elecciones7Oenbilbao

Punto de encuentro de Venezolanos votantes en Bilbao

Archivos por Etiqueta: Clap

Venezuela: las trampas del hambre en jornada electoral por Francesco Manetto – El País – 20 de Mayo 2018

El desastre económico del país mantiene bajo el yugo a la población. Mientras, el régimen teje fidelidades ante las elecciones presidenciales

El Portugués mide las palabras y evita los aspavientos delante de los clientes. Luce un cuidado bigote con canas y entremezcla los recuerdos con la indignación detrás del mostrador de El Chamo, la carnicería que regenta desde hace décadas en Petare, el barrio popular más grande de Caracas. El Portugués vende, o vendía, solomillos, chorizos y morcillas. José Florentino, este es su verdadero nombre, que pocos conocen, rememora los sucesos del Caracazo, el sangriento estallido social que partió en dos el destino de Venezuela. Se originó en 1989 tras una fuerte subida de precios, durante el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, y sectores del chavismo lo reivindican hoy como premisa de la llamada revolución bolivariana.

“A mí me agarró aquí y me saquearon, pero entonces era fácil porque todo era más barato. La gente ya no hace mercado”. Tras las impresiones de este comerciante, a punto de cumplir 60 años, hay dos realidades en torno a las que existe consenso incluso más allá de las posiciones políticas. Primero, la situación de la gran mayoría de la población, su odisea cotidiana para sobrevivir, nunca había sido tan insostenible. Segundo, la escasez y el yugo de los precios han tejido tramas de fidelidades que atan a los ciudadanos a las autoridades a través de las bolsas de comida y los subsidios y, al mismo tiempo, fomentan negocios informales o directamente al margen de la ley. El kilo de carne se disparó hace semanas por encima de los dos millones de bolívares, la moneda local, y llegó a rozar el salario mínimo integral, fijado en 2,5 millones. Menos de tres dólares al cambio no oficial (2,6 euros).

Hablar de costes hoy en un barrio de Caracas se ha convertido en una especie de quiniela. Los precios aumentan en cuestión de días, a veces horas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un incremento del 1.800.000% en dos años, un drama superado en este siglo solo por Zimbabue. Y mientras el desastre económico se consolida, el régimen de Nicolás Maduro busca fortalecerse en unas elecciones presidenciales convocadas con unas reglas del juego que, según las fuerzas mayoritarias de la oposición, favorecen al Gobierno y suponen un mero trámite. Algo más de 20 millones de venezolanos se debaten entre votar y no acudir a las urnas por falta de garantías como piden las principales formaciones críticas con el chavismo.

“Voy a votar porque es un deber. Un buen ciudadano debe votar”, dice Carmen Holguín, costurera de 55 años, mientras espera el autobús en una larga cola que serpentea en una esquina del sector de Catia, una de las zonas más fieles a la memoria del expresidente Hugo Chávez. “Espero un cambio que sea bueno para todos porque estamos viviendo muy mal. No alcanza el dinero para nada. Cada día suben los precios”, se lamenta. Aunque no confiesa su voto, se intuye su simpatía por Henri Falcón, el representante opositor con más peso en estos comicios. William José y Víctor Valera, transportistas, muestran su desencanto con la política, pero tienen posturas distintas. “No voy a votar, ya me cansé en 2003. Ni por uno ni por otro”, asegura el primero, mientras el segundo está dispuesto a dar su apoyo a Falcón, quien se alejó de los postulados de la revolución bolivariana en 2010. “Lo más seguro es que me lance y vaya a votar. Pienso que ese hombre tiene unas ideas muy claras. Pero la política tiene mil caras”, opina sobre las sospechas de que haya pactado con Maduro un puesto en su Gobierno.

No obstante, las elecciones y su resultado, más que previsible, no son lo que más interesa en las calles de Caracas, en los mercados, en los barrios humildes y en los municipios opositores como Chacao. Con la salvedad de los chavistas ortodoxos, los caraqueños están mucho más preocupados por la seguridad —en 2017 hubo casi 27.000 asesinatos, de los que más de 5.000 se produjeron por resistencia a las fuerzas de seguridad, según el Observatorio Venezolano de Violencia—, por el colapso de los servicios públicos y un modelo productivo extractivista, por la caída de PDVSA, la petrolera estatal, el desabastecimiento y el aislamiento internacional. Cientos de miles de personas huyeron en los últimos meses a la vecina Colombia en busca de oportunidades.

Dar con alguien con ganas de desahogarse no es difícil. Más complicado es superar la desconfianza inicial, relacionada con el control que ejercen sobre la población las autoridades. La advertencia es habitual: cuidado con los colectivos motorizados, los grupos de choque del chavismo. Junior Moral, de 33 años, está a vueltas con unas cuentas en un establecimiento vacío. En el mostrador, un puñado de empanadas. “Una cuesta ya 200.000 bolívares. Un desayuno, tres empanadas y un jugo serían 800.000 bolívares. Si comes dos días ya prácticamente se te murió el sueldo. ¿Con qué sobrevivimos los otros 29 días? Cada día, cada hora, cada segundo la situación se hace más difícil”, describe. Moral no votará a pesar del hartazgo. O, en realidad, precisamente por el hartazgo. “Si de verdad saliera la gente a votar, yo creo que podríamos ganar, pero como todo está comprado, no va a pasar. Creo que hace cinco años ganó Henrique Capriles”, afirma sobre las elecciones de 2013.

A pocos metros, la discusión en un puesto de plátanos gira en torno a la mala calidad de los servicios y de las misiones, los proyectos sociales de barrio impulsados por Chávez con el apoyo del Gobierno cubano. “¿Qué queremos nosotros de Maduro? Que haga como Chávez, que corte por arriba, no por abajo”, resume Gladys Contreras, de 46 años, enferma y desempleada en un sistema que el año pasado superó el 27% de paro, según el FMI. “Tengo el carnet de la patria y del PSUV [Partido Socialista Unido de Venezuela] y yo era de las que me ponía a pelear con cualquiera. Pero no voy a votar. Por ninguno, no tiene sentido porque esto ya está arreglado”, continúa.

El carnet de la patria

El llamado carnet de la patria es un documento con el que el chavismo trata de asegurarse el apoyo de las clases populares. En el país circulan más de 16 millones. Permite acceder a bonos y servicios y, aunque sobre el papel no sirva para tener una atención preferente en la recepción de las cajas periódicas de alimentos, es un instrumento utilizado para medir la fidelidad al régimen.

En Petare, Pedro Key, jubilado de 65 años, y Romina Oporte, educadora de 34, se encargan de repartir esa bolsa a través de los Comités Locales de Abastecimientos y Producción (CLAP). Esto es, una ayuda introducida por Maduro en 2016 que, como ha denunciado en repetidas ocasiones la oposición, es la base de las redes clientelares. Cada caja contiene algunos paquetes de pasta, harina, leche, sal, arroz, azúcar, aceite, atún, tomate y mayonesa… “Soy uno de los que lleva los beneficios a una parte de la población”, explica Key, veterano militante chavista. Cada mes, en el mejor de los casos, coordina la distribución de esos productos entre 503 familias de la comunidad.

A pesar de su entrega absoluta a la causa, también transmite perplejidad sobre la situación. “Maduro dice que después, el 21, las cosas van a cambiar. Ojalá sea verdad. Él tiene que mejorar la economía, llevamos cinco años aguantando esto”, explica sobre lo que califica de “guerra económica”. “Los países que hoy tenemos un poco de revolución somos los más atacados en el planeta”, continúa. “Hay una larga tarea, hay que levantar el país”, tercia Romina Oporte. Mientras tanto, la trampa del hambre sigue siendo el principal recurso que permite al chavismo perpetuarse en el poder.

 

Venezuela: las trampas del hambre en jornada electoral por Francesco Manetto – El País – 29 de Mayo 2018

El desastre económico del país mantiene bajo el yugo a la población. Mientras, el régimen teje fidelidades ante las elecciones presidenciales

El Portugués mide las palabras y evita los aspavientos delante de los clientes. Luce un cuidado bigote con canas y entremezcla los recuerdos con la indignación detrás del mostrador de El Chamo, la carnicería que regenta desde hace décadas en Petare, el barrio popular más grande de Caracas. El Portugués vende, o vendía, solomillos, chorizos y morcillas. José Florentino, este es su verdadero nombre, que pocos conocen, rememora los sucesos del Caracazo, el sangriento estallido social que partió en dos el destino de Venezuela. Se originó en 1989 tras una fuerte subida de precios, durante el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, y sectores del chavismo lo reivindican hoy como premisa de la llamada revolución bolivariana.

“A mí me agarró aquí y me saquearon, pero entonces era fácil porque todo era más barato. La gente ya no hace mercado”. Tras las impresiones de este comerciante, a punto de cumplir 60 años, hay dos realidades en torno a las que existe consenso incluso más allá de las posiciones políticas. Primero, la situación de la gran mayoría de la población, su odisea cotidiana para sobrevivir, nunca había sido tan insostenible. Segundo, la escasez y el yugo de los precios han tejido tramas de fidelidades que atan a los ciudadanos a las autoridades a través de las bolsas de comida y los subsidios y, al mismo tiempo, fomentan negocios informales o directamente al margen de la ley. El kilo de carne se disparó hace semanas por encima de los dos millones de bolívares, la moneda local, y llegó a rozar el salario mínimo integral, fijado en 2,5 millones. Menos de tres dólares al cambio no oficial (2,6 euros).

Hablar de costes hoy en un barrio de Caracas se ha convertido en una especie de quiniela. Los precios aumentan en cuestión de días, a veces horas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un incremento del 1.800.000% en dos años, un drama superado en este siglo solo por Zimbabue. Y mientras el desastre económico se consolida, el régimen de Nicolás Maduro busca fortalecerse en unas elecciones presidenciales convocadas con unas reglas del juego que, según las fuerzas mayoritarias de la oposición, favorecen al Gobierno y suponen un mero trámite. Algo más de 20 millones de venezolanos se debaten entre votar y no acudir a las urnas por falta de garantías como piden las principales formaciones críticas con el chavismo.

“Voy a votar porque es un deber. Un buen ciudadano debe votar”, dice Carmen Holguín, costurera de 55 años, mientras espera el autobús en una larga cola que serpentea en una esquina del sector de Catia, una de las zonas más fieles a la memoria del expresidente Hugo Chávez. “Espero un cambio que sea bueno para todos porque estamos viviendo muy mal. No alcanza el dinero para nada. Cada día suben los precios”, se lamenta. Aunque no confiesa su voto, se intuye su simpatía por Henri Falcón, el representante opositor con más peso en estos comicios. William José y Víctor Valera, transportistas, muestran su desencanto con la política, pero tienen posturas distintas. “No voy a votar, ya me cansé en 2003. Ni por uno ni por otro”, asegura el primero, mientras el segundo está dispuesto a dar su apoyo a Falcón, quien se alejó de los postulados de la revolución bolivariana en 2010. “Lo más seguro es que me lance y vaya a votar. Pienso que ese hombre tiene unas ideas muy claras. Pero la política tiene mil caras”, opina sobre las sospechas de que haya pactado con Maduro un puesto en su Gobierno.

No obstante, las elecciones y su resultado, más que previsible, no son lo que más interesa en las calles de Caracas, en los mercados, en los barrios humildes y en los municipios opositores como Chacao. Con la salvedad de los chavistas ortodoxos, los caraqueños están mucho más preocupados por la seguridad —en 2017 hubo casi 27.000 asesinatos, de los que más de 5.000 se produjeron por resistencia a las fuerzas de seguridad, según el Observatorio Venezolano de Violencia—, por el colapso de los servicios públicos y un modelo productivo extractivista, por la caída de PDVSA, la petrolera estatal, el desabastecimiento y el aislamiento internacional. Cientos de miles de personas huyeron en los últimos meses a la vecina Colombia en busca de oportunidades.

Dar con alguien con ganas de desahogarse no es difícil. Más complicado es superar la desconfianza inicial, relacionada con el control que ejercen sobre la población las autoridades. La advertencia es habitual: cuidado con los colectivos motorizados, los grupos de choque del chavismo. Junior Moral, de 33 años, está a vueltas con unas cuentas en un establecimiento vacío. En el mostrador, un puñado de empanadas. “Una cuesta ya 200.000 bolívares. Un desayuno, tres empanadas y un jugo serían 800.000 bolívares. Si comes dos días ya prácticamente se te murió el sueldo. ¿Con qué sobrevivimos los otros 29 días? Cada día, cada hora, cada segundo la situación se hace más difícil”, describe. Moral no votará a pesar del hartazgo. O, en realidad, precisamente por el hartazgo. “Si de verdad saliera la gente a votar, yo creo que podríamos ganar, pero como todo está comprado, no va a pasar. Creo que hace cinco años ganó Henrique Capriles”, afirma sobre las elecciones de 2013.

A pocos metros, la discusión en un puesto de plátanos gira en torno a la mala calidad de los servicios y de las misiones, los proyectos sociales de barrio impulsados por Chávez con el apoyo del Gobierno cubano. “¿Qué queremos nosotros de Maduro? Que haga como Chávez, que corte por arriba, no por abajo”, resume Gladys Contreras, de 46 años, enferma y desempleada en un sistema que el año pasado superó el 27% de paro, según el FMI. “Tengo el carnet de la patria y del PSUV [Partido Socialista Unido de Venezuela] y yo era de las que me ponía a pelear con cualquiera. Pero no voy a votar. Por ninguno, no tiene sentido porque esto ya está arreglado”, continúa.

El carnet de la patria

El llamado carnet de la patria es un documento con el que el chavismo trata de asegurarse el apoyo de las clases populares. En el país circulan más de 16 millones. Permite acceder a bonos y servicios y, aunque sobre el papel no sirva para tener una atención preferente en la recepción de las cajas periódicas de alimentos, es un instrumento utilizado para medir la fidelidad al régimen.

En Petare, Pedro Key, jubilado de 65 años, y Romina Oporte, educadora de 34, se encargan de repartir esa bolsa a través de los Comités Locales de Abastecimientos y Producción (CLAP). Esto es, una ayuda introducida por Maduro en 2016 que, como ha denunciado en repetidas ocasiones la oposición, es la base de las redes clientelares. Cada caja contiene algunos paquetes de pasta, harina, leche, sal, arroz, azúcar, aceite, atún, tomate y mayonesa… “Soy uno de los que lleva los beneficios a una parte de la población”, explica Key, veterano militante chavista. Cada mes, en el mejor de los casos, coordina la distribución de esos productos a 503 familias de la comunidad.

A pesar de su entrega absoluta a la causa, también transmite perplejidad sobre la situación. “Maduro dice que después, el 21, las cosas van a cambiar. Ojalá sea verdad. Él tiene que mejorar la economía, llevamos cinco años aguantando esto”, explica sobre lo que califica de “guerra económica”. “Los países que hoy tenemos un poco de revolución somos los más atacados en el planeta”, continúa. “Hay una larga tarea, hay que levantar el país”, tercia Romina Oporte. Mientras tanto, la trampa del hambre sigue siendo el principal recurso que permite al chavismo perpetuarse en el poder.

Santos anuncia decomiso de 400 toneladas de comida “Clap” – La Patilla – 17 de Mayo 2018

unnamed-7.jpgEl presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el decomiso en Cartagena de 400 toneladas de alimentos importados “no aptos para el consumo humano”, que iban a ser repartidos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción en Venezuela, así como también una red de corrupción internacional.

“Ayer, 16 de mayo, la Policía Fiscal y Aduanera, la Dian y el Invima decomisaron en Cartagena casi 400 toneladas de alimentos no aptos para consumo que iban a ser repartidos por esos comités políticos de control social en Venezuela”, declaró Santos.

“Esta es la punta del iceberg de un negocio despreciable que involucra empresas de fachada en Colombia, México y muchos otros países”, apuntó.

“En el marco de la investigación que permitió este decomiso hay evidencias de posibles delitos de corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito”, señaló.

“He solicitado a la Policía Nacional y la Dian entregar todas las pruebas recolectadas a la Fiscalía General de la Nación –con quien hemos venido trabajando—para que avance la investigación, en la que también están colaborando autoridades de otros países”, afirmó Juan Manuel Santos.

“Presidente Maduro, a nombre de la comunidad internacional, a nombre de los venezolanos que sufren cada día, le insto, le pido, que permita el establecimiento de un canal humanitario para que organizaciones acreditadas, legítimas y transparentes puedan brindar ayuda y asistencia a los venezolanos que padecen la escasez y el hambre que su régimen ha producido”, explicó Santos.

“Es tal el estado de negación de la crisis, que Maduro está diciendo no sólo que no hay éxodo sino retorno de nacionales a Venezuela. La verdad es que han llegado a tal situación, que los llamados colectivos han sido autorizados a que saqueen residencias familiares para robarse la comida”, finalizó.

La incautación, adelantada el 30 de abril por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), y por la Dijin, se produjo en la zona de aforo del muelle Contecar de Cartagena, e implica a dos compañías y a un ciudadano venezolano, reseñó El Tiempo.

Allí se encontraron 15 contenedores de 40 pies que contenían las cajas, repletas de fríjol, arroz, aceite, atún, pasta y lenteja en alto grado de descomposición.

Los contenedores llevaron a la Polfa y a la Compañía Antinarcóticos de control portuario hasta la empresa Aurum Exim SAS., cuyo representante es el ciudadano venezolano Luis Francisco Sagarzazu.

 

Ganar con el hambre en Venezuela por Oriol Güell – El País – 18 de Marzo 2018

Una empresa fantasma de Sabadell logra beneficios millonarios al vender de forma opaca al gobierno de Maduro alimentos básicos destinados a la población más desfavorecida
1521293587_193858_1521294419_noticia_normal_recorte1.jpg
Una empresa fantasma con sede en Sabadell (Barcelona), controlada por un exfuncionario venezolano, ha obtenido millonarios beneficios con la compraventa de alimentos básicos —arroz, aceite vegetal, azúcar, legumbres, leche en polvo…— destinados a la población desfavorecida de ese país. MIR Importació i Exportació SL ha conseguido contratos para vender al Gobierno de Nicolás Maduro hasta dos millones de paquetes de comida procedentes de México y Colombia por un total de 69,8 millones de dólares (56,8 millones de euros) mediante contratos opacos adjudicados a dedo. Venezuela paga por cada paquete a 34,87 dólares, según los documentos consultados, y la empresa logra un margen por unidad de entre el 25% y el 50%, según las distintas fuentes consultadas.

El destino de los alimentos son las conocidas como “cajas CLAP”. Estas cuatro letras son el acrónimo de Comité Local de Abastecimiento y Producción, una controvertida política de reparto de comida a precio subsidiado iniciada por el régimen bolivariano en 2016 para mitigar los graves problemas de abastecimiento e inflación que sufre la población. Tras casi dos años en marcha, sin embargo, los CLAP reciben duras críticas por su mala distribución —no llegan a muchas zonas o lo hacen muy de vez en cuando— y por la mala calidad de algunos productos. Un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Central de Venezuela, encargado por el medio digital de periodismo de investigación Armando.info, ha revelado que la leche en polvo es en realidad un sucedáneo que incumple los requisitos nutricionales fijados por la propia la normativa venezolana. Los CLAP, además, han sido acusados de fomentar el clientelismo —dependen de comités controlados por personas afines al régimen— y han acabado por convertirse en un colosal negocio de unos 3.000 millones de dólares para lucro de empresas como la de Sabadell y otras con sede en paraísos fiscales.

Factura de uno de los envíos de cajas CLAP por valor de 445.000 dólares.

1521293587_193858_1521294602_sumario_normal_recorte1.jpg
MIR Importació i Exportació fue creada en 2011 por un farmacéutico de L’Hospitalet (Barcelona). Hace dos años, “tras tenerla casi inactiva desde el principio”, este boticario decidió liquidarla. “Cuando fui a hacer los trámites, me dijeron que había una persona interesada en comprarla. Me pagaron los gastos que me había ocasionado y así pude recuperarlos”, recuerda. La operación se cerró en otoño de 2016, justo cuando la política de los CLAP empezaba a despegar.

MIR Importació i Exportació, sin embargo, no tiene trabajadores, ni despacho ni siquiera teléfono propio en España. Todos los datos que figuran en el registro mercantil son de una gestoría de Sabadell. Como accionista y administradora figura una mujer de origen venezolano, vecina de la ciudad, que es hija de la actual pareja del hombre que realmente ha gestionado (al menos hasta fechas muy recientes) el negocio, Juan Vicente Roversi Thomas, que fue director de Proyectos Especiales del municipio de Puerto La Cruz (Estado de Anzoátegui) al menos hasta 2012. Una empleada de la gestoría confirma que esta prestó “varios servicios” a Roversi, pero que ya han dejado de trabajar con él. “Si siguen nuestros datos en el registro mercantil es porque no ha atendido nuestras peticiones”, asegura esta empleada.

EL PAÍS ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con Roversi a través de la gestoría y de su entorno familiar. Tampoco los datos que figuran en los documentos de MIR Importació i Exportació en Venezuela permiten acceder a él. En ellos hay dos teléfonos, el de la gestoría de Sabadell y otro de Venezuela que atiende una persona que asegura no saber quién es Roversi. La dirección de correo electrónico no devuelve los mensajes.

Roversi, según personas de su entorno, vive a caballo entre Sabadell y Venezuela. Tras comprar MIR Importació i Exportació, logró una facturación inimaginable para una empresa sin estructura ni experiencia. La sociedad firmó hace un año un contrato con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior —organismo estatal que centraliza las importaciones públicas— por 34,8 millones de dólares por un millón de cajas CLAP. El contrato, como el resto de operaciones similares, ha estado rodeado de una gran opacidad.

Según información de la consultora Well Thought Consultants —dirigida por el exministro de Alimentación Hebert García Plaza, que hoy vive en Estados Unidos tras perder la confianza de Maduro y ser acusado de corrupción—, corroborada por otras fuentes, ambas partes acordaron una segunda venta por las mismas cantidades cuando la primera estuviera entregada.

La actividad de Roversi ha dejado un importante rastro en las bases de datos de tráfico marítimo de mercancías. Según los registros de Panjiva, empresa especializada en el comercio internacional, MIR Importació i Exportació envió el año pasado y hasta el pasado enero un total de seis cargamentos desde los puertos mexicanos de Lázaro Cárdenas (en el Pacífico) y Veracruz (Golfo de México) que, tras escala en Panamá, llegaron a Venezuela. Otros nueve envíos salieron de los puertos colombianos de Buenaventura y Cartagena.

Fuentes del sector, sin embargo, aclaran que “los envíos reales pueden ser muchos más, ya que es común el uso de empresas intermediarias para que figuren en los registros”.

UNA FACTURA DE 3.000 MILLONES DE DÓLARES
Mantener una dieta equilibrada se ha convertido en una odisea para millones de venezolanos. Las políticas de Nicolás Maduro han provocado una inflación galopante y problemas de abastecimiento en un país ya muy dependiente de las importaciones. Hace dos años, ante el descontento de la población, Maduro anunció el lanzamiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que pretendían hacer llegar a los venezolanos comida a precio reducido, preferentemente de origen nacional.

Venezuela, sin embargo, ha tenido que recurrir masivamente a las importaciones para llenar las “cajas CLAP”. El ministro de Alimentación, Luis Alberto Medina, anunció en noviembre que ya han sido importadas unas 100 millones de cajas, cuyo precio por unidad ronda los 30 dólares. Esto supone que Venezuela ha destinado unos 3.000 millones de dólares a una política que ha abierto enormes oportunidades de negocio a personas bien relacionadas, ya que las compras no son transparente ni salen a concurso público.

Ante la enorme factura que los CLAP, Maduro ha prometido en los últimos meses aumentar la producción nacional: “200.000 jóvenes irán al campo a producir alimentos y yo les garantizo todo […], vivienda dónde vivir y educación”, anunció el pasado septiembre.

Nuestra cocina de mercado del siglo XXI por Miro Popic – TalCual – 11 de Febrero 2018

1-39.jpg
Paul Bocuse, el gran cocinero francés que acaba de fallecer, cambió la cocina francesa de su tiempo con un concepto nuevo y revolucionario: la cocina de mercado. Aligeró las pesadas preparaciones cargadas de grasas y harinas y decidió optar por algo más sencillo, cocinando con lo que conseguía disponible en el mercado, es decir, productos frescos de estación, pesca del día, ofertas locales, cocciones más cortas sin alterar el producto, etc. El ejemplo fue seguido en otras regiones con resultados beneficiosos para todos, lo que contribuyó a hacer avanzar la cocina pública a nuevos niveles de excelencia. No hizo más que poner en práctica lo que decía mi abuela cuando le preguntaban con qué iba a hacer el sancocho. ¿Respuesta? Pues, con lo que haiga, hijo, con lo que haiga.

¿Con qué cocinamos hoy? Con lo que conseguimos en el mercado o con lo que encontramos en el bachaquero de la esquina, y con lo que podemos pagar, lo cual reduce enormemente nuestras posibilidades por más creativos que queramos ser. Hablo de la cocina hogareña, la que se hace a diario en casa, no de la cocina profesional de restaurantes. ¿Cómo proponernos, por ejemplo, dar de comer a los nuestros un corocoro frito si no conseguimos pescado ni hay aceite para freírlo? ¿Para qué imaginarnos una simple torta de jojoto si el azúcar está por las nubes y sale más barata con aspartane aunque no sepa igual?

El catalán Josep Pla tiene una frase maravillosa que dice que la cocina no es más que el paisaje puesto en la cacerola. Bella imagen para definir que la cocina surge de la geografía, de lo que la tierra que habitamos nos da, de lo que encontramos en nuestra cercanía. ¿Cuál es el paisaje de lo que se come hoy en los hogares que consiguen disponer de alimentos?

Supongamos, por ejemplo, que dependemos de la caja CLAP para cocinar. La más reciente entrega de hace 15 días contiene: un litro de aceite de soya, tres kilos de arroz, tres kilos de pasta (dos de pasta larga y uno de pasta corta), un kilo de azúcar, dos kilos de harina de maíz amarillo, un kilo de leche en polvo, un envase de 200 gramos de mayonesa, un envase de 200 gramos de kétchup y dos latitas de atún de 100 gramos de materia escurrida. El aceite, el arroz, la harina de maíz (transgénico), el azúcar, la mayonesa y el kétchup vienen de Brasil, la pasta de Turquía, la leche de Colombia, el atún de México. Cero hecho en Venezuela. Podemos decir entonces que hoy nuestra cocina es internacional, ese vago concepto que por querer abarcar todo no define nada. ¿Dónde queda, entonces, nuestra cacareada soberanía alimentaria? ¿Qué pasa con la autarquía originaria?

El componente de esta caja no soporta el más mínimo examen nutricional. Exceso de carbohidratos, algo de grasa, mínima proteína. Obviamente hay un complemento vegetal que se obtiene en los camiones que vienen del Táchira, pero cuando un kilo de cebollas o de pimentón es un cuarto del sueldo mínimo ¿quién puede pensar en un sofrito criollo? Cuando el precio de la carne supera un sueldo básico ¿cómo desmecharla? ¿Cómo hacer tajadas con un kilo de plátanos endógenos a 50 mil o 50 millones de los viejos de la cuarta?

Esta cocina de carencias que están obligados a ejecutar nuestros cocineros y cocineras pasará a la historia como un hecho de resistencia ante la barbarie del control social alimentario que impone el régimen a sus ciudadanos. Llegará el tiempo en que volveremos a reconstruir nuestra cocina criolla de siempre, donde hacer un pabellón o un simple sancocho de gallina será cosa de todos los días y para todos. No me cansaré de repetirlo nunca. La mesa venezolana es redonda, como nuestra arepa, y todos cabemos en ella. Esa es la unidad que necesitamos.

Dos años del decreto de emergencia…así se ha movido la economía venezolana – La Patilla – 12 de Enero 2018

El presidente Nicolás Maduro decretó nuevamente el estado de excepción y emergencia económica, con lo que cumple dos años gobernando bajo esa modalidad que le da libertades para dictar medidas sin pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional, publica Banca y Negocios.

El primer decreto se emitió en enero de 2016, justo cuando la Asamblea Nacional de mayoría opositora se instaló para comenzar su periodo constitucional. La decisión fue rechazada por esa instancia, pero el Tribunal Supremo de Justicia la validó argumentando que el legislativo no cumplió con los lapsos legales.

Cada dos meses el Ejecutivo emite o renueva la emergencia económica. Al decreto se han ido incorporando elementos como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), posibilidad de suspender garantías, entre otros.

El primer decreto de emergencia económica, señalaba que “las medidas a ser tomadas para proteger al pueblo en función de las amenazas existentes, deben ser de una gran magnitud e impacto en la economía nacional y de carácter estructural, sin afectar los derechos a la vida digna, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo”. Sin embargo, dos años después, los números dicen algo diferente.

Hiperinflación

En 2017 Venezuela entró por primera vez en hiperinflación, técnicamente definida como un alza de precios mayor a 50% mensualmente. La falta de confianza en la moneda nacional, el incremento récord de la liquidez monetaria y una baja producción llevaron a los precios a topes nunca vistos y el proceso aún no se detiene.

Según el índice de precios de la Asamblea Nacional (el gobierno no emite cifras desde 2015) en 2017 la inflación fue de 2.616%. En un documento entregado por el Ejecutivo al regulador del mercado de valores de Estados Unidos (SEC) en diciembre, se indicaba que en 2016 la inflación fue de 274,4%. Firmas como Aristimuño Herrera & Asociados, estiman que se ubicó en ese año en 510%.

El principal combustible de la inflación en estos dos años ha sido el incremento de la liquidez monetaria. Entre enero de 2016 y diciembre de 2017, ese indicador ha aumentado 3.119%, al pasar de Bs 3,9 billones a Bs 127,3 billones.

Derrumbe de la producción

Solo en los dos años en que ha estado en vigencia la emergencia económica el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 29%, principalmente por el derrumbe en 2016, cuando la economía cayó 16,5%, según los datos proporcionados por el gobierno a la SEC.

Implantación de los Clap

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) se crearon en 2016. Es una estrategia del gobierno que apunta a crear pequeñas unidades de producción para abastecer de alimentos y otros bienes. Sin embargo, su cara más visible es la caja o bolsa con unos 18 productos alimenticios básicos que, en el mejor de los casos, se vende mensualmente a las comunidades organizadas. Su precio pasó de Bs 4.500 en septiembre de 2016 a Bs 25.000 en enero de 2017. Un incremento de 900% en año y tres meses.

El gobierno compra a empresas privadas o importa directamente los productos que contiene este paquete de alimentos. Las compañías nacionales están obligadas a ofrecer la mitad de su producción a este sistema. Además, suplantó las ventas de otros programas gubernamentales como Mercal y Pdvsa. Este combo de comida en la mayoría de las ocasiones no incluye proteína animal.

Paralelo a este proceso, se permitió el ingreso de alimentos importados para ser vendidos a precios internacionales en supermercados y abastos, incluyendo las redes estatales como Abastos Bicentenario. Ninguna de estas acciones ha logrado frenar la escasez de alimentos ni de medicinas.

Crisis de efectivo y nuevo cono monetario

Una cifra nos muestra esta realidad en los últimos dos años. En la semana que se dictó el decreto de emergencia económica en 2016, la proporción de dinero en efectivo que había en el país con respecto a la liquidez monetaria era de 10,56%. La última semana de diciembre de 2017 ese mismo indicador se encontraba en 5,52%. Eso significa que aunque los venezolanos tienen dinero disponible en sus cuentas bancarias, no hay suficiente efectivo para que lo usen, teniendo que recurrir cada vez más a los canales electrónicos para hacer pagos hasta de un pan o un paquete de caramelos, pero dificultando otras operaciones como pago de pasaje e incluso la misma bolsa o caja del Clap.

El gobierno intentó sacar de circulación el billete de Bs 100 en diciembre de 2016, pero una ola de protestas, así como la sequía de efectivo que esto ocasionó, hizo que la medida se cancelara y ya se ha prorrogado su validez al menos 11 veces desde entonces.

Por otro lado, el BCV puso en circulación en enero de 2016, un nuevo cono monetario para “hacer más eficiente el sistema de pagos, facilitar las transacciones comerciales y minimizar los costos de producción, reposición y traslado de especies monetarias, lo que se traducirá en beneficios para la banca, el comercio y la población en general”. La espiral inflacionaria que le quitó poder de compra a las piezas salidas en 2008 con la reconversión, hizo lo mismo con las nuevas, pero en menos tiempo.

Además, los cajeros automáticos solo dispensan el billete de Bs 10.000, lo que deja por fuera las dos piezas de mayor denominación: Bs 20.000 y Bs 100.000, este último en circulación desde noviembre y que a enero de 2017, equivale a menos de un dólar según la tasa no oficial.

Devaluación del bolívar

El gobierno diseñó un nuevo esquema cambiario en 2016 llamado Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom), que entró en funcionamiento en 2017 a través de subastas que adjudicaron unos $300 millones entre mayo y agosto. En ese lapso la devaluación fue de 78%. Por su parte, la otra tasa, denominada Divisas Protegidas (Dipro) se mantuvo sin variación en Bs/$ 10.

Las subastas están suspendidas y el gobierno prometió para este mismo mes de enero su reactivación, tras señalar a las sanciones estadounidenses como las responsables de la paralización de ese sistema. Mientras tanto, en los dos años de emergencia económica el dólar paralelo subió 19.836,7%.

 

Los fieles al chavismo se unen a las protestas ante la escasez de los alimentos prometidos por Navidad por Alonso Moleiro – El País – 28 de Diciembre 2017

Nicolás Maduro acusa a Portugal por la falta de perniles en las cenas navideñas de Venezuela

La escasez en Venezuela no perdona ni a los más fieles al régimen Nicolás Maduro. Las protestas han llegado a barrios chavistas dos días después de que no pudieran celebrar la Navidad con la bolsa de comida y el pernil de cerdo que el Gobierno les ha había prometido en los últimos comicios. Los más pudientes, los que aún pueden permitirse usar el avión, tampoco han podido trasladarse para celebrar las fiestas por la reducción del servicio aéreo en más del 50% a causa de la falta de combustible, que también ha afectado a los que se tenían que conformar con el autobús. Y, como es habitual, la responsabilidad siempre es de otro. No hay pernil en las mesas venezolanas por culpa de dos países. “Por el saboteo de Portugal, que no cumplió los convenios, y de los Estados Unidos, que nos han impuesto las sanciones que pedían sus lacayos”, dijo la noche del miércoles el presidente Nicolás Maduro en un discurso televisado.

Las revueltas comenzaron dos días después de la noche de Navidad, en las barriadas populares de Catia y La Vega, al oeste de Caracas, alguna vez de mayoría chavista. Protestan por el retardo en la llegada los denominados CLAP (por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción); bolsas de comida que el Gobierno de Nicolás Maduro reparte de forma quincenal a precios subsidiados en sectores populares, como alternativa al comercio capitalista, y que distribuyen como programa social y señuelo electoral.

Los CLAP de estas navidades venían con la promesa realizada en las recientes elecciones municipales de incluir pernil de cerdo, uno de los elementos tradicionales de la mesa navideña en Venezuela. Con el salario triturado por una violenta escalada hiperinflacionaria y un panorama de escasez crónico, que conoce picos de gravedad notorios, la demora de la ayuda gubernamental agudiza las carencias cotidianas y el panorama de protestas en Venezuela, país que en este momento ve pasar frente a sí las pascuas más opacas y desesperanzadas de su historia contemporánea.

“¿Qué pasó con el cerdo? Nos han saboteado. Y puedo señalar a un país: Portugal. Compramos todo el pernil que había en Venezuela. Todo, lo compramos. Pero teníamos que importar y así di la orden y firmé los pagos. Pero nos persiguieron las cuentas bancarias”, dijo el mandatario. Lisboa replicó de inmediato: “El Gobierno portugués no tiene, con seguridad, ese poder de sabotear jamones”, respondió el ministro portugués de Exteriores, Augusto Santos Silva, en una entrevista con la emisora lusa TSF, en la que recordó que Portugal vive “en una economía de mercado y las exportaciones competen a las empresas”.

La irritación popular en Venezuela, todavía focalizada, pero creciente, ha conocido capítulos no exentos de dramatismo. En Ciudad Bolívar, ubicada en la zona más angosta del Río Orinoco, 590 kilómetros al sur Caracas, los motines populares en demanda de comida produjeron 20 detenidos y la militarización completa de la ciudad el mismo día de la nochebuena de Navidad. En el poblado de San Félix, a una hora de distancia, manifestantes trancaron las vías que comunican con la vecina Upata por cuarta vez en lo que va de semana, exigiendo las bolsas de comida, medicinas y servicios de gas doméstico.

Parte importante de quiénes protestan en esta ocasión son militantes chavistas, organizados en Comunas que promueve el Gobierno, a quiénes se les tenía prometida su asignación para las fiestas. Al reconocer que había fallas en la asignación de “la proteína animal” (es decir, la carne de cerdo), el gobernador del estado Trujillo, Henry Rangel Silva, -militar retirado, General en Jefe; militante chavista–, afirmó que el retardo obedece a “un sabotaje de la derecha fascista nacional e internacional”.

Las virulentas dimensiones de la crisis han estropeado el asueto navideño de los venezolanos, incluso de los que tienen recursos, muchos de los cuales se han visto impedido de verse con sus familiares en las pascuas a causa de las dificultades actuales para desplazarse dentro del país. Las aerolíneas comerciales han tenido que reducir en 70% sus vuelos por la escasez de repuestos y combustible. Algo similar ocurre con los autobuses del ámbito urbano y extraurbano. Miles de personas han tenido que pernoctar hasta por 48 horas en los terminales terrestres de Oriente y La Bandera, en Caracas, para procurar obtener un pasaje aunque sea en reventa.

Las insuficiencias en los servicios estatales se han expresado, con sus variantes, en otras entidades federales. El servicio de gasolina sigue presentando fallas en los estados Amazonas, Apure, Mérida, Táchira, Barinas, Cojedes, Portuguesa y Trujillo. En estas zonas, que integran parte importante del Occidente, el combustible se ofrece racionado; en algunos estados, el 20% de las estaciones de servicio están totalmente cerradas. En la turística Isla de Margarita, es difícil conseguir gasolina de 95 octanos. La jornada de la víspera de la Navidad, y la propia Nochebuena, pillaron a Maracaibo, segunda ciudad del país, con un corte de luz que duró siete horas.

A diferencia de lo que normalmente sucede, estas fiestas transcurrieron en medio de un espeso silencio en Caracas. En las zonas comerciales y acomodadas de Altamira, La Castellana o Las Mercedes muchos negocios han visto pasar las fiestas cerrados. Los centros comerciales, aquejados por una inflación indomable, reportan bajas en las ventas. Los hoteles han cancelado sus tradicionales recepciones de Navidad.

Muy poco antes de la Nochebuena, en una de sus comentadas “contraofensivas contra la guerra económica”, la Superindentencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), obligó a los comercios del bulevar de Sabana Grande, una de las arterias más concurridas de la ciudad, a bajar, de forma inmediata, los precios de todos sus productos, sin tomar en cuenta variables como los costos de reposición o los pagos pendientes a proveedores. De acuerdo a la interpretación oficial, el aumento de los precios guarda una relación directa con el acaparamiento y la especulación de los comerciantes. Algunas de estos expendios, como ha sucedido en otras ocasiones, tuvieron que cerrar sus puertas indefinidamente.

 

El código QR, el sistema que controla los votos de Maduro por Indira Guerrero – La Patilla – 24 de Julio 2017

carnet-patria8.jpg

Una plataforma tecnológica implementada por el Gobierno de Nicolás Maduro permite vigilar al votante, sus necesidades, su ubicación, todo dispuesto en el reverso de un documento de identidad distribuido en Venezuela como “el carnet de la patria”, reseña Efe.

Al menos 14 millones de personas, según el Gobierno, han sido censadas en el país a través del sistema de vigilancia con el que el propio presidente venezolano bromea públicamente diciendo que le permite saber cuántas personas hay en una sala e incluso quiénes están embarazadas.

La tarjeta de identificación tiene en la parte posterior un código QR (código de respuesta rápida por sus iniciales en inglés), una evolución del código de barras que permite el almacenamiento y lectura de una lista de información ilimitada según su requerimiento.

El sistema, financiado por el Estado, ha sido puesto a la orden del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, la mayor organización política del chavismo, para dar seguimiento a los votantes y permitir su ubicación gracias a la información almacenada durante su proceso de registro.

Esta tecnología es la principal herramienta usada por el Gobierno, a través del partido, para promover la votación el próximo 30 de julio, cuando se elegirá a los integrantes la Asamblea Nacional Constituyente, un proceso en el que el mayor reto del chavismo es alcanzar una alta participación.

Inducir a la votación es clave para completar el proceso con el que Maduro prevé cambiar la Constitución, sin importar a quién elija el votante porque la mayoría de los candidatos son seguidores de su gobierno, no obstante requiere de una alta presencia en las urnas para dar legitimidad a la polémica elección.

La plataforma fue puesta a prueba hace una semana en un simulacro del Gobierno para medir su capacidad de movilización, en una jornada en la que se vieron dos largas filas: la primera para votar; y la segunda, la que hacían los electores luego de haber sufragado para pasar el carné frente al software que lee la tarjeta y registra su participación.

Dentro del proceso, en el que se comenzó a censar y a distribuir carnets desde principios del año, se almacenó información sobre beneficios recibidos por el Gobierno, militancia en partidos políticos, si forman parte de las familias que reciben alimentos subsidiados por el Estado y sobre sus redes sociales.

Uno de los operadores del sistema que no quiso identificarse asegura que esta tecnología permite que una vez chequeada la persona quede registrada en una base de datos y se puede saber “quién no pudo movilizarse”.

“Sí, podemos”, dijo el operario en pleno simulacro de la plataforma mientras pasaba decenas de tarjetas frente al lector, para responder a la pregunta sobre si podrían saber quiénes no se habían movilizado para ese ensayo de la votación, que se realizó el mismo día que la consulta opositora contra la Constituyente.

Desde hace más de seis meses el Gobierno ha estado visitando casa por casa, viendo la necesidad que registró la persona cuando solicitó el carnet.

La base de datos sirve a una estructura superior del partido del Gobierno para la elección de los candidatos de la Constituyente denominada la “maquinaria 4×4”, los cuatro pilares de la campaña electoral de los partidarios de Maduro para refundar el Estado.

Entre esas cuatro estructuras hay dos con un rol fundamental, una el Movimiento Somos Venezuela, una organización de simpatizantes que verifica las necesidades económicas directamente en el domicilio, para ingresarlas en una lista de espera por beneficios del Gobierno, al tiempo que promociona la permanencia de “la revolución bolivariana”.

La segunda, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un sistema que entrega bolsas de alimentos a muy bajos precios a las familias de bajos recursos, que deben completar ese registro.

Una fuente del Gabinete aseguró que es también el primer recurso que se usará a lo largo de la campaña y para ello el Gobierno comenzó hace tres meses a reservar seis millones de cajas del CLAP que serán distribuidas por los líderes del partido.

El banco de información que dispone hoy el chavismo le permite saber que de casi 15 millones de personas registradas 57 % son mujeres; 32 % tienen entre 15 y 35 años de edad; 34 % de 35 a 55 años, y 33 % más de 55 años; y 98 % son alfabetizados.

El 91 % de los registrados tiene acceso a los CLAP; y 34 % percibe un ingreso menor al salario mínimo, de acuerdo con los datos divulgados por el propio Gobierno.

A menos de una semana para la elección de la Asamblea Constituyente, una de las elecciones más polémicas de los últimos años en Venezuela, se abrió un operativo especial con 1.200 puntos en todo el país para registrar a más ciudadanos.

Este sistema será durante un día el ojo omnipresente que contará uno a uno los votos para garantizar la última carta de Maduro.

 

 

Venezuela: ¿por qué no «bajan» de los cerros? por Pablo Stefanoni – Newsletter Nueva Sociedad – Junio 2017

En entrevista exclusiva, el investigador Alejandro Velasco analiza el papel de los sectores populares en las protestas de Venezuela, que ya llevan más de 70 días, con muertos y heridos, en el marco de una multiplicidad de crisis.

J3CV5Ferqt4J.jpg

Mucho se habla, y se escribe, sobre la crisis venezolana pero faltan algunos eslabones. Entre ellos está la pregunta por los sectores populares: ¿participan de las protestas?, ¿cuál es su relación con la oposición?, ¿y con el gobierno de Nicolás Maduro?, ¿quiénes son y cómo operan los famosos «colectivos»? Alejandro Velasco, autor de Barrio Rising. Urban Popular Politics and the Making of Modern Venezuela (2015), responde a algunos de estos interrogantes.

Una de las dudas que aparecen al leer sobre la crisis venezolana es qué factores sostienen a Nicolás Maduro en el poder. Siempre parece estar por caer y no cae, mientras la crisis se agrava. ¿Cuál es su interpretación?

Se combinan varios elementos. Por una parte, está el aparato estatal y la elite chavista. En la medida que vienen cerrándose espacios de maniobra en el plano doméstico e internacional, y tiene que recurrir más y más al autoritarismo, las figuras centrales del gobierno van atrincherándose al percibir una amenaza no solo a su permanencia en el poder sino verdaderamente existencial. Para algunos, es cuestión de principios: ante una oposición envalentonada y con amplio apoyo en el país y en particular en el extranjero, lo que está en juego es el legado de Hugo Chávez, en particular el avance hacia el estado comunal. Más allá de la oposición misma, esto siempre iba a significar una batalla contra la propia Constitución de 1999 –redactada en los comienzos de Chávez–, y con sectores internos del chavismo menos dados a la corriente socialista que a la de democracia participativa, base de esta Carta. De modo que, para los sectores más radicales, de cierta manera es un conflicto bienvenido aunque muy demorado, quizás demasiado para ser exitoso, pero darán la batalla de todas formas. Para otros, no obstante, el interés es más prosaico: los lazos de cuadros claves del chavismo con la corrupción desmedida –sea vinculada con el dólar preferencial o en algunos casos, con el narcotráfico– hace que cualquier salida del poder implique la cárcel, en Venezuela o en el exterior. De modo que la crispación del conflicto, vista en términos existenciales, tiende a cerrar filas, aunque por motivos muy diferentes. Leer más de esta entrada

Habla un panadero: “Ni el efectivo de la caja nos dejaron sacar” por Andrea Ballesteros – El Estimulo – 17 de Marzo 2017

Los “panaderos de la revolución” con la venia del superintendente William Contreras, sacaron a la fuerza de su panadería a Emilio, quien con su socio manejaba desde hace 40 años. Mansion’s Bakery, uno de los tres comercios “tomados” por los CLAP por supuesta especulación. Ambos, de nacionalidad portuguesa, desconocen qué pasará con su negocio.

Ni el efectivo de la caja nos dejaron sacar”, contó el sobrino de Emilio mientras ordenaba la mercancía del abasto de su mamá. “Uno de los integrantes de los CLAP nos dijo: ‘todo lo que está aquí adentro nos pertenece’”.

Ni Emilio ni su socio pueden entrar a su panadería, los candados y las cerraduras fueron cambiados al igual que el nombre del establecimiento. Aunque según Contreras, jefe de la Superintendencia de Precios Justos (Sundde), la “ocupación temporal” solo es por 90 días.

Panadería Mansion’s BakeryPanaderia-Mansions-Bakery.jpg

Hace dos semanas funcionarios de la Sundde visitaron la panadería y obligaron a los dueños a que bajaran los precios de los panes. “El miércoles vino el mismo superintendente y de manera arrogante obligó a los trabajadores a vender todos los panes a precios muy bajos”, señaló a El Estímulo una habitante de la zona que estuvo dentro del comercio cuando fue “tomada” por el Comité Local de Abastecimiento y Producción La Pastora.

“¡Dónde están los dulces y los panes. Son unos ladrones!”, gritaban algunas personas a las afueras del local un día después de la expropiación forzosa, mientras funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana con fusiles en mano, así como el CLAP de La Pastora, impedían el acceso hacia la panadería.

Varios vecinos de la céntrica avenida Baralt denunciaron a El Estímulo que el CLAP de La Pastora sacaba la noche del miércoles jamones, quesos, jugos y refrescos de la panadería, que se llevaron en diferentes carros. “Son unos ladrones, pobre señor Emilio”, lamentó un comerciante de la zona.

Mansion’s Bakery es una de las tres panaderías que el gobierno le dio a los CLAP, los comités del Partido Socialista encargados de racionar los alimentos básicos, luego de que el pasado domingo el presidente Nicolás Maduro ordenara acabar -con nuevas restricciones- la severa escasez de pan en Venezuela.

Producir y vender pan canilla y francés a precios irrisorios, darles entre 300 y 500 panes diarios a los CLAP y trabajar muchas más horas son -según el Ejecutivo nacional- la solución para la ausencia de harina de trigo, materia prima importada y distribuida por el propio gobierno en el país.

Emilio y su socio no quieren hablar por temor, tampoco van a denunciar, según el sobrino del inmigrante. “¿Con quién? Esto es como la historia de David y Goliat solo que nosotros perdimos la guerra”.

A %d blogueros les gusta esto: