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Venezuela: entre el coraje y el miedo por Mariano Caucino – Infobae – 21 de Julio 2020

El dictador Nicolás Maduro El dictador Nicolás Maduro

La vida está hecha de ejemplos. El coraje y el miedo son pulsiones que hacen a nuestra existencia. El miedo puede ser legítimo y justificable en determinadas circunstancias, pero resulta inentendible en otras. El coraje, por su lado, resulta su contracara. Hace pocos días, viendo la incomodidad de un ministro durante un programa de televisión ante la pregunta simple pero concreta sobre si Venezuela se encuentra sometida bajo un régimen dictatorial, vino a mi memoria un episodio fundamental de nuestra historia, sucedido hace cuatro décadas, en plena dictadura militar.

En septiembre de 1979, llegó a la Argentina una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión recogió decenas de testimonios sobre desapariciones y asesinatos. Graciela Fernández Meijide, quien estaba a cargo de ese trabajo en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) recordó: “Nuestra angustia más grande era si la gente se presentaría a efectuar las denuncias”. Ella conocía las dificultades para que muchos familiares vencieran el temor o el escepticismo. “Cuando vimos la cola de dos o tres cuadras que se formaba en Avenida de Mayo al 700, donde funcionaba la CIDH (en la sede porteña de la OEA), supimos que la visita había sido un éxito”, rememoró.

Fue entonces cuando el Partido Justicialista presentó un duro documento que sostenía que “el Justicialismo denuncia la muerte y/o desaparición de miles de ciudadanos, lo que, insólitamente, se pretende justificar con la presunción de fallecimiento, que no significa otra cosa más que el reconocimiento de las arbitrariedades cometidas” y que “el Justicialismo denuncia el padecimiento de quienes se han atrevido o se atreven a levantar su voz, y que han llevado o llevarán como pena desde un silencio impuesto hasta la muerte”. El Consejo Nacional del PJ estaba presidido entonces por el escribano Deolindo Felipe Bittel, quien como vicepresidente partidario reemplazaba a la titular Isabel Perón, que se encontraba detenida desde el 24 de marzo de 1976.

Un pequeño grupo acompañaba a Bittel, entre los que se destacaban Herminio Iglesias, Oraldo Britos, Carlos Corach, Jorge Vázquez, Miguel Unamuno, Paulino Niembro y Alberto Iribarne. Corach recuerda en sus Memorias que “la denuncia fue entregada ante la Comisión por Bittel y Herminio Iglesias, únicos integrantes del Consejo Nacional elegido en marzo de 1976, en el Teatro Cervantes, que se atrevieron a entregar el documento en una clara demostración de coraje, pues eran aquéllos los momentos más difíciles de la represión”. Corach rememora: “La conducción peronista trató permanentemente de darle difusión a lo que estaba ocurriendo en el país (…) Eran habituales nuestras visitas a la embajada estadounidense, donde llevábamos múltiples denuncias que luego eran trasladadas por los funcionarios a su gobierno, en el que existía una real preocupación por las violaciones a los derechos humanos en varios países latinoamericanos”.

La Comisión mantuvo entrevistas con los ex presidentes Arturo Frondizi, Alejandro Agustín Lanusse y con Jorge Sábato, entre otros. Visitó los campos clandestinos de detención que, como se comprobó más tarde, habían sido desmantelados por los militares para evadir la investigación. El día 11 visitó a Isabel Perón en la quinta de San Vicente, donde se encontraba detenida. También efectuó una visita al ex presidente Héctor J. Cámpora, asilado en la Embajada de México. El 19 mantuvo una entrevista con el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, y el jefe de la Policía Federal, general Juan Bautista Sasiaiñ. Al día siguiente, antes de regresar a Washington, la comisión fue recibida por el presidente Jorge Rafael Videla. Al término del encuentro, el titular de la cartera política declaró: “No nos hemos confesado ante la Comisión”.

El gobierno militar insistía en una actitud que hoy se describiría como “negacionista”. Se resistía a la visita de la CIDH porque la consideraba “parte de la campaña antiargentina del marxismo internacional”. El canciller Carlos Washington Pastor movilizó a los embajadores para imaginar excusas y recursos para anularla. Una presión enorme se cernía sobre el gobierno argentino. Videla y su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz temían que el país quedara aislado. La llegada de Carter a la Casa Blanca en 1977 había acelerado la política de promoción de los derechos humanos a escala global, una tendencia que ya se insinuaba desde el fin de la era Nixon-Kissinger-Ford cuando en el Capitolio surgieron iniciativas que buscaban vincular la asistencia financiera norteamericana con el cumplimiento de estándares aceptables en materia de derechos humanos (Enmienda Humphrey-Kennedy). El 4 de septiembre de 1978, el propio vicepresidente Walter Mondale le pidió a Videla, durante una visita en la que ambos coincidieron en el Vaticano por la asunción de Juan Pablo I, que dejara entrar a la comisión. Videla se sinceró aquel día: “He puesto la cara por la Argentina”.

“Los argentinos somos derechos y humanos”, recitaba una solicitada del Banco de la Provincia de Buenos Aires, publicada en La Prensa, el 5 de septiembre.

Corach recuerda: “No fue hasta fines de 1976 que tuvimos una real conciencia del plan de la dictadura. Al principio recibíamos noticias de compañeros muertos, presos o de los que se había perdido el rastro pero no se hablaba de desaparecidos ni de planes sistemáticos de represión (…) A partir de los primeros meses de 1977, la cruel realidad de la represión inédita estaba clara y duró de manera sostenida hasta 1979, cuando los militares tuvieron en claro que la guerrilla había sido completamente desarticulada y que no significaba un peligro real. Pese a lo que después se conocería como la contraofensiva y que fue la última y lamentable acción suicida ordenada por la conducción de Montoneros. Mientras se torturaba, se mataba y se desaparecía, una parte importante de la sociedad prefería creer en slogans y frases hechas: repetían aquello de ‘algo habrán hecho’ y pegaban obleas en sus autos que decían ‘los argentinos somos derechos y humanos’. A eso colaboraba el clima triunfalista desatado alrededor del Mundial de Fútbol de 1978. Mis hijos, por entonces casi adolescentes, no podían entender que yo no participara de la algarabía general”.

Eran tiempos difíciles, en los que costaba imaginar una salida democrática. El 14 de agosto, el ministro del Interior Albano Harguindeguy había adelantado que habría presidentes militares “hasta 1987”. Dos días más tarde, María Elena Walsh publicó su artículo “Desventuras del País-Jardín-de-Infantes” en la sección cultural del diario Clarín. La nota advertía sobre la represión cultural. El último día de agosto el Buenos Aires Herald había publicado un duro editorial contra la política de violaciones a los derechos humanos en la Argentina titulado “Tiempo de valentía”.

En aquellos tiempos aciagos, mientras la violencia de izquierda y derecha se apoderaba de la Argentina, la Venezuela de Carlos Andrés Pérez era la única democracia de Sudamérica. Con la única posible excepción de la democrática Costa Rica, Caracas era un faro de libertad en la región y refugio de cientos de exiliados políticos.

En las últimas décadas, Venezuela ha caído víctima de un gobierno que si bien contó con un origen democrático en 1998, pronto se convirtió en una dictadura a través del desmantelamiento de todas las instituciones republicanas del país. El informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela presentado por la alta comisionada de DDHH de las Naciones Unidas, la ex presidente chilena Michele Bachelet, da cuenta de asesinatos, encarcelamiento y persecución a dirigentes políticos opositores, a la vez que un drama humanitario protagonizado por millones de personas que tuvieron que huir del país.

Ante esa realidad, resulta inexplicable ver cómo algunos dirigentes callan y se niegan a reconocer la naturaleza dictatorial del régimen de Nicolás Maduro. ¿A qué le tienen miedo? Lejos del coraje y la valentía de quienes se animaron a enfrentar al gobierno militar argentino en 1979, hoy aparecen titubeantes y temerosos, a costa de sacrificar su reputación, acaso el atributo más valioso que ofrece la vida sobre la tierra.

El autor es profesor de historia contemporánea. Sirvió como embajador argentino en Israel y Costa Rica.

La militarización de las policías: cuando el remedio es peor que la enfermedad – Acceso a la Justicia – 14 de Mayo 2020

La militarización de las policías: cuando el remedio es peor que la enfermedad

«Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los Derechos Humanos, sin discriminación alguna». Pese a que esto establece el artículo 332 de la Constitución, la realidad es muy distinta, pues lógicas militares en las policías y en el diseño de las políticas gubernamentales contra el crimen han recobrado impulso en los últimos años.

Así lo constató Acceso a la Justicia en su informe Visión panorámica del sistema policial en Venezuela (2000-2018), elaborado a lo largo de 2019 y en el que evaluó el impacto de los cambios aplicados a los cuerpos y fuerzas de seguridad en las últimas dos décadas.

En el reporte se resalta cómo el aparente éxito conseguido por la Comisión para la Reforma Policial (Conarepol) para aplicar el mandato constitucional y poner fin a la histórica participación de los uniformados en las labores de seguridad ciudadana se ha ido esfumando, porque con el paso de los años se ha dado un «progresivo» proceso de militarización de los cuerpos policiales.

Prueba de ello han sido políticas tales como el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE) iniciado en el año 2010, el Plan Patria Segura en 2013 o las Operaciones de Liberación del Pueblo, mejor conocidas por sus siglas OLP, de 2015.

Sin embargo, un caso emblemático es el vivido en la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que según la Carta Magna y su ley es un organismo «de carácter civil». Sin embargo, desde 2014 este cuerpo está dirigido por generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y desde su creación en 2009 cinco de sus siete directores han sido militares. Incluso en 2016, la PNB vio cómo su uniforme era sustituido por el actual camuflado, el cual se asemeja al que utilizan las instituciones castrenses.

Zapatero a sus zapatos

¿Por qué la participación de los uniformados en las labores de seguridad ciudadana genera alarma? Lo explica Acceso a la Justicia en su informe:

«La seguridad de la Nación debe ser claramente diferenciada de la seguridad ciudadana. La primera tiene que ver con la soberanía y el cuidado de las fronteras físicas, el órgano encargado de cumplir esta función es la Fuerza Armada Nacional (FAN), cuyos funcionarios están entrenados para ello, de acuerdo a una lógica bélica —amigo-enemigo—: y a los enemigos se les aniquila. Es una racionalidad distinta a las situaciones de seguridad ciudadana, donde los conflictos se dan entre civiles y los órganos encargados de dirimirlos también son de naturaleza civil. La expresión máxima de ese conflicto es la comisión de un delito. Quien lo comete, debe ser procesado formalmente y se le aplica una pena prevista en la ley. Se trata entonces de dos racionalidades distintas, que no deben confundirse, porque cuando se confunden, el enemigo pasa a ser cualquiera y un enemigo no tiene derechos, porque no es una categoría jurídica, sino bélica».

Tras advertir que «la racionalidad bélica» con la que se guían los militares «no respeta los límites legales e institucionales», Acceso a la Justicia afirma en su reporte que si esta lógica se aplica a la lucha contra el crimen tiene «consecuencias fatales».

En la investigación se concluye que la cooptación de las policías por parte de los uniformados, junto a la baja formación de los agentes, la ausencia de mecanismos de control y la corrupción son los responsables del alza en el número de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en los últimos años.

En el informe se lee lo siguiente:

«Se puede afirmar con certeza que entre 2010 y 2018, que es el período en el que se cuenta con la información mejor sistematizada y continua, han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas. En 2010 la tasa de estos casos era de 2,3 y en 2018 llegó a 16,6, ¡Se trata de un incremento de un 622%! El 69% de estas muertes han ocurrido durante los últimos tres años (2016 y 2018)».

La participación de la PNB en este tipo de crímenes no es menor. «A pesar de su breve historia, ya se posiciona como la segunda institución más letal. Es responsable de -al menos- un 30% de las muertes por intervención de la fuerza pública en el país», se advierte en el reporte.

En los últimos meses las polémicas y cuestionadas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), pertenecientes a la PNB, han sido señaladas por cometer numerosos ajusticiamientos. Entre enero y noviembre de 2019, de las 317 ejecuciones que el Monitor de Víctimas registró en los cinco municipios de Caracas, 70% (223) fueron atribuidas a agentes de esa división.

Por ello, no debe extrañar que en julio de 2019 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet haya pedido al Gobierno disolver esta agrupación.

El estudio fue elaborado por un equipo de expertos en la materia y coordinado por el investigador del Instituto de Ciencias Penales, Keymer Ávila. Para consultar su versión completa, haga clic aquí.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La militarización de las policías no solo representa una desviación de lo establecido en la Constitución y en las leyes, sino que contradice lo establecido por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recuerda que la historia del continente está plagada de casos en los que la participación de los militares en temas de seguridad ciudadana ha traído como consecuencia graves crímenes y violaciones a los derechos humanos.

El modelo policial diseñado en la Constitución buscaba dejar atrás no solo a la Policía Metropolitana (PM), sino a la política de «dispare primero, averigüe después» que a tantas familias venezolanas enlutó.

La situación actual pone en grave peligro a los venezolanos; así lo revela el brutal incremento de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del país registrado en los últimos años. Estos datos indican que las policías en Venezuela no cumplen con su principal finalidad legal, que es proteger los derechos de la ciudadanía.

Para acceder al Informe abrir el siguiente enlace:

Visión-panorámica-del-sistema-policial-en-Venezuela-2000-2018

La CIDH pide que se restablezca el orden constitucional en el país – El Nacional – 7 de Abril 2020

La comisión advierte que el régimen de Nicolás Maduro, en lugar de remediar la situación de vulnerabilidad de los venezolanos, se ha dedicado a restringir los espacios democráticos

venezuela

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos publicó este martes su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante 2019. Alertó sobre la vulnerabilidad que padecen los venezolanos y registró el grave abuso de poder de parte del régimen de Nicolás Maduro.

“La Comisión observa que durante 2019 se han agravado las situaciones estructurales que afectan los derechos humanos de la población venezolana, que han derivado en una crisis política, social y económica extremadamente grave. En la actualidad es evidente la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela por cuenta de la alta concentración de poder por parte de la rama ejecutiva y la inexistencia de un sistema real de pesos y contrapesos”, indica el informe.

La organización pudo evidenciar que la extralimitación de funciones de la asamblea nacional constituyente también ha lesionado la institucionalidad de Venezuela. “A esto se suma el hecho de que el TSJ siga profiriendo decisiones en desmedro de la Asamblea Nacional, de forma sistemática y avalando prórrogas irrestrictas a los estados de excepción”, agregó.

Advierten que el régimen no toma decisiones que pueden remediar la situación de vulnerabilidad que parecen muchos venezolanos, sino, por el contrario, se ha dedicado a valerse del uso excesivo de la fuerza para restringir los espacios democráticos.

“La militarización de la seguridad ciudadana y la participación de grupos civiles armados condujeron a que durante 2019 se siguieran presentando graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas”, destacan.

Recomendaciones de la CIDH

Entre las recomendaciones de la CIDH pide restablecer el orden constitucional garantizando la independencia y equilibrio de poderes, la participación política sin discriminación de toda la población y el control ciudadano hacia la actuación de los distintos poderes del Estado.

Consideran necesario asegurar que las disposiciones relativas al estado de excepción sean utilizadas en situaciones de extrema gravedad y real excepcionalidad. También que se adecuen estrictamente a las necesidades de la situación que se enfrenta de manera razonable.

Solicitaron al régimen abstenerse de efectuar detenciones ilegales o arbitrarias, y en caso de que una persona sea privada de la libertad, asegurarse de que se cumplan todas las garantías del debido proceso. Asimismo, instan a permitir y garantizar el derecho a la libre protesta.

Con respecto a la prensa venezolana, considera necesario otorgar a los periodistas el máximo grado de garantías para que no sean detenidos, amenazados o agredidos por estar ejerciendo su profesión.

“Abstenerse de aplicar limitaciones al funcionamiento de los sitios web, blogs, aplicaciones, u otros sistemas de difusión de información en Internet, electrónicos o similares, incluso sistemas de apoyo como PSI o motores de búsqueda. Estas limitaciones son admisibles solamente en la medida en que sean compatibles con las condiciones previstas para la limitación de la libertad de expresión”, resalta el informe.

La CIDH instó al régimen a solventar la crisis del sector salud, así como de los servicios públicos en Venezuela.

De igual forma, piden respetar la autonomía de las instituciones universitarias y solicitan realizar una evaluación del impacto ambiental del Arco Minero del Orinoco.

“Asegurar los derechos a la personalidad jurídica e identidad mediante la emisión oportuna de documentos de identidad como pasaportes, cédulas, actas del registro civil, así como certificados de antecedentes penales”, destaca la CIDH con respecto a las limitaciones del régimen al momento de solicitar papeleo en Venezuela.

En los últimos puntos del informe indica que es necesario adoptar medidas urgentes para brindar la protección que requieren las personas mayores, dando prioridad a su acceso a la alimentación y atención.

Mariano de Alba

@marianodealba

En su informe anual, la @CIDH “ve con profunda preocupación la dramática situación en la que vive la mayoría de venezolanas y venezolanos. Más preocupante aún resulta que el Estado no parece estar tomando acciones efectivas para remediar tal situación.”

 

 

Informe Anual 2019 Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Marzo 2020

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Para acceder al Informe completo abrir el siguiente enlace:

IA2019cap4bVE-es.pdf.pdf (1)

Prohíben entrada de comisión de la CIDH a Venezuela – ProDaVinci – 4 de Enero 2020

El martes 4 de febrero, le fue prohibido el abordaje desde Panamá a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se dirigía a Venezuela. La comisión pretendía entrar a Venezuela con el fin de observar la situación de derechos humanos, una labor que hizo por primera vez en junio de 2019 Michelle Bachelet, alto comisionado para los derechos humanos, y que dejó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. A continuación reproducimos el comunicado de la CIDH emitido luego de prohibición

CIDH lamenta que se haya negado su ingreso a Venezuela y anuncia que se encontrará con las víctimas y organizaciones en la frontera con Colombia

«Washington/Panamá, D.C. – La CIDH lamenta profundamente la decisión de impedir hoy el ingreso de su delegación a Venezuela. La delegación de la CIDH tenía previsto observar en el terreno la situación de los derechos humanos en el país. Asimismo, anuncia que se encontrará con las víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos y con organizaciones de la sociedad civil en la frontera entre Colombia y Venezuela.

En julio de 2019, la CIDH anunció una visita in loco a Venezuela, que pretendía realizarse del 4 al 8 de febrero, con el objetivo de reunirse con grupos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, beneficiarios de medidas cautelares, representantes de la sociedad civil, movimientos sociales, estudiantiles, académicos y otros actores relevantes. La visita se organizó en aceptación a la invitación realizada por el Representante Permanente ante la OEA designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido por la Asamblea General de la Organizaciones de los Estados Americanos, en consideración del llamado persistente y amplio que durante años ha realizado la sociedad civil venezolana a la CIDH, teniendo como centro de su preocupación a las víctimas.

La Comisión informa a la comunidad internacional, que a pesar de lo anterior, a la delegación compuesta por la Presidenta de la CIDH y Relatora para Venezuela, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño; el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão; el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; y especialistas de la Secretaria Ejecutiva, le fue prohibido el abordaje al vuelo desde la ciudad de Panamá en dirección a Caracas, según notificación recibida por la aerolínea.

La Comisión rechaza ese tratamiento de la manera más enérgica, y advierte que es propio de regímenes autoritarios no permitir el escrutinio internacional ni la observancia de la situación de los derechos humanos, lo cual perjudica, especialmente, a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y obstaculiza el valioso trabajo que adelantan las organizaciones de la sociedad civil.

Al respeto, la CIDH aprovecha esta oportunidad para reafirmar la vigencia de su mandato y jurisdicción sobre Venezuela. En ese sentido, el impedimento para ingresar al país, obstaculiza las obligaciones internacionales en derechos humanos asumidas por Venezuela, así como impide el cumplimiento de las competencias de la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 106 de la Carta de la OEA y el artículo 41 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La Comisión tiene como función principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en los pueblos de América. Al efecto, las visitas in loco permiten a la Comisión, entre otros fines, realizar sus funciones de órgano consultivo de la Organización en materia de derechos humanos.  También recordamos que el Estado venezolano es parte de otros instrumentos internacionales que otorgan mandatos a la CIDH, entre ellos: la Convención “Belém do Pará”; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Al margen de lo anterior, la CIDH ha dado un seguimiento cercano a la situación en Venezuela y ha corroborado que persiste un muy grave deterioro significativo en el goce de los derechos humanos. Adicionalmente, la Comisión considera que la prolongación indefinida e irrestricta del estado de excepción, la suspensión de los poderes de la Asamblea Nacional democráticamente electa, la débil independencia judicial, la extralimitación de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, la ausencia de garantías para la celebración de elecciones libres y, en general, la falta de subordinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil evidencian la ausencia de Estado de Derecho.

En este sentido, la CIDH hace un llamado para que Venezuela  retome un compromiso decidido con los derechos humanos y adopte medidas concretas para superar la grave crisis institucional, económica y humanitaria en la que está sumergido el país.

Pese a lo ocurrido el día de hoy, la Comisión ha decidido dar seguimiento a su objetivo de encontrarse con las víctimas, para lo cual se desplazará inmediatamente a la frontera entre Colombia y Venezuela. En ese sentido, extiende un especial agradecimiento al Gobierno de Colombia, que ofreció las condiciones necesarias para permitir a la delegación de la CIDH realizar la visita a la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, lo que permitirá a la CIDH reunirse, documentar y recabar testimonios de víctimas y familiares sobre las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Finamente, la CIDH se pone a disposición de la sociedad civil venezolana para ofrecer acompañamiento para superar la crisis institucional de Venezuela por medio de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela – MESEVE- y reafirma que mantendrá un compromiso indeclinable con las víctimas de violaciones a los derechos humanos en ese país.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia».

Venezuela impide a la CIDH una visita de trabajo para evaluar la situación de los derechos humanos por Florantonia Singer – El País – 4 de Febrero 2020

El Gobierno de Maduro había avisado de que no aceptaría la visita de la delegación de la Asamblea Nacional tras su salida de la OEA

Nicolás Maduro durante la conmemoración a Hugo Chávez este martes.rn
Nicolás Maduro durante la conmemoración a Hugo Chávez este martes. REUTERS

La delegación de Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tenía previsto una visita a Venezuela, después de 18 años de la última, no pudo siquiera abordar el avión hacia Caracas. Con la tarjeta de embarque en la mano, Esmeralda Troiti, presidenta de la CIDH; Pablo Abrao, secretario ejecutivo y Edison Lanza, relator especial de libertad de expresión, fueron impedidos de abordar por empleados de la aerolínea Copa en el aeropuerto de Ciudad de Panamá. “Copa Airlines impidió el abordaje de la delegación de la CIDH a la puerta del avión en Panamá. Todos con los bording pass en las manos. Informaron que recibieron instrucciones del régimen de Venezuela de que no estábamos autorizados a ingresar al país”, tuiteó la cuenta oficial del organismo.

La CIDH tenía una agenda de encuentros desde este martes hasta el sábado como parte de la invitación que le hizo el representante especial ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre Briceño, designado por Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional e interino reconocido por más de 50 países, para constatar las violaciones de derechos humanos en el país, que incluía la visita a hospitales y centros de detención en Caracas. Después del impedimento para tomar el vuelo, la delegación informó que se trasladaría a la ciudad colombiana fronteriza de Cúcuta para sostener encuentros con víctimas venezolanas, con apoyo del Gobierno de Colombia, el jueves y viernes.

La semana pasada el canciller venezolano, Jorge Arreaza, había advertido lo que sucedería. El ministro señaló que la visita no estaba autorizada porque en abril de 2019 su gobierno concretó la salida de la OEA, después de que el organismo aceptara las credenciales del enviado de Guaidó. “En ningún momento el Gobierno Bolivariano de Venezuela ha invitado o dado anuencia a la CIDH para hacer una visita al país”, expuso Arreaza en una comunicación enviada a Pablo Abrao.

“La CIDH ha dado un seguimiento cercano a la situación en Venezuela y ha corroborado que persiste un muy grave deterioro significativo en el goce de los derechos humanos. Adicionalmente, la Comisión considera que la prolongación indefinida e irrestricta del estado de excepción, la suspensión de los poderes de la Asamblea Nacional democráticamente electa, la débil independencia judicial, la extralimitación de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, la ausencia de garantías para la celebración de elecciones libres y, en general, la falta de subordinación de las instituciones a la autoridad civil evidencian la ausencia de Estado de Derecho. En este sentido, la CIDH hace un llamado para que Venezuela retome un compromiso decidido con los derechos humanos y adopte medidas concretas para superar la grave crisis institucional, económica y humanitaria en la que está sumergido el país”, señaló el organismo en un comunicado.

En 2018 el Gobierno de Maduro sancionó a personas y empresas de Panamá, incluida Copa Airlines, en respuesta a las medidas que tomó entonces el Gobierno de Juan Carlos Varela. Las operaciones fueron reactivas poco tiempo después, puesto que en medio del aislamiento internacional que vive el país, por la imposibilidad de hacer vuelos directos a Estados Unidos, esta aerolínea es de las pocas que permite conectar con los principales destinos. En marzo del año pasado, hubo un nuevo impasse con la compañía luego de transportar a Guaidó de regresó al país al terminar su primera gira por América Latina. “Nosotros somos un transportador, un servicio público, y no podemos diferenciar quién vuela con nosotros”, dijo entonces el presidente ejecutivo de la compañía, Pedro Heilbron, en una entrevista a CNN. Luego denunciaron que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela les había abierto un expediente administrativo.

El forcejeo del chavismo para no someterse al escrutinio de los organismos que velan por el cumplimiento de los derechos humanos ha sido recurrente. El año pasado, la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, fue un punto de inflexión. No obstante, los demoledores informes que produjo tras su visita sobre la crisis venezolana y las responsabilidades de Maduro en su agravamiento avivaron la tensión. El líder chavista arremetió con insultos contra Bachelet, pero su gabinete ha mantenido la relación con los representantes que dejó en el país.

La Comisión de la CIDH evaluará casos de violación de los derechos humanos en Venezuela desde Cúcuta – El Nacional – 4 de Febrero 2020

La diputada Delsa Solórzano explicó que la delegación no pudo abordar el avión, porque el régimen de Nicolás Maduro les negó la visa a sus integrantes para ingresar al país

Comisión de la CIDH

La CIDH advirtió que es propio de regímenes autoritarios no permitir el escrutinio internacional ni la observancia de la situación de los derechos humanos | Twitter CIDH

La comisión de la CIDH que tenía planificado llegar este martes no pudo abordar el avión a Venezuela desde Panamá; por tanto, recibirán a las víctimas de violación de los derechos humanos en Cúcuta, ciudad colombiana en la frontera con el país.

Adriana Pichardo, diputada a la Asamblea Nacional por el estado Aragua, aseguró que el Parlamento hará todo lo posible para trasladar a las víctimas hasta la frontera y que puedan dar sus declaraciones a la comisión.

«Llevaremos a cabo todo lo referente a la comisión de la CIDH desde la frontera venezolana. Trasladaremos a las víctimas a la frontera para que se entrevisten con la comisión. Si tenemos que levantar las audiencias aquí, lo haremos», expresó la parlamentaria desde el Teatro Municipal Los Salias donde se llevará a cabo la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional.

La diputada Delsa Solórzano explicó que la comisión de la CIDH no pudo abordar el avión porque el régimen de Nicolás Maduro negó la visa a sus integrantes para ingresar al país.

Pichardo y Solórzano aclararon que al no contar con la visa, la aerolínea Copa Airlines se vio en la necesidad de impedir que la comisión tomara el avión porque es lo que establece la ley.

Solórzano aseguró que la CIDH le solicitó al régimen ingresar al país desde 2002.

«18 años tiene la comisión intentando entrar al país, pero el régimen no lo permite», dijo.

«El régimen tiene miedo de que se siga viendo la violación de los derechos humanos. Sabíamos que harían lo posible para evitar el ingreso de la comisión», agregó Pichardo.

Si bien las víctimas podrán hablar con los representantes de la CIDH en Colombia, Solórzano destacó que la delegación no podrá constatar la situación del Hospital J. M. de los Ríos, o de los niños que comen basura en las calles.

Se espera que la delegación llegue a Cúcuta entre el miércoles y jueves de esta semana.

Asamblea Nacional

@AsambleaVE

| Declaraciones de la Dip. @apichardob. https://www.pscp.tv/w/cQl8ozFEWkVvV2t4d0dFYXl8MWxQS3FWTmFNTGxHYjFzoL0RsC3RrJZwjWEiKyc8SBikmoZqoZ2dmxKiJSDU 

Asamblea Nacional @AsambleaVE

#3Feb| Declaraciones de la Dip. @apichardob. #AsambleaV

Asamblea Nacional

@AsambleaVE

| Declaraciones de la Dip. @delsasolorzano en torno a la negativa del régimen de Nicolás Maduro que impidió la entrada de la Comisión Interamericana de al país. https://www.pscp.tv/w/cQl-XTFEWkVvV2t4d0dFYXl8MVlwS2tRWHJ5RFZKapq7yCIgi6cZzNRoRP3BGNH1RUmq8yr5AkTitw4kT7Qe 

Asamblea Nacional @AsambleaVE

#4Feb | Declaraciones de la Dip. @delsasolorzano en torno a la negativa del régimen de Nicolás Maduro que impidió la entrada de la Comisión Interamericana de #DDHH al país.

pscp.tv

CIDH arribará a Venezuela pese a negativa de Maduro – El Estimulo – 3 de Febrero 2020

Guaidó ratificó el viernes la invitación a esta delegación de la CIDH para que puedan “cumplir su agenda con las víctimas, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, y constatar la situación de derechos humanos”

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) arribará el martes a Venezuela pese a la negativa del Gobierno de Nicolás Maduro, informó este domingo Humberto Prado, representante en materia de DD.HH. del presidente interino del país, Juan Guaidó.

«La delegación de la CIDH llegará al país el día martes 4 de febrero a las 12:14 (16.14 GMT) al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado Vargas (que sirve a Caracas)», informó en Twitter Prado, designado por Guaidó como comisionado presidencial para los derechos humanos.

Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por casi 60 países, ratificó el viernes la invitación a esta delegación de la CIDH para que puedan «cumplir su agenda con las víctimas, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, y constatar la situación de derechos humanos».

Prado reiteró este domingo que la visita «constituye para las víctimas la oportunidad de exponer directamente ante la delegación sus casos, informar cómo ocurrieron los hechos y del nivel de las investigaciones».

Sin autorización

El Gobierno de Maduro negó la autorización de la visita, por lo que se prevé que no los dejen pasar en el aeropuerto, al argumentar que el país ya no pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA).

«En fecha 27 de abril de 2019, entró en vigencia la Carta de la OEA realizada por el Gobierno venezolano (…) En consecuencia, a partir de la mencionada fecha Venezuela dejó de ser Estado parte de la OEA», recoge una carta publicada por el canciller Jorge Arreaza en la que subrayan que el chavismo «en ningún momento» ha invitado a la CIDH al país.

En la misiva del Gobierno de Maduro agregaron que Venezuela «desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones desarrolladas por la OEA y la Comisión Interamericana por personas que usurpen o pretendan usurpar la representación legítima de nuestro país».

Maduro presentó su salida formal de la OEA en 2017 por considerar que la OEA violó el artículo de su carta que establece la no intervención en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros y se hizo efectiva el pasado mes de abril.

Si bien la OEA no ha aprobado ninguna resolución que reconozca de modo específico a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el 10 de enero de 2019 declaró ilegítima la toma de posesión de Maduro, y en abril reconoció a Gustavo Tarre, enviado por el líder opositor, como representante de la AN.

Jorge Arreaza: Visita de la CIDH a Venezuela no está autorizada – El Nacional – 31 de Enero 2020

El oficialista compartió una carta que envió el régimen a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en la que recuerdan que Venezuela dejó de pertenecer a la OEA el 27 de abril de 2019

CIDH- Jorge Arreaza,Juan Guaidó

«Venezuela no es miembro de la OEA. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios no está autorizada», escribió el canciller en Twitter.

Arreaza también compartió una carta que envió el régimen a la CIDH el pasado 27 de enero.

En la comunicación dirigida a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, le recuerdan que Venezuela dejó de pertenecer a la OEA el 27 de abril de 2019.

«Venezuela desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones desarrolladas ante la OEA y la CIDH por personas que usurpen o pretendan usurpar la representación legítima de nuestro país», indicó la misiva.

Consideran que es jurídicamente improcedente la visita de la comisión de la CIDH al país. Por lo tanto, no autorizan su presencia en Venezuela.

La abogada especializada en derechos humanos, Rocío San Miguel, informó que la delegación estará en el país desde el 3 hasta el 8 de febrero.

Indicó que la visita tendría la finalidad de hacer una observación in situ. Así como verificar la situación de los derechos humanos en el país.

Jorge Arreaza M

@jaarreaza

Esta es la clarificante comunicación enviada a la @CIDH el pasado .
Venezuela NO es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios NO está autorizada.

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Los 72 muertos bajo torturas del régimen de Nicolás Maduro por Daniel Lozano – El Mundo – 30 de Enero 2020

El informe anual de la ONG Provea acredita el “terrorismo de Estado” aplicado por la revolución bolivariana
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Policías vigilan la entrada del centro de detención del Sebin, en Caracas.Carlos Jasso REUTERS

Las torturas contra presos ya forman parte de la cotidianidad en Venezuela, para escándalo de los activistas de derechos humanos y silencio del gobierno y de sus aliados nacionales e internacionales. El informe anual de la ONG Provea, una de las más respetadas en el país, acredita el “terrorismo de Estado” aplicado por la revolución bolivariana para mantenerse a toda costa en el poder: durante 2019 al menos 574 personas sufrieron torturas y, entre ellas, 23 murieron.

Desde la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013 se contabiliza la muerte de 72 personas bajo torturas. Siete años durante los cuales no sólo el país sufre la mayor crisis social, económica y política del último siglo en el continente, sino también la “legalización” de la impunidad y la pulverización de los derechos humanos. “La tortura se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención contra presos comunes y personas privadas de libertad por razones políticas”, concretó Provea.

Inti Rodríguez, uno de los investigadores principales de Provea, aportó más cifras para el horror: 5.232 violaciones a la integridad personal, 852 víctimas de trato cruel, 1.033 heridos, 1.804 allanamientos ilegales y 810 amenazas y hostigamiento.

La tortura como castigo ejemplarizante se ha “institucionalizado y forma parte del repertorio represivo empleado por la dictadura de Maduro”, denunció Provea sin contemplaciones. “Es cada vez más cruento”, añadió por su lado el Instituto Casla, dirigido por la activista Tamara Suju en coordinación con la Organización de Estados Americanos (OEA). “Son sistemáticas”, confesó el general Cristopher Figuera, antiguo jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), tras huir a EEUU. Precisamente en la sede de la policía política murió el concejal opositor Fernando Albán tras sufrir torturas, según las denuncias efectuados por sus familiares y por organizaciones internacionales.

El asesinato del capital Rafael Acosta dio la vuelta al mundo en junio pasado y confirmó que los agentes gubernamentales extreman sus malos tratos contra los militares, con el objetivo de ahuyentar cualquier protesta o rebelión y atemorizar a familiares, compañeros y abogados. Una estrategia que prosigue hoy en día y que se ha multiplicado, según Provea.

El número de torturados de 2018 al año pasado se ha multiplicado por cinco, de 109 a 574, por lo que también supera el hasta ahora récord histórico de 2014, con 180 víctimas tras las protestas antigubernamentales. Durante 2019 se llevó a cabo el desafío de Juan Guaidó y del Parlamento democrático contra la revolución, a lo que se añade la agudización del control social a través del terror y de las políticas económicas. Ni la Fiscalía ni el Defensor del Pueblo, controlados por la revolución, ha proporcionado datos al respecto.

JÓVENES Y POBRES

La ONG asegura que se mantiene el perfil histórico de los torturados: hombres jóvenes y pobres, en su mayoría condenados o procesados por delitos comunes (74%) y militares (21%) acusados de conspirar contra Maduro; casi el 4% fueron torturados tras ejercitar su derecho a la manifestación pacífica.

La investigación de Provea profundiza en lo que ya Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, expuso en su histórico informe: en las cárceles de Maduro se aplica corriente eléctrica, se asfixia con bolsas de plástico, se realizan simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.

La activista Suju ha aireado esta semana cuál es la última receta contra los presos políticos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM): encapuchan a los presos y los sacan en un jeep “a toda velocidad para desorientarlos y que se golpeen en el trayecto para luego encerrarlos en las tumbas en las que han convertido los sótanos. Los meten de tres en dos. Se bañan con un vaso de agua y no reciben sol ni aire natural”. Es precisamente en la sede caraqueña de la DGCIM en Boleíta Norte donde se agrupan a 116 víctimas de torturas, militares detenidos por conspiración, terrorismo y traición a la patria.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha anunciado que aterrizará el próximo lunes en Caracas para realizar una visita de campo (observación in loco) para recabar más información sobre las violaciones de derechos políticos y civiles. Los activistas temen que los enviados de la CIDH sean deportados desde el aeropuerto de Caracas, aunque estos ya tienen preparada su respuesta: viajarán hasta la frontera con Colombia para atender a las víctimas ‘in situ’.

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