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La posición de la comunidad internacional sobre la reelección de Nicolás Maduro – ProDaVinci – 4 de Enero 2019

El gobierno anunció que el jueves 10 de enero de 2018 será la toma de posesión de Nicolás Maduro para ocupar la presidencia por segunda vez. El Consejo Nacional Electoral anunció su reelección después de los comicios del 20 de mayo de 2018, un proceso que fue desconocido por parte de la oposición política en Venezuela. Hasta el 4 de enero de 2019, menos de una semana antes de la juramentación, 86 países han fijado posición en torno a esas elecciones: 39 reconocen los resultados y 47 los desconocen por “no cumplir los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente”. Ecuador y Uruguay no desconocieron ni reconocieron el proceso electoral. Prodavinci elaboró un mapa en el que se muestran las posiciones comprobables por medio de un comunicado oficial de los países sobre el proceso electoral. En el gráfico interactivo se pueden consultar los anuncios de cada gobierno.

Nota: El 4 de enero de 2019, el subsecretario de Exteriores de México manifestó que su país no se pronunciará sobre la legitimidad de Nicolás Maduro, mantendrá relaciones diplomáticas con Venezuela tras el 10 de enero y que permanecerá como miembro del Grupo de Lima. El 21 de mayo de 2018, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, México expresó que desconocía los resultados electorales del 20M.Dashboard 1 (15).png

10 de Enero: El despotismo apunta a la disolución de la República – Comunicado de Cátedra de Derecho Constitucional – Universidad Central de Venezuela

Colaboracionismo en la Venezuela de Chávez y Maduro por Gustavo Coronel -Blog Las Armas de Coronel – 14 de Diciembre 2018

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Hablar de colaboracionismo en la Venezuela de hoy es un tema tabú. Más difícil aún es referirse a personas en relación con este tópico, ya que el término generalmente se considera denigrante. La gente piensa en un colaborador de una dictadura o de un régimen invasor como alguien cobarde, codicioso, corrupto, equivocado, etc. Todos estos epítetos vienen a la mente porque la mayoría da por sentado que un colaborador colabora porque atiende a sus intereses personales, anteponiéndolos al interés nacional. Pero ello no es cierto en todos los casos. Hay quienes colaboran con una dictadura o con una fuerza invasora pensando – de buena fe –  que ello será beneficioso para el país. Por ejemplo, Pierre Laval pensó, al llegar a ser premier del gobierno de Vichy, que su cooperación podía salvar muchas vidas y preservar a Francia de una mayor catástrofe. Sin embargo, sus intenciones no fueron apreciadas por el gobierno francés de post-guerra, por lo cual fue fusilado.
Esta distinción entre colaboracionismo voluntario e involuntario ha sido estudiada por pensadores como el legendario Stan Hoffman (a quien conocí durante mis dos años de estadía en Harvard). En su artículo sobre “Collaborationism in France during the second World War”, The Journal of Modern History, Septiembre 1968, páginas 375-395, Hoffman habló de colaboracionismo como un producto del servilismo o de la  ideología.
El colaboracionismo servil es un servicio consciente al enemigo. El colaboracionismo ideológico (o pragmático) es aquel que ve en esa postura un posible beneficio para la sociedad de la cual se es miembro. La primera acepción es totalmente negativa. La segunda tiene aristas positivas ya que, según Hoffman, la actitud colaboracionista del gobierno de Vichy ayudó a salvar a Francia de mucha destrucción material.
En Venezuela, después de 20 años de atroz dictadura, de vergonzosa ocupación de nuestro territorio y nuestro gobierno por fuerzas cubanas o guerrilleros colombianos, de ruina financiera inducida por la corrupción de los chavistas en la función pública, de la mentira, la crueldad y la represión como políticas de estado, de total control de las instituciones por una alianza chavo-militar fascista, todavía hay un grupo de colaboracionistas involuntarios que sigue promoviendo lo que llaman una solución “democrática, constitucional y electoral”. Este grupo está a favor de una negociación con el régimen, a favor de tenderle un puente de plata a sus personeros, a favor de ir a votar bajo la mirada divertida de las hienas del Consejo Nacional Electoral encabezadas por Tibisay Lucena. Lo ven como la única solución “civilizada” a la tragedia venezolana. Muchos de sus miembros genuinamente desean ver salir al régimen pero consideran que la única forma de lograrlo   es a través del voto y/o de una aproximación al diálogo y a la negociación con la pandilla.
 Este grupo es colaboracionista, muchos de ellos en el sentido involuntario del término, aunque los hay también voluntarios,  plegados al régimen y  beneficiándose del status quo, como es el caso de Henri Falcón y de algunos de sus seguidores.
  
Entre el grupo que colabora involuntariamente a consolidar el régimen en el poder están, a juzgar por sus escritos, Eduardo Fernández y José Antonio Gil Yépez. El primero dice, en entrevista que le hace en GLOBOVISIÓN Luis Penzini, que si los venezolanos “hubiesen ido a votar en las elecciones municipales del 9 de Diciembre, hubiésemos ganado en 355 municipios”. Agrega allí el Dr. Fernández que la alta abstención se debió a factores tales como “el esfuerzo del gobierno por persuadir a los venezolanos que no vale la pena votar” o  a “la hiperinflación, a la escasez de alimentos y de medicinas” ya que la gente estaría muy atareada en conseguir comida para tomarse el tiempo de votar. Termina diciendo el Dr. Fernández que hay que buscar la manera de cambiar al gobierno “dentro del marco constitucional y electoral, con un acuerdo nacional, lo cual es fundamental para recuperar la economía”. Mencionó la necesidad de la “convivencia civilizada”.
Yo digo que esta actitud del Dr. Fernández es colaboracionista, porque contribuye a la permanencia del narco-régimen en el poder. Habla de la abstención electoral del 9 de diciembre como un error, mencionando varios factores que indujeron al pueblo venezolano a cometer ese “error”. Pero se le olvidó al Dr. Fernández la razón fundamental de la abstención, la cual no fue la persuasión del gobierno o el hambre o la enfermedad sino la indignación moral que siente el pueblo venezolano frente a una pandilla ilegítima de bandidos que ha arruinado a Venezuela y regalado, como prostituta a su gigolo castrista, la soberanía nacional. El colaboracionismo del Dr. Fernández consiste, en mi criterio, en no reconocer esa razón fundamental, no mencionarla, no hacerse eco de ella, no participar activamente en la promoción de una rebelión ciudadana que lleve a la expulsión del poder de esa pandilla, sin  que puedan irse con entera impunidad a disfrutar sus dineros mal habidos al exterior. Lo que dice el Dr. Fernández promueve de manera involuntaria (no puede ser de otra manera  en un hombre que ha servido la causa de la democracia por años) la permanencia del narco-régimen en el poder. 
 
El Director de Datanalisis,  Dr. José Antonio Gil Yépez, a quien conozco desde hace años, cuando compartíamos actividades en el Grupo Santa Lucía, nos revela una actitud sumamente pragmática cuando dice, en su balance de 2018, que es necesario un diálogo entre el gobierno y la oposición. Dice que es posible negociar una nueva estructura de poder en la Asamblea nacional que incluya la participación del partido del narco-régimen, “lo cual llevaría a  una forma de reconocimiento y concuerda con los planteamientos que ha venido haciendo Maduro de buscar al diálogo entre las partes en Venezuela”. Agrega el Dr. Gil Yépez que “hay que sentarse y reconocerse entre las partes”.  Dijo que el diálogo reconocería a Maduro, de nuevo, como presidente (!!!!), si el régimen renueva a los magistrados del TSJ y a los miembros del Poder Moral y a dos rectores del CNE. Sobre la abstención del 9 de diciembre el Dr. Gil Yépez dice: “no votar hace que el venezolano se ponga al margen de la solución al problema. La abstención no es la solución, más bien la agrava, en lugar de activarse e ir por otro canales”. Atribuye la abstención a los mecanismos de elección pero, como en el caso del Dr. Fernández, se inhibe de mencionar la inmoralidad que representa ir a votar bajo el sistema corrupto y dictatorial imperante.
Yo digo que esta postura del Dr. Gil Yépez es colaboracionista, de forma aún más acentuada que en el caso del Dr. Fernández. Propone una coexistencia pacífica con este régimen criminal, el cual permita a Maduro permanecer en el poder. Jamás hubiera pensado que el Dr. Gil Yépez que yo conocí en otras épocas pudiera llegar a tener una postura como esta.
  
Colaboracionismo voluntario o involuntario nos conduce al mismo resultado: la consolidación de un narco-régimen moralmente inaceptable en el poder.  
Los venezolanos debemos debatir estas posiciones con el mayor respeto posible pero, al mismo tiempo, sin sub-estimar la gravedad que representa el colaborar con un régimen que ha arruinado al país y pretende continuar arruinándolo si decidimos coexistir pacíficamente con él.
Nunca saldremos de esta pesadilla votando bajo el sistema corrupto imperante. La abstención es también una forma de votar. Transmite un mensaje poderoso de rechazo al narco-régimen y pone en evidencia su ilegitimidad.    

Maduro rechazado en las urnas y en las calles por Armando Durán – El Nacional – 10 de Diciembre 2018

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A las 10:30 de la noche del domingo 9 de diciembre, Tibisay Lucena, eficiente agente del régimen en su función como Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció que a esa hora, con 92,30 por ciento de las actas totalizadas, 27,4 por ciento de los 21 millones y tantos electores registrados en ese organismo había ejercido su derecho al voto para elegir a 2.459 concejales. Mentira podrida. Como cualquiera que se paseara por las calles de Caracas o de cualquier otra población venezolana habría comprobado sin ninguna dificultad, este domingo la abstención masiva de electores y la desolación se habían adueñado de todos los colegios electorales, incluso los situados en tradicionales feudos chavistas, como los muy populosos barrios caraqueños del 23 de enero y Petare. Lo cierto fue que, como señala la encuestadora independiente Meganálisis, más del 88 por ciento de los electores, hartos de Nicolás Maduro y de lo que representa, sencillamente se negaron a participar en una nueva y deprimente farsa electoral.
 En mayo había ocurrido lo mismo con la elección presidencial. La supuesta reelección de Maduro, en esa ocasión sin la participación presencial de los partidos de oposición, que tras el fracaso de sus negociaciones con el régimen en la última ronda de negociaciones celebrada como ya era habitual en República Dominicana para modificar las inaceptables condiciones electorales, se vieron obligados a abstenerse de participar en esa “elección”, dio lugar a que los gobiernos democráticos del hemisferios se negaran a reconocer la validez de aquella “consulta” electoral, circunstancia que los coloca, a partir del próximo 10 de enero, día en que oficialmente se inicia el nuevo y espurio período presidencial de Maduro, en el dilema de romper sus relaciones diplomáticas con el excomulgado presidente venezolano o, a pesar de ese justificado desconocimiento, hacerse los locos y dejar las cosas tal cual, como si en Venezuela no pasara nada.
Más allá del hecho en sí, la abstención masiva de los ciudadanos este domingo 9 de diciembre, revela dos aspectos importantes del momento político venezolano.
 Por una parte, que el falso dilema entre votar o no votar, alimentado en vísperas de cualquier elección por el régimen y los partidos colaboracionistas de la presunta oposición, Acción Democrática, Copei y el Movimiento al Socialismo, precisamente los tres principales partidos políticos del antiguo régimen democrático, finalmente ha dejado de ser una disyuntiva real.
Por otra parte, que a los dirigentes que desde hace años han sostenido las posiciones más críticas al régimen, María Corina Machado, Antonio Ledezma y Leopoldo López, que sostenían con firmeza irreductible el argumento de que para votar era preciso primero salir de Maduro y del régimen, se sumaron esta vez Henrique Capriles y Julio Borges, las cabezas más visibles del partido Primero Justicia, y Andrés Velásquez, de la Causa R, para quienes era preciso votar para cambiar de presidente y de régimen.
En términos concretos, esta nueva composición de fuerzas opositoras “radicales”, significa que a partir de ese categórico rechazo al régimen, la división política de los venezolanos ya no responde a razones políticas o ideológicas, sino a elementales razones de supervivencia, y desde esta nueva perspectiva adquiere una dimensión también nueva, que arrincona a Maduro y compañía en el rincón más solitario del espacio político venezolano.
Un hecho que a su vez pone de manifiesto que desde el día de hoy la polarización política se hará muchísimo más dramática, al enfrentarse una mayoría inmensa de ciudadanos, cercana a 90 por ciento de la población, desesperada por la crisis económica y social que sufren, sin precedentes en la historia republicana, a los cuatro gatos atrincherados en los cuarteles que se benefician groseramente de la miseria física y moral en la que el régimen ha hundido, despiadadamente, a Venezuela.
La gravedad de esta situación trató de enfrentarla Maduro al anunciar el pasado 20 de agosto un plan de reordenamiento económico y financiero para normalizar la situación social del país en un plazo de dos años.
Sin la menor duda, ese fue su último y quizá definitivo fracaso, pues tres meses después de haberlo implementado, a pesar de estar en vísperas de estas elecciones municipales y de las Navidades que se avecinan, se sintió obligado a anunciar lo que él calificó de “corrección”, pero que en realidad consistía en una penosa e inevitable confesión de que en apenas en sus primeros 100 días su dichoso plan había ido de mal en peor.
El objetivo de su proyecto era, por supuesto, frenar la galopante hiperinflación que pulverizaba la vida material de los venezolanos. Para ello, Maduro informó aquel 20 de agosto que a partir del primero de septiembre entrarían en vigor diversas medidas diseñadas para alcanzar la ansiada estabilización de la economía nacional. En primer lugar el aumento del salario mínimo algo así como 6 mil por ciento, para situarlo en 1.800 bolívares, llamados ahora bolívares Soberanos. En segundo lugar, se fijó por decreto un nuevo precio del dólar, que en el mercado paralelo había superado el nivel e los 6 millones de bolívares, entonces llamados Fuertes, a 60 bolívares Soberanos. La tercera medida, sin duda la más controversial de todas, fue la decisión de subir el precio de la gasolina, que prácticamente se regalaba a pesar de que era gasolina importada a precios internacionales, porque el derrumbe de la industria petrolera venezolana (de 3.3 millones de barriles diarios que se producían al llegar Chávez al poder apenas se producían ahora 1.1 de millones), también implicaba la paralización de las refinerías nacionales. En términos reales, un irracional subsidio a todos los venezolanos que le costaba al Estado entre 12 y 15 mil millones de dólares al año, sangría que afectaba gravemente las depauperadas finanzas públicas.
 Lamentablemente para Maduro, la supuesta corrección que había decidido aplicar desde el pasado primero de diciembre ha resultado, en estos pocos días, bastante peor que la enfermedad. Los 1.800 bolívares Soberanos del primero de septiembre pasaban ahora, tres meses después, a 4.500; el dólar del primero de septiembre, que costaba entonces 60 bolívares Soberanos, tres meses después, se cotizaba a 280 por dólar y ahora, 10 días más tarde, a las 8 de la mañana del lunes 10 de diciembre, su precio llegaba a 606,74 bolívares Soberanos por dólar. Una realidad que multiplicaba los precios de todo de día en día y diluía minuto a minuto el teórico poder adquisitivo del nuevo salario mínimo. En medio de esta calamidad irremediable, del supuesto y necesario aumento de la gasolina ya nadie habla, y como si esto fuera poco, en las gasolineras del país se suministra gasolina a cambio, no de un precio que no existe desde el primero de septiembre, sino de la buena voluntad del comprador, suerte de inaudita propina de los ciudadanos al Estado cada vez que llena el tanque de su vehículo con gasolina importada.
Las consecuencias de este último disparate del régimen han comenzado a sentirse en estas descompuestas urnas electorales del domingo. Al margen del evidente y rotundo rechazo ciudadano a Maduro y al régimen que él preside, en estos primeros días del “plan de ajustes corregidos”, las pequeñas y medianas empresas que todavía funcionaban, han comenzado a cerrar sus puertas, pues en el marco de un mercado de riguroso control de cambio y de precios, como nadie puede producir ni vender a perdida, mucho menos a importar con dólares que ya comienzan a dejar de ser una referencia y gradualmente asumen en medio habitual de pago pues nadie está dispuesto a tener “bolívares” en sus cuentas bancarias ni debajo de los colchones de su casa, la subida de precios, la escasez de alimentos y medicinas, la dolarización de la economía y del comercio y la delincuencia desatada por la agudización de la crisis coloca a Venezuela a un paso del colapso.
Resulta imposible precisar por ahora la magnitud del desastre por venir. Lo ocurrido el domingo con la abstención casi total de los 22 millones de electores convocados por el régimen y los partidos de la cohabitación es sólo un botón de muestra. No se necesita ser un experto economista para entender la dimensión del problema venezolano. Y sus efectos en el ámbito político. Una auténtica maraña de intereses diversos y complicaciones sin remedio a la vista que le arrebatan a Maduro el muy escaso espacio económico y político de maniobra que le quedaba.
Al día de hoy podemos señalar que mientras Maduro debe vivir acosado por la necesidad urgente de encontrar alguna manera para escapar de su propia trampa, a los venezolanos se le hace más pavorosa la única elección que les presenta el régimen, marcharse del país con lo que lleva puesto o adaptarse a condiciones tan adversas que resultan impracticables.
¿Qué hacer?, esa es la más perentoria pregunta del momento. ¿Y qué ocurrirá en enero? ¿Romperán los gobiernos del hemisferio sus relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno de Maduro reelegido? Y sobre todo, ¿qué se discutirá estos tristes días navideños en el partido oficial del régimen y en los cuarteles, su única base de sustentación? ¡Qué maraña, caballeros!

Parlamento declara ilegal Presidencia de Maduro desde 2019 y pide elecciones – Panampost – 13 de Noviembre 2018

La Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, declaró como inconstitucional que Nicolás Maduro, siga ejerciendo la presidencia a partir del 10 de enero de 2019, cuando le correspondería iniciar el nuevo período, y pidió elecciones generales con condiciones democráticas

El Parlamento señala que procurarán “junto a la comunidad internacional” una “solución política que conlleve” a “condiciones electorales democráticas, de modo que sean posibles unas elecciones generales” que sustituyan a Maduro en la presidencia. 

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, declaró como inconstitucional que el presidente, Nicolás Maduro, siga en su cargo a partir del 10 de enero de 2019, cuando le correspondería iniciar el nuevo período presidencial, y pidió elecciones generales con condiciones democráticas.

El Legislativo hizo esta declaración debido a que consideran como fraudulenta la elección del pasado mayo cuando la mayoría de los partidos políticos de oposición no participaron por, entre otros motivos, estar inhabilitados y en la que resultó reelegido Maduro.

El documento, que no contó con el voto de dos fracciones opositoras -18 diputados- por, en principio, no tener conocimiento previo del acuerdo, señala que procurarán “junto a la comunidad internacional” una “solución política que conlleve” a “condiciones electorales democráticas, de modo que sean posibles unas elecciones generales”.

Concretamente piden unos comicios en los que puedan participar libremente los inhabilitados y exiliados políticos y con un Consejo Electoral equilibrado, “en fecha y condiciones que garanticen el derecho a elegir de los venezolanos, bajo observación nacional e internacional calificada e independiente”.

Se solicita además la disolución de la “espuria” Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano constituido solo por oficialistas.

Se pide, asimismo, la restitución del Estado de derecho y de los poderes del Parlamento que fue despojado de sus competencias constitucionales, apenas fue electo, por un supuesto desacato al Supremo que ordenó la destitución de tres diputados indígenas por un “fraude” en su elección durante 2015.

Además, en este acuerdo se exige “la atención urgente” a las necesidades del país, así como la liberación de los presos políticos que cifran en 232 hasta el 4 de noviembre.

El Legislativo señala también que apela a la comunidad internacional para “mantener de manera efectiva y progresiva la presión legítima” sobre el Gobierno.

“Todo ello en procura de una solución a la crisis y la construcción de una transición democrática ordenada e inmediata, sin las cuales ninguno de los problemas que sufre Venezuela tendrá solución”, agrega el texto en el que se afirma que solo la “solución política” hará posible la construcción de un nuevo Gobierno.

La mayoría de las peticiones contenidas en este acuerdo son las mismas demandas que hizo la oposición hace un año cuando acudió a un proceso de diálogo con el Gobierno sin tener éxito.

Los 14 diputados que no avalaron este acuerdo consideran además que este documento es promovido por quienes creen en un diálogo como vía de solución a la crisis, una idea que no comparten, pues aseguran que en el Gobierno no se puede confiar.

Por su parte, la fracción de La Causa R -4 diputados- salvó su voto porque tampoco conocía en detalle el mismo, y señaló que mañana informaran su posición oficial sobre el acuerdo.

Sobre la naturaleza del conflicto político venezolano por Michael Penfold – ProDaVinci – 1 de Noviembre 2018

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Para Teodoro Petkoff In Memoriam

Desde hace algunas semanas atrás viene revoloteando en el ambiente político venezolano algo que trasluce como el principio de una posible nueva negociación. O, por lo menos, la revelación de algunos actores, tanto nacionales como internacionales, que asoman querer entrar en un espacio que abra con mayor certeza esa posibilidad. Todo esto ocurre en un momento en que la terrible muerte del Concejal Albán —que aconteció en las ergástulas de las oficinas de inteligencia del Gobierno— nos recuerda el lado más oscuro de un régimen que profundiza sistemáticamente la persecución y la violencia política.

Entre la evidencia informativa de que algo efectivamente está en movimiento destacan la visita a Caracas del senador Corker de los Estados Unidos, las declaraciones del canciller de España hablando del 10 de enero de 2019 como la fecha de vencimiento de la legitimidad de origen de Maduro, el anuncio de la directora de Relaciones Exteriores de la Unión Europea explicando la imperiosa necesidad de buscar acuerdos sin dejar de aumentar la presión internacional en caso de que fuese necesario, el anuncio de Bruselas de la creación de un Grupo Contacto para Venezuela, cuyo objetivo sería explorar las bases para una potencial mediación; la activación del Grupo de Boston como punto de encuentro entre chavistas y opositores, las palabras de algunos voceros de oposición sobre la importancia de entrar en una negociación que permita fijar una nueva elección presidencial con condiciones justas y transparentes, el rechazo de otros actores a repetir una ronda sin que haya acuerdos previos que sean verdaderamente sustantivos, e incluso el reconocimiento de algunos líderes —que hasta hace poco estaban completamente renuentes a la posibilidad de un acercamiento— que dicen ya haber entrado en contacto con facciones internas del chavismo.

Todas estas afirmaciones hacen pensar que algo está pasando, que muchos factores, bastante disímiles entre sí, andan construyendo túneles para abrir la comunicación política entre diversos grupos. Los partidos, como los topos, han terminado cavando pasos subterráneos, muchas veces de forma paralela, para poder intercambiar puntos de vista sin ser observados. Como resultado de esta mancilla todos prefieren mimetizarse, pues saben que la simple sospecha de que una ronda de acuerdos con el chavismo pudiese llegar a ocurrir causaría un enorme escozor, ante una opinión pública que ve cualquier transacción como una traición irreparable.

Es indudable que en Venezuela existen muy buenas razones para pensar de antemano que cualquier nuevo intento de negociación es una pésima idea. Las experiencias previas con dichos procesos terminaron más bien por desprestigiar a los partidos políticos que de buena voluntad decidieron participar en ellos, hundió en la desesperanza a la población que avaló la idea de buscar acercamientos, y también condenó al escepticismo a la misma comunidad internacional que los ha promovido. En el pasado, el Gobierno ha utilizado muy hábilmente a la negociación como una táctica para ganar más tiempo en su esfuerzo por posponer la entrega del poder y dividir al liderazgo opositor. En cada uno de los episodios en los que se abrió un compás para intentar alcanzar algunos convenios, el proceso culminó con un deterioro aún más acentuado de las condiciones políticas y económicas del país.

Los malos frutos están a la vista. La mesa de negociación que lideró El Vaticano en noviembre de 2016 le permitió al chavismo la posibilidad de bloquear el referéndum revocatorio. Esa suspensión fue una violación constitucional, que estuvo seguida por la inhabilitación judicial de la Asamblea Nacional y que abrió el camino para profundizar la cruel represión de las protestas ciudadanas. La negociación que lideró el expresidente Rodríguez Zapatero en República Dominicana, en marzo de 2018, culminó abruptamente sin acuerdos, y llevó a un evento electoral sin ningún tipo de reconocimiento internacional, con la ilegalización de los principales partidos políticos de oposición, con el exilio forzado del antiguo presidente de la Asamblea Nacional y con un mayor recrudecimiento del autoritarismo.  De modo que cada una de esas mesas se cristalizó en decepciones, que se han traducido a su vez en un mayor abatimiento general. ¿Para qué insistir en este tipo de alternativas?

La pregunta no es retórica. Esto es exactamente lo que argumentan aquellos que nos recuerdan que cualquier negociación en Venezuela no sólo es inmoral, sino estructuralmente imposible. Un tercer episodio de acercamientos tan sólo terminaría por deteriorar aún más las frágiles condiciones de lucha de las fuerzas democráticas del país. La alternativa es esperar. Incrementar la presión internacional. Elevar las amenazas creíbles. Dejar que el tiempo, conjuntamente con el deterioro de las condiciones socio-económicas, produzca un quiebre interno del chavismo. Tan sólo en un eventual momento de ruptura será conveniente negociar.

¿Pero por qué Maduro permanece en el poder a pesar de que la crisis ha adquirido proporciones ciclópeas? Muchos insisten en que las fuerzas oficialistas se van a terminar debilitando con la próxima ola de presiones internacionales —ayer encabezados por Macri o mañana por Duque y Bolsonaro—, así como con la aceleración hiperinflacionaria y la perpetuación de la crisis económica. Sin embargo, hasta ahora todos quedamos más bien sorprendidos ante la capacidad de resistencia del régimen. Eso no quiere decir que un evento en un futuro próximo no pueda ocurrir, pues es evidente que podría suceder, pero quizás también sea conveniente preparase o planificar lo que también se puede presumir con una altísima probabilidad: que el conflicto político permanezca incólume. ¿No será que una vez que suavicemos ese supuesto haremos nuevamente relevante a la lucha interna y nos obligue a planificar otro escenario?  ¿No será acaso que nos hemos equivocado, tanto chavistas como opositores, en la concepción del tipo de conflicto que vivimos en el país y que, sin importar el escenario, siempre vamos a terminar en una negociación?

La visión compartida de ambos bandos es que el conflicto político venezolano es por su propia naturaleza uno de desgaste y que es, además, temporalmente finito: alguien terminará por imponerse. Ante esa realidad, el juego del Gobierno es desmantelar la institucionalidad democrática, movilizar recursos para reprimir la protesta social, elevar capacidades para desarbolar cualquier amenaza interna o externa, incrementar las rentas económicas a sus aliados más cercanos y controlar directamente a la población. Todo esto siempre acompañado de algún barniz electoral que les permita mantenerse en el poder. Esta bárbara manera de ver la realidad política asume que, una vez que se alcancen todos estos objetivos, el país va a quedar en paz, sin oposición y con mucha revolución por delante.

Sin embargo, para sorpresa del propio chavismo, esa rotunda victoria nunca ha sido definitiva a pesar de haber logrado cada uno de los objetivos que se propusieron. La oposición, aunque disminuida y reprimida, no desapareció. Las sanciones internacionales se incrementaron. El declive del sector petrolero se aceleró. La hiperinflación explotó. El acceso al financiamiento internacional se cerró. Las elecciones del 20-M no fueron reconocidas. Y las protestas sociales aumentaron. Es así como, aun logrando mantener el poder, el conflicto de desgaste para el chavismo nunca llegó a producir un triunfo irreversible.

La oposición mantiene una visión similar sobre la naturaleza del conflicto político venezolano. Para derrotar al chavismo, y restaurar la democracia, es fundamental construir todo tipo de opciones que incrementen los costos de la coalición dominante asociados a mantenerse en el poder. Para ello la clave es deslegitimar y construir amenazas internacionales con un alto grado de credibilidad que hagan ver que si no hay concesiones políticas, especialmente electorales, o, incluso, si no abandonan el poder, esas amenazas terminarán siendo implementadas.

El peso de las acciones internacionales, que implican explorar el uso de “todas las opciones que están sobre la mesa”, pasan a ser el principal eje de la actual estrategia disuasiva opositora. El supuesto central detrás de esta concepción es bastante simple: el aumento de los costos asociados a esas amenazas “obligará” a los chavistas a cambiar su comportamiento y posiblemente a negociar pacíficamente su salida del poder. Otro supuesto colindante de esta manera de ver el cambio político es que el deterioro de las condiciones internas, entre ellas la depresión económica, así como el colapso de la infraestructura básica del país, ineludiblemente van a llevar a una implosión política dado el incremento exponencial de las presiones sociales.

Hasta ahora todos estos supuestos no han producido los resultados esperados: el chavismo ha logrado atrincherarse con cierto éxito. La ruptura final no se ha producido —lo cual no quiere decir que pueda ocurrir más adelante—. Los militares parecieran mantenerse leales o han sido efectivamente purgados. La amenaza internacional tampoco termina siendo ni suficiente, ni perfectamente creíble. Y la presión social, aunque mayor, hasta los momentos no ha alcanzado una gran escala como para dinamitar el proceso político. Es indiscutible que el diseño y la ejecución de esta estrategia han disminuido reputacionalmente al chavismo en la esfera internacional y también ha reducido sensiblemente su campo de acción, pero es necesario comenzar a reconocer que tampoco lo ha dejado fulminado domésticamente. Alguien podría responder que es cuestión de tiempo y que, por lo tanto, hay que seguir aguardando.

El problema es que la idea de que este conflicto de desgaste es temporalmente finito, es decir, que va a tener un final relativamente pronto o incluso feliz, puede ser cuestionable. Entonces, ¿cuál es la verdadera naturaleza del conflicto político venezolano? Mi visión es que es un conflicto existencial sin término temporal. O lo que algunos psicólogos sociales conocen como un conflicto grupal marcado por “odios mellizales”. En la literatura sobre los conflictos sociales, este tipo de situaciones ocurren cuando las “heridas” de ciertos grupos comienzan a ser traducidos en “reclamos” y éstos, a su vez, son “ajustados” a través de distintos medios, pero nunca logran ser saldados completamente. En esta dinámica social, el enemigo que debe ser dominado logra resistir: nunca termina siendo derrotado.  En el fondo, es la historia de dos grupos filiales que están condenados a vivir juntos pero que preferirían que el otro no existiese o que fuese reducido a su mínima expresión. La tragedia de este conflicto consiste en que el “otro” encuentra imposible prescindir totalmente del “mellizo”, pues no sólo no lo puede eliminar, sino que, al tratar de hacerlo, deteriora su propia probabilidad de supervivencia.

La mejor solución a este tipo de conflictos es la construcción de instituciones fuertes que otorguen garantías mutuas a ambas partes indistintamente del tamaño social y político de cada grupo.  Este fue el conflicto que caracterizó a la transición sudafricana de los años ochenta, que no era otra cosa que el conflicto de una minoría blanca que pretendía ejercer un dominio de facto sobre el resto del país, pero que, al hacerlo, aumentó considerablemente los riesgos de terminar destruyendo su propia supervivencia debido a las crecientes presiones internacionales. Esta élite política, que tenía cómo mantenerse en el poder autoritariamente e independientemente de esas mismas presiones,  terminó aceptando que dependía del “otro” para poder construir instituciones lo suficientemente sólidas, que le permitiese preservarse y blindarse frente a cualquier amenaza futura. Esto fue lo que Nelson Mandela logró resolver tan magistralmente después de décadas de duras luchas sociales y políticas.

Quienes dicen que en el país no hace falta una negociación tienden a subestimar la posibilidad de que la nefasta situación actual se siga extendiendo en el tiempo. La negociación es más bien un instrumento valioso, que es necesario preservar y que requiere estar técnicamente bien conducido. Para todos los que vivimos aquí en Venezuela, y que padecemos el conflicto directamente, comienza a ser cada vez más evidente que el Gobierno puede seguir resistiendo tan sólo con hacer su coalición cada vez más pequeña, pero también cada vez más extractiva y cada vez más autoritaria y mejor alineada ideológicamente. La oposición también ha demostrado su capacidad de infligir daños internacionales al chavismo, cada vez más severos, pero todavía sin lograr su objetivo final. De modo que la posibilidad de que ambos grupos puedan construir una salida sin una negociación, por la vía del dominio, de la implosión o de un colapso, es algo que luce cada vez menos probable. Es más: que hayamos quedado traumados por las experiencias anteriores no hace que la negociación requiera ser desechada o que, por lo menos, deba ser planificada. Es fundamental reconocer que las heridas que el chavismo ha dejado son enormes y grotescamente graves, pero no por ellas un movimiento político que ha dominado la escena venezolana durante las últimas dos décadas va a desaparecer instantáneamente. Persiste. La oposición tampoco puede ser ignorada. También existe. El chavismo sabe que si esa misma oposición se vuelve a unificar llegaría a tener una amplia mayoría electoral.

Ante este panorama, sin garantías mutuas, visto con crudeza desde el chavismo, ¿para qué negociar unas condiciones electorales perfectamente justas y transparentes de unos comicios que inevitablemente perderían? El único atractivo para el chavismo de una negociación de ese tipo sería entregar condiciones parciales en materia electoral que les permita una razonable probabilidad de ganar a cambio que se les otorgue legitimidad internacional o entrar a obtener esas garantías plenas (incluyendo la remoción de las sanciones) a cambio de la reinstitucionalización completa del país.

Ambos resultados son diferentes. El primer escenario de esa negociación podría terminar en una sucesión para el chavismo (que podría presentar otro candidato), y si llegase a perder culminaría en una transición pacífica dominada por la oposición. La negociación sería un “replay” con algunos ajustes menores de las rondas anteriores pues los temas estarían centrados en los asuntos estrictamente electorales. Dentro del chavismo es cada vez más notorio cómo el Gobierno comienza a pasearse por la posibilidad de una segunda sucesión revolucionaria y para poder asegurar ese resultado necesita una nueva elección general con aval internacional y continuar promoviendo la división completa de la oposición. El chavismo se prepara, al menos se planifica, para ese escenario. Lo que es más difícil de anticipar es más bien cuál va a ser la repuesta opositora. Lo que sí es evidente es que en el plano normativo, si la negociación se va a centrar simplemente en lo electoral, el objetivo no puede ser otro que obtener todas las garantías y, muy especialmente, un nuevo Consejo Nacional Electoral independiente así como la presencia de observación internacional.

El segundo escenario de esa misma negociación implica la reinstitucionalización completa del país a cambio de amplias garantías políticas y judiciales para el chavismo. Este acuerdo conllevaría ineludiblemente a un cambio político. De ahí que insistir en aumentar los costos asociados a las amenazas internacionales es insuficiente sin dar claras señales de estar dispuesto a ser igualmente creíbles a la hora de otorgar ciertas concesiones. Este intercambio pasa por comernos varios sapos: justicia transicional, sobrerrepresentación de las minorías, transferencias fiscales aseguradas y amnistías de todo tipo. Bajo esta perspectiva, la negociación no sería tratada como una simple transacción comicial, sino como un mecanismo para consensuar un conjunto de instituciones constitucionales, judiciales y electorales que garanticen a ambas partes que perder la presidencia no se convierta en un drama, que ejercer el poder no sea un burdo botín y que pasar a la oposición no implique andar desnudo o preso.  Este resultado va a depender de la confluencia de cuatro factores diferentes: la presión interna del chavismo, la unificación opositora, la condicionalidad internacional y la aceptación militar.

En el fondo, indistintamente de los escenarios, lo que hay comprender es que la negociación sólo sirve si cumple con  el objetivo de restaurar el orden democrático y el estado de derecho. Si la negociación no logra ese objetivo difícilmente puede ser justificada. A estas alturas, soluciones parciales ya no son suficientes. Ahora bien, debido a la naturaleza del conflicto venezolano, es cada vez más evidente que la salida nunca va a ser sencilla para llegar a ese puerto. Si Venezuela no es capaz de resolver el punto neurálgico de su problema político-institucional, es poco lo que en materia económica, social o incluso de reconstrucción de la infraestructura básica podremos realizar en el futuro. La sostenibilidad y la estabilidad de la nación seguirán totalmente comprometidas. En cambio, si por algún golpe de suerte comenzamos a entender que el conflicto puede ser procesado institucionalmente, sin perder las garantías básicas que mutuamente nos hemos concedido, y que perder elecciones no implica quedarse sin libertades y sin derechos económicos y políticos, entonces, y sólo entonces, quizás el país pueda salir de este primitivismo tan salvaje, de este perfecto infierno en el que la irresponsabilidad autoritaria del actual Gobierno nos ha condenado a vivir a todos los venezolanos. Es más que evidente que la negociación es inevitable. Lo difícil es explorar la forma de condicionar lo incondicional.

Cómo producir una transición democrática en Venezuela por Benigno Alarcón Deza – Politika UCAB – 18 de Septiembre 2018

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Dijimos en nuestra anterior columna que una transición política en Venezuela no es ya un tema de preferencias sino una condición sine qua non de la que depende la viabilidad del Estado y la vida misma de millones de venezolanos que, ante la desesperación, se exilian sin certeza de su destino, huyendo del hambre y la enfermedad, para buscar al menos un mañana menos incierto, haciendo cualquier cosa en cualquier otro lugar.

Atendiendo a la trascendencia de esta urgencia, desarrollamos una propuesta sobre cómo producir una transición democrática en Venezuela, la cual incluye cinco tareas básicas: presión interna, presión internacional, reducción de los costos de tolerancia, tener un plan para un gobierno que atienda la gobernabilidad durante la transición y prepararse para una elección presidencial.

Como también dijimos, la ruta descrita demanda un factor esencial, hasta ahora inexistente: un liderazgo responsable de la dirección del proceso. Tal como sucede con una orquesta, ésta no puede funcionar sin un director y una partitura (plan bien definido) y tampoco con varios directores que dan instrucciones simultáneamente siguiendo partituras distintas. Se necesita un director y una partitura. Sin tal liderazgo resulta imposible lograr avances significativos en ninguna de las tareas necesarias.

Sin liderazgo es imposible movilizar a la sociedad de manera masiva y coordinada para presionar internamente. Sin liderazgo no es posible coordinar esfuerzos con la comunidad internacional de manera eficiente. Sin un liderazgo que ejerza la dirección y vocería del cambio es imposible construir una visión coherente del país posible; ni los actores gubernamentales, o quienes les sostienen en el poder, encontrarán una contraparte con quien negociar. Sin un liderazgo unitario, alrededor de quien se generen expectativas creíbles de cambio, es imposible conformar equipos de trabajo que puedan prepararse, adecuada y oportunamente, para gobernar en medio de las dificultades e inestabilidades propias de una transición política. Sin un liderazgo unitario es imposible estar preparados para ganar una elección y blindar a un nuevo gobierno con la legitimidad necesaria para consolidar una democracia, bien sea que esta elección se produzca como resultado de la presión interna e internacional, de una negociación, o como consecuencia de una renuncia o ruptura del bloque de gobierno. Toca hoy desarrollar algunas ideas sobre cómo colocar un liderazgo legítimo al frente del proceso.

Tal liderazgo, para llevar al país hacia una transición y luego consolidarla, debe gozar de un importante nivel de consenso por lo que, difícilmente, éste puede derivarse de un acuerdo entre élites partidistas que nunca sería representativo de un país que, aunque hoy demanda por unanimidad un cambio democrático, dejó de confiar en los partidos, como demuestran la totalidad de los sondeos de opinión pública.

Si los partidos no pueden decidir tal liderazgo, en representación de los ciudadanos que hoy no se sienten representados por éstos, además de las dificultades más que demostradas para alcanzarlo –porque tal decisión no le otorgaría la tan necesaria legitimidad–, entonces toca a los ciudadanos decidir, de manera directa, en quien confían para liderar lo que sería el proceso político de mayor trascendencia nacional desde su independencia hace casi doscientos años.

Tal decisión sobre el liderazgo puede darse tan solo por dos caminos. Un primer camino es el propio de la evolución natural de un liderazgo, mediante un proceso de darwinismo político en el que la mayor parte de los líderes actuales se extinguirán, mientras otros, más aptos para lidiar con las actuales circunstancias, emergerán y se posicionarán políticamente hasta que tengan la fuerza y encuentren el camino para desplazar a quienes hoy ocupan el poder. Este proceso, como seguramente usted ya intuye, puede tomar años y hasta décadas, sin que muchos de nosotros alcancemos a ver su concreción, con costos humanos y de reconstrucción que serían inaceptables.

Una segunda alternativa es la de crear las condiciones necesarias para acelerar este proceso, es decir, para que los ciudadanos puedan elegir de manera directa un líder e iniciar, de manera inmediata, coherente y orquestada, el camino que nos llevaría hacia un proceso de cambio político. Eso podría concretarse en los próximos meses si existe la voluntad y determinación de amplios sectores de la sociedad venezolana.

La propuesta que hemos venido manejando, y que hoy hacemos pública a través de esta Carta, ha sido presentada recientemente ante partidos políticos y plataformas de la sociedad civil, como Creemos Alianza Ciudadana y el Frente Amplio Venezuela Libre, así como a otros actores representativos. Aunque no ha conseguido consenso entre los partidos de oposición –lo que no debe extrañar porque es la suerte que corren la mayoría de las propuestas por el “dilema de prisionero” del hemos hablado en otros artículos– sí ha merecido una mayor consideración de parte de actores y líderes sociales.

Esta propuesta consiste en la organización de una elección abierta para definir tal liderazgo. Esta elección debe ser organizada por los cinco actores que gozan de mayor credibilidad y confianza en el país: la iglesia, las universidades, los estudiantes, los líderes de la sociedad civil organizada y las fuerzas productivas del país (empresarios y trabajadores), sin la participación del Consejo Nacional Electoral. En esta elección deben poder participar todos los venezolanos mayores de 18 años, inscritos o no en el Registro Electoral, residentes o no actualmente en Venezuela, ya que su participación es la mejor prueba de su disposición para esta lucha. Si se logra que haya una elección presidencial también se podrá lograr que estas personas sean debidamente registradas para votar en una próxima elección.

En este mismo sentido, en esa elección deben tener el derecho a ser elegidos, en condiciones de igualdad, todos los que tengan la voluntad, preparación y disposición para liderar al país en un proceso de transición política, que será extraordinariamente complejo, sean éstos miembros de partidos políticos o no, estén o no habilitados políticamente, siempre que reúnan las condiciones establecidas por la Constitución para participar en una elección presidencial. Así, si se logra la presión necesaria para que se celebre una nueva elección presidencial, también se logrará que ésta se desarrolle bajo reglas distintas que permitan la participación del líder que el país escoja y no el que el régimen pretenda escoger por nosotros.

Obviamente, en una elección de participación abierta se corren dos riesgos principales: uno es la dispersión de votos entre candidatos (conocidos o emergentes), lo que pudiese traer como consecuencia que quien gane por una mayoría relativa no cuente con el reconocimiento de parte importante del resto de electores. El otro es que tal elección, como algunos temen, termine generando una importante pugnacidad que haga más difícil la posterior cohesión de todo el movimiento democrático en torno a un liderazgo.

Ambos obstáculos pueden superarse con una solución sencilla que ha sido probada en procesos electorales en otros países: una elección con selección múltiple; para ello existen varias metodologías con distintos niveles de complejidad. Creo que en nuestro caso lo más sencillo puede ser lo más eficiente.

Cada elector tendría la oportunidad de votar por tres candidatos de su preferencia. Esta metodología tendría dos ventajas. La primera es que todo candidato, al necesitar de los votos de los electores de sus contendores, se vería obligado a reducir su pugnacidad hacia los otros candidatos. Si alguien necesita los votos de otro, nadie que dedique su campaña a descalificarlo tendrá los votos necesarios para ser una de las tres opciones mayoritarias. La segunda ventaja es que el ganador será el que tenga el mayor consenso y el menor rechazo entre todos los competidores y se convertiría en una de las opciones para la gran mayoría de los electores.

Para quienes piensan que nadie participaría en un proceso electoral de esta naturaleza en medio de las actuales circunstancias, la respuesta es que la disposición a participar ya ha sido medida por dos estudios que, aunque no son nuestros, son coincidentes y la estiman en alrededor de dos tercios de los electores de oposición. Ello implicaría una participación superior a la de la consulta del 16 de julio de 2017, incluso superior a la de los supuestos resultados oficiales de la elección del pasado 20 de mayo.

¿Y después qué?

Las condiciones bajo las cuales se celebró la última elección presidencial hacen imposible para la comunidad internacional democrática el reconocimiento de la presidencia de Maduro a partir de la enero de 2019. Tal situación constituye una ventana de oportunidad que solo es posible aprovechar, sí y solo sí, el país y la comunidad internacional se unifican y se movilizan en torno a un solo objetivo que haría posible todas las demás aspiraciones: elecciones democráticas para elegir al gobierno de transición que deberá iniciar la gran reconstrucción nacional, a partir de enero de 2019.

Toca a todos los ciudadanos y sectores democráticos del país la tarea de iniciar un movimiento que, articulado como una gran orquesta bajo un mismo liderazgo y con una ruta claramente definida, nos permita llevar a ese líder, legítimamente electo y  decide.descarga reconocido, a encabezar un gobierno de reconstrucción nacional que debe ser también electo en un proceso democrático, todo lo opuesto a lo que vimos el 20 de mayo pasado. Un proceso que no ocurrirá porque el gobierno lo vaya a permitir por una concesión graciosa –que nunca ha sido ni será su intención– sino como consecuencia de la presión interna e internacional, tal como ha ocurrido en la mayoría de los procesos de transición en el mundo.

A partir de allí, aquellos actores moderados y racionales vinculados al gobierno –o las instituciones que lo sostienen– sabrán con quién hablar. A partir de allí, quienes quieran estar al servicio de la nación, y no de las élites que desesperadamente se aferran al poder, sabrán a quién escuchar y a quién dirigirse si quieren contribuir a un cambio que será inevitable. A partir de allí, quienes hoy ocupan puestos de liderazgo o autoridad en alguna institución tendrán que decidir entre servir a la nación o servir a las élites del actual régimen que gobiernan en contra de la voluntad de la nación.

Shimon Peres, cuando se le preguntó si veía la luz al final del túnel en el conflicto entre su país, Israel, y Palestina, dijo: “veo la luz, pero lo que aún no veo es el túnel que nos llevará a ella”. Si alguien tiene una propuesta más realista que no implique sentarse a esperar a que otros decidan o hagan algo que nosotros no hemos sido capaces de hacer, seré el primero en reconocer, con la mayor humildad, la pertinencia de otra alternativa y poner mi mayor esfuerzo en la construcción de un camino que sea factible hacia una Venezuela libre, próspera y democrática. Mientras tanto, seguiré insistiendo en la ruta propuesta con la esperanza de que caiga en tierra fértil y eche raíces entre aquellos liderazgos políticos y sociales, así como entre los ciudadanos que amamos esta tierra y actuamos de buena fe.

Acuerdo obligado por Luis Ugalde S.J. – Blog Cesar Miguel Rondón – 18 de Septiembre 2018

Luis-Ugalde-800x478Las cosas han llegado a tal extremo y la situación es tan dramática que la desesperación se ha apoderado del país. La gente no cree en el régimen y sus promesas-propaganda y cada medida nueva agrava la situación. El liderazgo opositor carece también de credibilidad por su falta de unidad y su impotencia frente a la dictadura y los urgentes problemas socioeconómicos.

El desastre es tan grave que la reconstrucción parece imposible sin un gran acuerdo de salvación nacional concretado en un gobierno de transición que incluya a buena parte de los que fueron y de los que todavía hoy son chavistas. El régimen actual no tiene futuro, pero puede resistir con un alto costo de vidas, dignidad humana y libertad democrática de millones de venezolanos. No puede haber un gobierno nacional que entusiasme y tenga éxito si no lleva en el corazón de sus políticas concretas las razones que hace 20 años tuvieron las mayorías chavistas. Si, según las encuestas más recientes, un 85 % de los venezolanos vive en pobreza, el nuevo gobierno sólo cuajará si renace en la vida de esa inmensa muchedumbre que agoniza en la pobreza y el exilio, y fracasará si no toma en serio la vida digna de ellos. Esa esperanza no se puede nutrir sólo de palabras y retórica, sino que necesita de entrada signos visibles de mejora socio-económica, lo que no es posible sin un vigoroso florecimiento de miles y miles de empresas privadas, entendidas y vividas como esperanza de los pobres y la superación de la pobreza como esperanza de la empresa privada, de la democracia y la libertad. Por otra parte, nada de esto es posible sin un apoyo decidido de las democracias y organismos internacionales, concretado en recursos materiales cuantiosos. Sin ese apoyo, ni el gobierno actual, ni cualquier otro que venga, tendrá estabilidad ni éxito y la solución no es la desesperanzada agonía dictatorial cubana de más de medio siglo.

El gobierno de transición sólo despertará entusiasmo nacional y concretará el apoyo externo si de inmediato enfrenta la hiperinflación (alimentada por el actual gobierno con enorme déficit fiscal y dinero inorgánico) y activa la producción económica que en cinco años se ha reducido a la mitad y que está matando a la gente, arrebatándole su salario y dignidad y bloqueando toda posibilidad de reactivación.

1-Para revertir de inmediato este despeñadero hay que combinar:

-No pago de la deuda externa ($ 132.000.000.000) en dos o tres años. Condonación de buena parte de ella, refinanciamiento de la otra parte y cuantioso préstamo (según los entendidos no menos de $ 40 mil millones)

-Reprivatización de las empresas estatizadas, hoy ruinas improductivas.

-Inversión extranjera (y nacional) con garantías jurídicas y economía social de mercado.

-Apertura petrolera (y gas) a las inversiones no estatales y recuperación productiva.

-Financiamiento de importación de bienes básicos de consumo (alimentos, medicinas…) e insumos para reactivar la producción.

2- Al mismo tiempo se requiere inmediata ayuda humanitaria internacional con activación nacional de los canales de distribución y también de un inmenso voluntariado de solidaridad con efectos en la regeneración moral y de reconciliación. Rescate del Estado y del caos, corrupción e ineptitud de los servicios públicos de agua, electricidad, transporte, seguridad… Rescate de la Constitución: libertad de presos políticos y exiliados, legalización de todos los partidos y de los candidatos vetados; separación de poderes públicos; eliminación de la ANC (supraconstitucional, es decir dictatorial); Fuerza Armada reconstitucionalizada; nuevo CNE; elecciones justas, libres y transparentes, una vez restablecidas las condiciones democráticas para ello.

No se trata de medidas sueltas ni de que cada grupo político pretenda instaurar en esta transición el modelo de su preferencia, sino de lo imprescindible para salir de esta dramática agonía. Sería fatal enredarse en debates ideológicos sin entender que la extrema emergencia exige un pragmatismo sanador previo a elecciones democráticas en las que la población escogerá al candidato de su preferencia entre alternativas que incluyan las que vienen del chavismo y también las que parecen más opuestas a él. Por ahora la negociación no puede ser maximalista, sino realista con la necesaria unidad nacional y el apoyo internacional imprescindibles.

3- La salida del gobierno actual tiene que ser pronta y negociada con espíritu de reconciliación, no de venganza sino de perdón, con una nueva primavera de reencuentro venezolano combinada con una acción serena y equilibrada de la justicia, en los casos que se requiera para evitar la impunidad.

4- Los militares (hoy unos cómplices y represores y otros reprimidos) y las democracias del Mundo y de las Américas deben formar parte de diversa manera de esta negociación y reconstrucción.

5-La Asamblea Nacional ha de ser la legítima pieza central de esta transición y quien la encabece debe excluirse de la contienda electoral democrática, que tendrá lugar tan pronto se restablezcan las condiciones básicas constitucionales para una elección libre, transparente y con garantías.

Ese acuerdo que incluya al chavismo democrático puede escandalizar a algunos, pero no será más chocante que el abrazo – en medio de tantos cadáveres y odios – de Bolívar y el jefe español Morillo en Santa Ana de Trujillo, como importante paso desagradable para salir de la guerra.

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