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La CIDH pide que se restablezca el orden constitucional en el país – El Nacional – 7 de Abril 2020

La comisión advierte que el régimen de Nicolás Maduro, en lugar de remediar la situación de vulnerabilidad de los venezolanos, se ha dedicado a restringir los espacios democráticos

venezuela

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos publicó este martes su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante 2019. Alertó sobre la vulnerabilidad que padecen los venezolanos y registró el grave abuso de poder de parte del régimen de Nicolás Maduro.

“La Comisión observa que durante 2019 se han agravado las situaciones estructurales que afectan los derechos humanos de la población venezolana, que han derivado en una crisis política, social y económica extremadamente grave. En la actualidad es evidente la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela por cuenta de la alta concentración de poder por parte de la rama ejecutiva y la inexistencia de un sistema real de pesos y contrapesos”, indica el informe.

La organización pudo evidenciar que la extralimitación de funciones de la asamblea nacional constituyente también ha lesionado la institucionalidad de Venezuela. “A esto se suma el hecho de que el TSJ siga profiriendo decisiones en desmedro de la Asamblea Nacional, de forma sistemática y avalando prórrogas irrestrictas a los estados de excepción”, agregó.

Advierten que el régimen no toma decisiones que pueden remediar la situación de vulnerabilidad que parecen muchos venezolanos, sino, por el contrario, se ha dedicado a valerse del uso excesivo de la fuerza para restringir los espacios democráticos.

“La militarización de la seguridad ciudadana y la participación de grupos civiles armados condujeron a que durante 2019 se siguieran presentando graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas”, destacan.

Recomendaciones de la CIDH

Entre las recomendaciones de la CIDH pide restablecer el orden constitucional garantizando la independencia y equilibrio de poderes, la participación política sin discriminación de toda la población y el control ciudadano hacia la actuación de los distintos poderes del Estado.

Consideran necesario asegurar que las disposiciones relativas al estado de excepción sean utilizadas en situaciones de extrema gravedad y real excepcionalidad. También que se adecuen estrictamente a las necesidades de la situación que se enfrenta de manera razonable.

Solicitaron al régimen abstenerse de efectuar detenciones ilegales o arbitrarias, y en caso de que una persona sea privada de la libertad, asegurarse de que se cumplan todas las garantías del debido proceso. Asimismo, instan a permitir y garantizar el derecho a la libre protesta.

Con respecto a la prensa venezolana, considera necesario otorgar a los periodistas el máximo grado de garantías para que no sean detenidos, amenazados o agredidos por estar ejerciendo su profesión.

“Abstenerse de aplicar limitaciones al funcionamiento de los sitios web, blogs, aplicaciones, u otros sistemas de difusión de información en Internet, electrónicos o similares, incluso sistemas de apoyo como PSI o motores de búsqueda. Estas limitaciones son admisibles solamente en la medida en que sean compatibles con las condiciones previstas para la limitación de la libertad de expresión”, resalta el informe.

La CIDH instó al régimen a solventar la crisis del sector salud, así como de los servicios públicos en Venezuela.

De igual forma, piden respetar la autonomía de las instituciones universitarias y solicitan realizar una evaluación del impacto ambiental del Arco Minero del Orinoco.

“Asegurar los derechos a la personalidad jurídica e identidad mediante la emisión oportuna de documentos de identidad como pasaportes, cédulas, actas del registro civil, así como certificados de antecedentes penales”, destaca la CIDH con respecto a las limitaciones del régimen al momento de solicitar papeleo en Venezuela.

En los últimos puntos del informe indica que es necesario adoptar medidas urgentes para brindar la protección que requieren las personas mayores, dando prioridad a su acceso a la alimentación y atención.

Mariano de Alba

@marianodealba

En su informe anual, la @CIDH “ve con profunda preocupación la dramática situación en la que vive la mayoría de venezolanas y venezolanos. Más preocupante aún resulta que el Estado no parece estar tomando acciones efectivas para remediar tal situación.”

 

 

Pacto Social para renacer por Luis Ugalde S.J. – Blog César Miguel Rondón – 23 de Marzo 2020

downloadVenezuela solo tiene remedio si hacemos lo que hay que hacer; todos, primero Maduro. Él  expresó, como crítica al presidente colombiano que para vencer al coronavirus hay que dejar de  lado “diferencias ideológicas y pequeñeces miserables”. Luego solicitó del Fondo Monetario  Internacional (FMI) un préstamo de 5.000 millones de dólares, sabiendo que no se lo podían dar. Ambos gestos solo servían para echar la culpa a otros. Desideologizar y abrirnos  internacional y nacionalmente son dos consejos que el régimen debe aplicarse a sí mismo.

Venezuela obedeció sin problemas la medida de quedarnos en casa, en cuarentena social evitando encuentros y contactos. Quince días encerrados en casa sin producción, sin escuela, sin ingresos y sin comida dejarán en evidencia que nuestra realidad es mucho más grave y mortal que el coronavirus con 40 contagiados y ningún muerto.

Sincerar y Producir. Tenemos 40 contagiados del virus, pero más de 400 presos políticos perseguidos, más de 4000 empresas muertas o en agonía, más de 4.000.000 de huidos y
desterrados y muchos miles de muertos cuyo número crece por un régimen empeñado en no cambiar.

Necesitamos reconocer la terrible realidad de una economía que en 5 años ha perdido el 65% de su producción (PIB), una educación con maestros y niños en huida y escuelas vacías, una  salud con hospitales desmantelados, y servicios vitales de agua, luz, gas, transporte… en ruina.  Incluso una industria petrolera saqueada y en quiebra total… La lista es mucho más larga y la  moribunda Venezuela no solo necesita un préstamo de $5.000 millones sino más de 50.000 para  empezar a sincerar la política y activar la producción en todas las áreas.

Maduro tiene razón: necesitamos del FMI y hay que dejar de lado “diferencias ideológicas y pequeñeces miserables”. Pero nada se puede hacer con un Estado quebrado, endeudado y  secuestrado por un régimen tiránico que produce miles de muertos y lleva a la agonía a  millones. Para que todo el país renazca es indispensable sincerar, salir del secuestro del régimen  y llamar al país entero a la producción de soluciones y al renacer nacional. Los apoyos externos  son indispensables, pero no llegarán con la producción nacional política, económica y social  muertas. Abrir las puertas para que los presos políticos, los líderes y partidos perseguidos e
inhabilitados salgan al libre ruedo político-democrático; renovados también ellos pues
Venezuela es otra y hay que escuchar el clamor sufriente de los venezolanos en todas sus
formas. Renovados empresarios y trabajadores para producir un nuevo encuentro entre capital  y trabajo, pues el uno sin el otro nada valen y se necesitan repotenciados y aliados para salir de  la pobreza. Para que 14 millones de trabajadores vuelvan a tener vida y esperanza y miles de  empresas puedan competir es necesario reactivar la inversión de capitales que deben ser atraídos y protegidos; para lo cual hay que borrar de la lengua y del corazón el “exprópiese”  irresponsable.

Pacto Social vs. Tiranía. Cuando el poder se impone, no hay pacto social, sino imposición  tiránica armada. Todo esto pasa por la creación de una política democrática, dialogada y negociada entre diferentes. La soberanía del pueblo, las elecciones limpias y creíbles de un Parlamento (Asamblea Nacional) donde se discutan libremente y se negocien las soluciones políticas. Es indispensable, a su vez, la Elección presidencial constitucional secuestrada en 2018 y desmontar los serviles TSJ y ANC que creo el Ejecutivo de facto para anular la Asamblea Nacional democrática y todas sus decisiones. No hay que inventar mucho sino sincerar y darle vigencia efectiva a la Constitución de 1999 y conforme a ella acordar en la AN legítima el nuevo CNE creíble y crear las condiciones para realizar este mismo año, con observación internacional cualificada, las elecciones parlamentarias libres que tocan y las presidenciales que están retrasadas desde 2018, pues no se realizaron como exige la Constitución. Elecciones que las
necesitamos con participación masiva y resultado creíble y respetado.

Toda esa enfermedad nacional es mucho más grave y mortal que el coronavirus, que debe ser el detonante para asumir el cambio integral.
No hay democracia sin contrato social, ni Constitución que consagre los objetivos del pacto y los derechos y deberes de todos, no importa su ideología política. Lógicamente en ese pacto debe entrar también el chavismo.

Perder o ganar la vida

De la noche a la mañana el microscópico e invisible virus ha dejado en evidencia la desnudez del mundo y la indigencia de Venezuela arruinada, desmantelada y con virus: Las armas son poderosas para imponer, pero no sirven para dar vida al mundo, ni para convocar un gran encuentro nacional para que el país renazca. Es casi increíble que un virus mínimo haya puesto en crisis todo el poderío económico-financiero mundial y haya obligado a los estados a cerrar sus empresas, escuelas, iglesias y campos de deporte. Un virus que avanza sin respetar fronteras, ni carteras, dejando en evidencia que la convivencia nacional e internacional sin ética-es decir sin tomar en serio la dignidad del otro y sin solidaridad con él – es irrespirable y letal. Está a la vista que solo cuando escribimos TÚ con la misma mayúscula que YO está presente DIOS-AMOR, ese Dios que nunca nadie lo ha visto pero lo sentimos presente cuando vivimos el verdadero amor humano (Ver 1 Juan 4, 12).La más grave enfermedad no es el coronavirus sino el poder tiranizado que en Venezuela ya ha matado a miles y tiene en agonía a millones. La emergencia del virus nos llama a todos a la conversión, a cambiar de conducta y a exigir del régimen y de toda la política -también de la opositora- a sincerarse con la realidad y renovar el Pacto Social Democrático.

Comité de Postulaciones ratificó renovación del CNE por parte de la AN por Arianna Altuve – Venepress – 9 de Marzo 2020

La delegación subrayó que la elección de los cinco rectores será encabezado por el Parlamento dirigido por Juan Guaidó

Comité de Postulaciones ratificó renovación del CNE por parte de la AN

El Comité de Postulaciones Electorales confirmó este lunes, que la Asamblea Nacional,dirigida por el presidente (E) Juan Guaidó, determinará la designación de los nuevos rectores delConsejo Nacional Electoral (CNE).


Esta instancia estará presidida por el diputado de la Asamblea Nacional (AN) del partido opositor de Primero Justicia, Ángel Medina; y contará como vicepresidente al diputado del Bloque de la Patria, Julio Chávez y como secretario al opositor José Luis Cartaya

Aníbal Sánchez@AnibalSanchez

instalación del Comité de Postulaciones Electorales, sin juramentación por directiva de AN y designación en plenaria es violatorio (Art23) quedando entre dicho legalidad a parte del descrédito social, directiva:
Ángel Medina, presidente
Julio Chávez, vice. y
Jose L Cartaya, secr

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Tal como lo estipula la Constitución Nacional de Venezuela, y el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, el único órgano encargado de elegir los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral corresponde a la Asamblea Nacional legítima, reconocida por la comunidad internacional y liderada por su presidente Juan Guaidó, que sigue avanzando en la ruta que permita la realización de elecciones presidenciales libres y justas a través de la conformación de un nuevo Poder Electoral basados en los principios de imparcialidad, confiabilidad, e igualdad.

Guaidó reiteró que la única condición para que se vaya a un proceso de elección presidencial es que “no esté el dictador ejerciendo”, y se concrete el cese de la usurpación, con las condiciones establecidas en la ley y la conformación de un CNE electo, “por el único Poder que puede designar un Poder púbico nacional, que es el Parlamento, el cual dirijo, del cual se tiene las dos terceras partes con el debido respeto a lo estipulado en la Constitución”.

Finalmente en el comunicado se expresa que el hacer esta designación fuera del espacio parlamentario, significa la profundización de la crisis y evitar una salida al padecimiento de todos los venezolanos.

¿Y el cese de la usurpación? por Daniel Lara Farías – PanamPost – 16 de Febrero 2020 

El tiempo apremia y los venezolanos se siguen despertando día a día ante una única realidad: Maduro continúa en Miraflores

Venezuela
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. (Foto: EFE)

A pesar del histrionismo del politiquero que usted pueda tener como favorito, la fulana “usurpación” declarada por la clase política que encabeza Juan Guaidó no ha terminado.

Y no porque lo diga yo, sino porque ellos mismos así lo establecen en sus actuaciones desde el mismo momento de la declaratoria. Aquel cinco de enero de 2019, cuando Juan Guaidó desde la tribuna de oradores del Palacio Federal Legislativo lanzó el concepto de “usurpación” que algún estratega iluminado decidió vender, se puso una soga en el cuello del proceso que iniciaba.

Según dicho concepto, para quien lo olvidó, la “usurpación” arrancaba el 10 de enero de 2019, cuando Maduro se juramentara ante la ilegítima Asamblea Constituyente. Se convertía en ese momento -y no antes- en usurpador, pues esa juramentación se hacía por un ente constituido de forma inconstitucional, después de unas elecciones convocadas por ese mismo ente ilegítimo con las condiciones fraudulentas construidas para garantizar el triunfo de Maduro. Siendo así, el hecho de juramentarse ante la Constituyente lo convertía en usurpador de la presidencia, dejando el cargo vacante. Y correspondía al Parlamento llenar esa vacante según lo establecido en esa constitución que Chávez se mandó a hacer a la medida en 1999, enmendándola de nuevo en 2009 cuando sintió que le quedaba pequeña.

Es allí donde arranca un entuerto de ribetes tragicómicos, dentro de ese conglomerado opositor donde conviven teóricos de la cohabitación con promotores de “rutas de coraje”, junto a zorros viejos de la corrupción, políticos “con burdel” (y de burdel, algunos) y uno que otro ingenuo devenido en tonto útil. A esa fauna de crepúsculo tropical se le entregó nada más y nada menos que el destino de la República en proceso de disolución. Y en vez de abocarse a la titánica tarea de evitar dicha disolución republicana, han preferido repartirse cargos, prebendas, embarcarse en diatribas estériles para el fin último que es, según ellos mismos aseveran desde el principio “el cese de la usurpación”.

Pero donde se nos va la vida precisamente en la espera a los venezolanos que aún soportan el rigor a lo interno y a los que nos fuimos a sobrevivir en el extranjero, porque hay urgencias en quien espera un tratamiento médico o en quien busca qué comer, o en quien trabaja de sol a sol para poder ayudar a su familia con una remesa o una caja con uno que otro paliativo temporal de la subsistencia.

Y esa espera es incompatible con el juego diplomático y electoralista. Porque el pecado original, principal y capital de ese grupo opositor es el electoralismo. No pueden vivir sin elecciones, literalmente: los corruptos necesitan participar como sea, para seguir en posiciones donde colaboren con la persistencia del status quo. Los ingenuos creen aún que participando “como sea”, le hacen un favor a una lucha supuesta, que ya lleva veinte años en la trampa electoralista.

Más que un pecado, un síntoma

¿Por qué estos políticos, supuestamente opositores, quieren participar en elecciones, hablan como si estuvieran siempre en campaña y son incapaces de plantear algo que no sea un plan de gobierno?

Parece ser el síntoma de una grave dolencia. Una carencia absoluta de escrúpulos, en algunos casos y una insuficiencia permanente de visión de Estado. Otros, simplemente son cómplices y parásitos del Estado, sea dicho Estado adecopeyano o chavista-militar. Los más, simplemente son disléxicos y discalcúlicos: ni leen la realidad ni calculan tiempos y consecuencias.

Sea cuales sean las enfermedades que padecen, el síntoma es el mismo: solo pueden actuar dentro del esquema electoral, pues fuera de él no se hallan. No hablan de toma del poder sino de gobernar. Con eso, queda claro que no saben ni qué es el poder, ni qué es el gobierno. En algunos casos de extrema gravedad, no saben aún la diferencia entre Estado y gobierno, entre nación y Estado o entre estrategia y táctica.

Así, se enfrentan leyendo El Principito de Saint-Exúpery a unos delincuentes que aplican El Príncipe de Maquiavelo.

Por eso, vemos al chavismo desplegando a nivel nacional a soldados hambrientos y oficiales sádicos con armas de todo calibre, mientras esa dirigencia opositora discute si la imagen es la de un sombrero en la mesa o la de una culebra que se tragó un elefante.

El análisis del sombrero en la mesa apunta: están asustados y muestran a esos pobres milicianos haciendo el ridículo, los Marines los acaban en quince minutos.

El análisis de la culebra que se tragó un elefante desarrolla: están enloquecidos y buscan una guerra, pero están en su peor momento.

¿Y si revisamos el dato incuestionable de un despliegue a nivel nacional? ¿Y si nos adentramos en la existencia de esa distribución de fuerzas que son las REDI, las ZODI sumados a colectivos y fuerzas insurgentes en zonas clave, más el control de zonas urbanas por parte de “pranes” y bandas criminales? ¿No nos revela de forma clara que el enemigo que ese entramado quiere aniquilar no es el invasor extranjero, sino el rehén? ¿No queda claro que esos soldados harapientos, hambrientos o simplemente sin condiciones físicas y mentales para empuñar un arma o enfrentarse a un enemigo armado, en realidad serán lanzados contra la población desarmada, cuando el régimen criminal así lo decida?

Seguramente si se le plantea esto a esa clase política, pedirán que decidamos cuál es la verdad, sometiéndolo a un referendo organizado por el CNE. Porque así de lamecharcos son.

¿Y en qué queda entonces la “usurpación”?

La usurpación terminó siendo una trampa para los politiqueros electoralistas desde el momento mismo en que conceptualizaron el asunto. Simple: si la usurpación empezó el 10 de enero de 2019 con la juramentación de Maduro ante la Constituyente, todo lo anterior se borró de la historia. No existió la ilegalidad del ejercicio como “presidente encargado” ante la ausencia de Chávez durante su agonía ni posterior a su muerte. No existió el fraude de 2013, ni la ilegal postulación de Maduro sin demostrar su nacionalidad, ni la declaratoria de “abandono del cargo” hecha por ese mismo Parlamento ¡en la misma legislatura!. No existió ni el fraude judicial para detener el referendo revocatorio convocado en 2016.

Todo eso, queda borrado cuando se establece que la usurpación arrancó el 10 de enero de 2019. De un plumazo, una oposición genuflexa y siempre muy útil al régimen que la confeccionó, decidió hacer un borrón y cuenta nueva que a estas alturas sigue teniendo saldo a favor del régimen. Porque yo no me pondré principista jamás si siento que el régimen de verdad esta siendo derribado. No me importará el método ni la vía si siento que de verdad el régimen esta cayendo y lo que va a sustituirlo es mejor. Pero en este momento, el saldo es a favor del régimen.

Y a estas alturas, quien tiene problemas con el principio del “cese de la usurpación” no soy yo ni es usted ni es el régimen.

El problema lo tiene Guaidó y la clase política variopinta que él dirige. Porque resulta ser que no se puede pelear por el cese de la usurpación como primer paso antes de ir a unas elecciones, si el tiempo corre y llega el momento establecido para hacer elecciones parlamentarias. Ese momento está establecido por esa Constitución que todos dicen respetar. En tal sentido, los electoralistas, como cualquier drogadicto, muestran en estos momentos el síndrome de abstinencia claro que los lleva al peligro de recaer en el consumo, cuando ya se les creía desintoxicados. Pues no. Ahora es cuando su adicción está viva.

Por eso, es sumamente importante que Donald Trump haya recibido en la Casa Blanca a Juan Guaidó. Por eso es sumamente importante que el comunicado del 09 de enero de 2020 emitido por el gobierno de los Estados Unidos establezca claramente que unas elecciones libres solo son posibles sin Maduro en el poder y siendo organizadas por un gobierno de transición, con condiciones estrictamente vigiladas por los 60 países aliados del gobierno interino. Porque esa vigilancia estricta no es solo para quienes están en la acera del crimen político rojo, sino también para quienes durante veinte años se han servido de las elecciones para “conservar espacios” que le han servido a ellos y a la casta militar para apoderarse de las instituciones.

La usurpación debe cesar, en el caso del régimen y en el caso de la oposición falsaria y prostibularia también.

Pero el tiempo sigue su marcha. ¿Nos alcanzará?

La falacia del bloqueo por Fernando Ochoa Antich – El nacional – 16 de Febrero 2020

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Hace algunos días afirmó la secretaria juvenil femenina del PSUV, Aurora Paredes, en el programa de Vladimir Villegas, con gran  convencimiento, que la tragedia que vive nuestro pueblo es la consecuencia del bloqueo que realiza Estados Unidos a Venezuela. Causa tristeza ver la forma en que se engaña a un sector de nuestra juventud. La inmensa mayoría de nuestro pueblo sabe que eso no es verdad. Los grandes problemas nacionales, que actualmente padece nuestra patria, surgen del modelo estalinista, caracterizado por un creciente totalitarismo, de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Los jóvenes deben conocer que esa ideología ensombreció la historia del hombre durante el siglo XX al conducir a la muerte a 70 millones de personas durante la revolución de Mao Tse-tung,  21,5 millones bajo el régimen de Stalin, provocar el martirio que todavía sufre el pueblo cubano y nuestra actual catástrofe nacional. Además, en Venezuela han ocurrido centenares de muertes a manos del régimen, como lo certifica el reciente informe de Michelle Bachelet.

Conviene recordar brevemente la evolución política, económica y social de Venezuela, en estos últimos veinte años, para entender las causas del inmenso fracaso de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El problema político venezolano surgió de la propia Constitución de 1999, la cual fue electa a través de un retorcido sistema de votación que no respetó el principio de la representación proporcional de las minorías. De esta manera, con 52% de los votos, el oficialismo se hizo con 95% de los escaños y la oposición solo logró obtener 5%, es decir, 6 diputados. De todas maneras, aunque no existía un real pluralismo político, su contenido preservó importantes principios democráticos, pero no ratificó nuestra tradición histórica al instaurar la reelección inmediata del presidente de la República por un período presidencial. Además, Hugo Chávez trató, posteriormente, de incluir la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular, la cual fue rechazada por nuestro pueblo. Sin embargo, a través de una  argucia jurídica hizo aprobar la reelección indefinida del presidente de la República. Estos abusos iniciales permitieron al establecimiento de un régimen de marcada vocación totalitaria.

Los dos gobiernos de Hugo Chávez se caracterizaron por ser personalistas, clientelares, corruptos, de marcada tendencia totalitaria, irrespetuosos del Estado de Derecho y de los principios democráticos. Si bien se podría argumentar que tuvieron legitimidad de origen al haber triunfado en varias elecciones, no se puede negar que en todos los procesos comiciales hubo un gran ventajismo. De todas maneras, su legitimidad de ejercicio siempre estuvo cuestionada en virtud de su permanente irrespeto a la Constitución y las leyes. Su prematura muerte le evitó sentir el rechazo popular que, con certeza, habría ocurrido con la disminución de los ingresos nacionales.

Los dos gobiernos de Nicolás Maduro se han caracterizado por tener los mismos defectos anteriores incrementados por una total falta de legitimidad tanto de origen como de ejercicio. Ninguno de sus supuestos triunfos electorales ha sido reconocido por la oposición democrática, con el agravante de que el último tampoco lo fue por los gobiernos de 59 países democráticos, por ser absolutamente fraudulento. La independencia del Poder Legislativo ha sido irrespetada permanentemente, así como también la inmunidad parlamentaria. Cabe destacar la permanente violación de los derechos humanos, en ambos gobiernos, los cuales han dado origen a la aplicación de sanciones internacionales.

Afirmar que la inmanejable crisis venezolana es consecuencia de las sanciones de Estados Unidos es un argumento falaz. Nuestra economía presenta un conjunto de factores estructurales tales como la exagerada dependencia de un solo producto, la tendencia a acumular gestiones fiscales deficitarias, el peso excesivo del Estado en la actividad económica, el escaso dinamismo del sector privado no petrolero etc., que debieron ser resueltos durante los años del esplendor petrolero. Nada se hizo. Al contrario, se promovió, por razones políticas, un sistema  distributivo, sin percibir que esa forma ligera de administrar traería por consecuencia la inmensa crisis económica que padecemos: en el año 2017, Venezuela sufrió una  caída del producto interno de 40%, encontrándose el Banco Central sin reservas para poder enfrentar el pago del servicio de la deuda externa, la cual alcanzó en el año 2012, no existen datos oficiales más actualizados, la inmanejable cifra de 113.000 millones de dólares, con vencimientos concentrados en un corto plazo, en medio de una creciente caída de la producción petrolera, consecuencia de la destrucción de Pdvsa. Aunado con ello, la corrupción no disminuyó. Todo lo contrario, continuó incrementándose al paso de los días.

Esta devastadora crisis económica se inició  con la aprobación del Plan de Desarrollo Económico 2007-2013, inspirado en el socialismo del siglo XXI y orientado por el ministro Jorge Giordani, en el cual se estableció la nacionalización de todos aquellos sectores considerados estratégicos de la economía nacional. Las acciones comenzaron a partir del año 2007 al nacionalizar los sectores de comunicaciones, las grandes industrias básicas del hierro, del acero, del cemento y de la minería. Ese mismo año, las empresas extranjeras que trabajaban en la faja petrolífera del Orinoco fueron obligadas a aceptar nuevos términos de propiedad y control sobre los proyectos de explotación. La Exxon-Mobil y Conoco Phillips no aceptaron, generándose costosos procesos de arbitraje. En esos años Venezuela despilfarró más de 23.377 millones de dólares en pagar expropiaciones y nacionalizaciones de empresas, las cuales mayoritariamente quebraron, mediante un importante incremento de la deuda pública.

En el año 2010 empezaron las presiones sobre el Banco Central. El caso Pdvsa es un buen ejemplo: el año 2013, la empresa petrolera adeudaba al Banco Central 65.000 millones de dólares. Al empezar a disminuir los precios petroleros, en el año 2014, todo colapsó. Su expresión inmediata fue el surgimiento de una creciente recesión. Naturalmente, esta irresponsable manera de administrar el esplendor petrolero condujo a la actual tragedia venezolana. Veamos la dolorosa situación social a finales del año 2019: desempleo 35%; inflación 7.374%;  pobreza 25,8%; pobreza extrema 61,2%. Esta tragedia es la gran responsabilidad histórica de Nicolás Maduro. En el año 2013 debió rectificar el equivocado rumbo económico. No lo hizo. Su gobierno, como es natural, ha tenido que enfrentar, de manera permanente, una grave crisis política que ha dificultado una posible rectificación económica. En lugar de buscar una solución negociada con la oposición, convocando a unas elecciones presidenciales justas y equitativas, ha preferido desafiar, con consecuencias impredecibles, a la comunidad internacional. Recomiendo a nuestros jóvenes documentarse sobre estos hechos para evitar ser engañados por intereses políticos y ambiciones personales.

Atención a la Fuerza Armada por Oswaldo Álvarez Paz – El Nacional – 12 de Febrero 2020

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En días recientes, aprovechando que el país seguía con atención la exitosa gira de Juan Guaidó, el general Vladimir Padrino, ministro de la Defensa, presentó un proyecto de ley bajo el título de “Ley Constitucional de la FAN”. Son muchas las observaciones críticas que se le han hecho a este “adefesio inconfesable y procaz, que malpone en tela de juicio no solo la esperada sensatez de los altos mandos militares, sino la respetada prudencia y sabia verba que le es endosada al profesional encargado del porte y manejo de las armas de la República” para decirlo con palabras del  general Enrique Prieto Silva, extraídas de reciento artículo de su autoría.

Son increíbles los extremos del régimen moribundo en violaciones a la Constitución de la República, al orden jurídico en general y, en este caso, específicamente a la normativa militar y a los usos y costumbres que condicionan las actividades de los efectivos. La sola pretensión de incorporar las llamadas milicias a la estructura formal de las FAN permite asegurar que hay muchos problemas internos. Entre otros, la creciente desconfianza del Ministro y su corte en todas las ramas de las FAN, pero especialmente en el ejército. No quiero caer en la tentación de especular sobre el tema, pero es una realidad indiscutible. Salvos los altos mandos, los demás son igual que los civiles. Tienen familia, amigos, vecinos y problemas existenciales bastante parecidos a los civiles. La procesión va por dentro. Hay cansancio y decepción con relación al desastre que han provocado. Venezuela está destruida con instituciones demolidas por la avaricia y la ignorancia enciclopédica de quienes han tenido las mayores responsabilidades. Se trata de un proceso ideologizado, socialista-comunistoide, pero ejecutado por incompetentes altamente corrompidos.

Todo esto y mucho más, nos lleva a reflexionar sobre la seguridad y defensa del ciudadano común de este país. Hemos predicado que cada quien debe defender lo suyo, es decir, su vida y los bienes, la familia y sus actividades en el campo económico y social. En consecuencia, careciendo de un estado capaz de garantizar esa seguridad, quizás deberíamos flexibilizar al máximo la tenencia y porte de armas de fuego. De no hacerlo crecerá la incertidumbre frente a un hampa común que ya es parte del crimen organizado. Buena parte de ese hamponato podrá  organizarse para integrar militarmente desde la FAN, el mayor instrumento de represión de la historia. Esto, por supuesto, si todo sigue como está y nada cambia. Pero, está cambiando y veo el desenlace bastante próximo.

A todos los integrantes de las FAN les pedimos que estén atentos y alertas. La Constitución de la República es muy clara con relación a sus atribuciones, funciones y deberes. Hay que cumplirlos por encima de ”lealtades” políticas o económicas.

Allan Brewer-Carías: “Los movimientos populistas en América Latina han llegado al poder a costa de la Constitución” por Ángel Bermúdez – BBC News –

Evo Morales, Rafael Correa y Hugo Chávez.Bolivia, Ecuador y Venezuela cambiaron sus constituciones durante las presidencias respectivas de Evo Morales, Rafael Correa y Hugo Chávez.

Allan Brewer-Carías logró sobrevivir a la aplanadora electoral con la que Hugo Chávez se hizo con el control de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela en 1999.

Sin ser un aguerrido político opositor, sino más bien un estudioso del Derecho cuyo trabajo de décadas le había ganado el reconocimiento público, Brewer fue uno de los pocos que resultaron electos como miembros de la Constituyente sin tener el apoyo e, incluso, contrariando abiertamente las propuestas de Chávez.

El entonces recién electo mandatario, en su carácter de convocante de la ANC, impuso un método de elección que favoreció ampliamente al oficialismo que, con 66% de los votos, logró obtener 121 de los 128 de los escaños. De los 7 restantes solamente dos fueron ganados por candidatos independientes, uno de los cuales fue Brewer.

Este profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela cuenta con una obra extensa que abarca la publicación de más de 200 libros y 1.200 artículos académicos, según se recoge en su biografía “Allan Brewer-Carías. Una vida”, escrita por el periodista y editor Sergio Dahbar.

Brewer fue presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela y ha sido reconocido como miembro honorario por academias de numerosos países de Iberoamérica, además de haber sido vicepresidente de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y profesor visitante de las universidades de Cambridge y de Columbia.

Allan Brewer-CaríasAllan Brewer-Carías es profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela pero vive en el exilio desde 2005.

Fue catalogado como “uno de los juristas más destacados de las Américas” por Claudio Grossman, profesor emérito de Facultad de Derecho de la American University en Washington D.C. y miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU.

Desde Nueva York, donde vive exiliado desde 2005 tras la apertura de un juicio en su contra por su supuesta vinculación con el breve derrocamiento de Chávez en abril de 2002, Allan Brewer-Carías habló con BBC Mundo sobre el populismo constitucional, tema que abordó durante el HAY Festival que se realizó en Cartagena entre el 30 de enero y el 2 de febrero.

Aquí una versión resumida de la conversación.Línea

Usted ha dicho que la Constitución es la primera víctima de los populismos. ¿A qué se refiere?

A que los populismos manipulan la Constitución. El populismo es una estrategia política para llegar al poder y para permanecer en él.

Los movimientos populistas, al menos en el mundo reciente y en América Latina, han llegado al poder a costa de la Constitución: convocando asambleas constituyentes, pretendiendo ir a la voluntad popular directamente en contra de las constituciones y luego aprobando cartas magnas que han establecido mecanismos que debilitan los elementos fundamentales de una Constitución.

Estos movimientos populistas al llegar al gobierno eliminan el principio de la separación de poderes y convierten al Tribunal Supremo en un instrumento a su servicio, sin que pueda haber realmente control entre las instituciones.

Los derechos empiezan a ser reconocidos solo para un grupo y usan el sistema legal para perseguir a los otros, que quedan excluidos y a los que generalmente consideran como un enemigo al que hay que eliminar, porque los movimientos populistas son generalmente maniqueos.

Además, cierran los medios de comunicación privados y acaparan los públicos. Prohíben y restringen las ONG. Crean movimientos sociales fieles. Utilizan mecanismos previstos en la Constitución para destruir las bases democráticas de la propia Carta Magna.

Isaías Rodríguez, Luis Miquilena y Aristóbulo Istúriz.El sistema electoral para escoger a los miembros de la Constituyente en Venezuela en 1999, permitió al chavismo lograr con 66% de los votos 121 de los 128 escaños.

La Constitución es la primera víctima porque deja de ser la norma suprema y cesa como la fuente de los derechos, que son manipulados por los populistas. De ahí que se pueda hablar de ese populismo constitucional, que es la deformación de la Constitución por estos movimientos populistas que hemos tenido en América Latina en las últimas décadas.

Usted dice que esta toma del poder por parte de los populismos se hace a través de procesos constituyentes. Entonces, ¿considera negativos los procesos constituyentes o no?

Depende de cómo se los convoque. Usted tiene un caso de una Constituyente convocada sobre la base de un acuerdo político de todas las fuerzas, como fue la de Colombia en 1991, que fue importantísima porque redefinió el proceso político en ese país.

En cambio, en las otras experiencias que tuvimos se forzó el proceso. Apelando a la representación popular se rompió el principio de la supremacía constitucional, como fue en el caso de Venezuela en 1999.

Allí se hizo una convocatoria contra la Constitución sin ningún tipo de consenso político y con un mecanismo electoral que provocó que la Constituyente, en lugar de ser un mecanismo para conciliar y establecer por consenso un nuevo sistema político, fue una institución manejada en el 99% por los seguidores de Chávez, que impusieron una sola voluntad.

Ese esquema se repitió luego en Ecuador y en Bolivia. En estos tres casos ocurrió mediante la influencia que tuvieron unos profesores españoles que fueron a vender la idea de lo que han llamado el nuevo constitucionalismo que justamente plantea hacer prevalecer la soberanía popular sobre la supremacía constitucional. La Constitución en ese esquema pierde importancia y valor.

Pero quienes impulsaron esas constituyentes en Venezuela, Bolivia y Ecuador defienden que sirvieron para establecer nuevos mecanismos de participación política y para ampliar los derechos sociales. ¿Eso no quedó plasmado en las constituciones?

Por supuesto: verbalmente. Si uno lee la Constitución venezolana, es casi imposible encontrar otra que utilice tantas veces la palabra participación.

En Venezuela, el gobierno distribuye las polémicas cajas de alimentos subsidiados CLAP a través de comités locales.En Venezuela, el gobierno distribuye las polémicas cajas de alimentos subsidiados CLAP a través de comités locales.

Pero se confunde la movilización con la participación. Participación se previó expresamente en dos casos, uno de ellos es la escogencia de las altas autoridades no electas directamente como el Poder Electoral, el Poder Judicial y el Poder Ciudadano.

Allí se previó que sólo la sociedad civil a través de un comité pueda postular candidatos a estos altos cargos para ser electos por el Congreso en segundo grado.

Sin embargo, ese mecanismo fue violado desde el mismo momento en que se aprobó la Constitución y esos comités se convirtieron en comisiones parlamentarias que, en la práctica, eliminaron la participación popular.

Otro caso de participación popular directa fue el de consultas populares de las leyes antes de ser sancionadas. Esto no se cumplió en ninguna forma.

Toda la legislación básica la dictó el Ejecutivo mediante decretos leyes y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), totalmente controlado por el poder, interpretó que la participación que se preveía en la Constitución era solo para dar opinión sobre las leyes aprobadas por la Asamblea y no para las aprobadas mediante delegación del Legislativo, con lo cual es un fraude a la Constitución.

El propio TSJ, en otra sentencia, dijo que bastaba con publicar la ley en alguna web del proyecto para que se interpretara como que hubo participación.

Para que haya participación popular en cualquier democracia tiene que haber descentralización porque sólo se puede participar básicamente en el nivel local, porque la participación se puede producir cuando se tiene el poder cerca.

Estos regímenes también crearon supuestos mecanismos de participación que son los consejos comunales, los cuales están controlados por el poder central porque existen si son registrados en el ministerio respectivo y son controlados y financiados por el Ejecutivo, con lo cual son apéndices del partido de gobierno.

Participación son elecciones libres, poder dar una opinión que sirva para una decisión en un ente local o, por ejemplo, en esos comités de postulaciones, cuando la sociedad civil pueda participar.

En Venezuela, el chavismo habla de parlamentarismo de calle como un mecanismo para acercar el poder a la gente.

¿Y quién cree en el parlamentarismo de calle?, ¿quién se cree que eso pueda ser realmente un mecanismo que haya funcionado para dar origen a leyes?

Las leyes se han elaborado todas secretamente, porque el 98% de las leyes en Venezuela fueron dictadas por el Poder Ejecutivo a través de delegación legislativa y esas leyes nunca se consultaron en forma alguna. De manera que no se puede confundir el lenguaje político populista con realidades constitucionales.

Usted fue miembro de la Asamblea Constituyente en Venezuela, aunque se opuso originalmente a su convocatoria. ¿No considera que la crisis política que vivía ese país justificaba el cambio en la Carta Magna?

La Constitución no es la culpable de que no funcione un gobierno. En Venezuela los culpables de la crisis fueron los partidos políticos, que no entendieron cuál había sido el resultado de lo que habían creado. Durante 40 años en Venezuela funcionó un régimen democrático que en un momento determinado fue incluso la envidia de América Latina.

Pero los partidos políticos que acapararon el poder desde 1960 e implantaron la democracia en el que era el país con menos tradición democrática en América Latina, no se dieron cuenta de que la democracia, como cualquier planta, requiere ser abonada, fumigada, podaba y regada para que crezca.

Rómulo Betancourt.Con la llegada al poder del socialdemócrata Rómulo Betancourt en 1959, Venezuela inició su mayor periodo democrático.

Los partidos políticos le dieron la espalda, como ha sucedido en todos los países de América Latina. Todas estas crisis derivan de que los partidos políticos no han sabido captar la esencia de la democracia, que es pactar y no matarse entre sí. En un momento determinado, hay que pactar para que la democracia sobreviva.

Eso fue el origen de la crisis en Venezuela. La Constitución del año 1961 era excelente y la de 1999 se basa fundamentalmente en los textos de 1961. ¿Que había que hacer ajustes? Perfectamente, estaban los mecanismos para hacerlos.

Pero el objetivo no era hacer ajustes a la Constitución sino tomar el poder después de que se fracasó en un intento de golpe de Estado en 1992. Siete años más tarde, las mismas personas del año 92 asaltaron el poder igualmente, pero a través de un mecanismo constitucional, vamos a llamarlo así, que fue la Asamblea Constituyente.

En esa forma acapararon el poder y desapareció en Venezuela la democracia representativa y la propia separación de poderes. Los derechos quedaron reducidos. Y entonces tenemos un régimen autoritario.

Esa no era la solución que quería y que necesitaba el país en 1999, cuando se aprobó la Constitución.

Lo que se necesitaba era reforzar los mecanismos democráticos como, por ejemplo, la descentralización política, la multiplicación de municipios, llevar el poder cerca al ciudadano y que fuera más democrático directamente. Pero todo eso se eliminó, lamentablemente.

Pero los defensores de esa Carta Magna dicen que se establecieron los mecanismos de participación política.

Sí, pero no se cumplen. Y qué ganas con que una Constitución diga 100 veces participación, pero no se cumple porque no le interesa al régimen que solo busca mantenerse en el poder y que rechaza cualquier mecanismo que sea antagónico a la posibilidad de quedarse en el poder.

De manera que, incluso la participación más clave en materia democrática, que es el voto, se elimina porque se controla el sistema electoral y, por tanto, no hay votación libre. Entonces, ¿de qué participación hablamos?

Considera que en Bolivia y Ecuador, donde ya hay un proceso de cambio político, o en Venezuela, en caso de que hubiera un cambio en el poder, ¿sería conveniente hacer una nueva Constitución?

Le digo, la Constitución no es la culpable. Los cambios constitucionales que hubo tienen una base racional.

Evo Morales.Durante el primer mandato de Evo Morales, Bolivia elaboró una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente.

Si no se exacerba la semilla autoritaria y se maneja la Constitución con criterio democrático, esa Constitución funciona, la del 99. Yo he planteado un cambio político en Venezuela. No hay que estar pensando en cambiar la Constitución. Esa Constitución se puede utilizar y funcionar perfectamente en un gobierno democrático.

Pero si el Gobierno no tiene la vocación democrática, la Constitución que tú le pongas por delante será pisoteada. La Constitución venezolana ha sido la promesa incumplida, porque allí hay muchas bondades, muchos elementos acordes con un funcionamiento democrático.

A la vista de las experiencias de Colombia, Venezuela y Bolivia, de Ecuador, ¿qué cree que debería pasar en Chile para que la Constituyente cumpla sus funciones?

Lo primero, lo que han hecho. En un régimen democrático la Constitución está por encima de todo.

Para prever una Asamblea Constituyente hay que regularla en la Carta Magna. Y eso es lo que han hecho: convocar a un referéndum para que dé la aprobación para incorporar a la Constitución los mecanismos de la Asamblea Constituyente. Si se convoca conforme al pluralismo, habrá una asamblea donde todo el mundo podrá opinar y donde el país tendrá que ponerse de acuerdo.

Usted tuvo que abandonar Venezuela después de que abrieron un juicio en su contra…

No pude regresar. Estaba dando una conferencia en el exterior y me acusaron políticamente de conspirar para cambiar violentamente la Constitución. ¿Con qué arma? Con la pluma. Y eso fue con motivo de los hechos de 2002 pero la acusación fue en el 2005-2006, cuatro años después. Totalmente motivada por razones políticas.

Lo que querían era que estuviera fuera. Después hubo una amnistía porque no era contra mí nomás, sino contra otra mucha gente, y eso está ahí, en el limbo.

Pedro Carmona EstangaEl empresario Pedro Carmona Estanga asumió de forma polémica la presidencia de Venezuela en abril de 2002, durante el fallido derrocamiento de Hugo Chávez.

¿Y por qué lo vinculaban con lo ocurrido en 2002?

Porque me pidieron una opinión sobre el decreto que el señor (Pedro) Carmona iba a dictar. Di la opinión jurídica como abogado constitucionalista e incluso contraria a lo que se hizo y se pretendía hacer. Y a pesar de eso, pues como me habían pedido opinión, fue la excusa. Me vincularon a eso y listo.

Pero luego usted intentó un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sí, pero prevaleció el chavismo y no admitieron la acción porque no había agotado los recursos internos. Una decisión insólita. Yo tenía que ir a entregarme a mis perseguidores para que no hubiera juicio y quedar privado de libertad. Porque el objeto de ese proceso no era hacer ningún juicio, sino simplemente detener a las personas en un régimen donde no hay autonomía del Poder Judicial. Era lo que se pretendía y eso, por supuesto, era inaceptable.

Con lo cual usted tiene 15 años que no va a Venezuela.

Tengo 15 años fuera, de acuerdo. Pero siguiendo muy de cerca todo lo que ha venido pasando durante todo este tiempo. Como está documentado, porque he escrito sobre todo lo que ha ocurrido.

Línea

*Esta entrevista es parte de la versión digital del Hay Festival Cartagena 2020, un encuentro de escritores y pensadores que se realizó en esa ciudad colombiana entre el 30 de enero y el 2 de febrero.

Transición hacia la democracia por Asdrúbal Aguiar – El Nacional – 27 de Enero 2020

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Vuelvo sobre algunas reflexiones anteriores, esta vez a propósito de la lúcida y oportuna consideración que nos hace el catedrático venezolano Román J. Duque Corredor: “El reto es consolidar… la transición… mediante el restablecimiento… de la Constitución”.

Las crisis constitucionales que ocurren en todo Estado son abordadas, de ordinario, a través de formas transitorias de “dictadura” constitucional. Se habilita al gobierno mediante ley para que dicte medidas de excepción, sobre materias que son competencia del Parlamento, hasta lograrse la normalidad institucional. Pero distinto es, lo recuerda Duque, que el mismo gobierno o en colusión con otros poderes deje a una nación sin Constitución. No es que se la viole o desconozca, haciendo posible un debate interpretativo, sino que se la destruye, en pocas palabras, se auspicia una vida social y política desligada de toda regla, solo fundada en el poder despótico o la anarquía.

Venezuela es, en cuanto a lo anterior, un emblema, si bien media allí un puente entre la constitucionalidad y su desaparición, calzando aquí lo descrito por Piero Calamandrei en Il regime della menzogna: “Las palabras de la ley no tienen más el significado registrado en el vocabulario jurídico. Hay un ordenamiento oficial que se expresa en las leyes, y otro oficioso, que se concreta en la práctica política sistemáticamente contraria a las leyes… La mentira política, … se asume como el instrumento normal y fisiológico del gobierno”.

Dos experiencias, una pasada, otra actual, pueden ilustrarnos.

A los dictadores militares latinoamericanos del siglo XX les molesta que no se les llame presidentes constitucionales; y es que, accediendo al poder por vías de hecho, las revisten de sacramentos constitucionales. Se rinden ante sus formas. Las “dictaduras” del siglo XXI, cultoras del comunismo, matizadas hoy de progresismo, se inician con la implosión de los edificios constitucionales en vigor. Arguyen, a conveniencia, que la voluntad del pueblo actúa y decide a su arbitrio, desligada de toda normatividad ética o formal.

En 1999, por ende, de espaldas a la Constitución de 1961 y con el aval de los jueces supremos, se dicta en Venezuela una nueva Constitución a través de un mecanismo constitucionalmente inexistente, la Asamblea Constituyente. Luego, a pesar de las graves desviaciones autoritarias y militaristas que consagra su texto, deja de existir, integralmente, en sus aspectos dogmáticos y en los orgánicos. Lo que da lugar, ahora, a un esfuerzo para su restablecimiento, con un Estatuto para la Transición que adopta, el pasado año, la Asamblea Nacional que aún resta sobre el descampado de la ilegitimidad actuante.

La experiencia de las transiciones encuentra su primer foco de actividad en los países de Europa oriental salidos del comunismo y en procura, según las Asambleas de la ONU que se inauguran en Manila, Filipinas, en 1988, de “democracias nuevas” o restauradas. El desiderátum es el dictado de una Constitución. Es una de las alternativas que menciona el profesor Duque Corredor en su exposición, antes de abordar la que le interesa, la de la transición para el restablecimiento de una Constitución abandonada, violada, destruida en su totalidad, incluso huérfana de sustentos institucionales.

Se trata de un predicado válido, también para los casos de Ecuador y Bolivia, cuyos ordenamientos históricos también los desmontan profesores españoles –escribanos al servicio de La Habana– apoyados en la citada opción constituyente, la de la tabula rasa, que imagina y crea sociedad y Estado como si nunca hubiesen existido, desmemoriadas, sin raíces ni parentelas.

Alain Touraine comenta que en el siglo corriente “la democracia es esclava de su propia fuerza”. No le falta razón. Lo cierto es que en el vacío de transición las expresiones políticas emergentes –que ya no dictan ni son dictaduras, sino que disuelven– ocupan, a manos de distintas organizaciones de la criminalidad transnacional,los espacios nacionales y globales para forjar, exactamente, cinturones de impunidad, ajenos al imperio de cualquier ley, recreadores de un relativismo absolutizado. Al cabo, castigan y lapidan, con la mayor severidad y manipulando a la propia ley, a las fuerzas o actores que se le oponen, reescribiendo sus historias y expedientes, mientras, a la par, avanzan en la disolución de lo constituido y sus órdenes. España en la siguiente escala.

A la luz de la subliminal crítica que me dirige Roberto Viciano Pastor, uno los señalados profesores venidos desde la madre patria (véase mi Revisión crítica de la Constitución Bolivariana, 2000), tachando mi compromiso con los valores éticos de la democracia, sí debo decir que esa Constitución, la de 1999, es el “pecado original”.En sus normas se explica el fenómeno que ahora da lugar a la doctrina de la transición democrática, obligando a los demócratas a morderse la cola.

Pero la tesis de Duque Corredor es saludable y oportuna, desde mi perspectiva. Antes que sugerir lo inevitable, la vuelta a la Constitución destruida por vía de una transición que prescriben sus normas, deja una enseñanza fundamental: Mal podrá debatirse otra Constitución sobre el vacío –como ocurre con la que hoy busca restablecerse–si se aspira a que refleje nuestras raíces.

El cardenal Jorge Mario Bergoglio, en su opúsculo La nación por construir, 2005, no por azar recuerda que la ruptura y discontinuidad del diálogo intergeneracional “prohija toda una gama de abismos y rupturas: entre la sociedad y la clase dirigente y entre las instituciones y las expectativas personales”.

Lo que Zapatero calla sobre el régimen de Maduro por Susana Gaviña – ABC – 25 de Enero 2020

El expresidente socialista denuncia que el 90% de la información sobre Venezuela es sesgada y que él conoce la realidad del país después de 38 viajes

La entrevista que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero concedió ayer a la SER, centrada en buena parte en la visita del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, este sábado a España, no ha dejado a nadie indiferente. Sus declaraciones han sido criticadas por distintos sectores, incluso por otro expresidente socialista, Felipe González, que inmediatamente después de la entrevista publicó un comunicado cuestionando su posicionamiento respecto a Guaidó.

En su intervención, Zapatero denunció la desinformación existente en torno a lo que está sucediendo en Venezuela, «el 90% de la información que se publica está sesgada, y siempre del mismo lado», afirmó, subrayando que él conocía la realidad del país al que había viajado 38 veces en los últimos cuatro, en su condición de mediador entre el Gobierno de Maduro y la oposición.

Lo cierto es que, en algunos de sus afirmaciones, el expresidente también cayó en la desinformación o también en el sesgo. Algunas fueron excesivamente graves, lo que no contribuye, por mucho que lo intente, a mejor el clima de diálogo y de paz en Venezuela y con sus interlocutores internacionales, como él tanto pregona.

Zapatero, en el último tramo de la entrevista, apoyó claramente la postura del  presidente Pedro Sánchez de no recibir a Guaidó. Fue entonces cuando llegó la última pregunta sobre si consideraba que el líder del Ejecutivo español «se equivocó reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino» hace ahora un año. El expresidente quiso arrojar luz, desde su perspectiva posiblemente condicionada por esos 38 viajes a Venezuela, sobre la situación política de un país con dos gobiernos. «Para que los ciudadanos comprendan, hay un gobierno que es el que gobierna en Venezuela [el de Nicolás Maduro], que es el que da los visados, es el que tiene el control de la autoridad y demás… Y resulta que llega un Gobierno, que es el de EE.UU., que los bienes y los activos que el Gobierno de Venezuela tiene se los da a unos señores que no tienen ningún título más que se reconocieron… [en referencia a Juan Guaidó y su equipo] Por tanto hay miles de millones por ahí que nadie controla. Para el derecho internacional es una situación insólita», indicó.

Gobierno ilegítimo

En esta afirmación, el expresidente Zapatero no cuenta, porque sí debe de saberlo, que el actual presidente interino, Juan Guaidó, fue elegido presidente de la Asamblea Nacional (la legítima, que fue votada democráticamente el 6 de diciembre de 2015 y en la que ganó la oposición) el 5 de enero de 2019. Esta elección se producía meses después de los comicios presidenciales del 20 de mayo, convocados por la Asamblea Nacional Constituyente (un Parlamento paralelo puesto en marcha por Maduro para quitar funciones al legítimo). El proceso electoral incluyó varias irregularidades, como la inhabilitación de candidatos de la oposición. La falta de transparencia motivó que sus resultados no fueran reconocidos por gran parte de la comunidad internacional, que no aceptó la reelección de Maduro, que había creado un proceso electoral a su medida para continuar en el poder. Ya dos años antes, el Ejecutivo de Maduro había nombrado un nuevo Tribunal Supremo, en sustitución del legítimo (que incluía críticos con el régimen) que tuvo que exiliarse tras haber cursado el gobierno órdenes de detención contra algunos de sus miembros.

El no reconocimiento de Maduro como presidente del país dejaba por tanto un vacío de poder que, según el artículo 233 de la Constitución -aprobada por Hugo Chávez en 1999-, se resolvía de manera transitoria con el nombramiento en su lugar del presidente de la Asamblea Nacional. «Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional», reza dicho artículo.

La versión del Zapatero no se ajusta, por tanto a la realidad, y cae en lo que tanto criticó ayer: la desinformación.

Buen conocedor de la verdadera realidad de Venezuela, gracias a su puente aéreo con Venezuela, no dudó en calificar de «sesgada» el «90% de las informaciones que se producen sobre Venezuela. Información que se inclina siempre «del mismo lado», apostilló. Un lado que, evidentemente, no le gusta al régimen de Maduro ni a sus simpatizantes.

Violaciones de DD.HH.

Por sesgada debemos entender aquellas informaciones que denuncian las violaciones constantes de los derechos humanos en Venezuela, sobre la crisis económica y social que sufre el país desde hace años, del índice de peligrosidad y de corrupción que organismos nacionales e internacionales han reflejado a través de la recogida de datos y testimonios. ABC y otros medios de comunicación se han hecho eco de muchas de ellas.

Zapatero no realizó ayer mención alguna en su intervención a estas violaciones ni a las dramáticas condiciones de vida que existen en Venezuela. La realidad que conoce el expresidente parece obviar a los4,5 millones de desplazados fuera de sus fronteras desde 2015, según un informe del pasado mes de octubre de la ONU, organismo al que el propio Zapatero otorga total legitimidad -pues reconoce al Gobierno de Maduro y no a los representantes de Guaidó-, y por lo tanto estaría fuera de toda sospecha sobre un posible sesgo.

Igual de legítimo debe parecerle entonces el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los DD.HH. sobre Venezuela, publicado el pasado mes de julio y elaborado a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Un texto que indica que en el último decenio -y especialmente desde 2016- el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno». Algo que ha llevado a cabo a través de «un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos», explica.

El informe, que comprende desde enero de 2018 hasta mayo de 2019 y que se hizo público días después de la visita a Venezuela de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH., Michelle Bachelet, se refiere a la «paulatina militarización» de las instituciones del Estado durante la última década. «Tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrariasmalos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones».

En cuanto a los colectivos, grupos armados civiles progubernamentales, considera que estos han contribuido al deterioro de la situación y documenta «66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos.»

Asimismo, hace mención de las «ejecuciones extrajudiciales»cometidas por las fuerzas de seguridad, «en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales», que según el informe, «ha sido sorprendentemente elevada».

Detenciones arbitrarias, censura, represión

Siguiendo con la vulneración de derechos de los ciudadanos venezolanos, en especial contra aquellos que son críticos con el Gobierno de Maduro, el texto recoge que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, «y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su Presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria».

Hace hincapié, además, en que «la mayoría de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada».

Denuncia también el constante ataque a libertad de expresión, mediante la prohibición o la clausura de medios de comunicación, y la detención de periodistas independientes. «En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes».

También acusa al Gobierno de Maduro de «incumplir su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y a la atención sanitaria». Un aspecto que, según,Zapatero, sería consecuencia de las sanciones internacionales, punto que también aborda el informe de la ONU al afirmar que se han agravado, «en el caso de las sanciones vinculadas a la exportación de petróleo», aunque «la economía de Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus sectores».

La lista de violación de DD.HH. en Venezuela es extensa, como reconoció la Bachelet que exhortó al Gobierno de Maduro a tomar medidas. «Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas», afirmó la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH.

 

Parlamento o autocracia por Rafael Gallegos – Informe21.com – 10 de Enero 2020

En 1933 el canciller Hitler quemó el Congreso de su país. Seguramente su diabólico colaborador Joseph Goebbels – el mismo que aplicó la nefasta receta de repetir las mentiras mil veces hasta convertirlas en verdades – le recomendó que ni de casualidad dijera que el incendio  fue provocado por ellos mismos. Hitler montó un teatro típico de los autócratas,  culpó a los comunistas y encontró un “culpable” al que aplicó la pena de muerte. Paralelamente presionó al anciano y debilitado Presidente Hindenburg y logró que éste emitiera un decreto que suspendía “hasta nuevo aviso” las libertades de prensa, reunión etc. por la situación de peligro existente. Así, acabó con la democracia alemana y comenzó su dictadura. Para mayor desfachatez el decreto rezaba en su título “para la protección del pueblo”. Y eso que los nazis tenían la primera mayoría en el Congreso. Es que los parlamentos le estorban a las a las dictaduras. Ah! y el “hasta nuevo aviso”, fue doce  años después, a la muerte de Hitler.

En Venezuela Juan Vicente Gómez disponía de un Congreso ideal para los dictadores. Lo había electo a dedo. Por ello 1929 cuando en un vergonzoso  discurso (para los aplaudidores) le propuso a sus “aguerridos” parlamentarios que no quería ser Presidente de la República, estos gritaban: no, no, no. Y dicen que algunos hacían puchero. Bueno está bien – continuó el dictador- pero me buscan uno que piense igualito “a yo” en todas las cosas. Sí, sí, gritaban ahora los parlamentarios. Seguían los pucheros; pero ahora eran de alegría. Así, les recomendó como presidente de Venezuela a Juan Bautista Pérez y siguió en Maracay como jefe del Ejército.  Un Congreso así es el ideal para los dictadores.

Ese mismo año, cuando  Rómulo Gallegos escribió Doña Bárbara, se la leyeron al Taita. Le gustó tanto que cuando llegó la noche Gómez hizo prender los faros de un carro para que le finalizaran la lectura. Quedó tan contento que le mandó a ofrecer  a Gallegos la senaduría (el propio dedo) por Apure. Dicen que Don Rómulo dubitó y su esposa Teotiste le dijo firmemente: nos vamos… y se fueron de Venezuela hasta la muerte del déspota. Una lección de dignidad.

Congresos como los de Gómez, sumisos, sin garganta e indignos, son los que fascinan a las dictaduras. Porque los parlamentos son lo más cercano a la voz del pueblo en las democracias. En USA sacaron a Nixon sin aviso y sin protesto, en Brasil a Dilma Rousseff. Y en Estados Unidos van por Trump. Y a ninguno de ellos se le ocurrió (o ha ocurrido)  por ejemplo mandar a golpear a los diputados con los militares para que no entren al hemiciclo como que si estuvieran en Trucutrulandia.

En 1948, cuando los militares tumbaron al insigne novelista Rómulo Gallegos, el valiente demócrata Valmore Rodríguez, presidente del Congreso Nacional,  trató de aplicar la Ley. En  Maracay se proclamó Presidente y nombró un gabinete de emergencia. Pero los golpistas no estaban para “leyecitas”. Don Valmore terminó encarcelado y murió en Chile en 1955.

En 1959 cuando Fidel Castro visitó a Venezuela, mi querido e inolvidable padre Rafael Gallegos Ortiz le preguntó al comandante que por qué no hacía elecciones si él arrasaría. La respuesta de Castro fue que bastaba un solo diputado que le echara broma para que él no pudiera lograr lo que quería. Estaba clarito en cómo estorban los parlamentarios dignos a los despotismos. Y una vez al Che – otro héroe de esta “revolución” “bolivariana”, un periodista en medio de una manifestación le preguntó por elecciones y su respuesta fue para qué si el pueblo ya habló ¿no ve la multitud? … clara manera de escurrir el bulto.

Claro, la revolución cubana si hace elecciones, con un solo partido, sin testigos de oposición porque está permitida y sacan el 99% de los votos. Jefes y modelos de nuestros “revolucionarios”. Ya se acercaron con la ANC donde lograron el milagro estadístico de sacar el 100% de los parlamentarios  con apenas el 20% de apoyo popular.

CINCO DE ENERO DE 2020

Sin leguleyismo, es decir sin discutir que en Venezuela el 5 de enero de este año el Presidente de la Asamblea Nacional fue electo con acta o sin acta, con quorum o sin quorum, violando el reglamento o no, o que si Guaidó entró o no entró… sin leguleyismo… ¿Puede ser válida una elección donde los militares reprimen a los parlamentarios y no dejan entrar a muchos de ellos?

Este solo hecho hace que ese acto sea digno (más bien indigno) de ocupar un sitial en  “La historia universal de la infamia”, de Jorge Luis Borges.

¿Qué opinaría usted si eso sucediera en Suiza, o en Suecia, o en Chile, o Costa Rica? La verdad es que da pena ajena. Tanto que países “panas” de la “revolución”; pero democráticos como Argentina, México y Uruguay, inmediatamente denunciaron el hecho y se desligaron del régimen. Y ya las Academias, la Conferencia Episcopal, la Gente del Petróleo y muchas otras organizaciones de incuestionable talante democrático han rechazado tamaño desaguisado.

Y ahora los voceros del gobierno tratan de explicar lo inexplicable. Pero ni Goebbels, ni sus hijos de la Stasi alemana o sus nietos del G2 cubano podrían  justificar como democrático  que los militares agredan a los parlamentarios y no los dejen cumplir su trabajo. Te pareces tanto a mí le podrían cantar un grupo de autócratas cantores integrado por Hitler, Fidel, y Gómez entre muchos otros.

No aclaren que oscurecen.

LA CONSTITUCIÓN SIRVE PARA TODO

El 24 de enero de 1848 el Congreso venezolano discutía enjuiciar al presidente José Tadeo Monagas. El ministro Sanabria estaba allí entregando Memoria y Cuenta. Se corrió la voz (¿quién la correría?) que al ministro lo habían asesinado. Aparecieron las turbas liberales (¿quién las mandaría?) y asesinaron a cuatro diputados(¿quién los dejaría?). Al día siguiente, Monagas quería enderezar el entuerto y ofreció soluciones que sus asesores le dijeron que no iban en línea con la Constitución. “La Constitución sirve para todo” fue su respuesta. Digna de los autócratas de todos los tiempos.

Obligaron a los diputados a reunirse nuevamente como si nada. Casi todos  fueron, de lo más mansitos. Desde ese día Venezuela tuvo dóciles  parlamentos  que no parlaban, por muchos años. Hasta que llegó la Democracia.

Sin embargo Fermín Toro, el gran Fermín Toro, no asistió. Los funcionarios del régimen se trasladaron a su casa para reclamarle en tono amenazador. Su respuesta pasa a la historia como una gran lección de dignidad: “Díganle al presidente Monagas que mi cadáver puede ser llevado; pero que Fermín Toro no se prostituye.”

Y Juan Guaidó tampoco, ni los cien diputados.

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