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¿Qué implica para Venezuela la resolución aprobada en la OEA? por Mariano de Alba – ProDaVinci – 6 de Junio 2018

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Con 19 votos a favor, 11 abstenciones y cuatro votos en contra, el 5 de junio de 2018 fue aprobada por la Asamblea General de la OEA una resolución sobre la situación en Venezuela. El documento es relevante porque además de declarar que el proceso del 20 de mayo “carece de legitimidad”, hace un llamado a los países miembros y observadores de la organización a implementar “medidas que estimen convenientes a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela”. Esto abre la puerta para que diversos países latinoamericanos incrementen la presión y adopten medidas análogas a las ya aprobadas por países como Canadá, Panamá y la Unión Europea.

¿Cuáles son las implicaciones de la votación?

La votación demostró que el régimen de Nicolás Maduro ha perdido casi la totalidad del apoyo con el que contaba hasta hace poco. Apenas tres países (Bolivia, Dominica y San Vicente y las Granadinas) se sumaron al voto del canciller Jorge Arreaza para oponerse a la resolución. Por otro lado, países que en recientes votaciones eran férreos defensores del gobierno venezolano optaron por abstenerse, prefiriendo no tomar posición. En este ámbito, por ejemplo, es destacable la abstención de Ecuador, Haití, Nicaragua y San Cristóbal y Nieves.

En los 19 votos a favor también hubo alguna sorpresa, como fue el caso de República Dominicana, quien durante mucho tiempo fue un cercano aliado del régimen venezolano. Este cambio frontal de posición es aún más significativo si se tiene en cuenta que fue el gobierno dominicano quien sirvió de anfitrión en las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana hasta febrero de 2018. Ello sugiere que el propio gobierno dominicano reconoce que no hay intención por parte de Nicolás Maduro para buscar una salida a la grave situación.

Finalmente, también hay que destacar que la cifra de 19 votos demuestra que todavía no existe disposición suficiente para tomar una medida como la suspensión de Venezuela de la OEA. Para ello, se requiere el voto afirmativo de dos tercios de los países miembros, es decir, 24 votos. Los 19 votos a favor de la resolución son casi los mismos que se concretaron en las discusiones sobre Venezuela en la OEA durante 2017, quedando demostrado que la crisis en Venezuela es un tema álgido en la organización. El no haber llegado a los 24 votos debe ser particularmente preocupante para la diplomacia estadounidense, quien llegó a la Asamblea General llamando a la suspensión de Venezuela y desplegando un esfuerzo considerable para convencer a diversos países del Caribe, quienes al final prefirieron abstenerse.

¿Cuáles son las implicaciones más importantes de la resolución?

Probablemente lo más trascendental es el llamado a los países miembros y observadores de la OEA a adoptar las medidas que estos estimen convenientes para ayudar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Este llamado va a servir para que especialmente diversos países de América Latina comiencen a adoptar sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela y otras medidas que aumenten la presión internacional para que el gobierno de Maduro entienda que debe buscar una solución.

No en vano, la propia resolución reafirma que “sólo a través de un diálogo nacional con la participación de todos los actores políticos y otros actores interesados venezolanos, se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la voluntad” de los venezolanos.

De manera indirecta, el documento también delinea lo que un número importante de países considera como concesiones fundamentales que el gobierno venezolano debería hacer si quiere buscar una salida. Por ejemplo, la convocatoria de un proceso electoral que cumpla con las garantías necesarias y permita “la participación de todos los actores políticos venezolanos”, la restauración de la “autoridad plena de la Asamblea Nacional y el Estado de Derecho”, el ingreso de ayuda humanitaria y la “adopción de medidas de vigilancia epidemiológica para evitar el agravamiento de la crisis de salud pública” mediante la propagación del sarampión, la malaria y la difteria.

Por otro lado, también se ratifica la preocupación regional por los efectos de la creciente migración y se reconoce que diversos Estados están recibiendo a “refugiados venezolanos”. Ante ello, se exhorta a los Estados a adoptar las medidas para atender la “emergencia epidemiológica”, mediante el suministro de medicamentos y contribuyendo al presupuesto de organizaciones especializadas en salud y control de enfermedades.

Finalmente, la resolución decide “aplicar, en estricto apego al texto y espíritu de la Carta Democrática Interamericana”, los mecanismos previstos en sus artículos 20 y 21. En consecuencia, los países deberán decidir qué es lo que van a aplicar de conformidad con esos artículos, teniendo a su disposición varias opciones.

Por un lado, el artículo 20 de la Carta Democrática, habla de “la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”. Esto es algo que un buen número de países ya tiene un buen tiempo haciendo, sin mayor éxito. El mismo artículo 20 prevé que, si las “gestiones diplomáticas resultaren infructuosas”, entonces debe convocarse a la Asamblea General para que ésta “adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”. Esta resolución precisamente podría entenderse como una aplicación de esta sección del artículo 20.

Subsecuentemente, el artículo 21 prevé que cuando la Asamblea General –“convocada a un período extraordinario de sesiones”– constate que se ha producido una “ruptura del orden democrático” y que “las gestiones diplomáticas han sido infructuosas”, entonces se tomará la decisión de suspender al país involucrado de su ejercicio de participar en la OEA, siempre y cuando esté presente el voto afirmativo de dos tercios de los países, es decir, 24 votos.

No obstante, incluso en este escenario, la Carta prevé que el país deberá continuar cumpliendo con sus obligaciones y la Organización deberá mantener sus “gestiones diplomáticas” para buscar el restablecimiento de la democracia. El alcance total de estas dos disposiciones lo explicamos hace ya más de dos años aquí en Prodavinci.

Los próximos pasos

Es sumamente probable que la presión internacional de buena parte del hemisferio occidental seguirá aumentando. Como consecuencia de la violación continuada de la Constitución nacional, el régimen de Maduro ha optado por colocarse en una situación de aislamiento internacional, eliminando en la práctica su habilidad de encontrar soluciones a los múltiples problemas que vive el país. La intención del alto gobierno y la coalición de poder de mantenerse en el gobierno a toda costa y fuera del orden constitucional supone y acarreará mayores daños a la economía y bienestar del país, acrecentando el colapso y el deterioro de la vida de millones de venezolanos.

 

 

 

La OEA acuerda iniciar el proceso de suspensión de Venezuela por Antonia Laborde – El País – 6 de Junio 2018

19 países dan el visto para aplicar la mayor sanción de la entidad al país gobernado por Nicolás Maduro y desconocen las últimas elecciones

La Organización de Estados Americanos (OEA) castigó formalmente al gobierno venezolano al aprobar este martes una resolución que considera ilegítimas las elecciones presidenciales en las que fue reelecto Nicolás Maduro y activa el proceso para suspender al país caribeño del organismo interamericano. Fueron 19 países -se necesitaban al menos 18 votos- los que decidieron sancionar a Caracas en la cuadragésima octava asamblea general, celebrada en Washington este lunes y martes. Cuatro miembros rechazaron el documento y 11 se abstuvieron.

La resolución de 10 puntos fue aprobada por Estados Unidos, los 14 países del Grupo de Lima —entre ellos, las principales potencias de América Latina— y República Dominicana, Bahamas, Jamaica y Barbados. El documento declara “ilegítimo” el comicio presidencial venezolano del 20 de mayo por no haber contado con las garantías para considerarse un proceso libre. También incluye una petición para que el Gobierno permita el ingreso de ayuda humanitaria y para que se restaure “la plena autoridad” de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. El punto más polémico es el que exige que se apliquen “de manera estricta” los artículos 20 y 21 de la Carta Interamericana de la OEA, que establecen que se puede intervenir en un Estado cuando se ha producido la rotura del orden democrático.

Bolivia, que aseguró estar de acuerdo con varios aspectos de la resolución, la rechazó por considerar “inaceptable que desde el supuesto de ayudar a Venezuela se adopten decisiones unilaterales”. Este voto, más el de Venezuela, Dominica y San Vicente y las Granadinas, fueron los únicos que votaron en contra. Hubo 11 abstenciones, entre ellas la de Uruguay, Ecuador y Nicaragua.

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, calificó “la resolución Pence” de “un fraude”. “Los que han aprobado esta resolución también están apoyando una posible intervención militar en Venezuela. Allá ustedes con sus conciencias”, apuntó.”Ellos nunca se enfocan en la verdad y la realidad”.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo una vez clausurada la asamblea, que “Venezuela está en caída libre”. En referencia a Arreaza, afirmó que “no representa a otra cosa que a un presidnete ilegítimo y una asamblea ilegítima”.

La aprobación de la resolución es solo el primer paso. Para seguir adelante con la sanción, se debe convocar un Consejo Permanente, órgano que está compuesto por los embajadores ante la OEA de los Estados miembro. Ahí se debatiría la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Asamblea General para abordar el tema. Solo se puede realizar esa sesión extraordinaria para decidir la suspensión de Venezuela si dos tercios de los Estados la respaldan. Esto se traduce en 24 de los 35 votos (Cuba pertenece al organismo pero no participa).

En una Asamblea General extraordinaria se debatiría la suspensión de Venezuela y, para aprobarse, serían necesarios otra vez 24 votos. “Los plazos de la gente no son los plazos de la diplomacia, así que lo primero será abrir el canal de ayuda humanitaria”, dijo Almagro.

La mayor sanción que puede otorgar la OEA solo se ha aplicado a dos países en sus 70 años de historia: Honduras, en 2009, después del golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya como presidente, y a Cuba, en 1962, tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro de 1959.

Venezuela defendió en reiteradas ocasiones que no pueden expulsar a Venezuela porque “ya se fue”. Caracas pidió dejar la OEA el 28 de abril de 2017 y por reglamento no será efectiva hasta abril de 2019. “El régimen de Maduro no tiene la posibilidad de elegir si quiere quedarse o irse. La Carta Interamericana Democrática lo decidirá”, defendió Almagro en rueda de prensa.

 

El secretario de Estado de EE UU urge a la OEA a suspender a Venezuela por Antonia Laborde – El País – 5 de Junio 2018

El país gobernado por Nicolás Maduro afirma que no los pueden echar, porque ya presentaron su renuncia en 2017

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El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, junto a Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), en la sede del organismo en Washington (EE UU). EFE

Estados Unidos quiere a Venezuela fuera de la Organización de Estados Americanos (OEA)pero todavía no es seguro que cuente con los votos necesarios para conseguirlo. El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, urgió este lunes a sus miembros a “respaldar sus palabras con acciones” y sancionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

Durante la 48ª Asamblea General, Washington y sus aliados presentaron una resolución conjunta para sancionar al país petrolero, aunque Caracas asegura que no es preciso porque ya renunció el año pasado.

“Esta es una movida extraña, desesperada, irónica”, afirmó el canciller venezolano, Jorge Arreaza. Efectivamente, en abril del año pasado el país gobernado por Nicolás Maduro presentó su renuncia, pero esta no se ha materializado. Arreaza explicó que su país debe cumplir con las responsabilidades del organismo hasta abril de 2019. “El presidente Maduro me envió porque sabía que este cartel organizado iba a tener como tema central Venezuela”, sostuvo Arreaza.

En la jornada inaugural de la asamblea, de dos días de duración, se votó de manera unánime —salvo el rechazo de Arreaza— tratar “la situación en Venezuela”. A pesar de que la que discusión está prevista para hoy a las tres de la tarde, hora local (las nueve de la noche en la Península), la mayoría de las ponencias de los ministros de Exteriores abordaron este lunes la crisis venezolana.

Aunque existe consenso para convocar una sesión especial destinada a considerar la situación en Venezuela e iniciar el proceso para suspender al país del organismo, su aprobación no está asegurada. Para dar paso a la sanción -un procedimiento que no se concretaría en la asamblea- se requieren 24 votos y por el momento hay al menos 18, según ha trascendido.

El debate de la suspensión llega una semana después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, enviara a La Haya un informe para que investiguen delitos de lesa humanidad en Venezuela, donde se señala al presidente Nicolás Maduro como uno de los “autores intelectuales de la represión”. Este tema, así como la legitimidad de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, se tratarán esta tarde. También puede que se presenten otras sanciones. Pompeo reclamó “medidas adicionales contra el régimen de Maduro hasta que haya la presión necesaria para que la gente pueda tener acceso a ayuda humanitaria”.

Almagro reivindicó en su discurso inicial el papel de la organización como “fuerza moral en la lucha por la democracia, único sistema político en el que podemos ser libres y dignos a la vez”. “Ningún opresor puede garantizar libertad y dignidad. Debemos tener un continente libre de dictaduras”, afirmó. Arreaza lo tildó de “sicario general de la OEA” por pronunciarse “contra Venezuela”.

El presidente del organismo y el Grupo de Lima —integrado por un total de catorce países americanos— ya han planteado en ocasiones anteriores aplicar la Carta Democrática contra Venezuela para suspender su participación, pero no han conseguido los apoyos suficientes. Según esa Carta, un Estado puede ser suspendido de la OEA por dos tercios de los votos de la Asamblea General, compuesta por 34 miembros activos (Cuba forma parte pero no participa).

Esta sanción solo se ha aplicado a dos países anteriormente: a Honduras, en 2009, después del golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya como presidente, y a Cuba en 1962, tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro de 1959.

A pesar de que no estaba en el borrador del plenario, Nicaragua también estuvo muy presente en los discursos de los ministros el primer día de la cita. Desde que estallaron, el 18 de abril, a ola de protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega ha dejado más de un centenar de muertos en medio de una feroz represión de la fuerza pública y de grupos armados que la apoyan. Consultado sobre este tema, el canciller de Venezuela sostuvo que su país “cree en la democracia nicaragüense y en su presidente Ortega”.

 

Declaración de los Presidentes, Mesas Directivas y Delegaciones de los Órganos Legislativos de América Latina y el Caribe – Cucuta, Colombia – 1 de Junio 2018

En el marco de la Carta Democrática Interamericana y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Presidentes, Mesas Directivas y Delegaciones de los Órganos Legislativos de América, en reunión solemne realizada en Villa del Rosario, Norte de Santander, el día 1° de Junio de 2018, con absoluto respeto por las normas de derecho internacional incluidas en los Instrumentos adoptados en el marco de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales competentes, teniendo en cuenta el desarrollo del derecho internacional de los Derechos Humanos y conscientes de la imperiosa necesidad de activar planes conjuntos de alivio humanitario y restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en la República de Venezuela,

CONSIDERANDO

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe “Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela”, de 31 de diciembre de 2017, señala que “ha venido observando un acelerado deterioro en la institucionalidad democrática y en la situación de derechos humanos en Venezuela que se ha profundizado e intensificado significativamente a partir de 2015”.

Que el régimen político presidido por Nicolás Maduro ha anulado el principio de separación e independencia de poderes, base de toda constitución democrática y pilar protegido por el derecho interamericano.

Que el Gobierno de Nicolás Maduro ha instalado un régimen de represión y de violencia gubernamental que hace parte de una política de violación sistemática de los derechos humanos, de tal gravedad, que ha desencadenado en crímenes de lesa humanidad, respecto de los cuales la Corte Penal Internacional investiga en la actualidad un cúmulo de denuncias.

Que la falta de independencia del poder judicial, junto a la pretensión de eliminar la Asamblea Nacional y sustituirla de facto por una Asamblea Constituyente irregular e ilegítima, son expresiones de concentración del poder en el Gobierno que desprecian el Estado de Derecho y los principios democráticos a los que se han obligado soberanamente y libres de toda presión los países de la región, según sea el caso Convención Americana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, Mercosur, Unasur, y demás organizaciones multilaterales de la región.

Que la crisis humanitaria en Venezuela, producto de la hambruna, el desabastecimiento general, la hiperinflación, los graves problemas en los servicios de salud y en el acceso a los mismos, así como la intensa represión, afectan severamente el goce del derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales de los venezolanos.

Que en Venezuela el régimen de Maduro ha destruido la clase media, y ha deteriorado la calidad de vida del pueblo en general al multiplicar la pobreza por ingreso que en 2014 fue de 48%, en 2015 de 73%, en 2016 de 81.8% y en 2017 de 87%, de este último el 64% de los venezolanos está en extrema pobreza.

Que la represión militar, policial y paramilitar ha cobrado cientos de víctimas mortales, que hoy el presidio político se extiende a más de 600 personas y que los líderes políticos y estudiantiles en su mayoría se hayan encarcelados, exilados o perseguidos, así como la severa restricción de la libertad de expresión que constituyen un componente ya histórico en la lógica represiva del gobierno.

Que producto de lo anterior, la ciudad de Cúcuta y el Departamento de Norte de Santander se han visto profundamente afectados, que la capacidad de atención a los exiliados se halla desbordada, lo cual agudiza los problemas sociales y económicos en esta ciudad y de este Departamento, y consecuencialmente, superar esta situación debe ser una responsabilidad compartida por todo el continente,

DECLARAN

1. Llamar a la solidaridad a los Gobiernos del Continente y a la Comunidad Internacional con el pueblo de Venezuela, ante la ruptura del orden constitucional y la suspensión del sistema democrático efectuada por el Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro en abierta violación de las normas de protección del régimen democrático, el ejercicio de las libertades y de los derechos humanos que obligan a los países del hemisferio.

2. Desconocer los resultados de las elecciones nacionales del 20 de mayo de 2018 en Venezuela y rechazar la jornada electoral que se adelantó, cuya convocatoria fue ilegal y no cumple con los mínimos estándares democráticos aceptables para una elección.

3. Exigir la convocatoria a unas elecciones libres, transparentes y democráticas, que cuenten con todas las garantías para los participantes, incluyendo misiones imparciales de observación electoral y que se haga efectivo el derecho del pueblo venezolano a decidir sobre su futuro.

4. Convocar a la comunidad internacional para aunar esfuerzos con a fin de contribuir con decididas acciones para que se restablezca en Venezuela el principio de separación e independencia de poderes y se respete la soberanía de su Asamblea Nacional, desconocida por el régimen de facto impuesto por Nicolás Maduro.

5. Condenar al Gobierno de Nicolás Maduro por pretender acallar las denuncias 1 Inter-American Commission on Human Rights. Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela: Informe de país: Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 31 de diciembre de 2017 / Comisión Interamericana de Derechos Humanos. v.; cm. (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L/V/II) ISBN 978-0-8270-6724-0 ante el mundo sobre la sistemática violación a los derechos humanos que ocurre en Venezuela, mediante el decomiso, la no expedición y el bloqueo de pasaportes a los miembros de la oposición que ostentan la dignidad de Diputados ante la Asamblea Nacional.

6. Reconocer la grave crisis humanitaria por la cual atraviesa el pueblo venezolano, producto de la ruptura de las instituciones democráticas, las violaciones flagrantes a las libertades y garantías básicas por parte del régimen encabezado por Nicolás Maduro y los miembros de la Asamblea Constituyente, respaldados por parte de Fuerzas Armadas desleales a la Constitución, Colectivos irregulares e intereses corruptos.

7. Rechazar las flagrantes violaciones al debido proceso, así como la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes a que han sido sometidos los presos políticos venezolanos y sus familias, por el simple hecho de ejercer sus derechos fundamentales a la expresión y la protesta.

8. Reconocer la “responsabilidad de proteger” que tiene la Comunidad Internacional respecto a la debacle humanitaria, nutricional, sanitaria y migratoria venezolana, que ha generado un éxodo masivo. En consecuencia,

NOS COMPROMETEMOS

A propiciar ante los Gobiernos de nuestros países las siguientes medidas inmediatas:

1. Convocar la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), a coordinar la gestión regional logística y presupuestal, para la atención de los migrantes venezolanos que ingresan a nuestros países a causa del evidente colapso institucional y de la hambruna en Venezuela.

2. Instar a nuestros Gobiernos a crear un Fondo de Cooperación Internacional para garantizar la atención humanitaria de los migrantes, su inserción laboral y productiva transitoria.

3. Desarrollar en nuestros Órganos Legislativos una agenda legislativa común que permita responder a la crisis coyuntural por la que atraviesan millones de venezolanos expulsados de su territorio producto de la represión del régimen y la situación de hambruna en dicho país a partir de las siguientes medidas:

  • a. Conceder refugio de forma automática a los funcionarios y dirigentes que hayan sido elegidos mediante voto popular, en cualquier fecha, desde 1998, a corporaciones o gobiernos locales, al igual que a los integrantes del poder judicial de Venezuela que así lo soliciten.
  • b. Facilitar la permanencia y tránsito de ciudadanos venezolanos con pasaportes y documentos caducados, ante la incapacidad o negligencia del régimen de Nicolás Maduro para suministrarlos.
  • c. Flexibilizar los requisitos de permanencia y residencia de los ciudadanos de Venezuela, así como la expedición rápida de salvoconductos migratorios para el tránsito interamericano de la población migrante.
  • d. Elaborar un régimen especial migratorio respecto de nuestros colegas de la Asamblea Nacional de Venezuela, para su libre tránsito y permanencia en nuestros territorios, eximiéndolos de los requisitos generales de regularización tales como la presentación de pasaportes, de manera que se les permita ejercer su derecho de locomoción en el territorio interamericano con cualquier documento de identidad.
  • e. Flexibilizar los criterios de acreditación de los títulos de los migrantes y adopción de un trámite expedito para la misma.

4. Frente a la corrupción del régimen de Nicolás Maduro y la consecuente pérdida de patrimonio venezolano, requerir a los Gobiernos y Órganos Legislativos de nuestros países:

  • a. Activar las unidades de inteligencia e investigación financiera y adoptar la legislación necesaria, para incautar y congelar los capitales controlados por altos funcionarios del gobierno venezolano en los países de la región, de las empresas controladas por estos y los fondos y demás patrimonio personal y de sus testaferros.
  • b. Negar y revocar las visas o el ingreso a los altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, a quienes hacen parte del Gobierno, a funcionarios judiciales involucrados en la violación del orden constitucional y del ordenamiento jurídico y a miembros de la Asamblea Constituyente así como a sus socios en actividades comerciales.
  • c. Revisar los antecedentes de las solicitudes de visados especiales por inversión, para evitar que corruptos y violadores de derechos humanos, puedan establecer su patrimonio en nuestros Estados.

Cúcuta, Norte de Santander, Colombia, 1 de junio de 2018,

Declaración del Gobierno de Chile respecto al proceso electoral en Venezuela – 20 de Mayo 2018

Fidel, Betancourt y el Bogotazo por Ibsen Martínez – El País – 10 de Abril 2018

La tragedia venezolana testimonia dolorosamente cuán inviable ha resultado el inhumano modelo cubano
UnknownHace 70 años, el caudillo liberal colombiano Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado y ardió Bogotá. La revuelta que siguió al magnicidio bien pudo haber dejado 2.000 muertos en la capital y otros 500 en provincia.

En la ciudad se congregaban siete jefes de Estado, 14 cancilleres, entre ellos el general George Marshall, secretario de Estado estadounidense. Aquella IX Conferencia Internacional Americana creó la Organización de Estados Americanos.

Buena parte de las delegaciones representaba a las dictaduras militares del continente que, en conjunto y cementadas por la incipiente Guerra Fría, iban a formar lo que una fórmula periodística llamó “la continental de las espadas”.

La delegación venezolana, sin embargo, estuvo encabezada por Rómulo Betancourt quien, a sus 40 años, era ya uno de los más curtidos líderes democráticos del continente. Apenas dos meses atrás, Betancourt había impuesto la banda presidencial a otro Rómulo, Gallegos, novelista y primer mandatario civil elegido por sufragio universal en la Venezuela del siglo XX. Otra delegación, no oficial, llegó a Bogotá por aquellos días, comandada –es la palabra justa– por el joven Fidel Castro.

Fidel, por entonces ficha del Partido Ortodoxo cubano, se proponía organizar un congreso de juventudes antiimperialistas latinoamericanas y contraponerlo estridentemente a la Conferencia Interamericana. Aunque solo tenía 22 años, ya se había hecho un nombre en el violento gansterismo político cubano de la época.

Una leyenda quiere que Castro y Bentacourt lleguen a reunirse en Bogotá y que el encuentro termine mal, prefigurando así la futura rivalidad entre el dictador y el líder democrático. Lo cierto es que sus mundos distaban mucho entre sí y, además, cada quien anduvo muy ocupado.

Al margen del protocolo y las deliberaciones, Betancourt se empleó a fondo promoviendo privadamente entre los delegados de los gobiernos democráticos la doctrina de que la Carta de la OEA preceptuara la obligación de tender un cordón sanitario que aislase a los gobiernos de facto. Advertía ya, quizá, que el gobierno de Gallegos iba a sucumbir a un golpe militar siete meses más tarde. Extemporánea todavía, la idea no tuvo éxito.

Fidel, por su parte, se las apañó para que su delegación “estudiantil” fuese recibida por Gaitán. El líder liberal prometió clausurar con un discurso suyo el congreso estudiantil. Para Fidel, que todavía jugaba en las ligas menores, no significaba poca cosa aquel espaldarazo.

El magnicidio y la violencia desatada en Bogotá sorprendieron a Fidel en la calle. Cediendo a sus instintos, no vaciló en unirse a unos hombres de ruana que asaltaron una delegación de policía. Allí se hizo de un fusil Mauser y dieciséis balas antes de volver a las calles. Arengó a grupos de exaltados y tiroteó la fachada de edificios públicos. Al cabo, cansado de andar entre la deflagración y la muerte, buscó albergue en la embajada cubana. Aquel era su primer viaje fuera de Cuba.

La reunión entre Betancourt y Fidel vino finalmente a realizarse once años más tarde, en Caracas, en enero de 1959.

Betancourt había sido elegido presidente, luego del derrocamiento del general Pérez Jiménez en enero del 58. Era además, probablemente, el único latinoamericano que no había caído bajo el hechizo del guerrillero que entró apoteósicamente a La Habana hacía dos semanas. Fidel voló a Caracas a pedir petróleo para su revolución; Betancourt no tuvo más remedio que negárselo: el dictador fugitivo había dejado las arcas vacías.

Desde aquel momento comenzó un desafío continental entre dos modelos que habría de prolongarse durante décadas: el de Fidel, violento, expropiatorio y totalitario, y el de Betancourt, democrático, de economía de mercado y constitucionalista.

A la larga, los movimientos guerrilleros alentados por Fidel desde los años sesenta fracasaron, uno tras otro, en tanto que las dictaduras militares fueron poco a poco desplazadas, no sin lucha ni sacrificio, por regímenes democráticos, imperfectos y controvertidos, pero hoy absolutamente mayoritarios en la región.

La tragedia venezolana testimonia dolorosamente cuán inviable ha resultado el inhumano modelo cubano, en tanto que el creciente aislamiento de la dictadura de Maduro, sancionado por cada vez más gobiernos del Hemisferio, demuestra la poderosa pertinencia de la doctrina que el delegado venezolano, Rómulo Betancourt, puso callada y solitariamente a circular hace setenta años mientras Fidel Castro tiroteaba edificios públicos en una Bogotá que ardía.

 

Lo que Trump debe hacer en Venezuela por Andrés Oppenheimer – El Nuevo Herald – 14 de febrero 2018

unknownEstimado Presidente Trump, si usted está tan preocupado por la tragedia de Venezuela como lo afirma estar, hay varias acciones concretas que podría tomar para ayudar a restablecer la democracia allí. Permítanme citar cinco de ellas.

En primer lugar, instruya al Secretario de Estado, Rex Tillerson, de que monte una ofensiva diplomática para aprobar una resolución en la Organización de Estados Americanos que declare ilegítima la farsa electoral montada por el dictador venezolano Nicolás Maduro para el 22 de abril.

Aunque el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dicho en repetidas ocasiones que las elecciones venezolanas serán una broma –entre otras cosas porque Maduro ha prohibido la participación de los principales líderes de la oposición– es solo su opinión personal. No tiene el peso político de las resoluciones de la OEA como una organización internacional.

La OEA estuvo a punto de aprobar una resolución que condenaba a Venezuela en su reunión de junio de 2017 en Cancún, México, pero perdió por tres votos. El resultado se debió en gran parte a que el gobierno que usted preside no puso mucho peso diplomático detrás de la propuesta. Tillerson ni siquiera asistió a la reunión, sino que envió a un funcionario de menor rango.

Esta semana, el Grupo de Lima, que incluye a México, Brasil y Argentina, aprobó una nueva declaración objetando la farsa electoral de Maduro. Fue un paso adelante, pero el Grupo de Lima no tiene el peso institucional de la OEA.

La única manera de construir un caso para aplicar la Carta Democrática de la OEA contra el régimen venezolano, que podría llevar a sanciones regionales contra Venezuela, sería aprobar una resolución en la OEA declarando ilegítima la elección del 22 de abril. Diplomáticos latinoamericanos me dicen que hay un nuevo proyecto de resolución de la OEA a tal efecto, respaldado, entre otros, por México, Brasil, Canadá y Argentina.

Señor presidente, ¿hará su gobierno un esfuerzo serio para ayudar a que se apruebe esa resolución? Tillerson hasta ahora no ha asistido a una sola reunión de cancilleres de la OEA sobre Venezuela. Eso ha enviado un mensaje a la comunidad diplomática de que su gobierno habla mucho sobre Venezuela, pero es puro teatro político para consumo interno en Estados Unidos.

En segundo lugar, señor presidente, asista a la Cumbre de las Américas del 13 de abril en Lima. Si usted no va, como muchos temen, será el primer presidente de Estados Unidos que no asiste a estas cumbres hemisféricas desde que comenzaron en Miami en 1994.

Además, los latinoamericanos recordarán su comentario de que El Salvador y Haití son “países de mierda”, y sus frecuentes comentarios racistas sobre México. Concluirán que usted mira a la región con desprecio, y que realmente no le importa Venezuela.

Tercero, trate de convencer a uno o más países latinoamericanos para que soliciten una investigación formal de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad de Maduro. La fiscal de la CPI abrió recientemente una investigación preliminar contra Maduro, pero tendría que iniciar una investigación formal si algún país miembro lo solicita.

Cuarto, señor presidente, pida que se dé a conocer la información de Estados Unidos sobre los sobornos de la firma constructora Odebrecht a altos funcionarios venezolanos. El Departamento de Justicia divulgó en 2016 que Odebrecht pagó $98 millones en sobornos a altos funcionarios venezolanos, pero desde que usted asumió el gobierno no se informó más sobre el tema.

Quinto, ponga fin a los absurdos rumores que circulan en Venezuela de que usted está a punto de lanzar un ataque militar para derrocar a Maduro. Eso no hace más que darle munición propagandística al régimen de Maduro y debilita a la oposición interna de Venezuela.

Usted ni siquiera ha logrado un consenso dentro de su gobierno para cortar las importaciones de petróleo de CITGO de Venezuela. Dejar hablar sobre una acción militar que no existirá es irresponsable y contraproducente.

Resumiendo, señor presidente, usted merece crédito por ampliar las sanciones individuales del gobierno de Obama contra altos funcionarios venezolanos. Pero, a pesar de su discurso duro sobre Venezuela, debe tomar acciones diplomáticas concretas, o será visto como un charlatán.

 

Venezuela, más allá de todo por Ayelén Oliva – Nueva Sociedad – Agosto 2017

Los bloques regionales y los centros de poder opinan sobre Venezuela. Desde Trump a la ONU, desde la Unasur a la Unión Europea. ¿Qué es lo que viene en el país más conflictivo de América Latina?

No es guerra ni revolución. Es conflicto. Y en el centro del conflicto siempre está la violencia como último recurso. Sea violencia en acto – esa que aparece cuando una bala le parte la cabeza a un manifestante–, o su contracara silenciosa – la violencia de situación que se traduce en opresión–. Venezuela vive una confrontación de dos voluntades en la que una intenta dominar a la otra con la esperanza de imponerse. Una desde el control del Estado. La otra, con el respaldo de una multiplicidad de actores externos.

Se ha instalado la idea de que la mecha que encendió las protestas opositoras, sostenidas hace ya varios meses en las calles y que han dejado más de un centenar de muertos y varios detenidos, fue la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las competencias de la Asamblea. Sin embargo, pocos rescatan las causas que llevaron a esa decisión. Unos días antes, la Asamblea Nacional había instando por medio de un proyecto firmado por todo el arco opositor, a la aplicación de la Carta Democrática de la OEA como «mecanismo de resolución pacífica de conflictos» en pos de «restituir el orden constitucional» en Venezuela. En una apuesta arriesgada, fue la oposición desde sus bancas en el Congreso, la que llegó a pedir la suspensión de su país del bloque y la intervención de este organismo en la política venezolana. La supeditación de la estrategia opositora a un actor internacional fue leía como actitud desafiante por el oficialismo que optó por hacer jugar a la Justicia a su favor de manera bastante torpe. El secretario general de la OEA jugó, a mediados de marzo, un rol fundamental en tensionar aún más la situación.

Luis Almagro había presentado, unas semanas antes a esta decisión de la Asamblea, la actualización del informe del organismo donde invocaba la aplicación de la Carta Democrática que no había podido aplicar el año anterior por falta de apoyo. En una jugada estratégica, Almagro logró reinstalar el tema en la agenda de la política internacional bajo la amenaza de expulsión en el caso en que el gobierno no llamara a elecciones generales en los siguientes 30 días. De ahí, todo lo anterior.

Es evidente que los actores externos no permanecen ajenos a este conflicto donde también se juega su proyección internacional. «No queremos ser Venezuela» escuchamos hasta el cansancio en los debates de diversos países. Legisladores argentinos, diputados brasileños y políticos españoles han hecho de esa frase un mantra permanente. El fantasma de la crisis económica aparece como intimación engañosa si tenemos en cuenta que el ingreso en divisas en países como Argentina o Brasil no depende de un solo producto como sí es el caso de Venezuela, trampa malintencionada, a su vez, la de reducir a la mala gestión de gobierno como única causa del caótico panorama que atraviesa ese país. Sin ninguna duda, la administración de una economía con una caída del 60 por ciento de los ingresos en divisas respecto al año anterior, es inviable para cualquiera administración, sea del color político que sea y con el presidente que sea.

La Venezuela de Chávez fue la punta de lanza, marcó el pulso de los gobiernos izquierda y progresistas de la región que llegarían un par de años más tarde y, a su vez, es ella quien aún persiste por la fuerza, en medio del viraje político de corte liberal que se abre paso en América Latina. Sin embargo, la apuesta desesperada a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, con el fin de cambiar el pulso de la agenda política junto a la necesidad de crear un nuevo marco legal capaz de respaldar las siguientes decisiones y de patear para adelante la convocatoria a una elección general, restó aliados en el plano internacional y terminó por romper la frágil posición que mantenía el Mercosur de no interferencia.

Con la amenaza siempre latente de su suspensión, los gobiernos de Argentina, Paraguay y el de Michel Temer en Brasil intentaron, por medio de su herramienta regional, instar a un cambio de rumbo en la política venezolana. Uruguay, con un protagonismo emergente casi desconocido, resultó el contrapeso político a los gigantes sudamericanos, posición que no logró sostener una vez convocada las elecciones para la Constituyente haciendo que el bloque como un todo compacto, terminara por darle la espalda al gobierno de Maduro. Al no existir la expulsión, la aplicación de la suspensión permanente de Venezuela del bloque por la «ruptura del orden democrático» , resulta la máxima sanción prevista por el organismo. Esta decisión termina de dejar completamente aislada a Venezuela en su propio terreno, donde sólo mantiene el apoyo de Bolivia ya que Ecuador, bajo la administración del nuevo presidente de Alianza País, Lenin Moreno, acaba de expresar públicamente su preocupación por la situación política de Venezuela.

El gran ausente es Unasur. Ernesto Samper, ex presidente de Colombia, quien dejó el cargo de secretario general del bloque a finales de enero, sostuvo que «la intervención de Unasur en el proceso de Venezuela está absolutamente congelada». El problema es que este organismo atraviesa su propia crisis interna, un proceso de vaciamiento de su poder real como lo tuvo el Mercosur cuando la Unasur comenzó a disputarle el protagonismo regional, por lo que no cuenta con la entereza suficiente para dar respuesta. Si el Mercosur tuvo su raíz comercial en plena década liberal, la Unasur fue su contracara, un organismo fundamentalmente político que emergió como instancia supranacional con un sello de época.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió en los últimos días con la amenaza de una violencia en acto. Aseguró que su gobierno no descarta la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Imprudente, como siempre, Trump sostuvo que es su condición de país vecino hacía más fácil la idea de una intervención, «tenemos tropas por todo el mundo, por qué no ir aquí al lado».

Pero el rechazo a estas declaraciones fueron absolutas. «Ni dictadura ni intervención», expresó como voluntad el secretario general de la ONU. António Guterres sostuvo que «América Latina ha logrado librarse tanto de la intervención extranjera como del autoritarismo. Esa es una lección que es muy importante salvaguardar, concretamente en Venezuela».

Por su parte, la Unión Europea fue uno de los primeros bloques regionales en hacer público su rechazo a la convocatoria Constituyente. Federica Mogherini, representante de la Unión para la Política Exterior, sostuvo que «no pueden reconocer la Asamblea Constituyente por su preocupación en cuanto a su efectiva representatividad y legitimidad». La crítica se centra en la falta de representación de un Legislativo que no contó con la participación de la oposición. Pero no fue la primera declaración fuerte contra el oficialismo, si tenemos en cuenta la presión política que se ha dado desde ese organismo en el reclamo por la liberación de los políticos presos. Bruselas insiste en la importancia de respetar el calendario electoral, abrir un canal humanitario, liberar a los opositores y respetar la Asamblea Nacional.

El único aliado al gobierno de Venezuela parece ser Rusia. El Kremlin respaldó la Constituyente y criticó a los países que no la reconocieron. En un comunicado del Ministerio Relaciones Exteriores ruso, denunciaron una «presión económica sobre Caracas» por parte de los países centrales para profundizar la polarización y el enfrentamiento. Si bien el apoyo político es clave, el respaldo económico desde Rusia resulta limitado.

China optó por ser más prudente. Lo que busca el gigante asiático, en este momento, es que Venezuela salde una deuda de unos 65.000 millones de dólares. Si bien este préstamo da cuenta de los lazos que existen entre ambos países también expone sus limitaciones.

La buena noticia, entre tanto desconcierto, es que algo parece haber persistido: el rechazo en América Latina a cualquier iniciativa de injerencia militar en conflictos de política interna. La negativa regional a la propuesta militar de Trump fue rotunda y unánime.

Raúl Castro, en enero del 2014, declaró a América Latina y el Caribe como zona de Paz. Fue durante la cumbre de jefes y jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) cuando sostuvo que, una vez resuelto el proceso de paz en Colombia, la región podía garantizar el camino pacífico y negociado para la resolución de sus problemas, sin violencia.

En la declaración, firmada hace más de tres años por una treintena de presidentes de la región, decía: «Nuestro compromiso permanente es con la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de nuestra región». En estos tiempos peligrosos, no viene mal recordarnos las décadas y la sangre que le llevó a América Latina terminar con largos años de violencia.

Declaración de México sobre el golpe de estado constituyente en Venezuela ante la Asamblea de la OEA – Idea – 16 de Junio 2017

Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática) reiteramos nuestra profunda preocupación por la total ruptura del orden constitucional y democrático, la violación sistemática y generalizada de derechos humanos y la violencia provocada por las fuerzas del orden al servicio del régimen que ya ha cobrado más de 72 víctimas fatales en Venezuela.

Desde que en diciembre de 2015 fuera elegida por el pueblo una nueva Asamblea Nacional de signo mayoritariamente opositor, el régimen imperante, en colusión con el resto de los poderes públicos bajo su control, ha consumado mediante acciones sucesivas un golpe de Estado; primero para organizar una Justicia constitucional a su medida, luego para despojar al parlamento de sus competencias constitucionales, y posteriormente para cercenar los derechos del pueblo de convocar un referendo revocatorio presidencial y elegir oportunamente a sus autoridades regionales y municipales..

Más recientemente, en su desesperado afán por legitimar aquello que resulta inaceptable para los ciudadanos, se instruye al Consejo Nacional Electoral para que convoque una Asamblea Nacional Constituyente de corte y elección corporativos, según términos de conveniencia fijados por el propio presidente Nicolás Maduro, desconociéndose el principio democrático de la elección universal, directa y secreta de la representación popular. Con esta burda maniobra, se le ha puesto punto final a la democracia y al Estado de Derecho en Venezuela y de concretarse, supondrá la consolidación de una dictadura totalitaria y la anulación de toda manifestación futura de la soberanía popular que procure una salida a la crisis por la vía democrática.

Hoy el régimen de Maduro gobierna usurpando por decreto los poderes legislativos, y sustituye la justicia ordinaria y el debido proceso por la Justicia militar y los juicios sumarios para procesar y condenar a quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta pacífica y a la disidencia política. A sabiendas de que la única forma de sostenerse en el poder es mediante el uso de la fuerza y la represión, lanza la Fuerza Armada a las calles y con el apoyo de grupos paramilitares reprimen vilmente a quienes se manifiestan, dejando tras de sí una estela de dolor y violencia.

Los graves hechos citados, sin precedentes en la historia reciente de nuestro hemisferio, deben concitar la adopción inmediata de medidas concretas que, dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana, aseguren una ruta efectiva hacia la salida de la dramática crisis que golpea a las y los venezolanos.   En concreto, llamamos a los más altos representantes de   la diplomacia hemisférica reunidos próximamente en Cancún, México, a adoptar una resolución que considere los siguientes puntos:

  1. La inmediata gestión por parte del gobierno de Venezuela para procurar asistencia humanitaria internacional que mitigue las penurias que aquejan al pueblo
  2. El cese de los actos de violencia y represión ejecutados y promovidos por las fuerzas de seguridad regulares e irregulares auspiciadas por el gobierno de
  3. La identificación y efectiva sanción de quienes han violado de manera flagrante y encubierta los derechos
  4. El respeto absoluto de los derechos humanos y el Estado de derecho, mediante la liberación de presos políticos, el cese de las detenciones arbitrarias, el respeto al debido proceso y la suspensión de juicios militares a
  5. La restitución de las competencias constitucionales a la Asamblea Nacional y la elaboración de un calendario electoral junto con las garantías para una competencia justa y con la presencia de observadores internacionales
  6. La paralización de la iniciativa de una Asamblea Constituyente Nacional tal y como la ha convocado el Consejo

Todos los gobiernos de la región están llamados a asumir un comportamiento consistente con su adhesión a la Carta Democrática y con los más esenciales sentimientos de solidaridad y humanidad. Nadie, en este aciago momento para Venezuela, puede ser indiferente al grito de protesta de la gente en la calle, al dolor infligido a quienes pacíficamente desafían las acciones represivas, al llanto de las madres por sus hijos asesinados, a las escenas de hambre que golpea a los niños, a la plegaria de quienes en las cárceles siguen resistiendo la injusticia de su detención aferrados a la esperanza de que la comunidad internacional finalmente les escuche.

Nadie puede ser indiferente al sufrimiento de Venezuela; mucho menos los máximos representantes de los pueblos de nuestro hemisferio quienes miran con indignación y estupor la inexplicable inacción de algunos de sus gobiernos.

México D.F., 16 de junio de 2017.

Vicente Fox, México (Anfitrión) , Oscar Arias, Costa Rica ; José María Aznar, España, Belisario Betancur, Colombia ; Felipe Calderón H., México ; Rafael Ángel Calderón F., Costa Rica ;  Laura Chinchilla, Costa Rica; Alfredo Cristiani, El Salvador;  José María Figueres, Costa Rica;  Eduardo Frei T., Chile ; César Gaviria T., Colombia; Felipe González, España; Lucio Gutiérrez, Ecuador; Jorge Jamil Mahuad, Ecuador Luis Alberto Lacalle, Uruguay; Mireya Moscoso, Panamá; Andrés Pastrana A., Colombia;  Jorge Tuto Quiroga, Bolivia; Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica; Fernando de la Rúa, Argentina; Julio María Sanguinetti, Uruguay; Álvaro Uribe V., Colombia;Juan Carlos Wasmosy, Paraguay                                        

 Es auténtica, Asdrúbal Aguiar

 

 

 

 

 

 

 

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