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Un país, dos presidentes por Tomás Straka – Nueva Sociedad – Febrero 2019

El pasado 2 de febrero se cumplieron 20 años de la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela. Sin embargo, fueron pocos los que recordaron la celebración. El país convive hoy con una crisis institucional de dimensiones tan trágicas como rocambolescas. Nicolás Maduro manda desde el Palacio de Miraflores. Juan Guaidó actúa como un presidente en el exilio pero dentro del país. Venezuela tiene dos presidentes, ¿pero tiene alguna salida?

Un país, dos presidentes

El pasado 2 de febrero se cumplieron 20 años de la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela. Aunque todo hubiera hecho pensar en una efeméride llena de celebraciones y recuerdos del «Comandante». Pero muy pocos repararon en ella. El chavismo arribó a su vigésimo aniversario en el poder eclipsado por la irrupción de un presidente opositor. Juan Guaidó parece encarnar una inflexión en la ya larga crisis venezolana. Un salto a otro nivel que hace aún más compleja a una situación que para propios y extraños es difícil de entender. Venezuela es hoy un país con dos presidentes, lo que profundiza la escisión de una sociedad sumida en la dicotomía y la polarización desde hace años. Venezuela cuenta con dos presidentes que actúan al mismo tiempo y en la misma ciudad. Uno, Guaidó, reconocido por un vasto segmento de la población y gran parte de la comunidad internacional. El otro, Nicolás Maduro, con el gobierno efectivo del país y sobre todo, hasta el momento, el respaldo de las Fuerzas Armadas. Un presidente que nombra embajadores que son reconocidos por otros Estados y tiene potestad sobre activos venezolanos en el exterior, pero que en Caracas no cuenta ni con un policía para su protección. Y otro al que un sector importante de la sociedad considera un usurpador –y habla explícitamente de «sacarlo del poder»- pero que sigue despachando desde el palacio de Miraflores tomando decisiones que inciden en la vida cotidiana de los venezolanos. Mientras, Guaidó es una especie de presidente en el exilio, solo que dentro de su país.

La situación puede definirse como una verdad líquida llevada al extremo o, más concretamente, como un «realismo mágico» -categoría creada por un venezolano para definir a su entorno y sociedad-. Y, sin embargo, hay algunas cosas que parecen estar quedando claras. En principio, que el régimen inaugurado en 1999 -la «Revolución Bolivariana»-, ha entrado en una fase aguda de crisis. Se ha demostrado, además, que la oposición no solo no estaba muerta como parecía hace apenas un par de meses, sino que se ha mostrado con fuerza para disputarle el poder y, al menos, arrebatarle una parte de él, por ejemplo en la representación ante el mundo y en no pocos de los activos en el exterior. Finalmente, se ha evidenciado que la crisis venezolana ya se internacionalizó, convirtiéndose en una pieza de esta Nueva Guerra Fría de la que han formado parte otras crisis, como las de Ucrania o Siria. El pulso entre Occidente, Rusia y China se ve claramente en Venezuela. Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Israel, Australia, y la mayor parte de los países de Latinoamérica reconocen a Guaidó como presidente. Rusia, mientras tanto, se muestra como una aliada de Maduro. China también lo respalda, pero con posturas bastante más tibias e incluso señales claras de querer seguir negociando con Guaidó, de ganar éste la partida.

Esta franca internacionalización del problema venezolano ha servido para su simplificación. El apoyo de Vladimir Putin a Maduro logró la rápida alineación de países como Georgia y Kosovo con Guaidó, mientras que el profundo involucramiento de Donald Trump con la búsqueda de un cambio de gobierno en Caracas ha servido para que muchos despachen el asunto como un simple caso más de intervencionismo norteamericano. Vastos sectores de la izquierda global se basan en esta única razón para convertir a Maduro en una especie de héroe antimperialista. Desdeñan otros aspectos, como por ejemplo su alianza con el imperialismo ruso aceitada con oro, petróleo y otros recursos. El dilema de escoger entre Trump y Putin es muy complejo. Tampoco se puede obviar que, en este conflicto, las riquezas naturales venezolanas y su valor geoestratégico constituyen una variable importante. Por eso es importante entender que eso no es todo lo que está en juego y que en la complejidad venezolana -en efecto muy «líquida»- hay una enorme gradación de claroscuros.

Venezuela es, en primer lugar, un verdadero problema para la región. A 20 años de iniciado el gobierno, y a doce de proclamado formalmente el socialismo, el panorama es apocalíptico. Hablamos de la economía con el peor desempeño del mundo, que alcanzó una inflación del 1.000.000 % en 2018 y ha sumado una contracción de más de -50% en cinco años (la Gran Depresión fue de un -30% y duró tres años). El sueldo mínimo es de unos 6 dólares mensuales, en tanto que la cesta básica está alrededor de trescientos dólares, según cifras de enero de 2019 del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA). Las familias sobreviven acarreando varios sueldos entre todos, con las cajas de comida que entrega el gobierno y, cada vez más, con el dinero de las remesas que les mandan sus miembros en el exterior. Pero sobreviven muy mal: no es un dato menor que solo entre 2016 y 2017 la pobreza extrema se haya disparado del 23,6% al 61%, según cifras de la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi). Entre otras consecuencias, este descalabro económico y social ha creado la peor crisis migratoria en tiempos de paz de la región, con más de tres millones de venezolanos que han salido al exterior, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Esto significa un 10% de la población, proporción que ya es comparable con las de las naciones sumergidas en conflictos como Colombia, que heredó de sus décadas de violencia más de siete millones de desplazados, o Siria con sus once millones de migrantes.

Por otra parte, Maduro ha hecho bastante para que los países democráticos pongan en cuestión su legitimidad. Una sucesión de decisiones desde el 2013 fueron abonando el camino que lo condujo a la situación actual. En 2012, cuando un Chávez ya enfermo de cáncer se lanzó a su última campaña electoral, los resultados de la cadena de estatizaciones y férreos controles a la economía empezaban a hacerse sentir. La caída de la producción se había compensado con el boom petrolero de 2004-2008, que le reportó a Venezuela alrededor de un billón de dólares. Pero tan pronto los precios bajaron, la situación económica comenzó a empeorar. Por eso, aunque Chávez triunfó sobre Henrique Capriles Radonski por más de diez puntos, en realidad se trataba de un notorio declive con respecto a los treinta puntos de diferencia que había obtenido en 2006. Así, sin el carisma de Chávez y con una situación económica cada vez peor, Maduro -el escogido por Chávez en su última aparición en público- apenas derrotó a Capriles Radonski en 2013 por un 1%, aún muy debatido. Era obvio que pronto se cruzarían las líneas entre chavismo y oposición. Y eso ocurrió en las elecciones parlamentarias de 2015.

El intento de 2014 de derrocar a Maduro con protestas callejeras conocido como «La Salida», terminó en un fracaso con cuarenta y tres muertos y el encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López. Pero la represión provocó un daño importante en la reputación del gobierno. La campaña #S.O.S.Venezuela consiguió apoyos de personajes como Madonna y Cher. Después de eso, la oposición redirigió su estrategia a la ruta electoral, con un resultado espectacular: con el 56% de los votos, consiguió la mayoría calificada del parlamento en las elecciones parlamentarias de 2015. La primera respuesta del gobierno fue suprimir en los hechos a la Asamblea Nacional a través de treinta sentencias en las que el Tribunal Supremo de Justicia invalidaba una a una sus disposiciones. Finalmente, en marzo de 2017, le quitó en la práctica la capacidad legislativa a la Asamblea, asumiéndola para sí. La respuesta fueron los cien días de protestas y los disturbios, una de las rebeliones cívicas más largas de la historia.

En medio de la crisis institucional y política, Maduro convocó elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, que no fueron reconocidas como legítimas por los opositores -que no participaron en las elecciones- ni por varios países, entre ellos muchos de la Unión Europea y Estados Unidos. De hecho, en agosto de 2017 se formó el Grupo de Lima, con el objetivo de luchar por el retorno de una democracia efectiva en Venezuela. Sin embrago, las protestas terminaron disolviéndose, en parte por inconsistencias y divisiones de la dirigencia opositora. Así, un Maduro cada vez más seguro fue a las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 con buena parte de los partidos y políticos de oposición inhabilitados –aunque no proscritos−, muchos dirigentes en el exterior y algunos presos. Por eso cuando fue proclamado ganador, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea ni catorce países latinoamericanos reconocieron la legitimidad de los comicios. Para ellos, el 10 de enero de 2019 culminaba su gobierno legítimo.

Según la Constitución venezolana, en el caso de faltas absolutas del presidente de la república, el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir interinamente el cargo hasta tanto se realicen elecciones. Fue eso lo que alegó Guaidó, un joven y casi desconocido diputado, cuando asumió la presidencia del Parlamento en enero de 2019. Los exilios y las prisiones de los otros grandes líderes de su partido, el socialdemócrata Voluntad Popular (VP) de Leopoldo López, hicieron que la responsabilidad recayera en él. Aunque la estrategia no se debe solo a él ni a su partido, ha sabido desempeñar el papel. En una gran concentración, el 23 de enero -fecha en la que se conmemora el fin de la dictadura militar de 1958- decidió asumir las funciones de la presidencia. Rápidamente reconocido por Estados Unidos y buena parte de América Latina, a la que se le han unido Europa, Canadá y otros países, la situación ha dado un viraje de muchos grados. Es un nuevo round en la inacabable crisis venezolana, cuyo desenlace es difícil de prever. Con todo, no deja de ser revelador el hecho de que, a 20 años de iniciada la Revolución Bolivariana, la noticia sea que un opositor llegue a la presidencia. Una de las dos que actúan hoy en el escindido y atribulado país.

Váyanse por Fernando Luis Egaña – El Nacional – 16 de Febrero 2019

Fernando Luis Egaña

Lo único positivo que Maduro y los suyos podrían hacer es irse del poder. Permitir que de esa manera se abra una nueva etapa que facilite cambios políticos, económicos y sociales de fondo. Ya está bueno ya… como se dijo en otros tiempos. Este presente es un tormento y su prolongación sería un tormento más doloroso. Los jefes de la hegemonía llevan dos décadas deshaciendo a su antojo, y lo que tenemos salta a la vista: una Venezuela destruida, y urgida de ayuda humanitaria en medio de una bonanza petrolera. Nada de eso tiene ni la más remota posibilidad de cambiar, si está jefatura no se va.

La Constitución formalmente vigente establece o dispone diferentes caminos para que Maduro y los suyos se terminen de ir. Y si son caminos constitucionales no pueden ser, al mismo tiempo, inconstitucionales. Ya se han invocado diversos de esos caminos que tienen pleno sustento en la Constitución. Hay que impulsarlos como mecanismos legítimos de presión para que los jefes de la hegemonía se vayan. Y esto es precisamente lo que viene haciendo el presidente interino, Juan Guaidó. El respaldo de la comunidad democrática internacional confirma la idoneidad de esa lucha.

Ya el país está sumido en una violencia sin precedentes, como para que Maduro y sus colaboradores pretendan continuar en su poder ilegítimo, por la vía de la imposición, es decir, de la fuerza, es decir, de la violencia. Lo que Venezuela ansía es paz y justicia, pero ni la una ni la otra tienen cabida en el régimen que busca seguir imperando. Y si a alguien, a estas alturas, le quedaba alguna duda, siquiera mínima, sobre la necesidad impostergable de que se vayan, tenemos el caso de la negativa a recibir ayuda humanitaria, en especial medicinas, para una población que se muere de mengua. Esta podría ser la última descalificación, y una de carácter absoluto. Repito: váyanse… es lo único positivo que pueden hacer en Venezuela.

Un intento inútil de disuasión militar por Fernando Ochoa Antich – El Nacional – 10 de Febrero 2019

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Me causó honda preocupación observar a Nicolás Maduro, desmedidamente obeso, trotando y vociferando arengas patrioteras a la cabeza de una unidad militar, acompañado del ministro de la Defensa y de un grupo de generales, al dar  inicio a unos ejercicios militares, sin advertir que esa acción se convertiría en el hazmerreír de los venezolanos, y lo más grave aún, no alcanzaría el objetivo disuasivo que perseguía. No logré entender cómo era posible que los altos mandos, de manera irresponsable y deshonesta, no tomaran una posición para evitar se cometiera semejante ridiculez. Intentar hacernos creer, como trataron de hacerlo, que con la realización de esos ejercicios militares podrían demostrar que la Fuerza Armada Nacional está en capacidad de disuadir a la poderosa alianza militar constituida, por Estados Unidos, Brasil y Colombia, y respaldada por la mayoría de los países americanos y europeos,  para enfrentar la usurpación madurista, es definitivamente un desvarío. Tampoco es verdad que el supuesto apoyo militar ruso y chino va a incrementar a nuestro favor la correlación de fuerza existente. He querido insistir, una vez más, sobre este asunto, ante las terribles consecuencias que deberán sufrir nuestro pueblo y la Fuerza Armada Nacional, si el egocentrismo y la ambición desmedida de poder de Nicolás Maduro, y de quienes le hacen imaginarse fortalezas que no tiene, pueden conducir a Venezuela a un enfrentamiento inútil  y a la muerte de numerosos jóvenes venezolanos.
Diferentes analistas han escrito acertadas apreciaciones de la actual  situación militar y política de Venezuela,  entre ellos mi amigo Jesús Seguías, presidente de Datincorp y prestigioso estudioso de la realidad nacional, quien recientemente expresó lo siguiente: “Donald Trump está decidido a llegar hasta el final. Quedaron cerradas totalmente las opciones de negociación que impliquen dejar a Maduro frente al gobierno”. También mantuvo que impedir el ingreso a Venezuela de la Ayuda Humanitaria puede ser la causa de  una posible intervención multilateral. Igualmente, el presidente Donald Trump en su reciente discurso sobre “El Estado de la Unión” afirmó que: “los Estados Unidos apoyan al pueblo venezolano en su lucha por la libertad”, además agregó que “todas las opciones están sobre la mesa” lo cual indica que  su gobierno está decidido a utilizar cualquier medio, incluyendo el militar, con el fin de lograr que Nicolás Maduro salga del poder.  Esta verdad  empieza materializarse al escuchar las últimas declaraciones de John Bolton, consejero de Seguridad Nacional,  y del almirante Craig S. Faller, nuevo jefe del Comando Sur de los Estados Unidos.  Por eso creo que los miembros de la Fuerza Armada Nacional, conscientes como están de la inconmensurable crisis sanitaria y alimentaria que padecen los venezolanos, deben contribuir en la recepción y protección de los envíos de ayuda humanitaria hasta su entrega a las organizaciones que han sido escogidas para su distribución.
La estrategia establecida por la importante alianza política, militar y diplomática        que enfrenta al régimen madurista está a la vista: Incrementarán, como ya lo han venido haciendo, medidas en el orden diplomático y económico hasta niveles insostenibles por Venezuela. De no lograr, en un relativo corto tiempo, la salida del poder de Nicolás Maduro se iniciará la acción militar, la cual comenzará, ante la innegable superioridad aérea, con fuertes y constantes bombardeos con la finalidad de consolidar sus objetivos militares.  Al tener certeza de la destrucción de nuestra capacidad de defensa  desembarcarán y pasarán las fronteras efectivos terrestres con el objetivo de controlar los puntos críticos del territorio nacional, evitando comprometer sus efectivos  en combates  en las principales ciudades y, de manera particular, en los sectores populares  a objeto de evitar  la muerte de sus propios efectivos militares y no causar innecesarias bajas civiles. En definitiva, una segura y dolorosa  derrota militar de Venezuela y de su Fuerza Armada Nacional. Piensen en lo que significa comprometer el honor de la patria de Bolívar por satisfacer la ambición desmedida de poder de Nicolás Maduro y su corrupta camarilla.
Nicolás Maduro usurpa la presidencia de la República desde el pasado 10 de enero de 2019. Así lo considera una abrumadora mayoría del pueblo venezolano  y la casi totalidad de los gobiernos de América y de Europa ante su permanente y flagrante violación de la Constitución Nacional. La elección que Nicolás Maduro alega haber ganado el 20 de mayo de 2018, no fue sino un inmenso fraude ejecutado por el írrito CNE y el deslegitimado TSJ, en medio de innumerables violaciones constitucionales, atropellos a los ciudadanos y organizaciones políticas opositoras, así como una histórica abstención en rechazo a su persona y a la camarilla criminal que lo secunda. Estos abusos, aunados a las masacres perpetradas y a la inmensa cantidad de presos políticos detenidos en las justificadas protestas ciudadanas del año 2017, contribuyeron a hacer despertar a la opinión pública internacional y a crear  un inmenso  repudio a la figura de Nicolás Maduro, así como al desconocimiento del resultado de esas elecciones. Ahora, ante la acción ejecutada por la legítima Asamblea Nacional, basada en los artículos 70, 233, 333 y 350 de la Constitución Nacional, se niega no solo a reconocer su fracaso sino también a querer involucrar a Venezuela en una absurda confrontación bélica que no haría otra cosa que incrementar nuestra tragedia. Ojalá que alguien le haga entender que pretender disuadir a un adversario tan poderoso, sin contar con la fuerza necesaria, es sencillamente una insensatez.
A los miembros de la Fuerza Armada Nacional  sólo les queda un camino, ante la soberbia  de Nicolás Maduro de no querer aceptar que se convoque a unas elecciones generales, para evitar la tragedia de un conflicto bélico: contribuir a poner fin a la usurpación madurista, restablecer la vigencia de la Constitución Nacional y reconocer la legitimidad de Juan Guaidó como encargado de la presidencia de la República. No hacerlo comprometería el destino de Venezuela y de sus futuras generaciones. Recuerden que ustedes,  compañeros de armas, están al servicio de la Nación y no de un partido político ni de una ideología determinada.

De la desesperanza a Guaidó: cómo se orquestó la toma del poder en Venezuela por Orlando Avendaño – Panampost – 10 de Febrero 2019

Como algunos quieren hacer creer, la gran toma del poder en Venezuela no fue tramada por un solo mariscal, desde su jardín, de forma maquiavélica

Juan-Guaidó

Esta crónica se elaboró luego de consultar varias fuentes que prefirieron mantenerse en el anonimato y no ser citadas.

En agosto de 1943 se empezó a tramar la famosa Operación Overlord. Era la toma de la Bastilla, el asalto al Palacio de Invierno o el ataque de los liberatores; de la Segunda Guerra Mundial. El gran plan que, en un contexto desfavorable, torcería la historia a favor del otro bando. Y en Venezuela, los preparativos para el Día D iniciaron en diciembre de 2018.

No existe el Eisenhower caraqueño. Tampoco el Montgomery zuliano. Como algunos quieren hacer creer, la gran toma del poder en Venezuela no fue tramada por un solo mariscal, desde su jardín, de forma maquiavélica. Fueron muchas voces que, en sus espacios, articularon al país —y al mundo— para fraguar la gran operación política que hoy tiene a Maduro en jaque. Al tirano en su búnker —su führerbunker—.

“La Constitución me da la legitimidad para ejercer la encargaduría de la presidencia de la República para convocar elecciones (…) Me apego a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución para lograr el cese de la usurpación”, dijo el entonces diputado Juan Guaidó al mediodía del 11 de enero de 2019.

Inmediatamente después de lo que fue el inicio de los cabildos, el primero en saludar a Guaidó como nuevo presidente de Venezuela fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. El discurso en el cabildo había sido bastante ambiguo, por lo que Almagro prácticamente le adhirió, con cemento, la banda presidencial a Guaidó.

Pero la noche anterior ocurrió bastante. Veinticuatro horas antes del primer cabildo Juan Guaidó no tenía previsto apegarse a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución. No tenía pensado decir nada sobre la encargaduría o la presidencia o lo que sea.

Hay que ir más atrás. Unas semanas. Cuando los grandes responsables de la toma del poder en Venezuela, esos que orquestaron la invasión caribeña a Normandía, empezaron a cimentar el terreno de la gran estrategia que llevó a Juan Guaidó al 23 de enero de 2019. El momento decisivo en el que, cargadas las bayonetas, listos los barcos, las tropas desembarcaron y marcaron el inicio de un proceso irreversible. Con la juramentación de Guaidó como presidente interino de Venezuela, Nicolás Maduro entró en el último período de su mandato dictatorial. Inalterable, invariable. Definitivo.

Preparativos para el Día D

Afuera de la Casa de las Américas, en Washington DC, hacía unos ocho grados centígrados. Era 14 de diciembre. El día nublado. En el despacho del secretario general se repartió café a los invitados: eran el presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, Miguel Ángel Martín; los diputados Francisco Sucre, Freddy Superlano, Carlos Lozano y Juan Guaidó. Por teléfono estaban Julio Borges y el gran líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.

Se discutía lo que todos coincidieron que era una oportunidad única. Jamás se había presentado una ocasión tan conveniente en veinte años de chavismo. La región favorece el cambio con nuevos jefes de Estado, conservadores, alineados con la Casa Blanca, donde ahora gobierna un empresario pragmático, enemigo acérrimo del rojerío en el mundo. Además, hay que designar a una nueva directiva del Parlamento venezolano. Es el momento para apartarse de una dirigencia que había hecho bastante daño a los ciudadanos venezolanos y que hoy carecía de prestigio y de credibilidad. Pero lo más importante, más allá de la posibilidad de refrescar el panorama político en Venezuela y lo apropiado de una región aliada de la causa, era la oportunidad de deponer a Nicolás Maduro a través de un proceso plenamente constitucional.

Las discusiones llevaban meses desarrollándose, es cierto. Cuatro líderes venezolanos que, en coordinación con los principales actores del continente, buscaban establecer una ruta que permitiera concretar el desmoronamiento del régimen de Nicolás Maduro. Eran María Corina Machado, Antonio Ledezma, Julio Borges y Leopoldo López. Pero en diciembre se dieron los primeros acercamientos —con la ausencia, y a la espalda, en ese momento, de dos de los líderes—. Y entonces se empezó a coquetear con la idea: enfocar todos los esfuerzos en un trayecto, legítimo, constitucional, que pudiera ser respaldado por la comunidad internacional sin el temor de ser catalogada como compinches de un coup d’Etat.

No hubo consenso. Apenas era una idea que flotaba en el aire. Como una ficción utópica, parecía demasiado distante porque todo dependía de un Parlamento que lo único que había podido ofrecerle al venezolano era frustración. Pero la mayoría de los actores, los sensatos, esos comprometidos genuinamente con la causa por la libertad de Venezuela, veían en el artículo 233 de la Constitución la última gran oportunidad para salir de Nicolás Maduro: quiéranlo o no, a la Asamblea le corresponde asumir su responsabilidad. Era una obligación.

Se trazaron los planos. Se armó el borrador. Los Eisenhower, dos en Caracas, otros en Washington, uno en Bogotá y el otro, en Madrid, empezaron a esbozar el proyecto. Y parte de la estrategia era presionar. Públicamente y en privado. De lo contrario, el riesgo de que no se ejecutara el plan —o de que fuera saboteado por enemigos encubiertos— era muy alto. Había que alzar la voz.

El 21 de diciembre, en un video publicado desde su cuenta de Twitter, una de los cuatro, María Corina Machado, envió un mensaje a la Asamblea Nacional de Venezuela. “Se nos presenta una nueva oportunidad”, dijo, “tenemos que salvar al país”.

“Nicolás Maduro es un ilegítimo. El 10 de enero concluye un período presidencial y no hay presidente electo. Punto. Hay un vacío de poder, que tiene obligación de ser llenado por la Asamblea Nacional, designando un Gobierno de transición encabezado por el presidente de la propia Asamblea Nacional”, aseveró ese día Machado.

Y el alcalde exiliado, otro de los cuatro, Antonio Ledezma, hizo lo propio el 23 de diciembre: “El próximo cinco de enero, más que instalar una junta directiva de la Asamblea Nacional, debe instalarse un Gobierno de transición. Porque Maduro es ilegítimo”.

Ya la matriz de opinión se estaba formando. Ciudadanos reconocidos como el diplomático y expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Diego Arria; el jurista y secretario del grupo IDEA, Asdrúbal Aguiar; el prestigioso profesor de Harvard, Ricardo Hausmann; y —porque habrá que insistir en su nombre hasta el final— el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, habían clamado la urgencia de que, ante el vacío de poder que Nicolás Maduro dejaría el 10 de enero, el presidente del Parlamento tiene la responsabilidad de asumir el espacio.

Aparecieron los antipáticos de siempre. Con altivez, desde sus tribunas, afilaron sus plumas para reclamar que nadie, desde ningún espacio, goza de la autoridad para decirle qué hacer y cuándo a la Asamblea. Y que además, que el presidente del Parlamento se crea, luego, presidente del país, era una insensatez. Proponían, en concreto, violentar la Constitución de Venezuela.

En los espacios del mundo donde se traman estas cosas y se toman las decisiones importantes siguió discutiéndose el tema. Desde la Organización de Estados Americanos se insistía con empeño en la ruta que lucía como la más adecuada. Mientras, en la Casa Blanca se aviaban los halcones para, eventualmente, saltar a la yugular de Nicolás Maduro.

Al clamor de los principales actores de la región y el liderazgo opositor comprometido con la causa por la libertad, se sumaron los ciudadanos. Las redes sociales, donde abundan esos ásperos guerreros del teclado que andaban, testarudos, exigiendo, se llenaron de opiniones incómodas para los mezquinos. Que cuando sea la falta absoluta de este, entonces es el otro al que le toca asumir el rollo. Listo. No hay para dónde coger. Afortunadamente la Constitución es bastante clara. Y por esos días se citaba a cada rato.

Terminó el año. Las gentes voltearon sus miradas a la decisión que tomarían los asambleístas en lo tocante a la nueva directiva. Como ya se hablaba del artículo 233, entonces mucho dependía de quien quedara como presidente del Parlamento. Pero un evento, antes de la designación de los nuevos jefes de la Asamblea, irrumpió la atención. Secuestró las miradas. Y un comunicado, distante de todo lo que se pudiera esperar, marcó un hito.

Fuentes cercanas al proceso dicen que la declaración que dio el Grupo de Lima el 4 de enero de este año sorprendió hasta al Gobierno de Estados Unidos. En el comunicado, se lee: “El Grupo de Lima insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia, que respete las atribuciones de la Asamblea y le transfiera provisionalmente el poder hasta que se realicen nuevas elecciones”.

Ese día, luego de una cumbre realizada en la capital de Perú, catorce países acordaron no reconocer “la legitimidad de un nuevo período presidencial del régimen de Nicolás Maduro que iniciará el 10 de enero de 2019”. Tajante. También transparente. Las potencias de la región, excluyendo a México —que no suscribió el texto—y a Estados Unidos, impusieron un deadline. Y, además, se refirieron abiertamente al proyecto que se había empezado a armar en diciembre: al presidente de la Asamblea Nacional le corresponde asumir las competencias del Ejecutivo.

Para este momento aún no había consenso entre las cuatro facciones políticas de la verdadera oposición. Dividida en dos, una parte se inclinaba más a la idea de un Consejo de Estado conformado por quienes timoneaban las tres principales instituciones legítimas (la Asamblea, el Tribunal y la Fiscalía); y la otra, siempre más radical, y alérgica a cualquier cosa que tuviera que ver con diálogo o elecciones, se mantenía firme en la idea de subordinarse al artículo 233 de la Constitución. Estos dos, junto a los otros padres de la Operación Overlord venezolana, salieron envalentonados con el acuerdo firmado ese 4 de enero en Perú. “Estados Unidos aplaude al Grupo de Lima por ponerse del lado de la democracia en Venezuela y denunciar la próxima juramentación ilegal de Nicolás Maduro. Las elecciones en Venezuela fueron viciadas e injustas”, dijo al respecto el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.

Por otra parte, la declaración del Grupo de Lima generó inquina entre aquellos, presuntos opositores, cuyos intereses se veían amenazados. Desestimaban por completo la idea de un nuevo presidente en el país —y, para argumentar la postura canalla, blandieron que aquello desencadenaría violencia, persecución y más confrontación—.

Reuniones. Muchas. Encuentros, llamadas y presiones. El mundo ya veía, frente a sí, su oportunidad para librarse de Maduro. No iba a dejar que pasara. Y cuánto inquietaba que aún hubiera discordia entre quienes tenían que coincidir para que avanzara la toma del poder en Venezuela.

Como se deseaba, Juan Guaidó fue designado presidente de la Asamblea Nacional. Pese a un acuerdo político al que se llegó en 2015 cuando la oposición se apoderó del Parlamento, existía la angustia con la posibilidad de que partidos desacreditados sabotearan el pacto que daba a Voluntad Popular la presidencia. No ocurrió, afortunadamente. La fuerza política de Leopoldo López logró los votos y llevó a Guaidó al que en ese momento era el espacio más importante en el país.

Como dicen quienes lo trataron durante los preparativos del Día D, Guaidó siempre tuvo la voluntad de asumir los riesgos inherentes al cargo histórico que ahora lo investía. De todos los diputados, parecía la persona adecuada para la responsabilidad. Joven, intachable y enérgico. Con retórica pausada, pero precisa. Elegante, viril, con una familia modélica. Era el hombre adecuado para el momento adecuado. Pero, porque siempre hay un pero, aunque quisiera, aunque tuviera la voluntad y el coraje para enfrentar a la caballería y a todas las fuerzas en combate del enemigo —que además ha mostrado ser implacable y cruel—, Guaidó no se veía con la firmeza para deslastrarse de todos esos cadáveres políticos que, en el paroxismo de la confrontación, podían regresar del camposanto para arrastrarlo y encerrarlo en el averno —esa mazmorra de deshonra y descrédito habitada por todos aquellos que ya habían sido presidentes de la Asamblea Nacional—. Entonces había mucha ansiedad.

(@jguaido)

A las 12 de la noche del 10 de enero el diplomático Diego Arria publicó un mensaje en sus redes sociales. “A partir de este momento el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, ha pasado a ser el presidente encargado de la República de Venezuela (…) está obligado (…) sé que es una decisión difícil (…) le digo al nuevo presidente que, si se juramenta, estoy dispuesto a prestarle toda la ayuda (…) ¡Felicitaciones!”, dijo Arria. Una afirmación que inmediatamente se viralizó. Fue el primero en adherirle la banda presidencial. Y también el primero en mencionar la urgencia de una juramentación y la idea de nombrar embajadores en los países que reconozcan a Guaidó como presidente.

Pero el nuevo presidente de Venezuela parecía no haberse enterado de que, de su hombro, ahora colgaba una cinta tricolor. Ante la ilegal juramentación de Nicolás Maduro el 10 de enero—de la que no hay nada importante que señalar más allá de haber sido una vergonzosa muestra del abandono del mundo a la Revolución Bolivariana—, Juan Guaidó dio un discurso en la sede de su partido, Voluntad Popular. Fue sonso y mal estructurado. Insinuó, entre tanto que dijo, que no iba a asumir la presidencia de la República. En vez de mencionar lo que le correspondía —que ahora era comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana—, terminó anunciando que ese día no habrá anuncio sino que será el siguiente, cuando haya anuncio.

El peso de la opinión pública se impuso como nunca. Albricias, que ya la sociedad venezolana no es la misma que disfruta alcahuetear imprudencias. Severa e inclemente, salió con todo a hacer la denuncia de que algo malo estaba ocurriendo. En paralelo, pendía como sable de Damocles la advertencia de que, si Guaidó evade lo que le corresponde, la otra institución legítima, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, estaría dispuesta a designar un Gobierno de transición. Fuentes cercanas a los magistrados aseguraron que todo estaba listo para responder ante la posible decisión de Juan Guaidó de no apegarse al artículo 233 de la Constitución.

“Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se reunieron con el secretario general de la OEA. Trataron la urgencia de cumplir con el artículo 233 de la Constitución de Venezuela para que no exista vacío de Poder Ejecutivo”, publicó en Twitter, junto a una foto de los magistrados en la oficina de Almagro, la cuenta del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.

El día fue largo. Muy largo. Desde temprano los comentaristas en televisión decían que parecía que el diputado de la Asamblea Nacional estuviese eludiendo su responsabilidad. A NTN24 el escritor y profesor universitario en Georgetown, Héctor Schamis, le dijo que Guaidó estaba entre pasar al olvido o llenarse de gloria. La decisión la debía tomar él.

Horas antes del discurso de Guaidó del 10 de enero, los diputados discutieron la denominada «Ley del Estatuto que rige la transición». Se impuso esa sobre otra en la que se establecía el reconocimiento al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, se hablaba de vacío de poder y se acordaba que el presidente de la Asamblea Nacional debía asumir las competencias del Ejecutivo. En la discusión, fueron los principales partidos del Parlamento —el denominado G4, compuesto por Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática— los que terminaron desechando el documento que obligaba a Guaidó asumir la presidencia. Al final la ley no se terminó votando porque imperaba una tensión rígida, inaguantable. Era un documento inaceptable para, por ejemplo, la denominada Fracción del 16 de Julio (compuesta por diputados independientes, de otros partidos; y de las fuerzas políticas Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo; los partidos de María Corina Machado y Antonio Ledezma, respectivamente). Pero ahí estaba la ley. Y el mundo se enteró del peligro que significaba.

A lo largo de la tarde del 10 de enero, quienes estaban al tanto de la discusión sobre la Ley del estatuto de transición, presumieron que, aunque jamás se aprobó, Juan Guaidó se estaba subordinando a él. En consecuencia, empezaron a hacer llamados de atención.

Las discusiones tomaron horas. Hasta bien entrada la noche en un hotel del este de Caracas, Juan Guaidó estuvo en el centro de la disensión entre los cuatro principales líderes venezolanos detrás del Día D. Y, aunque todos ya habían trazado los planos de la Operación, dos no terminaban de asumir una postura sólida. Mientras, Guaidó arrastraba consigo una pila de mensajes que lo presionaban. Y, uno de ellos, descollaba. Firmado por el secretario general Almagro, se trataba de una carta durísima que ponía al diputado —o presidente— entre la espada y la pared.

Eran varios los argumentos para no meterse de lleno en una aventura peligrosa, colmada de obstáculos, y demasiado desafiante para unos tipos que, cargadas las torretas y las bayonetas, parecían dispuestos a responder, desde sus trincheras, a la invasión caribeña de Normandía. Inquietaba que el mundo democrático no reconociera automáticamente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y, por último, que aquella osadía terminara decapitando a la directiva de la Asamblea y dejando a Voluntad Popular fuera del juego institucional. Al final, ese día, se acordó: “Vamos, pero no con todo”.

“Me apego a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución para lograr el cese de la usurpación”, dijo Juan Guaidó en el cabildo abierto del 11 de enero en el este de Caracas. La avenida estaba repleta de gente y, justo cuando el diputado se montó en la tarima, los ciudadanos empezaron a corear: “¡Presidente, presidente! ¡Presidente, presidente!”.

Como se mencionó, ya no es la misma ciudadanía alcahueta que anda por Caracas repartiendo hojas en blanco. El día anterior había sido severa y, ese viernes, se plantó en la calle a exigir.

No todos entendieron bien qué significaron las palabras de Juan Guaidó. Que si asumió o que si no. No había certeza. Los alegres dijeron que sí y los amargados, que no. Pero, a los minutos, apareció lo que muchos llamaron un milagro y lo que provocó el surgimiento de un nuevo movimiento en torno a una simple idea.

“Saludamos la asunción de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, conforme al artículo 233 de la Constitución Política. Tiene nuestro apoyo, el de la comunidad internacional y del pueblo de Venezuela”, escribió en la tarde del 11 de enero el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

Y listo. Todos con Almagro. Él lo ha dicho.

(@jguaido)

A la espera del Día D

Los partidos de la Mesa de la Unidad, al margen de Voluntad Popular y el ala de Julio Borges en Primero Justicia —es decir, el ala del excandidato presidencial, Capriles—, dieron instrucciones a su militancia: el presidente de la Asamblea Nacional no ha asumido nada, no se le puede llamar presidente del país y ya. Al día siguiente del 11 de enero, los jóvenes desobedecieron. Y en lo que fue una concentración mundial, en cada pequeño cabildo, el grito fue el mismo: Juan Guaidó es presidente.

Ahora lo que quedaba era la juramentación. Ya se había alzado el andamiaje sobre el que se estructuraría finalmente el desembarco. El gran golpe. El Día D. Pero hacía falta una foto. Era urgente y los ciudadanos la pedían. Porque no hay que desmerecer lo que hoy representa María Corina Machado en la lucha contra la tiranía. Valiente, inamovible, a veces demasiado severa. Era quien, en ocasiones anteriores, había sido inclemente con quienes consideraba que se extraviaban de la ruta por la libertad. Y gran parte de los venezolanos quería saber bien qué pensaba sobre Juan Guaidó y el nuevo papel histórico que estaba asumiendo. Querían que expresara, alto, si apoyaba al joven de Voluntad Popular.

“Tenemos que hacer lo que sea necesario para alcanzar la libertad de Venezuela. Cuenta conmigo para avanzar con fuerza en esta ruta, Juan”, escribió Machado en un tuit que publicó en la noche del 12 de enero. La líder opositora agregó la foto en la que se ven ambos, sentados en un sofá, distendidos, conversando. Más de veinte mil likes. Más de trece mil retuits. Al día siguiente en todas las redes y en varios diarios. Se habían alineado los dirigentes más relevantes de la oposición venezolana. La que llevaba una vida y el nuevo fenómeno. Ahora sí. Ahora sí se podía confiar de nuevo. Poco a poco empezaba a renacer la esperanza.

Los cabildos que se celebraron luego fueron muestra de ello. Cada día, en una ciudad distinta, miles de personas se concentraban para honrar al joven más valiente de la política en un país acostumbrado a los desengaños, la timidez y medianía. Aunque no era explícito el discurso, la realidad era que Guaidó estaba retando al régimen como nadie lo había hecho en años. El solo hecho de que los demás —porque él aún no lo hacía— lo empezaran a llamar presidente, consistía en la mayor audacia jamás vista. Y, aunque breve, aguantó por unos minutos la crueldad de la dictadura. El 13 de enero, cuando Guaidó se dirigía a un cabildo, funcionarios de la policía política de Maduro, el SEBIN, lo secuestraron. Luego, fue liberado.

Los días pasaron y se fue engendrando una narrativa a favor del nuevo líder opositor: que el mundo lo apoyaba, que Nicolás Maduro se atrincheraba junto a sus bandidos, que el secuestro del 13 de enero era muestra de la crisis entre los funcionarios y que era inminente. Que ya casi. Que falta poquito. Pero que aún falta algo. Nuevamente, muchos obstinados. Los amargados, pero esos que de alguna forma siempre demostraron tener la razón, pedían que el presidente Guaidó formalizara su nuevo cargo a través de un acto público. La juramentación, eso.

Desde Washington DC ya los halcones empezaban a planear. A vuelo rasante, como buitres sobre cuero, atormentaban a los que, en su führerbunker, insistían en seguir organizando la guerra. Mandando batallones, recogiendo pelotones y distribuyendo soldados. Los Panzerpor acá y me envías unos Henschel para allá. Como si no todo fuera una ilusión. Como si ya la guerra no la hubieran perdido y no existieran esos batallones, esos soldados y esos Panzer. 

John Bolton, Mike Pompeo, Mike Pence y Marco Rubio. Sus cuentas de Twitter debieron haber sido insoportables para los americanos que no entendían nada y que por qué estos gringos empezaban a poner tuits en español y Venezuela, Venezuela. Solo Venezuela. Amenazas a los militares, anuncio de nuevas sanciones y apoyo íntegro a Juan Guaidó. Mientras, surgía uno que otro desertor de las Fuerzas Armadas venezolanas. E, inmediatamente, algún funcionario estadounidense salía a darle su espaldarazo. “Apoyamos al grupo de militares que se rebela contra Maduro y se subordina a Guaidó”, escribió Rubio en Twitter sobre unos uniformados que, desde Colombia, manifestaron su desconocimiento a Nicolás Maduro.

El debate sobre la juramentación se intensificó. Cada vez eran más los amargados que, frente a lo que se veía, estimaban la urgencia de que Juan Guaidó asumiera los símbolos del poder. La foto, la mano alzada, las palabras “juro”, “soy presidente”, se volvieron perentorias. Y como no había claridad, aún había algunos que, de forma ruin, lo decían una y otra vez: “Juan Guaidó, presidente-de-la-Asamblea-Nacional-de-Venezuela”, “Juan Guaidó, el-diputado”. Y para no dar espacio a la sospecha, tenía que juramentarse.

Un acuerdo en la Asamblea Nacional revivió las tensiones. Las llevó al paroxismo. En la sesión del martes 15 de enero, la mayoría de los diputados aprobaron que las competencias del Ejecutivo Nacional ahora le correspondían al Parlamento, pleno. Nada de a un individuo. Nada de a Guaidó. Una locura. Inconstitucional, etecé.

Sin sorpresas, se abstuvo la Fracción del 16 de Julio (la señora Machado y el alcalde Ledezma). Algunos no comprendieron su postura y, entonces, reprobaron a los diputados de la Fracción. Quizá, sin entender el peligro de ese acuerdo inconstitucional. Pero algo cambió esa mañana del 15 de enero. Al principio, el acuerdo era diferente. Otro texto, esbozado precisamente para ratificar a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, terminó en la basura.

Ante este boicot, se prendieron las alarmas, no solo de dos líderes venezolanos, sino del mundo. Y, articulados todos los actores, empezaron a presionar. Otros, con mucho mayor poder de fuego, como Estados Unidos, emplazaron —y, de hecho, amenazaron— a aquellos supuestos opositores que tuvieran la intención de sabotear el proceso que ya había comenzado. Nadie iba a impedir la ejecución de la Operación. Nadie. Y quien lo intentara, iba a correr con las consecuencias de ello.

Más presiones. Más reuniones. Mayor participación del mundo. Dicen fuentes que Colombia y Brasil fueron actores principales. En la capital estadounidense, el diplomático Arria y el senador Rubio conversaban ese 15 de enero. Inmediatamente después del encuentro, ante el Congreso, el joven representante de Florida decía que Estados Unidos debía manifestar su reconocimiento a Guaidó como presidente interino de Venezuela. La ruta es la que marca el 233 y punto. Juan Guaidó debe juramentarse.

La inquietud y las tensiones dentro del grupo de los cuatro líderes venezolanos derivaron en la necesidad de robustecer —y blindar— la estrategia. Era hora de establecer límites, intervalos de tiempo y fechas topes. Que nada pase de tal día, que cuidado con que si a alguien se le ocurre desviarse y, mucho cuidado sobre todo, con los enemigos encubiertos. Ah, y que nadie sepa. Que nadie más sepa. Que la joven estrella debe asumir su responsabilidad, pero que todos crean que no lo hará. Se estampó el sello. Y ese fue un momento clave.

Hasta Washington DC llegó la preocupación por la aparente indeterminación, las tensiones y las presiones. Hay que recordar algo: Juan Guaidó se encuentra en el centro de un conflicto de años, peligroso, que involucra a las peores mafias de Venezuela y el mundo. Las presiones y amenazas, indecibles. Entonces, representantes en la Organización de Estados Americanos, decidieron dialogar.

El 16 de enero la representación de Estados Unidos convocó a un encuentro entre otros embajadores y Juan Guaidó, junto a Leopoldo López. Los representantes, en un mismo espacio, dialogaron con estos venezolanos que, a través de una pantalla, explicaron cuál era la ruta. El 233, 333 y 350. Guaidó expuso cómo todo era constitucional. Y dijo, no obstante, que precisaba del apoyo del mundo para avanzar. Y parte del mundo, reunido en esa sala en Washington DC, se lo garantizó.

Estaban los embajadores de Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Chile, Honduras, Paraguay y Estados Unidos. Este último país le aclaró a Juan Guaidó que, si todo era constitucional, y que si estaba seguro de que esta ruta era la adecuada, que contaba con todo el apoyo. Que siguiera.

Al día siguiente, en Brasil, se celebraron dos históricas reuniones. Por un lado, el presidente, Jair Bolsonaro, estrechó manos con la cabeza del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Miguel Ángel Martín. Por el otro, representantes de la sociedad civil venezolana se encontraron con el canciller brasileño, Ernesto Araújo. Dijeron los protagonistas que, de ambos encuentros, la conclusión fue: Brasil está dispuestísimo, con todo, a reconocer y darle su respaldo a Juan Guaidó. Pero hace falta el acto. A favor de esta postura jugaron un papel fundamental Julio Borges, Antonio Ledezma, Carlos Blanco y los jóvenes del movimiento Rumbo Libertad.

Las piezas se posicionaban. Los buques habían zarpado. Cargados de soldados, estaban listos para disponerse frente a las playas francesas y liberar la furia de cientos de miles. La fecha era el 23 de enero. Ya la había anunciado Guaidó, en alusión al momento histórico de un viejo derrocamiento.

Para que el mundo se empezara a articular, miles jugaron un papel esencial. Hay que mencionar a Leopoldo López quien, desde su celda, trazó relaciones con destacados líderes mundiales. Fue primordial el rol del alcalde Antonio Ledezma; desde su huída, incansable, inagotable. Con un teléfono que lo marca como pianista tras un Steinway And Sons, María Corina Machado. Diego Arria, con su voz que se oye en el mundo, que se respeta; además, con un prestigio ganado con la experiencia, convenció a todos del peligro de convivir con un narcoestado.

También Asdrúbal Aguiar, con su iniciativa, IDEA, que impulsó a los expresidentes más importantes de Iberoamérica a convertirse en aliados de la causa venezolana. Julio Borges, por el mundo, en una permanente gira. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, como una institución legítima que recorre el mundo, habló claro y convenció. Fueron también miles, miles y miles de venezolanos, en el mundo, que jamás reposaron. Activistas obstinados, maestros también de la ingeniería política, que generaron el ruido suficiente para que los países se solidarizaran más con su causa. Los héroes anónimos. Los miles de héroes anónimos. Y Almagro, por supuesto. Don Luis Almagro. El gran padre del proyecto. La punta de lanza en la ofensiva internacional contra la tiranía de Maduro.

(@jguaido)

Con la intención de presionar y generar la sensación de que el acto formal de la juramentación era lo mejor que Juan Guaidó podía hacer, importantes líderes mundiales empezaron a manifestar su postura a favor de esta ruta. La voz más destacada que se alzó fue la del presidente de Colombia, Iván Duque. En una entrevista con el medio alemán DW el 21 de enero, dijo: “Lo que estamos esperando todos los países del Grupo de Lima es que ese acto [la investidura de Guaidó como presidente interino] pueda tener un revestimiento de formalidad y la reacción la tenemos que tomar todos al unísono”.

Ya era claro. Faltaban dos días para el Día D. Las facciones, responsables de la Operación Overlord venezolana, ya lo habían pactado. Entre ellas no había nerviosismo. Los cuatro líderes ya tenían la certeza de que Juan Guaidó se iba a juramentar. Aún la estrategia se mantenía hermética, eso sí. El régimen, que había buscado acercarse para estar al tanto de qué iba a hacer el joven de Voluntad Popular, tenía la seguridad de que, al final, no se iba a juramentar. En cambio, de que todo se iba a encauzar hacia un eventual proceso de diálogo —otra vez—. Y lo mismo creía el resto de la oposición, entre comillas. Esa que ordenó que nadie llamara presidente al presidente.

La llamada privada de Mike Pence a Juan Guaidó, durante la noche del 22 de enero, también fue clave. Allí, Pence garantizó a Guaidó que, si asumía plenamente la presidencia de Venezuela, y se juramentaba, Estados Unidos lo reconocería y le brindaría todo el apoyo necesario. Fue el último gran empujón que dio la confianza a Juan Guaidó para desafiar y sorprender, no solo al régimen, sino a la supuesta oposición que controla parte importante del Parlamento. Se acabó la espera del Día D.

El Día D

Cargadas las bayonetas, listos los barcos, las tropas desembarcaron. Empezó la invasión.

“Hoy, 23 de enero”, dijo Juan Guaidó, “en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, ante Dios, Venezuela, en respeto a mis colegas diputados… Juro”, y la gente reventó eufórica, “asumir formalmente las competencias del Ejecutivo nacional como presidente”, y la gente lloró al escuchar la palabra presidente, “encargado de Venezuela”.

“¿Qué coño está pasando?”, dijeron algunos dirigentes opositores en grupos de WhatsApp, según reseñó The Wall Street Journal. Solo hay que ver los rostros del momento. Luego, en una entrevista a AFP, Henrique Capriles lo confesó: “No teníamos la información. Sorprendió a muchos dirigentes”.

Y así, a espaldas de estos dirigentes y del régimen, el 23 de enero un joven valiente, de Voluntad Popular, amparado por el mundo democrático y sus principales actores, millones de venezolanos en el exterior, millones de venezolanos en Venezuela y cuatro líderes, asumió su responsabilidad. Se convirtió en el mayor torpedo que, en veinte años, se le ha asestado al chavismo. El game changer. El gran hombre. Ese que necesitaba Venezuela y que siempre requiere la historia para torcerla y forjarla.

De la pesada desesperanza, alojada en el alma de cada venezolano, a la convicción, genuina, racional, nada ficticia, de que el fin del chavismo es cuestión de horas.

La complejidad de las elecciones democráticas por Trino Márquez – La Patilla – 7 de Febrero 2019

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El punto central de la crisis política actual se encuentra en el cuestionamiento a la legitimidad de Nicolás Maduro y en la realización  de una nueva elección para Presidente de la República.

Los comicios del 20 de mayo del año pasado fueron desconocidos por la mayoría de la oposición y por gran parte de la comunidad internacional. El régimen cometió tantas irregularidades y atropellos, que la convocatoria no logró convencer de que participara a la franja más gruesa de opositores. Tampoco persuadió  de su transparencia y equilibrio a los países democráticos que han seguido con detenimiento la evolución del gobierno de Maduro desde que se impuso sobre Henrique Capriles en las reñidas y discutidas elecciones de abril 2013. Maduro desestimó ese rechazo. Ahora paga las consecuencias de su arrogancia. La única salida posible al desbarajuste que su petulancia provocó es su salida de Miraflores, la formación de un gobierno transitorio y la realización de unos comicios libres y confiables para todo el mundo, incluidos los oficialistas.

El artículo 233, que establece las faltas absolutas del Presidente de la República, es incompatible con la realización de unas votaciones justas y democráticas. Ese artículo, invocado para declarar usurpador a Maduro, señala que “si la falta absoluta… se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa  y secreta durante los treinta días consecutivos siguientes”. El texto, sin duda, fue redactado para favorecer al partido gobernante. Su propósito es ventajista. Resulta imposible organizar en un mes unos comicios transparentes y equilibrados. El artículo colide con la Ley Orgánica del Sufragio (LOS), aprobada por la Asamblea Nacional en 2009, cuando el chavismo la controlaba en términos absolutos.

En las condiciones actuales, para realizar unas elecciones democráticas conviene acoplar el texto constitucional con los lapsos y condiciones establecidas en la LOS. En primer lugar hay que nombrar un nuevo CNE, o al menos a las dos rectoras, una de ellas Tibisay Lucena, a las que se les venció el período, pero fueron ratificadas por la constituyente y el TSJ, en abierta violación de las atribuciones de la Asamblea Nacional.  Hay que liberar los presos políticos. Permitirles regresar al país a los dirigentes que se encuentran en el exterior. Facilitarles votar en el extranjero a los millones de venezolanos que han huido del país. Abrir el Registro Electoral Permanente (REP) para que los nuevos votantes se inscriban. Auditar el REP para depurarlo. Sólo una vez cumplidas al menos estas tareas, estarán dadas las condiciones mínimas para efectuar unas votaciones limpias, universales, democráticas.

El apego dogmático al artículo 233 de la Constitución, se convertiría en una camisa de fuerza para alcanzar la plena democracia electoral. La justificación, para mantenerse ceñido lo máximo posible al marco legal vigente, hay que buscarla en la LOS.

Sin embargo, ninguno de los instrumentos jurídicos existentes sustituye el sentido común y los acuerdos políticos. El gobierno que se conforme cuando se realicen las elecciones universales y democráticas de la que habla la Constitución y la LOS, deberá contar con la base popular más amplia posible. A esos comicios deberán concurrir todos aquellos que quieran hacerlo, tanto para ser electos como para votar. Las restricciones arbitrarias le restarían amplitud a la convocatoria y legitimidad al Presidente y al gobierno que emerjan de esa cita.

La preparación de  la consulta  se llevará, al menos, lo que queda de 2019, suponiendo que la crisis actual se resuelva en el curso de los próximos días o semanas. Mientras más tarde en solucionarse el conflicto, más lejana se pondrá la fecha de celebración de esas elecciones. El núcleo duro del madurismo no muestra ninguna intención de negociar su salida de Miraflores. Pareciera haber optado por la confrontación abierta y hasta el final. Por la inmolación. En el caso de que el chavismo-madurismo se fracturara, y como consecuencia se desprendiera una facción moderada que no quiere hundirse con Maduro, la negociación tendría que incluir a este sector más sensato del oficialismo. Su incorporación al debate y a los eventuales acuerdos que se logren, le daría al gobierno de transición una plataforma más amplia y a las futuras elecciones una base más sólida.

Tenemos que lograr que los próximos comicios superen todos los vicios que el régimen impuso durante veinte años. La comunidad internacional exige elecciones justas y democráticas ya. Hay que explicarle la complejidad del proceso frente al cual estamos.

Parlamento aprueba estatuto que permite intervención internacional por Sabrina Martín – Panampost – 6 de Febrero 2019

“El gobierno provisional podrá solicitar la ayuda de la comunidad internacional a los fines de restablecer la soberanía estatal en el territorio de la República de Venezuela”

La Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia y el Restablecimiento de la Constitución, establece que deberán ser convocadas elecciones antes de los doce meses de haber sido instalado el Gobierno de transición 

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por primera vez el estatuto que rige “la transición hacia la democracia” y que marca el camino para lograr el gobierno interino y la caída de Nicolás Maduro.

El documento, aprobado en sesión plenaria, cuenta con más de 40 artículos y establece la ruta para nombrar funcionarios que ocuparán instituciones del Estado venezolano dentro y fuera del país.

Entre los puntos más resaltantes está que el gobierno provisional podrá solicitar la ayuda de la comunidad internacional a los fines de restablecer la soberanía estatal en el territorio de la República de Venezuela, previa autorización de la AN. Lo que daría “luz verde” a una intervención extranjera que permita lograr la democracia del país.

Mariano de Alba

@marianodealba

Otro punto interesante del proyecto del estatuto de transición es que habilita al eventual gobierno provisional a solicitar la ayuda de la comunidad internacional, previa autorización de la AN, “a los fines de restablecer la soberanía estatal”.

La ley faculta al Parlamento competencias para dictar leyes que permitan atender la emergencia humanitaria y que además promuevan el rescate de la economía del país.

El documento también fija los lineamientos para la integración de la Fuerza Armada Nacional.

Del mismo modo ratifica que la actual Asamblea Nacional permanecerá en funciones hasta el 4 de enero de 2021, y que los actos del Presidente encargado serán sometidos al control del Parlamento.

La Ley ratifica la legitimidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y quienes efectuarán el trámite de legitimación y ratificación del resto.

Mariano De Alba, internacionalista y especialista en Derecho Internacional señaló como un hecho curioso que el estatuto no establece que Juan Guaidó sería automáticamente el presidente del gobierno provisional; sino que la Asamblea Nacional podría ratificarlo como el presidente encargado para que conforme un gobierno provisional.

Todas las cartas están sobre la mesa

Ante la violación a derechos humanos y la usurpación de Poderes por parte de Maduro, todas las cartas están sobre la mesa, desde una negociación de “amnistía transicional” hasta una intervención militar extranjera; esto, debido a que el régimen dictatorial se ha convertido en una amenaza de seguridad para la región.

Y es que tras haberse robado las elecciones presidenciales en Venezuela, Maduro fue declarado usurpador; y ante ello, y como lo establece la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, asumió las competencias del Ejecutivo. Guaidó es el presidente (E) legítimo de Venezuela y ya es reconocido como tal por más de cincuenta países.

El mayor indicio de que a Maduro le queda poco usurpando la silla presidencial es la histórica determinación de Estados Unidos por acabar con la dictadura.

Hay que recordar las palabras de Donald Trump tras asumir la Presidencia de Estados Unidos, quien prometió que haría todo lo que esté en sus manos para que Venezuela “sea libre”.

Es Trump quien ha logrado unir a los países de la región y del mundo en una sola voz contra la dictadura en Venezuela. Fue él quien emitió sanciones que hasta hoy ahorcan financieramente a Maduro. Fue durante su Gobierno que Tareck El Aissami y Diosdado Cabello fueron calificados como narcotraficantes y terroristas.

En solo una semana, Trump no solo reconoció a Juan Guaidó como presidente (E) de Venezuela, sino que le bloqueó los accesos a las cuentas en el extranjero a Maduro y anunció una ayuda de USD $20 millones para ayuda humanitaria. A esto se suma la presión y el envío de fuerzas militares a Colombia.

Además de las fichas que ha movido Estados Unidos, se encuentra la determinación de los países vecinos de Venezuela, como Brasil y Colombia, para derrocar a Maduro. Ambas naciones acordaron trabajar y presionar para lograr la caída de la dictadura.

Queda esperar qué decisiones podría tomar la Asamblea Nacional de Venezuela a la hora de necesitar algún apoyo internacional para devolverle la democracia al país suramericano.

Cónsul de primera en Miami reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela – Diario Las Américas – 28 de Enero 2019

Consulado de Venezuela en Miami permanece cerrado
La Cónsul de Primera de Venezuela en la ciudad de Miami, Scarlet Salazar, declaró este domingo, según un video difundido por EVTV Miami, que reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela.

En la grabación se observa a la funcionaria, sentada junto a una bandera tricolor, leyendo un documento en el que expresa los motivos que la llevaron a tomar la decisión de reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela.

Video insertado

“Apegándome a la Constitución Nacional y leyes venezolanas declaro que reconozco como presidente encargado al ciudadano diputado Juan Guaidó. Esta decisión obedece a mis principios y valores democráticos, como funcionaria de carrera diplomática al servicio de Venezuela por más de 18 años ininterrumpidos”, indicó la diplomática.

Asimismo, agregó que “compartiendo esos valores y espíritu de cambio con mis compatriotas, y siempre al servicio de mi amado país, seguiremos prestando el servicio consular en esta ciudad. Exhortamos a los demás miembros consulares venezolanos en el extranjero, apegarse a la Constitución Nacional y a la Ley de Amnistía decretada por la Asamblea Nacional”.

Termina señalando que es el momento de Venezuela y hay que apoyar a los venezolanos.

Guaidó redobla la presión para alejar a los militares de Maduro por Francesco Manetto – El País – 28 de Enero 2019

“Soldado, te doy una orden: no dispares al pueblo”, afirma el líder opositor que juró como presidente

Juan Guaidó, este domingo. En vídeo, Guaidó agradece el apoyo de los países europeos pero alerta: “No tenemos mucho tiempo”. L. ROBAYO (AFP) | ATLAS

El enfrentamiento entre el líder opositor venezolano Juan Guaidó, que la semana pasada juró como presidente del país, y el mandatario de facto, Nicolás Maduro, se reduce a una disputa esencial. Se trata de la reivindicación de la Constitución y, con ella, de la fidelidad de las fuerzas armadas. La oposición redobló este domingo la presión contra el régimen chavista en una jornada dedicada a informar a los militares de sus planes. Los simpatizantes de Guaidó se acercaron a los cuarteles para buscar su apoyo y este se dirigió a ellos por primera vez como lo hace un jefe de Estado, impartiendo instrucciones explícitas: “Soldado, te doy una orden: no dispares al pueblo”.

Soldado venezolano, te hablo a ti. Es el momento de ponerse del lado de la Constitución, no es el momento del miedo, no es el momento de echar para atrás”, dijo antes de exigirles una actuación pacífica. “No dispares a los que, de manera clara, constitucional, han salido a defender a tu familia, a tu pueblo, a tu trabajo”.

Guaidó considera un usurpador al dirigente bolivariano por haber ganado en mayo unas elecciones sin garantías ni competencia, ya que los principales partidos de la oposición rechazaron concurrir. Dejó de reconocerle formalmente, con el beneplácito de las principales instancias internacionales, el pasado 10 enero, cuando el mandatario inauguró su segundo período hasta 2025.

El resultado de las actividades de este domingo, al menos en Caracas, fue desigual. Los opositores querían difundir el contenido de la ley de amnistía, que garantiza la “eliminación de la responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria y tributaria de las investigaciones, procedimientos, penas o sanciones” producidas desde la llegada de Hugo Chávez al poder, hace 20 años. Lograron una acogida positiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), pero también recibieron algún portazo. “La respuesta de los policías fue muy buena”, relata la activista Mercedes Gómez, de 57 años, en la urbanización de La Carlota. En las instalaciones de La Casona, la residencia oficial en la que Maduro decidió no vivir, los uniformados rechazaron en cambio todo lo contado. “Metimos la ley de amnistía por debajo de la puerta. Después abrieron, nos la rompieron y nos la tiraron encima”.

La jornada de Maduro giró en torno a los mismos propósitos: garantizarse la lealtad de los militares y exhibir el mandato constitucional, cuya interpretación Guaidó rechaza. El jefe del Ejecutivo se desplazó hasta el fuerte de Paracamay, en el Estado Carabobo (al norte del país), sede de la 41 Brigada Blindada, para arengar a las tropas y presenciar unos ejercicios militares. “El comandante Chávez es un soldado igual que ustedes. Me siento soldado de este Ejército. Me siento soldado de nuestra patria. Ellos quieren que las fuerzas armadas se conviertan en golpistas. ¿Ustedes son golpistas? ¿ustedes son constitucionalistas? ¿ustedes son pros imperialistas? ¿ustedes son antiimperialistas? ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre!”.

El tono y la exhibición de fuerza contrastaban frontalmente con el de Guaidó, que a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, le ha pedido “que apresure su visita [a Venezuela] para que sea testigo presencial de la grave crisis en la que vive todo el pueblo venezolano”.

Mientras tanto, el pulso entre los dos continúa también en el tablero internacional. Maduro cargó contra la Unión Europea y aseguró que rechaza, sin matices, cualquier plazo para convocar elecciones, como le reclama Bruselas antes de reconocer como presidente legítimo al opositor, dirigente de Voluntad Popular. El mandatario dejó claro que no habrá nuevos comicios, que en ningún caso está dispuesto a negociar un regreso a las urnas, y lanzó acusaciones a los países no aliados. En esta ocasión se centró en Bruselas, después de que el sábado le exigiera que tomara una decisión “en cuestión de días”.

“A nosotros no nos pone un ultimátum nadie. Si ellos se quieren ir de Venezuela, que se vayan ya”, dijo Maduro a CNN Türk, la filial turca de la cadena estadounidense. Calificó de “insolente” la declaración y opinó que “las élites europeas no expresan la opinión de los pueblos europeos”. El pasado viernes, había arremetido contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el ministro de Exteriores, Josep Borrell. “Si quiere elecciones, vayan a hacerlas a España”, espetó.

El líder chavista lleva días endureciendo su habitual retórica del enemigo exterior. Tras el desafío de Guaidó, denunció “un golpe” orquestado desde Estados Unidos, el primer país en reconocer como mandatario legítimo al dirigente opositor. “No descansaremos hasta derrotar el golpe de Estado que pretende intervenir en la vida política de Venezuela, echar de lado nuestra soberanía e instaurar un Gobierno títere del imperio estadounidense”, se revolvió en Twitter.

“Nadie nos va a someter, el tiempo de las invasiones y los golpes de Estado se terminó. ¡Jamás nos rendiremos!”, continuó Maduro, quien a la hora de la verdad evitó cortar todos los lazos con Estados Unidos. Pese a haber roto de facto las relaciones diplomáticas, se avino a negociar la apertura de una “oficina de intereses” en Caracas y en Washington. Los dos Gobiernos se dan un mes para tratar de llegar a un acuerdo, “ambas misiones cesarán sus actividades”.

Màs allá del 23E por Fernamdo Mires – Blog Polis – 25 de Enero 2019

mires   El 10-E fecha de la cual muchos esperaban todo, y no pocos esperaban nada, fue el inicio de una jornada que se expresaría multitudinariamente en las calles de Venezuela el 23-E.

   Un día que marcará un signo en la lectura de esa novela interminable que parece ser la historia del régimen. Día de rearticulación de las fuerzas democráticas y de la superación de la anomia. Día del renacimiento de la esperanza. También un día de reencuentro donde se entendió en su sentido pleno el significado histórico de las elecciones del 6-D del 2015, cuando nació la AN democrática. Pues sin ese 6-D hoy no habría nada que defender y tampoco nada ni nadie a quien seguir. El 23-E  la AN presidida por Juan Guaidó fue reconocida como la institución líder de la mayoría de la ciudadanía venezolana. Más allá de su rol institucional -dada la autodestrucción de la MUD y de la incapacidad política del Frente Amplio– la AN fue consagrada como “el partido de la oposición venezolana”.

Pero el 23-E fue sobre todo el día cuando, de acuerdo a las facultades que confieren los artículos 233 y 333 de la Constitución, Juan Gauidó –en un acto colectivo más mesiánico que político- se juramentó ante la multitud como presidente interino de la nación.

   Hoy -24-E- cuando escribo estas líneas nadie sabe cuales serán los alcances de la por muchos no esperada decisión de Guaidó. Lo único que se puede inferir por el momento es que Guaidó trazó una línea divisora entre dos poderes:  A un lado el poder del Estado representado por Maduro, avalado por las hasta ahora leales FANB, vale decir, por el poder en su más pura forma leviatánica. Al otro lado, el poder de la mayoría -desgraciadamente no evaluable debido a la no concurrencia de gran parte de la oposición a las elecciones presidenciales del 20-M- mayoría apoyada por una constelación de gobiernos de derechas surgida en América Latina y por la perentoria presión que viene desde América del Norte (a la cual se agrega la formal, pero poco trascendente solidaridad, de algunos países europeos)

   Entre el mensaje del 10-E y el juramento del 20-E no hay, sin embargo, una línea recta. En el primero Guaidó dijo estar dispuesto a asumir la presidencia interina solo si contaba con el apoyo de la ciudadanía y de las fuerzas armadas. De el 23-E supimos que la ciudadanía se hizo presente de modo contundente en las calles. De las FANB, como suele suceder, sabemos poco. Aparte de la declaración de lealtad al gobierno emitida por el general Padrino López, la correlación al interior de los mandos militares continúa siendo el gran secreto de la política venezolana. No obstante, cabe conjeturar, la unidad de las FANB no ha ser en este momento monolítica. Si lo fuera y lo supiera Guaidó -más allá de toda juristería- habría cometido el peor error de su vida. O para decirlo sin anestesia: Enfrentar a una ciudadanía inerme contra un ejército unido, dispuesto a cometer crímenes en aras de la conservación del régimen del que forma parte, significaría repetir -pero en dimensión muy ampliada-  los ejemplos sangrientos de Nicaragua y de la misma Venezuela durante los acontecimientos que finiquitaron las jornadas de protesta del 2017.    El mismo día 23-E fue cerrado con una veintena de muertos. Duro es decirlo: vendrán más.

   Todo parece indicar que la alternativa más correcta que tenía Guaidó era llamar a la ciudadanía a cerrar filas alrededor de la única institución legal y legítima de Venezuela, la AN, convertida en bastión de la democracia nacional. Llamar en cambio a juramentar una presidencia que, por muy constitucional que sea carece de “poder físico” (Capriles dixit) significa pasar a la ofensiva sin medios para llevarla a cabo, o, en su defecto: entregar toda la iniciativa a la así llamada comunidad internacional, negándose la oposición a actuar como sujeto político. En ese punto, seámos claros: la tarea de la comunidad internacional es apoyar a la oposición nacional, pero la tarea de la oposición nacional no es apoyar a la comunidad internacional.

Más allá de las informaciones que maneja (o no maneja) la AN, cabe suponer -en ese punto sigo un razonamiento de Trino Márquez- dos razones que probablemente indujeron a Guaidó a apresurar su juramentación.  La primera, la decisión del TSJ (o sea de Maduro) de impugnar a Guaidó y demás miembros de la Junta Directiva de la AN por haber sobrepasado sus competencias y después haber nombrado a Gustavo Tarré como representante oficial en la OEA. La segunda, el tuiter de Trump, donde reconoció a Guaidó como presidente interino antes de la juramentación (hecho inédito en la historia) A esas dos razones podríamos agregar una tercera: el peso de un sector político maximalista dentro de la AN, el mismo que promovió el abstencionismo del 20-M.

   De acuerdo a la primera razón, es posible pensar que Maduro intentó apresurar la confrontación entre el régimen y la AN. Pues es evidente que mientras más intensa y menos política es la confrontación, mayores serán sus posibilidades para imponer condiciones y, de paso, disciplinar con leyes de guerra al estamento militar. Lo más probable entonces es que Maduro intentará mantener el juego del “látigo y la zanahoria”. Represión sin concesiones y llamados a un diálogo destinado a dividir a la oposición, liberando incluso un par de presos políticos de renombre a fin de amansar la réplica exterior. Por el momento -reitero, por el momento- nos encontramos frente a una confrontación entre un ejército sin pueblo y un pueblo sin ejército. Naturalmente, esa correlación puede cambiar –nadie tiene las llaves de la caja de Pandora- pero es solo una hipótesis. Y como sabemos, actuar de acuerdo a hipótesis puede ser muy productivo en el ámbito científico, pero en el político suele ser fatal.

   De acuerdo a la segunda razón, el inédito reconocimiento de un gobierno antes de que se constituya -hecho que hizo aparecer a Trump dictando una orden a Guaidó: un manjar para los “antimperialistas”- si hubiera venido de otro presidente, habría sido decisivo. El problema es que Trump es capaz de cambiar de opinión de un día a otro (Putin y Erdogan ya le tomaron el pulso). Además, para Trump el problema principal no es Venezuela. Desde un punto de vista geopolítico el reconocimiento a Guaidó no fue tanto en contra de Maduro sino en contra de Putin. Entre líneas quiso decir: “Usted, Putin, puede hacer todos los negocios que quiera con Maduro, pero si intenta establecer alguna base militar o algo parecido, intervendremos directamente. En mi patio trasero, todavía mando yo”. Putin, con toda seguridad, entendió. Pedirá entonces algo para “su patio vecino” (Ukrania)

   La tercera razón tiene que ver con la composición política de la propia oposición. Pues para nadie es un misterio saber que la oposición tampoco es monolítica. Hay en su interior un sector  -al que  también pertenece el partido de Guaidó, VP- proclive a dejarse llevar por posiciones maximalistas. Su práctica se caracteriza por haber empujado permanentemente a la oposición a emprender caminos contrarios a toda lógica política. El Carmonazo del 2002, la Salida del 2014, los enfrentamientos “militares” con las tropas pretorianas del 2017, el abstencionismo con un 80%  de votación potencial en contra de Maduro, son hitos que muestran un elevadísimo grado de irracionalidad. Si el 23-E el paso dado por Guaidó solo corresponde con los deseos de ese sector -crear un poder (simbólico) paralelo a un régimen militar sin haber establecido una relación con el estamento militar- puede ser pagado muy caro. Esperemos que no sea así y la AN tenga en sus manos todas las informaciones que se requieren para establecer un poder gubernamental paralelo. Si así fuera, Venezuela sería un caso inédito. Pues, en todos los procesos de transición de la historia moderna un gobierno interino ha surgido después del derribamiento de una dictadura. Nunca antes. Séame entonces permitida una cuota de solidario escepticismo.

   Sería terrible que todo el esfuerzo movilizador que llevó a millones de personas a adueñarse de las calles, esfuerzo orientado a poner en forma un nuevo comienzo, solo fuera el comienzo de otro nuevo – y trágico- final. El pueblo venezolano no merece esa suerte. Como pocos en la historia ha dado muestras de un gran valor en una resistencia sin igual. Los caminos trazados el 10-E parecían ser los más correctos. La creación de los Cabildos apuntaba a dar persistencia orgánica a las movilizaciones populares. Los pobres sub-urbanos, hasta hace poco clientes del madurismo, habían iniciado su propio ciclo de protestas, cruzando sus demandas sociales con las demandas políticas de las clases medias. Guaidó, hablando con serenidad no tropical, había dicho las palabras precisas a las FANB: no a la división, sí a la unidad de la nación, incluyendo a los militares. Si el juramento presidencial fue parte de ese proceso, lo sabremos muy pronto. Si fue otro exabrupto voluntarista del extremismo político cuyo objetivo es dejar el país en las manos del Alto Mando Militar y de una comunidad internacional a la que solo sirve Venezuela como bola de ping pong geopolítico, también lo sabremos muy pronto. Quiera Dios, o quien más se le parezca, que esa segunda posibilidad no vuelva a darse.


PS:

De mi cuaderno de anotaciones (25.01.2019)

–          El discurso del general VPL lleva a concluir que entre Guaidó y el Alto Mando de las FANB no había el menor contacto. ¿Estamos frente a una edición ampliada de La Salida? Si es así, puede ser fatal.

–          Ruptura de relaciones políticas y diplomáticas con los EE UU. Hay tres razones posibles: 1) Un ataque histérico de Maduro 2) Un plan del régimen para galvanizar a las FANB en torno a un ideario antimperialista (a lo Cuba) 3) Una maniobra conjunta de Maduro/ Putin. 

Me estoy inclinando hacia la tercera hipótesis

–          Venezuela ha pasado a ser un objeto de transacción internacional entre las grandes potencias.

–          La represión va en aumento constante. Se reportan allanamientos en distintas ciudades del país.

–          Asoman sugerencias para un diálogo gobierno-oposición. Importante: una viene del mismo general VPL (habló de acuerdos y negociaciones)  Más allá de las intenciones cosmetizantes del régimen, la oposición política debería aceptar la posibilidad de realizar conversaciones aunque no más sea para reinsertar a la política en el plano nacional.

–          Venezuela se está transformando en un pantano de arenas movedizas

Guaidó se juramentó como presidente interino, no se autoproclamó por Román Duque Corredor – NDtitulares – 24 de Enero 2019

El constitucionalista explicó que la Asamblea Nacional, a través de su presidente, es el órgano que tiene la facultad para resolver el vacío constitucional de la presidencia

El abogado constitucionalista y exmagistrado de la antigua Corte Suprema de Justicia venezolana, Dr. Román Duque Corredor, aclaró que el acto ocurrido ayer 23 de enero, en la plaza Juan Pablo II, donde diputados de la Asamblea Nacional, dirigentes políticos, gremios, sindicatos, estudiantes y sociedad civil se congregaron, no fue una autoproclamación de la máxima autoridad del parlamento, Juan Guaidó, sino que fue su juramentación como presidente interino. Hecho que responde y cumple con lo establecido en la Constitución de Venezuela en sus artículos: 201, 233, 333 y 350.

“Juan Guadió cumplió con llenar un vacío institucional al asumir la presidencia de Venezuela, por la inexistencia que había de un presidente legítimo para el nuevo período presidencial, por la usurpación de Nicolás Maduro. Conforme al principio que se extrae del artículo 233 de la Carta Magna y no porque exista falta absoluta”.

El constitucionalista explicó que la Asamblea Nacional, a través de su presidente, es el órgano que tiene la facultad para resolver el vacío constitucional de la presidencia, precisando que el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, por su carácter no representativo de la soberanía popular, carecen de la legitimidad necesaria, para resolver vacíos de los titulares de los poderes públicos, hecho amparado en el artículo 201 de la Constitución.

“Por aplicación de ese principio constitucional a Juan Guaidó, le corresponde ser presidente, y es por ello que se juramentó ante la Directiva de la Asamblea Nacional, que por aplicación del 333 de la Carta Magna, estableció como marco jurídico el cese de usurpación y establecer un Gobierno de transición, para llevar a cabo un proceso electoral libre y finalmente restablecer la institucionalidad quebrantada en Venezuela”.

Duque Corredor rechazó la estrategia de algunos Gobiernos cómplices, para deslegitimar a Juan Guaidó, usando como base la errónea interpretación de que se autoproclamó, así como la falsa realidad de que Nicolás Maduro es presidente y no un usurpador del cargo.

Finalmente expresó “Ha habido un desarrollo del artículo 333, para restablecer la vigencia de la Constitución, desconociendo a Nicolás Maduro, con base al 350, por parte de la Asamblea Nacional, designando a Juan Guaidó presidente interino. No ha habido autoproclamación de Juan Guaidó, sino su juramentación como presidente interino por ser, por derecho, a quien corresponde asumir la las presidencia en los casos en los cuales no exista presidente electo”.

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