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Con el mazo dando¿Quién es Diosdado Cabello? por Xabier Coscojuela – Nueva Sociedad – Octubre 2019

Considerado parte de la «derecha endógena», Diosdado Cabello es una figura clave del régimen bolivariano. Desde la Asamblea Constituyente hasta su programa «Con el mazo dando», su discurso se conecta más con el viejo nacionalismo militar que con la tradición de izquierda.
Con el mazo dando  ¿Quién es Diosdado Cabello?

«Nicolás [Maduro] es mi hermano, es mi camarada, y somos hijos de Chávez». Estas palabras fueron dichas en 2013 y repetidas en innumerables oportunidades a lo largo de todos estos por Diosdado Cabello, número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La última vez, la mención la hizo durante su participación en el Congreso Internacional de Mujeres que se desarrolló en Caracas el pasado 20 de septiembre.

En la última aparición pública de Hugo Chávez el 8 de diciembre de 2012, Cabello estaba sentado a su derecha y Maduro a su izquierda. ¿Indicaba esto la ubicación «ideológica» de ellos dentro del chavismo? Al primero se lo señaló ya hace varios años el líder de la «derecha endógena» dentro de las filas del oficialismo. Por su parte, Maduro fue siempre un militante de la izquierda marxista. Y ambos encarnan los poderes dentro del chavismo. El extinto ex presidente se decantó por Maduro para su sucesión y los rumores de enfrentamiento con Cabello no han cesado desde ese momento pero, hasta ahora, en público han mostrado un total entendimiento.

Graduado en la Academia Militar de Venezuela en 1987 como el segundo de la promoción «general de brigada Tomás Montilla», conocida internamente como «Los Montilleros», Cabello no es un buen orador. Tampoco utiliza la fraseología típica de un líder de la izquierda marxista latinoamericana. Su discurso es más patria, dentro del enfoque nacionalista militar, que revolución. Muchas más frases hechas que ideas propias.

En la actualidad, uno de los integrantes de esta promoción, el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, es el comandante general del Ejército, lo que pone de manifiesto la importancia de sus compañeros de promoción. Cabello es también ingeniero de sistemas graduado en la Universidad Politécnica de las Fuerzas Armadas. Con el grado de teniente, participó en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Por este hecho pasó 22 meses preso en la cárcel de Yare, en el estado Miranda.Fue liberado gracias a la amnistía del presidente Rafael Caldera a los participantes en la acción militar. En diciembre de 2013, Maduro lo ascendió al rango de capitán, aunque desde 1993 está fuera de la Fuerza Armada Nacional como consecuencia de su actuación en el golpe fallido. Su esposa, Marlenys Contreras, se desempeñó hasta el pasado mes de agosto como ministra de Obras Públicas.

Cabello inició su andadura en el primer gobierno de Chávez en un cargo burocrático de segunda línea: director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).A partir de entonces su travesía ha sido larga y variada y siempre ascendente: fue vicepresidente de la República, gobernador, diputado raso, presidente de la Asamblea Nacional y, actualmente, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que se coloca por encima de todos los poderes constituidos.

Su paso por Conatel fue muy aplaudido por la dirigencia empresarial de las telecomunicaciones. Desde ese cargo, en 2000 impulsó la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones que fue calificada por expertos del área como la más moderna de América Latina, período en el cual asignaron las bandas del espectro radioeléctrico a empresas nacionales y extranjeras. Como vicepresidente de la República, en ocasión del golpe de Estado de abril de 2002 contra Chávez, tuvo un gran protagonismo. Aquella imagen en la que se lo ve entregándole el poder nuevamente a Chávez presagiaba un buen augurio. De ese cargo salió para ocupar el Ministerio de Interior y Justicia (2002-2003), de ahí siguió al Ministerio de Infraestructura (2003-2004), posteriormente fue electo Gobernador del estado Miranda para el período 2004-2008, luego aspiró la reelección y fue derrotado por Henrique Capriles Radonsky, un lunar que no pudo superar.

En el 2008 asumió el Ministerio de Infraestructura, más tarde denominado Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, cargo que ejerció hasta 2010. En ese lapso y simultáneamente fue director de Conatel, aunque en esta segunda oportunidad lejos quedó el funcionario alabado por el sector empresarial. En ese momento no tuvo ningún problema en cerrar 32 emisoras de radio alegando que no contaban con los permisos correspondientes. Aquella Conatel «neoliberal» fue mutando deun ente para regular las telecomunicaciones de una manera amplia a controlar de manera férrea los medios televisivos y radiales. Más adelante le fueron acrecentadas las funciones a ese organismo público para supervisar la web.

En el interior del chavismo no han faltado los detractores de Cabello. En 2008, el diputado Luis Tascón lo señaló como el líder de la «derecha endógena». Tan es así que a diferencia de otros líderes del chavismo, su relación con Cuba ha sido más bien reciente. De hecho, pasaron varios años para que Cabello fuera recibido en La Habana.

Pasaron varios años para que Cabello fuera recibido en La Habana.

En 2010 fue elegido diputado por el estado Monagas. La mayoría absoluta del Parlamento era del PSUV y Cabello fue designado presidente de una de las comisiones menos apetecidas de la Asamblea Nacional: la de Administración y Servicios. Dos años después era el presidente del Poder Legislativo, cargo que mantuvo por tres años (2015) hasta el final del período. Aunque en el chavismo se había acordado la rotación anual en la directiva del Parlamento, Cabello no cumplió el pacto. Sus adversarios internos, y quienes lo critican desde la oposición, le atribuyen un gran poder que le ha permitido escalar posiciones y mantenerse en la palestra. Ha sido acusado de corrupción y de contar con varios testaferros. En 2015, el capitán de corbeta Leamsy Salazar lo acusó de participar del negocio del narcotráfico.

La reproducción de esta información por tres medios venezolanos les valió una demanda penal y otra civil por parte de Cabello. Los jueces que vieron los casos fallaron a favor del líder del PSUV, lo que era de esperarse porque en la Venezuela chavista ningún tribunal, en ningún nivel, ha fallado contra el gobierno o sus dirigentes, al menos en los últimos 15 años.

El policía malo

Donde Cabello se desenvuelve a sus anchas es en el programa de televisión «Con el mazo dando», donde desde 2014 reparte «mazazos» a todo opositor que crea conveniente, sea venezolano o extranjero, para lo que no se priva de utilizar informes de inteligencia. El programa se transmite todos los miércoles y dura cinco horas. Hay música, videos con palabras de Chávez, por quien dice profesar un amor infinito, así como desmentidos a los medios de comunicación, todo con mucha agresividad y violencia verbal. El símbolo de dicho espacio es un garrote y en el programa Cabello se muestra como el más duro de los chavistas. El más radical contra la oposición. El policía malo de la película. Pareciera que disfruta con ese rol. No tiene ningún problema en rechazar cualquier posibilidad de entendimiento.

De hecho, ni él ni ninguno de los dirigentes que se identifica con Cabello ha estado presente en los diálogos que ha mantenido el gobierno de Maduro con la oposición. No asistió a los que se produjeron antes del llevado a cabo en República Dominicana ni tampoco al que promovió el gobierno de Noruega a través de varios encuentros en Barbados. Ni siquiera tuvo presencia en el último que sostuvo el gobierno con el sector más moderado de la oposición.

Sin embargo, Cabello sí se habría reunido con representantes del gobierno de Estados Unidos, según información de la agencia AP divulgada en agosto pasado y desmentida por el presidente de la Asamblea Constituyente, quien afirmó que no tendría inconveniente en reunirse con «quien fuera» siempre que para ello contara con la autorización de Nicolás Maduro. Los encuentros tendrían que ser en Venezuela y sería para tratar temas de interés nacional y no personal, agregó Cabello.

Días después, Maduro reveló que había autorizado a varios de sus colaboradores más cercanos a sostener encuentros con representantes del gobierno de Donald Trump, pero no mencionó entre ellos a Cabello. De esta manera precisó que el presidente de la Constituyente no estaba autorizado para hablar en su nombre.

El autoritarismo, que ya demostró cuando presidió la Asamblea Nacional, es exhibido con fruición en ese programa. Recordemos que en 2013, luego de las elecciones presidenciales en las que resultó electo Maduro, Cabello preguntaba a los diputados opositores que pretendían tomar la palabra en el Parlamento si reconocían a Maduro como presidente. Si la respuesta era negativa, al diputado no se le permitía hablar. Un cuartel en el Parlamento.

El programa televisivo que conduce es un compendio de violaciones de la Constitución y de las leyes. En el mismo, militares activos uniformados manifiestan su inclinación político partidista –lo que está prohibido constitucionalmente–, se reproducen grabaciones de conversaciones telefónicas o de videos obtenidas sin orden judicial, se presentan «pruebas» aportadas por la Fiscalía, o se ordena la detención de algún ciudadano. El último de los casos es el del ingeniero Wiston Cabas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, quien había declarado que en cualquier momento se produciría un nuevo apagón eléctrico nacional. Sus pronósticos se cumplieron a finales de julio de 2019. Cabello afirmó que Cabas no era vidente para saber lo que iba a pasar y pidió que lo investigaran. La Dirección de Contrainteligencia Militar fue a detenerlo pero al no hallarlo apresaron a su hijo, Arnaldo José Cabas.

De su dureza también son víctimas funcionarios internacionales. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) nunca es llamado por su nombre, Luis Almagro, sino «Almugre». Al Grupo de Lima lo denomina como «el cartel» de Lima. Michelle Bachelet también ha sido blanco de los ataques de Cabello luego de conocerse el informe presentado por ella el pasado 5 de julio, donde dejaba constancia de las graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos en las que ha incurrido el gobierno de Maduro. En dicho reporte, Bachelet reservó un apartado especial para el programa televisivo de Cabello al que denunció por aumentar la retórica de persecución y descrédito contra los opositores al régimen bolivariano.

El presidente de la ANC respondió a Bachelet con su tradicional elegancia. Afirmó que dicho informe no le quitaba el sueño, que él se había reunido con la Alta Comisionada como un favor, que el informe lo habían redactado en Estados Unidos y que era un chantaje. Sus palabras contra la ex presidente socialista de Chile son una demostración del daño que ha producido su informe en la imagen internacional del chavismo. El candidato presidencial peronista argentino Alberto Fernández marcó distancia de Maduro basándose en las denuncias de Bachelet.

Ese rechazo también se manifestó en la última reunión del Foro de Sao Paulo reunido en Caracas en julio pasado, cuando en la declaración final el informe de Bachelet no fue nombrado. Se conoció que los representantes del Frente Amplio de Uruguay tenían la orden de oponerse a cualquier rechazo al informe Bachelet y el Partido Socialista de Chile no envió a ningún representante a la reunión.

Bajo control de Maduro

Dos hechos relativamente recientes dejan ver que el poder de Cabello en el ámbito interno del PSUV llega hasta donde Maduro lo permite. En 2017 fue elegida la Asamblea Nacional Constituyente y en el proceso de su elección el gobierno violó la Constitución en al menos dos oportunidades. La primera, al no consultar con los ciudadanos si estaban de acuerdo con su convocatoria. La segunda, al pasar por encima del principio de un ciudadano un voto y diseñar un sistema electoral que sobre representaba a la minoría, lo que hacía inútil cualquier esfuerzo de la oposición por participar en la elección de los constituyentes.

Dicha Constituyente fue elegida como un súper poder que podía disolver la Asamblea Nacional, modificar la conformación del Tribunal Supremo de Justicia, elegir, como en efecto lo hizo, el fiscal general de la República y el defensor del pueblo. En teoría tendría más poder, incluso, que el presidente de la República. Entre los elegidos, el constituyente con mayor liderazgo era Cabello, por lo que parecía lo más coherente que fuera él quien presidiera la ANC. Eso para algunos significaba que sería el hombre con mayor poder en el país. Sin embargo, cuando llegó el momento de la elección, Maduro demostró tener más capacidad de fuego interno e impuso a Delcy Rodríguez –la actual vicepresidente– para encabezar la Constituyente.

El segundo episodio se produjo el 12 de agosto de 2019.El líder opositor Juan Guaidó, nombrado por la Asamblea Nacional «Presidente encargado», aseguró que la Constituyente iba a adelantar las elecciones parlamentarias para finales de este año, aun cuando el período legislativo vence en diciembre de 2020. La sesión de la Constituyente fue convocada para un día lunes, algo totalmente inusual. Cabello había declarado que la Asamblea Nacional podía ser elegida los primeros días del año 2020 y comenzar su período de sesiones en enero de 2021, pero cuando se inició la sesión el tema fue debatido pero para negar la convocatoria de las referidas elecciones. Ese mismo día, en horas de la noche, Maduro anunció la remoción de Marlenys Contreras, esposa de Cabello, del ministerio de Obras Públicas.Había permanecido en gabinete desde abril de 2015.

La procesión anda por dentro del chavismo pero, hasta el momento, la disputa ha sido controlada de cara a la opinión pública. Sin duda Cabello tiene una cuota importante de poder, pero a la hora de la verdad, sigue siendo el segundo del chavismo, bajo control de Maduro.

La Relatoría Especial condena cierre de Radio Caracas Radio 750 AM, censura de canales de televisión, restricciones en internet y la detención de periodistas en Venezuela – Provea – 15 de Mayo 2019

Washington-D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el cierre de la Radio Caracas Radio-750 AM y manifiesta su profunda preocupación por los permanentes mecanismos de censura impuestos en Venezuela a medios tradicionales, señales de televisión por suscripción, bloqueos de plataformas, redes sociales y restricciones en el acceso a internet. En el marco de las protestas iniciadas a partir del 30 de abril de 2019 en Venezuela, las autoridades estatales también han intensificado las agresiones, detenciones y expulsión de corresponsales extranjeros.

Según la información disponbile, el 30 de abril durante la cobertura de la denominada “Operación Libertad” y la realización de protestas iniciadas ese día, Radio Caracas Radio 750 AM, la estación de radio privada más antigua de Venezuela, fue notificada del cese inmediato de sus operaciones por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), debido a la negativa de la renovación de la concesión. La emisora había solicitado renovar su concesión en el año 2002, pero hasta la fecha nunca se le había dado respuesta a la solicitud. Organizaciones de la sociedad civil informaron que bajo esta modalidad -permiso provisorio- se encuentran la mayor parte de las emisoras privadas, debido a lo cual los funcionarios amedrentan y controlan su línea periodística.

Asimismo, la Relatoría Especial tomó conocimiento de que CNN en inglés y BBC Mundo, fueron bloqueadas en la televisión por suscripción por orden de Conatel. Ambas señales fueron bloqueadas inmediatamente después de que transmitieran un video mostrando tanquetas militares atropellando a manifestantes en la ciudad de Caracas. CNN y BBC permanecerían fuera del aire, al igual que los canales en español de la mayor parte de las cadenas lationoamericanas, bloqueados por orden estatal desde 2016.

Al respecto, la Relatoría Especial ha establecido que, si bien el Estado tiene la atribución reglada de administrar el espectro radioeléctrico, esta potestad nunca debe ser utilizada para presionar, premiar o castigar a un medio en función de su línea editorial o su posición respecto del gobierno de turno. Los procesos de adjudicación, revocación y renovación de licencias debe estar establecidos por una ley y guiados por criterios objetivos, claros, imparciales, públicos y compatibles con una sociedad democrática; el proceso debe ser transparente; la decisión que conceda o niega la solicitud debe estar debidamente motivada; y estar sometida a un adecuado control judicial.

«El cierre de medios de comunicación como castigo por mantener una línea editorial crítica, así como el bloqueo de señales para evitar el acceso a información de interés público, suprime de manera arbitraria el derecho de todos los venezolanos a expresarse  y a recibir información plural, y constituye además una forma de censura», afirmó Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

La Relatoría también recibió información relativa a que ABA CANTV, el proveedor estatal de internet en Venezuela, habría bloqueado o restringido el acceso a distintos websites y plataformas de redes sociales, incluyendo Twitter, Facebook, e Instagram. Asimismo, se habría bloqueado o restringido el acceso a YouTube y sitios de búsqueda de información como Google, Bing y Periscope (servicio de videos en vivo). Según información de público conocimiento, la conectividad a los servicios de internet habría sido restablecida de manera intermitente, en particular, el 1 de mayo, en momentos previos a un discurso emitido por Nicolás Maduro, y restringidos nuevamente alrededor del momento en el que Juan Guaidó, presidente encargado por la Asamblea Nacional, emitiría un discurso en Caracas. Además, el 7 de mayo la Guardia Nacional habría impedido el acceso a los periodistas acreditados a la sesión de la Asamblea de día.

La Relatoría ha resaltado que la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación, por lo que las restricciones y el bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema—análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión—. Dichos bloqueos o restricciones no pueden justificarse, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional, y no pueden utilizarse como medidas de censura o como mecanismos para impedir el acceso a la información de la población.

Por otro lado, la Relatoría Especial ha recibido información de distintas restricciones a la actividad periodística. En tan solo un mes, al menos diez periodistas resultaron heridos mientras cubrían las manifestaciones públicas y varios detenidos. En tanto, 11 periodistas y corresponsales extranjeros de prensa fueron detenidos y varios de ellos expulsados del país.

La Relatoría también denuncia, como de la mayor gravedad, la situación del locutor Junior Muñoz, detenido el 30 de abril mientras reportaba durante una concentración que se realizó en Punta de Mata, estado Monagas. Muñoz es director y locutor de la emisora OStereo 99.7 FM de Punta de Mata y tenía un programa de opinión matinal, donde hizo críticas contra Nicolás Maduro y sus funcionarios, entre ellos el alcalde de Zamora, Raúl Brazón. El periodista a la fecha permanece detenido y sin haber sido sometido a proceso.

La Relatoría recuerda que el Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales.

En este sentido, la Relatoría Especial hace un llamado urgente a las autoridades con el fin de que se reestablezca la transmisión de la emisora Radio Caracas Radio y de los canales de televisión retirados del aire y cesen las medidas de censura contra los medios de comunicación en Venezuela. Asimismo, insta al Gobierno a abstenerse de bloquear y restringir el acceso a sitios web y redes sociales, y a proteger y garantizar los derechos a la vida e integridad de las personas manifestantes y de los comunicadores de prensa que cubren dichas manifestaciones. Finalmente, la Relatoría exhorta al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de las labores de los comunicadores sociales de manera libre e independiente, así como para garantizar el derecho de acceso a la información de la población venezolana.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Libertad de Internet en Venezuela ha empeorado por restricciones de acceso, bloqueos y violaciones de DDHH por Freedom House – La Patilla – 1 de Noviembre 2018

La libertad de internet de Venezuela se deterioró aún más durante el año pasado debido a la disminución de la conectividad a internet, la censura en línea más audaz y las represalias contra los reporteros de noticias importantes y los usuarios de las redes sociales.

Los cambios políticos dirigidos a fortalecer el gobierno en el poder, como la instalación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 2017, fueron acompañados por nuevas leyes que restringen la libertad de expresión y la privacidad. La Ley contra el Odio por la Paz, la Convivencia y la Tolerancia (Ley contra el Odio) impuso duras penas de prisión de hasta veinte años por incitar al odio, incluso en las redes sociales. Un reglamento emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) amplió los requisitos de registro para los usuarios de teléfonos fijos y móviles, obligando a los operadores a mantener un registro de los datos de los usuarios y proporcionarlos a los agentes de seguridad del estado que lo soliciten, sin una orden judicial.

En el período previo a las elecciones presidenciales de mayo de 2018, las sospechas rodearon la implementación masiva del “Carnet de la Patria” ( Tarjeta de la  Patria ), un documento de identificación electrónica para canalizar la ayuda social, como declaraciones de funcionarios del gobierno (incluido el Presidente Maduro) implicaba que los datos recopilados a través del sistema se utilizarían para monitorear y presionar a los votantes. 1  El portal dedicado patria.org.ve se convirtió en el quinto sitio más consultado en Venezuela, según Alexa, 2  y un estudio mostró que la cuenta de Twitter @CarnetDLaPatria se usó como un canal para promover la candidatura de Maduro. 3

El deterioro y la baja calidad de los servicios de telecomunicaciones continuaron limitando severamente el acceso amplio e ilimitado a Internet en Venezuela. Las medidas proactivas para limitar el acceso a sitios críticos para el gobierno también han impactado la esfera en línea: los sitios web continuaron siendo bloqueados selectivamente durante eventos específicos y los medios digitales independientes y las cuentas de redes sociales continuaron experimentando ataques cibernéticos frecuentes.

Los reporteros de los medios digitales con frecuencia enfrentaron amenazas, ataques, detenciones arbitrarias y el robo y confiscación de sus equipos mientras cubrían eventos políticos o protestas. Tres editores y un periodista del  sitio  web de investigación Armando.Info abandonaron el país luego de recibir amenazas y ser demandados por publicar un informe que reveló un caso de corrupción. 4  Braulio Jatar, editor del sitio web de noticias  Confidential Report , fue incautado en septiembre de 2016 y permaneció bajo arresto domiciliario desde mayo de 2017. Aunque dos usuarios de Twitter encarcelados desde 2014 fueron liberados con medidas de precaución, 5  este tipo de detención arbitraria continúa. 6

Obstáculos para el acceso:

Las suscripciones a internet y móviles han disminuido con la crisis económica de Venezuela. Las fallas frecuentes del servicio de Internet y las conexiones de mala calidad también continuaron dificultando el acceso confiable a Internet. Durante el período de cobertura, los usuarios en diferentes estados informaron averías en el servicio que duraron varias horas. Los usuarios también informaron problemas para acceder a ciertos sitios de redes sociales en junio de 2017, y nuevamente en enero de 2018. En noviembre de 2017, los proveedores de servicios de Internet finalmente fueron autorizados para aumentar las tarifas, pero este aumento no fue suficiente para cubrir sus demandas y mantener la infraestructura.

Disponibilidad y facilidad de acceso

La crisis económica de Venezuela, marcada por los controles de moneda extranjera y la hiperinflación, ha obstaculizado la infraestructura de telecomunicaciones del país y la calidad del acceso a internet. La adopción de Internet en el país prácticamente se ha estancado durante los últimos cuatro años. 7

Por primera vez en 2016, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) registró una disminución en el porcentaje de personas que utilizan Internet, cayendo al 60 por ciento. 8  Según cifras oficiales, alrededor del 62 por ciento de los venezolanos usaron internet en 2017. Las cifras de penetración móvil también disminuyeron, pasando de 102 por ciento en 2012 a 81 por ciento en el tercer trimestre de 2017. 9  Diferencias en el acceso a internet entre la capital y las zonas rurales Las áreas han reforzado una importante brecha digital en Venezuela. Estados como Nueva Esparta han visto disminuir la penetración en al menos tres puntos porcentuales.

Las velocidades medias de conexión se mantuvieron estancadas. Según la CEPAL, los países con el porcentaje más bajo de conexiones de alta velocidad en América Latina son Paraguay y Venezuela con alrededor del 0.2 por ciento de las conexiones de más de 10 Mbps y alrededor del 0.1 por ciento de las conexiones por encima de los 15Mbps. 10 Algunos proveedores, como IPNet, ofrecen velocidades de hasta 100 Mbps en ciertas áreas de Caracas. Entre esta minoría de élite con acceso a conexiones superiores, pequeñas iniciativas de televisión en línea como Vivo Play y VPITv también han ganado usuarios. 11

Los usuarios continuaron denunciando problemas recurrentes de conectividad. 12 pequeñas ciudades provinciales han sido particularmente afectadas, con apagones que duraron varios días. 13  Dado que los materiales como el cable y el cobre se venden en el mercado internacional a altos costos, las compañías han enfrentado robos y vandalismo en sus estaciones con altos costos de reemplazo de equipos. 14  En agosto de 2017, la empresa estatal Movilnet informó que unos 7 millones de suscriptores móviles se vieron afectados por fallas en el transcurso de 36 horas. El presidente de Movilnet culpó de tales fracasos a actos de sabotaje que pretendían desestabilizar el país, aunque las agencias de seguridad aún no habían reportado ningún arresto por este caso. 15 En enero de 2018, se informó de una falla general de los servicios de teléfono e internet en al menos 12 estados simultáneamente. 16  En un período de solo 10 días durante marzo de 2018, el grupo de monitoreo de la libertad de prensa Ipys Venezuela recibió 198 informes de fallas de Internet y teléfonos móviles en 22 estados. El proveedor estatal de servicios de internet CANTV fue el operador con más fallas. 17

La crisis eléctrica del país también ha provocado cortes de energía y racionamiento que afectaron la conectividad a internet. 18  A principios de 2018, dos cortes de energía impactaron la ciudad capital de Caracas. 19  En abril, la segunda ciudad más grande de Venezuela, Maracaibo, sufrió fallas de hasta 14 horas durante varios días. 20  Mientras los críticos sostienen que provienen de una falta de inversión y una planificación deficiente, 21  el gobierno ha culpado a algunos de estos apagones por actos de sabotaje contra el sistema eléctrico. 22

Las redes públicas, como las de las universidades estatales, también enfrentaron dificultades para mantener los servicios de Internet debido a déficits presupuestarios. 23  Los desafíos de conectividad fueron particularmente agudos para las pequeñas universidades en las ciudades provinciales. Por ejemplo, una universidad pasó dos años sin servicios de electricidad e internet debido al robo de cableado subterráneo. 24

Aunque el ISP principal, el estatal CANTV, dejó de publicar sus tarifas en su sitio web, 25  en noviembre de 2017, anunció un alza de precios del 350 por ciento para su servicio de banda ancha fija (ABA) más popular de 1.5 Mbps ilimitados. Pasó de VEF 792.68 a VEF 3,462.00. El plan más caro de 10 Mbps tuvo un aumento de precio cercano al 100 por ciento, yendo de VEF 7,791.66 a VEF 15,702.40. 26  El plan más barato representaba el 3 por ciento del salario mínimo en ese momento (VEF 136,543.40), 27  mientras que el plan más caro excedía el 10 por ciento. El plan de datos y teléfono móvil más barato de Movilnet aumentó en más del 2,000 por ciento, de VEF 288.60 a 6,781.00. 28 A pesar de los aumentos, Digitel eliminó algunos planes de datos en marzo de 2018. Según un representante de la compañía, estaban vendiendo servicios a US $ 0,0006, lo que les cuesta $ 5 por mes. 29

Al considerar estas cifras en dólares, al tipo de cambio de ese momento, cuando ya se había eliminado la antigua tasa DICOM 30  y la única referencia era la del mercado negro a 44,347.76 VEF por dólar, 31  ambos planes representarían US $ 0.078 y US $ 0.35 mensuales respectivamente. Además de la tasa del mercado negro, a principios de 2018, la nueva tasa DICOM de Venezuela (conocida como “DICOM II”) se convirtió en la única tasa de cambio flotante “oficial”, con una tasa de cambio de aproximadamente 25,000 VEF por dólar en su primera subasta. 32  La brecha entre la nueva tasa y la tasa del mercado negro siguió siendo significativa. 33

Una disminución en el poder adquisitivo debido a la situación económica también había afectado el consumo de TIC. 34  Si bien es casi imposible realizar cálculos precisos en una economía con controles de intercambio  e hiperinflación, los teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, PC y otros dispositivos de TIC son prohibitivos para la mayoría de la población. El teléfono celular más barato cuesta tres salarios mínimos; los costos más caros 66. Se ha calculado que para comprar un iPhone, un venezolano necesita un salario mínimo de 12 años. 35 La escasez de dispositivos de TIC prevalece y los pocos productos que terminan en el mercado tienen un precio del dólar libre, que fue más de VEF 1.253.684,21 a US $ 1 en mayo de 2018. Por otro lado, a pesar de la escasez de equipos, funcionarios gubernamentales Han regalado treinta mil teléfonos inteligentes “para difundir información sobre la gestión social del presidente Nicolás Maduro”. 36

En octubre de 2017, China lanzó el tercer satélite venezolano “Antonio José de Sucre”, que se unió al “Simón Bolívar”, lanzado el 29 de octubre de 2008, y el “Francisco de Miranda”, lanzado el 28 de septiembre de 2012. Si bien el nuevo Las funciones supuestas de los satélites incluyen el monitoreo de desastres y la planificación urbana, los observadores han expresado su preocupación por la falta de transparencia y supervisión de tales proyectos. 37

Restricciones en la conectividad

El estado posee la mayoría de la infraestructura de la red troncal nacional a través de CANTV. 38  El gobierno discutió los planes para establecer un punto de intercambio de Internet (IXP) en 2015, pero no ha indicado si avanzará con este plan en el futuro. 39

Si bien los paros y la aceleración deliberados pueden parecer prácticamente innecesarios, dado el estado de la infraestructura del país y el robo del cableado de cobre y los cables de fibra óptica (consulte “Disponibilidad y facilidad de acceso”), los usuarios informaron problemas temporales para acceder a ciertas redes sociales y videos. Plataformas durante el periodo de cobertura de este informe. El 28 de junio de 2017, los usuarios de varias ciudades informaron que plataformas como Twitter, Facebook, Instagram, Periscope y YouTube estaban inaccesibles durante aproximadamente una hora. La ONG  Venezuela Inteligente  notó que los servidores DNS de CANTV no respondían a las solicitudes de DNS para estos sitios, y que Movistar también comenzó a bloquear Twitter brevemente. 40 También en enero de 2018, los usuarios de CANTV y Movilnet informaron problemas al acceder a Instagram y a ciertos sitios web de noticias (consulte también “Bloqueo y filtrado”). 41

Mercado de las TIC

Aunque hay proveedores privados, el estado domina el mercado de las TIC. Como política gubernamental, uno de los objetivos del Segundo Plan Socialista para el Desarrollo Económico y Social de la Nación (2013-2019) es que Venezuela alcance “niveles no vitales” de conexiones con las redes de comunicación e información “dominadas por neo -Colonial poderes.” 42

Las compañías de telecomunicaciones han luchado para mantenerse financieramente sostenibles durante la crisis económica, una situación que corre el riesgo de deteriorarse aún más, según representantes de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (CASETEL). Los controles de moneda extranjera han impedido a las empresas privadas repatriar sus ganancias y acceder a la moneda extranjera necesaria para la inversión, lo que ha provocado un deterioro de sus servicios. También creó una barrera sustancial para las nuevas empresas que podrían buscar ingresar al mercado. Además, la falta de dólares para pagar las importaciones ha contribuido a la escasez de equipos. Los servicios de telecomunicaciones, a su vez, sufren precios altamente distorsionados. 43  En julio de 2016, el gobierno suspendió un aumento en las tarifas de los servicios de telecomunicaciones;44  lo mismo ocurrió en agosto de 2017. 45  Mientras que los PSI finalmente fueron autorizados a aumentar sus precios en noviembre de 2017, 46  expertos sostienen que estos aumentos son insuficientes para mejorar la infraestructura y el crecimiento. 47

Según cifras oficiales, casi el 69 por ciento de los usuarios accede a Internet a través de ABA (Acceso de banda ancha) de CANTV. El resto de la población accede a internet a través de uno de varios proveedores privados de telecomunicaciones. Inter, que representa casi el 9 por ciento del mercado, Inter es el segundo ISP más utilizado, aunque ofrece servicios solo en las principales ciudades. Tres grandes actores dominan el mercado de internet móvil del país: Movilnet, de propiedad estatal (29 por ciento), Movistar de Telefónica (54 por ciento) y Digitel, de propiedad local (17 por ciento). 48 Digitel y Movistar son los principales operadores de redes LTE, una tecnología que no se ha utilizado completamente debido a la escasez de teléfonos inteligentes. 49

Cuerpos reguladores

CONATEL es la entidad responsable de regular y otorgar licencias al sector de las telecomunicaciones y depende administrativamente del Ministerio de Información y Comunicación. La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Digitales (Resorte-ME)  otorga al organismo regulador el poder de tomar decisiones sobre el bloqueo o la eliminación de contenido y sancionar a los proveedores de servicios, una capacidad que ha ejercido sin otorgar el debido proceso. a las partes afectadas (ver “Bloqueo y filtrado”). 50

Durante el período de cobertura del informe, el Presidente Maduro nombró a un nuevo Ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien se desempeñó como Alcalde de Caracas y anteriormente ocupó los cargos de Vicepresidente de la República y Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). Maduro también nombró a un militar, el coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Jorge Elieser Márquez como nuevo director de CONATEL.

Mientras que el Artículo 35 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece la autonomía operativa y administrativa de CONATEL, el Artículo 40 establece que el presidente tiene el poder de nombrar y destituir al director de la agencia y a los otros cuatro miembros de su junta directiva, 51  destacando la falta de independencia de CONATEL de la Junta Directiva. ejecutivo.

Límites de contenido:

El estado de emergencia se extendió en mayo de 2017 y aumentó la preocupación por el aumento de las restricciones en el contenido en línea en medio de la agitación política. Una nueva ola de bloqueos apuntó a fuentes de noticias en línea durante el año pasado, y  las plataformas de medios sociales también fueron atacadas temporalmente Los procedimientos de bloqueo carecen de transparencia y las vías de apelación, y los grupos de derechos digitales sospechan que muchos más sitios están bloqueados. Mientras tanto, una nueva ley contra el discurso del odio hace que las plataformas intermedias y los sitios web sean responsables del contenido publicado por terceros, lo que requiere que eliminen el contenido que contenga el discurso del odio dentro de las seis horas posteriores a la publicación o las multas. 

Bloqueo y filtrado

Si bien los sitios web de varias organizaciones de defensa y de derechos humanos son en su mayoría accesibles,  una nueva ola de bloqueos se dirigió a las fuentes de noticias en línea durante el año pasado. Las organizaciones de derechos digitales, así como los diputados de la Asamblea Nacional, han denunciado la falta de transparencia de los procedimientos de bloqueo que no se hacen públicos ni ofrecen vías de apelación. El bloqueo ha sido implementado por los proveedores estatales CANTV y Movilnet, pero también por empresas privadas como Movistar y Digitel. 53

Los datos presentados por Venezuela Inteligente muestran que los sitios bloqueados incluyen los relacionados con las tasas de cambio (36 por ciento), los medios de comunicación (32 por ciento), los sitios de juego (16 por ciento), las redes sociales y las herramientas de comunicación (12 por ciento) y los blogs (4 por ciento). ). 54  En junio de 2018, también se bloquearon tres grandes sitios de pornografía, 55  una medida que, según algunos analistas, podría ser reducir el consumo de ancho de banda o probar bloques para otros sitios. 56  Como resultado de tales bloqueos, los usuarios han recurrido cada vez más a herramientas para ayudar a sortear la censura del gobierno. A fines de junio de 2018, sin embargo,  surgieron 57 informes de que CANTV había bloqueado el acceso a la red Tor, una herramienta que permite a los usuarios navegar de forma anónima. 58

El 15 de enero de 2018, los usuarios de las redes sociales informaron que medios digitales como  El Nacional, El Pitazo  y  La Patilla , eran inaccesibles a través de CANTV y Movilnet. 59  Este incidente coincidió con una operación policial contra el ex policía pícaro Oscar Pérez. 60  Durante la redada que terminó en un tiroteo mortal, Pérez estaba publicando los incidentes en Instagram, que al parecer también era inaccesible. 61  Pérez había sido buscado tras secuestrar un helicóptero y disparar contra la Corte Suprema de Justicia en junio, pidiendo un levantamiento contra el gobierno. 62

Algunos medios de comunicación como  El Pitazo  sufrieron casos recurrentes de bloqueo en algunas partes del país. El 10 de abril de 2018, IPYS Venezuela y OONI confirmaron que dos dominios asociados con  El Pitazo  estaban bloqueados por al menos cinco ISP en redes fijas y móviles, en al menos 15 estados del país. Anteriormente, en septiembre de 2017, CANTV y Digitel habían impedido el acceso al dominio original del sitio de noticias (elpitazo.com). Movistar se unió a la medida en noviembre de 2017. 63  En ambos casos, utilizaron el bloqueo de DNS sin ninguna orden judicial conocida ni un procedimiento administrativo. 64 Si bien se encontró que los sitios estaban bloqueados principalmente por medio de DNS, el 6 y 7 de junio, los monitores detectaron una nueva forma de censura, el bloqueo HTTP, que apuntaba a los puntos de venta de  La Patilla  y  El Nacional . sesenta y cinco

Las plataformas de medios sociales también fueron atacadas temporalmente el 28 de junio de 2017. Los usuarios de varias ciudades de Venezuela informaron que varias plataformas de medios sociales, incluidos Facebook, Twitter, YouTube y Periscope, estaban inaccesibles durante aproximadamente una hora. Pruebas realizadas por  IPYS Venezuela  y  Venezuela. Inteligente  confirmó el bloqueo de DNS que afecta tanto a los usuarios de CANTV como a los de Movistar. 66

Eliminación de contenido

Si bien los informes de transparencia producidos por Twitter, Facebook y Google no mostraron un número significativo de solicitudes de remoción por parte de entidades venezolanas durante este período de cobertura, varias leyes ofrecen vías para limitar el discurso al hacer que las plataformas intermedias y los sitios web sean responsables del contenido publicado por terceros. Este marco legal ha dado lugar a la autocensura y la censura preventiva (ver “Medios, Diversidad y Manipulación de Contenido”).

Promulgada en noviembre de 2017, la Ley contra el odio establece en particular que los intermediarios deben eliminar el contenido que contenga discursos de odio dentro de las seis horas de haberse publicado o enfrentar multas. La ley también faculta a las autoridades para bloquear sitios web cuando, en su opinión, promueven el odio o la intolerancia. 67  La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (la ley Resorte-ME) también establece que los sitios web intermedios pueden ser considerados responsables por el contenido publicado por terceros, y otorga a CONATEL la capacidad discrecional de imponer sanciones severas por las infracciones. Sus disposiciones prohíben en particular los mensajes que promueven la ansiedad entre la población, alteran el orden público, ignoran a las autoridades legales o promueven la violación de las leyes existentes.

Medios, diversidad y manipulación de contenidos

En comparación con los medios tradicionales, la esfera digital presenta un espacio más vibrante para la expresión política y social. Los periódicos han migrado a la web debido a las restricciones de impresión, mientras que los medios de difusión también han forjado una presencia en línea. Las redes sociales como Twitter son plataformas populares para usuarios que buscan información en momentos cruciales. Los políticos y los líderes sociales también los utilizan activamente. 68  Ante la escasez de efectivo, los venezolanos también han recurrido cada vez más a las transferencias bancarias en línea, y han surgido aplicaciones de pago electrónico. 69  Como resultado, los servicios de banca en línea como Clavenet reciben incluso más visitas que Facebook en Venezuela. 70 Por otro lado, los problemas de conectividad y la mala calidad del servicio presentan serias restricciones para acceder a la información en línea.

Las restricciones legales sobre ciertas formas de expresión en línea han fomentado la autocensura y la censura preventiva, ya que los webmasters y editores podrían evitar publicar información que contradiga al gobierno. En una encuesta realizada a casi 400 periodistas de medios digitales, impresos, radiales y televisivos en las ocho principales ciudades del país, el 37.4 por ciento admitió recibir instrucciones para cambiar la redacción y dejar de cubrir temas específicos. Alrededor del 55 por ciento de los encuestados admitió que habían limitado su contenido, ya sea por autocensura o por autorregulación. 71  En un memorando filtrado, el periódico  El Universal  prohibió a sus periodistas difundir contenido político a través de las redes sociales, a menos que se haya aprobado previamente. 72

El gobierno ha tratado de expandir su influencia en línea, utilizando medios controlados por el estado y trolls de gobierno y alentando a los usuarios leales de las redes sociales para que hostiguen a quienes tienen puntos de vista opuestos. 73  Los medios de comunicación gubernamentales también han publicado información falsa para desacreditar a los medios digitales independientes, así como a las ONG que defienden la libertad de expresión. 74  Con un gran número de usuarios politizados, Twitter se ha utilizado con frecuencia para difundir la desinformación. 75

El gobierno utiliza regularmente cuentas y robots falsos para aumentar la popularidad del gobierno y promover opiniones favorables en las redes sociales.  Según el fundador de Trendinalia Venezuela, un sitio que rastrea las tendencias de Twitter, cuando el gobierno decide promover una palabra, frase o hashtag a los temas de tendencias de Twitter, transmite mensajes y etiquetas clave para difundir dentro de su red de operadores. 76  Esta estrategia de manipulación en línea se empleó ampliamente durante la elección de la Asamblea Constituyente de 2017. Un análisis encontró que el 51 por ciento de las cuentas que promocionaban el hashtag # SoluciónConstituyente (Solución Constitucional) en junio de 2017 se había creado ese mismo año. 77 En junio de 2017, el presidente Maduro afirmó que Twitter había desactivado las cuentas de miles de usuarios “por la única razón de ser chavistas”. 78  Según los analistas, Twitter habría descartado las cuentas que violaban las políticas de los usuarios de la compañía, 79  aunque Twitter no hizo comentarios sobre este caso. 80

Un estudio realizado por IPYS Venezuela también reveló el uso agresivo de Twitter por parte de los candidatos más influyentes en la Asamblea Constituyente en el período previo a la votación. 81  Un estudio similar, realizado después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, observó que los promotores de la Asamblea Constituyente no comentaron sobre los temas ofrecidos a los votantes durante la campaña, sino que promovieron iniciativas como la aprobación de la nueva ley contra el discurso del odio. sin invitar al debate. 82

Los medios digitales enfrentan diversas dificultades en Venezuela, obstaculizados por el costo del equipo, la falta de financiamiento y el éxodo de profesionales que emigran en busca de mejores condiciones de vida. Según César Batiz, director de  El Pitazo TV , “muy pocos medios pueden sobrevivir con ingresos de publicidad”. 83  Los medios digitales han probado varios modelos comerciales y de financiamiento: campañas de financiación colectiva, apoyo internacional, pasarelas de pago, publicidad digital y alianzas con los medios. 84

Activismo digital

A pesar de los problemas de conectividad, los venezolanos son ávidos usuarios de internet y redes sociales. Según Tendencias Digitales, casi 16 millones de venezolanos usan YouTube, 15 millones están en Facebook, 13 millones están en Twitter y 11 millones están en Instagram. 85

Durante la crisis política y económica, los ciudadanos han usado Internet para expresar su disensión sobre el gobierno y para organizar protestas. Los usuarios también se han conectado para consultar precios e intercambiar o vender productos usados, 86  y hashtags como #ServicioPublico (“Servicio público”) se han utilizado ampliamente para encontrar productos escasos como medicamentos. 87

Algunos grupos han optado por estas plataformas para hacer declaraciones públicas contra el régimen. Dos mensajes se hicieron virales en las redes sociales durante este período de cobertura. El primero fue una transmisión de video a través de YouTube en agosto de 2017, antes de la instalación de la Asamblea Constituyente, y contó con un grupo militar (que luego fue detenido) con el objetivo de “restaurar el orden constitucional”. 88  El otro fue desarrollado por el piloto Oscar Pérez. quien usó YouTube y sus cuentas de Twitter e Instagram para pedir un levantamiento contra el gobierno, y luego narró y dejó testimonio sobre su rendición y muerte (ver “Bloqueo y filtrado”).

Las organizaciones de la sociedad civil han mantenido los esfuerzos para crear conciencia en línea y crear aplicaciones con usos cívicos. Por ejemplo, la ONG  Transparencia Venezuela  ha desarrollado estrategias para recopilar las quejas de los ciudadanos a través de una plataforma web, la aplicación “Dilo Aqui” y el correo electrónico. 89  Los medios digitales, como  El Pitazo , han forjado alianzas con organizaciones comunitarias para capacitar a los ciudadanos que informan a los ciudadanos, a fin de que puedan mejorar su cobertura de los problemas locales. 90 Algunos usuarios también se han movilizado en línea para protestar colectivamente contra fallas de internet. En septiembre de 2017, por ejemplo, un grupo de suscriptores en las afueras de Caracas usó las redes sociales para organizar una protesta en la sede de CANTV, alegando que no podían realizar sus trabajos debido a fallas en Internet. 91

Violaciones de los derechos del usuario:

Las violaciones de los derechos digitales se han intensificado en medio de la crisis social y política de Venezuela. El gobierno de Maduro continuó afianzando su control sobre el discurso en línea a través de una ley restrictiva contra el discurso del odio que  conlleva penas de prisión de hasta veinte años para quienes incitan al odio o la violencia por cualquier medio electrónico.  Los usuarios fueron  arrestados arbitrariamente por opiniones compartidas en línea, y los ataques cibernéticos se dirigieron a varios medios de comunicación y sitios web sin fines de lucro. Existe una creciente preocupación acerca de la capacidad del gobierno para hacer un mal uso de los datos personales como medio de control social y político, especialmente a la luz de la implementación masiva del “Carnet de la Patria”, un documento de identificación electrónica utilizado para el bienestar y programas públicos.

Entorno legal

Aunque la Constitución garantiza la libertad de expresión, 92  el gobierno ha aprobado leyes y reglamentos que restringen este derecho en línea. El prolongado estado de excepción y la emergencia económica incluye disposiciones para contrarrestar las amenazas cibernéticas, autorizar regulaciones para evitar “campañas de desestabilización”. 93  Una ley de discurso contra el odio redactada de manera vaga promulgada en noviembre de 2017 impone penas de prisión fuertes por incitar al odio, incluso en las redes sociales.

Actuando en contra de las disposiciones de la Constitución, Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente por decreto presidencial en mayo de 2017. Instalado en agosto y compuesto exclusivamente por partidarios del gobierno, este nuevo cuerpo legislativo de facto recibió amplios poderes sobre otras instituciones estatales. El 8 de noviembre de 2017, la asamblea constituyente promulgó una “Ley Constitucional” contra el odio, por la tolerancia y la convivencia pacífica. 94 La ley impone penas de prisión de diez a veinte años para quienes incitan al odio o la violencia a través de cualquier medio electrónico, incluidas las redes sociales. También establece que los intermediarios pueden ser multados si no eliminan los mensajes sujetos a sanciones dentro de las seis horas posteriores a su difusión, con cantidades que oscilan entre cincuenta mil y cien mil unidades fiscales. La ley también faculta a las autoridades para bloquear los sitios web que consideran que promueven el odio o la intolerancia. Las organizaciones de derechos humanos y los expertos han criticado la amplitud de la ley y sus efectos perjudiciales sobre la libertad de expresión y la prensa. 95

Otras leyes proporcionan vías adicionales para limitar el habla. La ley Resorte-ME, que fue enmendada por la Asamblea Nacional en 2010, incluye prohibiciones vagas y severas sanciones que otorgan a las autoridades la discreción de restringir el discurso. 96 El  artículo 27, por ejemplo, prohíbe los mensajes que promueven la ansiedad entre la población, alteran el orden público, ignoran a las autoridades legales o promueven la violación de las leyes existentes. La ley también establece una responsabilidad intermedia para el contenido publicado por un tercero y exige que los medios en línea establezcan mecanismos para restringir el contenido prohibido. Los sitios web que infrinjan estas disposiciones pueden ser multados y los proveedores de servicios que no cumplan con los requisitos corren el riesgo de la suspensión temporal de las operaciones. 97

Además, la Ley de Seguridad Nacional, que se aprobó en enero de 2015, establece condenas de prisión para las personas que “comprometen la seguridad y la defensa de la nación”. 98  Activistas y periodistas también enfrentan cargos de difamación en virtud del código penal, que establece Penas de prisión por difamación contra funcionarios públicos y la publicación de información falsa. 99

Según el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 del Proyecto de Justicia Mundial, que evalúa a 133 países, Venezuela ocupa el último lugar en el ranking mundial del Estado de Derecho. 100

Procesamientos y Detenciones por Actividades Online.

El año pasado estuvo marcado por frecuentes detenciones arbitrarias de reporteros, 101  , así como por los primeros arrestos de usuarios de redes sociales bajo la nueva “Ley contra el odio” adoptada en noviembre de 2017.

Varios usuarios de redes sociales fueron arrestados en base a sus actividades en línea:

  • En enero de 2018, tres adolescentes (Diego Gómez, Ender González y Dylan Canache) fueron detenidos por agentes de inteligencia, acusados ??de incitar al odio a través de grupos de chat y redes sociales al pedir protestas contra el gobierno. 102  Si se los encuentra culpables, enfrentaron hasta 20 años de prisión, de acuerdo con las disposiciones de la Ley contra el Odio. El Tribunal Supremo de Justicia anunció su puesta en libertad en junio. 103
  • En febrero, Enrique Aristeguieta Gramcko, abogado, historiador y político de 85 años de edad, estuvo detenido durante varias horas. 104  Aristeguieta es un opositor activo del gobierno de Maduro, y es especialmente activo en las redes sociales. Después de su liberación, informó que trataron de acusarlo por odio. 105 En un tweet, su hijo dijo que los funcionarios de SEBIN lo habían despojado del teléfono celular desde el que twiteaba. 106
  • En febrero, el sindicalista del sector eléctrico, Elio Palacios, fue detenido después de transmitir un mensaje de audio de WhatsApp, en el que denunció la crisis eléctrica, negando la afirmación del gobierno de presunto sabotaje. Palacios también convocó a una asamblea general de trabajadores. Según las autoridades, Palacios fue detenido porque el mensaje causó “pánico y ansiedad a la población”. 107
  • En mayo, el usuario de Twitter Pedro Jaimes Criollo fue detenido y recluido en régimen de aislamiento después de enfrentar cargos relacionados con sus tweets en línea sobre la ruta del avión presidencial. Ni sus abogados ni su familia pudieron comunicarse con él. 108

Los reporteros en línea, a su vez, han enfrentado juicios, a menudo en represalia por publicar artículos críticos del gobierno:

  • A principios de 2018, tres editores y un periodista del sitio web de periodismo de investigación  Armando.Info se  vieron obligados a abandonar el país después de que un tribunal de Caracas admitiera una demanda por difamación en su contra, basada en dos artículos publicados en abril y septiembre de 2017. 109  La queja Fue presentada por un empresario colombiano vinculado al gobierno venezolano. Una pieza reveló irregularidades en la importación estatal de alimentos en Venezuela, incluidas las negociaciones con el presidente Maduro. 110  Los cargos de difamación agravada e injuria (insulto) pueden resultar en hasta seis años de prisión. 111
  • Braulio Jatar, editor del sitio web de noticias  Confidential Report , detenido en septiembre de 2016 y puesto bajo arresto domiciliario en mayo de 2017, permaneció en la misma condición. Aunque oficialmente acusado de lavado de dinero, la detención de Braulio Jatar fue denunciada como represalia por la cobertura en línea sobre una protesta contra el presidente Maduro. 112
  • En mayo de 2018, después de las elecciones presidenciales, CONATEL abrió un proceso administrativo contra  El National Web,  por el presunto incumplimiento de las regulaciones establecidas en las leyes Resorte-ME y el discurso de odio. 113
  • El 14 de abril, funcionarios de la Dirección General de Inteligencia Militar arrestaron al propietario del sitio web DolarPro.com, Carlos Eduardo Marrón Colmenares. El Procurador General anunció que su oficina le cobraría por la falsa difusión del tipo de cambio, la legitimidad del capital y la asociación para cometer un delito. 114  Después de su arresto, tres sitios web que publicaron los precios del tipo de cambio paralelo fueron deshabilitados. 115

Vigilancia, privacidad y anonimato

Las actividades de vigilancia y contrainteligencia del gobierno han aumentado desde 2013, cuando el gobierno lanzó su “Plan de la Patria” 2013-2019, que enfatizó el fortalecimiento de la defensa nacional entre sus prioridades. 116  Los activistas digitales expresaron su alarma ante el creciente interés del gobierno por invertir en sistemas y operaciones de inteligencia. 117 También han surgido inquietudes con respecto a las iniciativas que buscan recopilar información personal de los ciudadanos, sin garantías con respecto a la privacidad y el tratamiento de estos datos. Durante el año pasado, los desarrollos preocupantes incluyeron la distribución masiva del Carnet de la Patria (“Tarjeta de la Patria”), así como un nuevo fallo destinado a obtener y retener datos personales de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, en particular la telefonía móvil.

La falta de supervisión independiente ha generado inquietudes acerca de la facilidad con la que se podría implementar el filtrado y la vigilancia sistemáticos del contenido. Aunque es difícil confirmar y determinar la escala completa de la vigilancia, los activistas han denunciado el rastreo y el espionaje por parte del gobierno. Periodistas independientes que han sido víctimas de piratería, como Milagros Socorro, han sospechado de posibles espionaje en sus conversaciones telefónicas. 118  A fines de agosto de 2017, una alerta advirtió sobre un malware diseñado para monitorear movimientos y comunicaciones en dispositivos Android, lo que habría afectado a varios activistas en el país. 119

La constitución prohíbe expresamente el anonimato. Para comprar un teléfono celular, una tarjeta SIM o un módem USB para acceder a la banda ancha móvil, la ley venezolana requiere que los clientes registren su número de identificación personal, dirección, firma y huellas digitales. 120  No se conocen restricciones gubernamentales sobre tecnologías de encriptación u otras herramientas de privacidad digital. Además, las leyes venezolanas, como la Ley contra el delito informático y la Ley de protección de la privacidad de las comunicaciones, garantizan la privacidad de las comunicaciones. 121  En la práctica, sin embargo, las autoridades no han aplicado estas leyes de manera uniforme en los casos en que los activistas han demandado protección bajo la ley. 122 Aunque la Constitución reconoce los principios aplicables a la protección de datos personales, como la protección del honor, la privacidad, la imagen pública, la confidencialidad y la reputación, así como el acceso a la información, no existen leyes o regulaciones de telecomunicaciones dedicadas a la protección de datos.

Los activistas han expresado su preocupación sobre la capacidad del gobierno para hacer un mal uso de los datos personales recopilados para los servicios de asistencia social y los programas públicos. 123  En ausencia de una legislación de protección de datos personales, el destino, el almacenamiento y el propósito final de esta información siguen siendo desconocidos. 124  El gobierno ha exigido cada vez más a los ciudadanos que tengan nuevas tarjetas de identificación electrónica, conocidas como “Carnet de la Patria” (Tarjeta de la Patria), para recibir los beneficios estatales. Durante las elecciones recientes, las tiendas del partido gobernante (“Puntos Rojos”) se desplegaron cerca de los centros de votación para escanear y renovar las tarjetas de los votantes, una estrategia que fue denunciada como un medio para rastrear la participación de los votantes en tiempo real y presionar a los votantes para que voten. favor del gobierno. 125

Presentado por primera vez en febrero de 2017, la Tarjeta de la Patria es un documento de identidad que recopila datos básicos, como la dirección y la fecha de nacimiento, pero también otro tipo de información personal, como la afiliación a un partido político. 126  Durante un período marcado por una grave escasez de alimentos, la tarjeta  comenzó a ser requerida para acceder a los beneficios de las llamadas “misiones sociales”, incluido el programa de alimentos controlado por los Comités Locales de Suministro y Producción (CLAP), compuesto por militares. Funcionarios y simpatizantes del gobierno.

La aplicación móvil “VeQR-Somos Venezuela” está asociada con la Tarjeta de la Patria. Para solicitar un beneficio, los ciudadanos deben escanear el código QR de su tarjeta y también activar el Sistema de posicionamiento global (GPS) del teléfono celular que se está utilizando, lo que permite al gobierno rastrear no solo los datos personales de los ciudadanos, sino también su ubicación. 127  A principios de 2018, la tarjeta también fue adaptada para servir como una herramienta de pago electrónico. 128  En enero de 2018, el gobierno informó que más de 16 millones de venezolanos tenían la tarjeta. 129 Sin embargo, los titulares de las tarjetas se quejan de que no pueden acceder a los teléfonos inteligentes para escanear el código QR, debido a la falta de conectividad y equipo personal. 130

En octubre de 2017, CONATEL emitió una nueva resolución administrativa que generó críticas por restringir aún más el derecho a la privacidad de las personas. 131  Con una redacción vaga, la nueva resolución establece que los operadores deben proporcionar la información recopilada a los órganos de seguridad a petición, sin especificar la necesidad de una orden judicial. Los datos que se recopilarán incluyen direcciones IP, fecha y hora de conexión, ubicación geográfica y detalles de las llamadas y mensajes de texto enviados o recibidos. La nueva Resolución administrativa también establece que para registrarse en un teléfono móvil, los clientes deben proporcionar datos como correo electrónico, huellas dactilares y una foto digital de su rostro tomada en el sitio de la transacción. 132

Un decreto emitido en octubre de 2013 creó el Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), un organismo especial encargado del monitoreo y seguimiento de las redes sociales y otra información en línea.  Se informó que 133agentes de la Guardia Nacional también han sido capacitados por el Ministerio de Información y Comunicación en el manejo de las redes sociales para la “implementación de alertas tempranas” que pueden “mantener al pueblo venezolano informadamente informado y detectar cualquier amenaza para defender”. nuestra soberanía nacional ”. 134

Intimidación y violencia

El año pasado, continuaron los informes de hostigamiento, ataques y confiscación de equipos de trabajadores de los medios de comunicación por parte de oficiales de seguridad y pandillas armadas. 135

Los funcionarios de seguridad han obligado a los reporteros a borrar el material recopilado durante su cobertura de eventos políticos y sociales, o simples grabaciones de la vida cotidiana de los venezolanos, como las largas filas para comprar alimentos. 136  El robo de dispositivos móviles es especialmente dañino para las pequeñas publicaciones digitales con recursos limitados para reemplazarlos. Varios demostraron que los agentes de seguridad intentaron evitar la cobertura de la huelga cívica nacional de 24 horas en protesta contra la propuesta de la Asamblea Constituyente, celebrada el 20 de julio de 2017. Varios reporteros fueron asaltados, golpeados y heridos. 137 incidentes similares ocurrieron durante la elección para la nueva Asamblea Nacional, celebrada el 30 de julio de 2017. 138

El caso más grave registrado durante este período fue la desaparición del reportero gráfico Jesús Medina, quien trabajó para el sitio web de noticias  Dolar Today , bloqueado por CONATEL. 139  El fotógrafo, que ya había denunciado amenazas contra él, 140  logró enviar un tweet sobre su arresto por desconocidos el 3 de noviembre. 141 El periodista había estado publicando, a través de redes sociales, fotos y videos sobre la condición de los detenidos en El Tocorón. cárcel. El lunes 6 de noviembre, se encontró a Medina al costado de una carretera cerca de Caracas, medio desnudo y con rastros de violencia física. 142  Medina dijo a los medios internacionales que fue torturado y amenazado. 143 Las autoridades negaron haber participado en esta acción y algunos han implicado que podría haber sido una represalia por parte de algunos de los detenidos que controlan las pandillas dentro de la prisión. 144

Ataques técnicos

Los ataques técnicos con frecuencia se dirigen a críticos gubernamentales, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Las cuentas de Twitter continuaron siendo hackeadas durante este período, como las de los periodistas Vladimir Villegas 145  y el ex gobernador Francisco Arias Cárdenas. 146  El sitio web de la caricaturista crítica Rayma Supriani también fue pirateado a principios de 2018. 147 El 8 de mayo de 2018, la página web de la organización de datos abiertos VENDATA sufrió un ataque que lo desconectó. La periodista Katherine Pennacchio, propietaria del dominio Vendata.org, también denunció un intento de clonar la tarjeta SIM de su teléfono celular. 148  Tras ser bloqueado por ISPs públicos y privados, el medio de comunicación digital  El Pitazo. Recibió varios ataques DDoS en abril y junio. 149  Otras víctimas de ataques incluyeron medios de comunicación independientes,  Tal Cual  y  Runrunes , el sitio web de la oposición Coalición para la Unidad Democrática, el canal de la Asamblea Nacional y sus cuentas de redes sociales, y ONG como Ipys Venezuela. 150

Los ataques cibernéticos también ocasionalmente se dirigen a instituciones gubernamentales y empresas como una forma de protesta. Después de la elección para instalar una nueva Asamblea Constituyente, un ataque cibernético coordinado por un grupo de piratas informáticos que se autodenominó  The Binary Guardians  afectó a al menos 40 sitios web del gobierno, incluido el Consejo Nacional Electoral (CNE). 151  El día después de la votación, los atacantes dejaron un mensaje en el portal de la CNE, acusándolos de cometer un fraude. 152 El grupo también tomó el control de la cuenta de Twitter del organismo electoral, de la que nuevamente calificó el voto de fraude. Otros sitios afectados por este ataque incluyen los de la Corte Suprema de Justicia (TSJ) y la Oficina de Identificación e Inmigración (SAIME). Incluso hubo ataques a los sitios web de los cuerpos de seguridad del estado, incluidos los de la policía científica (CICPC), la Policía Nacional (PNB), el Ejército y la Marina. Después del ataque cibernético, el presidente Maduro instó a las compañías privadas de telecomunicaciones a que tomen medidas en los planes del Estado para luchar contra lo que él considera un “ataque cibernético permanente” contra el país. 153  También se han producido ataques cibernéticos contra empresas privadas de aviación que a veces se han negado a transportar opositores políticos en sus aviones. 154

Venezuela cierra un programa de radio que cuestionó la transparencia de las elecciones – El País – 12 de Octubre 2018

El espacio ‘Gente de palabra’ era copresentado por Alonso Moleiro, colaborador de EL PAÍS en Caracas

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, la semana pasada.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, la semana pasada. FELICIANO SEQUERA EFE

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) ordenó el cierre del programa Gente de palabra,emitido hasta el pasado martes por la cadena privada Unión Radio, que desde la celebración de las elecciones presidenciales del 20 mayo mantuvo una postura crítica con la transparencia de esos comicios. El espacio de información y entrevistas, copresentado por el periodista Alonso Moleiro, colaborador de EL PAÍS en Caracas, junto a Esteninf Olivares, fue cancelado tras un requerimiento dirigido por el ente estatal de control de las comunicaciones a los dueños de la emisora.

Justo antes del cierre, Gente de palabra trató de concertar una entrevista con Henri Falcón, el único candidato opositor de peso que concurrió a las últimas presidenciales, según explicó él mismo en Twitter. “No saldrá al aire por otra medida arbitraria del Gobierno, que sigue obstaculizando el derecho a la información”, señaló. Un informe del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela denunció las coacciones del Ejecutivo: en 2017 Conatel interrumpió la transmisión de 40 emisoras y que, un año después, la mitad mantiene sus antenas apagadas.

Las elecciones del pasado 20 de mayo, que supusieron una victoria de Maduro con una abstención sin precedentes, fueron cuestionadas por la mayoría de las fuerzas de la oposición, que se negaron a participar por las trabas impuestas por el oficialismo y la falta de garantías democráticas. La práctica totalidad de la comunidad internacional tampoco reconoció el resultado al considerar que no se dieron las condiciones básicas de transparencia y observación durante la jornada electoral, que estuvo rodeada de acusaciones de fraude.

 Documento sobre Alex Saab aprobado por CONATEL – El Chigüire Bipolar – 12 de Septiembre 2018

Haciendo uso de disposiciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el gobierno del presidente de Venezuela y vocal suplente del club de fans de BackYardigans, Nicolás Maduro, prohibió al portal de periodismo de investigaciónArmando.Info seguir publicando denuncias sobre casos de corrupción que mencionen al empresario colombiano Alex Saab. Usando a nuestro pasante subpagado como anzuelo para enamorar a una de las secretarias de CONATEL, logramos conseguir la exclusiva del documento aprobado por CONATEL sobre Alex Saab.

Cuatro medios fuera del aire en menos de 48 horas – Prodavinci – 26 de Agosto 2017

unnamed.pngEn menos de tres días, el gobierno ha ordenado el cese de transmisiones de dos emisoras de radio y de dos televisoras internacionales. Con estos 4 medios, suman al menos 48 estaciones de radio y TV que han sido censuradas en 2017, según el Instituto de Prensa y Sociedad.

En febrero, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó sacar de la parrilla a CNN en Español, y en abril ordenó la salida de El Tiempo de Colombia y Todo Noticias de Argentina.

Este 24 de Agosto el exdirector de Conatel y actual miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, Andrés Eloy Méndez, comunicó durante una entrevista, la prohibición de transmisión de la señal de RCN y Caracol.

El pasado 22 de agosto, el gobierno de Venezuela acusó a los medios colombianos de “instigar al odio” y reproducir mensajes que incitaron al “magnicidio” contra el presidente de la República, por transmitir declaraciones del expresidente de México, Vicente Fox.

RCN fue censurado a las 6:32 de la tarde del 24 de agosto y Caracol salió de las parrillas de televisión por suscripción, en la medianoche de ese día.

92.9 FM y 99.1 FM

Este viernes 25 de agosto, Enza Carbone, presidenta de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, informó en horas de la noche que Conatel decidió no renovar la concesión de las emisoras 92.9 FM y 99.1 FM.

“Estimados colegas, lamento informarles que Conatel notificó a las emisoras 92.9 Fm de Caracas y Mágica 99.1 FM que no se les renueva la concesión y ordenó el cese de sus transmisiones”.

Esa misma noche, la señal de 99.1 FM fue tomada por Radio Vinotinto FM y 92.9 FM por “Radio Corazón Llanero”. La primera transmisión de ambas emisoras se inició a las 10 de la noche.

Corazón Llanero, es un proyecto del Capitán Juan Escalona. El 1 de agosto de 2016, el entonces director de Conatel, William Castillo, anunció que la marca tendría su propia emisora de radio. Anoche, pasó a utilizar la frecuencia de 92.9 Tu FM.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la prensa calificó de arbitrario y violatorio del debido proceso y del derecho a la libertad de expresión el cierre de ambas emisoras.

La señal 92.9 FM fue una de las primeras estaciones de radio que existió en la frecuencia FM. Su primera transmisión se realizó hace 28 años.

 

Conatel cerró e incautó equipos a ULA TV por Luisa Quintero – TalCual – 15 de Junio 2017

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La emisora 107.7 FM, que pertenece a la Universidad de los Andes, también fue inspeccionada el martes 10 de junio por un lapso de 10 horas
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones cerró la televisora regional ULA TV (que forma parte de la dirección de medios de la Universidad de los Andes) y abrieron un procedimiento administrativo donde se procedió a la incautación de equipos de transmisión.

El director de medios de la ULA, Nelson Espinoza, indicó que el cierre de la televisora se dio un día después que Conatel realizó una inspección de 12 horas en el medio. “Hoy en la mañana subieron con un técnico del canal y apagaron el transmisor sin explicar las razones, aunque su actitud fue respetuosa con los trabajadores”.

La emisora 107.7 FM, que pertenece a la Universidad de los Andes, también fue inspeccionada el martes 10 de junio por un lapso de 10 horas.

Hasta los momentos somos el único medio que cubre las protestas en la ciudad de Mérida diariamente, indicó el periodista. “Lo que llama la atención es que esto ocurre luego de que semanas atrás el gobernador Alexis Ramírez hiciera un llamado público a que se revisaran los medios de la universidad, porque a su juicio, estábamos actuando a favor del terrorismo”.

Los equipos incautados se encuentran en la estación La Aguada del parque nacional Sierra Nevada, destacó el director de medios de la universidad. “Esto es un terreno de difícil acceso, para acceder a la planta se debe usar y solicitar un permiso al sistema teleférico, que es de tendencia oficialista por lo que dificultan el acceso a medios que no comparten su visión.

Además, Espinoza dijo que están en alerta porque recibieron una llamada sobre la posible incautación de los equipos de telecomunicaciones que se encuentran en la sede de ULA TV. “Esperamos que esto no avance y tampoco incauten las cámaras y demás equipos que no tienen que ver con el espectro radioeléctrico sino con la producción audiovisual”.

El periodista destacó que la ULA ejercerá una acción de tipo penal a través de la dirección jurídica. “Esto ocurre en un contexto donde se realizan varios ataques a la ULA, se está acusando al rector Mario Bonucci de corrupción, se trata de imponer a un decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y la auditoría interna de la universidad fue intervenida por la Contraloría General de la República. Es inevitable pensar que esto no se trata de un elemento más a todos los ataques a la universidad”.

El procedimiento administrativo se abre porque falta un documento de habilitación de transmisiones regulares solicitado por la gestión anterior a Conatel pero nunca hubo respuesta. “Es una situación incómoda porque sancionan por no tener un documento que debió haber entregado Conatel”.

El canal de la universidad se transformará a partir de este momento en una productora de información para las redes sociales, detalló el director de medios de la ULA. “No vamos a dejar de reportar y cubrir lo que ocurre. No vamos a abandonar a una audiencia de un noticiero que se hizo tradición en Mérida. Vamos a migrar a nuestras redes sociales”.

Conatel amenazó a televisoras con cierre si sale la palabra “dictadura”por Deisy Buitrago y Corina Pons – La Patilla – 26 de Mayo 2017

Cuando hay masivas protestas antigubernamentales, dos funcionarios del ente rector de las telecomunicaciones suelen subir a una verde montaña de Caracas y aguardar la llamada de sus jefes para cortar la señal de las antenas de la televisora privada Globovisión, dijeron dos trabajadores de la cadena.

A la estación le han advertido que si transmite en vivo los choques con las fuerzas de seguridad durante la actual ola de protestas contra el presidente Nicolás Maduro, o si durante su programación se escuchan palabras como “dictadura” o “desobediencia”, el organismo le bajaría el interruptor al canal de noticias, relataron los empleados.

“La amenaza es diaria”, denunció un trabajador de Globovisión, que pidió mantener su nombre en reserva.

“Conatel es quien decide la cobertura”, agregó en referencia al ente rector de las telecomunicaciones.

Las movilizaciones antigubernamentales, en medio de las que han fallecido casi 60 personas, han recibido un menor despliegue televisivo que otros momentos de tensión política, debido a una mayor presión del Gobierno, incluso, sobre canales considerados cercanos, relataron analistas y trabajadores de las televisoras.

Si bien la tirante relación del Gobierno con algunos medios se remonta al mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, en el último tiempo, informarse en televisión sobre las protestas, se ha vuelto cada vez más complicado.

“Estamos evaluando siempre el comportamiento de (Globovisión) y de algunos de sus anclas. A veces sostenemos conversaciones afables con su Presidente”, dijo el director de Conatel, Andrés Méndez, al canal estatal VTV, hace unos días.

Ni Méndez ni Globovisión respondieron a solicitudes de Reuters sobre las denuncias de censura.

BAJO LA SOMBRA DEL REGULADOR

Las pocas veces que aparecen en Globovisión imágenes en vivo de las protestas, éstas no deben durar más de un minuto y tienen que estar seguidas de declaraciones del oficialismo, dijeron a Reuters trabajadores de este canal de noticias.

Y en el resto de las principales televisoras privadas del país -Venevisión y Televen- los reportes sobre las movilizaciones lucen editados para evitar ciertas palabras como “represión” o imágenes que, por ejemplo, muestren choques entre manifestantes y guardias.

Sin embargo, los canales entrevistan a los líderes opositores, derribando las frecuentes afirmaciones de que la oposición ha sido borrada de la programación.

Los reporteros aseguran que parte de su trabajo sí se difunde, aunque casi nunca en vivo.

El Gobierno de Maduro dice que es víctima de un complot de los grandes medios internacionales y ha realizado encuentros con sus representantes para pedirles mesura en su cobertura.

“Si te pones a analizar la violencia de los últimos días, no alcanza ni el 1 por ciento de lo que pasa, pero en otros países piensan que Venezuela está en guerra”, dijo la canciller Delcy Rodríguez, en un encuentro con medios en abril.

A pesar que Globovisión dice haber cumplido con las normas establecidas por el ente regulador estatal, fue sometido este año a un proceso legal por una entrevista a un diputado opositor quien calificó de “dictadura” al Gobierno de Maduro.

Es la más reciente advertencia que recibe el canal, desde que en el 2013 fuera adquirido por un poco conocido grupo de inversores locales cercanos al Gobierno y dejara de ser considerado una ventana para los líderes de la oposición.

“Desde ninguna operadora de comunicación del país se pueden emitir mensajes que vayan contra el Estado de Derecho (sin que) esa operadora marque distancia de inmediato (con respecto a esos dichos)”, dijo Méndez sobre el proceso pendiente a Globovisión.

“NO DICEN LA VERDAD”

Una gran parte de las televisoras en el país están bajo control gubernamental, mientras que algunas señales privadas operan con restricciones por tener licencias vencidas y en trámites de renovación que sobrepasan los dos años.

En ese contexto, los tres grandes canales privados del país le han pedido a sus periodistas “tener cuidado” al difundir las informaciones, según coinciden sus trabajadores.

Pero al grito de “¡Fuera!”, “No dicen la verdad” simpatizantes de la oposición han encarado a reporteros en las protestas. A un equipo de Globovisión le arrojaron gasolina y le rompieron los vidrios de su vehículo, relataron los agredidos.

“Hay mucha más agresividad. Se atraviesan en la cámara. Me gritan y lanzan groserías”, describió un reportero de otro canal privado local bajo condición de anonimato.

Y los medios internacionales no son ajenos a este escenario.

Este año, Conatel sacó del aire a tres canales internacionales. Dos de ellos, que transmitían en vivo las protestas, fueron suspendidos en abril acusados de dar “una cantidad de información absolutamente infundada y falsa”, justificó su portavoz.

Después de esto, CNN en Español quedó bloqueado en el país y otros cuatro canales “están en observación” de Conatel, apuntó su director.

“La revolución bolivariana tiene claro el impacto comunicativo que sigue teniendo la televisión en Venezuela”, dijo Andrés Cañizalez, experto en temas de telecomunicaciones.

El analista, quien es crítico del Gobierno, contó a Reuters que conversó con un director de una empresa de televisión por suscripción que le reveló que las llamadas de Conatel son “frecuentes” y en “tonos amenazantes”.

“Constantemente estamos siendo monitoreados por ley”, dijo Ronald Rodríguez, presidente del gremio que agrupa a las empresas de servicios de televisión por suscripción.

EL REFUGIO ESTÁ EN INTERNET

La presión sobre la prensa llega, incluso, después de un giro en la línea editorial de la mayoría de medios que eran pro opositores tras cambios en sus administraciones, luego que Maduro asumiera el poder en abril del 2013.

A raíz de un denunciado veto a favor del Gobierno, periodistas de los canales nacionales se mudaron a pequeños medios digitales, con un alcance más limitado, en un país donde la mitad tiene acceso a Internet, según cifras privadas.

Las marchas en Venezuela suelen transmitirse en vivo por esos nuevos medios de televisión digitales, pero han reportado bloqueos temporales para acceder a sus sitios de Internet.

Maduro se quejó hace días del predominio opositor en las redes sociales. Sin dar mayores detalles, el portavoz de Conatel adelantó que están en proceso de adquirir una tecnología especial para regular con “más eficacia” a los medios electrónicos, como dice lo hacen China y Estados Unidos.

“Yo me entero de lo que pasa en mi teléfono en las redes sociales”, dijo Claudia Mejías, una peluquera que a través del cable, sintoniza en su sitio de trabajo en Caracas el canal internacional Caracol para estar atenta a las últimas noticias y enviarlas a sus amigos por WhatsApp.

Maduro deporta, encarcela y censura periodistas extranjeros por Dalila Itriago – El Estimulo – 21 de Febrero 2017

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Contrario a todo pronóstico y a pesar de la maquinaria de obstáculos colocada para espantarlos, que van desde la precaria velocidad de internet hasta palizas, deportaciones, cárcel y salida del aire de canales; los periodistas extranjeros aseguran que seguirán informando, aunque esto les cueste la vida

A las 5:00 de la tarde avanzó el desconcierto. Fue el miércoles 15 de febrero y a esa hora empezaban a constatarse los rumores de que CNN había salido del aire en Venezuela. Medios internacionales, como el diario El Tiempo de Colombia, informarían luego que las operadoras DirecTV, Supercable, NetUno y Movistar dejaron en negro las pantallas de los canales que transmitían la señal debido a una orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Sin embargo, en el inconsciente colectivo regresaba la imagen de Nicolás Maduro expresando su enérgico rechazo al canal. Tan solo tres días antes, el domingo 12, había advertido: “CNN que no se meta en los asuntos de los venezolanos. Yo quiero a CNN bien lejos de aquí. Fuera de Venezuela. Que no meta su nariz en Venezuela”.

El comunicado de Conatel, que informaba sobre el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio, indicó que la medida obedecía “al contenido que viene difundiendo la citada cadena internacional de forma sistemática y reiterada en el desarrollo de su programación diaria, de la cual se desprende de forma clara y perceptible contenidos que presuntamente constituyen agresiones directas que atentan contra la paz y la estabilidad democrática de nuestro pueblo venezolano, ya que los mismos generan un clima de intolerancia”.

El asunto es que tal acción ocurrió diez días después de que el canal norteamericano transmitiera un programa especial que denunciaba la supuesta entrega de pasaportes venezolanos al extremismo islámico y relacionaba este hecho con el actual vicepresidente, Tareck El Aissami.

No fue el único acto de censura registrado en los tempranos días de febrero. El Comité para la Protección de los Periodistas emitió una declaración del coordinador sénior del Programa de las Américas en Nueva York, Carlos Lauría. En esta se insta al gobierno de Maduro “a poner fin a la práctica sistemática de obstruir la cobertura informativa y a dejar de interferir con el trabajo de los medios”.

La noticia del 13 de febrero, reseñada por la ONG Espacio Público, indica que el reportero Leandro Stoliar y el camarógrafo Gilson Fred Oliveira, de la cadena televisiva Record TV, llegaron ese día a São Paulo luego de ser liberados por la policía venezolana; que los habría arrestado dos días antes cuando se encontraban grabando un reportaje sobre el puente Nigale, en Maracaibo. La construcción de esta obra está a cargo de Odebrecht, la multinacional brasileña envuelta en un escándalo de corrupción.

A juzgar por los hechos, la advertencia de Lauría de que los medios internacionales deben “poder cubrir asuntos de interés público e informar sobre temas sensibles sin temer represalias y persecución por parte de las autoridades venezolanas” es irrelevante para un gobierno que cuenta con un inédito récord: despachar tres canales del aire. Primero fue Radio Caracas Televisión (RCTV), pionero de la televisión venezolana y con más de 50 años de historia, que salió el 27 de mayo de 2007; después vendría NTN24, el canal de cable con sede en Bogotá que dejó de verse el 12 de febrero de 2014, justo cuando transmitía en vivo el asesinato del joven Bassil Da Costa, ocurrido en el marco de las protestas estudiantiles.

El Tiempo de Colombia interpreta la acción contra CNN en Español como parte de un cerco a la prensa independiente, que incluye la salida del aire de más de 30 emisoras de radio y la asfixia a periódicos nacionales y regionales. Uno de los últimos fue El Carabobeño, que dejó de circular después de 83 años.

The New York Times se hace eco de la misma hipótesis. El capítulo CNN vendría a ser otro episodio en el conflicto entre los medios y el gobierno de Venezuela. Entre sus argumentos cita las cifras de Espacio Público que entre los años 2013 y 2016 registró al menos 22 periódicos en todo el país cerrados debido a las dificultades técnicas como la escasez de papel, ocasionadas por la falta de divisas preferenciales asignadas por el Estado. La ONG incluye, además, 366 violaciones a la libertad de expresión contabilizadas durante el año pasado, así como al menos 13 deportaciones de periodistas registradas en los últimos meses, incluyendo al fotógrafo Rodrigo Abd, ganador de un premio Pulitzer en 2013 por sus reportajes sobre el conflicto en Siria.

Añade Espacio Público que el 1° de septiembre de 2016, cuando se generó una gran expectativa en torno a la denominada Toma de Caracas, llegaron al país periodistas de al menos cinco medios de comunicación. A nueve de ellos no los dejaron entrar. En octubre detendrían al corresponsal de ABC News, Matt Gutman, quien realizaba con un camarógrafo y un médico venezolano un reportaje sobre la crisis del sistema de salud en el país; y el 22 de enero de este año la amarga experiencia la viviría Aitor Sáez, corresponsal español de la cadena alemana Deutsche Welle, quien vino a cubrir la marcha del 23 de enero y fue a dar la carrera a Colombia, tras ser deportado.

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Esta parte del juego se conoce. Las autoridades migratorias justifican la medida al alegar que los profesionales no tienen visa de trabajo válida, así como tampoco una acreditación que debe otorgar el Ministerio de Comunicación e Información (Minci). Todos los que ya han pasado por ahí o peor, que no han podido hacerlo, saben de las miles de excusas que se esgrimen, de las trabas que se exponen, de los requisitos leoninos que se piden, en fin, del “mareo” que sufren en sus solicitudes; para finalmente estancarlos a la espera de un papel que no llegará jamás. El Minci no da respuesta.

La cárcel tampoco es ajena en estos tiempos. El CPJ llamó la atención sobre el arresto del periodista digital y radial Braulio Jatar Alonso, quien fue arrestado en septiembre de 2016 por cubrir una protesta, y de allí fue acusado de lavar dinero. Hoy continúa preso.

Indetenibles

Osmary Hernández, la corresponsal de CNN en Caracas, no fue a la calle al día siguiente de la medida. Comentan sus colegas que prefirió evitar la sobre exposición. Protegerse. Su camarógrafo sí estuvo en Conatel, donde tanto opositores como seguidores del oficialismo lanzaban consignas en contra y a favor de la resolución administrativa del ente.

No es fácil su lugar, fuera de lo que pudiera creerse. Desde octubre del año 2015 sale a cubrir sus pautas con escoltas y, a pesar de esto, no pudo evitar que en mayo de 2016 la sacaran a golpes del CNE y que el vehículo que la transportaba, junto a su equipo, recibiera los embates de una gran piedra de concreto.

En 20 años de programación en América Latina es primera vez que a este canal le ocurre algo semejante. Ni en Cuba han dejado de transmitir. Hasta la fecha no se conoce en qué consisten las medidas cautelares que tomará Conatel. La cadena americana ha reiterado que seguirán, y de modo gratuito, por Youtube. Mientras tanto Osmary calla. Elige la prudencia. Los colegas que la conocen afirman que no se detendrá. Recuerdan que vivió algo semejante cuando RCTV salió del aire, pues era reportera del canal. Presumen que ahora, con más experiencia, seguirá guapeando. En otras palabras, ella misma lo escribió en su cuenta de twitter @osmarycnn: “Seguiremos informando”.

En el caso de NTN24, la señal dejó de verse el 12 de febrero de 2014. Al día siguiente, el presidente Maduro explicaría que la resolución se tomó por razones de Estado. “Éramos los únicos que estábamos transmitiendo en vivo cuando asesinaron a Bassil Da Costa”, indicó Daniella Zambrano, corresponsal del canal colombiano en el país desde hace seis años; quien apunta que desde aquél hecho la señal no ha sido restablecida. A pesar de ello y de que le quitaron los equipos de protección que trajo desde Bogotá para cubrir las pautas —máscara antigás, chalecos antibalas y cascos—; Zambrano enfatiza que no dejará de informar sobre lo que ocurre en Venezuela: “Nosotros nunca nos fuimos y hemos cubierto todas las marchas y protestas sin equipo antimotines. No sé si es que llegas a sentir como si tuvieras una capa especial que te protege. Escogimos esta profesión y sabemos que si se cierra una puerta, otra se abrirá. Además de ser periodista, soy venezolana. Eso significa que en mi hogar sufro lo que sufre todo el mundo. Tengo que hacer colas y buscar medicinas para mis familiares. Por eso mientras tenga una ventana para comunicar lo que está pasando, lo haré”.

Andreína Flores, corresponsal de RCN Radio y de Radio Francia Internacional, tampoco se queda atrás. Es precisa a la hora de interpretar la salida del aire de CNN. La ve como un golpe a la libertad de prensa que busca repercutir en los medios para acallar las críticas: “Si se atreven con ese monstruo de la comunicación, qué no harán con una radio pequeñita”, se pregunta. Pero no titubea un segundo para responderse: “La verdad es la verdad y hay que decirla”.

Flores también ha pasado sus sustos. El 18 de agosto de 2016 fue detenida durante cinco horas, junto al corresponsal de Red Más Noticias, Jorge Luis Pérez Valery, por haber sacado unas fotos en El Calvario: “Nos dijeron que eso era un corredor presidencial”. Mientras que el 10 de septiembre de 2015 recibió palos por las piernas, cuando esperaba frente al Palacio de Justicia la sentencia contra Leopoldo López: “Llevamos golpes solo para estar allí”.

Máscara rota

Mariana Bacalao también es periodista, con la ventaja de conocer los entramados de la Opinión Pública. Tiene una especialización en la Universidad de Washington sobre esta área. Desde allí advierte que, si bien anteriormente al gobierno de Chávez le preocupaba cuidar las formas de la democracia, de un tiempo para acá esto pareciera no importarle a nadie: “Sacrifican la imagen a nivel internacional a cambio de atornillarse en el poder; y a la par buscan imponer una cotidianidad que no parezca rota ni disfuncional. Pero no se puede lograr ambas cosas. Lo que queda es la ficción y, al final, la realidad termina imponiéndose”.

Una cosa es que la medida sea calificada de terrible e insostenible dentro de un sistema democrático donde se resguardan las libertades, pero para Bacalao la verdad es que tal acción no sorprende a nadie, pues en la actualidad la censura forma parte de una estrategia más descarnada. “Todos los días pasa de todo y a la vez no pasa nada. Ocurren crímenes abyectos, no hay derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación; pero ahora, además, no tienes la posibilidad de saberlo. Hay un mar de fondo profundo que nadie sabe hacia dónde desembocará. Están manipulando una situación que es peligrosa, perversa e irresponsable. Pero en vez de ocuparse de controlar la delincuencia y abastecer al país, se impide la protesta, y toda la voluntad y la energía se invierten en reprimir”.

Para Bacalao el escenario está cantado: el gobierno busca demostrar que es inamovible y para ello ejerce el poder con ferocidad: “Quieren reforzar la esperanza perdida, ignoran la realidad, reprimen el rechazo, obvian la opinión pública y concentran su esfuerzo en doblegar al ciudadano”.

¿Cómo hacen para lograrlo? El periodista y locutor Luis Carlos Díaz lo resume en una frase coloquial: “les vale madre”. A los pocos minutos ofrece luces: cree que se trata de la transición del fin del chavismo, que arrancó con la muerte de Chávez y sigue avanzando de modo paulatino. “Esto es un proceso que es casi como una metástasis. Si hay que matar gente, se mata; si hay que torturar gente, se tortura; si hay que exiliar gente, se exilia; si hay que cerrar medios, se cierran. Es mucho más lento, pero igual se trata de una radicalización. Es el mismo chavismo pero en un estadio superior. La metástasis incluye empeorar todas las formas.

Según Díaz los distintos modos de censura empleados incluyen, entre otros, la falta de acceso a la información, el bloqueo de páginas en internet, la detención selectiva de personas, el impedimento a los reporteros para que puedan trabajar en la calle, la negativa a ofrecer acreditaciones a la prensa extranjera, el “embasurar” las redes con noticias falsas, y el aupar una velocidad precaria de internet.

“Nuestro promedio y picos de conexión son los más lentos de todo el continente. Incluso caímos por debajo de Bolivia y Paraguay. Cerca de 60% de la población tiene acceso a internet pero es pobre y limitada. Esto ocurre porque el gobierno decidió no darle divisas al sector comunicaciones desde hace más de dos años; lo cual afectó su velocidad, así como la capacidad para tener clientes y equipos nuevos, renovar plantillas, e instalar más antenas. Si en Colombia la velocidad es de 100 o 150 megas por segundo, aquí lo más rápido que se ofrece son 10 megas. Para tener más de eso el servicio es muy costoso”, agrega.

¿Se trata entonces del fin del periodismo que por la misma cercanía es imposible de notar? ¿Podría el gobierno llegar a bloquear internet? Díaz casi que aguanta la risa antes de responder. Insiste que esta inquietud no puede mirarse como algo que podría ocurrir. Una amenaza latente. Sino como una herramienta que ya fue empleada, sin mayores consecuencias ni castigo. “La manera para que no ocurra de nuevo es que se eleve el costo. ¿El gobierno nacional puede bloquear twitter? Sí, sí puede, pero ellos mismos usan twitter. Entonces si lo bloquean estarían generando un daño a su propia gente. Eso es elevar la factura. El gobierno no puede echarse al pico internet. Les gustaría, les encantaría, pero es costoso para ellos y por eso no lo hacen”.

Pero no todo está perdido. El también periodista Carlos Correa, doctor en Ciencias de la Información y director de la ONG Espacio Público, comienza por aclarar que en el caso de CNN no hubo garantías al debido proceso. “Aquí se prejuzgó sobre el fondo, cuando lo ideal hubiese sido hacerlo a través de una instancia imparcial, como un tribunal, para que el procedimiento se ajustara a derecho. Hay que recordar que en el país no existe un mecanismo que establezca censura previa por vía administrativa”, añadió.

Correa recuerda que la libertad de expresión es un derecho que está garantizado en la Constitución Nacional incluso en Estados de Excepción; y aunque el gobierno intente ignorarlo, existen tratados internacionales que tienen rango superior a la Carta Magna.

Quizá dentro del territorio no se haya escuchado un señalamiento puntual contra el gobierno por tal medida, pero Correa subraya que a solo horas de lo ocurrido se pronunció la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual condenó las “recientes acciones y decisiones de funcionarios, organismos y el aparato de seguridad del Estado de Venezuela dirigidas a censurar a la prensa y a medios de comunicación extranjeros que investigan hechos de interés público en suelo venezolano o difunden información sobre la gestión de gobierno”.

En un país serio esto tendría consecuencias, en Venezuela el poder se burla de estos cuestionamientos y advertencias: “Si tú decides alzar la voz tendrás justicia, aunque yo no te pueda decir en cuánto tiempo. Pero si te callas no habrá ninguna posibilidad de justicia. En algún momento esto se revertirá. Mientras tanto, ellos seguirán cavando su pozo”.

Sobrevivirá la creatividad

Aunque las medidas de censura se llegasen a profundizar mucho más y la desesperanza parezca crecer, Bacalao, Correa y Díaz coinciden en que ahora es cuando hay que ser creativos para no quedarse rezagados en el camino. “La gran mayoría trabajará en medios alternativos. Se dedicarán a hacer otras cosas, para luego hacer periodismo, y lo seguirán haciendo solo por amor. Es una gesta heroica”, apunta Bacalao. “La sociedad está aprendiendo a sobrevivir dentro de un ecosistema perverso, que no permite recibir la información por televisión. A pesar de esto, los periodistas aprenden a informar a través de las costuras. Se burlan de la censura y tratan de encontrarse con esa sociedad, con ese pulmón que late y quiere seguir haciéndolo”, señala Correa.

“Nadie tiene un manual para saber muy bien qué hacer. Insisto en que cuando ocurran los momentos de desconexión, que se caiga internet, lo mejor que puede hacer la gente es guardar registro. Haga fotos, haga videos, haga entrevistas, levante la información y cuando vuelva la conexión, escriba, publique. Pero deje registro de las cosas que están ocurriendo. Esa cosa de que no puedo hacer periodismo porque no puedo escribir todos los días, no tiene mucho sentido. ¡Guarda tu vaina y hablamos en una semana, pero no dejes de recabar historias! Eso es clave”, enfatiza Díaz.

Si la metástasis avanza, ¿se podrá hacer periodismo en Venezuela?, se le pregunta a Luis Carlos Díaz. Y él se vale de una historia propia para que no queden dudas de su opinión. “Esto quizá nos costará vidas, esto nos joderá, esto nos está dejando heridas como si estuviésemos saliendo de una guerra, pero bueno, es la decisión que tomamos quienes decidimos quedarnos. Cada quien tiene que sacar sus propios cálculos y decidir cuáles serán sus mecanismos de supervivencia. Este es un gobierno que apuesta a que la gente le tenga miedo. Yo he sido amenazado de muerte por el chavismo, por gente que está en el poder. Sé que en cualquier momento puede ocurrir. Quien me amenazó me dijo que iba a parecer un accidente, como resistencia al robo. Entonces, en cualquier momento podrán decir: ‘Es que no se dejó robar el celular y lo mataron’. Pero yo sé que será un sicariato. Con esa condena encima, lo único que puedo hacer, como acto de resistencia, es seguir viviendo. ¡Si la amenaza es de muerte, responderemos con vida!”

CNN en Español salió de las pantallas venezolanas por Andreina Barreto- El Nacional – 15 de Febrero 2017

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones decidió, después de que lo ordenara el presidente Nicolás Maduro, que el canal CNN en Español saliera de la parrilla de programación de las cableras venezolanas

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En las redes sociales indicaron que quienes tenían el canal sintonizado antes de las tres de la tarde podrían continuar viendo la cadena internacional. En los estados fronterizos dejó de verse de pronto

Aproximadamente a las 5:00 pm otra ventana de información fue cerrada para los venezolanos. El canal CNN en Español salió del aire este miércoles. La petición del presidente Nicolás Maduro, quien en su programa Los domingos con Maduro advirtió a la cadena que debía irse del país, se cumplió.

“Algunos medios de comunicación como CNN trataron de manipular, no pueden manipular, ese es un asunto nuestro, de los venezolanos. CNN que no meta su nariz en Venezuela, CNN bien lejos caballero, yo quiero a CNN bien lejos de aquí, fuera CNN de Venezuela”, advirtió el mandatario el pasado domingo.

Nicolás Maduro: “Quiero a CNN fuera de #Venezuela” Estamos al tanto de la destrucción de ese país, y “callamos y omitimos” y somos cómplices pic.twitter.com/TZU9rsiNAQ
— Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) 14 de febrero de 2017
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) decidió este miércoles, por mandato de Nicolás Maduro, que el canal CNN en Español saliera de la parrilla de programación de las cableras venezolanas, luego de que el canal presentara una investigación – Pasaportes en la sombra- en la que se ven implicados funcionarios del gobierno en ventas de pasaportes venezolanos a ciudadanos del Medio Oriente a cambio de miles de dólares.

Conatel inició un procedimiento administrativo y sancionatorio, cuya medida cautelar fue la salida inmediata del canal de noticias internacional.

En varios estados del país la salida del canal ocurrió paulatinamente. En las redes sociales indicaron que quienes tenían el canal sintonizado antes de las tres de la tarde podrían continuar viendo la cadena internacional.

En algunas cableras el canal aparece como “no disponible, mientras que en otros ya no sale en la guía de programación.

Listo, ya sacaron a @CNNEE de DirecTV en Venezuela. Estaba entre el 700 y el 706. pic.twitter.com/WjbP8X7H6O
— Humberto Perozo S. (@kikoperozo) 15 de febrero de 2017
#URGENTE @ContactoCantv y @NetUnoOficial han sacado a @CNNEE de su programación. Así se ven en este momento –> pic.twitter.com/0lzF8BoIPe
— SNTP (@sntpvenezuela) 15 de febrero de 2017
Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores, aseveró hoy en una rueda de prensa que la información compartida por la cadena de noticias internacional es una campaña mediática.

La canciller manifestó: “Los dueños de la cadena de televisión CNN carecen de moral, luces solamente en su bolsillo. El seis de febrero salió a la luz un programa de televisión pretendiendo vincular al gobierno bolivariano con el presunto tráfico de pasaportes. Queremos denunciar esta operación de una cadena al servicio de las agendas políticas de Estados Unidos”.

Rodríguez desmintió al ex consejero venezolano en la Embajada de Irak, Misael López, y quien sirvió de testigo e informante principal de CNN y lo tildó de “agente de una agencia imperial”.

No es la primera vez que el gobierno arremete contra CNN, pero lo ocurrido este miércoles es el fin de una constante amenaza del gobierno contra el canal. La periodista Patricia Janiot denunció que fue requisada y maltratada por parte del personal de seguridad del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en febrero de 2014, cuando se disponía a salir del país debido a que le fue retirado el permiso de ejercer el periodismo y cubrir las protestas acontecidas en varios estados de Venezuela.

En esa fecha Maduro le pidió a CNN rectificar por mostrar “propaganda de guerra”.

“CNN tiene el objetivo de justiciar una guerra civil para provocar la intervención del ejercicio gringo contra nuestra patria. Alerta a todo el país. Alerta (…) Se va CNN de Venezuela, ya basta de propaganda de guerra, si no rectifican, fuerza de Venezuela”, señaló en ese tiempo. También le pidió a Delcy Rodríguez, entonces ministra de Comunicación, notificar al canal que empezaba un proceso administrativo para sacarlos del aire “si no rectifican”.

Otro periodista que se suma a los ataques del gobierno contra los comunicadores de dicha cadena es Fernando Del Rincón, quien en una ocasión tuvo que abandonar el país luego de que el Ministerio de Comunicación e Información le negara a su equipo las credenciales para cubrir las elecciones en San Cristóbal, estado Táchira, y San Diego, estado Carabobo, en mayo de 2014.

Desde que el presidente Maduro asumió su el poder ha reiterado que el canal estadounidense mantiene una “campaña mediática” en contra de su gobierno y que está aliado con la oposición venezolana para sacarlo del poder. El jefe de Estado ha dicho en múltiples ocasiones que lo que dice CNN en Español es mentira.

En 2015 Maduro volvió a arremeter contra la cadena de noticias, esta vez desde Panamá, país al que asistió para la Cumbre de las Américas.

“CNN es la mayor cadena de mentiras contra Venezuela y contra América Latina. Pero aquí están los pueblos en las calles derrotando las mentiras y las manipulaciones”, expresó desde el barrio El Chorrillo.

Este 14 de febrero también se refirió al canal desde el Consejo Federal de Gobierno que encabezó.

“CNN es el mayor instrumento de guerra en contra de Venezuela”, afirmó.

NTN24 fue el primer expulsado

El canal de noticias colombiano NTN24 también salió del aire por decisión del ejecutivo Nacional en febrero de 2014. El presidente Nicolás Maduro argumentó que la cablera intentaba transmitir la “zozobra” de un golpe de estado en el país.

 

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