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Crímenes de lesa humanidad desmontan el “show” chavista en la CIDH por Sabrina Martín – Panampost – 5 de Octubre 2018

Las declaraciones del representante del Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evidenciaron una vez más el descaro con el que la dictadura venezolana se desenvuelve a nivel internacional

El representante del Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), Larry Devoe, trató de defender lo indefendible. (Twitter)

Mientras decenas de países del mundo reconocen que en Venezuela existe una constante violación a los derechos humanos, el régimen de Nicolás Maduro decidió montar un “show” en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegurando que no existen vulneraciones de ningún tipo.

Las declaraciones del representante del Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), Larry Devoe, dejaron en evidencia una vez más el descaro con el que la dictadura venezolana se desenvuelve, no solo a nivel nacional, sino internacional.

Durante la audiencia de la CIDH, Devoe mostró imágenes del preso político, Juan Requesens, quien tiene 59 días detenido sin ver a sus familiares y abogados tal y como lo establecen los derechos de los detenidos.

El representante de la dictadura venezolana usó sus 15 minutos de intervención para aclarar que supuestamente en Venezuela ha habido una transformación del sistema penitenciario y que “existe un esfuerzo por parte del Ejecutivo de instalar la paz en el país”.

En las fotografías se observó cómo el diputado caminaba por la parte exterior del Helicoide, cómo recibió una visita de sus padres, y cómo fue atendido por personal médico; sin embargo la última imagen de Requesens publicada antes de esta intervención, fue la del parlamentario en ropa interior, manchado de heces y desorientado.

Además, la familia de Requesens denunció el 21 de septiembre que fue después de 44 días cuando se les permitió visitar al diputado.

Pero las imágenes de Requesens no fueron las únicas que Devoe mostró para hacer creer al mundo que en Venezuela supuestamente se respetan los derechos humanos.

Reprodujo un video de 30 segundos en el que se ve a Vilca Fernández, expreso político, quien grabó un video agradeciendo el trato recibido durante su reclusión. “A pesar de que algunas cosas no debían de ser, el trato hacia mí fue con respeto”, dijo en el video.

Lo que no dijo Devoe es que Fernández estuvo dos años detenido sin oportunidad de defenderse ante un tribunal; que fue arrestado por criticar a Diosdado Cabello (actual presidente de la ANC) y que como condición de su liberación fue expatriado.

Las reacciones para desmentir cada uno de los alegatos de Devoe no se hicieron esperar; Joel García, abogado de Requesens pidió a Devoe un debate público sobre sus afirmaciones.

joel garcía@joelgarcia69

Colega @LarryDevoe ante los argumentos e imágenes aportadas por Ud., en audiencia de la CIDH sobre el caso de @JuanRequesens y en honor al derecho a la igualdad y a la verdad que es el fin último del proceso, le solicito que públicamente podamos debatir cada uno de sus argumentos

 

El Foro Penal Venezolano, por su parte, señaló que 12.480 personas han sido detenidas desde 2014, de la mano del régimen de Nicolás Maduro, dejando un registro de 233 presos políticos.

Pero a todo esto se suman los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro y comprobados por organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Reporte Ya@ReporteYa

ONG @ForoPenal denunció en la @CIDH que en Venezuela 810 civiles han sido sometidos a tribunales militares. Afirmaron que el caso de la jueza militar Luz Mariela Santafé, que huyó a Colombia, evidencia la falta de independencia –

Los crímenes

Fue en 2017 cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU incluyó a Venezuela en la lista de países que arremeten contra defensores de los derechos humanos.

Un año después, la OEA redactó un informe que desnuda las violaciones contra la oposición venezolana, en el cual se detallan torturas. El documento será entregado a la Corte Penal Internacional (CPI).

Recientemente, también la oficina del Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un contundente informe donde se desnudan las atrocidades cometidas por el régimen de Maduro.

Entre los hallazgos reflejados en cada uno de los informes se revelan crímenes como: violaciones a la libertad de reunión pacífica, impunidad, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas, además de violación a una alimentación adecuada y a la salud de la población venezolana.

Según el Estatuto de Roma de la CPI, es un crimen de lesa humanidad y una violación de normas fundamentales del derecho internacional, todo acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física.

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, lo que significa que en cualquier momento Maduro tendría que responder, pues ha cometido contra los venezolanos varios de los delitos mencionados.

Es de conocimiento público el asesinato del capitán Óscar Pérez a manos de las fuerzas de Seguridad del Estado tras las órdenes emitidas por Maduro.

Asimismo, recientemente se conoció que Venezuela lidera la lista de los países de América con mayores niveles de esclavitud moderna. A esto se suma la deportación masiva que emprendió el Ejecutivo con miles de ciudadanos colombianos y el traslado forzoso al que se han visto obligados a sufrir millones de venezolanos para huir de la crisis socialista. Además, la dictadura mantiene bajo su poder a más de 250 presos políticos.

Todos estos casos han sido registrados por organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos, que anhelan que algún día el régimen de Maduro sea condenado por la CPI.

Informe Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela – CIDH/OEA – Diciembre 2017

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela

INFORME DE PAÍS

Para leer el Informe completo abrir el siguiente enlace:

Venezuela2018-es (1)

La Lista Tascón y la persecución política por José Ignacio Hernández – ProDaVinci – 4 de Junio 2018

A fines de 2003 diversas organizaciones políticas promovieron la recolección de firmas en apoyo del referendo revocatorio de Hugo Chávez. La petición, amparada en el artículo 72 de la Constitución, procuraba una solución electoral a la polarización existente en Venezuela.

Lo que ha debido ser un procedimiento para la libre expresión de la voluntad popular, terminó siendo un trámite plagado de irregularidades y abusos, que han sido registradas por el profesor Brewer-Carías.

El más grave de esos abusos fue la llamada Lista Tascón. Como todavía se puede leer en Aporrea, el entonces diputado Tascón accedió a la base de datos de todos los electores que habían firmado para apoyar el referendo revocatorio, por solicitud de Hugo Chávez y con la anuencia del Consejo Nacional Electoral. La excusa era permitir el control de esas firmas al considerarse que muchas de ellas eran fraudulentas. Pero en realidad, la Lista Tascón sirvió para promover la persecución política de aquellos que apoyaron el referendo revocatorio.

Catorce años después de esos acontecimientos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que la Lista Tascón fue un caso de persecución política y de violación de derechos humanos.

Un caso de persecución política

En su sentencia, la Corte concluyó que la Lista Tascón había sido usada por el gobierno de Chávez como herramienta de persecución política; esto es, un conjunto de acciones orientadas a reprimir a aquellos que, en ejercicio de sus derechos políticos, apoyaron el referendo revocatorio en su contra.

La conclusión de la Corte se basó en el caso de Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña, quienes fueron removidas de los cargos públicos que ocupaban por haber firmado en apoyo del referendo revocatorio. La sentencia afirmó así que la terminación de esa relación funcionarial de tales personas fue “una represalia en su contra por haber ejercido legítimamente un derecho de carácter político constitucionalmente previsto, al firmar a favor de la convocatoria al referendo revocatorio presidencial”.

La publicación de la Lista Tascón permitió el uso abusivo esa base de datos con fines de retaliación política, sin que el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, la Defensoría y el Poder Judicial adoptasen ninguna medida para resguardar los derechos políticos de los venezolanos incluidos en esa Lista. Además, tales abusos, desestimularon la libertad de expresión, ante el temor de las represalias adoptadas por el Gobierno en contra de sus adversarios políticos. Se trató, a juicio de la Corte, de un claro caso de discriminación política.

La Corte también consideró que las víctimas de esa persecución política no pudieron proteger sus derechos ante el Poder Judicial venezolano, lo que además violó su derecho de acceso a la justicia.

Tal y como Ana Julia Jatar resumió en un libro escrito sobre este tema en 2006:

“La identidad de quienes han disentido del régimen del presidente Chávez ha quedado al servicio de funcionarios de los distintos entes gubernamentales para discriminar, amedrentar, influir en las decisiones electorales, despedir, humillar o apartar ilegalmente de toda la administración pública a quienes manifiesten no estar comprometidos con la revolución bolivariana”.

La Lista Tascón, la democracia y las otras listas

Un elemento especialmente tomado en cuenta por la Corte es que la discriminación política que sufrieron las víctimas afectó los principios fundamentales de la democracia, al restringir indebidamente el ejercicio de derechos políticos.

La violación a los principios fundamentales de la democracia se logró por dos vías. La primera fue a través de represalias en contra de quienes mostraron su oposición al Gobierno. Las represalias, como se lee en la sentencia, fueron psicológicas, pues los adversarios fueron tildados de “escuálidos”, y otros epítetos similares. También se aplicaron retaliaciones personales: el despedido de quienes apoyaron el referendo revocatorio, en clara violación a la Constitución de 1999, cuyo artículo 145 expresamente señala que los funcionarios están al servicio del Estado, y no de parcialidad política alguna.

La segunda vía fue a través del miedo. La publicación de la Lista Tascón, su uso abierto por las autoridades públicas y las represalias adoptadas sembraron el miedo entre los venezolanos.

No puede haber democracia con retaliaciones políticas. Tampoco puede haber democracia con miedo. La Lista Tascón evidencia, así, que la corrupción de la democracia venezolana es sistemática, y se remonta, al menos, a 2003.

¿Y qué pasó con la Lista Tascón? La Corte recuerda las declaraciones de Hugo Chávez de 2005: “entiérrese la Lista Tascón”, dijo entonces Chávez, reconociendo no solo la existencia de la Lista sino además su uso como herramienta de retaliación.

Pero la Lista Tascón no se enterró. Más bien mutó en otras versiones más sofisticadas.

Por ejemplo, tenemos el caso de las primarias organizadas por la oposición en 2012 y la abusiva petición de la Sala Constitucional de entregar los datos de quienes participaron en tales primarias.

En el referendo revocatorio 2016 igualmente se publicaron indebidamente los datos de quienes participaron en ese procedimiento, como parte de los abusos cometidos por el Gobierno, tal y como he explicado en un libro en el cual analicé ese episodio.

Más recientemente, en la “elección presidencial” de 2018, Henri Falcón denunció el uso abuso del carnet de la patria –que es, también, una base de datos– como elemento de coacción sobre los electores.

Una sistemática persecución política

La sentencia de la Corte corrobora una de las conclusiones formuladas por el Panel de Expertos de la OEA: la existencia de una política de persecución política frente a los adversarios del Gobierno.

La democracia constitucional debe permitir y fomentar el pluralismo político, como lo reconoce el artículo 2 de la Constitución de 1999. Esto implica que los adversarios políticos del Gobierno no deben ser considerados como enemigos, ni debe el Gobierno reprimir a quienes se presentan como sus adversarios políticos.

La decisión de la Corte demuestra que la Lista Tascón fue empleada como una herramienta de persecución política, a través del cual el Gobierno reprimió a sus adversarios políticos, utilizando para esto recursos públicos: en suma, las víctimas fueron despedidas por su apoyo al referendo revocatorio.

Precisamente el Panel de Expertos de la OEA también concluyó que desde 2014, el Gobierno ha acudido a mecanismos de persecución política frente a sus adversarios, utilizando para esto también recursos públicos.

¿Y qué va a pasar ahora?

La sentencia de la Corte ordenó al Estado venezolano investigar y sancionar los hechos relacionados con la Lista Tascón, publicar la sentencia para su conocimiento y compensar económicamente a las víctimas.

Pero el Estado venezolano, con toda probabilidad, no va a cumplir ninguna de esas órdenes. La Sala Constitucional, que todo lo puede, decidió que las sentencias de la Corte Interamericana no eran directamente ejecutables en Venezuela. Así que por los momentos, la sentencia no tendrá efecto en Venezuela, ni impedirá que continúen los casos de retaliación política.

Sin embargo, esta sentencia es un elemento importante dentro de las actuaciones adelantadas desde la Corte Penal Internacional, pues demuestra que las graves violaciones a derechos humanos en Venezuela, basadas en la persecución política, tienen carácter sistemático.

Declaración del Grupo de Lima – La Patilla – 13 de Febrero 2018

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El Grupo de Lima exhorta al Gobierno de Venezuela a reconsiderar la convocatoria a elecciones presidenciales y presentar un nuevo calendario electoral, dijo en conferencia de prensa desde Lima la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Cayetana Aljovín.

El grupo concluyó que frente al adelantamiento de los comicios en Venezuela y sin acuerdo con la oposición expresa “su más firme rechazo a dicha decisión, que imposibilita la realización de elecciones democráticas, transparentes y creíbles”. Así, exhorta al gobierno de Maduro a que reconsidere la convocatoria de las presidenciales.
                                          DECLARACIÓN DEL GRUPO DE LIMA
Los Cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, frente a la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de convocar unilateralmente a elecciones presidenciales para el 22 de abril de 2018, sin haber alcanzado un acuerdo con la oposición, tal como se había comprometido el Gobierno, y, en concordancia con su Declaración del 23 de enero último, expresan lo siguiente:

1) Su más firme rechazo a dicha decisión, que imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, con la participación de todos los actores políticos venezolanos, con observación y estándares internacionales, y reiteran que unas elecciones que no cumplan con esas condiciones carecerán de toda legitimidad y credibilidad.

2) Exhortan al Gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior y, apegándose a su propia normatividad, presente un nuevo calendario electoral.

3) Subrayan que no puede haber elecciones libres y justas con presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del Gobierno, sin la participación de millones de venezolanos en el extranjero imposibilitados de votar, convocada originalmente por la asamblea constituyente, órgano carente de legitimidad y legalidad, cuya existencia y decisiones no reconocemos.

4) Toman nota del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “
Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”
, que documenta el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela.

5) Toman nota de la decisión comunicada por la Fiscal General de la Corte Penal Internacional de conducir un examen preliminar sobre la situación en Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en las protestas de 2017.

6) Ante el continuo y grave deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela, y basándose en la Declaración de Quebec, adoptada en la III Cumbre de las Américas, en 2001, que a la letra dice “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”, el Gobierno del Perú ha decidido reconsiderar la participación del Gobierno de Venezuela en la VIII Cumbre de las Américas, en Lima. Los miembros del Grupo de Lima respetamos esta decisión.

7) Reiteran su preocupación por el creciente deterioro de la situación humanitaria y exhortan al Gobierno de Venezuela a que permita sin demora la apertura de un corredor humanitario que ayude a mitigar los graves efectos del desabastecimiento de alimentos y medicinas.

8) Frente al incremento del éxodo de miles de venezolanos que huyen de la grave crisis que se vive en ese país, acuerdan coordinar esfuerzos para afrontar de una manera ordenada, solidaria y segura esta difícil situación.

9) Su reconocimiento a la labor y esfuerzos desplegados por Chile y México, en su participación para alcanzar un acuerdo entre las Partes, en la negociación promovida por la República Dominicana.

Lima, 13 de febrero de 2018

CIDH exhorta a Venezuela a garantizar la separación de poderes por Luis Alejandro Laya – Venepress – 12 de Febrero 2018

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Llaman al Estado a abstenerse de acciones de hostigamiento o intimidación a las funciones judiciales

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al gobierno de Nicolás Maduro, respetar la separación de poderes de forma inmediata y restaurar el orden democrático en el país durante la publicación del informe sobre derechos humanos en Venezuela.

“Llamamos de nuevo al Estado a abstenerse de cualquier acto de hostigamiento o intimidación o cualquier acción que implique una amenaza o presión directa o indirecta en el ejercicio de la función judicial”, expresó Francisco Eguiguren, presidente de la CIDH y relator para Venezuela.

Señalaron que en repetidas oportunidades se ha reportado la falta de independencia del Tribunal Supremo de Justicia desde hace más de 15 años y explicaron que en 2017 se produjo una grave alteración del orden constitucional, con las sentencias emitidas en contra de la Asamblea Nacional.

“Ha adoptado medidas excediendo la naturaleza de sus atribuciones”, agregó el Presidente de la CIDH en relación al TSJ venezolano.

Eguiguren enumeró distintos hechos entre ellos el supuesto desacato en el que incurrió el Parlamento, las acusaciones de supuesta traición a la patria a los diputados y las acciones tomadas por el presidente Nicolás Maduro sin la debida aprobación de la AN.

En estos enlaces se puede acceder al informa completo :

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf

Venezuela2018-es

 

La víctima que se hizo abogada para obtener justicia por Florantonia Singer – El País – 7 de Febrero 2018

La venezolana Linda Loaiza López fue torturada y violada durante casi cuatro meses. 17 años después, su caso ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
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El tiempo no repara las violaciones de derechos humanos. Han pasado casi 17 años y Linda Loaiza López Soto se quebró al dar su testimonio frente a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre lo que pasó entre el 27 de marzo de 2001, cuando fue secuestrada por un hombre desconocido que la torturó, la golpeó con palos, la quemó con cigarrillos y la violó a diario por casi cuatro meses, y el 19 de julio de 2001, cuando logró escapar de su cautiverio. Tenía apenas 18 años y estaba recién llegada a Caracas de una ciudad del interior de Venezuela para empezar una nueva vida. Ese año, sin embargo, dio un trágico vuelco para ella y su familia.

La audiencia de este martes en San José (Costa Rica) es un hito en un largo laberinto judicial que emprendió López Soto en tribunales venezolanos para intentar buscar justicia por lo sufrido. También es histórico para la instancia: es el primer caso de violencia de género de una venezolana en la corte internacional. Leer más de esta entrada

Magistrados opositores anulan decisión chavista de retirar a Venezuela de la OEA por Antonio María Delgado – El Nuevo Herald – 4 de Diciembre 2017

El Tribunal Supremo de Justicia nombrado por la oposición venezolana anuló el lunes las decisiones del régimen bolivariano de Caracas de retirar al país petrolero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de los Estados Americanos.

“Estos actos violan directamente la Constitución y los derechos garantizados en esa Constitución a todos los venezolanos”, dijo el lunes la magistrada Cioly Zambrano en una rueda de prensa sostenida en las oficinas del Interamerican Institute for Democracy en Coral Gables, al anunciar que quedaba anulados.

Con esta decisión “se está restituyendo el derecho que tienen los venezolanos a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hacer valer sus derechos y sus intereses colectivos”, agregó Zambrano.

El argumento central del pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es que Maduro no tiene la capacidad constitucional de retirar al país de la OEA o de anular sus compromisos internacionales, ya que esa función le corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional.

La sentencia anunciada el lunes reitera la insistencia de los magistrados nombrados por la oposición de ser considerados los miembros legítimos del TSJ de Venezuela, aunque el chavismo desconoce su autoridad.

Y la decisión del lunes podría dar pie a que venezolanos afectados por las violaciones de los derechos humanos acudan a reclamar sus derechos nuevamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que debería entonces pronunciarse si reconoce o no el dictamen emitido el lunes por los magistrados en el exterior.

“Existe un ordenamiento jurídico internacional aplicable a Venezuela y nosotros acabamos de restituirnos a ese sistema nuevamente a través de esta decisión”, declaró Zambrano en la rueda de prensa.

Zambrano, al igual que la gran mayoría de los magistrados nombrados por la Asamblea Nacional este año, se vio obligada a salir del país bajo amenaza de ser arrestada. Desde entonces, los jueces han comenzado a reunirse y a trabajar desde el exterior.

El régimen de Caracas inició los pasos para salirse de la CIDH en julio del 2012, bajo el mandato del entonces presidente Hugo Chávez, quien en ese entonces dio instrucciones a Maduro, quien en ese entonces era canciller, para que iniciara los trámites.

En ese momento Maduro declaró que la corte había “entrado en una etapa de degradación moral, ética y jurídica”, sirviendo de escudo para grupos de detractores que “obran violentamente” en contra de la revolución bolivariana.

La decisión de salirse de la OEA fue anunciada cinco años después, después que el secretario general de la organización, Luis Almagro, inició los trámites para aplicar la Carta Democrática Interamericana para tratar de atender el desmantelamiento del sistema democrático emprendido por el chavismo en Venezuela.

En ese momento, la canciller Delcy Rodríguez dijo que su país era víctima de un complot internacional.

“Sabemos que detrás de este cónclave, que detrás de esta coalición […] está la mirada puesta sobre la soberanía de nuestra patria. Está la pretensión de intervenir y tutelar a nuestro país”, manifestó en ese entonces la canciller Delcy Rodríguez, al anunciar la decisión del régimen de sacar al país de la organización multilateral.

Pero decisión no le corresponde a Maduro, dijo Zambrano al explicar la ilegalidad de la medida.

Según la Constitución, sólo la Asamblea Nacional —ahora controlada por la oposición— está en condiciones de aprobar o disolver los tratados de la república.

 

CIDH: Constituyente excede competencias y usurpa a la AN – El Nacional – 31 de Agosto 2017

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ve con inquietud la “potestad discrecional” de la constituyente ilegal para destituir y nombrar a cualquier autoridad del Estado, dictar y reformar leyes, así como para aplicar decisiones sin control de otros poderes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este jueves su “profunda preocupación por el deterioro en la separación e independencia de poderes y el menoscabo de la institucionalidad democrática en Venezuela”.

En un comunicado emitido desde su sede en Washington, la CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se refiere a los actos de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) recientemente instalada en el país.

A su juicio, esos actos “exceden las competencias de un órgano constituyente y usurpan las competencias de la Asamblea Nacional, lo que afecta a la separación de poderes y la democracia representativa”.

La Comisión ve con inquietud la “potestad discrecional” de la ANC para destituir y nombrar a cualquier autoridad del Estado, dictar y reformar leyes, así como para aplicar decisiones sin control de otros poderes y las garantías necesarias.

Así, la CIDH critica las decisiones adoptadas por la ANC bajo esa potestad discrecional, entre las que destaca la destitución el pasado 5 de agosto de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien abandonó el país.

La Comisión recuerda que el 4 de agosto otorgó medidas cautelares a Ortega Díaz y su familia, al entender que afrontan una “situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad enfrentan un riesgo inminente de daño irreparable”.

El órgano autónomo de la OEA urge una vez más al gobierno venezolano a cumplir sus obligaciones internacionales en cuestión de derechos humanos y “restablecer los mecanismos para garantizar el funcionamiento independiente de los poderes públicos y la participación en la vida política de todos los sectores en el país”.

El comunicado de la CIDH se divulgó un día después de que la ANC, integrada únicamente por oficialistas, cumpliera un mes de su elección en un escenario en el que se alza con su poder plenipotenciario sobre cualquier institución y avanza en sus acciones contra los “traidores de la patria”.

La presidenta de la ANC, la excanciller Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que el Gobierno de Nicolás Maduro celebra “un mes de la victoria de la Venezuela heroica” que cumple el mismo tiempo sin protestas antigubernamentales tras una oleada que dejó más de 120 muertos y unos 2.000 heridos.

 

México descarta ruptura de lazos con Venezuela y pide acepte visita de CIDH – Yo Soy Venezolano – 3 de Junio 2017

Canciller_Mexicano-640x330.jpgEl canciller mexicano, Luis Videgaray, descartó la posibilidad de romper relaciones con Venezuela, y pidió a ese país que acepte una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitada hace años.

En una entrevista transmitida hoy por Radio Fórmula, el titular de Exteriores dijo que no respondería a los “insultos” de su colega venezolana, Delcy Rodríguez, quien calificó de “infames” e “inmorales” sus declaraciones sobre la crisis del país suramericano.

“Si la canciller cree que con este tipo de afirmaciones México habrá de cambiar su postura, está equivocada. México seguirá con una postura firme y clara”, aseguró.

Sobre las declaraciones de Rodríguez de que llevará a la OEA el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, señaló que la CIDH “está ya muy activa” al respecto y recordó que en la actualidad hay “un mecanismo que visita México cada seis meses” precisamente para revisarlo.

A continuación, Videgaray recomendó a “Venezuela que acepte la visita de la CIDH” solicitada en reiteradas ocasiones por ese organismo desde 2004 y al que el país se ha negado.

La última vez que una misión de la CIDH estuvo en Venezuela fue en mayo de 2002, un mes después del golpe de Estado contra el entonces presidente, Hugo Chávez, que estuvo fuera del poder 48 horas.

El canciller aseguró que no existe “la posibilidad de romper relaciones con Venezuela” y reiteró que México seguirá actuando por el camino de la diplomacia.

México ha actuado “a partir de principios” y con la convicción de que Venezuela vive una “crisis profunda”, una “situación extraordinariamente grave” de “ruptura en el orden democrático”, afirmó.

Por ello, dijo, seguirá trabajando con otros países para lograr un consenso en torno a una resolución sobre Venezuela en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), después de que la sesión del 31 de mayo en Washington terminara sin acuerdo de los titulares de Exteriores.

Las naciones del Caribe “presentaron una resolución que, en opinión de otro grupo de países en los cuales está México, no contiene los elementos necesarios”, explicó.

México defiende una resolución que incluya un calendario electoral, la liberación de “presos políticos”, la restitución de la Asamblea Nacional, el fin del proceso constituyente y la apertura de un “canal humanitario” para que fluya la ayuda a los venezolanos.

Los países acordaron en Washington seguir trabajando “para tener en los próximos días, antes de la Asamblea (General de la OEA) que será en Cancún (los días 19, 20 y 21 de junio), una resolución que incluya los temas que creemos son relevantes”, apuntó.

Videgaray insistió en que “la comunidad internacional debe tender la mano a Venezuela, respetando la soberanía, la libre autodeterminación, pero reconociendo un hecho real, que es que la democracia en Venezuela se encuentra severamente vulnerada”.

Venezuela acusa a México de ser “cómplice” de la oposición y estar detrás de las protestas por Alfredo Meza – El País – 26 de Abril 2017

oeaEl Gobierno de Maduro amenaza con salirse de la OEA si este miércoles se celebra una reunión extraordinaria, promovida por México

Venezuela ha encontrado un nuevo objetivo de sus arremetidas internacionales. Este martes acusó a México de ser “cómplice” de la oposición y de tratar de “socavar la estabilidad democrática” del país. Los ataques se producen en un momento en que la diplomacia mexicana ha decidido dar un paso al frente y asumir el liderazgo de los países latinoamericanos ante la crisis que azota a Venezuela. Las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro de las últimas semanas han provocado, según cifras proporcionadas por la Fiscalía, 26 personas muertas, 437 heridos y 1.289 detenidos.

El desencadenante de la última polémica ha sido la reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, a instancias de México, se pretende celebrar este miércoles y que Venezuela rechaza. De celebrarse, la canciller chavista, Delcy Rodríguez, ha asegurado que su país iniciará los trámites para salir del organismo internacional. El encuentro promovido por México pretende establecer una fecha para una reunión de los cancilleres de la OEA, el encuentro de más alto nivel previo al de los jefes de Estado.

En una carta publicada este martes, aunque fechada un día antes, la misión diplomática del Gobierno de Nicolás Maduro ante la OEA rechaza la “declaración de apoyo a las decisiones y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela”, que se pretende discutir este miércoles. Esto supone un paso más en la intención del secretario general, Luis Almagro, para obligar a Venezuela a aceptar una solución consensuada a la crisis del país sudamericano. “Con este tipo de iniciativas México se convierte en cómplice y encubridor de los graves episodios de violencia que contra las personas, agentes de policía y la infraestructura pública han protagonizado grupos extremos opositores al Gobierno que intentan socavar la estabilidad democrática de Venezuela”, afirma la misiva.

“Resulta vergonzoso cómo el Estado mexicano se aleja cada vez más de América Latina y el Caribe para apoyar intereses imperiales. Es contradictorio que México, que ha sido tan crítico con la CIDH, apoye sus prácticas destinadas a fijar posición pública antes de investigar los hechos con ponderación, equilibrio y profundidad”, se lee en otro aparte del comunicado.

Las duras críticas de Venezuela no son casuales. México ha cambiado en las últimas semanas sustancialmente su posición ante la crisis del país sudamericano y ha dado un viraje rotundo a su política diplomática, tibia durante la última década. “No podemos y no debemos seguir siendo indiferentes, se trata de una violación sistemática a los principios de la democracia”, aseguró recientemente el canciller, Luis Videgaray, lo que propició que su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, le tachase de “servil”.

“Una suma de coyunturas ha propiciado tener un papel más activo”, reconocía recientemente a este diario Luis Alfonso de Alba, embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Uno de los motivos es el “estancamiento” del diálogo, impulsado por Unasur y respaldado por El Vaticano, de tres los expresidentes iberoamericanos, entre ellos el español José Luis Rodríguez Zapatero. “No damos por rota esa mediación, pero tendría que haber un planteamiento novedoso porque no han logrado destrabar la situación”, aseguraba el diplomático.

El objetivo de México, sede de la Asamblea General de la OEA a finales de julio, es celebrar una reunión de cancilleres para tratar de buscar soluciones a la crisis. Venezuela ha asegurado que, de celebrarse sin su consentimiento ese encuentro, iniciaría el proceso de abandono de la OEA, lo que en ningún caso sería inminente.

El proceso para que un país miembro se retire de la OEA supone un trámite largo. Al margen de esta decisión administrativa parece claro que Venezuela se está quedando sin el apoyo de los países del Caribe, que, en los tiempos de Hugo Chávez, recibían generosos descuentos en su factura petrolera a cambio de apoyo político a las iniciativas del régimen chavista. Sin el respaldo de Argentina, Brasil y Uruguay, con una profunda crisis económica y la deriva dictatorial de su gobierno la ayuda se ha reducido en tiempos de Maduro. Jamaica, Bahamas y Barbados se han sumado al grupo de los 14 países que promueven una mediación de la OEA en Venezuela.

Caracas no se siente cómodo en el foro panamericano y ha solicitado una reunión urgente de la Celac, otro organismo de integración regional. La respuesta de Venezuela indica que no harán las concesiones que demanda la gran mayoría de la comunidad internacional. En consecuencia, de continuar el pulso es bastante probable que se aplique la Carta Democrática Interamericana.

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