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Venezuela, más allá de todo por Ayelén Oliva – Nueva Sociedad – Agosto 2017

Los bloques regionales y los centros de poder opinan sobre Venezuela. Desde Trump a la ONU, desde la Unasur a la Unión Europea. ¿Qué es lo que viene en el país más conflictivo de América Latina?

No es guerra ni revolución. Es conflicto. Y en el centro del conflicto siempre está la violencia como último recurso. Sea violencia en acto – esa que aparece cuando una bala le parte la cabeza a un manifestante–, o su contracara silenciosa – la violencia de situación que se traduce en opresión–. Venezuela vive una confrontación de dos voluntades en la que una intenta dominar a la otra con la esperanza de imponerse. Una desde el control del Estado. La otra, con el respaldo de una multiplicidad de actores externos.

Se ha instalado la idea de que la mecha que encendió las protestas opositoras, sostenidas hace ya varios meses en las calles y que han dejado más de un centenar de muertos y varios detenidos, fue la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las competencias de la Asamblea. Sin embargo, pocos rescatan las causas que llevaron a esa decisión. Unos días antes, la Asamblea Nacional había instando por medio de un proyecto firmado por todo el arco opositor, a la aplicación de la Carta Democrática de la OEA como «mecanismo de resolución pacífica de conflictos» en pos de «restituir el orden constitucional» en Venezuela. En una apuesta arriesgada, fue la oposición desde sus bancas en el Congreso, la que llegó a pedir la suspensión de su país del bloque y la intervención de este organismo en la política venezolana. La supeditación de la estrategia opositora a un actor internacional fue leía como actitud desafiante por el oficialismo que optó por hacer jugar a la Justicia a su favor de manera bastante torpe. El secretario general de la OEA jugó, a mediados de marzo, un rol fundamental en tensionar aún más la situación.

Luis Almagro había presentado, unas semanas antes a esta decisión de la Asamblea, la actualización del informe del organismo donde invocaba la aplicación de la Carta Democrática que no había podido aplicar el año anterior por falta de apoyo. En una jugada estratégica, Almagro logró reinstalar el tema en la agenda de la política internacional bajo la amenaza de expulsión en el caso en que el gobierno no llamara a elecciones generales en los siguientes 30 días. De ahí, todo lo anterior.

Es evidente que los actores externos no permanecen ajenos a este conflicto donde también se juega su proyección internacional. «No queremos ser Venezuela» escuchamos hasta el cansancio en los debates de diversos países. Legisladores argentinos, diputados brasileños y políticos españoles han hecho de esa frase un mantra permanente. El fantasma de la crisis económica aparece como intimación engañosa si tenemos en cuenta que el ingreso en divisas en países como Argentina o Brasil no depende de un solo producto como sí es el caso de Venezuela, trampa malintencionada, a su vez, la de reducir a la mala gestión de gobierno como única causa del caótico panorama que atraviesa ese país. Sin ninguna duda, la administración de una economía con una caída del 60 por ciento de los ingresos en divisas respecto al año anterior, es inviable para cualquiera administración, sea del color político que sea y con el presidente que sea.

La Venezuela de Chávez fue la punta de lanza, marcó el pulso de los gobiernos izquierda y progresistas de la región que llegarían un par de años más tarde y, a su vez, es ella quien aún persiste por la fuerza, en medio del viraje político de corte liberal que se abre paso en América Latina. Sin embargo, la apuesta desesperada a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, con el fin de cambiar el pulso de la agenda política junto a la necesidad de crear un nuevo marco legal capaz de respaldar las siguientes decisiones y de patear para adelante la convocatoria a una elección general, restó aliados en el plano internacional y terminó por romper la frágil posición que mantenía el Mercosur de no interferencia.

Con la amenaza siempre latente de su suspensión, los gobiernos de Argentina, Paraguay y el de Michel Temer en Brasil intentaron, por medio de su herramienta regional, instar a un cambio de rumbo en la política venezolana. Uruguay, con un protagonismo emergente casi desconocido, resultó el contrapeso político a los gigantes sudamericanos, posición que no logró sostener una vez convocada las elecciones para la Constituyente haciendo que el bloque como un todo compacto, terminara por darle la espalda al gobierno de Maduro. Al no existir la expulsión, la aplicación de la suspensión permanente de Venezuela del bloque por la «ruptura del orden democrático» , resulta la máxima sanción prevista por el organismo. Esta decisión termina de dejar completamente aislada a Venezuela en su propio terreno, donde sólo mantiene el apoyo de Bolivia ya que Ecuador, bajo la administración del nuevo presidente de Alianza País, Lenin Moreno, acaba de expresar públicamente su preocupación por la situación política de Venezuela.

El gran ausente es Unasur. Ernesto Samper, ex presidente de Colombia, quien dejó el cargo de secretario general del bloque a finales de enero, sostuvo que «la intervención de Unasur en el proceso de Venezuela está absolutamente congelada». El problema es que este organismo atraviesa su propia crisis interna, un proceso de vaciamiento de su poder real como lo tuvo el Mercosur cuando la Unasur comenzó a disputarle el protagonismo regional, por lo que no cuenta con la entereza suficiente para dar respuesta. Si el Mercosur tuvo su raíz comercial en plena década liberal, la Unasur fue su contracara, un organismo fundamentalmente político que emergió como instancia supranacional con un sello de época.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió en los últimos días con la amenaza de una violencia en acto. Aseguró que su gobierno no descarta la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Imprudente, como siempre, Trump sostuvo que es su condición de país vecino hacía más fácil la idea de una intervención, «tenemos tropas por todo el mundo, por qué no ir aquí al lado».

Pero el rechazo a estas declaraciones fueron absolutas. «Ni dictadura ni intervención», expresó como voluntad el secretario general de la ONU. António Guterres sostuvo que «América Latina ha logrado librarse tanto de la intervención extranjera como del autoritarismo. Esa es una lección que es muy importante salvaguardar, concretamente en Venezuela».

Por su parte, la Unión Europea fue uno de los primeros bloques regionales en hacer público su rechazo a la convocatoria Constituyente. Federica Mogherini, representante de la Unión para la Política Exterior, sostuvo que «no pueden reconocer la Asamblea Constituyente por su preocupación en cuanto a su efectiva representatividad y legitimidad». La crítica se centra en la falta de representación de un Legislativo que no contó con la participación de la oposición. Pero no fue la primera declaración fuerte contra el oficialismo, si tenemos en cuenta la presión política que se ha dado desde ese organismo en el reclamo por la liberación de los políticos presos. Bruselas insiste en la importancia de respetar el calendario electoral, abrir un canal humanitario, liberar a los opositores y respetar la Asamblea Nacional.

El único aliado al gobierno de Venezuela parece ser Rusia. El Kremlin respaldó la Constituyente y criticó a los países que no la reconocieron. En un comunicado del Ministerio Relaciones Exteriores ruso, denunciaron una «presión económica sobre Caracas» por parte de los países centrales para profundizar la polarización y el enfrentamiento. Si bien el apoyo político es clave, el respaldo económico desde Rusia resulta limitado.

China optó por ser más prudente. Lo que busca el gigante asiático, en este momento, es que Venezuela salde una deuda de unos 65.000 millones de dólares. Si bien este préstamo da cuenta de los lazos que existen entre ambos países también expone sus limitaciones.

La buena noticia, entre tanto desconcierto, es que algo parece haber persistido: el rechazo en América Latina a cualquier iniciativa de injerencia militar en conflictos de política interna. La negativa regional a la propuesta militar de Trump fue rotunda y unánime.

Raúl Castro, en enero del 2014, declaró a América Latina y el Caribe como zona de Paz. Fue durante la cumbre de jefes y jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) cuando sostuvo que, una vez resuelto el proceso de paz en Colombia, la región podía garantizar el camino pacífico y negociado para la resolución de sus problemas, sin violencia.

En la declaración, firmada hace más de tres años por una treintena de presidentes de la región, decía: «Nuestro compromiso permanente es con la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de nuestra región». En estos tiempos peligrosos, no viene mal recordarnos las décadas y la sangre que le llevó a América Latina terminar con largos años de violencia.

Declaración de México sobre el golpe de estado constituyente en Venezuela ante la Asamblea de la OEA – Idea – 16 de Junio 2017

Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática) reiteramos nuestra profunda preocupación por la total ruptura del orden constitucional y democrático, la violación sistemática y generalizada de derechos humanos y la violencia provocada por las fuerzas del orden al servicio del régimen que ya ha cobrado más de 72 víctimas fatales en Venezuela.

Desde que en diciembre de 2015 fuera elegida por el pueblo una nueva Asamblea Nacional de signo mayoritariamente opositor, el régimen imperante, en colusión con el resto de los poderes públicos bajo su control, ha consumado mediante acciones sucesivas un golpe de Estado; primero para organizar una Justicia constitucional a su medida, luego para despojar al parlamento de sus competencias constitucionales, y posteriormente para cercenar los derechos del pueblo de convocar un referendo revocatorio presidencial y elegir oportunamente a sus autoridades regionales y municipales..

Más recientemente, en su desesperado afán por legitimar aquello que resulta inaceptable para los ciudadanos, se instruye al Consejo Nacional Electoral para que convoque una Asamblea Nacional Constituyente de corte y elección corporativos, según términos de conveniencia fijados por el propio presidente Nicolás Maduro, desconociéndose el principio democrático de la elección universal, directa y secreta de la representación popular. Con esta burda maniobra, se le ha puesto punto final a la democracia y al Estado de Derecho en Venezuela y de concretarse, supondrá la consolidación de una dictadura totalitaria y la anulación de toda manifestación futura de la soberanía popular que procure una salida a la crisis por la vía democrática.

Hoy el régimen de Maduro gobierna usurpando por decreto los poderes legislativos, y sustituye la justicia ordinaria y el debido proceso por la Justicia militar y los juicios sumarios para procesar y condenar a quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta pacífica y a la disidencia política. A sabiendas de que la única forma de sostenerse en el poder es mediante el uso de la fuerza y la represión, lanza la Fuerza Armada a las calles y con el apoyo de grupos paramilitares reprimen vilmente a quienes se manifiestan, dejando tras de sí una estela de dolor y violencia.

Los graves hechos citados, sin precedentes en la historia reciente de nuestro hemisferio, deben concitar la adopción inmediata de medidas concretas que, dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana, aseguren una ruta efectiva hacia la salida de la dramática crisis que golpea a las y los venezolanos.   En concreto, llamamos a los más altos representantes de   la diplomacia hemisférica reunidos próximamente en Cancún, México, a adoptar una resolución que considere los siguientes puntos:

  1. La inmediata gestión por parte del gobierno de Venezuela para procurar asistencia humanitaria internacional que mitigue las penurias que aquejan al pueblo
  2. El cese de los actos de violencia y represión ejecutados y promovidos por las fuerzas de seguridad regulares e irregulares auspiciadas por el gobierno de
  3. La identificación y efectiva sanción de quienes han violado de manera flagrante y encubierta los derechos
  4. El respeto absoluto de los derechos humanos y el Estado de derecho, mediante la liberación de presos políticos, el cese de las detenciones arbitrarias, el respeto al debido proceso y la suspensión de juicios militares a
  5. La restitución de las competencias constitucionales a la Asamblea Nacional y la elaboración de un calendario electoral junto con las garantías para una competencia justa y con la presencia de observadores internacionales
  6. La paralización de la iniciativa de una Asamblea Constituyente Nacional tal y como la ha convocado el Consejo

Todos los gobiernos de la región están llamados a asumir un comportamiento consistente con su adhesión a la Carta Democrática y con los más esenciales sentimientos de solidaridad y humanidad. Nadie, en este aciago momento para Venezuela, puede ser indiferente al grito de protesta de la gente en la calle, al dolor infligido a quienes pacíficamente desafían las acciones represivas, al llanto de las madres por sus hijos asesinados, a las escenas de hambre que golpea a los niños, a la plegaria de quienes en las cárceles siguen resistiendo la injusticia de su detención aferrados a la esperanza de que la comunidad internacional finalmente les escuche.

Nadie puede ser indiferente al sufrimiento de Venezuela; mucho menos los máximos representantes de los pueblos de nuestro hemisferio quienes miran con indignación y estupor la inexplicable inacción de algunos de sus gobiernos.

México D.F., 16 de junio de 2017.

Vicente Fox, México (Anfitrión) , Oscar Arias, Costa Rica ; José María Aznar, España, Belisario Betancur, Colombia ; Felipe Calderón H., México ; Rafael Ángel Calderón F., Costa Rica ;  Laura Chinchilla, Costa Rica; Alfredo Cristiani, El Salvador;  José María Figueres, Costa Rica;  Eduardo Frei T., Chile ; César Gaviria T., Colombia; Felipe González, España; Lucio Gutiérrez, Ecuador; Jorge Jamil Mahuad, Ecuador Luis Alberto Lacalle, Uruguay; Mireya Moscoso, Panamá; Andrés Pastrana A., Colombia;  Jorge Tuto Quiroga, Bolivia; Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica; Fernando de la Rúa, Argentina; Julio María Sanguinetti, Uruguay; Álvaro Uribe V., Colombia;Juan Carlos Wasmosy, Paraguay                                        

 Es auténtica, Asdrúbal Aguiar

 

 

 

 

 

 

 

OEA convocó a sus cancilleres para el 31 de mayo en Washington por Carlos Subero – Notiminuto – 15 de Mayo 2017

Esta reunión de alto nivel analizará la situación política en Venezuela, país que solicitó su desincorporación del organismo

oeaEl Consejo Permanente de la OEA acordó este lunes la convocatoria de una reunión de los cancilleres de la región para analizar la situación de Venezuela. La misma quedó prevista para el próximo miércoles 31 de mayo en Washington.

Será ésta la Vigésima Novena Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA.

La fecha, propuesta por la delegación de México, se aprobó con 18 votos a favor, uno en contra, 13 abstenciones y 2 ausencias, reportó EFE.

Los 18 apoyos eran el mínimo necesario (la mayoría simple de los 35 Estados miembros) para que esta propuesta saliera adelante, después de días de bloqueo por la falta de consenso sobre el día de la reunión y el fondo de la misma

La convocatoria está prevista para los 35 cancilleres de los estados miembros del organismo interamericano, aunque Venezuela, el país objeto de la reunión ha anunciado que no acuidirá más a las reuniones de la OEA, de donde solicitó su salida, cosa que se cumpliría en 2019.

Más temprano…

Washington, Los embajadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) se están reuniendo Este lunes en privado ante la falta de consenso acerca de la fecha y el fondo de la reunión de cancilleres sobre la situación de Venezuela que promueve un amplio grupo de naciones, reportó EFE.

A las 16.00 hora local (20.00 GMT) debía haber comenzado un Consejo Permanente extraordinario para debatir la fecha de la reunión de consulta de cancilleres, después de que los países aliados de Venezuela bloquearan el pasado 10 de mayo la propuesta de celebrarla el 22 de mayo en Washington.

Sin embargo, en lugar de iniciar la reunión, el presidente de turno del Consejo, el embajador boliviano Diego Pary, convocó, después de 20 minutos de conversaciones informales en grupos, una reunión de consulta privada y cerrada a la prensa en el Salón Guerrero de la OEA.

Fuentes diplomáticas consultadas por Efe explicaron que sigue sin haber consenso sobre la fecha de la reunión, algo que algunas fuentes achacaron a que los socios de Venezuela en la OEA -Bolivia, Ecuador, Nicaragua y varias naciones caribeñas- quieren impedir que se celebre.

La delegación de México presentó este lunes la propuesta de que el encuentro tenga lugar el 31 de mayo en Washington para considerar “la situación en la República Bolivariana de Venezuela”.

La clave, como siempre cuando se trata de asuntos venezolanos en la OEA, es el Caribe: las 14 delegaciones promotoras de la reunión deben conseguir el apoyo de al menos cuatro de los ocho países que a veces se han desmarcado de Caracas: Bahamas, Belice, Barbados, Jamaica, Santa Lucía, Guyana, Antigua y Barbuda y Trinidad y Tobago.

Los 14 países que propusieron la convocatoria del día 22, para la que ya habían hecho sitio en sus agendas sus respectivos ministros de Exteriores, son los impulsores de la iniciativa: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

OEA convoca reunión de cancilleres para abordar crisis venezolana por Carlos Subero – Notiminuto – 26 de Abril 2017

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Sesionó el Consejo Permanente. Con 19 votos contra 10 se aprobó la moción. Venezuela anunció su retiro de la OEA

Washington. La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó esta tarde la convocatoria de una reunión de cancilleres para abordar la crisis política de Venezuela con 19 a favor, 10 en contra, 4 abstenciones y una ausencia, reportó la agencia Efe.

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Votaron a favor: Guyana, Bahamas, Santa Lucía, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Venezuela ha amenazado con dejar la OEA si se celebra esa reunión de cancilleres, algo para lo que necesitaría esperar dos años y pagar el dinero que adeuda en cuotas pendientes, que asciende a 8,7 millones de dólares, según lo estipula el artículo 143 de la Carta de la OEA, el documento fundacional de 1948.

Delegación venezolana “no reconocerá su resultado”

La misión permanente de Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró la sesión que se celebra hoy en la organización sobre su crisis política como “un acto hostil” contra su Gobierno y advirtió de que no reconocerá su resultado.

“Es un acto hostil contra Venezuela y para nada ayuda, no reconoceremos lo que ocurra aquí”, afirmó el embajador de Venezuela en la OEA, Samuel Moncada, antes de que el Consejo Permanente extraordinario de la OEA comenzara a debatir si se convoca una reunión de cancilleres para abordar la crisis política venezolana.

“El grupo de Estados proponentes no han entendido que una ayuda forzada no es ayuda, es imposición, y a Venezuela nada se impone. Esa imposición destruye la buena fe que es propia de las relaciones entre los Estados miembros”, sostuvo Moncada.

Para el diplomático, estos países y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, han convertido la OEA “en un campo de confrontación pública que afecta a la situación venezolana” y “están alentando a los grupos más violentos” en las protestas antigubernamentales que se suceden desde hace casi un mes en la nación caribeña.

De nuevo, insistió en que la reunión de hoy es “una intervención” en los asuntos internos de Venezuela, bajo la “coerción” de “un país muy poderoso”, en alusión indirecta a EE.UU.

“Si existe buena fe, hay un escenario sin los vicios anteriores, una reunión de cancilleres en la Celac, sin la coerción, sin las presiones, como iguales, proponemos y aceptamos el debate”, indicó.

Así, Moncada se refirió a la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac) convocada a petición de Venezuela para el 2 de mayo en El Salvador, con el fin de denunciar “la violencia opositora” en las marchas antigubernamentales.

La Celac, una de las alianzas regionales impulsadas por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, es un organismo en el que, a diferencia de la OEA, no están EE.UU. ni Canadá, dos de los países más críticos con el Gobierno de Nicolás Maduro, y sí está Cuba, aliado del chavismo.

La convocatoria del Consejo de hoy en la OEA la solicitaron 16 países, a los que después se sumó Bahamas: Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Para que se pueda convocar una reunión de consulta de cancilleres son necesarios al menos 18 votos (la mayoría absoluta de los 35 Estados miembros).

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, amenazó este martes con comenzar a tramitar la retirada de la OEA si hoy, en la sesión convocada en la organización, se aprueba la convocatoria de una reunión de cancilleres sobre la crisis venezolana.

Moncada reiteró hoy esa amenaza, sin precisar más al respecto.

 

Carta no tumba gobierno por Alfredo Michelena – Atodmomento.com – 24 de Marzo 2017

michelena-696x696.jpgHablar de la Carta Democrática Interamericana (CDI) se ha convertido en un “retornello ad nauseam”. Cada día, dirigentes de la oposición nos repiten que hay que aplicar la CDI para liberarnos de Maduro y eso en forma de cascada va drenado hacia los ciudadanos de a pie. Preocupa que esto se convierta en otro referéndum revocatorio sin “plan B”. ¿Se acuerdan de aquello de que “el plan B es que funcione el plan A”? Bueno, cuando tumbaron el plan A no había plan B. El mismo Chúo Torrealba lo confesaba cuando declaró que “…tras el despojo del revocatorio la unidad se quedó sin política”.

Para evitar esto hay que tener muy claro varios aspectos. Comencemos subrayando la importancia de haber ganado la Asamblea Nacional (AN), pues esto junto al talante moral del secretario general de la OEA Luis Almagro permite que ahora hablemos de aplicar la Carta.

Ella ya fue invocada en junio del 2016 cuando una veintena de países aceptaron escuchar el informe de Almagro. Entonces no se tomaron decisiones sino la de apoyar el “diálogo/buenos oficios” impulsado por el régimen a través de Unasur. Como sabemos, los “buenos oficios” de los “tres chiflados” expresidentes y el diálogo que promovió el Vaticano solo consiguió prolongar la agonía de los venezolanos, frustrar esperanzas, dividir a la oposición y permitir una cierta recuperación del régimen. Aunque las manipulaciones del régimen y la suspensión del referéndum y de las elecciones regionales mostraron la confiscación del derecho a elegir y la cara de la dictadura.

Por petición de la AN, Almagro actualizó el informe que ahora debe ser discutido. Se necesitan 18 votos primero para que se efectúe la reunión del Consejo Permanente y luego para que la OEA actué. Desde ya hay que descartar lo del ultimátum de Almagro. Lo más que se podrá lograr sería la creación de un grupo de amigos, otros buenos oficios o diálogo, pero con presencia de la OEA con los que el régimen no colaborará.

Para que el régimen sea excluido de la OEA se requieren 26 votos que no se tienen, en especial por los compromisos crematísticos del Caribe y Centroamérica con el régimen. Recordemos que hay 15 países en Petrocaribe y 10 en ALBA que son fáciles de presionar. Además, sería un error excluir el régimen de la OEA y fomentar su aislamiento internacional.

Entonces para qué impulsar la CDI si tiene pocos efectos prácticos en lo doméstico. Primero, no hay que desdeñar ningún frente de lucha y la aplicación de la CDI aunque sea muy “light” es un golpe al régimen y mejora el posicionamiento internacional de las fuerzas opositoras. Segundo, esto alinea más fuerzas internacionales que podrían cooperar en la transición y consolidación de un nuevo gobierno democrático. Tercero, permite contrarrestar las alianzas internacionales como la creada del Foro de San Pablo en apoyo del régimen. Y, finalmente, facilita neutralizar o redefinir nuevas alianzas con otros gobiernos que prefieren mantener el “status quo”.

La CDI ni tumba gobierno ni traerá a los marines ni a los cascos azules. Seremos nosotros quienes sacaremos al régimen de Miraflores, pero una comunidad internacional favorable a ese cambio facilitará el proceso.

¿Qué dijo la Sala Constitucional sobre la AN y la Carta Democrática? por José Ignacio Hernández – ProDaVinci – 28 de Marzo 2017

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En la sentencia Nro. 155 de la Sala Constitucional, publicada hoy, 28 de marzo de 2017, se declaró la nulidad del Acuerdo dictado por la Asamblea Nacional el 21 de marzo, “sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, como mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el orden constitucional en Venezuela”.

Además de insistir en el desconocimiento de la Asamblea Nacional, esta sentencia reproduce los argumentos que el TSJ ya había adelantado en el Acuerdo publicado el 27 de marzo, y que comenté aquí en Prodavinci. En pocas palabras, la Sala Constitucional insiste en sostener que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) viola la Constitución. Junto a ello, y como veremos, la Sala ordenó otras medidas.

Veamos, en resumen, lo que dice esta sentencia.

1. ¿Por qué se anuló el Acuerdo de la Asamblea?

Para anular el Acuerdo de la Asamblea, la Sala Constitucional no se limitó a reiterar la falsa tesis del desacato. Esta vez fue un paso más, pues según la Sala, la Asamblea Nacional realizó “actos de traición a la patria”. Así, la Sala concluyó —sin mayor motivación— que el Acuerdo de la Asamblea en respaldo a la aplicación de la Carta afecta al pueblo de Venezuela y a los valores superiores de la Constitución, pues promueve la “injerencia de autoridad extranjera”. En pocas palabras, para la Sala Constitucional, con su Acuerdo, la Asamblea rompe “el orden y el hilo constitucional”.

Esa nulidad, no está demás señalarlo, fue declarada sin juicio. Así, el 22 de marzo el diputado Héctor Rodríguez demandó la nulidad del citado Acuerdo. Y sin juicio —y por ello, sin permitir el derecho a la defensa de la Asamblea— la Sala Constitucional anuló el Acuerdo. Y de paso, deslizó el señalamiento de traición a la patria.

Dejando a salvo ello, vale la pena recordar, como ya expliqué aquí en Prodavinci, que la aplicación de la CDI no puede constituir el delito de traición a la patria, pues esa Carta es un Acuerdo Internacional asumido soberanamente por el Estado venezolano, que es además de directa y preferente aplicación en Venezuela. Aplicar la CDI equivale a aplicar la Constitución. Y nadie que invoque la Constitución puede incurrir en traición a la patria.

2. ¿Y por qué la Sala Constitucional
inició un “proceso de control innominado de la constitucionalidad”?

Como ya señalé, lo que pidió el diputado Rodríguez fue la nulidad del Acuerdo, nulidad que fue declarada por la Sala. Sin embargo, la Sala Constitucional consideró que era necesario iniciar de oficio un nuevo juicio.

Así, según se afirma en la sentencia, luego de dictado el Acuerdo “han venido ocurriendo otras acciones e, incluso, omisiones, que también pudieran atentar de forma especialmente grave contra el sistema de valores, principios y normas previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. La Sala no explica, sin embargo, cuáles son esas acciones y omisiones. Lo que sí hace es ordenar de oficio “la apertura de un proceso de control innominado de la constitucionalidad”.

En el Derecho venezolano no existe tal cosa como un “proceso de control innominado de la constitucionalidad”. Se trata, entonces, de un juicio que de oficio inició la Sala Constitucional, y que parece dirigirse en contra de la Asamblea Nacional, con ocasión a la aplicación en Venezuela de la CDI, al considerarse que tal aplicación viola la Constitución.

3. La Sala Constitucional “otorga” poderes ilimitados
al Presidente de la República

En el juicio que creó la Sala Constitucional y que ella sola ordenó abrir, dictó además un conjunto de medidas cautelares.

La primera medida, que por indeterminada es irrelevante, consiste en ordenar al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que “proceda a ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional”, incluso, en relación con otras organizaciones distintas a la OEA.

Pero además, la sentencia ordenó al Presidente que “en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar —pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar—), que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos; todo ello de conformidad con la letra y el espíritu de los artículos 15, 18 y 21 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción vigente”.

Esto lo que significa es que, según la Sala Constitucional, el Presidente de la República puede hacer lo que quiera, incluyendo reformar Leyes, en el marco del “estado de excepción”.

Tal habilitación ilimitada al Presidente viola la Constitución, pues la Sala Constitucional no puede darle más poderes al Presidente que los que la Constitución le atribuye. Y mucho menos puede la Sala Constitucional habilitar al Presidente para ejercer la función legislativa: solo la Asamblea, por medio de la Ley habilitante, puede atribuir esa función.

4. ¿Y la inmunidad parlamentaria?

La Sala, en su sentencia, estima “oportuno” señalar que “la inmunidad parlamentaria sólo ampara, conforme a lo previsto en el artículo 200 del Texto Fundamental, los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional) y, por ende, en ningún caso, frente a ilícitos constitucionales y penales (flagrantes)”.

¿Esto qué quiere decir? Aún cuando la Sala Constitucional no lo afirma categóricamente, la conclusión luce evidente: la Sala Constitucional considera que los diputados que aprobaron el Acuerdo sobre la CDI incurrieron en delitos que no están amparados por la inmunidad parlamentaria. Con lo cual, esos diputados podrían ser enjuiciados —y privados de libertad— sin necesidad de pasar por el trámite del allanamiento de la inmunidad parlamentaria.

Esta conclusión se aparta del Artículo 200 constitucional. La inmunidad parlamentaria rige a los diputados en ejercicio de sus funciones. Y en ejercicio de sus funciones fue que los diputados aprobaron el mencionado Acuerdo, relacionado con la CDI.

5. Otra violación a la Carta

Esta sentencia es un grave antecedente en el conflicto desatado entre la Asamblea y la Sala Constitucional desde el 2016. Lo es, primero, pues la Sala Constitucional de manera abierta, asoma la posibilidad de iniciar juicios penales a diputados de la Asamblea en violación a la garantía de la inmunidad parlamentaria. Lo es, además, pues la Sala Constitucional pretende habilitar al Presidente para ejercer un poder absoluto e ilimitado, especialmente, para perseguir los “delitos” relacionados con la aplicación de la CDI.

Con lo cual, esta sentencia de la Sala Constitucional, además de violar la Constitución, viola la Carta Democrática Interamericana, que no es un instrumento que alguna potencia extranjera pretende imponer en Venezuela: es, recuerdo, un acuerdo que Venezuela, soberanamente, asumió y que por ende genera obligaciones, tanto internacionales como domésticas.

En específico, y entre otras normas, esta sentencia de la Sala Constitucional viola el Artículo 3 de la CDI. Según esa norma, son “elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

La sentencia comentada, al insistir en el desconocimiento del Poder Legislativo; anunciar posibles juicios penales en contra de los diputados de la Asamblea y otorgar al Presidente funciones que la Constitución no le atribuye, desconoce el estado de Derecho conforme éste es reconocido en la Constitución de 1999 y en la propia Carta.

 

Venezuela se contó en la OEA y perdió 20 a 11 por Ambar Román – Notiminuto – 28 de Marzo 2017

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La votación para decidir el inicio del debate, registró dos abstenciones, 11 votos en contra y Granada estuvo ausente

Samuel Moncada, embajador representante permanente alterno de Venezuela en la OEA aseguró las intenciones con las que fue convocada esta reunión es de distinta naturaleza y viola el espíritu y letra de esta organización, “se está convirtiendo en un acto grotesco”, señaló.

El representante de Nicaragua llamó a una suspensión de la reunión.

Bolivia pidió que se le aclarara cuál es el procedimiento para suspender la sesión.

Canadá solicitó que se someta a consideración una votación de estados miembros para la suspensión de la congregación y que de otra manera la sesión no podía continuar.

Votaron la suspensión de la sesión del consejo permanente de conformidad con el artículo 53.

El representante de Estados Unidos recomendó que pasen a la votación del orden del día.

Nuevamente Venezuela aseguró que no podían limitarles el derecho a votar.

México aseguró que no podía discutir ningún tema sin una agenda definida.

Canadá solicitó respeto a las delegaciones y someter a votación el orden del día.

Bolivia Venezuela y Nicaragua retrasaron el inicio de sesión de la OEA

El secretario jurídico expuso que “La base de esta reunión se debe a tratar el tema de la situación de Venezuela y los integrantes del consejo tienen derecho a someter a votación”.

A esto el representante de Venezuela respondió que el retraso “ocurre cuando intentan violar la soberanía de Venezuela, discutir de nuestros asuntos internos sin nuestro consentimiento”. Después de esto, denunció que la votación es para aprobar la intervención en asuntos de Venezuela.

Por su parte, Argentina aseguró que la votación para el orden del día debería realizarse “ya”.

Al momento de realizar la votación, Granada se ausentó de la sesión, se registraron dos abstenciones, 11 votos en contra y 20 a favor, quedando de la siguiente manera:

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Inciado el debate, Canadá resaltó que “Más de 30 millones de venezolanos “viven una crisis” y aseguró que en el país se violan los derechos humanos. El diálogo es lo único que puede funcionar. Respaldamos la necesidad de tomar acciones concretas”.

Mientras que Costa Rica expuso que su país “es consciente de lo que significa vivir en democracia, quienes estamos en este foro deseamos ver a Venezuela crecer, sin embargo el país vive una profunda crisis, reslatando la violación de derechos humanos, deterioro de salud…”

En su uso de la palabra, Perú expuso que el país padece un contexto de inflación desbordada y que existe un acumulaciión de descontentos sociales.

Panamá expuso que “la salida a la situación de Venezuela tiene que ser por la vía democrática… El fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática, así como los derechos humanos, son asuntos de valor para nuestro país”.

El Salvador expresó a los venezolanos a impulsar los esfuerzos necesarios a través de la vía del diálogo los acuerdos que permitan dar solución a los problemas existentes.

Jamaica recomendó que el diálogo continúe en Venezuela

México insistió en el diálogo en Venezuela y aseguró que no se han cumplido los requerimientos esperados a pesar de contar con la mediación de colaboradores internacionales “México está convencido que los estados miembros debemos ayudar en la búsqueda de soluciones”, aseguró su representante.

La delegación de Chile planteó que “No hay mala fe, cada vez que podamos expresar como país hermano nuestra preocupación por situaciones complejas que impiden u obstaculizan las mediaciones en Venezuela.”

Mientras que Haití considera un a falta de respeto que el secretario general de la OEA considere una situación de la región sin darle una de las lenguas oficiales de su país, sobre esto quisiera pedir que las actas reflejen descontento con esa acción y asegura que no ha podido leer el informe.

Uruguay también reconoció la necesidad de diálogo y aseguró que deben respetar el derecho de los venezolanos a decidir su destino”.

También referente al diálogo Argentina destacó que este debe ser “conducente, es necesario que se avance, que se respeten los acuerdos alcanzados y que se identifiquen sin demoras, el respeto del estado de derecho y a las instituciones democrática”.

Entretanto República Dominicana señaló que buscar una solución a un país desde afuera podría ser un error y que su país ratifica su apoyo al diálogo y manifiesta la disposición del gobierno para que este país hermano se logre una salida pacífica a su problema actual.

Al finalizar este debate destacó la participación de Paraguay, quien consideró que “el Gobierno de Venezuela está sometiendo a la oposición a un espacio donde escasea la libertad de expresión.

¿Invocar la Carta Democrática Interamericana es traición a la Patria? por José Ignacio Hernández – ProDaVinci – 24 de Marzo 2017

Luego de que el Secretario General de la OEA actualizó su informe sobre Venezuela, el debate en torno a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) se reactivó. Así, la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo en respaldo a la aplicación de la CDI, ante lo cual el Gobierno denunció que ello constituía “traición a la patria”.

¿Solicitar la aplicación de la CDI es traición a la patria?

1. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la Carta?

La CDI fue aprobada como Resolución de la Asamblea General de la OEA, que es el máximo órgano de la institución. Por ello, se ha señalado que la CDI no es un Tratado, lo que ha permitido a algunos sostener que ese instrumento no tiene relevancia jurídica.

Creo que esas conclusiones son erradas.

Desde el punto de vista formal, es cierto que la CDI no es, en sentido estricto, un Tratado. Pero debe reconocerse que la CDI fue aprobada por los Estados miembros de la OEA, de acuerdo con el Tratado constitutivo de esa organización. Se trata de un conjunto de normas aprobadas por Estados, cuyo propósito fundamental es proteger a la democracia como valor fundamental de la OEA.

Por lo tanto, desde un punto de vista material, la CDI es cuando menos equiparable a un Tratado, en el sentido de que se trata de un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional. Si bien fue aprobado formalmente como Resolución de la Asamblea General, no puede perderse de vista que la Asamblea General está compuesta por Estados.

Además, mal puede señalarse que la CDI no genera efectos jurídicos. Por el contrario, como todo acto de la Asamblea General, la CDI es de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros de la OEA.

Incluso, la propia CDI establece un conjunto de deberes que fueron asumidos voluntariamente por los Estados que suscribieron la Carta. Por lo tanto, esos deberes constituyen verdaderas obligaciones jurídicas que tienen que ser cumplidas por los Estados.

2. ¿La Carta es vinculante para Venezuela?

Venezuela votó a favor de la CDI en 2001. Incluso, propuso entonces algunas modificaciones al proyecto de Carta que fueron aceptadas. Jorge Valero, Embajador y Representante Permanente de Venezuela ante la OEA, en tal sentido, resumió lo anterior diciendo que “nuestra insistencia en que los contenidos participativos de la democracia quedaran reflejados en la Carta Democrática Interamericana, dio sus frutos”.

Por lo tanto, el Estado venezolano, de manera soberana, suscribió la CDI y por ello asumió las diversas obligaciones que la Carta impone a los Estados para proteger a la democracia. Esas obligaciones pueden ser exigibles por los Estados miembros de la OEA y por sus órganos, incluyendo la Secretaría General. Como toda obligación contraída en el Derecho Internacional, las obligaciones que Venezuela asumió al suscribir la CDI deben ser cumplidas.

3. ¿La Carta es incompatible con la Constitución?

Algunos de los que opinan que es traición a la patria solicitar invocar la CDI, señalan que no puede haber autoridad alguna por encima de la Constitución, queriendo señalar con ello que la aplicación de la Carta es incompatible con la Constitución.

Esto no es así.

La CDI, como ya dije, es un acuerdo internacional que promueve los derechos humanos. Lo dice con claridad su artículo 3: el respeto a los derechos humanos es elemento esencial de la democracia. Precisamente, hay que recordar que según el artículo 23 de la Constitución, los tratados, pactos y convenios en materia de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y pueden prevalecer incluso sobre la Constitución, cuando contengan un desarrollo más favorable a los derechos humanos.

Con lo cual, la CDI, como acuerdo internacional suscrito por Venezuela en materia de derechos humanos, no solo no es incompatible con la Constitución: es que la Carta tiene rango constitucional, e incluso, prevalece sobre la Constitución, en la medida en que tiene un mejor desarrollo de los derechos humanos en su relación con la democracia.

Esto fue lo que opinó el Gobierno venezolano cuando aprobó la CDI. Así, como vimos, el Gobierno señaló que en sintonía con la Constitución venezolana, la Carta desarrolló la democracia participativa. Con lo cual, Venezuela opinó que la Carta es compatible con la Constitución de 1999.

4. ¿Puede la Asamblea solicitar la aplicación de la Carta?

Aun cuando la CDI es un acuerdo internacional, ella forma parte del Derecho venezolano.

En efecto, la regla establecida en la Constitución es que los acuerdos internacionales no son de directa aplicación en Venezuela, salvo cuando sean incorporados al ordenamiento jurídico venezolano mediante Ley. Una de las excepciones a esa regla la encontramos en el artículo 154 de la Constitución: no requieren Ley los acuerdos internacionales que ejecuten o perfecciones obligaciones preexistentes de la República.

Tal es el caso de la Carta. Como vimos, la CDI ejecuta o perfecciona las obligaciones de Venezuela derivadas de la Carta de la OEA. Con lo cual, la CDI, como acuerdo internacional, no requiere de Ley para su directa aplicación en Venezuela.

¿Qué quiere decir todo lo anterior? Que la CDI forma parte del Derecho venezolano, y que como toda norma del Derecho venezolano, puede ser invocada por la Asamblea Nacional.

5. ¿Solicitar la aplicación de la Carta es traición a la patria?

El Artículo 128 del Código Penal dispone que: “cualquiera que, de acuerdo con país o república extranjera, enemigos exteriores, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas, o las hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de veinte a treinta años”. Este es el llamado delito de traición a la patria, que es un comodín al cual se acude cuando se desea aplicar, por razones políticas, el Derecho Penal.

Ahora bien, la aplicación de la CDI no implica ponerse de acuerdo con países o enemigos extranjeros: implica aplicar el ordenamiento de la OEA, del cual Venezuela forma parte.

Mucho menos la aplicación de la Carta supone conspirar contra la integridad del territorio, hostilizar o conspirar contra las instituciones republicanas. En realidad, la aplicación de la Carta busca exactamente lo contrario: restablecer las instituciones republicanas. Pues como es sabido, sin democracia no hay República.

Pero sin duda, el mejor argumento en contra de calificar como traición a la patria la aplicación de la CDI, es la propia Constitución: los artículos 19, 22 y 23 de la Constitución ratifican la primacía de los derechos humanos, reconociendo la directa y preferente aplicación de los acuerdos internacionales en la materia. La aplicación de la Carta pretende, precisamente, asegura la primacía de los derechos humanos y facilita el mandato del artículo 333 constitucional, de acuerdo con el cual todos están obligados a restablecer la vigencia efectiva de la Constitución.

Aplicar la Carta Democrática Interamericana equivale a defender la Constitución. Y la defensa de la Constitución nunca es traición a la patria. Ya lo dijo hace doscientos años Juan Germán Roscio: la lucha contra el despotismo exige la legítima defensa de la patria, pues la patria es el lugar en el cual el individuo encuentra la garantía de su libertad.

PP, PSOE y Ciudadanos apoyan el informe Almagro que exige elecciones en Venezuela en un mes – Europa press – 23 de Marzo 2017

PP, PSOE y Ciudadanos apoyan el informe Almagro que exige elecciones en Venezuela en un mes . PP, PSOE y Ciudadanos han mostrado este jueves su respaldo al informe del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que exige la celebración de elecciones generales en Venezuela en un plazo de 30 días.

Diputados de estas tres formaciones han arropado a la oposición venezolana en un acto en el que los distintos partidos agrupados en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) han pedido la convocatoria de elecciones este año, la liberación de los presos políticos y el envío de ayuda humanitaria a la población venezolana. Aunque Almagro defiende que se active la Carta Democrática de la OEA para el caso de Venezuela en caso de que la situación no mejore en los próximos 30 días –un proceso que …

Leer mas: http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-psoe-ciudadanos-apoyan-informe-almagro-exige-elecciones-venezuela-mes-20170323124908.html

 

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