Otro de los mayores problemas es la lenta circulación de los nuevos billetes que está afectando al ciudadano, y a esto se le añade la lucha diaria contra la hiperinflación, la falta de alimentos y medicamentos. Todo esto hace que el mercado negro cobre mayor fuerza.

A ello hay que sumar el incremento del salario mínimo, de los impuestos, el alza en el precio de la gasolina, el aumento del precio de las importaciones producto de la devaluación, así como el mantenimiento de subsidios discrecionales. El resultado: encarecimiento de los costos de las empresas, despidos masivos y un descalabro de la capacidad productiva empresarial, ya en estado crítico.

Uno de los grupos golpeados con especial dureza es el de los pensionistas. Maduro ha dictaminado que las pensiones se pagarán a través del llamado carnet de la patria. Los jubilados venezolanos han protestado contra la medida y exigen que se respete el derecho a identificarse únicamente con su cédula de identidad. El presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados, Emilio Lozada, dijo a periodistas que la medida de Maduro “es criminal” porque viola nuestros derechos. Para muchos “la pensión es su único ingreso” y no todos cuentan con el carnet ideado por el Gobierno.

Por si esto no fuera suficientemente problemático ese pago se hará a través de un nuevo sistema que entra en vigor desde el 1 de septiembre. Es la billetera digital a la que se accede por el portal web del carnet de la patria. Esto, según Lozada, “genera incertidumbre y confusión entre los que no saben de tecnología”, por tanto parte de los jubilados reclaman que no todos saben usar el modo de transferencias por internet y quieren que la pensión se pague en efectivo.

Maduro anunció asimismo que mañana martes arranca el periodo de prueba para cobrar la gasolina a través del famoso Carnet de la Patria, como el cobro de pensiones.

La oposición ha denunciado la tarjeta como herramienta de control social y un chantaje a los más pobres debido a que en campañas electorales se han prometido recompensas monetarias por esta vía.

A falta de datos fiables sobre el catastrófico régimen de Maduro universidades venezolanas han realizado una encuesta sobre las condiciones de vida. En solo un año un 10% de la población ha prescindido del arroz en su dieta, poco más de un 10% sigue comprando fruta y tan solo un 40% consume carne. Los resultados fueron devastadores, seis de cada 10 venezolanos perdieron 11 kilos de peso en 2017.

Los ataques a dirigentes y militantes opositores aumentan, y se violan las libertades públicas e individuales, ante esta situación, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha pedido el cese inmediato de las detenciones y el juicio de manifestantes por tribunales militares.

El Tribunal Penal Internacional ha decido abrir una investigación preliminar contra Maduro por crímenes de lesa humanidad. A idéntica conclusión llegó el Panel de Expertos independientes designados por el Secretario General de la OEA al considerar en su Informe definitivo que los crímenes de asesinato, encarcelación, tortura, persecución y desapariciones forzadas registrados en Venezuela encuadran en lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma.