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Los drones de la decadencia por Trino Márquez – Noticiero Digital – 9 de Agosto 2018

 

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Después de varios días de ocurridos los sucesos de la Av. Bolívar, algunas cuestiones van quedando claras. La operación con los dos drones fue adelantada por el grupo de irreductibles ligado al asalto al Fuerte Paramacay, que logró mantenerse en libertad cuando Juan Caguaripano fue capturado por los cuerpos de seguridad del Estado. Este núcleo -vinculado con sectores de la “Resistencia”, tan activa en las calles de Caracas durante el largo ciclo de protestas de 2017- considera que la crisis venezolana no se resolverá por la vía pacífica, ni electoral, sino a través de una conjura o un acto heroico  que deponga al régimen de Nicolás Maduro por la fuerza. Así como el gobierno cuanta con su fracción guerrerista, en el vasto cosmos de la oposición también existen los Rambos, que se consideran predestinados  a ejecutar misiones espectaculares, no importa que carezcan de toda relación orgánica con las fuerzas organizadas.

La “Operación Fénix”, como ha sido calificada por sus promotores, no sirvió para enviar al plano astral a Nicolás Maduro y al Alto Mando, pero sí contribuyó a enrarecer aún más el turbio ambiente nacional, proporcionándole al ruinoso y desangelado gobierno de Maduro argumentos para atacar sin misericordia a la oposición y desviar el foco sobre los graves problemas nacionales. Las primeras víctimas de la escalada represiva fueron Julio Borges, en el exilio desde hace varios meses, y el joven y combativo Juan Requesens, ambos miembros de la Asamblea Nacional y de Primero Justicia. Probablemente, la espiral incluya a otros dirigentes en el futuro cercano. En la arremetida contra Borges y Requesens, de paso, se violó una vez más la Constitución, artículo 200, que establece de forma taxativa el procedimiento a seguir para allanar la inmunidad de un diputado.

El episodio de la Av. Bolívar ocurre en medio de la coyuntura económica y social más grave registrada en Venezuela. Cuatro días antes se había producido un apagón que dejó sin luz a Caracas y a más de la mitad interior del país. Frente a esta falla, que se repite maquinalmente en períodos cada vez más cortos, las “explicaciones” de Luis Motta Domínguez fueron de un descaro obsceno. Incapaz de admitir su abismal ineptitud, volvió a hablar de saboteo de la ultraderecha. Mostró ante la nación y el mundo unos cables, parecidos a los de una computadora, que supuestamente habían sido cortados por los saboteadores con el avieso plan de  provocar la interrupción del servicio eléctrico. Las protestas de las valientes enfermeras y los médicos, se mantienen. La inflación continúa devorando el ingreso de los venezolanos. Los enfermos se mueren de mengua y los niños no reciben alimentos en los hospitales. La diáspora hacia el exterior crece con las horas.

La responsabilidad del régimen de Maduro frente a la desintegración del país ha quedado atenuada por algunos días, porque el mandatario convirtió el incidente del 4 de agosto en una tabla para surfear la crisis junto al Alto Mando Militar, la otra cúpula afectada.

A la “Operación Fénix” el gobierno le opuso la operación desmesura. En un país donde prevalezca la sindéresis,  el jefe del Estado habría delegado en el Ministro del Interior o en el jefe de la Policía el esclarecimiento de los hechos. En la Venezuela exagerada de Maduro, el propio presidente asumió la denuncia e investigación. Resulta obvio que el mandatario necesita construir su propia leyenda. Convertirse en un héroe prometeico. ¡Soy tan importante que mis enemigos quieren asesinarme!

Su drama es que nada de lo que dice o hace resulta creíble o transcendental. Los esfuerzos que realiza para dotar de majestad lo ocurrido en la Av. Bolívar no cristalizan. Ninguno de los gobiernos democráticos, ninguno de los parlamentos o de los medios de comunicación importantes del planeta les confieren credibilidad a sus palabras. No logra equipararse a Chávez, mucho menos a Fidel Castro. Rómulo Betancourt le queda demasiado grande.  En torno a su figura, sus declaraciones y discursos sólo provocan suspicacias. Dudas arraigadas en su comportamiento desmedido. En la interminable cadena de pretendidos intentos de magnicidio que jamás se concretaron y cuyos responsables nunca aparecieron. En la ausencia de instituciones u organismos independientes capaces de llevar adelante una investigación seria e independiente que elabore una radiografía de los hechos y muestre su concatenación. Mostrar el testimonio de un delator en cadena nacional, antes que favorecerlo dibujó de una forma más opaca su imagen.

En este vértice el plano comunicacional la labor del gobierno ha fracasado. Ha podido distraer un poco la atención nacional, pero no ha logrado transformar el atentado en un magnicidio, con toda la carga emotiva que el hecho conlleva. La estampida de la gloriosa Guardia Nacional y la dramática soledad y desamparo de Cilia ese día, fueron otros signos de la decadencia del régimen que los drones mostraron.

Los reyes del dedo por Tulio Hernández – Blog de Cesar Miguel Rondón – 5 de Agosto 2018

Tulio Hernández

Un síntoma revelador de lo que nos ocurre como sociedad secuestrada lo encontramos en el hecho de que el debate mayor entre quienes adversamos al chavismo se hace básicamente en relación con quién debe ser el líder de la oposición. O el futuro presidente. En cambio, se debate muy poco sobre qué tipo de organización y de estrategia necesitamos para rematar el régimen rojo. O, sobre cuál es el modelo de país que queremos o debemos construir una vez que la plaga criminal sea depuesta.

Vivimos como adolescentes veleidosos.  De candidato en candidato. Nos enamoramos por unos meses y luego los pateamos. Amábamos a Capriles: ya no. Le suplicamos a Lorenzo Mendoza: ahora tampoco. Rugíamos emoción por Leopoldo López: muy pocos lo aguardan. Días después de su escape lo apostábamos todo por Antonio Ledezma. Ya pasó. Ahora estamos en la hora de María Corina: tiene asegurado el próximo adiós.

A los venezolanos demócratas la impotencia política nos ha convertido en amantes de un día. Picaflores electorales. El despecho en secuencia es nuestro discurso político. Cada vez más privado de razón y desbordado de emoción. Somos los reyes del dedo que acusa al otro, pero jamás logra señalar a su dueño. Ahora que nos sabemos perdidos, sería interesante preguntarse si solo fallaron los dirigentes. O si hay algo aún más complejo que no queremos o no logramos ver.

II 

Todo lo anterior lo publiqué, a comienzos de la semana que hoy concluye, en mi muro de Facebook. Y generó un entusiasta, y lo mejor, respetuoso, debate asociado al cómo haremos para emprender con nuevos bríos y por otros caminos la lucha democrática. Ahora trataré de continuarlo desarrollando dos tesis básicas.

La primera tesis se resume en una petición: “¡No nos engañemos más y aceptemos que perdimos la guerra!”. En una conclusión, la segunda: “Nadie está limpio de responsabilidad, todos fuimos derrotados, pasemos la página y comencemos a construir una manera absolutamente nueva de hacer la resistencia al totalitarismo del siglo XXI”.

III

Es una obligación reconocer de una vez por todas que sí, que en Venezuela hubo una guerra. Que podemos llamarla como sea. Atípica. Sui generis. Bastarda. O asimétrica. “Estado armado contra pueblo sin armas”. “Goliat malandro contra David pendejo”. Pero la guerra ocurrió y los demócratas la perdimos. Aceptarlo es el primer paso en la recuperación.

No es hora de tomar nuevos atajos sino de lamernos las heridas. De indagar en la dimensión de los daños. Los asesinados en manifestaciones. Y los heridos. Los encarcelados, exiliados, torturados. Los partidos y organizaciones civiles ilegalizados. El número de empresas quebradas, expropiadas, saqueadas. Los hospitales y las escuelas que ya no existen. Los puentes que se cayeron. Las universidades menguadas. Los condenados a muerte por la escasez de medicinas. Los 4 millones de emigrantes. Las comunidades indígenas diezmadas por sarampión y  tifoidea. Tu tristeza y la mía.

IV

La segunda tesis es una consecuencia de la primera: hay que cerrar todas las páginas abiertas e incursionar en maneras definitivamente nuevas de hacer política. Ha llegado la hora del Ave Fénix. Cuatro pasos: aceptar la derrota; reconocer la ingenuidad; mirar a los ojos la maldad infinita, la fealdad monstruosa, el corazón con púas, la bestialidad infrahumana, pero también el poderío que le da la ausencia de escrúpulos, del monstruo al que nos enfrentamos. Y sobre esa base, sobre ese reconocimiento, comenzar de nuevo.

Mirar atrás solo para aprender. Porque ninguno de los bandos democráticos puede demostrar que su línea era la correcta. Fallaron quienes intentamos la vía electoral, el golpe de Estado, la insurrección popular callejera. También quienes aguardaban a los marines. La derrota es lo único compartido. Lo demás es suposición.

Las vías que conocimos ya no tienen sentido frente a un régimen que, por mantenerse en el poder, ha violado a su antojo la Constitución, reprimido sin piedad a sus connacionales y puesto en riesgo la propia existencia de la nación.

Hubo un tiempo cuando la dirigencia se peleaba los camarotes preferenciales del Titanic mientras, unas leguas marinas adelante, el iceberg aguardaba en silencio. Ahora ya es de madrugada. El trasatlántico está a punto de desaparecer tragado por las aguas. Lo único disputable son los botes salvavidas. Solo queda aprender a remar juntos. O por lo menos sin interferir en el remo de los otros.

Eduardo Fernández practica la desinformación por Gustavo Coronel – Blog Las Armas de Coronel – 4 de Agosto 2018

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Lamento decirlo pero Eduardo Fernández está sufriendo una dolorosa transformación, de demócrata decidido en el siglo XX a guabinoso y hasta demagogo en el siglo XXI. Dice: “lo primero es cambiar al gobierno. Y hacerlo de la manera menos traumática posible. Lo ideal sería que pudiéramos salir del gobierno de una manera pacífica, democrática, electoral, constitucional y civilizada. Ojalá podamos lograrlo así. Por cierto – agrega Eduardo –  que un amigo me escribió diciéndome que ese párrafo de mi artículo no le había gustado. El prefiere que el cambio sea violento, con derramamiento de sangre, sin elecciones, brutal y traumático. Con violencia endógena o, preferiblemente, exógena”.
Eduardo no identifica al amigo que dijo eso. Debería hacerlo.
 Yo soy uno de quienes le ha dicho que no me gusta su obsesión electoralista, su ir a votar con las reglas de los hermanos Rodríguez y de Tibisay Lucena. Le he dicho que su voto del 9 de mayo representó una entrega de principios que considero lamentable.
Sin embargo, quienes criticamos a Eduardo Fernández por haber hecho lo que hizo no estamos diciendo que prefieren que el cambio sea violento, con derramamiento de sangre, brutal y traumático, con violencia endógena o preferiblemente exógena. Eso lo agrega gratuitamente Eduardo Fernández y no es digno de la persona que él ha sido en el pasado. Porque lo que la gente que no fue a votar desea es un rechazo ciudadano al narco-régimen ilegítimo, expresado constitucionalmente mediante protestas populares, huelgas, desobediencia civil, todo lo cual está consagrado en la Constitución como legítimas acciones de un país enfrentado a la barbarie. Una huelga, una protesta cívica, son acciones civilizadas y constitucionales. Lo que alega Eduardo es mentira y revela hasta qué punto su perspectiva ciudadana se ha deteriorado. Él debe recordar que el monopolio de la violencia ha estado en manos del narco-régimen. Si no lo recuerda está en condiciones deplorables.  

La Lista Tascón y la persecución política por José Ignacio Hernández – ProDaVinci – 4 de Junio 2018

A fines de 2003 diversas organizaciones políticas promovieron la recolección de firmas en apoyo del referendo revocatorio de Hugo Chávez. La petición, amparada en el artículo 72 de la Constitución, procuraba una solución electoral a la polarización existente en Venezuela.

Lo que ha debido ser un procedimiento para la libre expresión de la voluntad popular, terminó siendo un trámite plagado de irregularidades y abusos, que han sido registradas por el profesor Brewer-Carías.

El más grave de esos abusos fue la llamada Lista Tascón. Como todavía se puede leer en Aporrea, el entonces diputado Tascón accedió a la base de datos de todos los electores que habían firmado para apoyar el referendo revocatorio, por solicitud de Hugo Chávez y con la anuencia del Consejo Nacional Electoral. La excusa era permitir el control de esas firmas al considerarse que muchas de ellas eran fraudulentas. Pero en realidad, la Lista Tascón sirvió para promover la persecución política de aquellos que apoyaron el referendo revocatorio.

Catorce años después de esos acontecimientos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que la Lista Tascón fue un caso de persecución política y de violación de derechos humanos.

Un caso de persecución política

En su sentencia, la Corte concluyó que la Lista Tascón había sido usada por el gobierno de Chávez como herramienta de persecución política; esto es, un conjunto de acciones orientadas a reprimir a aquellos que, en ejercicio de sus derechos políticos, apoyaron el referendo revocatorio en su contra.

La conclusión de la Corte se basó en el caso de Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña, quienes fueron removidas de los cargos públicos que ocupaban por haber firmado en apoyo del referendo revocatorio. La sentencia afirmó así que la terminación de esa relación funcionarial de tales personas fue “una represalia en su contra por haber ejercido legítimamente un derecho de carácter político constitucionalmente previsto, al firmar a favor de la convocatoria al referendo revocatorio presidencial”.

La publicación de la Lista Tascón permitió el uso abusivo esa base de datos con fines de retaliación política, sin que el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, la Defensoría y el Poder Judicial adoptasen ninguna medida para resguardar los derechos políticos de los venezolanos incluidos en esa Lista. Además, tales abusos, desestimularon la libertad de expresión, ante el temor de las represalias adoptadas por el Gobierno en contra de sus adversarios políticos. Se trató, a juicio de la Corte, de un claro caso de discriminación política.

La Corte también consideró que las víctimas de esa persecución política no pudieron proteger sus derechos ante el Poder Judicial venezolano, lo que además violó su derecho de acceso a la justicia.

Tal y como Ana Julia Jatar resumió en un libro escrito sobre este tema en 2006:

“La identidad de quienes han disentido del régimen del presidente Chávez ha quedado al servicio de funcionarios de los distintos entes gubernamentales para discriminar, amedrentar, influir en las decisiones electorales, despedir, humillar o apartar ilegalmente de toda la administración pública a quienes manifiesten no estar comprometidos con la revolución bolivariana”.

La Lista Tascón, la democracia y las otras listas

Un elemento especialmente tomado en cuenta por la Corte es que la discriminación política que sufrieron las víctimas afectó los principios fundamentales de la democracia, al restringir indebidamente el ejercicio de derechos políticos.

La violación a los principios fundamentales de la democracia se logró por dos vías. La primera fue a través de represalias en contra de quienes mostraron su oposición al Gobierno. Las represalias, como se lee en la sentencia, fueron psicológicas, pues los adversarios fueron tildados de “escuálidos”, y otros epítetos similares. También se aplicaron retaliaciones personales: el despedido de quienes apoyaron el referendo revocatorio, en clara violación a la Constitución de 1999, cuyo artículo 145 expresamente señala que los funcionarios están al servicio del Estado, y no de parcialidad política alguna.

La segunda vía fue a través del miedo. La publicación de la Lista Tascón, su uso abierto por las autoridades públicas y las represalias adoptadas sembraron el miedo entre los venezolanos.

No puede haber democracia con retaliaciones políticas. Tampoco puede haber democracia con miedo. La Lista Tascón evidencia, así, que la corrupción de la democracia venezolana es sistemática, y se remonta, al menos, a 2003.

¿Y qué pasó con la Lista Tascón? La Corte recuerda las declaraciones de Hugo Chávez de 2005: “entiérrese la Lista Tascón”, dijo entonces Chávez, reconociendo no solo la existencia de la Lista sino además su uso como herramienta de retaliación.

Pero la Lista Tascón no se enterró. Más bien mutó en otras versiones más sofisticadas.

Por ejemplo, tenemos el caso de las primarias organizadas por la oposición en 2012 y la abusiva petición de la Sala Constitucional de entregar los datos de quienes participaron en tales primarias.

En el referendo revocatorio 2016 igualmente se publicaron indebidamente los datos de quienes participaron en ese procedimiento, como parte de los abusos cometidos por el Gobierno, tal y como he explicado en un libro en el cual analicé ese episodio.

Más recientemente, en la “elección presidencial” de 2018, Henri Falcón denunció el uso abuso del carnet de la patria –que es, también, una base de datos– como elemento de coacción sobre los electores.

Una sistemática persecución política

La sentencia de la Corte corrobora una de las conclusiones formuladas por el Panel de Expertos de la OEA: la existencia de una política de persecución política frente a los adversarios del Gobierno.

La democracia constitucional debe permitir y fomentar el pluralismo político, como lo reconoce el artículo 2 de la Constitución de 1999. Esto implica que los adversarios políticos del Gobierno no deben ser considerados como enemigos, ni debe el Gobierno reprimir a quienes se presentan como sus adversarios políticos.

La decisión de la Corte demuestra que la Lista Tascón fue empleada como una herramienta de persecución política, a través del cual el Gobierno reprimió a sus adversarios políticos, utilizando para esto recursos públicos: en suma, las víctimas fueron despedidas por su apoyo al referendo revocatorio.

Precisamente el Panel de Expertos de la OEA también concluyó que desde 2014, el Gobierno ha acudido a mecanismos de persecución política frente a sus adversarios, utilizando para esto también recursos públicos.

¿Y qué va a pasar ahora?

La sentencia de la Corte ordenó al Estado venezolano investigar y sancionar los hechos relacionados con la Lista Tascón, publicar la sentencia para su conocimiento y compensar económicamente a las víctimas.

Pero el Estado venezolano, con toda probabilidad, no va a cumplir ninguna de esas órdenes. La Sala Constitucional, que todo lo puede, decidió que las sentencias de la Corte Interamericana no eran directamente ejecutables en Venezuela. Así que por los momentos, la sentencia no tendrá efecto en Venezuela, ni impedirá que continúen los casos de retaliación política.

Sin embargo, esta sentencia es un elemento importante dentro de las actuaciones adelantadas desde la Corte Penal Internacional, pues demuestra que las graves violaciones a derechos humanos en Venezuela, basadas en la persecución política, tienen carácter sistemático.

Carta abierta del Dr. José Mendoza Angulo, ex rector de la ULA – 27 de Mayo 2018

Doctor
Eduardo Fernández
Caracas.
Apreciado amigo:
Ayer, temprano, tuve la oportunidad de abrir tu correo con el artículo para la prensa titulado “¡Ganaron!” y desde entonces sentí la necesidad de expresarte el estupor que me ha causado su lectura. Para ir al meollo del asunto de una vez, siento obligante expresarte que antes que ver derramada tu bilis política en el texto que comento, yo al menos hubiera esperado de una persona con tu formación profesional y religiosa, con tu cultura, con tu nivel y con tu larga experiencia en la vida pública venezolana, el sesudo análisis sociopolítico, sereno y frío, del hecho político dominante sucedido el pasado 20 de mayo. Fue el ensordecedor silencio producido por los venezolanos llamados a participar en la “votación presidencial” convocada por la asamblea nacional constituyente y montada por el CNE. Conforme a tu opinión, ese ensordecedor silencio puede ser técnicamente considerado como una abstención electoral, pero, sin la menor duda, políticamente fue otra cosa y el liderazgo nacional del cual tu formas parte tiene la obligación de entenderlo y explicarlo.

Caro amigo, tú también fuiste víctima de lo que he llamado la ilusión electoral. El 20 mayo llamé ilusión electoral a la creencia de aquellos venezolanos que, sin fundamento en la realidad, se imaginaron o fueron persuadidos de que, si se votaba en la consulta electoral de más alto rango convocada por este régimen, Venezuela tendría otro Presidente de la República, así no se supiera en que momento asumiría el cargo y con la sola certeza de que su juramentación no sería ante la Asamblea Nacional, único organismo establecido por la Constitución para presidir y validar tan relevante ceremonia. La ilusión electoral tiene su base en una confusión conceptual sobre la identificación y ubicación política de lo electoral. En términos políticos, lo electoral, en tanto que conjunto de procedimientos para consultar libremente la voluntad de la colectividad sobre los asuntos del poder y para hacer depender de esa consulta la formación de los órganos directivos de las instituciones del Estado, es parte natural y esencial de los sistemas democráticos. Por el contrario, porque lo que se denomina voluntad colectiva no se articula de la misma manera que en las democracias ni los órganos del Estado nacen de la voluntad directa de la sociedad, lo electoral no forma parte de la esencia de los regímenes dictatoriales cualquiera sea la forma que estos adopten.

Voy a decirlo de otra manera. El pasado 20 de mayo el régimen le puso término definitivamente a la ilusión electoral con la que convivió la oposición interna después de 1998 y también, en buena medida, la opinión internacional. La verdadera historia comenzó cuando la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, y no la abstención, como tú dices, le dio la mano al recién encargado Presidente Chávez, mediante una discutible y discutida decisión judicial, que lo autorizó a Convocar una Asamblea Constituyente y fijar las bases comiciales de la misma y le permitió conseguir un número abusivo de constituyentes sin correspondencia con los votos obtenidos. Se había alterado el principio democrático de la representación proporcional de las fuerzas contendientes. Desde entonces el gobierno bolivariano pudo andar, aquí adentro, en el país, y en el mundo, a caballo de la media verdad de que en Venezuela existía una democracia y de que el poder obtenido descansaba en una legitimidad democrática lograda en base a votos. Esta media verdad que en realidad ha sido, con perdón de la Ciencia Política, una media democracia, fue hasta diciembre de 2015, un juego no pactado entre un gobierno con claridad de sus objetivos políticos y una oposición venida a menos, errática y fragmentada que identificó, y sigue identificando, pura y simplemente la parte con el todo, vale decir, el acto de votar, a secas, con la democracia.

Las cosas ocurrieron de la siguiente manera. Mientras los logros electorales de la oposición no representaron un peligro inminente para la supervivencia del régimen o tuvieran lugar en escenarios diferentes de los centros neurálgicos de la política oficial, se toleraron. Con la ayuda de una permisividad excesiva de la oposición y mediante la manipulación de la ley por organismos del Estado como el CNE así como de decisiones judiciales dictadas a conveniencia por el más alto tribunal de la República, no hubo necesidad de violar sin escrúpulos la soberanía popular. Hasta que a raíz de la última elección de la Asamblea Nacional el régimen no tuvo más alternativa que desconocerla sin posibilidad de reversión. Se dejó sin representación popular a uno de los estados de la Federación; se desconoció luego el derecho constitucional de los ciudadanos de pedir, mediante referendo, la revocatoria del mandato presidencial; se violó más adelante descaradamente el artículo 347 de la Constitución que pauta que “el pueblo venezolano es el depositario del poder constituyente originario” y se eligió una asamblea constituyente sin consultar al pueblo; se desconoció la soberanía del pueblo del estado Zulia al declararse la vacancia del gobernador recién electo por no juramentarse ante la asamblea constituyente; se usurpó la voluntad del pueblo del estado Bolívar al consumarse fraude contra el candidato que ganó las elecciones; la presidenta de la asamblea constituyente afirmó impúdicamente que no se entregaría más nunca el poder conquistado, y se procedió a montar el tinglado de la votación presidencial. Si con la sucesión de estos hechos ocurridos entre 2015 y 2018 no éramos capaces de darnos cuenta que se había traspasado la línea roja de una cierta convivencia con el régimen, bien merecedores nos hicimos de la histórica lección dada por el pueblo venezolano al darle la espalda al gobierno y a la oposición.

Como venezolano que no voté el 20 de mayo pero que no fui un abstencionista en el sentido político del término, debo rechazar por desobligante el ofensivo silogismo con que comienzas tu artículo y que copio a mi pesar para que no se diga que estoy malinterpretando las cosas. Son tus palabras las siguientes: “En efecto, ganó la abstención. Por tanto, se queda Maduro. En principio se queda por un nuevo período constitucional que dura seis años. Junto con él se queda la hiperinflación, el alto costo de la vida, la pobreza creciente, las condiciones miserables de vida, el hambre, el desabastecimiento, la falta de medicinas, el deterioro de los servicio públicos, la corrupción, la inseguridad, los presos políticos y el desconocimiento al estado de derecho”. Si otros sentimientos no te impidieran comprender las cosas te podrías dar cuenta que el pueblo venezolano, el 20 de mayo, dio una categórica manifestación contra todo eso.

Un cordial saludo, José Mendoza Angulo

 

Lo que nace del fraude es incurablemente ilegitimo – Declaración MUD – 24 de Mayo 2018

LO QUE NACE DEL FRAUDE ES INCURABLEMENTE ILEGITIMO

 El pueblo venezolano agobiado por la hiperinflación y la escasez, consecuencias del desgobierno y la corrupción, ve como un hecho distante y ajeno que la ilegitima Asamblea Nacional Constituyente, reciba al beneficiario de una convocatoria electoral a su vez ilegitima en su origen y en su ejecución. Dos ilegitimidades no pueden producir una legitimidad. El acto escenificado durante el mediodía de hoy es otro capitulo de la farsa con la que se ha pretendido expropiar a los venezolanos su derecho a elegir un nuevo Presidente para el periodo constitucional que comienza en enero de 2019.

La falsa constituyente felicita al beneficiario del fraude y agrega otra escena bufa a la farsa, con un falso juramento para una toma de posesión que ellos mismos dicen que deberá realizarse en enero. ¡Ya basta de burlas a los venezolanos!

Venezuela como nación civilizada tiene una Constitución que debe ser respetada. Los venezolanos somos un pueblo digno, como lo acabamos de demostrar una vez más el pasado 20 de mayo. Es indignante que se usen espacios públicos y símbolos de la Patria, para escenificar una mentira. Ni fue esa una toma de posesión ni la ANC tenia autoridad constitucional para administrarla. Y, como todos en Venezuela y el mundo sabemos, tampoco la del domingo 20 de mayo fue una elección. ¿A quién se quiere engañar?

Lo que Venezuela necesita y reclama es un nuevo gobierno al servicio de todos los venezolanos y no en beneficio de un pequeño grupo, que tenga la voluntad, la capacidad, la credibilidad y el compromiso de enfrentar los gravísimos problemas que han generado la más grave crisis de nuestra historia. Para ese cambio indispensable, la vía constitucional, democrática, pacífica y segura, es la realización de una elección verdaderamente libre.

Eso es lo que espera y es lo que merece la sociedad venezolana. Una elección limpia que produzca libremente un nuevo gobierno y nos asegure un nuevo rumbo de libertad y justicia, de prosperidad y de paz.

La Unidad Democrática repudia esta nueva burla al pueblo venezolano y sus necesidades y ratifica su decisión de sumar su voz, su voluntad y su esfuerzo a un gran encuentro nacional por el cambio.

La MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA

 

¿Qué fue lo que pasó con la “juramentación” de Nicolás Maduro ante la ANC? por José Ignacio Hernández – ProDaVinci – 24 de Mayo 2018

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Sin mayor anuncio previo, el 24 de mayo de 2018 Nicolás Maduro informó que ese día acudiría a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para juramentarse “como Presidente Reelecto de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025, por voluntad del pueblo libre y soberano”.

Hacía días que el tema de la “juramentación” de Maduro había sido objetivo de diversas noticias informales, especialmente, luego de que pasadas las siete de la noche del 21 de mayo de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de cuenta twitter, informara que Nicolás Maduro había interpuesto una “demanda de interpretación” ante la Sala Constitucional.

Al menos para el momento de la “juramentación” ante la ANC, el TSJ no había anunciado ninguna decisión en torno a la “demanda de interpretación” presentada.

¿Qué conclusiones pueden extraerse de todo esto?

Lo que dice la Constitución y lo que dijo en 2013 la Sala Constitucional

No está de más recordar lo que dice la Constitución acerca de la juramentación del Presidente electo. De acuerdo con su artículo 231, el candidato electo tomará posesión del cargo de Presidente el 10 de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Es decir, que la toma de posesión debería realizarse mediante juramento ante la Asamblea Nacional el 10 de enero de 2019.

Pero en 2013 la Sala Constitucional “reescribió” este artículo para aclarar que en caso de reelección, la juramentación y toma de posesión era una mera formalidad pues en suma, había una suerte de “continuidad” del mandato presidencial.

Aplicando esa tesis, por ello, la fecha del 10 de enero de 2019 no es relevante, pues Maduro, como “Presidente reelecto”, se mantendría en ejercicio del cargo de manera continua, entre el período que finaliza y el período que inicia en 2019. De allí que no tenía mayor sentido, como fue asomado, señalar que la ilegitimidad de Maduro derivada de su fraudulenta elección solo comenzaba a regir a partir de 2019.

Lo que pasó

No era de extrañar que la ANC asumiese la competencia para tomar “juramento” a Maduro, invocando la falsa tesis del desacato de la Asamblea Nacional y, además, reeditando su decisión en torno a la “juramentación” de los gobernadores.

Lo que sí extraña es que esa “juramentación” se haya efectuado en mayo de 2018, y no en enero de 2019. Tanto más, acoto, luego de que el TSJ anunciara de una “demanda interpretación” presentada por Maduro, de la cual no se tiene mayor noticia.

Así, en un “Decreto Constituyente” anunciado el mismo 24 de mayo, la ANC informó que había recibido la “certificación” de la elección del 20 de mayo, y por ello, Maduro debía asumir el cargo y tomar juramento en enero de 2019. Pero acto seguido, la ANC tomó juramento a Maduro.

Es decir: la ANC aclaró que la juramentación se realizaría el 10 de enero de 2019, pero procedió a “juramentar” a Nicolás Maduro como Presidente por el período 2019-2025.

Un fraude continuado

La “juramentación” ante la ANC realizada el 24 de mayo de 2018 no es siquiera un acto jurídico. Así, no solo la “reelección” de Nicolás Maduro fue resultado de un proceso conducido completamente al margen de la Constitución, sino que además, la ANC, que es un órgano ilegítimo, no tiene competencia para tomar juramento a ningún funcionario. Y mucho menos la juramentación del Presidente electo –si lo hubiere- podría hacerse antes del 10 de enero de 2019, y por una instancia distinta a la Asamblea Nacional.

Con lo cual, en sentido estricto, lo realizado en la ANC el 24 de mayo de 2018 no debería ser calificado como “juramentación”.

Con todo, el acto político realizado por la ANC demuestra que todo el proceso de las elecciones presidenciales forma parte de un fraude continuado, es decir, de un conjunto de decisiones concatenadas entre sí que pretenden tener apariencia de un proceso electoral pero que, en el fondo, no son más que actuaciones políticas orientadas a violentar la Constitución y muy en especial, los derechos políticos de los venezolanos.

 

Acuerdo Asamblea Nacional sobre elecciones del 20M – 22 de Mayo 2018

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LA ASAMBLEA LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho

ACUERDO REITERANDO EL DESCONOCIMIENTO DE LA FARSA REALIZADA EL 20 DE MAYO DE 2018 PARA LA SUPUESTA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO

Que en acuerdos aprobados el 27 de febrero, 27 de marzo y 15 de mayo de 2018, esta Asamblea Nacional concluyó que la farsa convocada por la ilegítima asamblea nacional constituyente y el Consejo Nacional Electoral para el 20 de mayo del presente año a los fines de la supuesta elección del Presidente de la República, debía considerarse un evento fraudulento, ilegítimo y por ende jurídicamente inexistente, de conformidad con los artículos 25 y 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

CONSIDERANDO

Que la farsa realizada el 20 de mayo incumplió todas las garantías electorales reconocidas en Tratados y Acuerdos de Derechos Humanos, así como en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Procesos Electorales, tomando en cuenta la ausencia efectiva del Estado de Derecho; la parcialidad del árbitro electoral; la violación de las garantías efectivas para el ejercicio del derecho al sufragio y para el ejercicio del derecho a optar a cargos de elección popular; la inexistencia de controles efectivos en contra de los actos de corrupción electoral perpetrados por el Gobierno; la sistemática violación a la libertad de expresión, aunada a la parcialidad de los medios de comunicación social controlados por el Gobierno, y la ausencia de mecanismos efectivos y transparentes de observación electoral;

CONSIDERANDO

Que diversos actores de la comunidad internacional ya se han pronunciado para desconocer la farsa llevada a cabo el 20 de mayo de 2018, como es el caso del Grupo de Lima, quien concluyó que “no reconocen la legitimidad del proceso electoral” y que por ende, “acuerdan reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas en Venezuela”;

CONSIDERANDO

Que a pesar de los más perversos mecanismos de control social implementados por el régimen de Nicolás Maduro Moros, tales como, el carnet de la patria, los puntos rojos y las cajas CLAP, es un hecho público y comunicacional que el pueblo de Venezuela, en su gran mayoría, decidió no participar en la farsa del 20 de mayo, desconociendo un proceso ilegítimo en su origen y que además, estuvo plagado de constantes abusos cometidos por el régimen, con la complicidad del Consejo Nacional Electoral y la ilegítima asamblea nacional constituyente;

CONSIDERANDO

Que la farsa realizada el 20 de mayo no permite solucionar la grave crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela, y que por el contrario, solo contribuirá a afectar todavía más los problemas de gobernabilidad existentes, agravándose así la crisis venezolana con efectos importantes en toda la región;

CONSIDERANDO

Que la Fuerza Armada Nacional, en concreto los funcionarios del Plan República, fueron los principales testigos de las irregulares de la farsa realizada el 20 de mayo, y que de conformidad con el artículo 328 de la Constitución la Fuerza Armada Nacional constituye una institución sin militancia política y por ello una institución al servicio y defensa de la Constitución.

ACUERDA

Primero. Declarar como inexistente la farsa realizada el 20 de mayo de 2018, al haberse realizado completamente al margen de lo dispuesto en Tratados de Derechos Humanos, la Constitución y las Leyes de la República.

Segundo. Desconocer los supuestos resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral y en especial, la supuesta elección de Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República, quien debe ser considerado como un usurpador del cargo de la Presidencia de la República.

Tercero. Desconocer cualesquiera actos írritos e ilegítimos de proclamación y juramentación en virtud de los cuales se pretenda investir constitucionalmente al ciudadano Nicolás Maduro Moros como supuesto Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2019-2025.

Cuarto. Exaltar la decisión del pueblo de Venezuela, quien en defensa de nuestra Constitución y bajo el amparo de los artículos 333 y 350 que la misma consagra, decidió rechazar, desconocer y no convalidar la farsa convocada para el 20 de mayo, a pesar de la presión gubernamental a través de los medios de control social.

Quinto. Reiterar el exhorto a la comunidad internacional para que sean practicados sus buenos oficios en la oportunidad de aumentar las condiciones que deriven en la solución de la crisis humanitaria y en el restablecimiento de la Democracia en el país.

Sexto. Reiterar el exhorto a la Fuerza Armada Nacional para que cumpla y haga cumplir la Constitución y se le devuelva la soberanía al pueblo venezolano.

Séptimo. Convocar al pueblo de Venezuela, a todos los actores políticos, funcionarios públicos, y representantes de la sociedad civil para unir esfuerzos a los fines de diseñar una estrategia unitaria para promover un cambio político en Venezuela, orientado al restablecimiento efectivo del Estado de Derecho y de la democracia constitucional, tal y como lo ordena el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Octavo. Ratificar el compromiso para producir los cambios políticos y constitucionales que permitan rescatar las condiciones de integridad electoral y lograr así elecciones presidenciales libres y transparentes en el 2018, tal y como lo dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Noveno. Notificar a los órganos del Poder Público y a los representantes del cuerpo diplomático sobre el presente Acuerdo.

Décimo. Dar publicidad al presente Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 22 días del mes de mayo de dos mil dieciocho. Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.

OMAR ENRIQUE BARBOZA GUTIÉRREZ Presidente de la Asamblea Nacional

JULIO CÉSAR REYES Primer Vicepresidente

ALFONSO JOSÉ MARQUINA Segundo Vicepresidente

NEGAL MANUEL MORALES LLOVERA Secretario

JOSÉ LUIS CARTAYA Subsecretario

La Fuerza de los valores morales por Teodoro T. Díaz Zavala – Frente Institucional Militar – Febrero 2017

La crisis que vive Venezuela es compleja, diversa y pluricausal, la cual mantiene consternados a todos sus ciudadanos e incluso a ciudadanos de otros países, y a organizaciones internacionales de diversa naturaleza.

Como venezolano a quien le preocupa y duele esa situación, me permito hacer algunas consideraciones relativas a los valores que deben guiar el comportamiento de la Fuerza Armada Nacional. Comencemos por la letra del Himno Nacional: ´´Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor.´´ Es un llamado a los ciudadanos del país a hacer gala de altos valores éticos, a los efectos de contribuir a robustecer las fuerza espirituales de la nación.

En la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales (Julio 1981) en su artículo 32 dice: ´´No puede ser militar el cobarde, el que carezca de dignidad, pundonor, ni el de relajada conducta, pues mal puede ser guardián de la libertad, honra e independencia de la patria, quien tenga miedo de sacrificarse por ella y ultraje sus armas con infames vicios.¨ Tal contenido obliga moralmente al militar a desempeñarse como un ciudadano ejemplar, y así debe ser en función de la alta misión que a la FAN le corresponde desempeñar.

El himno de la Academia Militar de Venezuela, donde me formé como oficial, dice: ´´A la patria debemos tributo de inmortal gratitud y amor/ pues fundó nuestro digno instituto/ para hacerlo guardián de su honor.´´ Semejante obligación para los que se han formado ella está consagrado en los himnos de las otras Academias de formación de oficiales. El de la Escuela Naval: ´´Venezuela a sus héroes gloriosos/ que supieron honrarla en el mar/ hoy eleva su culto al empíreo/ a los sones de un himno triunfal.¨ El de la Escuela de Aviación Militar: ´´Aviadores unidos juremos/ en las notas del himno sonoro/ que luchando hasta el fin moriremos/ en reguardo del patrio decoro/.´´ El de la EFOFAC: ´´Ante Dios y la patria juramos/ con sincera y profunda emoción/ que el deber por consigna llevamos/ y por alta divisa el honor.´´ Los militares debemos ser fieles a estos postulados.

Por otra parte el artículo 328 de la Constitución establece que: ¨ La fuerza Armada Nacional es una institución esencialmente profesional, sin militancia política,……está al servicio exclusivo de la Nación y en ninguno caso al de persona o parcialidad alguna.´´ En función de este contenido la FAN tiene un responsabilidad de primer orden en esta crisis, por haber incumplido el contenido de este artículo.

En el ambiente militar cuando en una unidad existe un número importante de desertores, accidentes diversos en el manejo de los equipos y armamentos, elevado número de sanciones por violación a los reglamentos, etc., se califica como una unidad con baja moral, en el sentido de poco eficiente en el cumplimiento de sus deberes. Si nos refiriéramos a Venezuela tendríamos que decir que es un país con baja moral por cuantos sus diversos componentes no están cumpliendo con sus respectivas obligaciones.

Para que un país tenga alta moral y por tanto alta auto estima, es necesario que todos sus organismos estén funcionando adecuadamente. Hace falta una dirección nacional acertada.

 

 

Súmate: CNE cómplice de oferta de compra de votos por el candidato a la reelección Nicolás Maduro – Biendateo.com – 17 de Mayo 2018

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Cuando faltan tres días para las Elecciones Presidenciales previstas para el próximo domingo 20 de mayo, Súmate denuncia la complicidad y aval de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la violación de la Constitución y Leyes de la República por parte del candidato Presidente Nicolás Maduro, quien viene utilizando de forma obscena y descarada los bienes y los recursos del Estado en su campaña electoral por la reelección, y que ha llegado a su expresión de mayor gravedad en los últimos días y que nunca se había observado, como es el hecho de la compra de votos de forma pública, al hacer su oferta de un bono para los electores que voten a favor de su opción política, lo cual pagará con dinero de las arcas de la República, utilizando para ello el mecanismo de control social “carnet de la patria”, prácticas prohibidas en los artículos 67 y 145 de la Constitución, 13 y 18 de la Ley Contra la Corrupción; 75.13, 126 y 215.2 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), 222, 223 y 289 del Reglamento General de la LOPRE, y 91, numeral 5, de la Ley de la Contraloría General de la República.

La ONG menciona como pruebas evidentes, producto del seguimiento y observación de la campaña electoral, lo que dijo el candidato Presidente de la República Nicolás Maduro en los actos proselitistas sobre su oferta de compra de votos, transmitidos por la plataforma de medios de comunicación social radioeléctrica y televisiva del Estado, utilizando como señal matriz al canal Venezolana de Televisión (VTV), el 28 de abril en la ciudad de Barcelona del estado Anzoátegui cuando afirmó “Todo el que tenga carnet de la patria tiene que ir a votar el 20 de mayo. Eso es dando y dando. Yo estoy pensando en darle un premio al pueblo de Venezuela que salga a votar ese día con el carnet de la patria, lo estoy pensando….”, y lo reiteró el 15 de mayo en la población de Charallave del estado Miranda: “Todos los que tengan su carnet de la patria y ejerzan su derecho y su deber al voto, van a tener un premio de la patria, legal constitucional, dando y dando (…) el premio por votar el 20 de mayo va…”

Súmate indica que aunado a la compra de votos, el candidato Presidente Nicolás Maduro insiste en obligar a los electores, quienes vienen recibiendo beneficios socio-económicos del Estado, a utilizar el “carnet de la patria” para ir a votar el próximo domingo 20 de mayo, lo cual es una forma de ejercer la coacción e intimidación que viola flagrantemente los artículos 63 de la Constitución y 126 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que establecen que “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas…” y que “Ninguna persona puede ser obligada o coaccionada bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio.” (Resaltado nuestro). En este sentido, la ONG proporciona como prueba lo dicho por el candidato Presidente Nicolás Maduro en los actos de campaña electoral del 24 de abril en el estado Carabobo:“…esto es dando y dando, lo digo desde Carabobo, esto es dando y dando… 16 millones 500 mil carnetizados, quiero protegerlos a todos, pero yo los llamo a votar el 20 de mayo a todos con el Carnet de la Patria, a todos los llamo a votar (…) el Carnet de la Patria garantiza las viviendas, vamos a construir 150 mil viviendas más en Carabobo y las vamos a distribuir con el Carnet de la Patria, vamos rumbo a los 5 millones de viviendas… la cosa es dando y dando… y yo llamo al Carnet de la Patria a defender con su voto la paz y los derechos de Venezuela. Es dando y dando, vamos a votar el 20 de mayo…”

Para Súmate los cinco rectores del CNE son cómplices de estas violaciones porque hasta la fecha han guardado silencio, no han prohibido y no han abierto procedimientos administrativos en contra del candidato Presidente Nicolás Maduro, a pesar de que así se lo exige el artículo 85 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales; como tampoco han solicitado al Ministerio Público (Fiscalía General de la República) y a la Contraloría General de la República la apertura de una investigación con el fin de que establezcan las responsabilidades a que haya lugar en virtud de las repetidas violaciones a la legislación mencionada. La ONG asevera que estas últimas instituciones del Estado, si fueran realmente independientes e imparciales, ya hubieran impedido estas violaciones y solicitado la aplicación de las sanciones establecidas en la legislación venezolana, en especial el artículo 70 de la Ley Contra la Corrupción que establece: ”El funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de un (1) año a tres (3) años.”

Súmate exige a los cinco rectores principales del Consejo Nacional Electoral (CNE) aplicar las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley Contra La Corrupción al candidato Presidente, Nicolás Maduro, por utilizar los recursos y bienes del Estado a su favor, la compra de votos y la coacción e intimidación bajo amenaza de perder los beneficios socio-económicos otorgados a través de las diferentes misiones sociales, ahora centralizadas a través del mecanismo de control social denominado “carnet de la patria”.

La ONG señala los artículos específicos de la legislación venezolana que viola el candidato Presidente de la República con la utilización de los bienes y recursos del Estado a favor de su reelección, como también por el hecho de la oferta de compra de votos:

Artículo 67 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “…No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado. La ley regulará lo concerniente al financiamiento y a las contribuciones privadas de las organizaciones con fines políticos, y los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el origen y manejo de las mismas. Así mismo regulará las campañas políticas y electorales, su duración y límites de gastos propendiendo a su democratización…”

Artículo 145 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna…”

Artículo 13 de la Ley Contra la Corrupción: “Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses económicos particulares”.

Artículo 18 de la Ley Contra la Corrupción: Los funcionarios y empleados públicos deberán utilizar los bienes y recursos públicos para los fines previstos en el presupuesto correspondiente”.

Artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales: “No se permitirá la propaganda electoral que: 13. Sea financiada con fondos públicos distintos a lo previsto en estas normas.”

Artículo 126 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales: “Ninguna persona puede ser obligada o coaccionada bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio.”

Artículo 215 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales: “La elección será nula: 2.Cuando hubiere mediado fraude, cohecho, soborno o violencia en la formación del Registro Electoral, en las votaciones o en los escrutinios y dichos vicios afecten el resultado de la elección de que se trate…”

Artículo 222 del Reglamento General de la LOPRE: “Los organismos públicos nacionales, estadales o municipales no podrán realizar publicidad y propaganda electoral, y en tal sentido, no podrán difundir mensajes destinados a promover, auspiciar o favorecer determinada candidatura u organización con fines políticos o grupo de electoras y electores, y comunidades u organizaciones indígenas, así como todo aquello que promueva o tienda a promover la imagen negativa de alguna candidata o candidato, organización con fines políticos, grupo de electoras y electores y comunidades u organizaciones indígenas.
No se permitirá el uso de los bienes propiedad de la República, ni de los estados o municipios con el fin de favorecer o promover una candidatura o realizar propaganda electoral.”

Artículo 223 del Reglamento General de la LOPRE: “La información concerniente a las obras de gobierno, los mensajes y alocuciones oficiales, no podrán tener contenidos y símbolos publicitarios o propagandísticos de naturaleza electoral.”

Artículo 289 del Reglamento General de la LOPRE: “El voto es secreto, libre y su ejercicio se garantizará frente a cualquier coacción o soborno. Los integrantes de la Mesa Electoral requerirán a la electora o elector su cédula de identidad laminada, vigente o no, como único documento válido para el ejercicio del derecho al sufragio.”

Artículo 91 numeral 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal: Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación. (omissis) 5. La utilización en obras o servicios de índole particular, de trabajadores, bienes o recursos que por cualquier título estén afectados o destinados a los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de esta ley”.

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