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Declaración de la Unidad Nacional – 24 de Junio 2017

Dónde está el chavismo constitucional por Trino Márquez – La Patilla – 21 de Junio 2017

ThumbnailTrinoMarquezLa fiscal Luisa Ortega Díaz reafirma frente a los medios de comunicación su condición de chavista, cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo. Considera a la Constitución de 1999 uno de los legados más importantes del fallecido fundador del proceso bolivariano. A partir del principio según el cual “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo… quien la ejerce… mediante el sufragio” (Art. 5) y de la progresividad de los derechos, ha denunciado el carácter fraudulento de las bases comiciales presentadas por Nicolás Maduro para convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Como se sabe, Maduro pretende llamarla sin organizar el referendo consultivo que se deriva del artículo 347 de la Constitución.

A partir de esta diferencia, Luisa Ortega Díaz se ha deslindado completamente del madurismo. Ya se había distanciado cuando, mediante las sentencias 155 y 156, el Tribunal Supremo de Justicia trató de despojar a la Asamblea Nacional de sus competencias y arrogarse esas atribuciones. En esa oportunidad, la Fiscal habló de la “ruptura del hilo constitucional”. Ambos episodios le han valido el deprecio y la persecución del madurismo, convertido en jauría rabiosa contra la cabeza del Ministerio Público.

Mucho se ha comentado que el giro de la Luisa Ortega Díaz no es casual, ni responde a una reacción impulsiva. Se dice que su comportamiento forma parte de una acción deliberada dirigida a alejarse del madurismo, versión bastarda del chavismo, por parte de un amplia capa de sectores que hasta hace poco tiempo formaron parte del oficialismo, pero que se separaron porque entienden la política en términos democráticos, ajustados a los principios de respeto a la dignidad y a los derechos humanos, a la alternabilidad, al pluralismo y a la convivencia pacífica establecidos en la Carta del 99.

Este chavismo constitucional, Fernando Mires dixit, se contrapone a un chavismo autoritario, hamponil y gorila, asociado con Maduro, que atropella el Estado de Derecho y desprecia la democracia. El chavismo constitucional estaría integrado por civiles (Ortega Díaz y el diputado Germán Ferrer), militares en condición de retiro (los generales Miguel Rodríguez Torres y Clíver Alcalá Cordones) y otros grupos del chavismo original, que entienden la gravedad de la crisis nacional y se sienten dispuestos a practicar la política como el arte de la acumulación de fuerzas mediante la atracción de aliados, la conquista del voto popular, la tolerancia en medio de las diferencias, el respeto al adversario, el sometimiento del estamento militar al poder civil y el ejercicio del gobierno en el marco jurídico constitucional.

De ser cierto que ese tipo de chavismo existe, que no es una ficción, ni una leyenda urbana, llegó el momento que se exprese con toda la fuerza que es capaz de desplegar. Para luego será muy tarde. Si el madurismo triunfa en esta batalla sin cuartel que el país libra contra la Constituyente Comunal, contra la cubanización definitiva del país, esa fracción ortodoxa del chavismo será barrida, tal como el madurismo ha prometido que hará con la AN, con el Ministerio Público, con las gobernaciones y alcaldías, con la autonomía del Banco Central y con los residuos de propiedad privada que aún quedan. Correrá la misma suerte que la oposición. Ambas corrientes están obligadas a librar una confrontación descarnada contra un adversario cruel, inescrupuloso y, lo peor, armado hasta los dientes.

El chavismo constitucional se ha expresado a través de las declaraciones de algunos de sus voceros más autorizados. Luisa Ortega Díaz, la más importante. Pero, estas voces son insuficientes. Su tono tiene que elevarse, lo mismo que la audacia de sus planteamientos. Percibo un miedo atávico injustificable en ellos a que se les vincule con la Mesa de la Unidad Democrática y sean absorbidos por la plataforma unitaria opositora. En las actuales circunstancias coincidir con la MUD no entraña ningún peligro. La MUD y todos los demás sectores que se oponen al régimen carecen de opciones: o se unen contra el proyecto totalitario de Maduro y la tiranía cubana, o serán aniquilados, tal como ocurrió en la isla caribeña hace sesenta años. La actual es una lucha entre la vida y la muerte. Las sospechas hay que ponerlas de un lado.

En Venezuela es obligatorio que todas las fuerzas democráticas se alíen para derrotar el proyecto dictatorial dirigido por Maduro y soportado por la cúpula militar, el TSJ, el CNE y la Defensoría del Pueblo, cómplices de los desmanes del régimen.
Dejar a Luisa Ortega Díaz sola, en la estacada, sería una inconsecuencia imperdonable. El chavismo democrático tiene que dar la cara e integrarse sin reservas al movimiento opositor.

El desenlace se acerca por Humberto García Larralde – La Patilla – 21 de Junio 2017

garcialarraldexmauramorandi-e1486651137118Al gran Santos Yorme, ejemplo de luchador indoblegable, reserva moral de la democracia
Si el objeto de una asamblea constituyente es, “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución” -como reza el artículo 347 de nuestra Carta Magna-, su convocatoria supone que se han labrado consensos en torno a los rasgos definitorios del país que se quiere construir. Como señala Fernando Mires, es una instancia portadora de una idea fundacional: propone “formar una nueva nación”. Por tanto, debe manar del soberano y acordar normas de convivencia entre ciudadanos y con el estado en torno a ese proyecto país para lograr su respaldo por todos. Se trata de asentar las bases legales de un nuevo contrato social cuyos elementos deberían haberse madurado en el seno de la sociedad, que expresasen sus anhelos y valores. Si ello no fuese así, la nueva constitución quedaría sólo en el papel, sin sustento real, y sus intentos de instrumentación se convertirían en fuente de conflicto y zozobra creciente, dado su rechazo por el pueblo.

Lo insólito de la iniciativa presidencial intentada por Maduro, es pretender imponerla en contra de lo que la sociedad como un todo desea. Intenta “constitucionalizar” una tiranía. Representa, por tanto, un contrasentido, un despropósito que, por tanto, es inviable y destinado a fracasar. Se trata, en realidad, de una Asamblea Nacional Disolvente, puesbusca disolver los fundamentos sobre los cuales descansa la República, cuales son que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, y que la división y autonomía de poderes es la garantía sine qua non para que se respeten los derechos humanos y civiles que son su razón de ser. Es menester que las instituciones que sustentan el orden republicano, sobre todo la Fuerza Armada Nacional como depositaria de los medios de violencia que el Estado le confirió para su resguardo, impidan la destrucción de la República, más si ello obedece a intereses vinculados a la gerontocracia despótica foránea de los Castro. Por si hubiera dudas, el artículo 333 de la Constitución señala como deber de todo(a) ciudadano(a), contribuir a restablecer su efectiva vigencia cuando ésta dejare de observarse. Leer más de esta entrada

El Gobierno de transición por Luis Ugalde S.J. – Blog Cesar Miguel Rondón – 21 de Junio 2017

Ugalde4-1100x618Todo gobierno medianamente democrático si llega a una deslegitimación y fracaso parecidos a los de Maduro, renuncia y convoca a elecciones. La Constitución venezolana para situaciones similares prevé el referendo para revocar al Presidente antes de su término. Maduro tramposamente lo impidió; luego anuló la Asamblea Nacional y aplazó las elecciones regionales; ahora pretende eliminar la Constitución con una “constituyente” no convocada por el único que lo puede hacer, el pueblo. Es una locura pensar que la actual desesperación, deba y pueda prolongarse hasta fines de 2018. El creciente sufrimiento de la gente pide a gritos cambio ya: cambio de presidente y de régimen, con decisiones inmediatas para no seguir muriendo en la calle con la brutal represión o por hambre y falta de medicinas, a causa de la corrupción e ineptitud gubernamentales. El Ejecutivo se ha convertido en verdugo del pueblo y se ha vuelto tiránico.

Cambio ya para rescatar la Constitución y emprender de inmediato el camino de la reconstrucción, evitando más muertes y miseria. Para salir de este régimen sin esperanza hace falta cuanto antes un gobierno nacional de transición que tome de modo excepcional medidas de emergencia y convoque elecciones democráticas, previo saneamiento con remoción de los ilegales magistrados del TSJ y de los miembros serviles del CNE.

Urge hablar públicamente para madurar un gobierno de transición saliendo del actual Ejecutivo deslegitimado. Sería un grave error pensar en elecciones inmediatas. Antes necesitamos atender con apoyo internacional a la creciente emergencia humanitaria propia de una postguerra, sacar a todos los presos políticos, abrir el regreso de los exiliados, convocar a los empresarios a la activación de la emergencia productiva y atraer a los inversionistas con un nuevo espíritu democrático, libre iniciativa y garantías jurídicas.

Urgen el refinanciamiento de la deuda y multimillonarios préstamos económicos para insumos productivos y para necesidades vitales de consumo. Nada de esto podría conseguir una nueva dictadura militar y tampoco un frágil ganador de elecciones partidistas con todos los demás (chavistas o no) en la oposición. Es necesario un gobierno de transición con metas claras y tareas concretas, con amplio apoyo nacional por encima de parcelas partidistas. Un gobierno que incluya a opositores y chavistas, unidos en un esfuerzo de salvación nacional. Tal vez hace un año el gobierno de Maduro hubiera podido abrir este camino, pero ahora es imposible.

El gobierno de transición debe fijar fecha de elecciones libres antes de un año, con condiciones democráticas y transparencia. Mientras ese gobierno responde a la población con medidas urgentes, los diversos grupos políticos y sociales deben llegar antes de las elecciones a una especie de Pacto de Gobernabilidad, con el compromiso de reconocer y apoyar a quien gane la Presidencia. Pacto con un programa básico de salvación nacional y de reconstrucción, de no menos de 10 años, apoyado por gobernantes y opositores democráticos. Todo ello imposible sin un gran apoyo internacional político, económico y humanitario. Entramos derrotados a la modernidad del siglo XXI y a la superación de la pobreza. Ahora tenemos que subir una escarpada alta montaña de reconstrucción y no pensar ilusamente que con salir de este gobierno la tarea está hecha. Pero antes de empezar la subida enfrentamos un bloqueo dictatorial que impide avanzar. Quitar ese obstáculo es condición indispensable para seguir, pero, por terquedad de un régimen corrupto y sin esperanza se nos van en ello vidas, tiempo y energía, cuando urge desarrollar negociaciones e imaginación constructiva. La atención debe centrarse en la difícil subida de mañana y los requisitos para coronarla con éxito. Sin dejar la actual protesta de calle (acción decisiva para desbloquear los caminos constitucionales) debemos simultáneamente empezar a formar un gobierno de transición con hombres y mujeres de diversa procedencia pero unidos con claridad programática y decididos a no prolongarse más allá de los meses de transición emergente.

Un Gobierno de Transición, con todas las de la ley, con una Fuerza Armada decididamente democrática y defensora de la Constitución. Basarnos en la Constitución y en lo que nos queda de instituciones legítimas; en primer lugar la Asamblea Nacional en alianza con el pueblo sufriente alzado y con la Fiscal convertida en defensora de la democracia y unidos en el rescate del CNE y TSJ. La Fuerza Armada está obligada e invitada a asumir su responsabilidad constitucional y democrática en la difícil reconstrucción del país, con lo que recuperará los perdidos reconocimiento y afecto del pueblo. La alegría de Venezuela será inmensa cuando veamos aparecer un Gobierno de Transición realmente plural, de gente honrada e inteligente unida en un programa político de interés superior: la salvación del país. Cuanto más se haga esperar, más grave y dolorosa se volverá la actual agonía.

Maduro usted, al cerrar los caminos de cambio, se convirtió en el eje de un régimen que tortura a Venezuela y ahora quiere perpetuarlo con el fraude de la Asamblea Constituyente. Renuncie y quite el bloqueo que impide el inicio del ascenso a la montaña de la reconstrucción democrática con rescate de la esperanza y de la unidad nacional.

Unidad anuncia activación del 350, nueva hoja de ruta y respaldo a la Fiscal General – La Patilla – 20 de Junio 2017

logo-headerLa Unidad Democrática anunció este martes en una rueda de prensa la activación del artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una nueva hoja de ruta y su respaldo a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.

Se conoció que la activación del mencionado artículo se efectúa por la coalición política debido a los constantes ataques que ha efectuado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional, sus diputados y ahora, contra la Fiscal. Así lo explicó el titular del Poder Legislativo, Julio Borges quien encabezó la rueda de prensa.

A su juicio “hoy la dictadura se encuentra más débil” ya que contamos con el respaldo internacional.

“Queremos anunciar al mundo entero que utilizaremos todos los mecanismos para cambiar a este Gobierno”, adelantó Borges.

A continuación del dejamos el texto contenido en el artículo 350 de la Constitución:

Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

Respaldo a la Fiscal

Borges manifestó su respaldo en nombre de la Unidad Democrática a la Fiscal, Luisa Ortega Díaz ante el antejuicio de mérito contra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz que admitió este martes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”.

“La Fiscal está siendo asediada por la dictadura (…) le mandamos un mensaje de apoyo total desde la MUD y el pueblo”, dijo.

Suspendida Marcha Nocturna

Se conoció que la marcha nocturna convocada por la Unidad Democrática en honor al joven caído, Fabián Urbina convocada para este martes a las 05:00 de la tarde, fue suspendida debido a los problemas climatológicos.

Nueva hoja de ruta

Tras estas palabras, Borges procedió a dar lectura a un documento que contenía los acuerdos y la nueva hoja de ruta de la coalición política:

En primer lugar establecieron que ninguna de sus acciones (TSJ) pueden ser reconocidas según lo establecido en el 350 de la Constitución.

Convocamos a todo el pueblo de Venezuela para enfrentar el fraude constituyente en todo el territorio nacional.

Así mismo se invita a los venezolanos a unirse a una Gran protesta permanente en todo el territorio “hasta lograr la restitución del orden constitucional”.

Además se pide a las comunidades a efectuar Comités de Rescate de la Democracia y constituirse en Asambleas Permanenteas a fin de evitar el uso de sus escuelas para violar la Constitución.

Mantener la protesta no violenta.

Se comunicará al país los resultados de un gran acuerdo nacional para la gobernabilidad de Venezuela.

A continuación le presentamos el discurso completo de Borges:

 

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Viva la Constitución por Fernando Mires – Blog Polis – 17 de Junio 2017

 

constitucion-99-640Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

333 y 350. En esos números está todo. En esos dos artículos encontramos la razón de ser de la protesta venezolana.
En términos impecables la fiscal Luisa Ortega Díaz puso en forma jurídica el tema del conflicto. Un gobierno, el de Maduro, intenta desconocer la Constitución de la República y suplantarla por otra cuyo origen no reside en la soberanía popular sino en la decisión de un grupo entronizado en el poder. De un día a otro, el gobierno de Maduro, convertido en dictadura militar, ha decidido desconocer el sufragio universal y con ello a la forma republicana de gobierno, propia a todos los países democráticos de la tierra. Ahí reside la dimensión jurídica del problema.
La dimensión política limita con la jurídica pero no es la misma. Tiene que ver con el momento en el cual fue lanzado el proyecto de la Asamblea Constituyente. Y bien, ese momento no guarda la menor relación con lo que, desde una perspectiva histórica, vale decir, desde las revoluciones madres de la modernidad –la norteamericana y la francesa- han sido las Asambleas Constituyentes.
Las Asambleas Constituyentes vistas desde una perspectiva histórica han sido siempre portadoras de un proyecto fundacional.
Fundacional quiere decir fundar o refundar una nación. Es por eso que las Constituyentes en todas las experiencias históricas han sido convocadas cuando ha llegado la hora de poner en forma a una nueva nación (surgida después del fin de un imperio colonial o cuando una nación se separa de otra nación) En otras ocasiones han sido resultado de un cambio radical de régimen político (por ejemplo, de la monarquía a la república) Por último, también suelen ser convocadas cuando la Constitución ha sido declarada obsoleta (la Constitución alemana de post-guerra, por ejemplo) por todos lo poderes públicos. En todos esos episodios, la aprobación de la ciudadanía ha sido decisiva.
Eso significa: en cada nueva Constitución existe una instancia revocatoria y una instancia aprobatoria. No puede haber, dicho más exactamente, una instancia aprobatoria sin previa instancia revocatoria. Sin revocación y sin aprobación de la ciudadanía – a través de la vía parlamentaria y/o de la plebiscitaria- no puede nacer ninguna Constitución.
Solo por esa razón, al convocar a una Asamblea Constituyente sin convocar a la ciudadanía, el régimen de Maduro se ha puesto fuera de la Constitución y sus leyes. Nunca en toda la historia política de América Latina –ni aún bajo las peores dictaduras- ha habido un caso de usurpación de la voluntad ciudadana tan ilícito e ilegitimo como el cometido por el régimen de Maduro.
La Constitución vigente en Venezuela fue aprobada por mayoría el año 1999, durante el gobierno del presidente Chávez, y su intención era crear los fundamentos para una nueva república. A favor de esa refundación optaron incluso sectores no identificados con el chavismo quienes vieron que esa Constitución, al ampliar algunos derechos sociales, no llevaba a una ruptura con el orden histórico y político y, por lo mismo, no alteraba la continuidad republicana. Se podía, en fin, estar en desacuerdo con ella, pero nadie podía negar que el procedimiento usado para su aprobación fue legítimo, democrático y popular.
Chávez, ni en los momentos en los cuales gozó de la más amplia mayoría, intento convocar a una nueva Constituyente. El año 2007 pudo haberlo hecho para asegurar un tercer mandato. Pero prefirió introducir una reforma para cuyo efecto llamó a un plebiscito. Ese plebiscito, como es sabido, lo perdió. Fue la primera gran derrota del chavismo. En cambio, Maduro, lejos de contar con el apoyo que tuvo Chávez, ha decidido prescindir de la voluntad del pueblo no para realizar una reforma, sino para anular a toda la Constitución. Bajo Maduro el pueblo está a punto de perder su ciudadanía política.
Importante es recordar que el plebiscito del 2007 no fue ganado solo con los votos de la oposición. Por primera vez apareció dentro del chavismo un segmento disidente al que podríamos llamar chavismo constitucional. Sus miembros eran chavistas; algunos continuaron siéndolo. Pero esa vez, hay que reconocerlo, no aceptaron poner a Chávez por sobre la Constitución. De tal manera la confluencia que hoy observamos entre una inmensa mayoría opositora y el reaparecimiento de un chavismo constitucional tiene un antecedente histórico. La diferencia es que la confluencia del 2017 es mucho más amplia que la del 2007. Eso significa que la mayoría de la nación, más allá de todas sus diferencias, es, o ha llegado a ser, constitucionalista. O dicho así: en Venezuela hay muchos partidos pero en estos momentos hay solo dos campos: el campo constitucionalista formado por la inmensa mayoría y el campo anti-constitucional, formado por una secta estatal, sus muy pocos partidarios y la cúpula militar.
A partir del éxito del 2007 comenzaría a crecer un tronco sólido dentro de la oposición formado por políticos que entendieron que la única manera de derrotar al chavismo era recorrer la vía pacífica, democrática, electoral y sobre todo, constitucional, dejando atrás todo tipo de atajos, salidas y aventuras inútiles. Gracias a la existencia de ese tronco –aparecido como un frágil arbusto durante las elecciones presidenciales del 2005- la oposición en su conjunto obtuvo la gran victoria del 6D.
En defensa de la AN surgió la iniciativa de la revocación presidencial, abortada ilegalmente por la CNE de Tibisay Lucena. Pero la oposición volvió a agruparse, y nuevamente continuó la ruta constitucional, exigiendo lo mínimo a que tiene derecho un pueblo: elecciones libres. Fue entonces cuando el régimen cercado por sus propias leyes, y no encontrando ningún otro camino que lo salvara de unas elecciones destinadas a ser perdidas, decidió destruir a toda la Constitución.
La Constituyente de Maduro fue un misil lanzado en contra de la oposición constitucional. Pocas veces un gobierno ha atentado en contra de su nación de un modo tan criminal. Que como gran concesión el régimen haya pautado las elecciones regionales después de entrar en vigencia la Constituyente, lo que de hecho anularía a priori el resultado de esas elecciones, no solo es una sinvergüenzura. Es una burla miserable a todo el pueblo venezolano. Son esas las razones por las cuales Maduro y su régimen son repudiados en todo el mundo democrático.
La Constitución del 99 dejó de ser la Constitución del gobierno y se transformó gracias a la confluencia formada por la oposición y el segmento constitucional del chavismo, en la Constitución de todos los ciudadanos.
Parece no haber dudas. En Venezuela está teniendo lugar la primera insurrección constitucional de la historia latinoamericana. Por cierto, eso no quiere decir que en otras la defensa de la Constitución no haya jugado un papel importante. Basta recordar el movimiento que desató Francisco Madero en el México de 1910 en contra de la reelección presidencial de Porfirio Díaz. O ese discurso en defensa de la Constitución de 1940 -llamada también la constitución virgen pues nunca entró en vigencia- pronunciado por ese joven demócrata y liberal llamado Fidel Castro frente a los tribunales del dictador Batista (La historia me absolverá,1953) En ese y otros casos, la Constitución ha sido un referente, pero nunca ha ocupado un lugar tan central y determinante como hoy en Venezuela. La Constitución del 99 ha llegado a ser el programa y el guía, la ideología y la práctica, el símbolo y el significado, y no por último, el eje alrededor del cual rotan muchos partidos y organizaciones de izquierda, derecha y centro.
Nadie conoce el final de esta historia. Sin embargo, ya podemos avanzar una tesis: aunque logren imponer a sangre y fuego la Constituyente, Maduro y su secta están perdidos. Nunca podrán obtener con las balas lo que no pudieron obtener con los votos. Y aunque se digan gobernantes, jamás podrán gobernar. El gobierno de Maduro ya es un gobierno políticamente muerto. La Constitución del 99, en cambio, seguirá viviendo.
¡Viva la Constitución!

 

El hemisferio debe rechazar la Asamblea Constituyente de Venezuela y apoyar una resolución electoral a la crisis – WOLA – 15 de Junio 2017

206b5021-bb0f-4c55-92a3-c7f5472d25f4.jpgEn el mes de julio, el gobierno venezolano pretende comenzar a reescribir la constitución del país a través de un proceso que es claramente inconstitucional y que desempoderará a los ciudadanos venezolanos por años. Como una organización dedicada al avance de la justicia social y los derechos humanos en las Américas, WOLA (la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) apela a las naciones del hemisferio a reconocer la importancia de este momento, instando al gobierno venezolano a dejar de lado su plan para crear una nueva constitución y en su lugar adherirse a la Constitución de 1999 del país.

Si es implementada como está propuesta por el gobierno del Presidente Maduro, la Asamblea Nacional Constituyente representaría un asalto a un principio fundamental de la democracia: la soberanía del pueblo. La Constitución de Venezuela de 1999 establece claramente que sólo el pueblo venezolano tiene la autoridad para convocar una nueva Asamblea Constituyente. Pero el gobierno de Maduro ha usurpado esta autoridad por sí mismo, rechazando la idea de solicitar el consentimiento previo del pueblo, como fue el caso en abril de 1999, cuando la cuestión de si se reescribía o no la constitución fue sometida a un referéndum del electorado entero.

La propuesta de Maduro de reescribir la constitución es un claro intento, por parte de un gobierno impopular, de permanecer en poder en un contexto en el cual saben que no podrían ganar elecciones justas. En el 2016, el gobierno de Maduro impidió un referéndum revocatorio presidencial y pospuso indefinidamente las elecciones regionales programadas. Ahora, en el caso de la Asamblea Constituyente, el gobierno ha creado reglas para seleccionar a los delegados de la Asamblea a favor de sus partidarios: bajo los procedimientos propuestos por el gobierno, sus candidatos podrían tomar la mayoría de los asientos ganando menos que el 30 por ciento del voto, que está previsto para el 30 de julio. Los partidos de oposición justificadamente consideran que este proceso es ilegítimo e inconstitucional y, por lo tanto, no presentarán candidatos. Esto significa que si el proceso continúa, las reglas básicas del país serán reescritas por una sola fuerza política. Además, la Asamblea Constituyente tendrá “poderes de origen” que sobrepasarán a todos los demás poderes constituidos. Funcionarios del gobierno venezolano ya han sugerido que la Asamblea Constituyente usará ese poder para disolver la actual Asamblea Nacional y deponer a la Fiscal General Luisa Ortega, quien ha criticado abiertamente al gobierno y ha tratado de bloquear el plan del gobierno para reescribir la Constitución.

Por lo tanto, WOLA urge a los países del hemisferio a rechazar colectivamente la convocatoria antidemocrática de una Asamblea Nacional Constituyente, y a continuar insistiendo en el establecimiento de un calendario claro para las elecciones regionales, municipales y nacionales que observen los plazos establecidos por la Constitución. Al llamar a Venezuela para que respete su Constitución de 1999, los países de las Américas deben insistir en que el gobierno respete la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y libere a los prisioneros políticos, condiciones que fueron apoyadas por la Santa Sede durante la mediación de la crisis a finales del 2016.

También es vital que los países de la región declaren su apoyo unido para una solución pacífica a la crisis de Venezuela. Aunque los actuales niveles de polarización y desconfianza en Venezuela representan serios obstáculos para las negociaciones constructivas, sólo el diálogo y las negociaciones entre las partes resolverán la situación. Los aliados regionales pueden desempeñar un papel importante para ayudar a superar los obstáculos y facilitar un diálogo constructivo. Un consenso emergente se está formando en toda la región con respecto a la importancia de un compromiso renovado con esas negociaciones en Venezuela, lo que podría ser facilitado por un grupo de países dedicados del hemisferio.

Este es un momento para acción urgente. Al hablar en favor de la resolución pacífica y contra la convocatoria del 30 de julio de una Asamblea Nacional Constituyente, los países de las Américas tienen la oportunidad de abordar la crisis de manera significativa y expresar su solidaridad con el pueblo venezolano.

La fiscal general de Venezuela lidera la oposición contra Maduro por Alfredo Meza – El País – 14 de Junio 2017

Luisa Ortega Díaz solicita un antejuicio de mérito contra los magistrados de la Sala Constitucional que en marzo le dieron poderes dictatoriales al Presidente de la República
2017-05-24T173048Z_1005284470_RC117285C200_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICSEl enfrentamiento entre la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y el Ejecutivo de Nicolás Maduro se recrudece a pasos agigantados. La jefa del Ministerio Público, una antigua aliada del proceso bolivariano, impulsa con vigor el desafío legal a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente. La coincidencia entre el chavismo crítico con la deriva totalitaria del régimen y la oposición aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) empieza a hacerse evidente. Ambos sectores parecen decididos a aliarse para forzar la salida de Maduro.

La primera prueba de que la fiscal, una antigua aliada del proceso bolivariano, y la MUD acercan posturas ocurrió el lunes. La alianza opositora llamó a sus seguidores a presentarse en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas para que formaran parte del contencioso que introdujo Ortega Díaz contra la convocatoria de la Constituyente, la apuesta de Maduro para liquidar a sus adversarios con la excusa de escribir una nueva Constitución. El mismo lunes, la Sala Electoral del Supremo, que controla el régimen, no admitió la petición de la fiscal por “inepta acumulación de pretensiones”, es decir, por pedir en el mismo escrito la nulidad de las actuaciones de distintos órganos de los poderes públicos.

De inmediato, la fiscal replicó con tres solicitudes que demuestran que la fractura con el Gobierno es definitiva: un antejuicio de mérito contra seis miembros principales y dos suplentes de la Sala Constitucional que, a finales de marzo, mediante dos sentencias, liquidaron las competencias del Parlamento y otorgaron poderes dictatoriales a Maduro; una medida cautelar para que los magistrados de esta Sala se separen de sus cargos; y la desincorporación de 13 magistrados principales y 20 suplentes designados en los estertores del anterior período de la Asamblea Nacional, entonces controlada por el chavismo, y cuando ya se conocía que la MUD tomaría control de ese poder público.

Aquellas designaciones fueron cuestionadas por las formaciones opositoras porque los magistrados eran parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, simpatizantes confesos del Gobierno bolivariano y no cumplían con los requisitos del comité de postulaciones. Ortega Díaz terminó de darle asidero a esas denuncias cuando contó que, en su momento, había cuestionado los nombramientos. “No había denunciado antes esas irregularidades porque no había podido revisar las pruebas. […] Ese proceso estaba viciado y se hizo a espaldas mías”, declaró la fiscal a Unión Radio, el lunes.

La firma del acta

La Constitución de Venezuela señala que el Consejo Moral Republicano —que integran la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y el Ministerio Público— debe revisar los expedientes de los aspirantes a magistrados y firmar si están de acuerdo con sus designaciones. Ortega Díaz asegura que no firmó el acta porque no supo cómo fueron seleccionados. Pero el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, negó que la fiscal haya objetado los nombramientos en la reunión que sostuvieron el 16 de diciembre de 2015, una semana antes de que la Asamblea Nacional juramentara a los jueces.

Los contenciosos introducidos por la fiscal parecen querer dejar en evidencia la falta de independencia de las instituciones, que el chavismo crítico apenas había sentido antes de este cisma. “El Gobierno pretende desmantelar al Estado y conspira para alterar la forma republicana, como está establecida en la Constitución. No es solo a través de un acto de fuerza como se conspira contra la nación, sino también con sentencias”, dijo Ortega Díaz ayer, al consignar la solicitud de antejuicio de mérito contra los magistrados.

Los escritos han sacado a la Mesa de la Unidad de la rutina de las protestas reprimidas por la policía militarizada. La Asamblea Nacional se aprestaba ayer a juramentar a los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales, que debería culminar con la designación de nuevos magistrados.

Con las deserciones de sus antiguos aliados, el repudio a Maduro aumenta cada día. El régimen conserva, de momento, el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la que utiliza como su principal ariete para seguir adelante en su esfuerzo de purgar a Venezuela. El oficialismo ahora se propone —a través del diputado chavista Pedro Carreño— pedirle al Supremo que autorice que una junta médica determine si la fiscal general está en sus cabales. El desenlace es inminente.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE DEFENSA DIMITE
A. M.
El periodista venezolano Vladimir Villegas aseguró en Twitter que el mayor general Alexis Ramírez López renunció a la secretaría del Consejo de Defensa de la Nación (Codena) porque no está de acuerdo con la convocatoria de la Constituyente. Ramírez López fue jefe de la Casa Militar de Hugo Chávez, comandante general del Ejército durante el anterior Gobierno y parte de la logia militar del golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, que protagonizó el fallecido mandatario.

Su renuncia es interpretada como una prueba de que los complotados de la intentona golpista buscan provocar un cambio de orientación en las fuerzas armadas. En el grupo que se alzó entonces están los mayores generales Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior y Justicia y director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, y Clíver Alcalá Cordones, dos activos detractores de Nicolás Maduro.

Fiscal General solicita antejuicio de mérito contra 8 magistrados del TSJ -ProDaVinci – 13 de Junio 2017

Unknown-1El martes 13 de junio de 2017, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar ante la Sala Plena un antejuicio de mérito contra 6 magistrados principales y 2 suplentes de la Sala Constitucional: Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez y los suplentes Federico Fuenmayor y René Degraves.

La Fiscal explicó que realiza la solicitud “por cuanto pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado la nación, previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal”.

Luisa Ortega Díaz recordó que en las sentencias 155 y 156, dictadas en mayo por la Sala Constitucional, “se produce una ruptura del orden constitucional”:

“En esas sentencias se le estaban dando poderes especiales al Presidente de la República incluyendo […] materia penal, cuando la materia penal debe ser interpretada de manera restrictiva, porque el Estado y los ciudadanos necesitan seguridad jurídica […]. Esas sentencias prácticamente […] disolvían la Asamblea Nacional, […] le quitaban todas las atribuciones y se las arrogaba la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con la potestad de delegarlo en quienes ellos quisieran. Estas sentencias ponen en peligro la democracia”

El 31 de mayo, la Sala Constitucional, a través de la sentencia 378, validó la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente sin previa consulta aprobatoria del pueblo tal y como establece el artículo 347 de la Constitución. Luisa Ortega se refirió a la sentencia:

“[La Sala Constitucional] señaló, entre muchas cosas, que se revive la democracia representativa y se deroga la democracia participativa y protagónica. También, a través de esa sentencia, violando el artículo 5 de la Constitución, se le transfiere a un poder constituido la soberanía que es del pueblo, que solamente puede ejercerla el pueblo. Igualmente se atenta contra la supremacía constitucional. Todos estos hechos me llevan, frente a la negación del estado de derecho, […] a solicitar este antejuicio de mérito. Porque es necesaria la paz de la República. Es necesaria la seguridad”

La Fiscal señaló que se colocaron obstáculos a los ciudadanos que pretendían asistir a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para adherirse al recurso de nulidad que ella introdujo ante la Sala Electoral del TSJ el pasado jueves 8 de junio:

“Quiero hacer referencia que uno de los derechos que tiene el ciudadano establecidos también en la Constitución es la tutela judicial efectiva, artículo 26 de esta Constitución. Sin embargo, varios ciudadanos pretendían venir el día viernes a este Tribunal Supremo de Justicia y en el día de ayer habían obstáculos para el acceso. La tutela judicial efectiva es la garantía que tiene el ciudadano de acceder a los órganos de administración de justicia para que le tutelen sus derechos”.

Del mismo modo, Ortega Díaz denunció que algunos presidentes de circuitos en el estado Portuguesa y el estado Miranda ordenaron que no se recibiera ningún tipo de “solicitud escrita o reclamo de cualquier persona para la adhesión del recurso de nulidad de amparo cautelar”.

La Fiscal General recordó que el 12 de junio acudió a la Sala Constitucional para pedir la nulidad del acto dictado por la Asamblea Nacional el día 23 de diciembre de 2015, en el cual se designaron 13 magistrados principales y 13 suplentes. Explicó que la legitimidad de origen de los magistrados designados está viciada de nulidad por cuanto está viciado el procedimiento por el cual fueron designados. “Esa legitimidad de origen de los magistrados es sin duda una de las causas por las que se produjeron grotescas decisiones que atentan contra el orden constitucional”, concluyó.

 

 

Sobre la demanda de la Fiscal pidiendo la nulidad de la designación de los magistrados por José Ignacio Hernández G. – ProDaVinci – 12 de Junio 2017

Venezuela Political CrisisLa Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, fue noticia el lunes 12 de junio de 2017 por dos hechos: 1. Por la sentencia de la Sala Electoral que declara inadmisible la demanda electoral presentada por ella; y 2. Por la decisión de la Fiscal de demandar la nulidad de la designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designados en diciembre de 2015.

¿Qué está pasando?

1. La decisión de la Sala Electoral

En la mañana del 12 de junio la Sala Electoral informó que, mediante sentencia número 67, declaró “inadmisible por inepta acumulación” la demanda electoral de nulidad interpuesta por la Fiscal General.

En términos sencillos, esto implica que para la Sala Electoral, Luisa Ortega Díaz se equivocó al formular su demanda pues pidió la nulidad de actos que sólo pueden ser atacados ante la Sala Constitucional, junto con la nulidad de actos que pueden ser impugnados ante la Sala Electoral. Por esto, para la sentencia, la Sala acumuló indebidamente demandas que han debido ser presentadas en tribunales distintos.

La realidad, sin embargo, es otra: Ortega Díaz, en su demanda, fue muy clara en señalar que ella solo estaba demandando la nulidad de actos y actuaciones electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE), sin cuestionar directamente los decretos dictados por el Gobierno Nacional en torno a la fraudulenta constituyente.

En consecuencia, se trató de una simple excusa. La Sala Electoral, en realidad, optó por el camino más rápido –y más inconstitucional– el cual es negar el inicio del juicio promovido por la Fiscal.

¿Puede hacer algo más la Fiscal? Hay varias estrategias que podría emprender, con muy pocas probabilidades de éxito. Apunto dos:

1. Solicitar a la Sala Constitucional la revisión de la sentencia emitida por la Sala Electoral, a fin de que la Sala Constitucional anule esa sentencia.

2. Intentar de nuevo la demanda, aclarando –todavía más– que únicamente está demandando la nulidad de actos electorales.

En todo caso, esta decisión de la Sala comprueba que el TSJ no es un órgano imparcial que favorece el acceso a la justicia. Esto, precisamente, permite comprender mejor la nueva acción judicial intentada por Ortega Díaz.

2. La demanda de nulidad de la designación de los Magistrados
realizada por la Asamblea Nacional en 2015

En la tarde del 12 de junio, la Fiscal General anunció en el programa radial de Maripili Hernández que había demandado, ante el TSJ, la nulidad de la designación de los Magistrados realizada por la Asamblea Nacional (AN) en 2015. Para la Ortega Díaz, la desincorporación de esos Magistrados es condición necesaria para permitir que el TSJ pueda asegurar el derecho de acceso a la justicia.

Recordemos un poco la historia.

En diciembre de 2015 la AN violando el procedimiento previsto en la Constitución y la ley, designó a 13 magistrados del TSJ y otros tantos suplentes, lo que califiqué en un artículo publicado aquí Prodavinci como una clara violación a la Constitución.

La AN instalada el 5 de enero de 2016 asumió, dentro de sus primeras funciones, la investigación de tales designaciones. Estas investigaciones culminaron con un informe aprobado en julio de 2016, en el cual se declaró que esas designaciones, al violar la Constitución, eran nulas e inexistentes (como también expliqué en otro artículo).

La Sala Constitucional, en sentencia número 614/2016, declaró la nulidad de esas investigaciones y del informe aprobado por la AN como parte de las decisiones por medio de las cuales la Sala desconoció a esa Asamblea. Pese a esto, la AN ha continuado con el procedimiento para designar a los Magistrados llamados a sustituir a quienes fueron inconstitucionalmente incorporados en diciembre de 2015.

Además, también se recordará que con ocasión a las sentencias número 155 y 156, la Asamblea Nacional acordó iniciar el procedimiento para remover a los magistrados de la Sala Constitucional, procedimiento que fue obstruido por el Consejo Moral Republicano.

En esa entrevista la Fiscal General hizo referencia a todos estos antecedentes y mencionó que había intentado una demanda de nulidad en contra del Acuerdo de la Asamblea Nacional –publicado en Gaceta Oficial 40.819 el 29 de diciembre de 2015–, en el cual se nombró inconstitucionalmente a los magistrados del TSJ. Asimismo, informó que solicitó también una medida preventiva de amparo orientada a lograr la desincorporación de esos magistrados. Finalmente, solicitó a los magistrados designados que se abstuvieran de firmar cualquier decisión al estar cuestionada su incorporación y calificada de ilegítima.

Lo interesante es que, en sus declaraciones, Ortega Díaz informó que sólo recientemente tuvo acceso a las actas del Consejo Moral Republicano que acreditaban las irregularidades cometidas en la designación de esos magistrados, lo que explica porqué ahora es que cuestiona las designaciones efectuadas en diciembre de 2015. Esas pruebas, presentadas ahora por la Fiscal General, corroborarían las irregularidades asociadas a la designación de esos magistrados.

¿Qué puede pasar con esta demanda de nulidad?

Si el TSJ sigue sus estadísticas, esta nueva demanda será desechada por cualquier formalidad. Pero lo importante no es en realidad esa eventual decisión.

Lo importante es que la Fiscal General de la República ha coincidido en señalar, como antes hiciera la Asamblea Nacional, que la designación de los magistrados efectuados en diciembre de 2015 violó la Constitución, todo lo cual –junto con otras consideraciones más– permite concluir que el TSJ es un “obstáculo para la paz del país”, como la propia Ortega Díaz declaró luego de que el TSJ desechara sus recientes actuaciones ante esa instancia.

En todo caso, mientras el TSJ procesa esta nueva demanda de la Fiscal General , la AN continuará con el procedimiento de designación de magistrados a través de la Comisión de Postulaciones Judiciales, como se puede leer en el orden del día del 13 de junio.

Y mientras todo esto sucede, la fraudulenta propuesta de la constituyente avanza ahora teniendo claro –para quienes podían tener dudas– de que no hay garantías mínimas de control judicial de tal proceso.

Frente a esta situación, correspondería a los ciudadanos –como también ha advertido la Fiscal General de la República– con fundamento en los artículos 333 y 350 de la Constitución, oponerse a tal fraudulenta propuesta y contribuir al restablecimiento del orden constitucional.

Por su parte, la AN y a la Fiscal General también deben contribuir con ese restablecimiento como lo reflejan las acciones a las cuales he hecho mención en este artículo. En los próximos días veremos si nuevas instituciones del Estado se unen a este propósito.

 

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