltrato o sufrimiento físico o mental, lo instigue o tolere debe ser sancionado según lo disponga la Ley. Al respecto, Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, sanciona con pena de hasta de 25 años a quien incurra en esta conducta.

La responsabilidad del Estado

No basta con prohibir, investigar y sancionar estos hechos. El Estado está en la obligación de adoptar medidas eficaces tendientes a evitar que las personas privadas de libertad sean víctimas de violaciones a los derechos humanos. Dos muertos en menos de un año no lucen como episodios aislados, por lo que resultaría insuficiente establecer la responsabilidad individual de aquellos que por acción u omisión habrían tenido injerencia en lo sucedido. El Estado debió velar con estricta rigurosidad por el cumplimiento de los protocolos para el traslado de los detenidos y su oportuna atención médica, conforme a lo dispuesto en las Reglas Mandela.

Recordemos que Albán y Acosta Arévalo no fueron presentados ante una autoridad judicial dentro de las 48 horas siguientes a su detención, en contravención a lo establecido con claridad en el artículo 44 de la Constitución Nacional. Por otra parte, al margen de la causa de las lesiones que a Acosta Arévalo le supusieron la muerte y del supuesto estado mental que trajo consigo el suicido de Albán –según la versión oficial–, ninguno recibió oportunamente atención médica. El deceso de ambos se produjo pasadas esas 48 horas, por lo que se ha transgredido la Constitución y se han vulnerado los derechos humanos. Esto pesa sobre los hombros del Estado y el país y todas las personas interesadas merecen conocer la verdad.

Bachelet

Resulta curioso que a más de una semana de la visita a Venezuela Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, muera un militar detenido. El padre de la alta comisionada, el general Alberto Bachelet, murió en marzo de 1974 estando preso en la cárcel pública de Santiago, a comienzos de la dictadura de Augusto Pinochet. Dos años antes, Salvador Allende lo había nombrado secretario de la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización, cargo desde el cual estuvo al frente de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios. Recientemente, el 28 de septiembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia de Chile confirmó la condena impuesta a Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres Jorquera, dos coroneles retirados de la Fuerza Aérea de ese país, quienes golpearon al general Bachelet mientras lo interrogaban. Así agravaron su condición cardíaca, lo que devino en su muerte.

La sociedad civil y la opinión pública internacional esperan no tener que aguardar 42 años para conocer la verdad sobre las muertes de Acosta Arévalo y Fernando Albán.

Llegó la hora del federalismo por Eugenio Montoro – Impacto CNA – 25 de Junio 2019

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         Desde 1811 hasta 1961 hemos tenido 25 Constituciones y en casi todas se mantuvo que Venezuela era un Estado Federal. La actual también lo indica, Artículo 4. La República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado …. y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.

            Pero lo cierto es que, en la práctica, nunca hemos sido federales y en realidad hemos sido bastante centralistas. Con un País en formación y con poca gente, había buenas razones y de peso para el centralismo, de la misma manera que ahora existen buenas razones para asumir la aventura de la descentralización. Hasta pareciera ser el momento apropiado.

            Como las personas, los Países también crecen en tamaño y talento. Podríamos decir que la Venezuela de 1930 se parecía a un jovencito en formación, pero luego, y principalmente a consecuencia del período democrático, el joven se volvió un adulto y con una capacidad intelectual y conocimientos impresionantes. Hoy en todas las regiones de Venezuela existen personas con mérito para ser grandes gobernadores y alcaldes y hasta con el potencial para ser presidentes. Casi todos con títulos universitarios y muchos hasta con estudios en gerencia pública. Centenares de ciudadanos talentosos y preparados existen en cada especialidad y en cada estado-región y si regresan los que están afuera pues ya ni te cuento.

            Por otra parte, tenemos un País lleno de numerosos problemas y de unas dimensiones y complejidades monstruosas, que resolverlos bajo la figura de un gobierno central sería muy difícil, complicado y, sobre todo, muy lento.

            Los dos puntos mencionados y la regla de oro gerencial de dividir un problema grande en partes más pequeñas, para que sea más fácil de manejar, apuntarían claramente hacia una descentralización, pero hay además otras razones.

            El Plan País que actualmente se desarrolla para cuando se marche (o lo marchen) Maduro y su combo, trata de reproducir las cosas buenas que teníamos antes de Chávez y de mejorarlas. Ofreciendo disculpas por hacer una injusta simplificación, en buena parte estamos reproduciendo el País y los procesos que teníamos antes de 1998. Esto es lógico, pues nuestra tendencia es tratar de volver a lo bueno conocido y eso hasta nos da seguridad, pero, aunque nos duela admitirlo, debemos recordar que Chávez pudo ser presidente por el gran descontento que la gente tenía sobre cómo se estaba conduciendo el País. ¿Vamos entonces a reproducir lo que teníamos, para arriesgarnos a caer en el mismo hueco y que vuelva otro Chávez o es el momento de cambiar radicalmente el cómo hacíamos las cosas?

            El sistema Federal y la descentralización es la respuesta correcta. Ahora se puede hacer pues tenemos los talentos regionales en todas las materias y lo debemos hacer como un nuevo modo de gobernar y poder ejecutar soluciones en paralelo y simultáneamente. Repetir el anterior esquema de gobierno donde todo se centraliza sería un gran error. Adicionalmente la estabilidad de los primeros tiempos de un nuevo gobierno centralista, lleno de problemas a resolver, con miles de exigencias simultáneas y que esperan las urgentes respuestas, sería mucho más frágil que la de un poder con los problemas repartidos en las regiones.

            Por supuesto esto es fácil decirlo como idea conceptual, pero sumamente complejo el realizarlo. Para empezar los que lo tendrían que aprobar son los mismos cuyo poder centralista se reduciría, pero imaginemos que los ilumina un especial “eureka” y lo aceptan. Luego vendrían los miles de asuntos a resolver, muchos relacionados con el tesoro regional, la recaudación de impuestos usualmente centrales, la transferencia de las infraestructuras, nóminas, deudas y un kilométrico etc.

            Todas las funciones serían transferidas a cada estado y este actuaría con la mayor autonomía posible. Un gobierno central y pequeño, representaría a la Nación y coordinaría las cosas que todos los estados deberían compartir, como señales de tránsito, sintonías técnicas en servicios y comunicaciones y las relaciones internacionales, entre otros.

            ¿Nos da tiempo de escribir un Plan País con la descentralización como norte? Si quisiéramos lo haríamos y todos estaríamos encantados en probar algo realmente distinto como sistema de gobierno y como forma efectiva y eficiente de resolver los problemas de cada región. El gobierno central haría entonces buena la conocida frase de LaoTse “Gobierna mejor quien gobierna menos”.

Carta a nuestro querido líder por Claudio Nazoa – El Nacional – 30 de Mayo 2019

Querido líder:

Yo lo admiro porque usted y los amigos que lo mantienen en el poder, como buenos toreros, han logrado lidiar con la oposición de la derecha apátrida que está acompañada por la del centro traidora y por la izquierda moderada burguesa, es decir, por 87% de los venezolanos.

Lo que más he admirado en este tiempo convulso y gracias a su sapiencia infinita es que decidió que ya no le gustaba la Constitución de su comandante eterno (¿se acuerda?, el que nació en Sabaneta de Barinas), quien decía: “Esta es la mejor Constitución del mundo”. Sin embargo, usted, mi admirado comandante en jefe, dijo que había que cambiarla por otra que fuera la más mejor del mundo. Para eso, con el TSJ que nombró, montó una Asamblea Nacional paralela a la legítima y la nombró legítima y a la legítima, la declaró ilegítima. Nunca había visto algo tan maquiavélicamente bien hecho. De ñapa, sus amigos nombraron al fiscal general, al contralor y al defensor del pueblo.

Estoy emocionado querido líder y sin que me malinterprete, confieso que me gustaría invitarlo a bailar porque es que ¡usted sí que tiene son! Inventa vainas que parecen que son verdaderas aunque todo el mundo sabe que no lo son.

Dígame cuando el otro día –¡es que usted no deja de sorprenderme!– unos muchachitos en el destruido, abandonado y malogrado Hospital de Niños morían por falta de tratamiento a pesar de los esfuerzos de los médicos héroes y usted, orondo y rodeado de militares, dijo que iba a inaugurar una fábrica de ametralladoras y mostró en cámara unas motos rarísimas que, según sus palabras, “fueron hechas con material de desecho” y les instalaron un lanzagranadas y una ametralladora. ¡Genial! Esa vaina no se le ocurre a nadie, pero la cosa no quedó allí. Me encantó cuando dijo que iba a mandar esas motos a los barrios con 10.000 simuladores de tiros “para que el pueblo agarre puntería”. ¡Tremenda idea! mi querido comandante en jefe, lo único, y perdone que humildemente le sugiera algo, es que creo que hay que tener cuidado para que a los malandros no se les ocurra atracar con lanzagranadas y ametralladoras.

Otra idea extraordinaria es la de dejar a la gente sin dinero en efectivo. Usted está dando una lección de comunismo, es malo que el pueblo se acostumbre a tener plata para comprar las cosas que quiera porque lo ideal es que mendiguen la bolsa de comida que les regala. Lo del Metro que nunca funciona también le está quedando sensacional, es ideal para que los venezolanos hagan ejercicio. Lo del apagón de cuatro días, ¡ni hablar! y qué bellas se ven las estructuras de cemento por donde iba a pasar un tren que costó 10.000.000.000 de dólares y que hoy, ornamentalmente, decoran la autopista desde Aragua hasta Carabobo y desde Petare hasta Guarenas. Fíjese que en Egipto tuvieron que esperar 4.000 años para que las cosas se arruinaran, en cambio usted ya las construye hechas ruinas.

Ah, no, pero dónde me deja eso de que la gente se quede sin gasolina. ¡Eso sí que no tiene nombre!, qué venganza tan sabrosa para ese 87% de venezolanos que no lo quieren y para quienes lo quieren también. ¡Bien hecho! ¡Se lo tienen merecido! Eso es terapia ocupacional, pues en lugar de estar maquinando en cómo salir de usted, ellos se mantendrán ocupados durante tiempo infinito haciendo cola.

Y hablando de cola, lo de poner durante horas y a veces hasta días a los abuelitos en una interminable fila india como cuando eran niños de kinder para cobrar una pensión que no alcanza para comprar un pollo, es sencillamente extraordinario y plausible, porque tengo entendido que esos viejitos fueron adecos y copeyanos y eso hay que pagarlo.

Querido líder, usted se ha convertido en un mago extraordinario: mete la mano en el petróleo y lo desaparece, mete la mano en el cemento y lo desaparece, mete la mano en los pasaportes y los desaparece para siempre, a menos que los de la derecha se bajen mínimo con 1.000 dólares. Mete la mano en las siembras de caña de Aragua que tenían 300 años y en un santiamén convierte aquella belleza en un tierrero infértil. Mete la mano en las empresas básicas de aluminio y acero y más nunca nadie ve una cabilla ni un simple papel de aluminio. ¡Usted logró tamaña proeza!, desaparecer la mayor reserva de gas del planeta de un solo tiro. Pero lo más arrecho es cuando usted agarra preso a los diputados con inmunidad parlamentaria… ¡zuás!, también los desaparece.

¡Usted es grande, hermano! Tan grande como el extraordinario Harry Houdini, aquel mago escapista del siglo pasado quien, amarrado, encadenado y sumergido en un pipote gigante de agua, siempre lograba huir. A Houdini le salieron bien sus trucos de escapismo hasta que un día se ahogó ante los ojos atónitos del público y de sus ayudantes, quienes por cierto no hicieron nada para salvarlo. Dios me lo salve a usted.

Bueno, mi querido Kim Jong-un, me despido diciendo como usted siempre dice: “La lucha sigue”. ¡Claro que sigue y va muy bien!

Y tocando otro tema, me tiene preocupado otro mago buenísimo  que apareció por allí, uno de apellido Guaidó que… ¡Ay, se me acabó la página!

Cuatro claves sobre la inconstitucional propuesta de adelantar las elecciones parlamentarias por Acceso a la Justicia – La Patilla – 27 de Mayo 2019

Las recientes declaraciones del usurpador Nicolás Maduro Moros, el pasado 20 de mayo, de adelantar los comicios parlamentarios, vuelven a causar desconfianza entre los venezolanos, porque representan sin duda una nueva  amenaza contra la Asamblea Nacional (AN), el único poder público legítimo y constitucional existente en el país y reconocido por la comunidad internacional.
Un precedente en este sentido fueron las elecciones presidenciales celebradas hace un año (20/05/2018), convocadas antes del tiempo por la írrita Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin justificación alguna, lo que sirvió de maniobra política para obtener ventajismos sobre los partidos de la oposición que habían sido inhabilitados en vísperas de ese proceso tras una serie de groseras irregularidades que permitieron, bajo la complicidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), adjudicar ilegítimamente a Nicolás Maduro Moros la victoria electoral.

En este sentido, Acceso a la justicia considera pertinente llamar la atención sobre este nuevo anuncio, que de materializarse, significaría otro ataque más a la voluntad popular constituida a través de la AN, sobre todo cuando está comprobado que adelantar o retrasar la celebración de elecciones es un recurso que ha sido utilizado por el régimen político actual a su conveniencia según si tiene o no suficiente control social que le permita hacer elecciones fraudulentas sin mayores consecuencias, con el fin de perpetuarse en el poder y, en este caso, se quiere usar básicamente para deslegitimar y acabar con la única institución democrática que existe en la actualidad.

Desde nuestra perspectiva,  la inconstitucional artimaña que el régimen usurpador de Maduro busca llevar a cabo se puede explicar en cuatro claves:
1.- El adelanto de las elecciones parlamentarias se traduciría en una violación del artículo 192 de la Constitución, cuyo texto establece que los diputados de la AN durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones. Por ello dado que la elección de la actual AN fue celebrada el 6 de diciembre de 2015, necesariamente la próxima votación para elegir a los nuevos diputados debería tener lugar en diciembre de 2020.

Este adelanto se opone al período constitucional del mandato de los parlamentarios; sería una maniobra para quitarle aún más autoridad a la AN, y además, un engaño intolerable que significaría el recorte del periodo legislativo 2016-2021 de los diputados electos legítimamente en diciembre de 2015 sin justificación legal alguna y sin enmienda constitucional.

2.- Tampoco tendría asidero constitucional, porque violaría el derecho del pueblo a elegir sus representantes mediante sufragio universal, directo y secreto (artículo 63), en este caso, expresado en los comicios parlamentarios celebrados el 6 de diciembre de 2015.

Desde el marco de la Constitución, el adelanto de la elección parlamentaria constituiría una usurpación a la soberanía del pueblo (artículo 5 de la Constitución) que es quien eligió mediante el voto a los diputados a la AN electos para la legislatura 2016-2021.

3.- La propuesta electoral planteada apuntaría a un claro proceso parcializado dada la composición del CNE.

No pareciera que haya pecado por inocente la oferta de Maduro al pretender adelantar las elecciones parlamentarias, teniendo en cuenta que la práctica electoral que impera en el país en los últimos años demuestra un Poder Electoral que actúa al margen de la legalidad y de los principios y valores de un modelo democrático, con el objetivo de favorecer las candidaturas oficialistas.

De hecho, es reconocida la plena actuación política deliberada y las arbitrariedades cometidas en procesos pasados por parte del CNE, así como la falta de confianza y de credibilidad respecto a los rectores y otros directivos que lo componen, designados por el TSJ y no por la AN como manda la Constitución.

Por ello, para Acceso a la justicia es innegable exigir la renovación del árbitro comicial, sobre todo si se quieren contrarrestar los fraudes que se dejaron ver especialmente en las últimas cuatro elecciones celebradas en el país, y de este modo asegurar verdaderamente la imparcialidad e independencia en el porvenir electoral del país.

4.- El adelanto de elecciones parlamentarias no  implica  una auténtica oferta electoral.

El adelanto de las parlamentarias también significaría un fraude a la Constitución y a la soberanía popular, teniendo en cuenta que casi todos los partidos políticos y líderes opositores al régimen de Maduro están anulados o inhabilitados tras una lista de decisiones inconstitucionales dictadas por la írrita ANC, así como por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Contraloría General de la República (CGR) y el CNE.

En ese contexto, no sería posible asegurar unas elecciones competitivas, pues el cuerpo electoral no tendría una verdadera libertad de elegir a sus candidatos por la ausencia de una real diversidad en la oferta electoral, tal y como ocurrió con las fraudulentas elecciones presidenciales celebradas el 20 de mayo de 2018.

De allí que ante la carencia de candidaturas de organizaciones políticas de la oposición, la ausencia de separación efectiva de poderes y la falta de transparencia y credibilidad en el CNE descrita en el punto anterior, entre otros aspectos, resulta claro que este nuevo proceso electoral tampoco sería democrático ni creíble, como no lo fue el de la elección presidencial el 20 de mayo de 2018.

En suma, para Acceso a la justicia, es obvio que el adelanto de las elecciones legislativas nacionales agravaría aún más la crisis institucional que ya vive Venezuela, porque, pese a que en la práctica las decisiones del órgano parlamentario no tienen fuerza jurídica para el régimen político gobernante, sus actuaciones dan una luz de esperanza sobre el deber ser a los venezolanos, y además, sirven para visibilizar las infracciones y violaciones del Gobierno de facto, porque en las sesiones de la AN se denuncian esos hechos y se informa a la comunidad nacional e internacional sobre ello.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El planteamiento de adelantar las elecciones parlamentarias es una maniobra política del gobierno usurpador de Maduro en el intento de acabar de manera definitiva con el Parlamento a la luz de su reconocimiento internacional y a fin de no tener a lo interno un órgano político que denuncie sus crímenes y violaciones, ni dé esperanza alguna sobre un posible cambio político hacia una democracia y un Estado de derecho, como lo ha hecho el órgano legislativo desde su elección en diciembre de 2015.

Hasta tanto no sea renovado el Poder Electoral, el ejercicio auténtico de la soberanía popular, así como la objetividad e imparcialidad de cualquier proceso comicial en Venezuela estarían comprometidos groseramente, lo cual haría más proclive la obtención de resultados fraudulentos.

Flota sin potencia por Antonio J. Pérez Aguirre – La Patilla – 11 de Mayo 2019

A propósito de la incursión en aguas venezolanas del USCS JAMES

download.jpgDesde hace 4 lustros, cualquier persona que viva la Venezuela actual, le es muy difícil conciliar el sueño y tener un rato de tranquilidad.
Uno entra en una reunión de trabajo que dure un par de horas, y al salir el país es otro; te acuestas a dormir, cansado de la jornada del día y al cabo de unas pocas horas de sueño el país amanece patas arriba.

El amanecer de hoy no fue la excepción, al levantarme tenía mis redes sociales cundidas de mensajes respecto a la incursión del USCS JAMES en aguas venezolanas, fotos, videos de youtube, audios, etc, etc, etc.

¿Pero qué pasó en realidad?
Veamos los hechos:
Al revisar el portal Marine Traffic observamos que el USCG JAMES, el día 09MAY2019 a las 01:12 horas UTC (04:12 horas HLV) el AIS (Automatic Identification System) cuando se encontraba navegando al Norte de la isla de Bonaire; la data indica que llevaba rumbo 123º, es decir hacia el Suroeste, a una velocidad de 11,3 nudos.
Mantuvo rumbo y velocidad hasta las 17:46 horas UTC (21:46 horas HLV), cuando cambió al rumbo 269º (Este franco) con una velocidad de 10,8 nudos. Ese rumbo y velocidad la mantuvo constante hasta las 19:46 horas UTC (23:46 horas HLV), después de esa hora no hay mas datos. Asumo que desconectaron el AIS.

Existe un audio en el que se escucha una conversación entre el USCS JAMES y una unidad de la Armada de Venezuela no identificada en la que el USCS JAMES informa que se encuentra navegando a 2 millas náuticas fuera del Mar Territorial (MT) venezolano; la unidad no identificada de la Armada Bolivariana le replica diciéndole que el USCS JAMES se encuentra a “13,5 millas náuticas de tierra continental de Venezuela”, y le explica que el USCS JAMES “se encuentra en la Zona Contigua (ZC), aguas jurisdiccionales venezolanas” y le que “la aplicación de la Ley en la mar en esa zona es responsabilidad única del Estado venezolano” e invita al USCS JAMES a que asuma rumbo Noroeste y abandonar las aguas jurisdiccionales venezolanas, e indicándole que “la posición y situación” del buque gringo “será informada al gobierno venezolano a fin de tomar acciones”.
Allí termina la conversación.

Para entender mejor la situación es necesario aclarar algunos conceptos de Derecho Internacional Marítimo (DIM).

El Artículo 11 de la Constitución Nacional dispone el ámbito de acción en donde se ejerce la soberanía de la Republica, estableciendo que “… la soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República; el suelo y subsuelo de éstos; el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran…”
Nótese que no se nombra ni la ZC ni la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

¿Qué es el Mar Territorial?
Es una extensión marina de 12 millas náuticas adyacente a las costas de un Estado y sobre la cual el Estado ribereño ejerce soberanía. Su régimen jurídico fundamental está previsto en la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua de 1958. Este concepto fue ratificado por Venezuela la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos. En ella se especifica que la “La soberanía nacional en el mar territorial se ejerce sobre el espacio aéreo, las aguas, el suelo, el subsuelo y sobre los recursos que en ellos se encuentren” (Artículo 8º) y su extensión (Artículo 9º).

La Zona Contigua (ZC) es una faja marina, adyacente al mar territorial, en la cual el Estado ribereño ejerce jurisdicción en materia de aduana, inmigración y sanidad.
Su régimen está establecido en el artículo 24 de la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua de 1958 y ratificado en la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos. En ella se especifica su extensión de 24 millas náuticas contadas a partir las líneas de más baja marca o las líneas de base desde las cuales se mide el mar territorial (Artículo 43º) y se declara que la República tomará medidas de fiscalización para prevenir y sancionar infracciones en el ámbito fiscal, de inmigración y en materia sanitaria.

A manera de conclusiones:
La Armada no cuenta con un sistema de Control de Tráfico Marítimo ni con sistemas de alerta temprana tales como radares ni planes de patrullaje marítimo tanto con unidades de superficie como aeronavales, que le permitan tomar las acciones necesarias para tomar las acciones de soberanía correspondientes en los espacios marítimos de la República.

El USCS JAMES fue interceptado cuando se encontraba a 13,5 millas náuticas al Norte de la costa del estado Vargas, cuando ya tenía más de 16 horas navegando entre la ZEE y la ZC venezolana, sin que se sepa que la Armada haya tomado acciones.
Al ser interceptado el USCS JAMES por una unidad no identificada de la Armada venezolana se estableció una comunicación entre oficiales de las dos unidades.
De esa conversación se desprende el desconocimiento del oficial venezolano sobre el ejercicio de la soberanía de los Estados Ribereños en la ZC, ya que en ella no se ejerce soberanía plena, sino que se limita a la prevención y sanción de infracciones en el ámbito fiscal, de inmigración y en materia sanitaria y que las atribuciones de la Armada se circunscriben al derecho de aproximación, derecho de legítima defensa, derecho de visita y registro y derecho de persecución continua, tal y como está claramente explicado en el Manual de Derecho Operacional (MAN-JU-CGA-001), una copia del cual debe encontrarse en el puente de mando todas de las unidades flotantes de la Armada.
Al indicarle al USCS JAMES que la situación y posición de ellos sería informado al gobierno nacional, demuestra que no tenían claras las reglas de encuentro o reglas de enfrentamiento, las cuales deben estar definidas en la orden de operaciones u orden de patrullaje.

Los gringos lanzaron el cebo, la presa tardó mas de 12 horas en morderlo, y cuando lo mordió lo hizo de manera nada temeraria, mas bien lo hizo de forma temerosa y con toda la razón del mundo.
Que una Armada de aguas marrones se enfrente contra la Armada mas poderosa del mundo no es ninguna Catalina, alguien debe explicárselo al Comandante General de la Marina quien por lo visto desconoce los elementos más básicos de la estrategia naval.

En caso de una confrontación contra los Estados Unidos, a nuestra Armada o a lo que queda de ella, lo que le queda es aplicar el concepto de Flota en Potencia. Me consta que en el almirantazgo revolucionario (minúsculas adrede) existen al menos dos personas que conocen el concepto (un submarinista y otro especialista en guerra electrónica).
Si les queda un poquito de conciencia y se preocupan por sus subalternos deben tomarse el tiempo para intentar explicárselo al Comandante General.
Si no lo entiende por que su ceguera ideológica e intelectual no se lo permite díganselo en lenguaje llano: o se quedan agazapados o la flota está condenada a desaparecer.

El alto mando de la FAN compañía anónima por Trino Márquez – Noticiero Digital – 2 de Mayo 2019

Aunque los hechos del lunes 30 de abril revelaron que existen fisuras en la FAN -de otra manera no se explica la participación del exdirector del Sebin, general Cristopher Figuera, en la fuga de Leopoldo López- la respuesta del Alto Mando en contra del movimiento rebelde fue categórica.  En su alocución al país, Vladimir Padrino López estuvo acompañado de sus generales. Su intervención no tuvo matices: apoyó a Nicolás Maduro sin atenuantes.
¿Qué hace falta para que el Alto Mando, único sostén realmente importante sobre el que se apoya Maduro, se coloque del lado de los venezolanos? Los ciudadanos se han extenuado en su lucha por recuperar la libertad y el bienestar. La gente ha marchado, ha participado en miles de protestas exigiendo mejoras en los servicios públicos, ha intentado salir de Maduro por las vías  previstas en la Constitución (referendo revocatorio), le concedió a la oposición la mayoría parlamentaria en 2015 para que balancease el gigantesco poder del Ejecutivo y del Estado construido por el chavismo-madurismo. Nada ha servido. El régimen ha bloqueado todas las salidas legales y democráticas. Maduro se atornilló a Miraflores. Ignora la Constitución y reprime tanto a la oposición como a quienes protestan. Carece de legitimidad de origen porque las elecciones del 20 de mayo fueron cuestionadas hasta por Henri Falcón. Tampoco posee legitimidad de desempeño porque su gestión al frente del Gobierno ha sido desastrosa. El país se ha hundido en la miseria y la catástrofe. Los militares saben que la solución de la crisis pasa por remover a Maduro, el obstáculo más pesado que impide realizar elecciones libres y normalizar la nación. En vez de pedirle que se mantenga apegado a la legalidad, avala sus desafueros.
La rebelión del 30 de junio trató de modificar el cuadro congelado que fue formándose en las recientes semanas, luego del meteórico ascenso Juan Guaidó a partir del 5 de enero, cuando fue elegido Presidente de la Asamblea Nacional. El movimiento fue improvisado. No contaron con diez años para preparar la revuelta, como tuvieron Hugo Chávez y los conjurados del 4-F. El movimiento, aunque logró la liberación de Leopoldo López, el preso político más emblemático de la nación, careció de las repercusiones que sus organizadores esperaban. Al comienzo la dirigencia opositora no se vio unida. Ningún cuartel de Caracas ni del interior se sublevó. Ningún avión sobrevoló Miraflores, ni Fuerte Tiuna. No fue tomada ninguna repetidora, ni emisora de radio o televisión. El régimen pudo mantener el control informativo casi total a lo largo de la jornada. Conatel afiló el alicate. Provocó un bloqueo informativo casi completo. Sacó del aire a CNN Internacional, a la BBC de Londres y cerró Radio Caracas Radio. Los circuitos radiales más importantes no pudieron difundir las informaciones veraces. Venevisión, Televen y la mayoría de las emisoras de radio, se colocaron en modo ausente. Durante todo el día estuvieron en Babia. Solo las redes, con muchas limitaciones, se mantuvieron activas informando lo que ocurría.
A pesar de los errores y deficiencias inocultables, el episodio del 30 de junio no fue evaluado negativamente por la gente. Ese mismo día, muchas personas atendieron el llamado de Guaidó a retornar a las calles en la noche. El 1 de mayo la gente volvió a desbordar las vías de Caracas e importantes ciudades de la provincia. El deseo salir de Maduro no decae, aunque algunas veces las esperanzas parpadeen. Esto ocurre con el ánimo de la gente.
Con el Alto Mando sucede algo totalmente distinto. Habla de apego a la Constitución y lealtad a Nicolás Maduro. ¿A cuál Constitución?  Será a una distinta a la de 1999, que se refiere a elecciones libres y justas, a Poderes Públicos autónomos y equilibrados, a gobiernos alternativos, a una Fuerza Armada profesional al servicio de la Nación y de ninguna parcialidad política. A esa Carta Magna el Alto Mando no le es leal. Al contrario, permite que el régimen la viole de forma continua. ¿Por qué esa complicidad? Porque el Alto Mando ha desvirtuado el objetivo de la institución armada. La FAN ya no está para servirle al país, sino para beneficiarse del país. Para aprovecharse de la administración de Pdvsa, de la CVG, del Arco Minero, de la distribución de la gasolina y los alimentos, de los varios centenares de empresas que fueron estatizadas y que hoy son dirigidas por militares activos o retirados, de bancos, estaciones de televisión y otros activos públicos que han sido colocados en sus manos. Los militares se convirtieron en capitanes de empresas, muchas de ellas quebradas.
La institución se transformó en una gran corporación, en una inmensa compañía anónima. Por eso al Alto Mando no le interesa defender la Constitución  ni el bienestar de la gente, cada día más empobrecida y menos empoderada. El argumento de la lealtad a la Carta del 99, esgrimido por Padrino López para defender este régimen decadente, en realidad constituye una excusa que le permite proteger los enormes beneficios que obtiene la compañía anónima que dirige. El pueblo que siga padeciendo y la democracia que continúe extinguiéndose.

Nicolas Maduro: Corruption and Chaos in Venezuela – US Department of State – 15 de Abril 2019

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“Maduro usurped power; he’s not the duly elected president. Juan Guaido is the person that the Venezuelan people chose. America and now 54 other nations simply have ratified that, have said, ‘Yep, we recognize that’s what Venezuelans want.’” – U.S. Secretary of State Mike Pompeo, March 19, 2019.

Venezuela’s former regime, led by Nicolas Maduro, has consistently violated the human rights and dignity of its citizens, plundered the country’s natural resources, and driven a once prosperous nation into economic ruin with his authoritarian rule and socialist economic policies. Maduro’s thugs have engaged in extra-judicial killings and torture, taken political prisoners, and severely restricted freedom of speech, all in a brutal effort to retain power.

MADURO’S UNCONSTITUTIONAL ACTS:

  • In 2015, pro-democracy opposition parties resoundingly defeated the Maduro regime in legislative elections. Shortly thereafter, Maduro began dismantling various branches of government. Lame-duck National Assembly President Diosdado Cabello rushed to stack the country’s courts with unqualified party hacks to serve as Maduro’s guarantors of power.
  • On January 11, 2016, when the National Assembly proceeded to seat three legitimately elected deputies, the Supreme Court declared the National Assembly in contempt, rendering all subsequent legislation approved by this democratically elected body null and void. Maduro has deliberately sidelined this constitutionally legitimate Assembly ever since.
  • Maduro’s National Electoral Council (CNE) cronies oversee the conduct of all elections and declare the winners. Since 2015, they have tilted the playing field to ensure that Maduro can’t lose. They have disqualified every major opposition party and most opposition candidates since 2017.
  • In 2017, acting on Maduro’s orders, the CNE organized widely contested elections for the National Constituent Assembly, whose primary objective was to draft a new constitution. Instead, Maduro used the Assembly to usurp the powers of the legitimate National Assembly, ratify his orders, and enact laws, many of which vilify and disparage opposition figures and their policy proposals.
  • This sham electoral system culminated in the May 20, 2018 presidential elections. With most opposition figures arrested, exiled, or banned from running, Maduro faced a weakened field of candidates in a rigged election. To drive pro-Maduro turnout, the regime bribed voters with desperately needed food and other subsidies in exchange for their votes.
  • On January 10, 2019, Maduro unlawfully assumed the presidency at a ceremony deemed illegitimate by many Venezuelans and more than 50 countries, including most of Venezuela’s neighbors and the majority of the European Union.

In this context, Juan Guaido, elected on January 5, 2019, as President of the National Assembly, the only remaining democratically elected and legitimate institution in the country, invoked relevant articles of the Venezuelan constitution and became Venezuela’s Interim President.

MADURO’S CORRUPTION:

  • Maduro’s most egregious corruption scheme involved embezzlement from the state-owned oil company Petroleos de Venezuela (PdVSA). In 2015, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued a finding under Section 311 of the USA PATRIOT Act. A European bank accepted exorbitant commissions to process approximately $2 billion in transactions related to Venezuelan third–party money launderers, shell companies, and complex financial products to siphon off funds from PdVSA.
  • In 2018, a $1.2 billion money-laundering scheme involving Matthias Krull, a German national and Panamanian resident, and Gustavo Adolfo Hernandez, a Colombian national and naturalized U.S. citizen, exploited PdVSA and took advantage of the corruption in Venezuela’s foreign currency exchange systems by trading U.S. dollars for Venezuelan bolivars at market rate and then back again.
  • In 2016, Maduro declared approximately 12% of the country to be a part of an “Orinoco Mining Arc” and awarded himself broad authorities to oversee the exploitation of resources for personal gain. In 2017, the regime ejected legitimate foreign companies doing business and replaced them with unregulated miners who operate with the backing of senior Venezuelan military officers.
  • In 2017, after a seven month investigation, Venezuela’s National Assembly uncovered instances where the regime “spent” $42 for a box of food, which it then distributed in exchange for votes, at a time when the food items cost less than $13. Maduro’s inner circle kept the difference, which totaled more than $200 million dollars in at least one case.
  • Venezuela ranks 169 out of 180 countries on the Transparency International’s 2017 Corruption Perception Index.

MADURO’S HUMAN RIGHTS VIOLATIONS:

  • In October 2018, Caracas Councilman Fernando Alban traveled to New York to denounce the Maduro regime’s brutality on the sidelines of the United Nations General Assembly. Upon his return to Venezuela on October 5, Maduro’s secret police arrested him at the airport. He died in custody a few days later when he mysteriously fell from a 10th floor window of a maximum-security prison in Caracas.
  • Maduro has increasingly relied on the Special Action Force of the National Police (FAES) that he created in 2017 to carry out illegal raids and extrajudicial killings.
    • The FAES, comprised of 1,300 officers, stands accused of killing more than 100 people in low-income neighborhoods from June to December 2018. (January 26, 2019 NGO Provea report)
    • On March 20, 2019, according to the U.N. High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet, FAES executed 37 people in connection with illegal home invasion raids in January.
  • The regime has deployed the National Guard and civil militias known as colectivos to crack down on peaceful protestors. According to the National Assembly, the former regime is responsible for at least 40 protest-related deaths so far this year.
    • 175 protest-related detentions and 7 deaths reported on January 23, 2019 (NGO Foro Penal)
    • 1,255 persons detained since January 21, 2019 (NGO Foro Penal)
    • 864 prisoners of conscience, including 95 military members (NGO Foro Penal, as of 4/1/19)
  • On April 5, 2019, human rights NGO PROVEA announced the discovery of several clandestine detention centers, including three allegedly run by colectivos, police, state security forces, and intelligence agencies, where the former regime extralegally detained and abused Venezuelan citizens.
  • On April 4, 2019, police raided the home of National Assembly Deputy Roberto Alcala in an effort to prosecute him on trumped-up terrorism charges.
  • On March 21, 2019, Maduro’s police raided the home of Interim President Juan Guaido’s chief of staff Roberto Marrero, and arrested him. Maduro’s Cuban-supported intelligence agency, SEBIN, continues to detain him. SEBIN has a record of using cruel and inhumane treatment to coerce confessions.
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