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Derechos Humanos : Venezuela en la mira internacional – Revista Avila/Montserrate – 15 de Octubre 2019

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Este año se han tomado tres importantes decisiones sobre la grave y compleja situación de los derechos humanos en Venezuela: 1) El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, 2) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) estableció una Misión Especial de Seguimiento para Venezuela (Meseve) y 3) La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó el informe de la Comisión de Encuesta establecida para Venezuela, con ocasión de las violaciones a los convenios internacionales.

¿Qué implica estas acciones para Venezuela?

Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU: es la primera vez que se aplica esta medida a un país de América Latina. Asimismo, el Consejo de Derechos Humanos otorgó un nuevo mandato a la alta comisionada, Michelle Bachelet, para que continúe investigando la situación de los derechos humanos en Venezuela, con énfasis en el sistema judicial y en el acceso a la justicia, las violaciones de los derechos económicos y sociales y las denuncias sobre el Arco Minero del Orinoco.

Además, estableció que si las autoridades venezolanas no cooperan seriamente con la Oficina de la Alta Comisionada, el Consejo evaluaría la creación de una Comisión de Investigación, un mecanismo aún más severo que la Misión de Determinación de los Hechos, para establecer responsabilidades individuales y a las cadenas de mando. Este punto tiene serias implicaciones, porque se complementaría con la investigación preliminar que adelanta la Corte Penal Internacional.

Misión Especial de Seguimiento para Venezuela (Meseve): este mecanismo de la Cidh solo se ha aplicado en dos ocasiones. La primera fue a raíz de la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, en 2014 Venezuela en la mira internacional y, la segunda, a raíz de la crisis política, manifestaciones, brutal represión y persecución de los líderes de las protestas en Nicaragua, en 2018.

Este tipo de mecanismo sirve para evaluar la implementación de sus propias recomendaciones ante la posible violación de los derechos humanos, así como dar seguimiento a las medidas cautelares otorgadas a víctimas, defensores de derechos humanos, líderes políticos, periodistas y testigos. A través de éste mecanismo la Cidh puede ejercer una mayor supervisión y vigilancia de los derechos humanos. La Misión Especial de Seguimiento para Venezuela pondrá especial atención a crímenes de lesa humanidad y a las responsabilidades individuales. Esto pone ante la comunidad internacional al régimen de Nicolás Maduro como un Estado que practica de manera sistemática y generalizada graves violaciones a los derechos humanos.

Informe de la Comisión de Encuesta establecida para Venezuela de la OIT: el 30 de septiembre de 2019, la OIT publicó el Informe de la Comisión de Encuesta establecida para Venezuela, con ocasión de las violaciones a los convenios internacionales del trabajo ratificados por el Estado. El gobierno “obrero” de Nicolás Maduro es investigado desde 2018 a través de un mecanismo de alto nivel que apenas se ha activado en 13 ocasiones desde la creación de la OIT hace 100 años.

La Comisión de Encuesta alerta en sus conclusiones sobre el persistente hostigamiento a la patronal Fedecámaras y sus afiliados y a sindicatos no afines al gobierno; impunidad en relación con actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización e intimidación, “así como otras vulneraciones de las libertades civiles, sufridas por sus dirigentes y miembros”. También alerta sobre prácticas de injerencia indebida, favoritismo y promoción de organizaciones sindicales paralelas.

Finalmente, la Comisión de Encuesta recomienda al Estado venezolano adoptar las medidas necesarias para garantizar la existencia de un clima desprovisto de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión, en el que los interlocutores sociales puedan ejercer sus actividades legítimas, incluida la participación en un diálogo social con todas las garantías; exhorta a no utilizar procedimientos judiciales para obstaculizar el ejercicio de la libertad sindical y exige la liberación de los trabajadores Rodney Álvarez y Rubén González, ambos detenidos de forma arbitraria, este último sometido a justicia militar. Estas tres importantes decisiones de organismos internacionales de protección a los derechos humanos sobre las graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos, pone a Venezuela en la mira de la comunidad internacional. Representa a su vez un paso más para la búsqueda de la verdad, la justicia y el desmontaje de los mecanismos de impunidad en el país.

CIDH instalará mecanismo especial de seguimiento para evaluar situación de Venezuela – El Nacional – 6 de Octubre 2019

Foto: EFE

La decisión se dio tras la celebración del 173º período de sesiones, realizadas el 22 de septiembre al 2 de octubre de 2019. Así lo reseñó La Voz de América.

La CIDH celebró 33 audiencias públicas sobre la situación de varios países en los que se incluye Venezuela, que afronta una crisis política, económica y social.

Mediante un comunicado la corte expresó su preocupación ante las múltiples denuncias de persecución, represión y de violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Nicolas Maduro.

“La CIDH toma nota de las advertencias sobre posibles represalias planteadas por representantes de la sociedad civil en audiencias y reuniones de trabajo referidas a varios stados, quienes expresaron su temor a las consecuencias que pueden enfrentar al regresar a su país”.

La Relatoría Especial condena cierre de Radio Caracas Radio 750 AM, censura de canales de televisión, restricciones en internet y la detención de periodistas en Venezuela – Provea – 15 de Mayo 2019

Washington-D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el cierre de la Radio Caracas Radio-750 AM y manifiesta su profunda preocupación por los permanentes mecanismos de censura impuestos en Venezuela a medios tradicionales, señales de televisión por suscripción, bloqueos de plataformas, redes sociales y restricciones en el acceso a internet. En el marco de las protestas iniciadas a partir del 30 de abril de 2019 en Venezuela, las autoridades estatales también han intensificado las agresiones, detenciones y expulsión de corresponsales extranjeros.

Según la información disponbile, el 30 de abril durante la cobertura de la denominada “Operación Libertad” y la realización de protestas iniciadas ese día, Radio Caracas Radio 750 AM, la estación de radio privada más antigua de Venezuela, fue notificada del cese inmediato de sus operaciones por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), debido a la negativa de la renovación de la concesión. La emisora había solicitado renovar su concesión en el año 2002, pero hasta la fecha nunca se le había dado respuesta a la solicitud. Organizaciones de la sociedad civil informaron que bajo esta modalidad -permiso provisorio- se encuentran la mayor parte de las emisoras privadas, debido a lo cual los funcionarios amedrentan y controlan su línea periodística.

Asimismo, la Relatoría Especial tomó conocimiento de que CNN en inglés y BBC Mundo, fueron bloqueadas en la televisión por suscripción por orden de Conatel. Ambas señales fueron bloqueadas inmediatamente después de que transmitieran un video mostrando tanquetas militares atropellando a manifestantes en la ciudad de Caracas. CNN y BBC permanecerían fuera del aire, al igual que los canales en español de la mayor parte de las cadenas lationoamericanas, bloqueados por orden estatal desde 2016.

Al respecto, la Relatoría Especial ha establecido que, si bien el Estado tiene la atribución reglada de administrar el espectro radioeléctrico, esta potestad nunca debe ser utilizada para presionar, premiar o castigar a un medio en función de su línea editorial o su posición respecto del gobierno de turno. Los procesos de adjudicación, revocación y renovación de licencias debe estar establecidos por una ley y guiados por criterios objetivos, claros, imparciales, públicos y compatibles con una sociedad democrática; el proceso debe ser transparente; la decisión que conceda o niega la solicitud debe estar debidamente motivada; y estar sometida a un adecuado control judicial.

«El cierre de medios de comunicación como castigo por mantener una línea editorial crítica, así como el bloqueo de señales para evitar el acceso a información de interés público, suprime de manera arbitraria el derecho de todos los venezolanos a expresarse  y a recibir información plural, y constituye además una forma de censura», afirmó Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

La Relatoría también recibió información relativa a que ABA CANTV, el proveedor estatal de internet en Venezuela, habría bloqueado o restringido el acceso a distintos websites y plataformas de redes sociales, incluyendo Twitter, Facebook, e Instagram. Asimismo, se habría bloqueado o restringido el acceso a YouTube y sitios de búsqueda de información como Google, Bing y Periscope (servicio de videos en vivo). Según información de público conocimiento, la conectividad a los servicios de internet habría sido restablecida de manera intermitente, en particular, el 1 de mayo, en momentos previos a un discurso emitido por Nicolás Maduro, y restringidos nuevamente alrededor del momento en el que Juan Guaidó, presidente encargado por la Asamblea Nacional, emitiría un discurso en Caracas. Además, el 7 de mayo la Guardia Nacional habría impedido el acceso a los periodistas acreditados a la sesión de la Asamblea de día.

La Relatoría ha resaltado que la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación, por lo que las restricciones y el bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema—análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión—. Dichos bloqueos o restricciones no pueden justificarse, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional, y no pueden utilizarse como medidas de censura o como mecanismos para impedir el acceso a la información de la población.

Por otro lado, la Relatoría Especial ha recibido información de distintas restricciones a la actividad periodística. En tan solo un mes, al menos diez periodistas resultaron heridos mientras cubrían las manifestaciones públicas y varios detenidos. En tanto, 11 periodistas y corresponsales extranjeros de prensa fueron detenidos y varios de ellos expulsados del país.

La Relatoría también denuncia, como de la mayor gravedad, la situación del locutor Junior Muñoz, detenido el 30 de abril mientras reportaba durante una concentración que se realizó en Punta de Mata, estado Monagas. Muñoz es director y locutor de la emisora OStereo 99.7 FM de Punta de Mata y tenía un programa de opinión matinal, donde hizo críticas contra Nicolás Maduro y sus funcionarios, entre ellos el alcalde de Zamora, Raúl Brazón. El periodista a la fecha permanece detenido y sin haber sido sometido a proceso.

La Relatoría recuerda que el Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales.

En este sentido, la Relatoría Especial hace un llamado urgente a las autoridades con el fin de que se reestablezca la transmisión de la emisora Radio Caracas Radio y de los canales de televisión retirados del aire y cesen las medidas de censura contra los medios de comunicación en Venezuela. Asimismo, insta al Gobierno a abstenerse de bloquear y restringir el acceso a sitios web y redes sociales, y a proteger y garantizar los derechos a la vida e integridad de las personas manifestantes y de los comunicadores de prensa que cubren dichas manifestaciones. Finalmente, la Relatoría exhorta al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de las labores de los comunicadores sociales de manera libre e independiente, así como para garantizar el derecho de acceso a la información de la población venezolana.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

5 factores por los que Maduro todavía no apresa a Guaidó por Zenaida Amador – ALnavío – 7 de Mayo 2019

Los hechos del 30 de abril volvieron a encender los reflectores sobre Venezuela. Juan Guaidó, en compañía de Leopoldo López y de varios militares activos, se plantó en las calles de Caracas a exigir el cese de la usurpación de la Presidencia, creando así un nuevo sobresalto en la rutina operativa que Nicolás Maduro intenta imponer en sus más de 100 días de gobierno ilegítimo. Era de esperarse que de inmediato Maduro mostraría su fortaleza y comenzaría la persecución de Guaidó, pero nada ha pasado. ¿Por qué?
Maduro ya ha actuado contra miembros del entorno de Guaidó / Foto: @NicolasMaduro
Maduro ya ha actuado contra miembros del entorno de Guaidó / Foto: @NicolasMaduro

Cuando Juan Guaidó asumió las facultades ejecutivas de la nación el pasado 23 de enero se convirtió en la figura que le hace contrapeso a Nicolás Maduro. Emergió como el rostro de la oposición hasta entonces fragmentada y como la personalización de una opción para Venezuela, lo que llevó a muchos a creer que sí es posible un cambio. Frente a este brote de fuerza se esperaba el inminente contraataque del régimen de Maduro, que necesita neutralizarlo políticamente y acabar con su efecto catalizador sobre la ciudadanía. Pero la respuesta ha sido lenta.

La cárcel lucía como el destino inmediato de Guaidó. No hay que olvidar que este ha sido el mecanismo preferido por Maduro para neutralizar liderazgos opositores. Desde 2013, cuando llegó a la Presidencia, el número de presos políticos pasó de 13 a 900 en la actualidad.

El régimen de Maduro ha actuado contra otros líderes opositores y miembros del entorno de Guaidó, como es el caso del diputado Roberto Marrero, pero -salvo por algunos asedios y actos puntuales de amedrentamiento- sigue sin asestarle el golpe directo, ni siquiera tras los hechos de este 30 de abril.

Y aunque el riesgo está allí, siempre presente, eso no impidió que Guaidó saliera del país, hiciera una gira internacional con tratamiento de Jefe de Estado, reingresara al territorio en un vuelo comercial pasando los controles de migración sin problemas y que, casi a diario, haga apariciones en actividades públicas en Caracas o en otros estados del país.

El régimen de Maduro ha actuado contra otros líderes opositores y miembros del entorno de Guaidó, como es el caso del diputado Roberto Marrero, pero -salvo por algunos asedios y actos puntuales de amedrentamiento- sigue sin asestarle el golpe directo, ni siquiera tras los hechos de este 30 de abril.

En este sentido cobran vital importancia los siguientes factores:

1-El respaldo internacional a Guaidó

Este es uno de los factores que frena cualquier acción en su contra. Varios países, comenzando por Estados Unidos, han exigido que se garantice su libertad y seguridad. “El mundo está mirando”, llegó a decir Jeremy Hunt, ministro de Exteriores del Reino Unido.

El temor ha sido tal que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de Guaidó.

La semana pasada el Grupo de Lima exigió “el pleno respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos, del Presidente Encargado Juan Guaidó y de los líderes de las fuerzas políticas democráticas”, incluyendo a todos los miembros de la Asamblea Nacional .Guaidó hace apariciones en actividades públicas casi a diario / Foto: @jguaido

2-La tensión social

Más allá del respaldo extranjero está el hecho de que cualquier cosa que le pase a Guaidó podría crear las condiciones para que el descontento social y la protesta política se conecten en una situación difícil de controlar.

No hay que olvidar que el país entero es un polvorín debido a la crisis económica, el colapso de los servicios públicos, la escasez de productos básicos y la hiperinflación, lo que hace que al día se registren 70 protestas en promedio.

Cualquier cosa puede convertirse en la chispa que encienda al país y eso lo sabe tanto el régimen de Maduro como la oposición, de allí el afán del primero por reprimir toda manifestación en su contra y sembrar en la población el miedo a la protesta, mientras el liderazgo opositor llama una y otra vez a la ciudadanía a la calle a exigir sus derechos.

3-Jugada estratégica

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), suele ser el principal vocero del chavismo en hablar acerca del encarcelamiento de Guaidó. Luego de los hechos del 23 de febrero, cuando Maduro impidió de forma violenta el ingreso de la ayuda humanitaria internacional al país, Cabello señaló que había que ponerle “los ganchos” a Guaidó. Sin embargo, aclaró que esa decisión tenía su momento. “No se desesperen”.

Ahora, tras los hechos del 30 de abril, Cabello vuelve sobre el tema. Señaló que muchos se preguntan “por qué no meten preso a Juanito Alimaña (Juan Guaidó)” y para ellos la respuesta es que, gracias a que está en libertad, “pasa el 30 de abril y salen otros traidores, eso es bueno”. Pero indicó que “la justicia va a llegar. No nos desesperemos”.

Aclaró que el martes 30 “pudimos resolver esa situación desde temprano, pero no lo hicimos porque no somos asesinos (…) Eran un blanco fácil (…) Nicolás Maduro levantó la bandera de la paz y les perdonó la vida”.

4-Ejercer presión indirecta

Al no poder ir contra Guaidó en lo inmediato la hoja de ruta planteada seguirá en línea con la estrategia de debilitar al resto de las fuerzas políticas y, de ser posible, acabar con la Asamblea Nacional, que es la única institución legítima reconocida internacionalmente.

Según Cabello, en breve dejarán sin inmunidad parlamentaria a otros diputados de la Asamblea Nacional que participaron en los eventos del 30 de abril. “Seguro levantaremos la mano para allanarle la inmunidad parlamentaria a todos los que participaron activamente en ese acto”, dijo.

Es decir, que seguirá la presión sobre el resto de los líderes opositores tratando de quebrar la alianza política que acompaña a Guaidó.

5-Las sombras internas

Las acciones del 30 de abril pusieron en evidencia las debilidades del chavismo y las fisuras dentro de la Fuerza Armada. Esto dio pie a que Maduro cambiara a los jefes del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana. Además, ha emprendido una gira por varios cuarteles e instalaciones militares exigiendo lealtad a la Fuerza Armada. Sin la necesaria revisión puertas adentro, acabando con las dudas y las crecientes sombras, pareciera que Maduro no podría arremeter contra Guaidó.

Desde hace mucho es sabido que hay dirigentes del chavismo, algunos de los cuales pasaron abiertamente a la disidencia, que han intentado buscar opciones que le garanticen la sobrevivencia política al movimiento más allá del estrepitoso fracaso de Maduro, mientras otros buscan vías que les minimicen los costos personales del derrumbe del régimen. No en vano Estados Unidos ha ofrecido flexibilizar medidas y sacar de la lista de sancionados a quienes faciliten la salida de Maduro.Las acciones del 30 de abril evidenciaron las fisuras en la Fuerza Armada / Foto: FANB

Los constantes señalamientos sobre negociaciones para facilitar su salida del poder adelantadas con altas figuras de su entorno, como el ministro de la Defensa, le añaden presión y le dan un piso inestable para afrontar lo que Guaidó llama la etapa final de la Operación Libertad que, según ha dicho, implica el cese de la usurpación de la Presidencia por parte de Maduro y que, según espera Leopoldo López, ocurriría “en semanas”.

En lo que respecta a su propio margen de negociación, Maduro perdió un tesoro importante. La liberación de Leopoldo López por parte de Guaidó -ocurrida el 30 de abril- lo dejó sin su principal preso político, sin la pieza de juego que personalmente podía poner sobre la mesa en momentos clave de cualquier trato.

Ahora López se encuentra en calidad de huésped en la residencia del embajador de España en Caracas, Jesús Silva, y, según los principios básicos de las relaciones consulares, el régimen de Maduro no puede irrumpir en esas instalaciones para capturarlo. Una acción de este tipo tendría consecuencias diplomáticas de alto impacto y colocaría la crisis actual en otro estadio de mayor conflictividad.

Situación de los derechos humanos en Venezuela – CIDH – Diciembre 2017

Desde hace varios años la Comisión Interamericana ha venido observando la debilidad en la institucionalidad democrática y el deterioro progresivo de la situación de derechos humanos en Venezuela, los cuales se han profundizado e intensificado significativamente a partir del 2015.

 

 Este informe documenta y visibiliza las graves violaciones de derechos humanos producidas durante los últimos años en Venezuela para analizar sus causas y establecer acciones que el Estado debe tomar para superarlas.

Para leer el informe completo abrir el siguiente enlace :

https://cidhoea.wixsite.com/venezuela

Informe de CIDH sobre Venezuela – 27 de Marzo 2019

PRESENTACIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CIDH

Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente con el objeto de considerar el tema “Seguimiento a los Últimos Acontecimientos y Evolución de la Situación Humanitaria en Venezuela”

Para acceder al Informa abrir el siguiente enlace :

27-Mar-2019 – Presentacion CP – Situación DDHH en Venezuela

Solicitan a CIDH medidas cautelares para garantizar la seguridad de Juan Guaidó – La Patilla – 24 de Enero 2019

Juan Guaidó, Presidente Encargado de Venezuela. REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Tres abogados solicitaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección para el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ante el temor de que pueda sufrir algún daño irreparable.

En la petición, a la que accedió Efe, los letrados piden protección para Guaidó, así como para su esposa y su hija debido a que, en el pasado, el opositor ya ha sido “objeto de actos de persecución, hostigamiento, agresiones y privación arbitraria de su libertad personal” por parte del Ejecutivo del presidente de facto, Nicolás Maduro.

Los tres abogados que presentaron a título personal la petición ante la CIDH son Ignacio J. Álvarez, María Daniela Rivero y Juan Carlos Gutiérrez, representante del líder opositor Leopoldo López.

“Es conocido por esta honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos el tratamiento dado por el Gobierno de Nicolás Maduro a quienes hacen oposición a su mandato”, escriben los abogados, que en una parte de su escrito citan la muerte el pasado octubre del concejal opositor Fernando Albán.

Los abogados afirmaron que “contra Juan Guaidó Márquez se han producido incidentes de amenazas, actos de hostigamiento y persecuciones” y ponen como ejemplo la breve detención de la que fue objeto el 13 de enero por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La primera de las “agresiones” que citan los abogados se remonta a 2016, cuando el ahora presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, usó su programa “Con el mazo dando” para acusar a Guaidó de formar parte de un plan de conspiración contra Maduro.

Además, mientras participaba en una manifestación en 2017, Guaidó supuestamente fue disparado por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, recoge el escrito.

Los letrados aseguran que la “persecución” se “agravó” ante la negativa de Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de reconocer a Maduro como presidente de Venezuela después del 10 de enero, momento en el que volvió a asumir el poder tras unas elecciones cuestionadas por la comunidad internacional.

Prueba de ese agravamiento es el mensaje del 11 de enero en Twitter de la jefa de los Servicios Penitenciarios, Iris Varela, quien dijo: “Guaidó ya te acomodé la celda, con tu respectivo uniforme, espero que nombres rápidamente a tu gabinete para saber quienes te van a acompañar ‘muchacho pajúo’”.

Ante miles de seguidores en Caracas, Guaidó se juramentó este miércoles presidente encargado de Venezuela y logró el reconocimiento de EE.UU. y otros países del continente, como Brasil y Colombia.

La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), puede pedir a los 35 Estados que se encuentran bajo su competencia la adopción de medidas cautelares para proteger a sus solicitantes ante situaciones de “gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable”, según figura en su reglamento.

La CIDH pide a Venezuela averiguar “la verdad” sobre la muerte de Albán – Panampost – 5 de Diciembre 2018

Meudy Osio, la viuda de Albán, denunció en una audiencia ante el CIDH “irregularidades” en la investigación sobre la muerte de su marido en la sede del Sebin, donde estaba detenido acusado de haber participado en un atentado contra Nicolás Maduro

El comisionado, Joel Hernández, consideró que tanto la viuda como la familia tienen “el derecho a conocer la verdad, a conocer cuáles son las circunstancias en las que perdió la vida” el concejal. (Twitter)

Washington, 5 dic (EFE). – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado de Venezuela que averigüe “la verdad” sobre la muerte del opositor Fernando Albán y que “por razones humanitarias” entregue el cuerpo a su familia, que vive en EE.UU.

La solicitud la formuló el comisionado, Joel Hernández, durante una audiencia sobre Venezuela en el marco del 170 periodo de sesiones del CIDH, que se celebra esta semana en Washington.

En la audiencia Meudy Osio, la viuda de Albán, denunció “irregularidades” en la investigación sobre la muerte de su marido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde estaba detenido acusado de haber participado en un atentado contra el presidente, Nicolás Maduro.

La Fiscalía venezolana asegura que Albán “se suicidó” al tirarse por una ventana del Sebin, pero su familia sostiene que fue asesinado y detenido por las autoridades en represalia por su participación en la Asamblea General de la ONU, que se celebró en Nueva York en septiembre.

“La detención arbitraria de Fernando fue resultado de sus reuniones en Naciones Unidas y Nueva York. Su desaparición forzada, custodia y muerte en el Sebin está inmersa en una cantidad de irregularidades. A casi dos meses de su muerte, no sabemos qué paso”, dijo su viuda.

“Pedimos -siguió- que el Estado le traslade aquí a EE.UU. para que le demos sepultura y que haya una comisión independiente para averiguar qué ocurrió en el Sebin”.

Los responsables de la Comisión recogieron esa petición y se la trasladaron directamente durante la audiencia al Estado.

Hernández consideró que tanto la viuda como la familia tienen “el derecho a conocer la verdad, a conocer cuáles son las circunstancias en las que perdió la vida” el concejal.

“Tienen el derecho a contar con los restos de su esposo, le trasladamos al Estado esa petición para que sea atendida por razones humanitarias”, añadió

En representación del Estado, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe Márquez, aseguró que trasladará la petición a su Gobierno, pero insistió en que ya se hizo “un conjunto importante de diligencias que conformaron el lamentable suicidio”.

Siete

Washington, 5 dic (EFE). – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado de Venezuela que averigüe “la verdad” sobre la muerte del opositor Fernando Albán y que “por razones humanitarias” entregue el cuerpo a su familia, que vive en EE.UU.

En la audiencia Meudy Osio, la viuda de Albán, denunció “irregularidades” en la investigación sobre la muerte de su marido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde estaba detenido acusado de haber participado en un atentado contra el presidente, Nicolás Maduro.

La Fiscalía venezolana asegura que Albán “se suicidó” al tirarse por una ventana del Sebin, pero su familia sostiene que fue asesinado y detenido por las autoridades en represalia por su participación en la Asamblea General de la ONU, que se celebró en Nueva York en septiembre.

“La detención arbitraria de Fernando fue resultado de sus reuniones en Naciones Unidas y Nueva York. Su desaparición forzada, custodia y muerte en el Sebin está inmersa en una cantidad de irregularidades. A casi dos meses de su muerte, no sabemos qué paso”, dijo su viuda.

“Pedimos -siguió- que el Estado le traslade aquí a EE.UU. para que le demos sepultura y que haya una comisión independiente para averiguar qué ocurrió en el Sebin”.

Los responsables de la Comisión recogieron esa petición y se la trasladaron directamente durante la audiencia al Estado.

Hernández consideró que tanto la viuda como la familia tienen “el derecho a conocer la verdad, a conocer cuáles son las circunstancias en las que perdió la vida” el concejal.

“Tienen el derecho a contar con los restos de su esposo, le trasladamos al Estado esa petición para que sea atendida por razones humanitarias”, añadió

En representación del Estado, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe Márquez, aseguró que trasladará la petición a su Gobierno, pero insistió en que ya se hizo “un conjunto importante de diligencias que conformaron el lamentable suicidio”.

Siete años esperando

Por otro lado, Hernández volvió a solicitar al Estado Venezolano que permita la entrada de la CIDH al país.

La CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), lleva siete años pidiendo permiso a Venezuela para ir a su territorio, pero el Ejecutivo se niega, aunque ahora está gestionando una visita con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Hernández afirmó que a la CIDH “le llena de esperanza” que Bachelet pueda visitar el país caribeño, pero insistió en su petición.

La CIDH condena a Venezuela por un caso de violación y tortura por Maolis Castro – El País – 18 de Noviembre 2018

El tribunal sanciona la negligencia judicial frente al secuestro y los abusos que sufrió Linda Loaiza López

Linda Loaiza López, en una imagen de 2004, cuando hacía una huelga de hambre para exigir justicia en su caso.
Linda Loaiza López, en una imagen de 2004, cuando hacía una huelga de hambre para exigir justicia en su caso. L. ACOSTA GETTY

Linda Loaiza López Soto, una abogada víctima de torturas y abuso sexual, no ha visto justicia en Venezuela. De ahí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José de Costa Rica, haya declarado este viernes responsable al Estado presidido por Nicolás Maduro por violar varias disposiciones de convenciones internacionales. “Es un logro muy importante para el avance de los derechos de las mujeres. Para mí y mi familia es significativo y (un) reconocimiento. Todos estos años hemos sido revictimizados por diferentes instituciones del sistema judicial”, valora en una entrevista telefónica con EL PAÍS.

La historia es bien conocida en el país sudamericano. El 27 de marzo de 2001, López fue secuestrada, violada y torturada durante casi cuatro meses por Luis Carrera Almoina -hijo de un exrector de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela y sobrino de un influyente historiador- en un departamento de la acomodada urbanización Los Palos Grandes, en el este de Caracas. La mujer, entonces de 18 años de edad, había permanecido amarrada, golpeada salvajemente, quemada con cigarrillos, mordida, abusada sexualmente, privada de alimentos y sometida a otros actos crueles. Las secuelas de tal atrocidad provocaron que estuviera un año hospitalizada y se sometiera a 15 cirugías, incluyendo una reconstrucción de los labios, nariz, pabellón auricular y vaginal.

Durante su ausencia, su hermana, Ana Secilia López, denunció seis veces la desaparición ante la policía. El cuerpo de seguridad negó esa versión. De ahí siguió una lucha contra la impunidad y los estereotipos. En 2004, la joven emprendió durante 13 días una huelga de hambre frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, para exigir que Carrera Almoina fuese llevado a juicio. Pero su agresor solo fue condenado por los delitos de privación de la libertad y lesiones gravísimas, pero absuelto del crimen de violación. En 2008, la pena del hombre, conocido como el “Monstruo de los Palos Grandes”, se declaró cumplida y solo permanece pendiente una revisión del proceso por haber abusado de López. “El caso continúa en impunidad porque los hechos de violencia sexual cometidos en mi contra no han sido sancionados por el Estado venezolano… Él cumplió su irrisoria pena, otorgada por el tribunal séptimo de juicio, y está en libertad desde ese momento. No sé dónde está, ni a qué se dedica o qué hace. Yo me he dedicado a mi recuperación física y psicológica, y a la búsqueda de justicia”, agrega la joven.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), asentado en Estados Unidos, confirma que López fue “revictimizada” a través de un proceso judicial que estuvo “plagado de estereotipos de género, irregularidades, retrasos y hasta destrucción de evidencia”. En total, la organización cuenta 37 diferimientos de audiencias y 10 “inhibiciones” por parte de los funcionarios judiciales. En solo tres años el proceso fue rechazado por 59 jueces.

La denuncia ingresó en el sistema interamericano el 11 de noviembre de 2007. La sentencia de la CIDH especifica que Venezuela violó los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, integridad personal, prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud, libertad personal, garantías judiciales, dignidad, autonomía y vida privada, circulación y residencia, igualdad ante la ley y protección judicial. También determina que incumplió con las obligaciones derivadas de artículos de varias convenciones internacionales, y además declara la responsabilidad del Estado por la vulneración del derecho a la integridad personal de la familia de López Soto.

Hasta ahora las instituciones judiciales venezolanas no se han pronunciado sobre el dictamen. Desde la sentencia del caso de “El Caracazo”, un levantamiento social contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez que devino en el asesinato de decenas de personas en 1989, no se han acatado decisiones de la corte. “Ese es el único. En ese caso se ha cumplido con sus fases de reparación pecuniaria (económica), en la publicación de la sentencia y otras medidas de reparación. Pero el Estado aún no ha acatado ninguna sentencia sucesiva de la Corte Interamericana. Todavía están pendientes muchas”, detalla Liliana Ortega, directora de la ONG Comité de Familiares de las Víctimas, que acompañó a López en su acusación en el sistema interamericano.

El tribunal ha ordenado que, entre las medidas de reparación, se investigue y sancione a los responsables por los delitos de tortura y violación, determinar responsabilidades de funcionarios que no investigaron desde un primer momento lo sucedido a López y que se le conceda una beca de estudios para que pueda concluir con su formación profesional. “Cuando el Estado venezolano ejecute el contenido íntegro de la sentencia, podré hablar de justicia. Entretanto, persiste la impunidad”, asegura.

Estas son las peticiones de la sociedad civil al Estado venezolano en la audiencia de la Cidh por Vanessa Moreno Losada – Efecto Cocuyo – 4 de Octubre 2018

Mejoras en la calidad de vida de los adultos mayores, cumplimiento de los derechos mínimos de los privados de libertad y garantía de los derechos sociales y económicos de los venezolanos. En este 169° periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), diversas voces de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de exigir al Estado venezolano que cumpla con sus responsabilidades.

La audiencia estuvo presidida por Francisco Eguiguren, también relator para Venezuela de la Comisión. Se hizo en tres bloques, para tocar temas distintos. El primero se enfocó en los derechos de la población de pensionados y jubilados; así como también de la comunidad sexodiversa (Lgbti): lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.

Este fue el peticionario que realizaron los representantes de la sociedad civil, como Convite y Provea:

.-  Cesar la exigencia del carnet de la patria como requisito para cobrar la pensión o acceder a cualquier otro derecho.

.- Honrar deuda con mas de 12 mil pensionados en el exterior, y que cumpla los acuerdos de pago bilaterales con seis países.

.- Que el Ejecutivo Nacional dé el “ejecútese” a la ley de bonos para la alimentación de los pensionados, aprobada por la Asamblea Nacional(AN) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

.- Crear un “plan nacional de envejecimiento” donde todos los niveles de gobierno, organizaciones, universidades y colectivos organizados de adultos mayores garanticen un envejecimiento digno y saludable a través de adecuadas políticas públicas.

Eguiguren explicó que los representantes de la sociedad civil que manejaban el tema de la comunidad Lgbti no pudieron llegar a la sesión. Expuso que las personas tuvieron problemas económicos.

En este capítulo, los comisionados y relatores de la Cidh estuvieron interesados en conocer cómo se implementó el carnet de la patria en el país, cuál es la viabilidad financiera deotorgar pensión sin contribución previa y cuáles son los avances para proteger a la población Lgbti.

Al respecto, el representante del Estado venezolano, Larry Devoe solo se limitó a explicar que el carnet de la patria “es un mecanismo de registro para acceso de los programas sociales, como ocurre en cualquier parte del mundo”.

Los presos en Venezuela

Este tema fue solicitado por la misma Cidh, según anunció el presidente Eguiguren. De la sociedad civil participaron las organizaciones Foro Penal, Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Una Ventana a la Libertad, Espacio Público y Defiende Venezuela.

Además de denunciar el hacinamiento en el que viven los presos venezolanos, así como la precaria alimentación, Carlos Nieto, de Una Ventana a la Libertad, usó su derecho de palabra para exponer la dualidad del sistema penitenciario.

“Los centros de detención preventiva se han convertido en pequeñas cárceles diseminadas a lo largo del país. Tenemos dos sistemas penitenciarios: uno que lo lleva el Ministerio para Servicios Penitenciarios y otro que no lo lleva nadie, porque nadie se hace cargo (calabozos policiales o centros de detención preventiva)”, indicó.

Beatriz Girón del OVP recordó diversas masacres carcelarias que aún siguen en fase de investigación, por lo que hizo un llamado a la no impunidad. Una de ellas fue la ejecución de 19 reclusos en Amazonas, operación en la que usó armas de fuego contra la población penal.

Julio Henríquez, de Foro Penal, precisó la nueva tendencia de los cuerpos de seguridad del Estado. Denunció que en el país se usa la detención de personas como mecanismo de extorsión para aprehender a algún ser querido cercano al arrestado. Puso de ejemplo a Adriana Granadillo, víctima de detención arbitrariadesaparición forzada y abuso sexualpor miembros de las fuerzas de seguridad.

En el segundo bloque de las discusiones, la sociedad civil planteó las siguientes exigencias:

.- Libertad para los presos políticos.

.- Publicar las cifras de civiles procesados en tribunales militares.

.- Terminar con la práctica de que los calabozos policiales sean centros de detención permanente.

.- Que se cumplan las Reglas Mínimas de la ONU para el tratamiento de los privados de libertad.

.- Que se investigue las violaciones de derechos humanos y se haga justicia para las víctimas.

.- Que el Estado venezolano permita la visita de la Cidh.

Larry Devoe dijo que en Venezuela la violencia ha sido practica reiterada por la oposicióncomo mecanismo político. Mostró láminas en las que esquematizó varios hechos, que según el Estado, representan un ejemplo de la violencia política en Venezuela.

“Esa violencia con los años se incrementa. La violencia que se ejecuta contra los funcionarios de seguridad y ciudadanos que no participan en las manifestaciones“, expuso ante la Cidh.

Situación humanitaria y control social

En este bloque participaron Espacio Público, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs).

Carlos Correa, por Espacio Público, planteó el panorama económico del país. Se paseó por la caída del Producto Interno Bruto (PIB) y el aumento de la inflación, a espaldas de la transparencia del Banco Central de Venezuela (BCV).

Eduardo Trujillo, del Centro de DDHH de la Ucab, planteó cómo el carnet de la patria quiere ser utilizado como mecanismo de control social. Citó al presidente Maduro antes de las elecciones, cuando prometía un bono a aquellos que votaran a favor del Gobierno y se registraran con el carnet de la patria.

Marco Antonio Ponce, director del Ovcs, denunció la criminalización de la protesta en el país en informó que en 2018, diez personas murieron por acción policial en manifestaciones por comida y otras cuatro en movilizaciones por servicios públicos.

Ante la Cidh, la sociedad civil exigió al Estado venezolano:

.- La derogación del estado de excepción, que continua el quiebre del orden constitucional.

.- El cese de la implementación de la doctrina de la seguridad nacional, amparada en la tesis del enemigo externo. Aseguran que esta permite la descalificación y el hostigamiento alíderes comunitarios y activistas de derechos humanos.

.- El cese de la criminalización de la protesta pacífica y persecución de disidentes, trabajadores, periodistas y defensores de derechos humanos.

.- No cometer actos en represalia contra los defensores de derechos humanos, en especial contra los que participan en el actual periodo de sesiones.

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