elecciones7Oenbilbao

Punto de encuentro de Venezolanos votantes en Bilbao

Archivos por Etiqueta: Constitucion

Barra Plural: Propuesta engañosa por Gonzalo Oliveros Navarro – Miami Diario – 12 de Julio 2020

Esa fue la que los adalides de la “revolución bonita” le ofrecieron a los venezolanos a través del proceso constituyente de 1999.

Se nos ofreció que todos los errores que habían llevado a la situación de 1998, a través del texto constitucional serían resueltos. Falacia absoluta.

Es constitución  -que su promotor principal calificó de “la mejor del mundo”-  ha sido vulnerada por sus promotores, desde las alturas del poder, sin misericordia.

Según su texto, somos un estado libre e independiente, expresiones éstas que gracias al actuar de quienes han dirigido los destinos del país a partir de su promulgación,  son una falacia. Nunca como ahora Venezuela fue dependiente –casi colonia- de terceros países, para vergüenza de todos.

Reza su texto que somos un país  democrático que propugna la preeminencia de los derechos humanos y el pluralismo y es lo cierto que sí algo ha caracterizado la “gestión” revolucionaria ha sido la extraordinaria cantidad de muertos  en manifestaciones, presos políticos en sus cárceles y exilados por el mundo. Por lo que concierne al pluralismo, el cierre inducido de  medios es el mentís del texto constitucional.

Se establece asimismo como principio fundamental de esa norma superior,  que somos  un estado federal en los términos de la misma constitución y obvio es que por decisión del señor Chávez, ratificada por los abogados que desde el Tribunal Supremo le dieron visos de juridicidad a su actuar, ratificado a la fecha por el señor Maduro, Venezuela es el país más centralista de Latinoamérica. Todo, absolutamente todo, se decide en Caracas.

Según el mismo texto constitucional, el gobierno del país es responsable, pluralista y de mandatos revocables y notorio es que la Asamblea Nacional no ha podido ejercer las facultades concernientes a la exigencia de responsabilidades de los funcionarios públicos; que  el pluralismo queda en entredicho cuando a mandatarios regionales y locales distintos a los del partido del señor Maduro se le designan “protectores” y finalmente, que la revocabilidad del mandato ha sido impedida por el organismo electoral –integrado mayoritariamente por gente vinculada al señor Maduro- con la aquiescencia del poder judicial.

Igualmente se sostiene dentro de los principios fundamentales del texto constitucional,  que el mismo es  la norma suprema  y fundamento del ordenamiento jurídico y es lo cierto que éllo ha sido una falacia en estos veinte muy largos años. Desde la sala constitucional se han emitido sentencia tras sentencia que contraría su texto e inclusive las posiciones del constituyente expresadas en la exposición de motivos.

La última constitución que ciertamente Venezuela aplicó en su integridad fue la de 1961. Lo hicimos durante 40 años, los mejores que el país vivió desde 1821.

Parte fundamental de quienes están ejerciendo de hecho el poder,  fueron constituyentes. Engañaron al país con su propuesta ayer y lo continúan haciendo hoy.

Carta pública al general Padrino López por Fernando Ochoa Antich – El Nacional – 7 de Julio 2020

download
Caracas, 6 de julio de 2020

Señor general en jefe

Vladimir Padrino López

Presente.

 

Señor general:

Sus reprochables y amenazantes declaraciones, realizadas este pasado 5 de julio, en las cuales usted compromete a la Fuerza Armada Nacional, constituyen una afrenta a la sociedad venezolana, a la Constitución Nacional y a la democracia.

Es inaceptable que usted se atreva a expresar que en Venezuela la oposición política nunca podrá ejercer el poder: “No pasarán, no serán poder político jamás en la vida mientras exista una Fuerza Armada como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria y bolivariana… yo creo que es bueno que lo entiendan”. Estoy seguro de que su absurda conducta es ampliamente rechazada en el seno de la Fuerza Armada Nacional.

El contenido de su declaración desconoce lo establecido en los artículos 2 y 6, en los cuales se expresan los principios fundamentales de la Constitución de 1999: “Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico  y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”; “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. Sus palabras no hacen otra cosa sino confirmar que el objetivo político de Nicolás Maduro y su camarilla es mantenerse indefinidamente en el poder, sin respetar la voluntad de nuestro pueblo expresada democráticamente a través de elecciones.

Usted también se refiere a nuestra reclamación ante la República de Guyana por el territorio Esequibo. No creo que usted y los cuadros de la Fuerza Armada Nacional ignoren que ha sido la política exterior entreguista de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que usted defiende tan vehementemente, la que ha comprometido nuestra soberanía sobre el territorio Esequibo. Recuerde que Hugo Chávez, en el año 2004, en una visita a Guyana, en una actitud rayana en traición a la patria, afirmó que Venezuela no se oponía a ningún proyecto de desarrollo en el Esequibo, autorizado unilateralmente por el gobierno guyanés, si era en beneficio de su pueblo. Para colmo, en el año 2007, afirmó que la reclamación venezolana se había iniciado por presiones de Estados Unidos para desestabilizar el gobierno de Cheddy Jagan. De esa manera, Hugo Chávez desconocía todas las reclamaciones que, desde 1841, ha venido realizando  Venezuela en contra de la usurpación de nuestro territorio por Inglaterra.

Igualmente, Nicolás Maduro, ya presidente de la República, aceptó una invitación a Guyana, días después de que el ministro del Ambiente de ese país declarara en San Diego, Estados Unidos, que Guyana había entregado una concesión petrolera a la empresa Anadarko en el bloque Roraima, la cual afecta la fachada Atlántica de la zona de reclamación y la del estado Delta Amacuro, ante lo cual guardó absoluto silencio, lo que pudo haber producido un Stoppel de aquiescencia. No satisfecho con esta muestra de debilidad, en la rueda de prensa realizada después de la firma del comunicado conjunto entre Guyana y Venezuela, declaró: “Recientemente han salido documentos desclasificados de la década de los sesenta, setenta y ochenta que demuestran quiénes eran los intrigantes que preparaban una guerra con Guyana”, sin valorar que ese planteamiento debilita de tal manera nuestra autoridad moral que puede comprometer el resultado de las negociaciones.

Definitivamente, usted señor ministro, con esas irresponsables declaraciones, complica aún más la grave situación política de Venezuela y amplía las posibilidades del surgimiento de la violencia. No es posible que sus ambiciones personales comprometan el destino de nuestra patria.

Fernando Ochoa Antich

General de división

Exministro de la Defensa

Por qué la convocatoria a elecciones del CNE viola la Constitución por Joy Uricare – eldiario – 2 de Julio 2020

Analistas explicaron lo que supone que el Poder Electoral designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afín al régimen, haya convocado comicios legislativos para el 6 de diciembre de este año

El Consejo Nacional Electoral (CNE), designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afín al régimen de Nicolás Maduro, anunció que el 6 de diciembre se celebrarán los comicios legislativos en el país. 

Expertos políticos y electorales consultados por El Diario coinciden en que aumentar el número de diputados a elegir, de 167 a 277, para el período 2021-2026 —como anunció la presidenta el organismo electoral, Indira Alfonzo— es una medida que resulta violatoria a lo establecido en la Constitución venezolana.

CNE viola la Constitución

El periodista especializado en la fuente política, Eugenio Martínez, indicó que el Consejo Nacional Electoral venezolano viola el artículo 186 de la Carta Magna. Aseguró que la decisión de incrementar el número de diputados en el Parlamento no tiene justificación legal ni técnica. Esto es más bien es una medida política.

No tiene asidero legal ni técnico. Esa decisión no se puede analizar desde la perspectiva legal o jurídica porque es eminentemente política para permitir que partidos que integran la mesa de diálogo nacional logren representación parlamentaria el 6 de diciembre”, indicó Martínez.

Carlos Medina, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), coincide con Martínez sobre la violación de la Constitución. Indica que modificar el sistema electoral al aumentar el número de diputados va en contra de la Carta Magna.

Medina resaltó que la Ley establece que, independientemente de la variación poblacional, el número de diputados a elegir debe mantenerse entre 165 y 177.

“Se ha justificado mucho por parte del grupo de Maduro que como la población ha crecido, entonces hay que aumentar el número de diputados. Esto es violatorio de la Constitución”, sentenció el director del OEV.

El estadístico y director de la firma encuestadora Delphos, Félix Seijas, opinó que el principal objetivo de esta decisión es darle un golpe a la oposición tradicional venezolana. Detalló que al ejecutar esta acción se está cometiendo una violación a la Carta Magna venezolana.

«Esta decisión no resuelve nada, solo busca desbaratar a la oposición venezolana. También se está violando la Constitución, ya que el único ente que puede hacer un cambio en el artículo que especifica el número de diputados es el Parlamento. Esto siempre luego de hacer una consulta a los ciudadanos», indicó Seijas.

Foto: Reuters

Artículo 186 de la Constitución

La Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional, según una base poblacional del uno coma uno por ciento de la población total del país. Cada entidad federal elegirá, además, tres diputados o diputadas. Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela elegirán tres diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres. Cada diputado o diputada tendrá un suplente o una suplente, escogido o escogida en el mismo proceso.

Poder Electoral: ¿Está preparado? ¿Tiene potestad de legislar? 

Martínez y Medina concuerdan en que es “complicado de analizar”. El director del OEV señaló que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la AN es la que puede legislar en el país. Es la única que puede nombrar la directiva del CNE.

Medina recordó que ningún tribunal puede darle una competencia por encima de la Constitución a los organismos del país. Así como estos no pueden modificar un artículo de la Carta Magna. Añadió que el cronograma presentado este 1° de julio luce “apretado”.

La verdad es que esta elección luce muy apretada en los tiempos para lograr, además en un contexto tan difícil como el de pandemia, organizar las elecciones en menos de 6 meses. Eso pone en riesgo la calidad en la que transcurran las distintas actividades que componen el proceso normal de organización de una elección”, comentó Medina.

Eugenio Martínez agregó que el CNE no ha informado cuál será el sistema de votación con el que se trabajará en esas elecciones de diciembre. El ente comicial anunció que tendrán 15 auditorías, algo que el periodista afirmó es complicado de definir sin saber qué tipo de sistema se usará.

Resaltó que esta empresa está muy golpeada por la pérdida de la mano de obra especializada. Esto debido a que han recibido mejores ofertas salariales o porque se fueron del país. A esto se suma lo mermada que está actualmente la capacidad técnica del CNE; además de las dudas que genera en la población la premura del evento electoral. Todos estos elementos ponen en riesgo los comicios de diciembre.

“Todos estos factores aumentan el riesgo de que la elección que se realice en diciembre sea un gran fracaso. No solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista técnico”, advirtió Martínez.

Destacó que, aunque las condiciones no estén dadas para celebrar unas elecciones en el país, el régimen de Nicolás Maduro no va a posponer los comicios porque eso significaría, desde la retórica de su grupo, alargar el mandato de Juan Guaidó como presidente del Parlamento. Martínez aseguró que por esa razón Maduro necesita hacer las elecciones sin importar el costo que eso tenga para los ciudadanos.

Seijas explicó que el nuevo CNE debe afrontar diferentes retos debido a las debilidades que posee en la actualidad. Destacó que deben plantear medidas seguras para el día de la elección que ayuden a evitar más contagios de covid-19.

«El CNE no tiene casi personal, sobre todo en el interior del país. Esto es algo que se puede solventar, pero también tienen una falta en la maquinaria. Un punto importante que deben resolver también», sentenció Seijas.

¿Quiénes se benefician de estas elecciones?

La decisión tomada por el CNE no posee un sustento desde el punto de vista legal o técnico, afirmó Eugenio Martínez. Agregó que fue una decisión política pensada en una desarrollada estrategia por el régimen de Maduro para construir así un “ecosistema electoral a su medida”.

El periodista también aseguró los que van a aprovechar esta medida del incremento de diputados son los partidos que integran la mesa de diálogo nacional. Aún cuando no logren convocar a una mayoría de venezolanos, podrán lograr una representación en el Parlamento.

Foto: AFP

“Quien va a sacar más provecho de la decisión, desde el punto de vista de la adjudicación, son los partidos que están fuera del G-4. Es decir, los de la mesa de diálogo nacional (…) Después de eso el régimen sí se beneficia construyendo un ecosistema político electoral. Uno que no cuestiona, al menos en corto plazo, la permanencia de Maduro en el poder”, opinó Martínez.

Félix Seijas resaltó que estas elecciones están pautadas en el acuerdo de la mesa de diálogo. Por ello indica que los más beneficiados serán los diputados minoritarios, ya que al elegir 277, estarían ganando un puesto seguro en el Hemiciclo.

Seguramente van a participar militantes políticos que no tienen tanta relevancia, esto les va a asegurar un curul. Además, así el régimen puede terminar de crear una oposición cómoda y a su medida», expresó el director de la firma encuestadora Delphos.

Consensos políticos: Clave para las elecciones

Carlos Medina, director del OEV, comentó qué ocurriría en caso de que en diciembre continúe la cuarentena social en Venezuela debido a la pandemia por covid-19. Aseguró que los acuerdos y consensos políticos son claves para que este evento electoral pueda acordarse en otras fechas y con otras condiciones.

“Procurar los consensos y acuerdos para cambiar la fecha de las elecciones es lo importante. Una vez que el cronograma oficial esté publicado en Gaceta, se podrán evaluar los tiempos y las fechas. Pero es muy importante que se haga en consenso”, explicó Medina.

Resaltó que dicho consenso debe ser amplio y no solo con una parte opositora que a Maduro y su grupo le parezca idónea. Afirmó que debe existir un acuerdo donde estén involucradas todas las fuerzas importantes políticas del país que tienen capacidad de decisión.

¿Qué puede hacer la oposición venezolana? 

Eugenio Martínez afirmó que es importante que la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó, presidente Interino de Venezuela, participe en las elecciones. Esto le daría potestad de exigir condiciones y poner en evidencia al CNE.

“Si la oposición decide participar y esa participación se usa para exigir condiciones, que posiblemente no sean otorgadas, esta exigencia permitirá un quiebre dentro de la coalición política gobernante (régimen de Maduro). Para lograr esto, inevitablemente hay que participar”, sentenció Martínez.

Mientras que Féliz Seijas opinó que a la oposición venezolana le conviene crear una estrategia diferente y que vaya más allá de la fecha de las elecciones. Recomendó que deben plantear a los venezolanos caminos de lucha y de condiciones electorales para entonces, dependiendo de lo que suceda al pasar de los meses, poder decidir si debe participar o no en las elecciones.

Los especialistas aseguran que los venezolanos tienen la intención votar, pero que exigen condiciones creíbles para poder ejercer su derecho con confianza. Resta esperar si durante las próximas semanas la nueva directiva del CNE ofrece a la población las medidas necesarias para que salga a sufragar en el evento electoral del 6 de diciembre.

Sanciones que duelen – Editorial El Nacional  – 1 de Julio 2020

Por más que la cúpula del régimen quiera hacer como si no pasara nada, el hecho de que no les dejen mover sus cuentas en Europa les duele mucho. No pueden negar que, además, ha sido el destino preferido para escapadas y vacaciones. Les encanta pasear, hacer compras y comer en los mejores y más reconocidos restaurantes del viejo continente.

Pero ya son 36 funcionarios rojitos los que no pueden echarse su escapadita a Madrid o a Roma, mucho menos a París. Y por eso, el jefe del régimen expulsó a la embajadora de la UE en Caracas, Isabel Brilhante.

“Tienen una actitud heredera (sic) del viejo colonialismo. Nosotros hablamos claro. No le tenemos miedo a nadie. Ellos sancionaron a aquellos venezolanos que defienden la Constitución”, dijo el mandamás, aunque no se sabe a cuál carta magna se refiere.

Lo que sí es cierto es que en el texto de la UE especifica las razones por las cuales castigan a cada uno de los 11 funcionarios rojitos que se incluyen en la lista: nombramientos fuera de la norma, violación de derechos humanos, de la libertad de expresión, socavamiento de la democracia y del Estado de Derecho. ¿Eso se llama defender la Constitución o pisotearla?

Más bien, la Unión Europea tardó mucho, porque se trata de una reacción al nombramiento truculento de una directiva de la Asamblea Nacional paralela a la legítima que hizo el también cuestionado tribunal supremo rojito en enero de 2020.

Ahora se espera la respuesta de rigor, de reciprocidad, como suele suceder en todos los casos diplomáticos. Sin embargo, hay quienes piden a los Estados europeos acciones más contundentes.

Y parece que va siendo hora de que aprieten el alicate, porque lo que está ocurriendo en Venezuela es muy grave y va empeorando cada día. Es por eso que el Partido Popular de España le pide al presidente Pedro Sánchez que tome medidas consecuentes con las aplicadas por la UE. La propia vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, solicitó a los miembros que expresen su apoyo a la sanción del bloque.

Muchos otros países, sobre todo vecinos, han expresado su repudio a la decisión del jefe del régimen de expulsar a la embajadora, pero qué es una raya más para el tigre. A los rojitos no les duele el qué dirán, sino el hecho de que todo lo que han robado y que pensaron que estaba a salvo en los bancos europeos, ahora no podrán disfrutarlo.

Así que no sirve que se hagan los ofendidos, porque la comunidad internacional se dio cuenta hace mucho tiempo de que lo que le duele a la cúpula chavista es que le metan la mano en el bolsillo.

Maduro vuelve a apostar por comicios en Venezuela por Gonzalo Domínguez – Noticias de Gipuzkoa – 28 de Junio 2020

EL PRESIDENTE DESAFÍA A CONVOCAR UN REFERÉNDUM REVOCATORIO A LA OPOSICIÓN, QUE LO VE COMO UNA “FARSA”

Maduro vuelve a apostar por comicios en Venezuela

Maduro vuelve a apostar por comicios en Venezuela Efe

CARACAS – La crisis política venezolana parece estar en un impasse con la oposición adormecida y el Gobierno solidificando sus bases. Mientras la pandemia lastra toda vida social, el presidente Nicolás Maduro ha redoblado su oferta de una salida electoral que Juan Guaidó y los suyos consideran tramposa.

La última gran propuesta la hizo Maduro esta semana, cuando Venezuela celebraba el 199 aniversario de la Batalla de Carabobo, una de las fechas claves en la miríada de celebraciones casi diarias en las que conmemoran a Simón Bolívar.

“En el año 2022, el 10 de enero, se abre el lapso para aquellos que quieran recoger las firmas para convocar un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro. Tengan la libertad de salir a las calles y pedirle las firmas al pueblo”, retó el propio Maduro a la oposición.

Y subrayó su desafío: “Si el pueblo recoge las firmas suficientes como exige la Constitución para un referéndum revocatorio, iremos a un referéndum revocatorio, a medirnos en las urnas”.

El escenario elegido para lanzar su propuesta tampoco fue casual, el Panteón Nacional, icono de Caracas y emblema del nacimiento de Venezuela junto a la tumba de Bolívar.

Vestido de riguroso blanco, acompañado por militares con uniformes de gala y de la época de la Guerra de Independencia, Maduro aprovechó la solemnidad de la ocasión para hacer su también solemne llamado que, lejos de ser una apuesta atrevida, como podría parecer, forma parte del calendario político establecido, al margen de quien ostente el poder.

Eso sí, advirtió que “será el pueblo quien decida, no será un puñado de golpistas, no será el Gobierno de EEUU” y lanzó una advertencia directa, pues afirmó que en el país caribeño “quien pone y quien quita es el soberano pueblo con su voto”, no el presidente estadounidense, Donald Trump, o el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden.

La propuesta de Maduro no es, como interpretaron algunos, una puerta abierta a su salida. Fue apenas un recordatorio del artículo 72 de la Constitución que regula que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.

Para ello, es necesario que transcurra la mitad del mandato por el que fue electo y que, al menos, el veinte por ciento de los electores inscritos soliciten la convocatoria de un referéndum revocatorio.

La extinción de la soberanía popular por Gehard Cartay Ramírez – America 2.1 – 23 de Junio 2020

Desde hace algo más de 20 años el régimen chavista viene liquidando la soberanía popular, mediante la utilización de los Poderes Públicos bajo su control y con el apoyo de la cúpula militar.

Así ha logrado lo que durante mucho tiempo hizo el Partido Revolucionario Institucionalista (PRI) en México. Ello supone realizar aparentes procesos electorales donde la gente vota pero no elige, dentro de un entorno de corrupción, fraudes, abusos, violación de leyes y, lo que resulta peor, desprecio absoluto de la propia voluntad popular.

En nuestro caso, esta tragedia se exacerbó por la mentalidad militarista del teniente coronel Chávez Frías, quien conceptuó su elección en 1999 como una batalla militar ganada contra sus enemigos, que ponía a Venezuela bajo exclusivo dominio suyo y de su claque.

Y todo ello a pesar de que en 1998 obtuvo menos votos que Lusinchi en 1983 y CAP en 1988. Su paranoia, sin embargo, le hizo creer que la suya era una victoria absoluta, nunca antes vista. Lo demás lo agregarían sus resentimientos y taras psicológicas, que luego justificarían algunos civiles lame botas, émulos de Vallenilla Lanz, autor de la tesis gomecista del “gendarme necesario”.

En sus inicios aparentó disposición al diálogo, pero sólo para instalar el Congreso de la República electo en diciembre de 1998 –donde su partido era minoría–, cuando pactaron un acuerdo interpartidista, y facilitar así la toma de posesión del nuevo presidente. A los pocos meses, una vez que armaron su trampa constituyente (ayudados por el suicidio de aquel pusilánime parlamento elegido en 1998 y de una acobardada Corte Suprema de Justicia que, desconociendo la Constitución de 1961, le abrió las puertas a su proyecto totalitario), entonces el chavismo inició su tarea de destrucción de la soberanía popular imponiendo su modelo totalitario.

Recordemos lo que pasó en 1999 cuando fue escogida una constituyente convocada violando la vigente Carta Magna y en cuya elección participó apenas el 46% de los electores, con una abstención récord del 54%. El chavismo obtuvo 122 constituyentes con el 25% de los votos, mientras la oposición eligió sólo 8 constituyentes con el 20%, lo que significaba el estreno de su vocación fraudulenta con el famoso “kino”. Finalmente, el proyecto de Constitución fue aprobado en diciembre de 1999 por el 32% de los electores inscritos y con una altísima abstención que oficialmente se contabilizó en un 57%, aunque fue mayor, por haber coincidido con el deslave del estado Vargas y fuertes tormentas en el centro del país. Esos resultados resultaron una pírrica victoria.

En todo este tiempo han continuado en esa misma línea de desconocimiento de la soberanía popular. Desde 2003 su TSJ viene adueñándose sistemáticamente de la atribución constitucional que autoriza a la Asamblea Nacional para designar el Consejo Nacional Electoral.

En 2015 descuidaron sus trampas y la oposición ganó por mayoría absoluta la Asamblea Nacional. Pero inmediatamente su TSJ “anuló” la elección de tres diputados opositores por Amazonas, a fin de desconocer aquella mayoría. Luego declaró a la AN “en desacato”, figura que no existe en la Constitución, y luego judicializaron a Copei, BR, PPT y Podemos para entregarles las tarjetas y los símbolos de esos partidos a unos lacayos suyos. Enseguida bloquearon el revocatorio y postergaron las elecciones regionales.

Más recientemente, en 2018, adelantaron a su conveniencia una supuesta elección presidencial, que resultó un fraude gigantesco. Ahora, en este mismo mes de junio, han vuelto a nombrar un CNE a su medida –en contra de la Constitución– y han continuado el secuestro del resto de los partidos opositores para entregarles sus tarjetas electorales y símbolos a fichas al servicio del régimen (AD, Primero Justicia y próximamente Voluntad Popular).

Son demasiados hechos concretos que demuestran que estamos ante un régimen que ha liquidado la soberanía popular y consiguientemente la Constitución, el estado de Derecho y la legalidad. ¿Harán falta más pruebas de su talante antidemocrático frente a quienes todavía hablan de negociar con el régimen y llegar a acuerdos, cuando la verdad es que este siempre ha despreciado el diálogo con sus adversarios y destruido todos los puentes de entendimiento? Los hechos hablan por sí solos.

Por supuesto que en una democracia normal el diálogo, los acuerdos y las negociaciones –interpretadas en su mejor acepción– son mecanismos necesarios para discutir acuerdos y lograr la resolución de problemas en función de los intereses del país. Pero esto no es posible bajo un régimen de fuerza, de espaldas a la legalidad y la soberanía popular y que desde sus inicios canceló cualquier intento de diálogo, acuerdo o negociación con sus adversarios.

La verdadera oposición venezolana está ahora ante un tremendo reto histórico. Debe asumirlo en unidad, con coraje e inteligencia y por sobre los inmensos obstáculos que tiene ante sí. Sólo así podrá derrotar al régimen que ha destruido Venezuela y sacrificado el presente y el futuro de sus hijos.

 

 

Comunicado del Grupo de Lima – 16 de Junio 2020

LogoComunicados

COMUNICADO DEL GRUPO DE LIMA

Los gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, rechazan y desconocen la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela mediante una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que vulnera abiertamente la Constitución venezolana y socava las garantías mínimas necesarias para cualquier proceso electoral y el retorno de la democracia en Venezuela.

Recuerdan que la designación de los miembros del CNE corresponde a la Asamblea Nacional, órgano legítimo y democráticamente electo, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Reafirman su entendimiento de que solamente la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales libres, justas y creíbles, con un Consejo Nacional Electoral independiente, un Tribunal Supremo imparcial, así como la plena libertad de prensa y participación política de todos los venezolanos, asegurará las condiciones para la superación de la crisis venezolana.

Reiteran, conforme la XVIII Reunión Ministerial del Grupo de Lima realizada en Canadá, que persistirán en procurar consensos con otros actores internacionales para movilizar una respuesta de la comunidad internacional que contribuya a la urgente restauración de la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.

 

Estados Unidos condena la última medida adoptada por Maduro para manipular la próxima elección en Venezuela – Departamento de Estado – 15 de Junio 2020

download

Departamento de Estado de los Estados Unidos
Declaración de prensa
Secretario de Estado Michael R. Pompeo
15 de junio de 2020

Las elecciones libres son el camino que permitirá salir de la profunda crisis política que atraviesa Venezuela. Lamentablemente, el 12 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Maduro, continúa con la manipulanción de la Constitución venezolana al designar de manera ilícita un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) adepto al régimen.

Los venezolanos merecen tener un CNE independiente. La Constitución de Venezuela pone en manos de la Asamblea Nacional, elegida democráticamente, la responsabilidad de nombrar a los miembros del CNE. Si no se sigue este proceso, es imposible que las elecciones realizadas representen la voluntad del pueblo.

El régimen ha seleccionado un CNE que convalide sus decisiones y haga caso omiso de las condiciones que exigen las elecciones libres.

Tal como lo señalamos anteriormente, la independencia del CNE constituye una requisito previo de vital importancia para que las elecciones sean libres y justas. https://translations.state.gov/2020/01/09/elecciones-presidenciales-y-parlamentarias-libres-y-justas-en-venezuela/

Algunas de las principales áreas a considerar son las siguientes:

  • Eliminar la prohibición que pesa sobre partidos políticos y candidatos.
  • Dejar sin efecto los procesos judiciales con motivaciones políticas que se iniciaron contra políticos de la oposición.
  • Liberar a todos los presos políticos.
  • Respetar las libertades de expresión, de prensa y de asociación.
  • Resolver de manera transparente todas las dificultades técnicas que impiden llevar a cabo elecciones libres y justas, lo cual incluye el empadronamiento de los votantes, y la adquisición y la operación de máquinas de votación.

El pueblo venezolano exige y merece poder realizar elecciones libres y justas. Esta medida impulsada por el régimen y su Tribunal Supremo aleja incluso más a Venezuela de la posibilidad de una transición democrática.

Comunicado oficial de las fuerzas democráticas de Venezuela – Centro de Comunicación Nacional – 14 de Junio 2020

Conforme a derecho por Juan Jesús Aznárez – El País – 2 de Junio 2020

No se trata de que Venezuela alcance a Dinamarca en el Rule of Law Index, ni que asista a la milagrosa purificación de las togas pervertidas. Se trata de recuperar la credibilidad de la cúspide del Supremo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una locución desde el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela).
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una locución desde el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela).PRENSA MIRAFLORES / EFE

El tiro al plato con la independencia judicial practicado por el Tribunal Supremo de Venezuela fue ejercicio recurrente durante el bipartidismo de Acción Democrática y COPEI, que se repartían escopetas y sentencias cuando las causas afectaban a gobernantes, amigos y barraganas. La debilidad argumental y los fallos predecibles respondían a cacicazgos políticos y petroleros. Alguna vez ganaba la justicia, pero la escopeta del bolivariano Maikel Moreno acierta siempre: no hay orden del Gobierno que el presidente del máximo órgano jurisdiccional incumpla. La última ha sido invalidar a Juan Guaidó como presidente del Parlamento. Todo conforme a derecho: ajustado a la interpretación y veredictos del palacio de Miraflores.

La participación judicial en asuntos políticos ha sido frecuente en la América Latina del autoritarismo, la impunidad y la corrupción. La Corte Constitucional de Guatemala detuvo el autogolpe de Jorge Serrano Elías; la justicia federal argentina declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que dispensaban los crímenes de la dictadura militar, y la colombiana rechazó reformar la Constitución para permitir la reelección de Álvaro Uribe. Tras el golpe de 2002 contra Hugo Chávez, el Supremo simpatizó con los golpistas librando de juicio a varios generales implicados.

Aquel golpe aceleró la involución de la democracia en Venezuela. La depuración del Ejército y la magistratura fue profunda. Si su partidización había sido rutinaria durante el Pacto de Punto Fijo, el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi demostró que la presión social había resquebrajado la obediencia de jueces aupados por las mafias. No es el caso del chavismo, dueño en exclusiva de un Supremo que ya no arbitra conflictos políticos sino que convalida dictados del Ejecutivo concebidos para reducir la capacidad de control de la opositora Asamblea Nacional.

Siquiera para disimular, sería bienvenida la impugnación de algún acto del Gobierno sospechoso de vulnerar la legalidad y los derechos humanos. Es improbable que lo haga un tribunal que se atribuyó las funciones constitucionales del Parlamento, confirió poderes omnímodos a Maduro y lo preside un militante de la revolución no del derecho. No se trata de que Venezuela alcance a Dinamarca en el Rule of Law Index, ni que asista a la milagrosa purificación de las togas pervertidas. Se trata de recuperar la credibilidad de la cúspide del Supremo, cuya desnaturalización traba una salida negociada de la crisis.

Lo procedente sería respetar la independencia de la judicatura establecida en la Constitución bolivariana de 1999, que prohibió el activismo político de jueces y fiscales para garantizarla. La práctica demostró la vacuidad del texto, frecuentemente invocado por los infractores de sus preceptos, incompatibles con el sueño revolucionario de un sistema sin división de poderes, que cierre espacios a la libertad y la justicia.

A %d blogueros les gusta esto: