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Gobierno de facto vota contra histórica resolución sobre responsabilidad de proteger – Provea – 23 de Julio 2020

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Publicamos a continuación la resolución a la que el gobierno de facto de Venezuela votó en contra y en solitario, en el Consejo de Derechos Humanos, el 17 de julio de 2020. La resolución celebra el decimoquinto aniversario del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 que incluyó entre los desafíos de las Naciones Unidas el tema de la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. La resolución fue adoptada por 32 votos a favor, 14 abstenciones y el voto negativo de Venezuela.

Esta histórica resolución abre un proceso de discusión sobre las mejores prácticas para reforzar las políticas y estrategias nacionales destinadas a cumplir la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, por conducto de los mecanismos nacionales y otras instancias interesadas. El proceso involucrará todas las instancias y órganos de derechos del Sistema Universal de la ONU, así como a la sociedad civil, y concluirá en septiembre de 2021 durante el 28 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Sectores cercanos al gobierno de facto tratan de justificar el solitario e inexcusable voto negativo a nombre de Venezuela, afirmando que la Responsabilidad de Proteger se usó como excusa en la ONU para la ilegal guerra contra Irak en 2003. Se debe aclarar entonces que ninguna resolución de las Naciones Unidas, ni en el Consejo de Seguridad ni mucho menos en la Comisión de Derechos Humanos (predecesora del Consejo de Derechos Humanos), dio base legal alguna para la ilegal guerra de Irak de 2003.

Fue en 2005 que por primera vez se aprobó la Responsabilidad de Proteger, dentro del documento final de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas (14 a 16 de Septiembre), por unanimidad y con participación de Venezuela.

Se estableció entonces: “La aceptación clara e inequívoca de todos los gobiernos de la responsabilidad colectiva internacional de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. La disposición a tomar medidas colectivas de manera oportuna y decisiva para tal fin, por conducto del Consejo de Seguridad, cuando los medios pacíficos demuestren ser inadecuados y las autoridades nacionales no lo estén haciendo manifiestamente”.

Informe Otálvora: Decenas de países objetan proceso electoral convocado por el chavismo por Edgar C. Otálvora – Diario Las Américas – 17 de Julio 2020

En Guyana continúa el intento del actual mandatario David Granger de materializar un golpe de Estado desconociendo los resultados de las elecciones parlamentarias del 02MAR20. Conteos y reconteos verificados por observadores del Caricom y validados por la OEA dan como ganador al partido opositor liderado por Irfaan Ali quien reclama su triunfo.

Las amenazas del gobierno de EEUU sobre endurecer su posición ante Granger se concretaron el 15JUL20 cuando el Departamento de Estado anunció la implementación de restricciones de visas a los “responsables o cómplices de socavar la democracia en Guyana” y a sus familiares. Si bien el comunicado no precisaba nombres de sancionados, en una rueda de prensa el secretario Mike Pompeo fue preciso: “el gobierno de Granger debe respetar los resultados de las elecciones democráticas y hacerse a un lado”. La cancillería de Brasil emitió un comunicado el 15JUL20 afirmando que el desconocimiento de los resultados electorales “plantea una seria amenaza para la estabilidad en Guyana y una desviación de los compromisos democráticos que debe cumplir en el contexto regional y hemisférico”. Para el 21JUL20 fue convocada una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para analizar la situación guyanesa.

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Rusia difundió la falsa versión según la cual una nave de guerra de EEUU navegó cerca de Venezuela portando armamento nuclear.

La segunda “operación de libertad de navegación” realizada en menos de un mes por EEUU en aguas frente a Venezuela, fue ejecutada el 15JUL20 por el destructor USS Pinckney operando como parte de la Cuarta Flota de EEUU bajo órdenes del Comando Sur. Si bien las operaciones de “libertad de navegación” han sido realizadas por la Armada de EEUU frente a las costas venezolanas desde el año 2000, las recientes misiones se han cumplido bajo lo que oficialmente el Comando Sur denomina “la operación mejorada de narcóticos del presidente Trump”, como parte del plan de la planeada ampliación de la capacidad bélica en el hemisferio occidental y en obvia sincronía con la presión política sobre el régimen chavista.

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Previamente el 23JUN20, el destructor USS Nitze análogo al USS Pinckney, ambos destructores clase Arleigh Burke, había cumplido una misión similar. La acción consiste en navegar a una distancia superior a las doce millas, poco más de doce kilómetros con respecto a la costa, área que ya no es mar territorial venezolano y por lo tanto se consideran aguas internacionales a los efectos de la navegación. En ambos casos el Comando Sur procedió a publicitar la misión en simultáneo a su ejecución justificándola como respuesta al “excesivo reclamo marítimo de Venezuela en aguas internacionales”.

Según un comunicado emitido el 16JUL20 por la cancillería del gobierno Maduro, el USS Pinckney navegó a 16,1 millas náuticas, poco menos de treinta kilómetros de la costa venezolana en aguas ya situadas en lo que se denomina “zona contigua” de soberanía restringida pero que ya no es considerado como “mar territorial”. Sobre el exacto recorrido de la embarcación ninguna de las partes se ha pronunciado. En el usual estilo de los comunicados de la cancillería chavista de inspiración habanera, el ministro Jorge Arreaza aseguró que la presencia ostensiva del destructor estadounidense había sido “de manera furtiva” y la calificó como “un inexcusable acto de provocación errático e infantil”.

El gobierno ruso, por intermedio de su agencia de noticias Sputnik, difundió un cable que supuestamente copiaba el comunicado del Comando Sur: “Hoy, el barco destructor USS Pinckney [DDG 91] de la clase Arleigh Burke, armado con misiles nucleares, desafió el excesivo reclamo de Venezuela en aguas internacionales”. El comunicado emitido por el Comando Sur no hacía referencia a dotación de armamento nuclear a bordo del USS Pinkney. La delicada referencia a misiles nucleares en la nota rusa no fue patentemente un error de transcripción o de traducción. Venezuela es uno de los temas de tensión entre Moscú y Washington y el aparato de propaganda ruso suele direccionar ataques contra la política de EEUU hacia Venezuela.

El 15JUL20, durante una entrevista con The Hill, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, fue interrogado sobre usuales conversaciones con sus contrapartes rusos. Pompeo afirmó que en esas conversaciones además de posible áreas de interés común, suele tocar aquellos temas “en los que no estamos de acuerdo” y que “socavan intereses importantes de seguridad nacional de EEUU” ejemplificando con “la participación de Rusia” en Venezuela y en Siria.

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El 10JUL20, Donald Trump realizó una rápida visita al estado de Florida para visitar el Comando Sur, presidir un evento de opositores de Venezuela, Cuba y Nicaragua y, asistir a un evento de recaudación de fondos electorales.

En el cuartel general del Comando Sur, en Doral, Miami, Trump sostuvo un encuentro con altos oficiales acompañado de su asesor de Seguridad Nacional Robert O’Brien, el secretario de Defensa Mark Esper, el zar antidrogas Jim Carroll, el secretario interino de Seguridad Nacional Chad Wolf y el congresista Mario Díaz-Balart, entre otros altos funcionarios. El objeto de la sesión que fue difundida públicamente, era conocer los resultados de la operación antinarcóticos ordenada el 01ABR20 por Trump en las áreas de responsabilidad del Comando Sur en el Caribe y el Pacífico.

En una intervención solicitada por Trump, el asesor de Seguridad Nacional fue el encargado de conectar los temas “narcotráfico” y Venezuela: “Los traficantes usan sus fondos con fines nefastos, entre ellos para financiar el régimen de Nicolás Maduro, el régimen ilegítimo en Venezuela (…) durante años, Venezuela ha inundado a los EEUU con cocaína. Envenena nuestras comunidades y alimenta una peligrosa epidemia de adicción que amenaza la seguridad de todos los estadounidenses”. Luego se escucharía la presentación del almirante Faller, comandante del Comando Sur sobre los resultados de las operaciones.

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Durante su explicación a Trump, el almirante Faller presentó a dos miembros de su comando, procedentes de las fuerzas militares de Colombia y Brasil. Se trata del general de brigada del Ejército colombiano Juan Carlos Correa Consuegra, quien forma parte del alto mando del Comando Sur como director de la Dirección J7 “Ejercicios y Asuntos de la Coalición”. “El presidente Duque nos ha enviado lo mejor de sí y ha pagado por ello. Así que viene aquí totalmente pagado por Colombia y trabaja para mí. Y es un reconocimiento de que Colombia estuvo con nosotros en la Guerra de Corea y está con nosotros hoy”, dijo Faller.

El segundo en ser presentado fue el mayor general de la Fuerza Aérea de Brasil David Almeida Alconforado, quien es el segundo en la Dirección J5 de “Estrategia, Políticas y Planes” del Comando Sur. “Una vez más, brasileños, pagando para que viniera aquí y trabajara para mí para hacer una diferencia en seguridad. Brasil ha estado con nosotros desde la Segunda Guerra Mundial y nuestra relación se está haciendo aún más fuerte” explicaba Faller a Trump.

Por cierto, en la línea de mando del Ejército del Sur, dependiente del Comando Sur, se encuentra otro brasileño: el general de brigada del Ejército de Brasil Alcides Valeriano de Faria Júnior, quien desde el año 2019 ocupa la posición de Subcomandante general del Ejército Sur de EEUU.

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La decisión del régimen chavista de renovar las autoridades electorales obviando a la Asamblea Nacional, designando a chavistas y socios políticos, fue objeto de análisis en la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea celebrado el 13JUL20. El alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell presentó las conclusiones de la reunión.

La nota publicada por el Servicio Exterior de la UE, dando cuenta de las declaraciones de Borrell, anunciaba que el alto representante había propuesto la realización de una “reunión ministerial del Grupo Internacional de Crisis”, lo que parecía una extraño giro por tratarse ese de un ente privado. El Informe Otálvora consultó con el SEUE sobre tan curiosa propuesta y recibió el 14JUL20 como respuesta: “es un error. El texto tendría que ser “international contact group”. Lo vamos a cambiar pronto”, como en efecto ocurrió.

En definitiva, según Borrel, los ministros de Exteriores decidieron “enviar un fuerte mensaje al régimen de Maduro sobre su última decisión” en relación al tema electoral. Borrel se dispone a “convocar una reunión ministerial del Grupo de contacto internacional, junto con otros actores clave, para analizar las condiciones en las que se celebrarán las próximas elecciones parlamentarias”. Las autoridades electorales designadas por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro, procedieron rápidamente a modificar la legislación electoral sobre los métodos de elección y la composición de la Asamblea Nacional, así como a convocar elecciones parlamentarias para el 06DIC20. Además, el TSJ mediante tres sentencias expropió a los tres principales partidos opositores (AD, Primero Justicia y Voluntad Popular) reemplazando las direcciones legítimas y designado incluso a militantes chavistas para dirigir esos partidos. Los resultados de ese proceso electoral serán muy probablemente desconocidos por una mayoría importante de gobiernos de América y Europa. El GCI lo integra la UE, Alemania, España Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Suecia, Reino Unido, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay.

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El 27SEP19, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un órgano formado por 47 gobiernos de entre los miembros de la organización, aprobó por primera vez una completa resolución sobre “la alarmante situación de los derechos humanos” en Venezuela. Se trató de una gruesa derrota al chavismo en un foro que solía serle benévolo y hasta solidario. La resolución 42/25, como se le denomina, fue aprobada con 19 votos a favor y sólo siete gobiernos, entre ellos Cuba y China, se pronunciaron en contra. El silencio de 21 de los miembros del Consejo abrió paso a la aprobación. Mediante la resolución, el Consejo solicitó a la Alta Comisionada de DDHH Michelle Bachelet, la elaboración de una serie de informe periódicos sobre la situación en Venezuela. Para el período 44 de sesiones del Consejo programado para junio-julio de 2020, Bachelet debía presentar un reporte con especial acento en “la independencia del sistema judicial y el acceso a la justicia, también para obtener reparación por las violaciones de los derechos económicos y sociales, y a la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco” en referencia a la zona de explotación minera promovida por el régimen chavista en la Orinoquía y Amazonía venezolanas.

Ese Informe fue presentado durante la sesión del Consejo celebrada el 15JUL20 en Ginebra. Tras narrar numerosos casos de violaciones de DDHH, concluye que “las víctimas de violaciones de los derechos humanos se ven confrontadas a barreras jurídicas, políticas y socioeconómicas para acceder a la justicia; las mujeres, en particular, enfrentan retos específicos por motivos de género”. El reporte incorpora veintiuna recomendaciones al gobierno de Venezuela, entre ellas conducir “investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la privación de la vida, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y la violencia de género en las que se involucran elementos de las fuerzas de seguridad…”.

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Durante la sesión del 15JUL20 se produjo una secuencia de cincuenta intervenciones de representantes de gobiernos y de ONG reconocidas por el Consejo. El exembajador venezolano Diego Arria fue uno de los expositores de la jornada promoviendo la iniciativa de expulsar a Maduro del Consejo. De entre los países que tomaron la palabra, el régimen chavista recibió el apoyo sólo de Rusia, Cuba, Corea del Norte, Eritrea, China, Bielorrusia, Irán, Siria, Nicaragua, Birmania, Laos y Camboya. En apoyo al informe de Bachellet sobre la violación de DDHH en Venezuela se pronunciaron Perú en dos intervenciones la primera a nombre de once países miembros del Grupo de Lima, la Unión Europea, Alemania, Francia, Ecuador, Austria, Portugal, España, Luxemburgo, Brasil, Colombia, Croacia, R. Checa, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Eslovenia, Uruguay, Suiza, Georgia, Albania, Polonia, Reino Unido y sorprendentemente Argentina.

En su intervención en nombre de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, la embajadora peruana Silvia Elena Alfaro Espinosa afirmó que “reiteramos nuestro rechazo a las recientes decisión del TSJ sobre el Consejo Nacional Electoral usurpando las facultades de la Asamblea Nacional, nombrando una autoridad electoral que no ofrece las garantías debidas para un proceso electoral democrático tanto como las decisiones contra los principales partidos políticos opositores”.

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Quizá la intervención que causó mayor impacto fue la del embajador Federico Villegas, representante del gobierno de Argentina, quien comenzó anunciando que su gobierno comparte la “intervención conjunta pronunciada por Perú por la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela y por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece ese país”. Argentina, desde la llegada del izquierdista Alberto Fernández a la Presidencia el 10DIC19, se mantiene en el Grupo de Lima sólo nominalmente, pero ahora Villegas se adhería al pronunciamiento presentado por Perú en nombre del grupo. Villegas afirmó que “nuestra región está llamada a incrementar los esfuerzos para encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional, liderada por los propios venezolanos a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles”. El enviado argentino “haciendo eco de un reciente llamado de la Alta Comisionada” pidió una “negociación política inclusiva, basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos”. Si bien Villegas también criticó las sanciones impuestas por diversos países al régimen chavista, su presentación levantó polvo en Buenos Aires por lo que fue entendido como un distanciamiento con Maduro.

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Víctor Hugo Morales, comentarista político y narrador de fútbol uruguayo que opera desde Buenos Aires, empleado del gobierno chavista por intermedio del canal de propaganda Telesur, abrió fuegos el 16JUL20 contra Alberto Fernández por la posición de su Embajador en la ONU. Morales, en su programa radial, acusó a Fernández de estar “de rodillas no sólo frente a los EEUU, sino de rodillas ante Trump”. En medios políticos bonaerenses se interpretó este ataque como un nuevo capítulo de la serie de choques públicos que comienzan a presentarse entre el kirchnerismo y Fernández, los cuales la vicepresidenta Cristina Kirchner pareciera estimular.

Fernández solicitó intervenir en el programa de Morales para responder a los señalamientos. “La Argentina hizo el planteo que siempre hace. Hubo un informe muy crítico de Michelle Bachelet planteando las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela. Y la Argentina ratificó su posición de preservar los Derechos Humanos en cualquier ámbito y cualquier gobierno” afirmó Fernández. Resaltó que su gobierno reconoce a Maduro y relativizó la postura de su Embajador alegando que las elecciones que Argentina reclama para Venezuela son sólo las legislativas y no pide reemplazar a Maduro. “Yo no hablo con la oposición de Venezuela” dijo Fernández quien confesó haber pedido a EEUU poner fin a las sanciones contra el régimen chavista. Todo indica que el franco apoyo de la diplomacia argentina al informe Bachelet sobre violaciones de DDHH en Venezuela obligó a Alberto Fernández a dar explicaciones a sus enfurecidos aliados kirchneristas quienes a pesar de ello le siguen atacando. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados y aliado de Fernández, Sergio Massa, declaró el 16JUL20 tras conocer el informe de Bachelett que “sin duda en Venezuela hay una dictadura que no respeta los

Los derechos humanos en Crimea, Nicaragua y Venezuela – Declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – 2 de Julio 2020

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44° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

Declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

 

Madame President,
Distinguished delegates,
Excellencies,
Colleagues, Friends,

I am honoured to present reports by the Secretary General and my Office on the human rights situation in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine and in the Bolivarian Republic of Venezuela.

I will also briefly update the Council on the human rights situation in Nicaragua, as mandated by resolution 43/2.
Because of Spanish speaking Nicaragua and Venezuela, I will do it in Spanish.

Desde mi última actualización oral sobre Nicaragua en febrero pasado en el marco de la resolución 40/2, se siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes el Gobierno percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y ex-detenidos políticos.

El derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos pro-gubernamentales cuando  críticos al Gobierno intentan reunirse pacíficamente. Entre marzo y junio de este año, mi Oficina documentó 43 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositoras.

Aún no se conocen investigaciones o procesos penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos dos años, también debido a la Ley de Amnistía.

Esta persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades, y junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos.

Resultan preocupantes los ataques con armas de fuego que dejaron cuatro indígenas muertos y dos heridos en el territorio Tuahka, Región Autónoma Costa Caribe Norte, en 26 y 27 de marzo. Los incidentes violentos de 19 y 20 de abril en Esquipulas, isla de Ometepe, dejaron al menos dos residentes y tres policías heridos. Varios residentes se habrían enfrentado a la policía por presuntas violaciones en el uso de la fuerza y el arresto arbitrario de tres personas, incluso tomando a un agente como rehén durante unas horas, mientras exigían la liberación de los arrestados.

Igualmente preocupante es el homicidio de un opositor en Jinotega en marzo, y la falta de información sobre avances en las investigaciones en 10 de los 14 homicidios en esa región, mencionados en mi actualización oral anterior.

Saludo las recientes liberaciones bajo el beneficio de convivencia familiar de 4.515 reclusos que facilita la reducción del hacinamiento en los centros penitenciarios.

Sin embargo, ninguno de los 86 “presos políticos” registrados por sociedad civil al 4 de mayo de 2020, fue beneficiado con esta medida. Reitero mi recomendación de liberar a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas durante los últimos dos años.

Señora Presidenta y miembros del Consejo,

La crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático. El discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales. La pandemia además ha incrementado la violencia contra las mujeres, particularmente los feminicidios. Durante los cinco primeros meses de este año, organizaciones de la sociedad civil han registrado 32 feminicidios, mientras que en el mismo período del año pasado habrían registrado 27 casos.

Existe también poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos. Aunque el Gobierno ha señalado que ha estado trabajando para fortalecer la salud pública, la salud comunitaria, visitando casa a casa para detectar casos, algunas medidas gubernamentales no se ajustan a las recomendaciones de la OMS, la OPS y la comunidad médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico. Hasta la fecha, hemos recibido denuncias de que al menos 16 médicos habrían sido despedidos sin respetar los procedimientos legales, por criticar la respuesta estatal ante la pandemia.

El 25 de junio, por medio de un decreto legislativo tramitado en forma expeditiva, la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica de la Asociación de Hermanamiento Municipal (ASODHERMU), una organización sin fines de lucro que ha venido desarrollando actividades sociales en el municipio de Camoapa. Desde 2018, el Estado nicaragüense ha cancelado la personalidad jurídica de 10 organizaciones de la sociedad civil sin las garantías del debido proceso, afectando el derecho a la libertad de asociación en el país.

La economía de Nicaragua ya enfrentaba serios desafíos debido a la crisis surgida en abril de 2018. La pandemia podría agravar esta situación, afectando los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo nicaragüense, en particular los más vulnerables.

Hago un llamado al Gobierno a una mayor apertura al diálogo con la sociedad civil, y a la cooperación con las Naciones Unidas y el sistema interamericano.

Esto es fundamental para fortalecer la respuesta a la pandemia, implementar medidas consensuadas que contribuyan a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos, y preparar un proceso electoral justo y transparente. Reitero nuestra disposición para brindar cooperación técnica a todos los actores como le señalé en el día de ayer al Ministro de las Relaciones Exteriores.

Insto también al Consejo a que continúe monitoreando la situación.

Presento ahora mi informe sobre los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela(A/HRC/Res/42/4). El próximo 15 de julio presentaré otro informe sobre la independencia judicial, el acceso a la justicia y la situación de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco bajo el Ítem 4.

Valoro positivamente el incremento del acceso de mi Oficina en Venezuela y de nuestra cooperación desde la firma de la Carta de Entendimiento en septiembre de 2019.

Agradezco al Gobierno la cooperación para que realizáramos visitas a los estados de Zulia, Bolívar y Lara, así como 13 visitas a 11 centros penitenciarios. Valoro positivamente el establecimiento y el intercambio con el Comité de Coordinación Interinstitucional para dar cumplimiento a la asistencia técnica e intercambiar información sobre casos individuales de personas privadas de libertad.

Las personas en Venezuela siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos, tales como la electricidad, el agua y la escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud.

La crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales y por la pandemia de la COVID-19.

Acojo con satisfacción el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y una parte de la oposición para aunar esfuerzos con la Organización Panamericana de la Salud para hacer frente a la pandemia.

Mi Oficina siguió documentado restricciones al espacio cívico y democrático con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaban por los servicios públicos. Continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional.

Reconozco la disminución en la tasa de homicidios en 2019, aunque me siguen preocupando los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad.

El Gobierno informó que las fuerzas de seguridad frustraron varios intentos de rebelión. Aunque reconozco la potestad del Gobierno para perseguir penalmente a los presuntos responsables de estos actos, me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso, así como alegaciones de tortura y desapariciones forzadas en los primeros días de la detención documentadas en el informe.

Reconozco la disminución de los niveles de violencia en los centros de detención administrados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, aunque persisten retos en el acceso a alimentos, salud, agua y saneamiento.

Ante todo, lamento que los actores políticos no logren encontrar una solución negociada que resuelva la profunda crisis política. Las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos. Estas nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición.

Reitero mi llamado en favor de una negociación política inclusiva basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos. Mi Oficina sigue dispuesta a contribuir en estos esfuerzos.

Excellencies,
Colleagues,

I now turn to the interim report of the Secretary-General on the “Situation of Human Rights in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine”, as mandated by United Nations General Assembly resolution 74/168. The report covers the period of 1 July to 31 December 2019, and draws heavily from the work of my Office’s Human Rights Monitoring Mission in Ukraine.

The report notes that human rights violations involving torture and other ill-treatment perpetrated by law enforcement agencies continued in Crimea. It is particularly concerning that, in all documented cases in which victims made credible complaints to the courts and law enforcement authorities, no perpetrator was held accountable.

There are concerns about inadequate conditions of detention in Crimea, which could amount to inhuman or degrading treatment or punishment.

The ongoing criminalization of freedom of expression on social media is also worrisome, with journalists and media workers continuing to face interference with their professional activities. Several civil society groups faced obstacles in organizing conferences, public discussions and other meetings. My Office received information regarding pressure and threats by law enforcement on landlords of facilities where Crimean Tatar civic groups planned to meet.

In addition, the report provides several examples where, in violation of international humanitarian law, the Russian Federation failed to uphold its obligations as the occupying Power in Crimea. Transfers of detainees from occupied territory to the territory of the occupying Power, continue to violate the prohibition on individual or mass forcible transfers, as well as on deportations of protected persons. The report also notes that the Russian Federation continues to apply its criminal legislation in Crimea, contrary to its obligation to respect the criminal laws of the occupied territory, and that it carried out its tenth military conscription campaign in Crimea, in violation of international humanitarian law.

Moreover, the report reminds the Government of Ukraine of its obligation to use all available means to ensure respect for the enjoyment of human rights in Crimea. It reiterates concerns raised previously by my Office with regard to discrimination and obstacles suffered by current and former Crimean residents when trying to access banking services or register births and deaths in Ukraine, outside of Crimea.

My office will continue to monitor the human rights situation in Crimea, and stand ready to engage with the Russian Federation, as the occupying Power, as well as with Ukraine, in order to strengthen protection of human rights on the peninsula and throughout the country.

Excellencies,
Colleagues,

This concludes my introduction of reports under item 2.

In every case, I encourage all parties to fully implement the human rights recommendations in the reports. My Office stands ready to assist in this regard.

Thank you

 

Bachelet pide suavizar o eliminar las sanciones contra Venezuela, Cuba, Irán y otros países para enfrentar al coronavirus por Daniel Gómez – ALnavío – 24 de Marzo 2020

La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, fue clara en decir que las sanciones agravan la crisis humanitaria y que deberían levantarse. Pero también en pedir a los países sancionados transparencia y respeto a los derechos humanos. Sobre Venezuela puntualizó que la crisis sanitaria existe desde antes de las sanciones.

Bachelet recuerda que la crisis sanitaria empezó antes de las sanciones / Foto: ONU
Bachelet recuerda que la crisis sanitaria empezó antes de las sanciones / Foto: ONU

En tiempos de pandemia, apuntó Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, “las medidas que obstaculizan la atención médica en cualquier país incrementan el riesgo que todos afrontamos”.

Estas medidas, apuntó Bachelet, son las sanciones impuestas contra VenezuelaCubaCorea del Norte, Myanmar, Irán y Zimbabue.

“Es fundamental que se evite el colapso de los sistemas sanitarios nacionales, habida cuenta de la explosiva repercusión que eso podría tener en términos de muerte, sufrimiento y ampliación del contagio”, dijo la alta comisionada. Y añadió: “En este momento decisivo, las sanciones sectoriales deberían atenuarse o suspenderse, tanto por razones de salud pública como para reforzar los derechos y defender las vidas de millones de personas en esos países”.

Bachelet afirmó que los países sancionados tienen sistemas sanitarios en situación de debilidad. Se refirió a Venezuela.

“Algunos hospitales experimentan cortes regulares de agua y electricidad, así como carencia de medicamentos, equipos, jabón y desinfectante. Aunque esta situación ya existía antes de las sanciones, la atenuación de estas permitiría una mayor asignación de recursos para tratar y prevenir la epidemia”.

Bachelet fue clara en puntualizar que la crisis sanitaria no es culpa de las sanciones, sino que viene de antes. Al igual que precisó que los países sancionados también tienen que colaborar si quieren ayuda.

“Los países sancionados deberían proporcionar información transparente, aceptar las ofertas de asistencia humanitaria y dar prioridad a las necesidades y los derechos de los sectores más vulnerables de la población. Además, deberían aprobar medidas que ofrezcan a las organizaciones nacionales e internacionales las garantías necesarias para realizar su labor humanitaria sin interferencias”, apuntó.

En este sentido dijo que “el progreso en la defensa de los derechos humanos es fundamental para mejorar esos sistemas, pero las medidas que obstaculizan la importación de suministros médicos esenciales -entre otras el exceso de celo de los bancos en el cumplimiento de las sanciones- causarán perjuicios duraderos a las comunidades más vulnerables. La población de esos países no es responsable en modo alguno de las políticas que han motivado las sanciones y, en diverso grado, ya han tenido que vivir en condiciones muy adversas durante largos periodos”.

No debemos tener miedo a soñar lo imposible, para que lo imposible se haga realidad por Diego Arria – Discurso en el 2020 Geneva Summit for Human Rights & Democracy – 21 de Febrero 2020

No debemos tener miedo a soñar lo imposible, para que lo imposible se haga realidad EL Video en español de mi intervención en el evento: 2020 Geneva Summit for Human Rights & Democracy

 

Maduro pertenece al Consejo de Derechos Humanos de la ONU?

Pablo Escobar y el Chapo Guzman, dos de los mas famosos Narcos del mundo nunca pudieron gobernar sus países, Colombia y México, sin embargo sus contrapartes y asociados en Venezuela si lograron semejante poder para destruir, devastar y despoblar un pais que fue rico, libre y democrático?

Estos son los principales:Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y sus dos hijos que sirven una condena en los Estados Unidos por trafico de drogas .El Presidente del Partido del Gobierno, el Chapo Diosdado Cabello, la Vice Presidente Delcy Rodríguez, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Maikel Moreno, el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, Tareck el Aisami Vice presidente asuntos industriales, quien está en la lista de los diez personas mas buscadas en los Estados  Unidos, mas otro numeroso contingente de jerarcas civiles y militares. Todos denunciados ante la Corte Penal Internacional, incluyendo a Jorge Arreaza, Ministro de Relaciones Exteriores como inductor y cómplice de crímenes de lesa humanidad.

Todos sancionados por las autoridades de los Estados Unidos por delitos de trafico de drogas, violaciones graves a los derechos humanos y por lavado de dinero. La Comisión Europea se ha sumado, al igual que para impedir su acceso a los 26 países Shengen.

Por que estamos hoy aquí?

Soy uno mas de los miles de venezolanos  forzados al exilio como victima de las conspiraciones para delinquir de Maduro y sus compinches. Mientras representé a mi país ante las Naciones Unidas incluyendo presidir su Consejo de Seguridad defendimos  y promovimos las mejores causas de la humanidad sin  imaginarme que un dia  estaría aquí de nuevo al canto del Palais des Nations  denunciando la naturaleza criminal de Maduro y sus cómplices civiles y militares.

En octubre de 2019 en la Asamblea General de la ONU en la elección de los nuevos miembros del Consejo Derechos Humanos se produjo un resultado avergonzante al elegir por nueve votos de diferencia a la corporación criminal de Maduro derrotando a Costa Rica la mas antigua democracia de la America Latina. Todo a pesar de que sesenta países democráticos solo reconocen a Juan Guaido, como Presidente de Venezuela, pero desde Chávez la narco tiranía ha sido muy generosa con el tesoro de nuestro país para comprar acomodos y complicidades.

Definitivamente Maduro representa una corporación criminal con asociados terroristas internacionales, y así debe ser entendido por todos los que integran el Consejo de Derechos Humanos, y el propio SG Guterres.

Distinguidos amigos: Esa Corporación Criminal ha secuestrado a Venezuela que a pesar de registrar un rechazo popular superior al ochenta por ciento, se mantiene gracias a una cúpula militar corrupta y a la cooperación de Rusia y China.

Pero Cuba es la equivalente de la potencia ocupante que tutela a Venezuela con mas de veinte mil agentes in situ, mas que los españoles a los que combatimos durante nuestra primera Guerra de Independencia. Importante  para el grupo criminal gobernante por los servicios que presta de espionaje y control de civiles y militares, al igual que en técnicas de represión y tortura.

Pero todo esto no es solo mi opinión. Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, al igual que su antecesor Zeid Raad Al Hussein dijo textualmente en su ultimo informe del 4 de Julio de 2019:

“La situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas. Exhorto-dijo-a todas las personas con poder e influencia-tanto en Venezuela como en el resto del mundo-a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está ARRANSANDOLO TODO.”

No pudo ser mas precisa.

No estan solos los Altos Comisionados pues no existe una sola entidad dedicada a los derechos humanos que no se haya pronunciado solidariamente sobre nuestra tragedia. De acuerdo con PROVEA en 2019 las torturas aumentaron en 500%  llegando a 554 victimas. Los dos casos mas recientes fueron el del Concejal Fernando Albán que estando detenido por el SEBIN, Servicio de Inteligencia Militar, la brutal y criminal Stassi Madurista fue lanzado desde un décimo piso, pretendiendo luego que se había suicidado estando bajo su custodia.

El caso del Capitán Rafael Acosta Arévalo detenido 21 de junio del 2019 y torturado a manos de policías y militares hasta su muerte el 28 junio.

Las ejecuciones extrajudiciales superan las diez mil anuales. La FAES Fuerza de Acción Especial de la Policía Bolivariana tiene el infame record de ejecuciones en las barriadas populares recientemente denunciado por Human Rights Watch . De igual modo los otros dos instrumentos de represión y tortura: La DGCIM Direccion de Inteligencia Militar,

y CICPC Cuerpo Investigaciones Científicas , Penales y Criminalísticas

En todo este horripilante cuadro lo mas condenable es que la tortura es practicada sistemáticamente como política de estado. La llaman, “Sanción Ejemplarizante” para aterrorizar a los disidentes

Sin embargo a pesar de todo lo que les he narrado la próxima semana la corporación criminal de Maduro escondida detrás del nombre de Venezuela, se sentará como uno de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos, concebido para impedir que los Maduros de este mundo pudiesen colarse allí. Definitivamente no es una manera de celebrar los 75 años de las Naciones Unidas.

A quien apelamos como solicita la Alta Comisionada Bachelet?

El Consejo de Seguridad como cúpula política del mundo debería pronunciarse sobre el caso venezolano-pero no lo hace pues Rusia y China colaboradores de la corporación criminal de Maduro veta toda mención al caso. Ahora por los avances de Rusia en nuestro pais  nos están involucrando en una guerra fría.  Gracias a la iniciativa de Nikki Haley la ex embajadora de los Estados Unidos ante la ONU se celebraron dos reuniones en el Consejo de Seguridad sobre la crisis humanitaria bajo la “Formula Arria”, modalidad que me honra llevando mi nombre..

La Corte Penal Internacional en la Haya?

Lleva mas de dos años procesando información. La Fiscal Fatou Bensouda no muestra interés en tomar acción que permita al mínimo detener el proceso de destrucción de nuestro pais, de la espiral de violencia, de las ejecuciones extrajudiciales, de las torturas, del éxodo forzado que alcanza ya unos cinco millones de compatriotas.

A la Fiscal tampoco le ha sido suficiente el informe presentado por un panel de expertos internacionales independientes designado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que concluyó que existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Hasta el ex Fiscal Luis Moreno Ocampo participò en este proceso, al cual se sumaron las denuncias ante la Fiscal de los gobiernos de Canada, Argentina ,Chile Perú, Colombia, Paraguay y Costa Rica. Francia envío comunicación respaldando el informe.

Lamento decir que afortunadamente durante la tragedia sufrida por el pueblo Bosnio musulman, creamos en el Consejo de Seguridad del cual yo formaba parte, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia y se pudo procesar y condenar a los criminales Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic y el general Ratko Mladic, los carniceros de los Balcanes. Fui testigo de la Fiscalía contra ellos. Si estos procesos hubiesen estado a cargo de la Fiscal Bensouda no tengo dudas que estarían libres-y que Milosevic habría muerto en libertad.

El Secretario General de la ONU?

De acuerdo con la carta de las ONU Artículo 99, el Secretario General puede llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales lo cual debería ser suficiente para que el llamado de alarma de la Alta Comisionada Bachelet ”Antes que todo sea destruido” sea atendido por el SG.

Curiosamente el Secretario General Guterres consulta con grupos regionales como el Africano, sin embargo no lo hace con el Secretario General de la OEA a pesar de que Venezuela es el caso mas critico de nuestra región, al tiempo que continùa la tradición onusiana de  limitarse a insistir en negociaciones sin fin donde consideran como iguales a victimas y victimarios,  la equivalencia amoral que tantos muertos ha causado y sigue causando.

Lo contrario viene sucediendo en los ultimos cuatro años en la OEA donde su secretario general, Luis Almagro ha desenterrado una organización medio agonizante y nunca firme ante tragedias como la venezolana y la cubana. Almagro igual que el SG ONU  tiene la potestad para llevar a la atención del Consejo Permanente cualquier asunto que pudiese afectar la paz y la seguridad del Continente. No cabe duda que el Secretario General Almagro ha asumido con tal firmeza esta potestad, al punto que hoy a días de las elecciones en la OEA algunos países han depositado sus energías en impedir que Almagro siga al frente de la OEA, y con ello continúen las denuncias de regímenes como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, apoyando a otros candidatos con menos credenciales y poca estatura política. Por ello creo que en esta elección se juega en gran medida el rescate de la libertad para países como el mío.

Amigos todos;

Gracias a UN Watch y muy en especial a su líder Hillel Neur, hoy iniciamos oficialmente una Campaña Global que pretende que la Asamblea General de las Naciones Unidas suspenda como primer paso a la corporación criminal de Maduro del Consejo de Derechos Humanos, al que seguiría otro para la revocación de sus credenciales ante la ONU.

UN Watch me ha honrado designándome para presidirla campaña para lo cual me acompaña un pequeño grupo de extraordinarios voluntarios, sin lo cual este esfuerzo no seria posible. No es ni fácil ni sencillo lo que pretendemos pero nos anima que UN Watch iniciò una campaña similar en 2011 que facilito que en 2012 el regimen de Ghadafi fuese expulsado del CDH. Pero estamos conscientes de que para que nuestro legitimo reclamo tenga respaldo en la Asamblea General de la ONU debemos obtener el mayor numero de firmas en nuestra petición. Hoy la iniciamos con 126 mil firmas y vamos por el millón.Ayudennos.

En conclusión:

Muy sinceramente creo que los primeros que celebraran el éxito de la campaña será la mayoría de los países integrantes del CDH cuando los liberemos de la odiosa y repugnante presencia de la narco tiranía entre ellos, sin embargo no somos tan ingenuos para pensar que con nuestra campaña suspendiendo al narco tirano Maduro del CDH vamos a rescatar a nuestra libertad , pero si  conocemos la importancia de contar con una  opinión publica internacional bien informada de la  tenebrosa realidad venezolana. Eso pretendemos.

Ante este desolador panorama que en cualquier sociedad podría fulminarla al estar atrapada en un proceso de intimidación, de carencias de todo genero, de inseguridad, de desmembramiento familiar, la resignación puede acabar sellando la suerte de una nación. Y ante a ese peligro estamos.

Y no estamos blindados para que esto no nos ocurra. Pero para impedirlo es indispensable que generemos con urgencia la inspiración colectiva  nacional necesaria para decidir y asumir el precio que estemos dispuestos a pagar para rescatar nuestra libertad y refundar la república. El mundo necesita conocer a que estamos dispuestos hacer ahora, ya en el pasado dimos innumerables pruebas de valor y compromiso a un altisimo costo.

Finalmente les confieso que experimenté una fuerte experiencia personal durante la guerra en Bosnia que ha marcado mi vida. Que me demostró que a pesar de que por tres años denuncie que mientras los Serbios supiesen que nadie les pondría un dedo encima seguirían su carrera genocida, pero los miembros permanentes del Consejo de Seguridad insistieron por cuatro largos años en insterminables negociaciones que al final le costo la vida a mas de 200 mil bosnios musulmanes.

Atencion: Maduro y asociados piensan igual. Que nadie les pondrá un dedo encima. La comunidad internacional sabe que de ser así se perpetuaría la tiranía,

No se conoce un caso donde una corporación criminal ceda su poder graciosamente y menos aun cuando son tratados con toda deferencia y cordialidad  hasta por el propio SG ONU y se les invita a formar parte del CDH.

Amigos todos: Nunca nos rendiremos.

No puedo olvidar que todo lo que soy se lo debo a ser venezolano.

Porque me anima y me inspira recordar a tantos venezolanos que han dado su vida.

Aqui con nosotros Rosa Orozco, madre de Geraldine asesinada a sangre fria por guardias nacionales en una manifestación pacífica. Solo tenía 23 años, igual que mis hijas morochas

Por nuestros cientos de presos políticos.

Por nuestros compatriotas desterrados.

Por los jóvenes que les han impedido hasta soñar

Por todo, y para que no olvidemos  les recuerdo hoy a Václav Havel que decía:

“ No debemos tener miedo de soñar lo aparentemente imposible,

si queremos que lo aparentemente imposible se convierta en realidad.”

(We must not be afraid of dreaming the seemingly impossible, if we want the seemingly impossibly to become a reality)

Esa tarea nos toca a todos los venezolanos.

 

Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela – Consejo DDHH Naciones Unidas – 18 de Diciembre 2019

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Sesión informativa del Consejo de Derechos Humanos
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Ginebra, 18 de diciembre de 2019

Señor Presidente,
Miembros del Consejo de Derechos Humanos,
Excelencias,

Tras mi última actualización oral a este Consejo, el 20 de septiembre firmé una Carta de Entendimiento, junto con el Canciller del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que establece los términos de cooperación por un periodo renovable de un año. Esta Carta formaliza la presencia de dos oficiales de derechos humanos en Venezuela, concediéndoles acceso a todo el territorio, incluyendo a centros de detención.

Asimismo, la Carta de Entendimiento establece nueve áreas de cooperación técnica con instituciones del Estado, incluyendo la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas en el país.

Finalmente, contempla el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos.
Mi Oficina y las autoridades venezolanas han acordado un plan de trabajo conjunto para desarrollar las actividades de cooperación técnica. Para su implementación, se estableció un Comité de Coordinación inter-institucional que se reúne dos veces al mes, con gente de mi oficina.

En este contexto, mi Oficina organizó dos talleres de capacitación para funcionarios/as del Estado que guiarán, durante el segundo semestre de 2020, el proceso de creación de un mecanismo nacional de seguimiento de recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos y la adopción de una metodología participativa e inclusiva para la formulación del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos.

También hemos recabado información de los organismos de justicia, seguridad y sistema penitenciario, así como de la Defensoría del Pueblo, con el fin de proporcionar, a partir del primer trimestre de 2020, asistencia técnica en materia de prevención de la tortura, investigaciones de ejecuciones extrajudiciales y la situación relativa a los centros de detención preventiva.

Mi Oficina agradece la apertura de las autoridades para revisar el nivel de avance en las investigaciones de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operativos de seguridad y de las muertes en protestas de 2017.

Asimismo, mi Oficina toma nota de la nueva solicitud de las autoridades venezolanas al Relator Especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales y al Relator Especial sobre el derecho al desarrollo para que realicen una visita al país en 2020, e insta a las autoridades a que extienda la solicitud a un tercer mandato, con base a los compromisos acordados.

En los últimos tres meses mi Oficina ha realizado 9 visitas a centros de detención gestionados por el Ministerio de Servicios Penitenciarios y el Ministerio de Defensa. El equipo logró entrevistar de manera confidencial a más de 70 personas privadas de libertad. Agradezco la cooperación de ambos ministerios y reitero la solicitud de visitar los centros de detención de los servicios de inteligencia civil y militar en el corto plazo.

En el mismo periodo mi Oficina ha documentado 118 casos de personas privadas de libertad (109 hombres y nueve mujeres), que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación, y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena. Estos casos se han puesto a consideración del Comité de Coordinación inter-institucional.

Destaco la excarcelación en septiembre y octubre de 28 personas (24 hombres y cuatro mujeres) privadas de libertad por motivos políticos e insto a las autoridades a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a militares. Reitero mi llamada para que se continúe dando cumplimiento a las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y, en consecuencia, se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesens.

En este mes se inició el juicio por el intento de magnicidio contra el Presidente Maduro, por el cual están siendo juzgados 14 hombres y tres mujeres. En las primeras sesiones solo se permitió el acceso de las partes y algunos familiares a la sala de la audiencia. Restricciones similares se presentaron en la primera audiencia de juicio en contra del que era director del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero. Insto al poder judicial a garantizar el derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y el principio de publicidad.

Señor Presidente,
Excelencias,

La situación económica y social sigue afectando los derechos económicos y sociales. Según la CEPAL, en 2019 la economía sufrirá una contracción del 25.5%, alcanzando una pérdida acumulada del PIB del 62,2% desde 20131. A pesar de que en los meses recientes se ha registrado una mejoría en el abastecimiento de alimentos, tan sólo una minoría de la población con acceso a divisas puede cubrir regularmente los altos precios de los alimentos debido a la hiperinflación y la dolarización de facto de la economía.

A pesar que en octubre el Gobierno decretó un incremento del 375% del salario mínimo, éste ha perdido su poder adquisitivo frente a la canasta básica alimentaria en un 72.5% desde principios de 2019. El salario mínimo sólo cubre actualmente el 3.5% de la canasta básica alimentaria2.

Mi Oficina recibió información que señala que el escrutinio estricto (over-compliance) del sector financiero derivado de las recientes sanciones económicas sigue impactando negativamente en la economía y a los servicios públicos a todos los niveles. Se requiere mayor información oficial detallada para determinar el alcance preciso de las sanciones en la implementación de los programas sociales.

Continúan las fallas de los servicios públicos. Uno de los estados especialmente afectados es Zulia. Mi Oficina realizó una visita a Maracaibo en la que constató las larguísimas colas para comprar combustible y los cortes prolongados y reiterados de electricidad, que además afectan el suministro de agua. Los derechos a la salud y a la educación también han sido afectados, principalmente por falta de personal, infraestructura deficiente y falta de insumos. Millares de zulianos/as han migrado al extranjero o a la capital del país.

La situación de riesgo de niñas, niños y adolescentes es preocupante.  Una muestra de ello es el Hospital Pediátrico J.M. de los Ríos, donde el último mes se recibió información de la muerte de tres niñas del servicio de hematología y un niño del servicio de oncología.  De los 39 niños y niñas con necesidad de un trasplante de médula ósea, 15 se encuentran en una situación crítica.

Durante el mes de noviembre, Caritas informó que, en las parroquias más pobres de 19 estados del país, 11.9% de los niños y niñas muestran señales de malnutrición aguda – un alza de 56% en contraste con el 2018 – y que 32.6% tienen retardo en el crecimiento.  Caritas también informó que 48.5% de las mujeres embarazadas atendidas tienen deficiencias nutricionales.

Según el registro del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se han realizado16,439 protestas en lo que va del año. En los últimos tres meses, se han registrado 4,433 protestas, de las cuales la mayoría han sido lideradas por trabajadores/as del sector educativo, de la salud y de las industrias básicas, argumentando las malas condiciones laborales y la falta de insumos y equipamientos básicos en centros educativos y hospitalarios.

El 16 y 21 de noviembre se convocaron movilizaciones nacionales por la oposición, estudiantes y simpatizantes del gobierno. El despliegue de fuerzas de seguridad fue considerable en el contexto de las protestas convocadas por la oposición y los estudiantes. En algunos casos, las fuerzas de seguridad dispersaron a las y los manifestantes para impedir que se concentraran. Se registraron más de 20 detenciones en este contexto, de las cuales al menos cinco personas siguen detenidas en el estado de Lara.

Ante la ausencia de cifras oficiales públicas y actualizadas, el Observatorio Venezolano de Violenciaestimó una tasa de 60,3 homicidios violentos por cada 100,000 habitantes de enero a noviembre de 20193. Aunque ello implica una disminución respecto al 2018, constituye una de las tasas más altas de la región.

Reitero mi preocupación por los niveles de violencia que en los últimos meses también ha impactado en líderes políticos locales, como lo ilustran los asesinatos del ex concejal opositor Edmundo “Pipo” Rada Angulo y del ex gobernador oficialista Johny Yáñez Rangel.

Desde agosto a la fecha, mi oficina ha seguido documentando alegaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), principalmente en contra de jóvenes varones, en el contexto de operativos de seguridad en barrios marginales.

Recientemente el Fiscal General anunció que, de agosto de 2017 a la fecha, 770 funcionarios han sido acusados por violaciones a los derechos humanos, de los cuales 509 han sido imputados, 393 privados de libertad y 131 condenados. Según información compartida con mi Oficina, del total de condenados, al menos 55 oficiales lo han sido por el delito de homicidio en relación con 68 víctimas. Entre los oficiales condenados, 14 eran miembros de la Policía Nacional Bolivariana, sin especificar si formaban parte de las FAES.

Agradezco la información aportada por el Ministerio Público, la cual está siendo analizada por mi Oficina. Es importante conocer el número total de denuncias por violaciones a los derechos humanos presentadas ante el Ministerio Público en dicho periodo, incluyendo por supuestas ejecuciones extrajudiciales, para poder evaluar el impacto de la labor del Ministerio Público en esta materia.
Mi Oficina sigue registrando altos niveles de violencia y la presencia de grupos armados irregulares en el estado de Bolívar, involucrados en la explotación ilegal de recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco. Entre el 22 y 23 de noviembre, en la comunidad de Ikabarú, ubicada en el territorio indígena Pemón, fueron asesinadas ocho personas con armas de fuego, incluyendo un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, un indígena Pemón y un adolescente. El Ministerio Público anunció la detención de 13 presuntos responsables de la matanza, quienes serían miembros de una banda delictiva que buscaba apoderarse del territorio para practicar la minería ilegal.

Mi Oficina ha recibido información de que, con posterioridad a los hechos, varios miembros de la comunidad habrían huido del territorio por temor. Reconozco los esfuerzos de investigación realizados por el Ministerio Público y exhorto a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para proteger a las comunidades afectadas y desarticular los grupos armados irregulares presentes en la zona.

Sr. Presidente

La Plataforma de Coordinación de Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes de Venezuela estima que 4.7 millones de personas venezolanas han abandonado el país y proyecta que el número llegue a los 6.5 millones al final de 2020. Me preocupa el incremento de la migración irregular debido, por una parte, a los mayores requisitos de ingreso a algunos países de tránsito y destino, pero también, por las dificultades que las personas venezolanas están enfrentando en obtener su documentación de viaje.

Recientemente, las autoridades venezolanas incrementaron en un 70% los costos para expedir pasaportes, un costo equivalente a 54 salarios mínimos. Ha crecido la utilización de rutas más peligrosas y la exposición al tráfico y trata de personas. Mi Oficina recibió información de que entre abril y junio de 2019, 102 migrantes que se dirigían a las islas del Caribe en tres embarcaciones habrían desaparecido por razones aún no esclarecidas.  Hasta la fecha, se desconoce el paradero de 32 mujeres, 10 adolescentes, tres niños y 46 hombres.

Excelencias,

Mi Oficina ha seguido documentando actos y casos de restricción de libertades públicas, limitando el espacio cívico-democrático.
Hemos recibido denuncias de actos de hostigamiento, amenazas y detenciones por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad. Las manifestaciones de la oposición del 16 de noviembre fueron precedidas por actos de intimidación en redes sociales contra varios periodistas. El 19 de noviembre, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) allanaron la sede de un medio de comunicación en línea y detuvieron a la gerente de operaciones, quien estuvo más de diez días incomunicada y hasta la fecha, sigue detenida en la sede de DGCIM en Caracas.

La DGCIM también detuvo brevemente a tres periodistas y a sus conductores que estaban cubriendo el allanamiento de la sede del medio de comunicación.

Las organizaciones no gubernamentales siguen enfrentando restricciones. Mi Oficina ha observado que los procesos de registro de actas de organizaciones sufren atrasos importantes debido a la revisión exhaustiva de la documentación por las autoridades.

2020 será un año electoral. Es crucial garantizar las libertades públicas que son fundamentales para crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficas. En este sentido, me preocupan el levantamiento de la inmunidad de cinco diputados de la oposición, elevando el total a 30 diputados de la oposición despojados de inmunidad, así como los actos de hostigamiento contra representantes de la oposición, incluido el presidente de la Asamblea Nacional.

También me preocupan los llamados por parte de autoridades de alto nivel para seguir armando a las milicias, así como la presentación, ante la Asamblea Nacional Constituyente, de una propuesta de ley que fortalece e incorpora la milicia nacional a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Reitero mi llamad a las y los actores políticos en Venezuela a retomar las negociaciones para alcanzar una solución a la crisis política y económica y devolver la esperanza a la población. Mi Oficina sigue comprometida en contribuir a la mejora de la situación de los derechos humanos. Insisto en la importancia de establecer una presencia más amplia y consolidada en el país que nos permita avanzar la agenda de derechos humanos.

Gracias Sr. Presidente.

Véase el vídeo aquí.


1/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2019, República Bolivariana de Venezuela. Véase en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44674/179/EEE2019_Venezuela_es.pdf

2/ Centro de documentación y análisis para los trabajadores (CENDA). http://cenda.org.ve/default.asp

3/ Información compartida por el Observatorio Venezolano de Violencia. Publicarán un informe comprensivo el 27 de diciembre de 2019.

ONU: Consejo de DD.HH. anuncia misión de investigación sobre Venezuela – Voz de América – 4 de Diciembre 2019


El Consejo de DD.HH. de la ONU ha nombrado a los integrantes de la misión que investigará la situación en Venezuela.
El Consejo de DD.HH. de la ONU ha nombrado a los integrantes de la misión que investigará la situación en Venezuela.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dio a conocer los miembros que conformarán la misión que investigará las presuntas “ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas” cometidas en Venezuela desde 2014.

Según anunció emitido esta semana el presidente del Consejo, el embajador senegalés Coly Seck, la misión estará liderada por la abogada portuguesa Marta Valiñas, especialista en Derechos Humanos y quien desde 2014 ha trabajado en la fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Los otros dos integrantes del equipo son el abogado penalista chileno Francisco Cox, que dirigió la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, y el británico Paul Reis, del Instituto Europeo de la Paz.

“Los tres miembros, que servirán a título personal, se reunirán en las próximas semanas para determinar los primeros pasos a seguir: la estrategia, la metodología y el enfoque de investigación que emplearán para cumplir su mandato”, informó el Consejo mediante un comunicado.

En septiembre, el organismo de la ONU decidió enviar con urgencia una misión de un año al país suramericano, al tiempo que le hizo un llamado a las autoridades venezolanas a cooperar plenamente con la misma y a otorgarle “acceso inmediato, pleno y sin restricciones a todo el país, incluido a las víctimas y a los lugares de detención, y proporcionarle toda la información necesaria para cumplir su mandato”.

Por ello, está previsto que la misión presente sus conclusiones al Consejo en septiembre de 2020.

De acuerdo a la resolución emitida el año pasado, además de investigar ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, la misión también indagará “detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Diego Arria: «La principal agencia humanitaria de Venezuela es la diáspora» por Gabriela Ponte – ABC – 18 de Noviembre 2019

Diego Arria
Diego Arria – José Ramón Ladra

Impulsa una campaña internacional junto a UNWatch para expulsar al régimen de Nicolás Maduro del Consejo de Derechos Humanos

Venezuela consiguió con artimañas una silla en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El informe elaborado recientemente por la oficina de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, que detallaba con crudeza violaciones a los DD.HH., detenciones ilegales, torturas y asesinatos por el régimen de Nicolás Maduro, no impidió que la voluntad de 108 países concediera uno de los 47 puestos en el olimpo de los derechos humanos. La ONG UNWatch inició una campaña para expulsar a Maduro del Consejo de DD.HH. presidida por Diego Arria (Caracas, 1938), exembajador de Venezuela en la ONU, que conversó con ABC para explicar en qué consiste esa acción.

¿Qué consecuencias tiene la elección de Venezuela como miembro del Consejo?

Desprestigia a las Naciones Unidas porque, ¿cómo es posible que un régimen que comete sistemáticamente violaciones a los derechos humanos puede entrar al organismo que debe tutelar y vigilar dichas violaciones? Esto no favorece a la tiranía de Nicolás Maduro, porque no puede limpiarse dentro del Consejo el prontuario criminal que indica la propia Alta Comisionada. Yo creo que fue un error que Venezuela presentara su candidatura porque esto ha generado tal indignación mundial que nos ha llevado a crear una campaña para expulsarla del Consejo.

¿Por qué países como Venezuela, Cuba, China y Arabia Saudí están en el Consejo?

Anteriormente se necesitaban dos tercios de los votos para ser miembros del Consejo, eso lo cambiaron y ahora se necesita la mitad. Dos terceras partes eran imposibles para un país como Venezuela o Cuba, que hoy ocupan un lugar. Yo encuentro algo muy perverso dentro de la ONU: los grupos regionales. Venezuela pertenece al Grulac (Grupo latinoamericano y del caribe), con 35 países. Dentro del grupo hay un mercadeo de posiciones: te apoyo en el Consejo de Derechos Humanos y te doy a cambio mi apoyo en el Consejo de Seguridad o en la FAO. Ese mercadeo político lo sufren los países democráticos que tienen a los otros dentro de esos organismos.

¿Tuvo razón EE.UU. en 2018 cuando abandonó el Consejo porque «esa organización no merece ese nombre»?

Sí y no. Teníamos una posición para que no se retiraran porque desde adentro pueden ayudar más a la causa, pero había un problema ético de, ¿por qué vamos a pertenece a una organización amoral como esta?

Está presidiendo una iniciativa internacional junto a UN Watch para sacar a Maduro del Consejo.

Cuando sucedió la votación yo dije «Aquí no se ha perdido la guerra solo se perdió una batalla». UNWatch, una gran defensora de Venezuela en el Consejo,inició una campaña para suspender a Maduro del organismo. Al día siguiente, me ofrecieron presidirla.

¿Cuántas firmas se necesitan para que salga adelante?

No se necesita un número en específico. En el fondo lo que quiere generar es una opinión pública sobre todo en aquellos países que se han acomodado al voto de Venezuela por desconocimiento o por negociaciones para que cambien su voto. Teóricamente tenemos que cambiar los votos de diez países para que Costa Rica (el otro candidato) pueda ganar. Venezuela obtuvo 105 votos y Costa Rica 96 en las pasadas elecciones. Lo más importante es que si generamos el respaldo suficiente para suspender a Maduro, eso sería el equivalente a la fuerza para revocar la credencial de su gobierno en la ONU. Así quedaría desplazado de todos los organismos internacionales.

¿Cuentan con el respaldo del Gobierno de Juan Guaidó?

No, ha llamado mi atención que deberían ser los primeros que debían firmar la campaña era la Asamblea Nacional. Pero ni una palabra, lo cual te indica lo divididos que estamos porque toman distancia de una organización internacional que nos está ayudando. Es la misma distancia que han tomado con Luis Almagro porque decía cosas incómodas.

¿Qué persiguen ustedes con todo este esfuerzo?

El objetivo es unificar a la diáspora venezolana. Para mí es el componente más importante de la reserva internacional del país, que hasta ahora ha sido parcelada por los partidos políticos quienes han exportado sus problemas internos. El fin es el rescate de la libertad y eso es el elemento en común que debe unificar a los venezolanos, no el interés particular de cada partido. Afuera no debe haber protagonismo de nadie.

¿Cómo ve el futuro de Venezuela?

Para mí el futuro sin la diáspora será imposible. La diáspora venezolana es la principal agencia humanitaria que tiene Venezuela, son 2.500 millones de dólares, la de Cuba representa 6.000 millones. Hay gente que come o que tiene medicinas gracias a la diáspora. En el caso de los venezolanos, los que están fuera hacen mucho más que lo que están adentro. No se ha sabido apreciar el rol de la diáspora.

Se planteó una ruta para llegar a unas elecciones y ahora parece que cambió…

Guaidó no se debería poner una camisa de fuerza con respecto al uno, dos, tres (refiriéndose al cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres). Cuando uno va a negociar uno no puede anticipar cosas. Yo en el fondo creo que están en una especie de gobierno de transición porque se ha oficializado la cohabitación de dos gobiernos donde hay negociaciones para ir a unas elecciones presidenciales.

¿Parte de esa cohabitación es la inclusión de los diputados oficialistas que se habían retirado del Parlamento?

Eso es el resultado de las negociaciones entre Guaidó y el Gobierno de Maduro. El gobierno interino los aceptó y está negociando con ellos un nuevo Consejo Nacional Electoral. Eso va a tener una pésima receptividad en el país porque cuando hay falta de credibilidad y transparencia las sociedades no se activan.

¿Son posibles unas elecciones libres con Maduro en el poder?

Yo debo recordar que el año 2017 cuando tuvimos la oportunidad de formar un nuevo Consejo Nacional Electoral por tener mayoría en la Asamblea, el partido de oposición Un Nuevo Tiempo retiró a sus diputados y sabotearon la votación. Eso fue un error monumental porque desde hace dos años hubiésemos tenido un nuevo CNE. Esos mismos ahora son parte del gobierno que está eligiendo un nuevo órgano electoral. Estados Unidos, la OEA y la UE han dicho que sería un despropósito tener una elección con Nicolás Maduro pero ahora el gobierno interino parece aceptarlo.

¿A qué se debe el distanciamiento reciente entre Venezuela y el mundo?

Hemos reconocido que solos no podemos y estamos abandonando a los que nos pueden ayudar. Yo veo un golpe de Estado contra Guaidó desde el momento en que no lo juramentó el Parlamento, sino que se tuvo que prestar juramento él mismo, con lo cual tuvimos que explicarle al mundo lo que estaba pasando porque nadie lo entendía. No contentos con eso el verdadero presidente ejecutivo es Leopoldo López desde la Embajada de España y Juan Guaidó quedó para su rol de diputado y de portavoz del Parlamento. Un drama.

 

«Un Mundo Sin Mordaza» frente a la canallada de la ONU a la oposición venezolana por Paul Monzón – Periodista Digital – 8 de Noviembre 2019

La elección de Venezuela a mediados de octubre como un Estado Miembro del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período que inicia en enero de 2020, cayó como un jarro de agua fría en la oposición venezolana y en la opinión pública mundial.

Y es que nadie se explica cómo la ONU, que se supone -entre una de sus múltiples atribuciones- debe velar por los derechos humanos de cualquier nación del mundo, no lo hace con Venezuela.

Esta resolución viene a agravar más la situación socio-política del país llanero que hoy por hoy sufre una de las diásporas más apocalípticas que se haya visto jamás en el mundo; con presos políticos a los cuales no se les ha respetado sus derechos más fundamentales; con asesinados a diestra y siniestra; con persecución política, etc.

Pero aún así los 193 miembros de la Asamblea General eligieron a los dos puestos de América Latina y el Caribe: Brasil y Venezuela. ¡Vergüenza!

UN MUNDO SIN MORDAZA

El presidente de Un Mundo Sin MordazaRodrigo Diamanti, estuvo presente en la reunión de la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la sociedad Civil.

Diamanti se dirigió a la presidencia, expresando que todos los venezolanos estamos preocupados por la crisis que atravesamos, no solamente por las violaciones de derechos humanos, sino que además, Venezuela atraviesa la segunda crisis de refugiados más larga en este momento. Se espera que cinco millones de venezolanos se irán del país, y que para el próximo año esta cifra aumente a ocho millones.

Ante esta preocupación, le preguntó a la presidencia lo siguiente: ¿Cómo se incluyó la situación de Venezuela en la agenda del Consejo de Seguridad? Entendiéndose que la situación es la crisis de refugiados.

LA ONU «MIRA PARA OTRO LADO»

La respuesta de la presidencia fue que Venezuela no es el único caso en este momento en el Consejo de Seguridad en el mes de noviembre, aunque si se mantiene en revisión y que se ha discutido el caso de Venezuela en los últimos meses, sin embargo no ha habido un consenso en las últimas reuniones del Consejo de Seguridad sobre lo que ocurre en Venezuela.

Durante su misión como líder del Consejo de Seguridad en Colombia, le asombró el volumen de venezolanos haciendo de Colombia su casa y la cantidad que sigue llegando, también menciona la generosidad del pueblo colombiano de recibir a los venezolanos. La posición del Reino Unido es que Nicolás Maduro debe hacerse a un lado y que Juan Guaidó es el legítimo líder interino del país, es trágico que un país con tanta riqueza y gran capital humano esté pasando por esta situación y que para él es una tragedia. Cómo líder y parte del Consejo de Seguridad y como organización seguiremos buscando la vía para la solución del caso de Venezuela.

Cambio de verdad por Julio César Arreaza – La Patilla – 27 de Octubre 2019

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Entendemos la agonía del momento que vivimos y la imperiosa necesidad de la Unidad con mayúscula, haciendo gala de grandeza y abandonando cualquier cálculo mezquino, como medio eficaz para enfrentar y derrotar al narcorrégimen totalitario. Pero no es posible seguir tolerando y conviviendo con actores cuestionados, porque allí se alojará el virus que hará naufragar el rescate de la democracia. Las termitas se irán comiendo bocado a bocado la confianza alcanzada, con sucesión de escándalos. La historia es maestra de vida; sin darnos de jueces tenemos que ir practicando la justicia, si no lo hacemos, nos espera el ahondamiento de la incredulidad ciudadana.

La aspiración de la sociedad democrática, que se ha forjado en el duro trajinar y afirmación de los valores y principios del gentilicio, es ponerle la mano al futuro. Ella no saldrá a la calle para participar en unas elecciones pactadas en una cohabitación con los causantes de las atrocidades que destruyeron la república. Descarta ser comparsa de una transición que implique tal cohabitación, consciente de que eso retrasaría  la solución del drama; no desea compartir con los responsables de las 7.000 muertes anuales a manos de sus cuerpos policiales, mediante ejecuciones sumarias.

Es la misma sociedad que no entiende cómo la ONU permite una silla en el Consejo de los Derechos Humanos a quienes los han violado sistemáticamente. La que alza su voz para decir que la Organización de las Naciones Unidas no tiene que ver con la realidad, al taparse los ojos y no ver a los que niegan a la población los servicios básicos y desconocen la libertad de expresión cuando eliminan y coartan a los medios independientes. Es la misma que demanda un protocolo para ingresar a ese Consejo porque entiende que cualquiera no puede postularse y tiene que haber filtros. Y la que exige la convocatoria de una cumbre de seguridad hemisférica para impedir que las fuerzas de mal se reagrupen.

Es la que se niega a cohabitar con un régimen que recibe en calidad de héroe a Iván Márquez y está convicto y confeso en las candelas que se han prendido en América Latina. Que trabaja en la instauración de 4 Cubas en el continente y consiente el tráfico de personas, niños, órganos y cocaína; y quien usa como manual de navegación lo descrito en el libro Ilícito de Moisés Naím.

Se trata de la sociedad democrática que no aceptará una cohabitación con el régimen y que asocia su voz a la consulta elevada a la Corte de San José por el presidente Iván Duque, en cuanto a si la reelección indefinida es un derecho humano, o más  bien favorece a regímenes que han transgredido límites de la jurisdicción presidencial buscando perpetuarse en el poder a través de la captura del Estado y la eliminación de los contrapesos institucionales.

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