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Maduro aceptaría presidenciales con garantías a cambio de un levantamiento de sanciones – ABC – 18 de Julio 2019

Juan Guaidó y Nicolás Maduro
Juan Guaidó y Nicolás Maduro – AFP

Guaidó convoca para el próximo martes una «gran sesión» del Parlamento para hacer «anuncios importantes» sobre las negociaciones

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha convocado para el próximo martes una «gran sesión» del Parlamento en las calles de Caracas para hacer «anuncios importantes», en el marco del diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro para zanjar la crisis política que sufre la nación caribeña.

«Este próximo 23 de julio, nuestro presidente encargado y la Asamblea Nacional convocamos a una gran sesión de calle para realizar anuncios importantes sobre la lucha que llevamos adelante por la libertad de Venezuela», ha informado la sede legislativa en Twitter. «Convocamos a toda Venezuela a movilizarse. Juntos, con el poder de la fuerza ciudadana y el ejercicio del Parlamento Nacional, avanzaremos a una próxima etapa en nuestra lucha», ha declarado el líder opositor en la misma red social.

El anuncio se produce en medio de los contactos exploratorios entre Gobierno y oposición para reanudar un diálogo que ha naufragado hasta tres veces en los seis años que han transcurrido desde la muerte de Hugo Chávez, dirigido a pactar una solución a la crisis política. Representantes de Maduro y Guaidó realizaron en mayo una serie de reuniones en Oslo que la semana pasada se trasladaron a Barbados. Esta semana las partes han vuelto a la isla caribeña para negociar sobre una agenda de seis puntos cuyo contenido se desconoce.

Fuentes citadas por el diario venezolano «El Nacional» y por la agencia de noticias Bloomberg han revelado que Maduro accedería a adelantar las elecciones presidenciales a 2020 con un Consejo Nacional Electoral (CNE) completamente renovado a cambio de que Guaidó convenciera a sus aliados internacionales de que retiraran las sanciones contra funcionarios ‘chavistas’.

También contaron que podría haber una gran novedad en estos hipotéticos comicios. Maduro no sería el candidato del PSUV y quedarían igualmente descartados el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y el vicepresidente económico, Tareck El Aissami, para ceder el puesto al gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, de 37 años y experimentado en los gobiernos de Chávez y Maduro.

 

Consultores 21: Venezolanos quieren presidenciales para salir de la crisis – El Nacional – 17 de Julio 2019

El director de la encuestadora, Saúl Cabrera, indicó que la figura de Nicolás Maduro desde que llegó a la silla presidencial tiene una valoración negativa, aunque hay 20% de la población que cree que alrededor de él está la solución a los problemas

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Elecciones

Saúl Cabrera, director de Consultores 21, indicó este miércoles que el más reciente estudio de la compañía arrojó que la mayoría de los venezolanos quieren una solución a la crisis que incluya elecciones.

Para los venezolanos la principal preocupación sigue ligada al tema económico. En 2019 repuntó el problema de la inflación, mientras que el año pasado era la escacez.

“Ahora hay productos en los anaqueles, pero no hay dinero para pagar”, explicó Saúl Cabrera, quien añadió que la gente se está dando cuenta que para cambiar el problema económico, hay que solucionar el tema político.

Aseveró que todos los sectores que están alejados de la administración de Nicolás Maduro tienen buena percepción: La empresa privada,  iglesia católica, los estudiantes, los bancos y los medios de comunicación.

En el extremo contrario está el TSJ y el CNE. El mayor rechazo lo concentra el propio Maduro. Cabrera expresó, en relación a las reuniones de Barbados, que a un amplio sector no le gusta la palabra “diálogo”, cosa que le conviene al régimen.

“La gente piensa es en una negociación, porque entienden que con la radicalización no se logra nada”, sentenció.

Venezuela: por qué plebiscito sí y elecciones no por  Luis Manuel Aguana – PanamPost – 12 de Julio 2019

No es Juan Guaidó sino el pueblo venezolano el que debe decidir si autoriza o no el uso de la fuerza en nuestro país

La creación de nuestra base legal debe nacer soberanía popular. (Foto: Flickr)

De un reciente artículo publicado por el portal Primer Informe, firmado por James Dobbins, exasesor para el hemisferio occidental del expresidente norteamericano Bill Clinton, y socio principal de la Corporación Rand, extraigo las siguientes palabras: «Si la administración Trump se toma en serio la preparación para una intervención militar (…) tendrían que generar apoyo regional, e idealmente, participación de otros países en la intervención; posicionar sus fuerzas para mostrar que va en serio; y crear una base legal para el uso de la fuerza, como una solicitud formal del gobierno internacionalmente reconocido de Juan Guaidó«.

La creación de la base legal a la que se refiere el experto norteamericano para el uso de la fuerza exterior solo debe nacer del depositario de la soberanía popular. No es Juan Guaidó sino el pueblo venezolano el que debe decidir si autoriza o no el uso de la fuerza en nuestro país; ni siquiera le corresponde al Parlamento, que se ha negado reiteradamente a autorizar la aplicación del artículo 187, numeral 11, y cuyos diputados nunca estuvieron dispuestos a sacar a Maduro sino negociar con su régimen, como se demostró el 30 de abril. En este contexto,  es necesario concluir que la secuencia que nos vendieron desde el principio no tuvo nunca validez alguna, y que lo que primó siempre fue un acuerdo negociado por elecciones, que es lo que históricamente han deseado los partidos opositores desde que se instaló la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2016.

A todos nos luce que los errores cometidos el 23 de febrero y 30 de abril le han restado una importante credibilidad internacional al gobierno interino de Juan Guaidó, y en especial con el aliado que más nos ha respaldado, Estados Unidos, por lo que los venezolanos no tendríamos otra alternativa que plegarnos a una negociación con el régimen y su oposición oficial, que desean elecciones en los términos harto conocidos por los venezolanos, con una comunidad internacional que no desea intervenir militarmente en el país.

Está pues servida la mesa para que nos hagan creer que solo nos queda la vía electoral para resolver la crisis. Y esa solución, lejos de resolverla, la profundiza, porque no se ha resuelto todavía uno de los pilares fundamentales del sostenimiento del régimen, y que siempre ha sido ignorado por quienes han cohabitado por años: el sistema electoral. Lo he afirmado antes muchas veces, y lo afirmaré hoy de nuevo:  no se puede seguir utilizando el sistema automatizado del CNE.

No es suficiente cambiar los rectores del CNE y actualizar el Registro Electoral. ¡Hay que hacer una reingeniería completa del sistema electoral antes de celebrar cualquier otra elección en el país! ¡Y eso no se puede hacer con ellos en Miraflores! El solo leer la sentencia expediente No. SE-2018-001 de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo en el exilio de fecha 13 de junio de 2018, del cual tuve el honor de ser convocado como testigo técnico, da cuenta de la gravedad de la situación del Poder Electoral venezolano, al punto que ese Alto Tribunal declaró nulo el uso del sistema de voto automatizado para elecciones en Venezuela, lo que amerita un profundo cambio del Poder Electoral venezolano.

Solamente con esa sentencia del TSJ legítimo del 13 de junio de 2018, cualquier solución electoral en los términos planteados por el régimen y la oposición oficial no constituye una salida a la crisis. Se debe entonces recurrir a la fuente misma de donde nacen las instituciones, que no es otra que la soberanía popular, que excluya totalmente ese cáncer institucional llamado CNE con todas sus máquinas y procedimientos, y volver al principio mismo de contar los votos uno por uno.

Si la comunidad internacional insiste en una solución electoral es porque reconoce sin lugar a dudas que hay que recurrir a la soberanía popular y contar los votos para resolver nuestras diferencias. Debemos entonces convencerlos de que nosotros desde la sociedad civil también creemos en esa vía pero no en los términos planteados por el régimen y la oposición oficial. Debemos convencerlos de que un plebiscito es también un mecanismo electoral pero con la diferencia que puede poner en manos del pueblo la decisión trascendental de decidir la continuidad del régimen por la vía de los votos, de una manera pacífica y constitucional, supervisada y sin la intervención de las instituciones secuestradas por Maduro.

Ir a unas elecciones con el régimen y su sistema implica que toleramos su existencia después de haberlo desconocido y le damos beligerancia política al aceptar los resultados electorales que salgan de esos comicios, con un sistema que de antemano sabemos está corrompido. Con un plebiscito, en los términos enunciados aquí no sería así. ¿Y por qué no? Porque de lo que se trata precisamente es de someter a la consideración de la soberanía popular priginaria la decisión trascendental acerca de la existencia misma del régimen, es decir, si lo queremos o no lo queremos, con todo lo que ello implica, incluida su expulsión de la vida política del país.

¿Cómo llevar al régimen a ese juicio de la soberanía del pueblo? No es de ninguna manera fácil. Es claro que la tiranía de Maduro no deseará el conteo de votos de una manera abierta y supervisada por la comunidad internacional, a sabiendas que perderá el juicio popular. Es allí donde la presión externa de todos los países amigos, en especial la del Secretario General de la OEA Luis Almagro, el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de Colombia y Brasil, que deben comenzar a ejercerse con mayor profundidad para obligarlo a contarse en esos términos y no en otros. La comunidad onternacional debe ser la primera convencida de esta solución, aumentando y profundizando las sanciones ya aplicadas, hasta que el régimen acepte ir a un plebiscito.

En este momento los países que nos apoyan hacen presión con las sanciones pero solo para que el régimen regrese por su cuenta al respeto de la Constitución, cosa que no ha pasado, pero que indudablemente les ha afectado, con su consiguiente debilitamiento, mas no el quiebre de la dictadura. Con la solución plebiscitaria, la presión de la comunidad internacional se concentraría en un único y solo propósito: que el régimen acepte contarse en un plebiscito. Esto aumentaría la presión de manera determinante porque sería una presión focalizada y dirigida a un solo único y claro objetivo, y no a uno difuso y general como ocurre ahora, dando una dirección unificada a las protestas que ocurran en Venezuela con una exigencia clara al régimen: que se cuenten en términos plebiscitarios.

El plebiscito se haría con la colaboración de la sociedad civil y los partidos políticos que así lo decidan, sin la intervención del CNE, no solo por estar corrompido hasta los cimientos sino porque además este instrumento no es de su competencia constitucional (artículo 70), por lo que su realización resultaría además mucho más ágil e inmediata que una elección, contando siempre con el apoyo y supervisión de organismos internacionales (OEA y UE). Al aumentar la presión ejercida desde afuera, pero también desde las mismas entrañas del país, el régimen comenzará a solicitar «negociar» los términos de su sometimiento a la voluntad del pueblo. Es allí donde comenzaría la única negociación posible con ellos: la de los términos de su salida.

Pero, ¿cómo se haría para que el régimen cumpla con el resultado de ese plebiscito? La respuesta a esa pregunta va de la mano con la aceptación del instrumento: de no cumplir el mandato popular emanado de las urnas de ese plebiscito, el pueblo le estaría dando la base legal necesaria al mundo para una intervención humanitaria que haga cumplir la decisión del soberano, no teniendo la comunidad internacional manera alguna de evitar el cumplimento de la Responsabilidad de Proteger (R2P) en Venezuela de acuerdo a los términos concebidos en la Asamblea General de la ONU del año 2005. Y para lograrlo de la manera más expedita y con la colaboración del único poder legítimo en Venezuela, la Asamblea Nacional no tendría más excusas para negarse a aprobar la presencia de fuerzas extranjeras dentro del país para apoyar lo decidido por el pueblo en el plebiscito, a través de su atribución establecida en la Constitución en el artículo 187, numeral 11.

Un plebiscito es una solución que se contrapone a las negociaciones encubiertas con el régimen por parte de una oposición decidida a cohabitar para asegurar por la vía electoral su permanencia en las estructuras del poder. Daría continuidad a la promesa hecha a los venezolanos el 23 de enero de terminar inmediatamente con la usurpación.

Sin embargo, la solución plebiscitaria no es mágica. Conlleva trabajo y esfuerzo, tanto nacional como internacionalmente, para convencer a mucha gente. El plebiscito propuesto es intrínsecamente mucho más que una mera consulta popular como se ha pretendido hacer ver para descalificarlo. Podría considerarse que es, en palabras de Luis Almagro, un proceso «de acumulación política», porque estaríamos planteando etapas claras, que al irse ejecutando reunirían todas las piezas de un complejo rompecabezas político que daría como resultado la recuperación de nuestra libertad.

La zanahoria, los cien garrotes y el dinamitero por Miguel Henrique Otero – El Nacional – 14 de Julio 2019

Miguel Henrique Otero
Vuelvo a insistir en este espacio sobre lo que he advertido en dos o tres artículos publicados durante los meses pasados: la convocatoria a un posible proceso electoral en Venezuela –la zanahoria con que se pretende conducir a la sociedad democrática venezolana a un nuevo callejón sin salida–, no puede depender exclusivamente de que se cambie a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Esa condición es, a la vez, imprescindible pero también insuficiente. Absolutamente insuficiente.

Pero pasa que, de forma simultánea a la exhibición de la zanahoria electoral, el régimen de Nicolás Maduro no contiene, sino que incrementa su política de castigar de forma cada vez más feroz a la sociedad venezolana. No se conformaron con asesinar, tras inconcebibles sesiones de tortura, al capitán Acosta Arévalo; no se conformaron con secuestrar su cadáver; no les bastó someter a sufrimientos extremos a su viuda y a sus familiares; nada de eso complace a los criminales, que ahora han allanado la residencia de sus suegros. No cabe engañarse: el régimen de Maduro no participa en una lucha política. No hay tal cosa. Lo que hace es justo lo contrario al ejercicio político: ejecuta un programa sistemático de destrucción de la sociedad democrática venezolana. Maduro lidera una guerra contra la vida de los venezolanos.

¿Cómo puede estarse debatiendo un proceso electoral, mientras las FAES y la Dgcim siguen matando, persiguiendo y torturando a ciudadanos inocentes e indefensos? ¿Qué papel cumplen, qué representan los presos políticos, los torturados, los perseguidos, los inhabilitados, los exiliados en unas posibles elecciones? ¿Podrán participar como candidatos Julio Borges, Henrique Capriles Radonski, Leopoldo López, Carlos Vecchio, David Smolansky, Antonio Ledezma, Juan Requesens, Edgar Zambrano, Richard Blanco, Mariela Magallanes y otros centenares de dirigentes más, a quienes les han negado su libertad y el ejercicio real de sus derechos políticos? ¿O los candidatos los escogerán Nicolás Maduro y Raúl Castro?

¿Qué pasará con la opinión política, con la voluntad electoral de casi cinco millones de venezolanos en el exilio? ¿Se desconocerá su existencia, tal como ha venido ocurriendo hasta ahora? ¿Se les devolverá el derecho de tener un pasaporte con el que movilizarse de un lugar a otro? ¿Se abrirá un registro electoral que permita incorporar a los exiliados? ¿Se activarán los consulados como centros para cumplir con el derecho al voto? ¿Y, de ser así, quién controlará la red de incompetentes, corruptos y enchufados que forman, hoy por hoy, la mayoría del cuerpo consular del régimen de Maduro?

Tema central: el Plan República. ¿Los electores tendrán que someterse a las decisiones, a la arbitrariedad, a la violencia, al desconocimiento de las leyes electorales, que son el signo de las actuaciones del Plan República? ¿Estará el Plan República bajo el mando de los señores del Alto Mando Militar, todos ellos miembros activos del régimen y que, cada día, violan los preceptos de la Constitución Nacional, en tanto que han convertido la Fuerza Armada Nacional en una fuerza de choque, cuya única divisa es la defensa del poder ilegítimo de Nicolás Maduro?

¿Piensan que es posible realizar un proceso electoral, mientras el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia continúa actuando como alguacil del PSUV, en abierta violación de las leyes? ¿Se ha evaluado el riesgo del papel que la ilegítima, ilegal y fraudulenta asamblea nacional constituyente, todavía en funciones, carta bajo la manga del régimen, podría cumplir en contra de la fluidez, la transparencia e, incluso, en contra de los resultados que arroje el supuesto proceso electoral?

¿Cómo podría organizarse un proceso electoral en una nación sin transporte público, con cerca de 50% de su parque automotor paralizado o inservible, en un territorio donde el suministro de combustibles oscila entre lo inexistente y lo incierto, especialmente en las regiones fuera de Caracas?

¿En cuáles periódicos van a presentar los candidatos opositores sus propuestas? ¿En los periódicos independientes que no imprimen porque el régimen acabó con sus suministros de papel prensa? ¿En los periódicos que han sido comprados por el régimen con dineros públicos? ¿En cuáles estaciones de radio van a trasmitir los candidatos opositores, cuando a las únicas estaciones que se les permite hablar de política son las radios comunitarias, todas de corte oficialista? ¿Y los canales de televisión privados que se han visto obligados a eliminar los programas de opinión? ¿Cómo se va a enterar el público de qué piensan los candidatos?

¿En cuál proceso electoral podría pensarse en un territorio donde el acceso a Internet es azaroso e intermitente, donde el sistema eléctrico pende de un hilo, donde la telefonía móvil apenas funciona, y donde el régimen de Maduro bloquea las redes sociales –cada vez que Juan Guaidó hace alguna intervención pública, Conatel tumba las redes– para administrarlas estrictamente a su favor?

¿Y qué decir de las bandas paramilitares al servicio del gobierno –los colectivos–, cuya participación en anteriores procesos electorales ha consistido en atacar a electores, amedrentar a ciudadanos en las calles y hasta disparar en contra de centros electorales? ¿Y qué pasaría con la distribución de las bolsas CLAP: se permitiría que los delincuentes y enchufados las utilizaran a cambio de votos?

Y, para finalizar este artículo: ¿qué harán con el dinamitero? ¿Qué harán con los constantes llamados al odio y la violencia, en el canal que debía ser un canal de Estado? ¿Qué harán con sus denigraciones, con sus ataques, con las 94 palabras que usa para destruir la convivencia y para poner en marcha las peores prácticas del poder? ¿Qué dicen los promotores de la zanahoria electoral? ¿Qué papel le atribuirán al teniente, al dinamitero oficial del régimen?

CEV pidió realizar elecciones presidenciales LIBRES “en el menor tiempo posible” – Yo Soy Venezolano – 12 de Julio 2019

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La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) exhortó este jueves a que se celebren elecciones presidenciales cuánto antes, con la supervisión de organismos internacionales, para así salir del gobierno de Nicolás Maduro, el cual consideran “ilegítimo y fallido”.

El arzobispo Jesús González de Zárate mostró el texto “Dios quiere para Venezuela un futuro de esperanza”, que afirma que ante “un Gobierno ilegítimo y fallido, Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo, una vuelta a la Constitución”.

Dentro del documento, los obispos propusieron una elección “en el menor tiempo posible de un nuevo presidente de la República”, la cual deberá responder a la voluntad del “pueblo soberano” para que sea “realmente libre” y contar con condiciones “indispensables” como un nuevo CNE “imparcial” y un nuevo registro electoral.

Asimismo, se insta a una elección que permita el voto de los venezolanos en el exterior, tomando en cuenta que según estimaciones de la ONU, más de cuatro millones de connacionales están fuera del país. Piden también “una supervisión de organismos internacionales”, entre los que destacan a la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.

Guaidó: «Somos nosotros quienes controlamos la ofensiva, el régimen está solo» por Ariany Brizuela – Caraota Digital – 8 de Julio 2019

Foto: Evtv Miami

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, indicó este lunes que participaría en elecciones luego de que se logre al cese a la usurpación.

«Estamos más cerca que nunca del cambio. Pero necesitamos un nuevo CNE, un registro electoral limpio. La unión es fundamental en este proceso de todos los líderes», aseguró.

“Tenemos la experiencia de República Dominicana, no hubo resultados ni acuerdo. No vamos a participar en ningún proceso fraudulento”, dijo Guaidó durante una entrevista para Evtv Miami.

El presidente encargado señaló que el proceso en Oslo no debe ser visto como una única solución, sino como un mecanismo para lograr nuestro objetivo.

“Estamos pasando una situación sin precedentes en nuestro país, queremos que nuestra gente vuelva y que la gente deje de vivir como hace 100 años”, indicó.

Aclaró que «acá nadie está confiando en la buena fe del régimen y esto está respaldado por el informe de la alta comisionada de la ONU. El régimen y Maduro quien desvirtuar el sentido de este proceso y no creemos en su buena fe. Confiamos en la fuerza de la calle y el apoyo internacional».

Recordó que Venezuela tiene el respaldo de todo el mundo, mientras el régimen de Nicolás Maduro se queda solo.

«Tenemos todas las herramientas y somos nosotros quienes controlamos la ofensiva. El régimen está solo», aseguró.

Guaidó señaló que los próximos días son fundamentales para producir resultados a corto plazo. “Estamos construyendo capacidades para lograr vencer una dictadura”, agregó.

«Estamos brindando las garantías suficientes para que lo sectores necesarios se pueden alejar definitivamente del régimen», dijo.

Por otra parte, aseveró que «aceptamos las críticas de todos los venezolanos estén donde estén, pero pido que se comunique de forma eficiente y con información oficial todo lo que diga de este proceso».

Asimismo, ratificó que «80% de la  Fuerza  Armada está como el resto de la población venezolana, es decir, quiere un cambio».

Insistió en que «tenemos un Plan País para todas las áreas específicas del país, articulado desde el Parlamento abrazado con diferentes sectores».

Ver imagen en Twitter

EVTV Miami@EVTVMiami

Acá nadie está confiando en la buena fe del régimen y esto está respaldado por el informe de la alta comisionada de la ONU. http://evtvmiami.com/en-vivo/ 

Los seis puntos de debate en Barbados – La Patilla – 9 de Julio 2019

Celia Mendoza, corresponsal de Voz de América que ha seguido de cerca las conversaciones en Oslo y Barbados, reveló los supuestos seis puntos de debate entre las delegaciones del presidente encargado Juan Guaidó y Nicolás Maduro, bajo la vigilancia del reino de Noruega.

De acuerdo con las informaciones recabadas por Mendoza, quien se encuentra en la isla caribeña, los puntos tratados serían los siguientes:

1- Elecciones con nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)

2- Cese de la Constituyente cubana (ANC)

3- Retorno del partido del régimen a la legítima Asamblea Nacional (AN)

4- Elecciones en menos de un año

5- Elecciones con o sin Nicolás Maduro

6- Sanciones económicas impuestas por EEUU

Según la mencionada periodista, de al menos cinco horas habría sido la primera sesión, protagonizadas por los mismos representantes citados en Oslo: Stalin González, Gerardo Blyde, Fernando Martínez y Vicente Díaz por parte de Guaidó; mientras que el chavismo envió nuevamente a Jorge Rodríguez, Jorge Arreaza y Héctor Rodríguez.

Asimismo, Mendoza puntualizó que Dag Nylander, asesor noruego, comentó que “las partes se reunirán esta semana en Barbados para avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país”. Además, agregó que “se llevarán a cabo de manera continua y expedita”.

Una fuente consultada por la citada corresponsal, afirmó que “tensión en la tercera reunión” podría llevar a que las negociaciones “terminen el miércoles en la noche”.

CELIA MENDOZA@CELIAMENDOZA25

5 horas habría sido el número de horas de la primera sesión de ennla tercera reunión entre representantes de @jguaido y @NicolasMaduro detalles entregados por @DagNylander

CELIA MENDOZA@CELIAMENDOZA25

Las delegaciones serían las mismas que se vieron cara a cara en durante la última reunión. De la oposición @stalin_gonzalez, @GerardoBlyde, Fernando Martínez y Vicente Díaz. Y oficialismo @jorgerpsuv @jaarreaza y @HectoRodriguez . @VOANoticias

CELIA MENDOZA@CELIAMENDOZA25

“Las partes se reunirán esta semana en Barbados para avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país”. Afirmó el @NorwayMFA @DagNylander agregó “Las negociaciones se llevarán a cabo de manera continua y expedita”.

CELIA MENDOZA@CELIAMENDOZA25

se reporta tensión durante la tercera reunión de la oposición y el oficialismo venezolano, lo que según algunas fuentes cercanas a los diálogos “podrían llevar a que estas terminen el miércoles en la noche” @VOANoticias @DagNylander

CELIA MENDOZA@CELIAMENDOZA25

los puntos que ya se han reportado previo a la llegada a 1. Elecciones con nuevo 2. Cese de la 3. Regreso de a la 4. Elecciones en menos de un año 5. Elecciones: con o sin 6. @VOANoticias

Video insertado

VIVOplay

@vivoplaynet

Nicolás Maduro estaría pidiendo que el oficialismo regrese a la Asamblea Nacional, siendo este el primer paso para restablecer la democracia en Venezuela, asegura @CELIAMENDOZA25, corresponsal de @VOANoticias en , por: https://bit.ly/2YIlWD2 

¿Qué pretende negociar la dictadura? por Christian Burgazzi – La Patilla – 9 de Julio 2019

Mucho se especula acerca de las intenciones de la dictadura al participar en las negociaciones con las fuerzas democráticas e incluso promocionarlas.

 

Se puede pensar que la presión internacional los está obligando a sentarse en la mesa, así como una probable presión interna de factores militares. También es plausible considerar que la dictadura tiene interés en ganar tiempo. Y además es razonable suponer que es parte de la estrategia para generar confusión y división entre los opositores, en especial en las redes sociales.

Todas estas razones pueden ser ciertas a la vez, sin que esto permita suponer que la dictadura tenga intenciones de hacer concesiones de fondo que conduzcan a su salida del poder. Todo lo contrario.

Por un lado pretende bajar la presión internacional o al menos lograr que no aumenten las sanciones, en especial contra los miembros de las familias de los jerarcas mas connotados; esperan aquietar a Europa para que no pasen a mayores. Piensan que no pierden nada sentándose a negociar, dado que no planean hacer concesiones importantes.

Por otro, la estrategia de ganar tiempo y dividir a las fuerzas democráticas, apunta a dos fechas críticas: el 5 de enero de 2020, cuando vence el mandato de Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea, y por ende se pone en discusión su rol como Presidente Encargado. Lo lógico para evitar ese riesgo, es que las fuerzas democráticas en la Asamblea Nacional, acuerden de una vez, así sea en privado, que Juan Guaidó repita como Presidente de la AN, si para ese momento no se ha resuelto el conflicto político mayor contra la dictadura.

La segunda fecha importante para la dictadura es Diciembre del 2020, cuando vence el mandato de esta Asamblea Nacional; lo cual implica que esas elecciones se podrían convocar mucho antes, incluso en el primer trimestre del año que viene.

El escenario que parece estar trabajando la dictadura es negociar un “nuevo” CNE, con dos Rectores de cada lado y uno independiente (lo cual no cambiaría en el fondo los riesgos de manipulación, que están intrincados en los demás niveles y sistemas de la organización). Regresar a la Asamblea Nacional los diputados del PSUV, para realizar conjuntamente con los diputados opositores el nombramiento de este “nuevo” CNE, sin desmontar a la Asamblea Constituyente, que se mantendría como órgano supremo (con el TSJ a su disposición). Luego este “nuevo” CNE convocaría a elecciones anticipadas de una nueva Asamblea Nacional, sin elección presidencial, para después convocar de común acuerdo un Referéndum Revocatorio a finales del 2020, y darle “solución” constitucional a la presidencia de Maduro, que no aceptan reconocer como usurpación. Curiosamente esta ruta “pacifica” ha sido promovida también por algunos opositores que tampoco creen que Maduro sea un usurpador.

Con esta estrategia la dictadura pretenden derrotar y acorralar políticamente a las fuerzas democráticas, antes de derrotarlas electoralmente, para perpetuarse en el poder.

Existen varias facciones dentro de la dictadura y es probable que haya roces entre el ala más dura que no acepta ninguna negociación y los factores que están intentando negociar el escabroso camino descrito, como forma de asegurarse la permanencia en el poder. Las contradicciones internas aumentan y la presión sigue produciendo grietas sino quiebres, pero está claro que el objetivo unitario de la dictadura es no perder el poder y resistir el impacto que, por ejemplo, causó el Informe de la Comisión de DDHH de la ONU, y las amenazas de llevarlo a la Corte Penal Internacional.

Las fuerzas democráticas lideradas por Juan Guaidó mantienen la lucha en diversos tableros; no pueden negarse a asistir a las negociaciones que promueve la comunidad internacional que apoya y reconoce a Juan Guaidó como Presidente Encargado. Lo que estas fuerzas democráticas deben tener claro es que necesitan mantenerse unidas entorno a los asuntos que se pueden negociar y aquellas condiciones irrenunciables, como un proceso electoral justo, libre y equilibrado, con un nuevo CNE imparcial, con la presencia internacional temprana, la liberación de todos los presos políticos, así como la restitución de los derechos políticos a los inhabilitados.

Al respecto la encuesta mas reciente del Instituto delphos y del Centro de Estudios políticos y de gobierno de la UCAB, señala que el asunto más álgido para lograr una solución electoral, considerando la disposición a ir a votar de la población nacional, es el cambio del CNE por uno confiable y la presencia de la Observación Internacional. Esto por encima de la participación de Maduro como candidato, siendo o no presidente para el momento de la elección. Lo cual plantea la necesidad de negociar un cambio verdadero del CNE, que convoque a elecciones presidenciales y parlamentarias simultaneas, con Participación internacional (mas que solo Observación), aun con el riesgo de Maduro en la presidencia y/o como candidato; es decir cambiando el orden en la ecuación: “cese de la usurpación”, por elecciones libres y justas, a la mayor brevedad.

En una negociación se debe estar dispuesto a ceder en lo accesorio para lograr lo esencial. La piedra de tranca no deben ser las fuerzas democráticas, cuyo objetivo central es derrotar a la dictadura, idealmente en elecciones libres, con nuevo CNE, Participación Internacional y sin presos políticos. No tiene sentido repetir la farsa electoral del año pasado, en condiciones que la gran mayoría de la población nacional no aceptó ni aceptará. Sin embargo una solución electoral, pacífica y democrática no depende únicamente de la oposición.

La tranca seguirá siendo sin duda la dictadura cuyo objetivo fundamental es no perder el poder, por lo que sus cabezas no querrán hacer concesiones ni negociar condiciones que puedan derrocarlos, a menos que se vean inevitablemente obligados a ello. Pretenden resistir a cualquier precio y quizás se equivocan al medir sus tiempos y costos.

Está por verse quiénes y cuántos en la dictadura están dispuestos a pagar qué precio.

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