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51,3% quiere protestas y 66,9% dice no a la ANC por Ascensión Reyes – El Nacional – 22 de Junio 2017

En un sondeo de Datanálisis, 65,6% de los entrevistados considera que los estudiantes hacen una buena labor por el país

La firma Datanálisis realizó un estudio de opinión entre el 2 de mayo y el 4 de junio en 1.000 hogares, con un error admisible de más o menos 3,04%. En esta encuesta nacional ómnibus se destaca que dentro de las instituciones mejor evaluadas se encuentran los estudiantes. 65,6% de los encuestados opina que la labor de los estudiantes por el bienestar del país es positiva, mientras que 29,4% opina lo contrario.

Otra institución que también obtuvo buena puntuación fue la Mesa de la Unidad Democrática, ya que 48,1% considera que es buena su gestión en pro de la nación. Y 45,4% destacó que la labor fue negativa. En el caso de la Asamblea Nacional se tiene que la evaluación negativa fue ligeramente superior, apenas una décima, a la positiva. 46,9% percibió su labor como negativa para el país, y 46,8% indicó lo contrario.

Las instituciones del Estado no pasaron el examen. De acuerdo con este sondeo de opinión, la Fiscalía General recibió 69% de rechazo en su gestión, y 24,1% de aprobación. La Defensoría del Pueblo tampoco se percibe con un buen servicio por Venezuela, puesto que 72,5% la evaluó negativamente, y 20,8% lo hizo de manera positiva. Con una puntuación similar se valoró el Tribunal Supremo de Justicia. 73,1% le dio una puntuación negativa, y 21,1% positiva.

Otras dos instituciones que en este momento están sobre todo en el ojo del huracán son percibidas con una mala gestión por el bienestar de la nación. La FANB tiene 73,4% de evaluación negativa, y 22,5% de positiva. Y el Consejo Nacional Electoral ante la pregunta: “¿Cómo evalúa usted la labor del CNE por el bienestar del país?”, 73,4% de los encuestados opina que negativa, y 22,1% positiva.

Sí a la protesta y no a la ANC. 51,3% está de acuerdo con la convocatoria de protestas en el ámbito nacional y 44,2% está en contra. Sin embargo, solo 15,4% ha participado en las manifestaciones y 79,7% no ha respondido al llamado.

52,3% opina que el objetivo de las protestas es restituir el hilo constitucional y 27% cree que es desestabilizar al gobierno. 56,6% de los encuestados aseguró que ha habido represión injustificada y 4% que no ha habido represión.

El desacuerdo contra la convocatoria a la constituyente se tradujo en 66,9%, y a 23,2% le gustaría. Para 41,2% el objetivo es darle más poder a Nicolás Maduro para mantenerse en el gobierno; 11,1% permitir un golpe de Estado; 19,1% dará paz y estabilidad, y 18,7% dar paso a las elecciones regionales y presidenciales.

 

Focus Belli – Legítima Insurrección por Tulio Álvarez – América 2.1 – 20 de Junio 2017

Unknown-1.jpegMuchos son los riesgos que está asumiendo cada ciudadano y, en general, el pueblo venezolano en esta coyuntura liberadora. Pero el objetivo final es la mejor justificación del grave riesgo. Como enseña la historia de los grandes conflictos de la humanidad, el triunfo está en función de la definición, el coraje, la tenacidad y, por qué no admitirlo, elementos fortuitos que dependen de la elección del momento oportuno. El azar moral está en la ejecución de una estrategia después de asegurar todos estos factores. Ahora bien, la incógnita: ¿Será que estamos bien encaminados? Leer más de esta entrada

Viva la Constitución por Fernando Mires – Blog Polis – 17 de Junio 2017

 

constitucion-99-640Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

333 y 350. En esos números está todo. En esos dos artículos encontramos la razón de ser de la protesta venezolana.
En términos impecables la fiscal Luisa Ortega Díaz puso en forma jurídica el tema del conflicto. Un gobierno, el de Maduro, intenta desconocer la Constitución de la República y suplantarla por otra cuyo origen no reside en la soberanía popular sino en la decisión de un grupo entronizado en el poder. De un día a otro, el gobierno de Maduro, convertido en dictadura militar, ha decidido desconocer el sufragio universal y con ello a la forma republicana de gobierno, propia a todos los países democráticos de la tierra. Ahí reside la dimensión jurídica del problema.
La dimensión política limita con la jurídica pero no es la misma. Tiene que ver con el momento en el cual fue lanzado el proyecto de la Asamblea Constituyente. Y bien, ese momento no guarda la menor relación con lo que, desde una perspectiva histórica, vale decir, desde las revoluciones madres de la modernidad –la norteamericana y la francesa- han sido las Asambleas Constituyentes.
Las Asambleas Constituyentes vistas desde una perspectiva histórica han sido siempre portadoras de un proyecto fundacional.
Fundacional quiere decir fundar o refundar una nación. Es por eso que las Constituyentes en todas las experiencias históricas han sido convocadas cuando ha llegado la hora de poner en forma a una nueva nación (surgida después del fin de un imperio colonial o cuando una nación se separa de otra nación) En otras ocasiones han sido resultado de un cambio radical de régimen político (por ejemplo, de la monarquía a la república) Por último, también suelen ser convocadas cuando la Constitución ha sido declarada obsoleta (la Constitución alemana de post-guerra, por ejemplo) por todos lo poderes públicos. En todos esos episodios, la aprobación de la ciudadanía ha sido decisiva.
Eso significa: en cada nueva Constitución existe una instancia revocatoria y una instancia aprobatoria. No puede haber, dicho más exactamente, una instancia aprobatoria sin previa instancia revocatoria. Sin revocación y sin aprobación de la ciudadanía – a través de la vía parlamentaria y/o de la plebiscitaria- no puede nacer ninguna Constitución.
Solo por esa razón, al convocar a una Asamblea Constituyente sin convocar a la ciudadanía, el régimen de Maduro se ha puesto fuera de la Constitución y sus leyes. Nunca en toda la historia política de América Latina –ni aún bajo las peores dictaduras- ha habido un caso de usurpación de la voluntad ciudadana tan ilícito e ilegitimo como el cometido por el régimen de Maduro.
La Constitución vigente en Venezuela fue aprobada por mayoría el año 1999, durante el gobierno del presidente Chávez, y su intención era crear los fundamentos para una nueva república. A favor de esa refundación optaron incluso sectores no identificados con el chavismo quienes vieron que esa Constitución, al ampliar algunos derechos sociales, no llevaba a una ruptura con el orden histórico y político y, por lo mismo, no alteraba la continuidad republicana. Se podía, en fin, estar en desacuerdo con ella, pero nadie podía negar que el procedimiento usado para su aprobación fue legítimo, democrático y popular.
Chávez, ni en los momentos en los cuales gozó de la más amplia mayoría, intento convocar a una nueva Constituyente. El año 2007 pudo haberlo hecho para asegurar un tercer mandato. Pero prefirió introducir una reforma para cuyo efecto llamó a un plebiscito. Ese plebiscito, como es sabido, lo perdió. Fue la primera gran derrota del chavismo. En cambio, Maduro, lejos de contar con el apoyo que tuvo Chávez, ha decidido prescindir de la voluntad del pueblo no para realizar una reforma, sino para anular a toda la Constitución. Bajo Maduro el pueblo está a punto de perder su ciudadanía política.
Importante es recordar que el plebiscito del 2007 no fue ganado solo con los votos de la oposición. Por primera vez apareció dentro del chavismo un segmento disidente al que podríamos llamar chavismo constitucional. Sus miembros eran chavistas; algunos continuaron siéndolo. Pero esa vez, hay que reconocerlo, no aceptaron poner a Chávez por sobre la Constitución. De tal manera la confluencia que hoy observamos entre una inmensa mayoría opositora y el reaparecimiento de un chavismo constitucional tiene un antecedente histórico. La diferencia es que la confluencia del 2017 es mucho más amplia que la del 2007. Eso significa que la mayoría de la nación, más allá de todas sus diferencias, es, o ha llegado a ser, constitucionalista. O dicho así: en Venezuela hay muchos partidos pero en estos momentos hay solo dos campos: el campo constitucionalista formado por la inmensa mayoría y el campo anti-constitucional, formado por una secta estatal, sus muy pocos partidarios y la cúpula militar.
A partir del éxito del 2007 comenzaría a crecer un tronco sólido dentro de la oposición formado por políticos que entendieron que la única manera de derrotar al chavismo era recorrer la vía pacífica, democrática, electoral y sobre todo, constitucional, dejando atrás todo tipo de atajos, salidas y aventuras inútiles. Gracias a la existencia de ese tronco –aparecido como un frágil arbusto durante las elecciones presidenciales del 2005- la oposición en su conjunto obtuvo la gran victoria del 6D.
En defensa de la AN surgió la iniciativa de la revocación presidencial, abortada ilegalmente por la CNE de Tibisay Lucena. Pero la oposición volvió a agruparse, y nuevamente continuó la ruta constitucional, exigiendo lo mínimo a que tiene derecho un pueblo: elecciones libres. Fue entonces cuando el régimen cercado por sus propias leyes, y no encontrando ningún otro camino que lo salvara de unas elecciones destinadas a ser perdidas, decidió destruir a toda la Constitución.
La Constituyente de Maduro fue un misil lanzado en contra de la oposición constitucional. Pocas veces un gobierno ha atentado en contra de su nación de un modo tan criminal. Que como gran concesión el régimen haya pautado las elecciones regionales después de entrar en vigencia la Constituyente, lo que de hecho anularía a priori el resultado de esas elecciones, no solo es una sinvergüenzura. Es una burla miserable a todo el pueblo venezolano. Son esas las razones por las cuales Maduro y su régimen son repudiados en todo el mundo democrático.
La Constitución del 99 dejó de ser la Constitución del gobierno y se transformó gracias a la confluencia formada por la oposición y el segmento constitucional del chavismo, en la Constitución de todos los ciudadanos.
Parece no haber dudas. En Venezuela está teniendo lugar la primera insurrección constitucional de la historia latinoamericana. Por cierto, eso no quiere decir que en otras la defensa de la Constitución no haya jugado un papel importante. Basta recordar el movimiento que desató Francisco Madero en el México de 1910 en contra de la reelección presidencial de Porfirio Díaz. O ese discurso en defensa de la Constitución de 1940 -llamada también la constitución virgen pues nunca entró en vigencia- pronunciado por ese joven demócrata y liberal llamado Fidel Castro frente a los tribunales del dictador Batista (La historia me absolverá,1953) En ese y otros casos, la Constitución ha sido un referente, pero nunca ha ocupado un lugar tan central y determinante como hoy en Venezuela. La Constitución del 99 ha llegado a ser el programa y el guía, la ideología y la práctica, el símbolo y el significado, y no por último, el eje alrededor del cual rotan muchos partidos y organizaciones de izquierda, derecha y centro.
Nadie conoce el final de esta historia. Sin embargo, ya podemos avanzar una tesis: aunque logren imponer a sangre y fuego la Constituyente, Maduro y su secta están perdidos. Nunca podrán obtener con las balas lo que no pudieron obtener con los votos. Y aunque se digan gobernantes, jamás podrán gobernar. El gobierno de Maduro ya es un gobierno políticamente muerto. La Constitución del 99, en cambio, seguirá viviendo.
¡Viva la Constitución!

 

Altos cargos del chavismo dimiten para integrar la Constituyente de Maduro por Alfredo Meza – El País – 16 de Junio 2017

El presidente de Venezuela designó la semana pasada a tres nuevos ministros. La canciller Delcy Rodríguez también ha manifestado que pretende integrar la Asamblea

Varios miembros destacados del Gobierno venezolano, diputados chavistas del Parlamento y gobernadores oficialistas han abandonado o se preparan para dejar sus cargos en busca de una candidatura a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El presidente Nicolás Maduro ha designado este jueves a cuatro nuevos ministros debido a que los titulares intentarán ser elegidos como delegados para redactar la nueva Constitución. La canciller Delcy Rodríguez también ha manifestado que pretende integrar la Asamblea, pero todavía permanece en el cargo.

Hasta ahora se ha confirmado que los titulares de las carteras de Comunas, Aristóbulo Istúriz; Servicios Penitenciarios, Iris Varela; Pueblos Indígenas, Aloha Núñez; y Cultura, Adán Chávez intentarán ganar uno de los 565 escaños en liza. También aspiran a presentarse la ministra de Gestión Presidencial, Carmen Meléndez, y la primera dama, Cilia Flores. El gobernador del Estado de Carabobo, Francisco Ameliach, anunció el miércoles que dejaría su cargo para postularse. Leer más de esta entrada

Por qué la trampa constituyente no se producirá por Miguel Henrique Otero – Red de Noticias – 12 de Junio 2017

images-2.jpgPor qué la trampa constituyente no se producirá

En primer lugar, porque más de 90% de los venezolanos electores, ciudadanos mayores de edad, se oponen. ¿Y por qué se oponen? Porque han reconocido lo que es evidente, dentro y fuera de Venezuela: que se trata de un ardid, de un truco infame para revestir de falsa legalidad un conjunto de cambios en las leyes cuyo único propósito es la permanencia en el poder por tiempo indefinido, a pesar del rechazo abrumador de la sociedad venezolana.

Todo el procedimiento que han puesto en marcha va en contra de la Constitución. La convocatoria, las bases comiciales, las primeras noticias de lo que se pretende, ponen de manifiesto lo siguiente: quienes han dicho que se trata de destrucción del país no exageran. Al contrario, quizás la frase esconda las repercusiones concretas de lo que se proponen poner en movimiento: no acabar con la autonomía, sino liquidar los poderes públicos, uno a uno. El país quedaría en manos de un grupito de fanáticos comunistas y las bandas asesinas y ladronas de Padrino López. En dos palabras: menos de 1% de la población, auspiciados por el poder de las armas, aspira a imponerse al 99% de la población restante.

¿Es posible que se produzca semejante abominación? No es posible. En contra están: casi la totalidad de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Tanto en Caracas como en las sedes regionales, es firme la resistencia a participar en todo un programa continuado de delitos electorales. En contra están más de 99% de los funcionarios del TSJ, que susurran en los pasillos en contra de lo que llaman “la prostituyente”. En el CNE la llaman “la maloliente” y, en las FANB, “la matagente”.

Se oponen, de forma casi unánime, en el Ejército, la Aviación y la Armada. En la Guardia Nacional Bolivariana la preocupación predominante es otra: que los grupos de atracadores uniformados están atentando contra la reputación del organismo y facilitando el debilitamiento moral de las unidades. La pregunta que corroe el sueño de los funcionarios es por qué van a llevar a tribunales a los ejecutantes y no a los que dieron la orden de disparar metras, apuntar los lanzadores de bombas lacrimógenas al cuerpo de los manifestantes, allanar, destruir vehículos y viviendas, disparar a los edificios, atracar a quienes protesten y a quienes no, atropellar con tanquetas, etcétera. El castigo a la orden de crear el mayor caos posible y aterrorizar a la población debe ir dirigido a quienes la emitieron, y no solo a quienes la pusieron en práctica.

En contra están todas las iglesias que funcionan organizadamente en Venezuela y no solo la Iglesia Católica. Se oponen, también de forma abrumadora, las universidades, incluidos los profesores y los estudiantes de la Unefa. Están en total desacuerdo las personas y los grupos que tratan de constituir una tercera alternativa política, alrededor de Marea Socialista. En contra, 99% de los empresarios.

Incluso, y esto no debe sorprender al lector, están en total desacuerdo la inmensa mayoría de los embajadores y cónsules, muchos de los cuales rechazan no solo al régimen, sino también a la señora que ahora mismo cumple con el objetivo de destruir la función diplomática de Venezuela.

Es inviable y no se producirá, porque al país no le interesa. La sociedad desdeña la falsa constituyente. Ni siquiera la debate. La repele, en medio de una realidad en la que las prácticas criminales y los delitos en contra de ciudadanos indefensos por parte de los uniformados que dirige Padrino López se superponen al hambre y la enfermedad, que siguen creciendo en Venezuela, propagadas sin límite alguno.

Como bien han advertido algunos analistas: el intento constituyente es un error, el más grave y costoso cometido por régimen de 1999 hasta la fecha. No solo ha incrementado el rechazo de los ciudadanos al gobierno, sino que ha abierto fisuras irremediables en la estructura del poder. El poder venezolano es ahora mismo un edificio corroído en sus entrañas. Los ruidos que se escuchan son los preliminares de un inminente derrumbamiento.

Sobre la demanda de la Fiscal pidiendo la nulidad de la designación de los magistrados por José Ignacio Hernández G. – ProDaVinci – 12 de Junio 2017

Venezuela Political CrisisLa Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, fue noticia el lunes 12 de junio de 2017 por dos hechos: 1. Por la sentencia de la Sala Electoral que declara inadmisible la demanda electoral presentada por ella; y 2. Por la decisión de la Fiscal de demandar la nulidad de la designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designados en diciembre de 2015.

¿Qué está pasando?

1. La decisión de la Sala Electoral

En la mañana del 12 de junio la Sala Electoral informó que, mediante sentencia número 67, declaró “inadmisible por inepta acumulación” la demanda electoral de nulidad interpuesta por la Fiscal General.

En términos sencillos, esto implica que para la Sala Electoral, Luisa Ortega Díaz se equivocó al formular su demanda pues pidió la nulidad de actos que sólo pueden ser atacados ante la Sala Constitucional, junto con la nulidad de actos que pueden ser impugnados ante la Sala Electoral. Por esto, para la sentencia, la Sala acumuló indebidamente demandas que han debido ser presentadas en tribunales distintos.

La realidad, sin embargo, es otra: Ortega Díaz, en su demanda, fue muy clara en señalar que ella solo estaba demandando la nulidad de actos y actuaciones electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE), sin cuestionar directamente los decretos dictados por el Gobierno Nacional en torno a la fraudulenta constituyente.

En consecuencia, se trató de una simple excusa. La Sala Electoral, en realidad, optó por el camino más rápido –y más inconstitucional– el cual es negar el inicio del juicio promovido por la Fiscal.

¿Puede hacer algo más la Fiscal? Hay varias estrategias que podría emprender, con muy pocas probabilidades de éxito. Apunto dos:

1. Solicitar a la Sala Constitucional la revisión de la sentencia emitida por la Sala Electoral, a fin de que la Sala Constitucional anule esa sentencia.

2. Intentar de nuevo la demanda, aclarando –todavía más– que únicamente está demandando la nulidad de actos electorales.

En todo caso, esta decisión de la Sala comprueba que el TSJ no es un órgano imparcial que favorece el acceso a la justicia. Esto, precisamente, permite comprender mejor la nueva acción judicial intentada por Ortega Díaz.

2. La demanda de nulidad de la designación de los Magistrados
realizada por la Asamblea Nacional en 2015

En la tarde del 12 de junio, la Fiscal General anunció en el programa radial de Maripili Hernández que había demandado, ante el TSJ, la nulidad de la designación de los Magistrados realizada por la Asamblea Nacional (AN) en 2015. Para la Ortega Díaz, la desincorporación de esos Magistrados es condición necesaria para permitir que el TSJ pueda asegurar el derecho de acceso a la justicia.

Recordemos un poco la historia.

En diciembre de 2015 la AN violando el procedimiento previsto en la Constitución y la ley, designó a 13 magistrados del TSJ y otros tantos suplentes, lo que califiqué en un artículo publicado aquí Prodavinci como una clara violación a la Constitución.

La AN instalada el 5 de enero de 2016 asumió, dentro de sus primeras funciones, la investigación de tales designaciones. Estas investigaciones culminaron con un informe aprobado en julio de 2016, en el cual se declaró que esas designaciones, al violar la Constitución, eran nulas e inexistentes (como también expliqué en otro artículo).

La Sala Constitucional, en sentencia número 614/2016, declaró la nulidad de esas investigaciones y del informe aprobado por la AN como parte de las decisiones por medio de las cuales la Sala desconoció a esa Asamblea. Pese a esto, la AN ha continuado con el procedimiento para designar a los Magistrados llamados a sustituir a quienes fueron inconstitucionalmente incorporados en diciembre de 2015.

Además, también se recordará que con ocasión a las sentencias número 155 y 156, la Asamblea Nacional acordó iniciar el procedimiento para remover a los magistrados de la Sala Constitucional, procedimiento que fue obstruido por el Consejo Moral Republicano.

En esa entrevista la Fiscal General hizo referencia a todos estos antecedentes y mencionó que había intentado una demanda de nulidad en contra del Acuerdo de la Asamblea Nacional –publicado en Gaceta Oficial 40.819 el 29 de diciembre de 2015–, en el cual se nombró inconstitucionalmente a los magistrados del TSJ. Asimismo, informó que solicitó también una medida preventiva de amparo orientada a lograr la desincorporación de esos magistrados. Finalmente, solicitó a los magistrados designados que se abstuvieran de firmar cualquier decisión al estar cuestionada su incorporación y calificada de ilegítima.

Lo interesante es que, en sus declaraciones, Ortega Díaz informó que sólo recientemente tuvo acceso a las actas del Consejo Moral Republicano que acreditaban las irregularidades cometidas en la designación de esos magistrados, lo que explica porqué ahora es que cuestiona las designaciones efectuadas en diciembre de 2015. Esas pruebas, presentadas ahora por la Fiscal General, corroborarían las irregularidades asociadas a la designación de esos magistrados.

¿Qué puede pasar con esta demanda de nulidad?

Si el TSJ sigue sus estadísticas, esta nueva demanda será desechada por cualquier formalidad. Pero lo importante no es en realidad esa eventual decisión.

Lo importante es que la Fiscal General de la República ha coincidido en señalar, como antes hiciera la Asamblea Nacional, que la designación de los magistrados efectuados en diciembre de 2015 violó la Constitución, todo lo cual –junto con otras consideraciones más– permite concluir que el TSJ es un “obstáculo para la paz del país”, como la propia Ortega Díaz declaró luego de que el TSJ desechara sus recientes actuaciones ante esa instancia.

En todo caso, mientras el TSJ procesa esta nueva demanda de la Fiscal General , la AN continuará con el procedimiento de designación de magistrados a través de la Comisión de Postulaciones Judiciales, como se puede leer en el orden del día del 13 de junio.

Y mientras todo esto sucede, la fraudulenta propuesta de la constituyente avanza ahora teniendo claro –para quienes podían tener dudas– de que no hay garantías mínimas de control judicial de tal proceso.

Frente a esta situación, correspondería a los ciudadanos –como también ha advertido la Fiscal General de la República– con fundamento en los artículos 333 y 350 de la Constitución, oponerse a tal fraudulenta propuesta y contribuir al restablecimiento del orden constitucional.

Por su parte, la AN y a la Fiscal General también deben contribuir con ese restablecimiento como lo reflejan las acciones a las cuales he hecho mención en este artículo. En los próximos días veremos si nuevas instituciones del Estado se unen a este propósito.

 

Cómplices necesarios por Charito Rojas – Noticiero Digital – 31 de Mayo 2017

“Si en un determinado estado o grupo se pierde el acuerdo sobre un tipo de legitimidad, se produce una situación revolucionaria. El poder no cuenta con aprobación y se desmorona; los que lo ejercen no tienen otra alternativa que el uso de la coacción para obtener la obediencia.” Bruno Campanella (1943- ), director de orquesta italiano.

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Usurpando la potestad del pueblo como depositario del poder originario, el presidente Maduro buscó a sus cómplices necesarias, las rectoras del CNE, para que diligentemente se pusieran en acción.

Ni corta ni perezosa, la rectora presidenta tardó apenas un par de horas para anunciarle al país que ellas, las cuatro, iniciaban el proceso para una Asamblea Nacional Constituyente. Ninguna de las cuatro es objetiva, ninguna tiene la condición de independiente, todas fueron fichas del MVR, del PSUV, funcionarias del gobierno chavista-madurista. Constitucionalmente están descalificadas para ser rectoras. Y su conducta como tales a lo largo de estos años lo ha demostrado.

Como por ejemplo, su actuación ante la solicitud de referendo revocatorio en 2016. Casi 8 meses revisando y rechazando firmas, inventando procedimientos aparatosos y condiciones casi imposibles, cohabitando con el ejecutivo y el TSJ hasta que encontraron el arma judicial para bloquear definitivamente el revocatorio pedido por millones de ciudadanos y eliminar así el peligro cierto de que el país revocara a Maduro. Con el acelerador a fondo, Tibisay informa en cadena que los aspirantes para ser constituyentistas ya se pueden inscribir en la página del CNE, que deben presentar sus recaudos en menos de 10 días y que ya el CNE está en reuniones para determinar otros “detallitos”. Las firmas de apoyo que deben recoger los candidatos no requieren de la presencia de los apoyantes para comprobar que son los verdaderos titulares de su cédula, tampoco tienen que poner huellas digitales en planillas diseñadas para que a duras penas quepan, no se tienen que preocupar porque les devuelvan las planillas porque un solo firmante se equivocó o porque aparece mal escrito el nombre o porque la dirección es la de su casa y no la del municipio donde vota.

En la petición de revocatorio devolvieron miles de planillas, anularon cientos de miles de firmas y el CNE se dio un plazo de 90 días para revisarlas. Mientras que para la constituyente será facilito: 3% de las firmas del municipio o del sector que represente el aspirante a candidato (que hasta el momento no sabe el CNE cómo va a determinar y cuantificar esa sectorización), la planilla llevará sólo nombre, firma y número de cédula. Nada de huellas ni rollos de firmas planas. El CNE ha dicho que las revisará aleatoriamente en ¡5 días! O sea, en 5 días va a revisar planillas de más de 500 candidatos. Aún así, con gran cinismo, la rectora Socorro Hernández afirma ante el país que en el CNE atienden con la misma velocidad las peticiones del gobierno y de la oposición.

Según los cálculos, la elección e instalación de la asamblea constituyente comunal del gobierno debe ser para el mes de julio. Lo cual quiere decir que le quedan menos de 60 días a la República Bolivariana de Venezuela, a la actual Asamblea Nacional mayoritariamente opositora porque así lo votó el pueblo, a la Fiscal Luisa Ortega Díaz, que aunque tarde, por fin asumió su deber de investigar con justicia; al resto de las instituciones, incluso la militar, que no deben estar muy preocupadas mientras sigan arrodilladas al amo, llámese Maduro o Castro.

Porque, señores, una Asamblea Constituyente se hace para refundar una república con una nueva partida de nacimiento, que es su constitución. Una constituyente originaria puede cambiar hasta el nombre del país, como lo hizo la del 99, puede eliminar o agregar poderes, como lo hizo la del 99, puede cambiar el ordenamiento territorial, como lo hizo la del 99. Si quiere puede cambiar el idioma, la religión, los conceptos de derechos humanos y libertades como la de expresión, de tránsito o de educación. La razón alegada por Maduro para sustituir a la “mejor constitución del mundo” es porque quiere agregar las misiones y “puntualizar” algunos conceptos que garanticen el “poder para el pueblo”. Ah, también por la paz, claro.

Todo ello es materia de una propuesta de reforma y no de hacer una nueva constitución. Así que no analizaremos el contenido de estos alegatos porque son harto estúpidos y el pueblo no lo es. Aquí todo el mundo está clarito que Maduro va a matar la constitución orgullo de Hugo Chávez porque: 1) su único objetivo es que no lo saquen de Miraflores y si para eso tiene que echarse al pico la constitución de Chávez, pagará ese costo. 2) una nueva constitución sacará de su camino a esta molesta Asamblea Nacional opositora. 3) con la excusa del poder comunal anulará gobiernos regionales y municipales, sustituyéndolos por sus designados. 4) dejará sin asideros democráticos a los ciudadanos que ahora protestan y exigen, amparados por la letra de la constitución. 5) hará un país con gobierno cívico militar, con amplios poderes de disposición de los recursos y propiedades públicas y privadas. Ya está casi listo el texto que le está preparando Escarrá, el vivo.

No hay una sola buena intención en esta convocatoria constituyente. Es la vía de escape que el grupo enquistado en el poder encontró para hacer frente a las masivas protestas que exigen la salida inmediata del régimen, y dar así el zarpazo final a lo que queda de la democracia venezolana. La comunidad internacional cada vez está más alarmada ante la grave crisis humanitaria y la feroz represión.

El uso abusivo de fuerza y armas contra civiles, la impunidad de colectivos armados que “defienden” al régimen, la anarquía institucional, los 62 muertos, más de 2.000 heridos y más de 3.000 detenidos en dos meses de protesta, son los hechos que confirman la absoluta necesidad de una salida. Ya las grietas en el oficialismo comienzan a aflorar: el temor a persecuciones judiciales y escraches por todo el mundo hacen reflexionar a algunos que se dicen chavistas pero no maduristas. La premura por esta constituyente también pretende quitar tiempo a más deslindes y más protestas.

Es el momento de activar todos los mecanismos de participación: protestar, informar, colaborar con los frentes en primera línea de esta guerra que ha declarado el régimen a los demócratas venezolanos. No hacer nada es ser cómplices necesarios. Es el momento de decidir. O quedarse y luchar activamente, o irse del país y dejárselo a los dictadores, como hicieron los cubanos. Tenemos apenas días para actuar. El precio de no hacerlo se pagará en libertad.

 

Fiscal General solicita a la Sala Electoral declarar nulo todo acto respecto a Constituyente de Maduro – La Patilla – 8 de Junio 2017

2017-05-24T173048Z_1005284470_RC117285C200_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS.jpgLa Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz se pronunció este jueves para solicitar a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declare nulo todos los actos referentes a la Asdamblea Nacional Constituyente (ANC) que pretende imponer Nicolás Maduro.

“He venido a presentar un recurso de nulidad porque el CNE violó el principio del derecho al voto… Con esto de la ANC estamos acabando con el legado de Chávez… En una Constituyente tiene que participar el pueblo”, dijo.

Explicó que pide que se declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), entre ellas, la solicitud de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por considerar que carece de Constitucionalidad.

“EL CNE como poder público debe velar por la vigencia de la Constitución”, expresó.

A su juicio, el CNE incurrió en “violaciones de los principios de progresividad de los Derechos Humanos (DDHH)”.

Así mismo pide por la nulidad de las bases comiciales porque son inconstitucionales.

Vale recordar que el TSJ declaró inadmisible “por falta de legitimación” la solicitud de interpretación hecha por la representante del Ministerio Público con respecto a la sentencia que avala la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente, Nicolás Maduro.

Ortega Díaz: “Sí poseo competencias”

Ortega Díaz además rechazó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haya decidido que la Fiscal no tiene competencias para solicitar una aclaratoria respecto a las sentencias 155 y 156 que se referían a la limitación de la inmunidad parlamentaria y que confería las competencias de la AN a su Sala Constitucional.

Cuestionó el hecho de que hace dos meses si poseía competencias para solicitar aclaratoria respecto al tema y ahora, no pueda.

Ante ello recordó que lo que está establecido en la Carta Magna aún no ha perdido vigencia y para ello citó lo establecido en el artículo 333.

“Todo ciudadano sea Magistrado, Rector, Fiscal, Contralor debe velar por la Constitución”.

 

 

En el límite por Marino J. González R. – Finanzas Digital – 6 de Junio 2017

Marino-Gonzalez-150x150.jpgEl país vive días decisivos. La arremetida totalitaria continúa de manera incesante, sin visos de rectificación. Los plazos y procesos para la convocatoria de la Asamblea Constituyente son seguidos sin chistar por la mayoría de rectores del CNE. Para la importancia que debe tener una convocatoria de esta significación, todo luce apresurado, atropellado.

Esta arremetida totalitaria es la opción seleccionada por un gobierno prácticamente aborrecido por la gran mayoría del país. Luego de la anulación de todas las consultas electorales, lo que le ha quedado es construir una institucionalidad en la que puedan asumir la totalidad del control de la sociedad. Esa es la estrategia, como ha quedado bien expuesto.

El problema de fondo es que esta propuesta totalitaria elimina la República. Es decir, acaba con más de dos siglos de continuidad en un sistema de gobierno fundamentado en la concepción de la igualdad de todos los ciudadanos. Es verdad que en estos dos siglos el país vivió muchos gobiernos autoritarios, pero justamente la aspiración de la mayor democracia fue el eje que permitió el desarrollo político del país. Lo que se pretende es eliminar el principio de “un ciudadano, un voto”, es decir, con la selección de los constituyentistas por sectores, no solo se establece un modelo corporativo, típico de los regímenes fascistas, sino que se anula el principio de que solo es posible un voto por cada ciudadano. En la práctica, muchas personas podrían votar más de una vez, con la plena destrucción de las bases republicanas.

De allí que sea de especial importancia que la gran mayoría opuesta a esta arremetida totalitaria, esté expresando sistemáticamente el rechazo a esta convocatoria, y a todas las violaciones previas al Estado de Derecho. La conciencia de la gravedad de esta situación es lo que probablemente impulsará una nueva fase del rechazo a esta iniciativa. Ahora bien, también es clave que la fracción de la población que todavía acompaña esta gran equivocación perciba con la mayor claridad lo que está en juego. Las consecuencias serían funestas: eliminación de todos los poderes públicos contrarios y represión de todas las opiniones contrarias. Es bastante evidente que la imposición de esta visión solo se puede hacer a través del predominio de la fuerza. Lo cual le da a la Fuerza Armada una tremenda responsabilidad en esta hora.

Enfrentar esta situación límite requiere mucha solidez, tanto en el ámbito internacional como nacional. La conciencia de los riesgos que confronta Venezuela es una convicción bastante extendida en la comunidad internacional. Los esfuerzos de las últimas semanas son claras demostraciones. Esperemos que la conjunción de estas iniciativas pueda concretarse. En el plano nacional es clave la acción coordinada de manera agresiva en la medida que se avanza con el cronograma. Prácticamente en menos de dos meses, de acuerdo con lo propuesto, estaría vigente el nuevo entramado totalitario. La presencia en todos los espacios de la oposición a la arremetida totalitaria es la consigna del día. El objetivo es impedir estas pretensiones. El tiempo realmente apremia.

 

 

Venezuela celebrará elecciones a la Asamblea Constituyente el 30 de julio por Ewald Scharfenberg – El País – 6 de Junio 2017

El anuncio del Consejo Nacional Electoral, organismo controlado por el oficialismo, confirma que Maduro sigue adelante con un plan conformado por sus acólitos

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, anunció el domingo que las elecciones para diputados de la Asamblea Constituyente, que el Gobierno de Nicolás Maduro promueve, tendrán lugar el próximo 30 de julio. El aviso ratifica que el oficialismo, que controla con riendas cortas el organismo electoral, se propone llevar adelante la Constituyente contra viento y marea. Leer más de esta entrada

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