elecciones7Oenbilbao

Punto de encuentro de Venezolanos votantes en Bilbao

Archivos por Etiqueta: CITGO

Presidente ad hoc de Pdvsa admitió que existen complejidades en litigios contra Citgo – El Nacional – 12 de Julio 2020

Citgo
Foto: Reuters

Luis Pacheco, presidente de la junta administrativa ad hoc de Pdvsa, nombrada por la Asamblea Nacional, admitió que se enfrentan a complejidades, tanto en el plano jurídico como financiero, en lo que concierne a los litigios contra Citgo que se ejecutan en Estados Unidos, reseñó Dinero.

Pacheco advirtió que si lo demandantes llegaran a obtener fallos favorables, se reportarían enormes perdidas patrimoniales para Venezuela.

“Esto nos obliga a diseñar estrategias legales y financieras para varios escenarios, pero que muy respetuosamente debemos mantener todavía en la mayor discreción”, señaló Pacheco en una carta de respuesta a una solicitud de explicaciones emitida por la Fracción 16 de Julio.

Dicha fracción había reclamado que se explicaran los motivos por los cuales la deuda privada de Citgo se elevó a 1.125 millones de dólares, si originalmente la emisión debía ser por 750 millones de dólares.

620 millones de dólares se usarían para extinguir la emisión previa que vencía en 2021 y 130 millones de dólares para necesidades operativas previas. Sin embargo, la emisión se extendió en 375 millones de dólares adicionales sobre los 750 millones de dólares.

Ex-US diplomat Richardson to urge Maduro to free Americans by Joshua Goodman – AP – 13 de Julio 2020

In this Jan. 24, 2018 file photo, former New Mexico Gov. Bill Richardson gives an interview in Yangon, Myanmar. Richardson will travel the week of July 13, 2020, to Venezuela to urge President Nicolás Maduro to free several jailed Americans as a goodwill gesture aimed at easing tensions with the U.S., according to The Richardson Center in an annoucement on Monday, July 13, 2020.

MIAMI (AP) — Former New Mexico Gov. Bill Richardson plans to travel this week to Venezuela to urge President Nicolás Maduro to free several jailed Americans as a goodwill gesture aimed at easing tensions with the U.S.

The Richardson Center, which seeks freedom for Americans held by hostile foreign governments and criminal organizations, announced Monday the planned meeting with Maduro on social media.

Richardson didn’t say on whose behalf he was traveling to Caracas or what day he would meet with Maduro, who was recently indicted on U.S. drug trafficking charges.

But among the U.S. citizens jailed in Venezuela are two former Green Berets — Luke Denman and Airan Berry — arrested in May while participating in a botched raid organized from neighboring Colombia to oust Maduro.

Also being held are six oil executives from Citgo — five Venezuelan-Americans and one a permanent U.S. resident — who were lured to Caracas for a meeting in late 2017 at the offices of the Houston-based company’s parent, state-run oil giant PDVSA, when masked security agents swarmed a boardroom and hauled them away.

While Richardson’s visit is a private mission, he coordinated with the State Department and has kept U.S. officials briefed of his plans, according to someone familiar with the trip, on the condition of anonymity to discuss planning details.

The face-to-face diplomacy stands in contrast to U.S. policy of “maximum pressure” on a leader considered by Washington to be a dictator and drug kingpin. The Trump administration closed the U.S. Embassy in Caracas in March 2019 after it recognized Juan Guaidó, the head of the opposition-controlled congress, as Venezuela’s rightful leader.

Lately, however, President Donald Trump has shown signs of losing faith in Guaidó’s ability to remove Maduro, who has shown a surprising degree of resilience amid ever-tougher U.S. sanctions that have accelerated the OPEC nation’s economic collapse.

“He seems to be losing a certain power,” Trump said of Guaidó Friday in an interview with Telemundo. “We want somebody that has the support of the people. I support the person that has the support of the people.”

Richardson, a former U.S. ambassador to the United Nations during the Clinton presidency, has opened diplomatic backchannels to several hostile governments, including Iran, Cuba and North Korea, to win the release of some 40 Americans. They include former U.S. Navy veteran Michael White, who was released last month by Iran after two years in jail as s part of a deal that spared an American-Iranian physician any more time n jail in the U.S.

His relationship with Maduro stretches back to when the Venezuelan would travel to the United Nations as Hugo Chávez’s foreign minister. The two also crossed paths at the 2018 inauguration of Mexican President Andrés Manuel López Obrador. Richardson also worked behind the scenes to bring home another American jailed in Caracas, former Mormon missionary Joshua Holt, who won his freedom in 2018.

 

Maduro’s government last month released a video showing the six American oil executives in relatively good condition after their loved ones expressed fear about the men’s health amid the coronavirus pandemic.

“Given limitations, our conditions here have been good,” one of the men, former Citgo President José Pereira, said between clips of the men dressed in orange jail garb playing ping pong and lifting weights. “They treat us with respect regarding our human rights.”

Less is known about the condition of the former U.S. special forces soldiers. The two appeared in videos shortly after their capture and said they had been hired by a Florida-based company run by a former special forces colleague, Jordan Goudreau, to train a volunteer army of Venezuelans to carry out an assault.

The Trump administration has denied any involvement in the attack, which consisted of a small contingent of lightly armed men who were easily subdued when they arrived to Venezuela’s coastline on a few skiff boats.

 

Hecho en socialismo: Venezuela tiene 60 demandas y debe 140 mil millones de dólares por Sabrina Martín – PanamPost – 10 de Julio 2020

Gran parte de las demandas en el exterior contra la República no podrán desconocerse porque son deudas que Chávez y Maduro dejaron

Hay 60 demandas contra la República y Pdvsa en el exterior, todas ellas basadas en reclamaciones privadas por las deudas dejadas por Hugo Chávez y Nicolás Maduro (Wikimedia)

Ni con todo el dinero recuperado de la cleptocracia y la corrupción causadas por los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, podrá pagarse la deuda pública externa que ha dejado el socialismo en Venezuela.

El chavismo logró hipotecar los activos del país al punto de generar una deuda externa estimada en 140 mil millones de dólares y unos 60 litigios en el exterior.

Aún cuando gracias al Tesoro de Estados Unidos el Gobierno interino de Guaidó mantiene el control de Citgo, es el activo venezolano más vulnerable pues detrás de él hay demandas contra el Estado que suponen el riesgo de perderla.

José Ignacio Hernández, quien hasta hace pocas semanas fungió como Procurador Especial del presidente interino Guaidó, reveló al PanAm Post que la mayor parte de los litigios que controla el Gobierno del presidente Encargado, son demandas contra Venezuela que suponen riesgos para activos del país.

«Los litigios son tres grupos, el primero son demandas contra el Estado que suponen riesgos para activos como Citgo porque los acreedores pueden demandar a Venezuela; el segundo está enmarcado en la recuperación de activos derivados de la corrupción; y el tercero son juicios para controlar activos y arrebatárselos al régimen», señaló Hernández.

El exprocurador de Guaidó explicó que hay 60 demandas contra la República y Pdvsa en el exterior, todas ellas basadas en reclamaciones privadas por las deudas dejadas por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Se trata de deudas financieras y no financieras, entre ellas las arbitrarias políticas de expropiaciones emprendidas por el chavismo en Venezuela.

«Se trata de demandas que pueden sumar alrededor de 15 mil millones de dólares para una deuda pública externa estimada en 140 mil millones de dólares. Eso significa que en cifras gruesas alrededor del 10% de la deuda externa venezolana está en litigio».

Hernández aseguró que se trata de un número «bastante modesto» debido a que los acreedores «han atendido la invitación del Gobierno interino de renegociar la deuda para evitar más litigios contra Venezuela».

El abogado considera que no se podrá recuperar el país mientras se mantenga la elevada deuda externa.

«Es imposible recuperar a Venezuela y atender la emergencia humanitaria si no se resuelve el problema de la deuda porque si no los litigios van a aumentar, los riesgos van a aumentar y Venezuela encontrará obstáculos aún mayores. La deuda pública es una de las principales limitaciones que enfrenta el país para recuperar la economía y restablecer los mecanismos de mercado», señaló.

Venezuela perderá

El exprocurador explicó que «lamentablemente» gran parte de las demandas en el exterior contra la República no pueden desconocerse porque son deudas que Chávez y Maduro dejaron.

«Buena parte de las reclamaciones privadas contra Venezuela se basan en títulos de deuda que no pueden desconocerse, deuda soberana que fue emitida cumpliéndose todos los requisitos legales, deuda privada de Pdvsa cumpliendo todos los requisitos legales, laudos arbitrales firmes porque fueron procesos de arbitraje que Chávez o Maduro perdieron y no cumplieron ninguna de las decisiones. Entonces lamentablemente buena parte de esas reclamaciones no pueden desconocerse», agregó.

«En mucho casos Venezuela no va a poder ganar esas demandas porque la deuda está allí. El problema es que va a ser imposible reconstruir a Venezuela y pagar la deuda al mismo tiempo», explicó.

Citgo, el riesgo mayor

Hernández aclaró que el activo con mayor riesgo a perderse es Citgo, debido a que Maduro utilizó a la refinería como colateral de manera inconstitucional.

Sobre la situación real de Citgo explicó que la compañía está sufriendo las consecuencias de la mala gestión de Chávez y Maduro.

«Quedó una deuda de millardos de dólares de operaciones realizadas por los antiguos administradores de Citgo, más la totalidad de acciones de Citgo donde se dio el 50,1 % a favor de los bonistas del bono Pdvsa 2020 y el 49,9 % a favor de Rosneft», explicó.

«Sin duda el riesgo mayor lo suponen las demandas contra Citgo. Maduro utilizó a Citgo como colateral de manera inconstitucional en la operación del bono Pdvsa 2020 y el contrato con Rosneft; y luego algunos acreedores han intentado ejecutar sus acreencias», explicó.

«Afortunadamente las órdenes ejecutivas del Gobierno de EEUU y el Departamento del Tesoro ratifican que ningún acreedor puede vender, ejecutar o subastar las propiedades de Venezuela bloqueadas incluyendo Citgo. Por lo tanto hay una barrera última de protección. La intención es utilizar estas medidas de protección de activos para crear operaciones apropiadas para renegociar la deuda», señaló.

«Fue el régimen de Maduro quien colocó en riesgo a Citgo al ceder esa empresa a favor de inversionistas extranjeros», sentenció.

Activos desviados por la corrupción

«No hay ninguna estimación exacta de los activos desviados por corrupción, según cálculos de la Asamblea Nacional y de algunos expertos el monto pudiese ser entre los 200.000 y 400.000 millones de dólares», dijo Hernández.

Es una cifra incomparable. Nunca antes ha habido un caso de recuperación de activos derivados de la corrupción con estas magnitudes. Pero la cifra no es exagerada si consideras que el ingreso fiscal petrolero del chavismo, palabras más palabras menos, era un trillón de dólares.

«Lamentablemente la experiencia demuestra que el porcentaje de recuperación es bajo, pero aun así si se logran recuperar 100.000 millones de dólares no se podría solucionar problemas como la deuda», sentenció.

Asamblea Nacional nombró nueva directiva de Citgo – El Nacional – 9 de Julio 2020

Carlos Jordá fue designado director y presidente ejecutivo de Citgo Petroleum y Citgo Holding Inc

Citgo
Foto: Reuters

La Asamblea Nacional aprobó por solicitud de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, una serie de cambios en las juntas directivas de Citgo Petroleum Corp y Citgo Holding Inc, filiales de Pdvsa en Estados Unidos.

Entre los cambios se cuentan el ingreso de Pablo José Pérez como miembro del directorio de ambas filiales, en sustitución de Ángel Olmeta. Mientras tanto, Marcelo Laprea sustituirá a Luis Urdaneta dentro de la junta ad hoc de Citgo Petroleum.

Además, Carlos Enrique Jordá fue designado director y presidente ejecutivo de Citgo Petroleum y Citgo Holding Inc, en sustitución de Rick Esser, quien venía ejerciendo esas funciones, aunque su cargo es de vicepresidente ejecutivo.

Rick Esser, quien forma parte de la junta directiva desde 1997 y es el último representante que se mantiene en la empresa desde el período anterior a que se le otorgara el control a Guaidó. Dos personas familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters que Esser permanecería en su cargo de vicepresidente ejecutivo.

De igual forma, Luisa Palacios, nombrada el año pasado presidente de Citgo por el parlamento seguirá ocupando el cargo.

Crystallex propone subasta escalonada y ConocoPhillips un proceso de quiebra para liquidar a Citgo – Banca y Negocios – 27 de Junio 2020

CITGO-NUEVA-2-850x400.jpg

El nuevo procurador especial designado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en su condición de mandatario interino reconocido por Estados Unidos, Enrique Sánchez Falcón, enfrenta el difícil reto de impedir la liquidación de Citgo, que parece difícil de evitar, cuando varios de los principales acreedores ya están proponiendo fórmulas para llevar a cabo el proceso.

De acuerdo con una nota de la agencia especializada Argus Media, el 17 de junio, los representantes de Crystallex, ahora propiedad de Tenor Capital Management, recomendaron al tribunal de Delaware una subasta escalonada de las acciones de la propiedad de Citgo, en paquetes incrementales de 5%, hasta que la empresa cumpliera la sentencia arbitral de pagar los 1.400 millones de dólares reclamandos. ConocoPhillips, por su parte, propuso a la misma corte que, en su lugar, pusiera a la refinadora estatal venezolana en suspensión de pagos, como en un proceso de quiebra, para encontrar el valor más alto para los activos.

Ante de concretar una muy anticipada dimisión, el antecesor de Sánchez Falcón, José Ignacio Hernández, fue escuchado en un audio, filtrado como «prueba» de presunta corrupción por parte del gobierno de Nicolás maduro, en el cual reconocía que había conversaciones con ConocoPhillips para un «arreglo» en caso de que no funcionaran los argumentos del equipo legal venezolano.

Sin embargo, la petrolera estadounidense cuyos activos en Venezuela fueron tomados por el gobierno del ex presidente Hugo Chávez, dijo en un comunicado que sigue comprometida a «buscar todas las vías legales disponibles para obtener una recuperación completa y justa del laudo». Cualquier alegación en contrario es errónea e infundada». De esta manera, la corporación parece desmentir cualquier acuerdo extra judicial.

Según trascendió en fuentes de la Asamblea Nacional, los representantes de los tenedores de los bonos Pdvsa 2020, que tienen al 50,1% de las acciones de Citgo como colateral, ya están preparando su propuesta de subasta. la discusión es quiénes serán los acreedores preferentes entre los que están en la cola para recibir el producto de una eventual liquidación de la refinadora venezolana.

La opinión generalizada entre los representantes de los tenedores es que ellos deben tener la preferencia, por cuanto son acreedores directos de Citgo, en virtud del default que se mantiene sobre los títulos, aunque la Asamblea Nacional aprobó un polémico pago el año pasado.

En el horizonte está el vencimiento, el próximo 22 de julio, de una licencia del Departamento del Tesoro de EE.UU. que bloquea cualquier enajenación de activos de Citgo, lo que constituye el único argumento fuerte que le queda a la procuraduría especial en el proceso; sin embargo, parece muy complicado que la administración de Donald Trump se enfrente de manera abierta con una decisión tribunalicia.

Citgo es la quinta refinería más grande de EE.UU. La compañía opera tres plantas complejas; Corpus Christi con capacidad de 157.000 barriles diarios en Texas; Lemont, para 167.000 b/d en Illinois, y Lake Charles con una capacidad de 425.000 b/d en Louisiana.

“Entre el 80% y 90% del deterioro que padece Venezuela se había producido antes de las sanciones” por Alejandro Hernández – La Gran Aldea – 22 de Junio 2020

Para el director de Investigación Aplicada del Harvard Growth Lab, Miguel Ángel Santos, “si hay una transición en el país y los encargados de liderarla entienden lo que nos pasó y se mueven a buscar financiamiento internacional, promover una reestructuración de la deuda y abrir el petróleo para el sector privado internacional, se va a generar un contexto de país que permitirá una recuperación muy acelerada”. Y ratifica que “el cambio en la sensación de bienestar, estoy seguro, va a generar muchísima esperanza”.

download

HiperiVenezuela no tienen ningún motivo para estar atravesando las penurias que padece y que es consecuencia de una élite política que se quiso perpetuar en el poder a costa de todos los venezolanos, sostiene el economista Miguel Ángel Santos, quien actualmente dirige el Growth Lab del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.

En cuanto al debate acerca de las sanciones internacionales y su impacto en el país, afirma que el efecto económico de estas medidas en relación a la catástrofe que engendró el chavismo es relativamente marginal. Queda claro, a su juicio, que el país requiere regresar a la especialización y necesita servidores comprometidos, que no tengan conflictos de intereses”.

-Usted ha dicho que en sistemas autoritarios las crisis económicas no generan cambios de gobierno, pero ¿por qué en Venezuela no hay conexión entre la protesta política y la social?

-Cuando empezó la hiperinflación en Venezuela, en noviembre de 2017, Douglas Barrios (economista venezolano) y yo hicimos una investigación que titulamos Hiperinflación y cambios políticos: Democracia, transiciones en el poder y resultados económicos, que luego salió publicada en el libro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, “Inflación alta e hiperinflación”. Allí documentamos tres hechos fundamentales que resultan relativamente contra-intuitivos. En primer lugar, que las hiperinflaciones que ocurren en contextos autoritarios tienden a ser más intensas y más prolongadas que cuando ocurren en contextos democráticos. En segundo lugar, que la hiperinflación no traía consigo un “bono democrático”. Los países que padecen estas crisis tienen una baja probabilidad de ver su democracia fortalecida una vez que ésta pasa. Por último, las hiperinflaciones cuando ocurren en contextos autoritarios no suelen conducir a transiciones políticas o cambios en el poder.

-El caso venezolano parece no ser la excepción.

-En el caso de Venezuela, cuando llega el colapso económico la mayoría de los controles institucionales, los balances y mecanismos de rendición de cuentas ya habían sido desmontados. De allí que el país no encuentre cómo producir una transición, a pesar del desplome de su economía, y de la aceleración de la pobreza. Muchos terminaron por votar con los pies, y provocaron el mayor movimiento migratorio que se haya producido en la historia de América Latina. Eso es consecuencia de más de 15 años de desmontaje sostenido de todos los mecanismos de mercado. En 2013 se cerraron las fuentes de financiamiento, cayeron los precios del crudo y el país descubrió que el boom de consumo que había disfrutado entre 2004-2012 era una ilusión basada en importaciones, financiado con el boom petrolero y la deuda. En paralelo, en medio del rumbón, se desmontó el Estado. Durante la bonanza la ciudadanía decidió mirar a otra parte, y cuando se advertía sobre la catástrofe que se estaba gestando la gente te miraba como al que se aparece con la cuenta en la Última Cena.

“Venezuela no tienen ningún motivo para estar atravesando las penurias que hoy padece, y es consecuencia de que hay una élite política que se quiso perpetuar en el poder a costa de todos los venezolanos”

Miguel Ángel Santos, Director de Investigación Aplicada del Harvard Growth Lab

-¿Qué impacto tendrá el Covid-19 en la ya depauperada economía de nuestro país y cómo terminará el 2020 para quienes hacen vida en Venezuela?

-Antes del Covid-19, Venezuela tenía su sistema de salud colapsado y su economía había perdido dos tercios de su tamaño en los últimos cinco años, según las estadísticas del propio Banco Central. A ese panorama, súmale los efectos de la pandemia. Nuestro país no tiene capacidad asistencial para hacerle frente a esta crisis, y Nicolás Maduro no tiene ninguna posibilidad de solicitar financiamiento. Tenemos una deuda en default, que es equivalente a más de cinco veces nuestras exportaciones. Eso nos hace el país más endeudado del mundo. En cualquier caso, el régimen no tiene ninguna capacidad para implementar y administrar programas sociales orientados a aliviar a la población más vulnerable. En 2020 tendremos otra caída económica de entre 20% y 25%, según las proyecciones. El nivel de la actividad comercial es miserable, y la paralización de lo poco que queda va a tener consecuencias devastadoras para la gente.

-¿Cree que la oposición ha tenido una buena interpretación y, en consecuencia, un discurso de la crisis económica que padece el país?

-Cuando hablamos del sistema político opositor encontramos una variedad de actores, entre los cuales están quienes comprenden perfectamente lo que nos ha sucedido y también quienes creen que el chavismo fue simplemente un problema de mala administración. En donde se observan las diferencias más graves, es en lo que debemos hacer para salir adelante. Hay muchos aspectos en donde se han desarrollado ciertos consensos a lo largo de estos años, pero hay disidencias en algunos puntos básicos muy álgidos, que son parte de los fundamentos que debemos cambiar si queremos tener una economía productiva, capaz de generar crecimiento inclusivo y crear empleos.

-¿A qué atribuye estás disidencias?

-Lamentablemente, en una movida a la que en medio de la euforia se le prestó muy poca atención, el chavismo acabó con el financiamiento a los partidos políticos. A continuación, fue asfixiando a quienes, desde el sector privado, los apoyaban económicamente y luego declaró traidores a la patria a los que recibían algún tipo de financiamiento desde el exterior. Esta estrategia dejó a los partidos exangües, en una posición muy vulnerable. Las organizaciones políticas se hicieron cada vez más pequeñas, limitadas y, más dependientes de las pocas empresas que se mantienen vivas dentro de los lineamientos del régimen o de los nuevos ricos manufacturados por el chavismo a lo largo de los años 2000. Esta realidad puede ser la base de esa renuencia a cambiar el statu quo en muchas áreas de la política económica, que uno observa en ciertos sectores. Algunos creen que ahora se trata de hacer algunos cambios aquí y allá, alguna que otra modificación cosmética. Así no se rebota del colapso económico más grande que se haya visto en América Latina, así lo que van a conseguir es estabilizar la miseria.

-¿Cuánto han influido las sanciones en este colapso que describe?

-Antes de analizar el impacto de las sanciones, primero hay que tener claro qué país teníamos cuando se implementaron. Por ejemplo, Dany BaharJosé Ramón MoralesSebastián Bustos y yo, realizamos una investigación para Brookings Institute, donde demostrábamos, entre otras cosas, que al cierre de 2018, cuando todavía no habían entrado en vigor las medidas más relevantes, las importaciones de medicamentos habían caído 96% en relación con 2012 y las de alimentos más de 70%. En ese documento también están los números que reflejan el desplome de la producción petrolera y del producto interno bruto, así como el incremento de la mortalidad infantil. Hay muchas dimensiones que permiten proyectar la Venezuela que habría hoy, si no se hubiese producido la presión internacional. Para mí está claro que entre el 80% y 90% del deterioro generalizado que estamos padeciendo se había producido ya antes de las sanciones.

“Cuando llega el colapso económico la mayoría de los controles institucionales, los balances y mecanismos de rendición de cuentas ya habían sido desmontados. De allí que el país no encuentre cómo producir una transición, a pesar del desplome de su economía, y de la aceleración de la pobreza”

Miguel Ángel Santos, Director de Investigación Aplicada del Harvard Growth Lab

-El régimen, ayudado por algunos factores de “oposición”, ha hecho un esfuerzo comunicacional y propagandístico para atribuirle a las sanciones la culpa de la crisis que hay en el país.

-Han salido unos argumentos muy irresponsables sobre el impacto de las sanciones, como si estas le hubiesen quitado al régimen un dinero que se iba a utilizar para montar hospitales y escuelas, e importar alimentos y medicinas. Si hay algo que los venezolanos conocen bien es cómo se veía Venezuela con Maduro y sin sanciones. El efecto económico de las medidas, en relación a la catástrofe que engendró el chavismo, es relativamente marginal, y en cualquier caso bastante menor de lo que muchos analistas interesados han querido hacer ver. Es evidente que detrás de estas declaraciones hay oportunismo político.

-¿Cree que hay que mantenerlas?

-Cuando llegan las sanciones Venezuela tiene por lo menos 15 años tratando de salir del chavismo. Aquí se había intentado todo. En ese momento eran una de las pocas estrategias que quedaba por implementar y se dieron las condiciones políticas para hacerlo. Se comenzó con medidas individuales, luego se pasó a las financieras con PDVSA y después, en términos un poco más amplios, al comercio con el régimen de Nicolás Maduro. Es decir, también contrariamente a lo que algunos quieren hacer ver, tuvieron un componente gradual para abrir el espacio a una negociación que desembocara en una transición política. En ningún momento el chavismo estuvo dispuesto a ofrecer nada que remotamente comprometiera su permanencia en el poder. Ahora bien, el problema es que la efectividad de las sanciones se mide en términos binarios: ¿Tuvieron éxito (se produjo la transición política) o no tuvieron éxito (Maduro sigue ahí)? No hay otra. Uno puede diferir en cuanto al tiempo, pero no en cuanto a la definición de éxito: Ese es el objetivo final. Medida con esa vara, las sanciones no han producido el resultado que se esperaba.

-Entonces, ¿hay que levantar las sanciones?

-El problema es que, en una eventual negociación, lo único que el liderazgo opositor tiene en la mano para ofrecerle al régimen son las sanciones. Dicho sea de paso, lo que tienes que ofrecer es una decisión sobre la que podrías tener alguna influencia, pero que en última instancia no es tuya. ¿Qué va a pasar si le quitas a la oposición esa única ficha de forma indiscriminada? Todo esto para decir que las sanciones no han dado los resultados esperados, lo que obliga a repensar cuál debe ser la estrategia, su alcance e implementación, para evitar caer en esa calle ciega que hoy es Cuba.

-¿Cómo evalúa el manejo que ha hecho el interinato de la deuda venezolana?

-A mí me parece que el Gobierno interino ha manejado la deuda de la única manera que lo podía hacer. Tampoco había tanto margen de maniobra. Lo que pasa es que hay que conocer bien algunos detalles para entender la situación. Cuando el interinato llegó, la deuda de los bonos no garantizados ya se encontraba en default. Se aproximaban pagos de intereses y de principal en 2019 de los bonos PDVSA2020, que tienen a Citgo como garantía. En los primeros meses y con la intención de ganar tiempo para montar una estrategia que protegiera a la red de refinerías, la Asamblea Nacional aceptó, bajo protesta, pagar algo más de 70 millones de dólares en intereses que se vencían en abril de 2019. Si no se ejecutaba esa operación, los acreedores tomarían control de Citgo, pues para ese momento no existía ninguna medida de protección que lo impidiera. Cabe recordar que en ese momento estaba vigente la licencia general 5, emitida por el gobierno de Estados Unidos en 2018, que eximía la compra-venta de esos bonos de las sanciones que se impusieron sobre Venezuela. Dicha licencia creaba una excepción que permitía a los tenedores del PDVSA2020 tomar control de Citgo, a pesar de ser una propiedad congelada.

-¿Qué circunstancias cambiaron para que la Asamblea Nacional no ejecutara el segundo pago de intereses sin perder Citgo?

-Seis meses después de que se realizó esa operación bajo protesta que comenté, había que volver a pagar, en ese caso principal e intereses, por una cifra muchísimo mayor, que rondaba los mil millones de dólares. El Gobierno interino no sólo no tenía cómo pagar, sino que además debía de ser consistente con la posición de la Asamblea Nacional, que había cuestionado la constitucionalidad del PDVSA2020, advirtiendo sobre los posibles daños patrimoniales que causaría a la nación, en acuerdo público realizado el 27 de septiembre de 2016. Para ese entonces ya había una medida de protección temporal por parte del gobierno de los Estados Unidos, que impedía a los bonistas tomar acciones contra dicha empresa.

-¿Hubo acercamientos con los acreedores en esos meses para intentar llegar a acuerdos y evitar un juicio?

-Durante todos esos meses hubo conversaciones y negociaciones con los tenedores del PDVSA2020, que no llegaron a resultado alguno. Como bien ha dicho recientemente el presidente de la Junta ad-hoc de PDVSA, Luis Pacheco, la posición de los acreedores fue demandar el pago íntegro de los bonos, ignorando por completo la cuestión de la invalidez. Así que no quedaba otra posibilidad, pero además era consistente con la posición del Parlamento, de demandar la nulidad de los bonos. Es un proceso que tiene sus riesgos. Esos riesgos, al igual que ocurre con las sanciones, deben ser sopesados en función de qué habría ocurrido en ausencia de esa acción. En ese contexto, la Asamblea Nacional, de manera unánime, aprobó el Acuerdo del 15 de octubre, ratificando el Acuerdo del 27 de septiembre de 2016 y declarando la inconstitucionalidad de dichos Bonos. De manera que no solamente estoy de acuerdo, sino que además pienso que era el único curso de acción coherente que se podía seguir, si de lo que se trata es de defender los intereses de la República.

“Tenemos una deuda en default, que es equivalente a más de cinco veces nuestras exportaciones. Eso nos hace el país más endeudado del mundo”

Miguel Ángel Santos, Director de Investigación Aplicada del Harvard Growth Lab

-Ricardo Hausmann nos declaró que actores vinculados a la política estaban representando los intereses de los tenedores de bonos de forma poco legítima. También, en una entrevista con el periodista Andrés Rojas Jiménez, el presidente del Banco Central ad hoc Ricardo Villasmil, calificó de traición a la patria la defensa a estos inversionistas. ¿Cuál es su valoración de estos señalamientos?

-Yo trabajé durante alrededor de diez años haciendo private equity. Durante esos años obtuve la autorización para usar la designación de Chartered Financial Analyst (CFA), una suerte de gold standard de analistas financieros en el mundo. Allí uno debe aprenderse al caletre el código de ética del analista financiero. Y uno de sus principios esenciales es que en la profesión se deben evitar tanto los conflictos de interés, como la apariencia de los mismos. El término de traición a la patria es una sanción moral, cuyos fundamentos son muy difíciles de establecer y creo que, lamentablemente, haber usado esa expresión distrajo la atención de puntos más sustantivos. Pero se está hablando de alguien que trabajó en la banca internacional durante muchos años, que tuvo un rol activo promoviendo el endeudamiento venezolano, que acompañó hasta hace muy poco a los acreedores más representativos de Venezuela, tenedores del PDVSA2020, a reuniones con representantes del régimen de Maduro, tales como Nelson Merentes y Diosdado Cabello, que están documentadas y son del dominio público.

-¿Se refiere usted al economista Francisco Rodríguez?

-Sí. Quien haga todo lo que antes mencioné no puede negar que esté promoviendo la adquisición de títulos de deuda externa venezolana, y que represente, o durante un pasado no demasiado lejano representó o asesoró a los inversionistas. Hay que recordar que la desinformación en los mercados en relación con Venezuela era total. Ahí es en donde creo que entra el tema de la apariencia de conflicto, porque es difícil pretender jugar ambos roles; es difícil asesorar al mismo tiempo a los acreedores, y por otro lado dar consejos sobre lo que le conviene a la República hacer en relación con esas acreencias. Creo que hubiese sido mucho más responsable y transparente centrarse en uno de esos dos roles, en lugar de pretender jugar para los dos equipos.

-El economista Francisco Rodríguez sostuvo en entrevista con La Gran Aldea que durante sus años en Bank of América y en Torino Capital nunca hizo recomendaciones de inversión.

-En un país normal, los intereses de los inversionistas y el gobierno suelen ir alineados; pero en una República que multiplicó su deuda por cinco en seis años (2006-2012) sin invertir un ápice en capacidad para producir algo que luego sirviera para devolver el préstamo, era evidente que esos intereses iban a entrar en conflicto. Maduro inclusive tomó la decisión administrativa de recortar las importaciones de forma draconiana y seguir sirviendo la deuda, durante varios años. Francisco Rodríguez celebró esa decisión, su posición está también documentada, cuando ya era evidente que Venezuela no tenía ninguna capacidad de pago, y que cualquier pago de servicio sólo retrasaría el default, y vendría a costa de la escasez y el hambre de muchos venezolanos. En esa circunstancia, lo responsable era promover una restructuración de la deuda, que hubiese obligado al Gobierno a realizar varios cambios. En fin, es difícil jugar para dos equipos.

-¿Cuál es su opinión sobre la Ley de Hidrocarburos que se discute en la Asamblea Nacional?

-La recuperación económica de Venezuela necesitará muchas divisas, que sólo pueden venir de tres pilares fundamentales: Financiamiento de los organismos financieros internacionales, en esencia, el Fondo Monetario Internacionalreestructuración de la deuda y la apertura del petróleo a la inversión extranjera. Con respecto a esto último, el problema que existe es que, según la normativa vigente, PDVSA debe tener control accionario en todos y cada uno de los negocios petroleros que se hagan en territorio venezolano. Ahora bien, como PDVSA está quebrada, no tiene dinero para invertir, y como tiene que ser mayoría, nadie más puede poner capital. En ese contexto, es evidente que debemos rediseñar el rol de la petrolera estatal, pues se quedó pequeña, en términos de músculo financiero, y en términos de capacidad gerencial, de conocimiento y de know-how, para el enorme potencial petrolero que todavía tiene Venezuela. PDVSA puede seguir siendo una empresa pública, que debe entrar en restructuración, pero eso no debe limitar la inversión y el desarrollo de la industria, que debe estar a cargo de compañías privadas, que le pagarían al Estado impuestosregalías y dividendos. Este principio es cierto tanto para las compañías operadoras petroleras, como para los contratistas de servicios que rodean a la industria. Ese segmento también debe ser abierto, para que el negocio petrolero en Venezuela opere en la frontera de la eficiencia, pero también hay cabida para que participen compañías venezolanas a través de un grado de contenido local.

-El diputado de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, cuestionó públicamente unos mensajes que usted escribió sobre la Ley de Hidrocarburos, ¿esto es síntoma de que no hay acuerdo político para aprobar el nuevo instrumento legal?

-A mí no me gusta caer en estas discusiones estériles en Twitter, pero te voy a responder. Yo escribí un tweet que tenía dos partes. En la primera, dije que cuando escucháramos críticas a la propuesta de una nueva Ley de Hidrocarburos debíamos preguntarnos si la persona que está cuestionando sabe de petróleo, y si obtiene algún beneficio de que continúe el statu quo. El segundo mensaje decía que si las respuestas a estas preguntas eran que la persona es experta y no se está beneficiando, hay que sentarse a oírla, porque sus señalamientos son legítimos y no provienen de conflictos de interés. Ahora bien, no tengo idea de por qué el diputado Guzmán se pudo haber sentido aludido. Como dije antes, mi opinión tenía dos partes, no estaba dirigida a lectores ‘cuarto de milla’. A lo mejor lo que pasó fue que no llegó al segundo mensaje y reaccionó al primero, no lo sé. Pero sí quisiera rescatar el espíritu de lo que escribí: Venezuela necesita regresar a la especialización, y necesita servidores comprometidos con el país, que no tengan conflictos de intereses. En ese espacio, todas las críticas deben ser bienvenidas, y sopesadas.

-¿Cuáles son los riesgos de la dolarización desordenada que se está presentando en Venezuela?

-El Gobierno ha renunciado a una de sus funciones esenciales, que es emitir papel moneda, para permitirle a los ciudadanos que puedan intercambiar bienes y servicios. En ausencia de medios de intercambio suficientes, se ha venido dolarizando gradualmente de facto la economía, cosa que sería riesgosa y que, en una eventual transición, definitivamente no es lo que más nos conviene. Una cosa es decretar la dolarización y otra, desdolarizar una economía ya dolarizada. Desde ese punto de vista, corremos el riesgo de que el programa económico en una eventual transición venga condicionado por la dolarización de facto, lo que te quita bastante más opciones de las que te da. Y mucho más en el entorno post Covid-19. Como ya ocurriera en 2008-2009, la crisis le va a pegar más fuerte a los países que no cuentan con una moneda propia.

-¿Cómo ve la recuperación económica del país si llegara a producirse esa transición?

-Yo estoy convencido de que si hay una transición y los encargados de liderarla entienden lo que nos pasó y se mueven a buscar financiamiento internacional, promover una reestructuración de la deuda y abrir el petróleo para el sector privado internacional, se va a generar un contexto de país que permitirá una recuperación muy acelerada. El cambio en la sensación de bienestar, estoy seguro, va a generar muchísima esperanza. Venezuela no tienen ningún motivo para estar atravesando las penurias que hoy padece, y que es consecuencia de hay una élite política que se quiso perpetuar en el poder a costa de todos los venezolanos.

Carta de renuncia del Procurador Especial – 28 de Mayo 2020

Tribunal de EE UU aprobó reanudar el juicio por liquidación de Citgo – El Nacional – 22 de Mayo 2020

Crystallex solicita la venta de activos de la filial de Pdvsa en Estados Unidos para recibir un pago por una expropiación realizada por Hugo Chávez

Citgo

Un juez del Tribunal de Delaware, Estados Unidos, aprobó este viernes que se reanude el juicio para la posible liquidación de refinerías de Citgo, con lo que se produciría el pago de 1.400 millones de dólares a Crystallex.

Así lo dio a conocer la Procuraduría Especial de Venezuela, designada por Juan Guaidó, que indicó que no se ordenó la liquidación de la filial de Pdvsa, como se divulgó minutos antes.

«Es falso que la Corte de Delaware haya ordenado hoy la venta de acciones de PDV Holding, Inc. Solo ordenó reanudar el juicio intentado por Crystallex», explicó en Twitter.

Este litigio es adelantado por la minera canadiense Crystallex como reclamo por la expropiación de sus activos en Venezuela, por parte de Hugo Chávez.

Sin embargo, el gobierno interino no reconoce el reclamo de la compañía sobre los activos propiedad de Pdvsa.

«Es importante recordar que en 2018 el régimen de Maduro reconoció la reclamación de Crystallex y pagó a la empresa más de 400 millones de dólares en una transacción que fue fraudulentamente cambiada. La Asamblea Nacional ordenó investigar esa operación en diciembre pasado», agregó la Procuraduría.

Protección del Tesoro

Aunado con ello, el Departamento del Tesoro emitió el año pasado varios decretos de protección de Citgo, por los cuales se prohíbe cualquier tipo de negociación o embargo sobre los activos de la petrolera.

No solo Crystallex reclama activos de la filial. También lo hacen los tenedores de bonos Pdvsa 2020, dado que la mayoría de las acciones de la compañía fueron puestas como garantía de esos títulos de deuda, los cuales se vencieron en 2019.

Por ello, la Asamblea Nacional, advirtió de la ilegitimidad de esa transacción que representaba un empeño del principal activo venezolano en el exterior, dado que no se aprobó en el órgano legislativo.

 

Corte Suprema de EE UU rechazó apelación de Venezuela sobre Citgo – El Nacional – 18 de Mayo 2020

La decisión deja a Venezuela en riesgo de perder una fuente de ingresos muy necesaria en Citgo, pese a los esfuerzos del gobierno interino de Juan Guaidó

Venezuela

Foto archivo

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una apelación de Venezuela en su lucha por mantener el control de la refinería de petróleo Citgo Holding Inc, lo que deja al país a un paso de perder su mayor activo.

Los jueces dejaron intacta una victoria de la corte federal de apelaciones para una minera de oro canadiense extinta que busca forzar la venta de la empresa matriz de Citgo, reseñó Bloomberg.

La minera de oro, Crystallex International Corp., está tratando de cobrar un laudo arbitral de 1.400 millones de dólares, la mayoría del cual sigue sin pagar.

Crystallex busca una compensación por la adquisición por parte de Venezuela en 2011 de las operaciones de extracción de oro de la compañía cerca de Las Cristinas.

Crystallex ganó en arbitraje en 2016, y un tribunal federal de apelaciones con sede en Filadelfia dictaminó el año pasado que las acciones podrían ser confiscadas para satisfacer el laudo. La minera de oro aún debe obtener una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos antes de que las acciones puedan subastarse.

Crystallex es la que va más avanzada entre un grupo de acreedores, incluida la petrolera ConocoPhillips, que está tras las acciones de la empresa matriz de Citgo, PDV Holding Inc.

El rechazo deja a Venezuela en riesgo de perder una fuente de ingresos muy necesaria en Citgo.

El presidente interino, Juan Guaidó, ha estado luchando para salvaguardar los activos desde que tomó el control de Citgo como parte de su lucha de poder con el presidente, Nicolás Maduro.

Venezuela y su compañía petrolera nacional, Petróleos de Venezuela SA, pidieron a la Corte Suprema que revisara el fallo de la corte de apelaciones, diciendo que está en conflicto con una ley federal de inmunidad soberana. Crystallex instó a la Corte Suprema a no escuchar el caso.

PDVSA Unit Sues Ex-Congressman Over $50 Million Image Deal by Chris Dolmetsch – Bloomberg – 13 de Mayo 2020

 State oil giant hired David Rivera to burnish U.S. reputation

Opposition-run U.S. unit is now suing to recover $15 million

David Rivera
David Rivera Photographer: Tom Williams/CQ-Roll Call Group via Getty Images

Venezuela’s state oil company in 2017 hired a former congressman with a checkered past to help improve its “long-term reputation and standing” in the U.S. His contracted fee: an eye-popping $50 million to be paid over three months.

In a lawsuit filed Wednesday, the U.S. subsidiary of Petroleos de Venezuela SA said Interamerican Consulting, the firm of Florida Republican David Rivera, only got $15 million in the end. But for that amount, the company says it basically got two reports totaling no more than five pages, much of which was copied from other sources.

Though the deal with Rivera was entered into when PDV USA was controlled by the government of Venezuelan President Nicolas Maduro, the subsidiary is now overseen by opposition leader Juan Guaido, whom the Trump administration recognized as Venezuela’s interim president in January 2019. Board members appointed by Guaido filed Wednesday’s suit in Manhattan federal court seeking the return of the $15 million.

Interamerican “performed no meaningful services under the agreement, and certainly did not perform the level of services that might reasonably be expected for a fee of approximately $17 million per month,” PDV USA said in the suit.

Rivera, who represented parts of Miami and its suburbs for one term before his 2012 defeat, responded by text message to “ask the Citgo 6 guys,” a reference to six executives of Citgo Petroleum Corp., PDVSA’s U.S. refining unit, including five Americans, who have been detained by Maduro’s government for allegedly issuing $4 billion in illegal contracts.

“They managed that entire operation, including all the money, in coordination with the Venezuelan opposition, including Leopoldo Lopez,” Rivera said, referring to a prominent politician opposed to Maduro. “That’s all I know.”

A lawyer for one of the six executives, who have said they did nothing wrong, called Rivera’s comment “false and malicious” and said that, because Citgo is legally and organizationally separate from PDVSA, the six would have had nothing to do with Rivera’s contract. “Mr. Rivera’s comments are a malicious attempt to imply that the Citgo Six might have been involved in his dealings,” the lawyer, Jesus Loreto, said.

Through a spokesperson, Lopez denied any involvement in the Rivera’s contract, saying he was in prison at the time. “It’s absurd, any kind of attempt to make a link between Leopoldo Lopez and a contract signed by Maduro’s regime representatives, just at the same time when the same regime was keeping Mr. Lopez isolated and tortured in a military prison,” the spokesperson said.

The lawsuit is not Rivera’s only legal problem. A federal judge last year reinstated campaign finance charges against him over his alleged contribution of $70,000 to a Democratic primary candidate he hoped would weaken his 2012 general election opponent. The watchdog group Citizens for Responsibility and Ethics in Washington labeled Rivera one of the “most corrupt” members of Congress in 2012.

Rivera has denied wrongdoing and called the accusations against him “politically motivated fake news.”

The Cuban-American Rivera apparently agreed to work for a Venezuelan state oil company despite previously taking a tough stance against that country’s socialist dictatorship. In a 2012 statement, he criticized then President Barack Obama for turning a “blind eye” to the global threat posed by Venezuela, which was led at the time by Maduro’s predecessor and political mentor, Hugo Chavez.

Rivera is a close friend, former roommate and political ally of U.S. Senator Marco Rubio, a fellow Cuban American Republican who ran for president in 2016 is considered a potential 2024 candidate. Rivera’s alleged campaign finance violation and a series of ethics complaints were used against Rubio by his 2016 opponents, including then candidate Donald Trump.

According to Wednesday’s lawsuit, Interamerican, whose only employees are Rivera and his sister, was supposed to construct a plan to improve PDVSA’s reputation in the the U.S. by building relationships with policy makers, public officials and other “targeted stakeholders.” It was also supposed to provide at least seven bi-weekly reports and a final report with recommendations.

The reports Interamerican did provide “refer generically to a ‘strategic plan,’ ‘meetings,’ and ‘recommendations,’ but do not describe a single element of the alleged plan, identify meeting participants or meeting discussions, or specify what recommendations were made or to whom,” PDV USA said in the suit.

PDV USA says it paid the first three installments under the contract, totaling $15 million, but refused to pay the remaining $35 million. According to the suit, Rivera has repeatedly demanded the rest of the money. PDV USA is requesting the return of the $15 million and a declaration that it has no further obligation due to Interamerican’s failure to perform.

A %d blogueros les gusta esto: