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Punto de encuentro de Venezolanos votantes en Bilbao

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Los votantes de Maduro comienzan a cobrar el dinero que les prometió por Gabriela Ponte – ABC – 22 de Mayo 2018

El Gobierno utilizó el carnet de la patria para llevar un control sobre los electores y ofrecerles 10.000.000 bolívares por su voto

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España y la UE estudian medidas tras las irregularidades en las elecciones en Venezuela
Nicolás Maduro se ha reelegido este domingo 20 de mayo por segunda vez presidente en medio de una campaña plagada de ventajismo, chantajes y sobornos al pueblo venezolano. Ante una jornada llena de irregularidades, los candidatos Javier Bertucci y Henri Falcón denunciaron la presencia de «puntos rojos» a menos de 200 metros de los centros electorales, donde se compraba el voto chavista con un bono de 10.000.000 de bolívares, equivalentes en el mercado negro a 11 euros. Los chavistas debían esperar hasta el lunes para comenzar a cobrar el dinero que Maduro les había prometido.

El carnet de la patria, que según el mandatario alcanzó los 16 millones de inscritos en enero, fue el mecanismo que utilizó el oficialismo para controlar a quienes votaban y de esa manera, ofrecerles el bono. La periodista Elyangelica González explicó por su cuenta de Twitter el proceso que debía cumplir el chavista para hacerse con el pago. «Después de votar el elector va al punto rojo ubicado en el perímetro del centro. Allí entrega su carnet que es escaneado y recibe un mensaje de texto con la confirmación del registro».

El beneficiario debe ingresar al portal web patria.org.ve con su cédula y su contraseña y aceptar el bono. «La persona debe cliquear en ‘retirar fondos’ y el dinero va directamente a la cuenta bancaria de la persona», señaló la periodista.

 

Venezuela: las trampas del hambre en jornada electoral por Francesco Manetto – El País – 20 de Mayo 2018

El desastre económico del país mantiene bajo el yugo a la población. Mientras, el régimen teje fidelidades ante las elecciones presidenciales

El Portugués mide las palabras y evita los aspavientos delante de los clientes. Luce un cuidado bigote con canas y entremezcla los recuerdos con la indignación detrás del mostrador de El Chamo, la carnicería que regenta desde hace décadas en Petare, el barrio popular más grande de Caracas. El Portugués vende, o vendía, solomillos, chorizos y morcillas. José Florentino, este es su verdadero nombre, que pocos conocen, rememora los sucesos del Caracazo, el sangriento estallido social que partió en dos el destino de Venezuela. Se originó en 1989 tras una fuerte subida de precios, durante el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, y sectores del chavismo lo reivindican hoy como premisa de la llamada revolución bolivariana.

“A mí me agarró aquí y me saquearon, pero entonces era fácil porque todo era más barato. La gente ya no hace mercado”. Tras las impresiones de este comerciante, a punto de cumplir 60 años, hay dos realidades en torno a las que existe consenso incluso más allá de las posiciones políticas. Primero, la situación de la gran mayoría de la población, su odisea cotidiana para sobrevivir, nunca había sido tan insostenible. Segundo, la escasez y el yugo de los precios han tejido tramas de fidelidades que atan a los ciudadanos a las autoridades a través de las bolsas de comida y los subsidios y, al mismo tiempo, fomentan negocios informales o directamente al margen de la ley. El kilo de carne se disparó hace semanas por encima de los dos millones de bolívares, la moneda local, y llegó a rozar el salario mínimo integral, fijado en 2,5 millones. Menos de tres dólares al cambio no oficial (2,6 euros).

Hablar de costes hoy en un barrio de Caracas se ha convertido en una especie de quiniela. Los precios aumentan en cuestión de días, a veces horas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un incremento del 1.800.000% en dos años, un drama superado en este siglo solo por Zimbabue. Y mientras el desastre económico se consolida, el régimen de Nicolás Maduro busca fortalecerse en unas elecciones presidenciales convocadas con unas reglas del juego que, según las fuerzas mayoritarias de la oposición, favorecen al Gobierno y suponen un mero trámite. Algo más de 20 millones de venezolanos se debaten entre votar y no acudir a las urnas por falta de garantías como piden las principales formaciones críticas con el chavismo.

“Voy a votar porque es un deber. Un buen ciudadano debe votar”, dice Carmen Holguín, costurera de 55 años, mientras espera el autobús en una larga cola que serpentea en una esquina del sector de Catia, una de las zonas más fieles a la memoria del expresidente Hugo Chávez. “Espero un cambio que sea bueno para todos porque estamos viviendo muy mal. No alcanza el dinero para nada. Cada día suben los precios”, se lamenta. Aunque no confiesa su voto, se intuye su simpatía por Henri Falcón, el representante opositor con más peso en estos comicios. William José y Víctor Valera, transportistas, muestran su desencanto con la política, pero tienen posturas distintas. “No voy a votar, ya me cansé en 2003. Ni por uno ni por otro”, asegura el primero, mientras el segundo está dispuesto a dar su apoyo a Falcón, quien se alejó de los postulados de la revolución bolivariana en 2010. “Lo más seguro es que me lance y vaya a votar. Pienso que ese hombre tiene unas ideas muy claras. Pero la política tiene mil caras”, opina sobre las sospechas de que haya pactado con Maduro un puesto en su Gobierno.

No obstante, las elecciones y su resultado, más que previsible, no son lo que más interesa en las calles de Caracas, en los mercados, en los barrios humildes y en los municipios opositores como Chacao. Con la salvedad de los chavistas ortodoxos, los caraqueños están mucho más preocupados por la seguridad —en 2017 hubo casi 27.000 asesinatos, de los que más de 5.000 se produjeron por resistencia a las fuerzas de seguridad, según el Observatorio Venezolano de Violencia—, por el colapso de los servicios públicos y un modelo productivo extractivista, por la caída de PDVSA, la petrolera estatal, el desabastecimiento y el aislamiento internacional. Cientos de miles de personas huyeron en los últimos meses a la vecina Colombia en busca de oportunidades.

Dar con alguien con ganas de desahogarse no es difícil. Más complicado es superar la desconfianza inicial, relacionada con el control que ejercen sobre la población las autoridades. La advertencia es habitual: cuidado con los colectivos motorizados, los grupos de choque del chavismo. Junior Moral, de 33 años, está a vueltas con unas cuentas en un establecimiento vacío. En el mostrador, un puñado de empanadas. “Una cuesta ya 200.000 bolívares. Un desayuno, tres empanadas y un jugo serían 800.000 bolívares. Si comes dos días ya prácticamente se te murió el sueldo. ¿Con qué sobrevivimos los otros 29 días? Cada día, cada hora, cada segundo la situación se hace más difícil”, describe. Moral no votará a pesar del hartazgo. O, en realidad, precisamente por el hartazgo. “Si de verdad saliera la gente a votar, yo creo que podríamos ganar, pero como todo está comprado, no va a pasar. Creo que hace cinco años ganó Henrique Capriles”, afirma sobre las elecciones de 2013.

A pocos metros, la discusión en un puesto de plátanos gira en torno a la mala calidad de los servicios y de las misiones, los proyectos sociales de barrio impulsados por Chávez con el apoyo del Gobierno cubano. “¿Qué queremos nosotros de Maduro? Que haga como Chávez, que corte por arriba, no por abajo”, resume Gladys Contreras, de 46 años, enferma y desempleada en un sistema que el año pasado superó el 27% de paro, según el FMI. “Tengo el carnet de la patria y del PSUV [Partido Socialista Unido de Venezuela] y yo era de las que me ponía a pelear con cualquiera. Pero no voy a votar. Por ninguno, no tiene sentido porque esto ya está arreglado”, continúa.

El carnet de la patria

El llamado carnet de la patria es un documento con el que el chavismo trata de asegurarse el apoyo de las clases populares. En el país circulan más de 16 millones. Permite acceder a bonos y servicios y, aunque sobre el papel no sirva para tener una atención preferente en la recepción de las cajas periódicas de alimentos, es un instrumento utilizado para medir la fidelidad al régimen.

En Petare, Pedro Key, jubilado de 65 años, y Romina Oporte, educadora de 34, se encargan de repartir esa bolsa a través de los Comités Locales de Abastecimientos y Producción (CLAP). Esto es, una ayuda introducida por Maduro en 2016 que, como ha denunciado en repetidas ocasiones la oposición, es la base de las redes clientelares. Cada caja contiene algunos paquetes de pasta, harina, leche, sal, arroz, azúcar, aceite, atún, tomate y mayonesa… “Soy uno de los que lleva los beneficios a una parte de la población”, explica Key, veterano militante chavista. Cada mes, en el mejor de los casos, coordina la distribución de esos productos entre 503 familias de la comunidad.

A pesar de su entrega absoluta a la causa, también transmite perplejidad sobre la situación. “Maduro dice que después, el 21, las cosas van a cambiar. Ojalá sea verdad. Él tiene que mejorar la economía, llevamos cinco años aguantando esto”, explica sobre lo que califica de “guerra económica”. “Los países que hoy tenemos un poco de revolución somos los más atacados en el planeta”, continúa. “Hay una larga tarea, hay que levantar el país”, tercia Romina Oporte. Mientras tanto, la trampa del hambre sigue siendo el principal recurso que permite al chavismo perpetuarse en el poder.

 

El código QR, el sistema que controla los votos de Maduro por Indira Guerrero – La Patilla – 24 de Julio 2017

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Una plataforma tecnológica implementada por el Gobierno de Nicolás Maduro permite vigilar al votante, sus necesidades, su ubicación, todo dispuesto en el reverso de un documento de identidad distribuido en Venezuela como “el carnet de la patria”, reseña Efe.

Al menos 14 millones de personas, según el Gobierno, han sido censadas en el país a través del sistema de vigilancia con el que el propio presidente venezolano bromea públicamente diciendo que le permite saber cuántas personas hay en una sala e incluso quiénes están embarazadas.

La tarjeta de identificación tiene en la parte posterior un código QR (código de respuesta rápida por sus iniciales en inglés), una evolución del código de barras que permite el almacenamiento y lectura de una lista de información ilimitada según su requerimiento.

El sistema, financiado por el Estado, ha sido puesto a la orden del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, la mayor organización política del chavismo, para dar seguimiento a los votantes y permitir su ubicación gracias a la información almacenada durante su proceso de registro.

Esta tecnología es la principal herramienta usada por el Gobierno, a través del partido, para promover la votación el próximo 30 de julio, cuando se elegirá a los integrantes la Asamblea Nacional Constituyente, un proceso en el que el mayor reto del chavismo es alcanzar una alta participación.

Inducir a la votación es clave para completar el proceso con el que Maduro prevé cambiar la Constitución, sin importar a quién elija el votante porque la mayoría de los candidatos son seguidores de su gobierno, no obstante requiere de una alta presencia en las urnas para dar legitimidad a la polémica elección.

La plataforma fue puesta a prueba hace una semana en un simulacro del Gobierno para medir su capacidad de movilización, en una jornada en la que se vieron dos largas filas: la primera para votar; y la segunda, la que hacían los electores luego de haber sufragado para pasar el carné frente al software que lee la tarjeta y registra su participación.

Dentro del proceso, en el que se comenzó a censar y a distribuir carnets desde principios del año, se almacenó información sobre beneficios recibidos por el Gobierno, militancia en partidos políticos, si forman parte de las familias que reciben alimentos subsidiados por el Estado y sobre sus redes sociales.

Uno de los operadores del sistema que no quiso identificarse asegura que esta tecnología permite que una vez chequeada la persona quede registrada en una base de datos y se puede saber “quién no pudo movilizarse”.

“Sí, podemos”, dijo el operario en pleno simulacro de la plataforma mientras pasaba decenas de tarjetas frente al lector, para responder a la pregunta sobre si podrían saber quiénes no se habían movilizado para ese ensayo de la votación, que se realizó el mismo día que la consulta opositora contra la Constituyente.

Desde hace más de seis meses el Gobierno ha estado visitando casa por casa, viendo la necesidad que registró la persona cuando solicitó el carnet.

La base de datos sirve a una estructura superior del partido del Gobierno para la elección de los candidatos de la Constituyente denominada la “maquinaria 4×4”, los cuatro pilares de la campaña electoral de los partidarios de Maduro para refundar el Estado.

Entre esas cuatro estructuras hay dos con un rol fundamental, una el Movimiento Somos Venezuela, una organización de simpatizantes que verifica las necesidades económicas directamente en el domicilio, para ingresarlas en una lista de espera por beneficios del Gobierno, al tiempo que promociona la permanencia de “la revolución bolivariana”.

La segunda, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un sistema que entrega bolsas de alimentos a muy bajos precios a las familias de bajos recursos, que deben completar ese registro.

Una fuente del Gabinete aseguró que es también el primer recurso que se usará a lo largo de la campaña y para ello el Gobierno comenzó hace tres meses a reservar seis millones de cajas del CLAP que serán distribuidas por los líderes del partido.

El banco de información que dispone hoy el chavismo le permite saber que de casi 15 millones de personas registradas 57 % son mujeres; 32 % tienen entre 15 y 35 años de edad; 34 % de 35 a 55 años, y 33 % más de 55 años; y 98 % son alfabetizados.

El 91 % de los registrados tiene acceso a los CLAP; y 34 % percibe un ingreso menor al salario mínimo, de acuerdo con los datos divulgados por el propio Gobierno.

A menos de una semana para la elección de la Asamblea Constituyente, una de las elecciones más polémicas de los últimos años en Venezuela, se abrió un operativo especial con 1.200 puntos en todo el país para registrar a más ciudadanos.

Este sistema será durante un día el ojo omnipresente que contará uno a uno los votos para garantizar la última carta de Maduro.

 

 

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