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Junta ad hoc de Citgo presentó balance de gestión de los últimos nueve meses – El Nacional – 7 de Diciembre 2019

Entre los logros destacados de la filial está la extensión de la Licencia 5 del Bono Pdvsa 2020 por parte del Departamento del Tesoro para impedir que los acreedores tomen el control de la filial por el impago de la deuda

Balance

En el informe, la filial de Pdvsa destacó entre los logros de la recuperación de la petrolera, el mantenimiento a las refinerías de Lake Charlee, Lemont y Corpus Christi. Estas dos últimas, aumentaron su capacidad en 20.000 barriles de petróleo diario.

Asimismo, durante el tercer trimestre, las tres refinerías presentaron un incremento de utilización de 94% y la capacidad de la petrolera para exportar productos terminados aumentó 36%.

«En los primeros nueve meses del año, la compañía registró beneficios, siendo rentable en un año adverso para las refinerías del golfo de Estados Unidos. Además, se logró refinanciar con éxito 70% del total de la deuda de sus entidades», acotó la compañía en su informe.

Citgo también acotó en su balance que logró renovar por un año más la licencia de operación en Estados Unidos de la Fundación Simón Bolívar. Mediante esta, y con la colaboración de distintas ONG, se ha tratado la crisis humanitaria que azota a Venezuela.

Entre los logros más destacados de la petrolera, está la protección otorgada por el Departamento del Tesoro, que modificó la Licencia 5 del Bono Pdvsa 2020, para evitar que los tenedores pudieran tomar control por el impago de la deuda.

La oposición de Venezuela llegó a un acuerdo temporal con acreedores de PDVSA en Estados Unidos para proteger a Citgo – Infobae – 20 de Noviembre 2019

Desde febrero, la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana está dirigida por una junta designada por Juan Guaidó, a quien el gobierno de Trump entregó el control de la compañía tras ser proclamado presidente interino. La empresa es vista como un “motor” económico para una eventual Venezuela post Maduro

La sede de Citgo en Houston, Texas (REUTERS/Loren Elliott/archivo)
La sede de Citgo en Houston, Texas (REUTERS/Loren Elliott/archivo)

La oposición venezolana llegó a un acuerdo temporal en Estados Unidos con los acreedores de un bono de la petrolera estatal PDVSA para proteger Citgo, la filial estadounidense de la compañía con sede en Caracas, que es garantía de la deuda.

La junta de PDVSA designada por la Asamblea Nacional de Venezuela, en manos de la oposición, demandó ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York a los grupos financieros MUFG Union Bank y Glas Americas por considerar que los títulos son inválidos.

Las partes informaron a la jueza que lleva el caso, Katherine Polk Failla, que llegaron a “un acuerdo” y establecieron un calendario que se extiende hasta el 5 de mayo de 2020, según documentos judiciales.

Este acuerdo de indulgencia por mora –por un bono que expiraba a finales de octubre- fue archivado por la Corte el 15 de noviembre pasado.

Desde febrero, Citgo está dirigida por una junta designada por el líder opositor Juan Guaidó, a quien el gobierno de Donald Trump entregó el control de la compañía después de que fuera proclamado presidente interino.

Guaidó es reconocido por más de 50 países que consideran que hubo irregularidades en las elecciones de 2018 en las que Nicolás Maduro ganó un segundo mandato, que comenzó en enero de este año.

El martes, el Parlamento de Venezuela autorizó el uso de 3,5 millones de dólares para la defensa de casos en el exterior.

 

Un caso “muy sólido”

En octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una orden que impide que los acreedores de Venezuela tomen control de Citgo.

Esta protección del gobierno estadounidense -que se extiende hasta el 22 de enero- se emitió ante la inminente expiración de un pago por 913 millones de dólares.

Russ Dallen, experto de la firma Caracas Capital Markets, con sede en Miami, dijo a la AFP que esto implica que ni el fidecomisario ni el agente colateral van a incautar el 50,1% de las acciones de Citgo que fueron puestas como garantía.

“Durante seis meses Citgo está libre de los acreedores del bono 2020 de PDVSA”, indicó Dallen.

La empresa, una refinadora y comercializadora de combustible clave para PDVSA antes de que Washington le impusiera severas sanciones a la petrolera estatal en enero, es vista por la oposición como un “motor” económico para una eventual Venezuela post Maduro.

Para Dallen los acreedores pese a que los activos están bloqueados temporalmente por la orden del gobierno- tienen un caso “muy sólido” y tienen una “sólida reivindicación sobre los activos”.

“Muchos de los tenedores de bonos que tienen el bono 2020 de PDVSA también tienen otros bonos de Venezuela y de PDVSA, esta no es su única exposición, pero es la única que pueden esperar razonablemente que se les pague”, agregó el experto.

Gobierno Legítimo alcanza nuevo acuerdo para proteger CITGO – Centro de Comunicación Nacional – 20 de Noviembre 2019

El pasado viernes 15 de noviembre de 2019 las autoridades de la Junta Administradora Ad-hoc de Petróleos de Venezuela, S.A., alcanzaron un acuerdo con los principales tenedores del Bono PDVSA 2020, agrupados en el MUFG Union Bank y en la agencia de representación financiera Glas Américas. Este convenio implica la elaboración de un cronograma, de aproximadamente 6 meses, durante los cuales los titulares de esos papeles se comprometen a no reclamar ni avanzar en la toma de las acciones de CITGO, mientras se avanza en el juicio de nulidad de los Bonos 2020. Un nuevo avance en la protección del principal activo de los venezolanos por parte del Gobierno Legítimo.

El acuerdo alcanzado por las partes fue presentado a la jueza Katherine Polk Failla, del juzgado del Distrito Sur de Nueva York; instancia donde reposa una demanda de nulidad contra el Bono PDVSA 2020 introducida por el Gobierno Legítimo de Venezuela con base en el cuestionamiento que hizo la Asamblea Nacional sobre la ilegalidad de estos papeles, al estar respaldados en acciones de CITGO -un activo de interés público nacional- sin previa aprobación del Parlamento.

El Gobierno Legítimo de Venezuela ha insistido en la consecución de una solución ordenada y negociada con los tenedores del Bono PDVSA 2020, que tome en cuenta las objeciones de la Asamblea Nacional y la Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país. En consonancia con esto se logró el mencionado acuerdo con los tenedores de bonos. Esta acción representa una victoria para la Junta Administradora Ad-hoc de PDVSA y para el Gobierno Legítimo en la lucha por la defensa de CITGO y de todos los activos del pueblo venezolano.

Por último, el Gobierno Legítimo de Venezuela ratifica su voluntad de reconciliar esta y todas las reclamaciones heredadas de los regímenes de Chávez y de Maduro, sin perjuicio de su derecho a analizar, caso por caso, aquellas que puedan ser catalogadas como dudosas, de acuerdo con los lineamientos para la negociación de la deuda, aprobados por la Asamblea Nacional el 1° de julio de 2019.

Venezuela’s debt resolution: recover the assets by Thomas W. Laryea – Finantial Times – 30 de Octubre 2019

Dr. Thomas W. Laryea is an international law and policy expert at Orrick, Herrington & Sutcliffe, he specialises in advising governments and creditors on international finance. He was formerly Assistant General Counsel at the IMF, where he advised on various restructuring cases, including Argentina, Greece and Iraq. In this post, he argues that a new approach needs to be taken on Venezuela’s asset base as it looks to restructure its considerable debt burden.

We are a long way from the end-game in Venezuela’s debt resolution. In a recent twist, the United States Office of Foreign Asset Control precluded, for 90 days, the enforcement of a bond owed by the Venezuela oil company PDVSA. Payment of the bond is secured against PDVSA’s shares in its US subsidiary, the energy giant CITGO.

The policy notion was to approximate the effective standstill faced by other bondholders whose legal and financial positions have been affected by US sanctions. This is a further illustration of how US sanctions have become both a tool, and a counter-tool, in the Venezuela debt restructuring. The CITGO case, however, involves a payment of a “mere” $913 million out of the estimated $200 billion of Venezuela external debt that would be subject to restructuring.

So how would I meet the challenge posed by the needed widescale restructuring?

A concerted effort is needed to rehabilitate the Venezuela economy and to provide a fair recovery to the many creditors. Co-ordination across legal jurisdictions among the different creditor groups — including bondholders of the Republic, bondholders of PDVSA, judgment creditors, arbitral award holders, and official sector creditors — will stretch applicable sovereign debt restructuring tools.

Even the threshold issue of the recognition of the Venezuela government is fraught with international legal and political uncertainty. Last, but not least, the degree of the escalating humanitarian crisis presents another dimension of the challenge in any comprehensive debt resolution scenario.

Where are the assets in the analysis?

Modern approaches to sovereign debt management entail a continual rebalancing of a country’s debt obligations with the objective of refinancing liabilities. From this perspective, sovereign debt restructuring resembles the sharp-end of debt management, when triggered by actual or threatened default.

But what about the assets in the analysis? In my view, traditional analytical tools of sovereign debt sustainability do not sufficiently take into account the asset side of the balance sheet. This observation is evident on a country-by-country basis, eg in the IMF’s debt sustainability analysis frameworks, in which only liquid assets generally affect the economic judgment on debt payment capacity. It is also reflected in the concerns around the current increase in global sovereign debt, which fail to reflect the corresponding increase in assets. A serious analytical point lurks herein.

The question of the assets is very pertinent in the Venezuela situation. I am not limiting this question to Venezuela’s central bank reserves, which are pitifully low, and will inevitably be bolstered by IMF financing.

Indeed, Venezuela has other types of reserves, including massive petroleum and mineral resources that are convertible to foreign exchange proceeds. The potential for Venezuela’s petroleum and mineral assets to rise in value will no doubt inform the design of Value Recovery Instruments that I expect to be a part of the Venezuela debt resolution. Such Value Recovery Instruments mitigate some of the guess work involved in negotiating recovery values based on highly imperfect medium and long-term economic projections.

Recovery of stolen assets?

Venezuela has another important category of assets that should be brought into account in the negotiations between Venezuela and its creditors. These are the stolen or misappropriated assets that could be recovered back into the legitimate economic sphere.

Estimates of the size of stolen or misappropriated assets vary significantly, but some suggest up to $200 billion has disappeared over the last two decades. Even if the number is only $100 billion and let’s say only half of that sum is recoverable, the estimated $50 billion would still represent a significant sum.

The recovered assets should be apportioned towards the mutually-reinforcing goals of rehabilitating the domestic economy and alleviating the creditors who represent the future sources of financing for Venezuela. Furthermore, the expectation that the end-game would involve a fair distribution of the assets would moderate the motivation for disorderly asset grabs by creditors in the interim.

An IMF Administered Account?

Now, of course, many questions remain about how to effectively recover these stolen or misappropriated assets. For instance, where would the recovered assets be housed and through what channels would they be distributed? And what legal mechanism could be used to safeguard them and to protect them from depletion by individual interests?

My idea would be to create a Venezuela Asset Recovery Trust that would be accorded legal immunities recognised by international law. This is not a version of the approach adopted in the Iraq debt restructuring that involved a UN Security Council Resolution that partially immunised Iraq’s petroleum assets. Whether or not Venezuela would be deemed to represent a “threat to peace” in order to warrant a Security Council resolution, the international law approach adopted in Iraq’s case would not feasibly pass through the Security Council given the divergent geopolitical views on Venezuela.

Furthermore, it is worth underscoring that the policy direction driving the idea of the Venezuela Asset Recovery Trust is not to defeat legitimate creditor interests, as arguably was the case in Iraq, but rather to augment the recovery to both legitimate creditors and to Venezuela’s citizens.

I would submit that an international law mechanism to achieve the design and policy objective of the Venezuela Asset Recovery Trust could be achieved through the authority of the IMF to provide, when requested, “technical and financial services” in the form of establishing of an IMF trust or administered account.

The IMF is authorised to do so by Article V, Section 2(b) of the IMF’s Articles of Agreement, which constitute an international treaty among the 189 IMF member countries. A legal advantage of establishing the proposed Venezuela Asset Recovery Trust as an IMF trust/ administered account is that the funds within the Trust would benefit from the legal immunities that all IMF member countries are obliged to make effective in their jurisdictions. Currently, the IMF operates over 50 trusts/administered accounts, including the Poverty Reduction and Growth-Heavily Indebted Poor Countries Trust (which is the legal tool through which the IMF provides HIPC debt relief). With regard to the proposed Venezuela Asset Recovery Trust, its governance structure might include both official and private sector representatives in order to inform the oversight and accountability of its operations.

While there are recognised legal and institutional limitations on the IMF, such as the legal duty of neutrality which precludes the IMF from taking sides in the merits of creditor-debtor disputes, I believe that with sufficient international good will, the proposed Venezuela Asset Recovery Trust can be designed to conform with applicable limitations. For example, the activities of tracing assets and engaging in the actual recovery could be conducted by external advisers and directed by a committee comprising the Venezuela authorities and creditor representatives. But the housing of the recovered assets and the terms of their distribution could, in principle, be established within an IMF trust/ administered account.

Answering the call for innovation

I doubt that the exceptional situation presented by Venezuela could be effectively resolved without innovation in the established sovereign debt restructuring toolkit. With regards to the IMF, rather than just focus on its role as an international lender of last resort, we should also consider the potential for the it to establish a trust/ administered account that would bring into account additional assets as part of an international resolution.

The lead time to design and test legal innovations to supplement the market-based approaches to sovereign debt restructuring can take months, if not years. Now is the time to be innovative about a solution for a restructuring of Venezuela’s assets and liabilities.

¿Y dónde están los reales? por  Carlos Ramírez López – Prensa Today – 7 de Noviembre 2019

 La sobrevivencia de Venezuela depende de una lucha titánica no solo radicada en el campo político, sino también en el judicial. Las mil millonarias deudas generadas por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro son impagables cuando menos ni en el corto, ni en el mediano plazo. Y lo peor es que el cobro compulsivo que se nos hace a través de medios judiciales no está siendo bien atendido. No hemos tenido una línea de acción clara como sí la tienen los acreedores y esto es fatal.

RECORDANDO EL CASO DE LOS BONOS BUITRE DE ARGENTINA

A finales de 2001 Argentina incumplió pagos por deudas de 132 mil millones de dólares en bonos, y bajo ese agobio hizo acuerdos con la mayoría de los acreedores mediante reestructuración de la deuda. En ese proceso unos denominados fondos de inversión compraron parte de eses bonos y se negaron a hacer acuerdos, se les llamó “Fondos Buitre”, que demandaron en tribunales de New York logrando al final que un juez, quien ya murió, Thomas Griesa, sentenció a favor de ellos. En el año 2016 el país se vio forzado a admitir el pago los demandantes y hasta de los honorarios de los abogados de éstos, mas costas judiciales todo lo cual ha dejado serias heridas económicas y morales a la nación. Casos similares ocurrieron en Grecia, Ecuador, Panamá entre otros. En Reino Unido y en Bélgica se ha declarado ilegal la actividad de estos fondos buitre. La ONU aprobó una Resolución en la cual se dictaron pautas sobre estas actividades de reestructuración de deudas soberanas. Por cierto EE. UU estuvo entre los apenas seis países que votaron en contra. Es tarea diplomática buscar revertir esa posición de nuestro principal aliado internacional.

QUE NOS DIFERENCIA CON EL CASO ARGENTINA

Las denominadas “deudas soberanas” por las que los especuladores atacaron ferozmente a Argentina y otros países habían sido asumidas por gobiernos corruptos, pero con legitimidad de origen y con apego a sus legislaciones internas. Distinto al caso venezolano donde tenemos una dictadura, un régimen no reconocido ni por nuestro parlamento ni por una gran cantidad de países. Esto implica que ésta por la que se nos ataca no es una deuda soberana. Los bonos 2020 fueron emitidos con violación a la legislación interna por lo que se trata de una deuda ilegal. Tal defecto es conocido por el mundo entero pues ello es materia de escándalo global. No hay acreedores legítimos, ni hay buena fe en la adquisición de dichos títulos. Todo esto abre camino a la posibilidad de éxito en la demanda por desconocimiento de tales papeles, y cuando menos nos confiere un fuerte medio para la negociación si es que tal salida fueea finalmente conveniente adoptarla.

QUE NOS PERJUDICA

Las inconsistencias en la adopción de una línea única nos resultan muy perjudicial. Eso de que la Asamblea Nacional haya declarado ilegal la deuda del bono 2020 pero a la vez acordó hacerle ese infame abono de 71 millones de dólares en abril de 2019 es un absurdo contrasentido, como también lo es que el abogado del gobierno interino haya estado declarando que busca reestructurar esa deuda ilegítima sin haber planteado antes la demanda de su nulidad. Son dos líneas contradictorias que van en paralelo y que perjudican los intereses finales del país. Este abogado nos hizo dilapidar esos millones de dólares que aconsejó a la AN su aprobación, y también nos ha hecho perder el tiempo en esa extraña línea de complacencia con los buitres de negociar acuerdos de pago perdiendo tiempo vital en vez de demandarlos, y que ahora vencido por las circunstancias alaba la actitud de la junta directiva ad hoc de Pdvsa que sí procedió a demandar la nulidad del mencionado Bono.

LOS TENEDORES DEL BONO 2020 SON AGENTES DE MADURO

Hay una versión según la cual Maduro y su élite emitieron y acapararon ese Bono 2020 para quedarse con Citgo. Eso no es descabellado pensarlo. Es necesario buscar la identidad final de dichos bonistas. Hay que buscar eso por todos los medios, y uno de esos medios será la acción penal anunciada por Antonio Ledezma ante el Fiscal General de Estados Unidos que estamos esperando con gran expectativa.

DECLARAR EMERGENCIA JUDICIAL, LO QUE NOS FALTA HACER

Además de las demandas por nulidad de estos bonos, hay que abrir un proceso de investigación y persecución por las absurdas cantidades de dinero que por deudas en bonos asumieron los gobiernos de Chávez y de Maduro.

Que se hizo ese dineral.

Donde están las consecuencias penales de semejantes crímenes contra el pueblo venezolano.

Esto es un crimen atroz que no puede dejarse impune. Hay que buscar esos dineros y meter en la cárcel a los implicados en esto mega robos.

Además de esos Bonos 2020 ya se nos demandó en un tribunal de New York por otros bonos, los 2034. Los demandantes son empresas registradas en Islas Caimán y en Delaware. La periodista Maibort Petit detalló la información sobre esta acción, ver enlace:

Maibort Petit: Titulares de bonos globales 2034 demandaron a Venezuela por impago de la los intereses adeudados

Empresas de Islas Caimán, Luxemburgo y Delaware exigen al tribunal un juicio monetario por el monto del principal de los … Sigue leyendoMaibort Petit: Titulares de bonos globales 2034 demandaron a Venezuela por impago de la los intereses adeudados

Equipo de Guaidó presentará demanda de nulidad del bono Pdvsa 2020 – El Nacional – 29 de Octubre 2019

Este lunes, los tenedores de los títulos aguardaban un pago de 900 millones de dólares en capital e intereses

Citgo enfrenta ahora a los tenedores de bono 2020 de Pdvsa | Foto cortesía

Un equipo de asesores designado por el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, prevé presentar este martes una demanda de nulidad del bono Pdvsa 2020 ante un tribunal de Nueva York.

La agencia Reuters reseñó que dos fuentes conocedoras de la decisión señalaron que la estrategia legal en la que trabajan desde hace días pretende proteger a Citgo de cualquier embargo de los tenedores del bono

Este lunes, esos tenedores aguardaban un pago de 900 millones de dólares en capital e intereses.

La junta designada por Guaidó indicó que ejercerá acciones legales para proteger sus derechos. Se basa en la invalidez de los bonos al 2020, sin dar más detalles.

La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos congeló hasta el 22 de enero del 2020 cualquier acción que intenten los tenedores de ese título contra Citgo. La mitad de sus acciones sirven de garantía de Pdvsa 2020. La medida del Departamento del Tesoro dio oxígeno al equipo de Guaidó.

“El argumento legal que se está usando es que la emisión del bono Pdvsa 2020 es inválida. Pusieron en garantía un porcentaje de las acciones de Citgo sin solicitar autorización a la Asamblea Nacional”, dijo una de las fuentes.

Las conversaciones que durante meses llevaron adelante los asesores de Guaidó con bonistas de este título, se detuvieron este mes.

U.S. Treasury temporarily blocks creditor seizure of refiner Citgo by Brian Ellsworth/Corina Pons – Reuters – 24 de Octubre 2019

The United States on Thursday temporarily blocked a creditor seizure of Citgo, a win for political leaders in Venezuela struggling to retain control over the U.S. refiner owned by the chaotic South American nation.

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Shares in Citgo, a subsidiary of Venezuelan state oil company PDVSA, were used as collateral for a bond issue expected to go into default next week when a $913 million payment comes due.

But the U.S. Treasury Department, which maintains a broad sanctions program against the government of Venezuelan President Nicolas Maduro, said no transfers or sales of Citgo shares linked to the PDVSA bond could take place until Jan. 22.

“Transactions related to the sale or transfer of CITGO shares in connection with the PdVSA 2020 8.5 percent bond are prohibited, unless specifically authorized by OFAC,” the Treasury said, referring to its Office of Foreign Assets Control.

The decision appeared to be more of a short-term workaround than a permanent move by the Trump administration to keep Citgo out of creditor hands, as allies of opposition leader Juan Guaido have repeatedly sought.

U.S. officials have shown some reluctance to intervene in the matter, due to concerns it would constitute government interference in private transactions.

Venezuela’s information ministry and PDVSA, with an ad hoc board named by Guaido to oversee foreign holdings, did not immediately reply to requests for comment.

Citgo spokeswoman Katherine Bosley said it was “gratified by the U.S. Treasury Department’s decision.”

Maduro lost control of Citgo this year when Washington disavowed his government and recognized Guaido as Venezuela’s legitimate head of state.

Guaido, on Twitter, thanked the U.S. government for its “confidence in our management,” adding that his team were “managing to maintain the assets the regime had sacked.”

NEGOTIATED SETTLEMENT

Venezuela has defaulted on its foreign debt amid a broad economic collapse under Maduro, who still controls the day-to-day operations of the government and PDVSA. Washington has imposed a sweeping sanctions program against his government in efforts to force him from office, after a 2018 re-election widely denounced as fraudulent.

The Treasury appeared to suggest Guaido’s allies and investors holding PDVSA 2020 bonds VE151299784= should use the next 90 days to reach a negotiated agreement.

“To the extent an agreement may be reached on proposals to restructure or refinance payments due to the (bond) holders … additional licensing requirements may apply,” it wrote.

Guaido allies celebrated the decision, after recently asking investors for a 90-day truce to avoid a seizure while also threatening a lawsuit to declare the bond illegitimate.

But experts say there are few clear avenues for Guaido to strike a deal with investors because his allies do not control oil revenue and cannot offer future access to oil fields, which are controlled by Maduro.

U.S. fund manager T. Rowe Price held informal talks with Guaido advisers about financing the $913 million payment on PDVSA’s 2020 bond, an executive told Reuters, but added that the plan would only work if Washington altered sanctions on Venezuela.

The executive asked not to be named, citing the private nature of the talks.

An official with T. Rowe Price was unavailable to comment, a spokesman for the fund manager said.

“Inversionistas de oposición presionan a Guaidó para que pague bono PDVSA 2020” por Liliana Cadena / Andrés Rojas Jiménez – Entorno Inteligente – 19 de Octubre 2019

_Inversionistas_de_oposici__n_presionan_a_Guaid___para_que_pague_PDVSA_2020___Guaido__venezuela.jpg“Si Citgo se pierde no será por culpa de Juan Guiadó, pero en mi opinión ciertamente sería una derrota política colosal para la oposición venezolana”, advirtió el economista Miguel Angel Santos, investigador del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, quien señala que urge una orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump, con el fin de proteger los activos de PDVSA en Estados Unidos y de esa manera evitar que los tenedores del bono PDVSA 2020 se queden con la propiedad de Citgo por el incumplimiento en el pago de ese título de esa deuda.
“Muchos de esos inversionistas son de oposición, quieren que les paguen, están organizados y están ejerciendo presión sobre la administración Guaidó y tienen representantes políticos”, dijo Santos en una entrevista concedida a Petroguía.

-¿Por qué una deuda contratada por PDVSA hace dos años lleva a hacerse la pregunta si se paga o no?

-Esa deuda surge en el año 2016 cuando todos los abusos que se venían haciendo contra la empresa petrolera estatal colapsaron el flujo de caja y terminaron por ser revelados por una caída importante en los precios del petróleo que ocurrió ese año y el anterior. PDVSA se vio en la imposibilidad de hacer unos pagos que tenía por 7.100 millones de dólares de unos bonos que se vencían en 2017, de los que me interesa hablar luego. No tenía como pagarlos y para evitar un default (incumplimiento) hicieron una operación de deuda mediante un canje voluntario de los bonos, que vencían por otros en el 2020 y que está garantizados por Citgo. Una parte deben pagarse este año y otras el próximo.

-¿Qué quiere decir garantizados por Citgo?

-Que si PDVSA no paga, los tenedores de los bonos pueden hacerse con más de 50% de Citgo y efectivamente toman control de la compañía. Se decidió por ese canje en lugar de un plan integral que cambiara la gerencia y las raíces de lo que llevó a PDVSA a la bancarrota no legal pero sí formal. Esta operación debió ser aprobada por la Asamblea Nacional, porque además de ser una deuda contraída por PDVSA puso en prenda el activo más valioso de la República en el exterior, y de acuerdo con el artículo 150 de la Constitución para ese tipo de operaciones que se consideran de interés público y no hay una mayor que aquella que empeñe el activo de mayor interés para la Nación. La Asamblea Nacional no sólo no aprobó la deuda sino que un mes antes del cierre de la operación publicó un comunicado en el que como cuerpo legislativo rechazó que se utilizara a Citgo como colateral o garantía. Además hizo un llamado a PDVSA para que presentar un plan de recuperación y de refinanciamiento integral de su deuda.

-¿Ese plan se presentó?

-No sólo no se presentó, sino que Citgo se puso en garantía para evitar un default que ocurrió 13 meses después. El gobierno de Nicolás Maduro no sólo puso en riesgo el activo más importante para no hacer default sino que tampoco cambió ninguna de las condiciones de fondo de PDVSA. La empresa no hizo default en ese momento sino 13 meses después.

-Pareciera que el único milagro que pudiera ocurrir para que Venezuela no pierda Citgo es que minutos antes de que venza el plazo para pagar el bono, el Departamento del Tesoro suspenda la licencia que estable la obligación del pago del bono PDVSA 2020

-En el momento que se hicieron las sanciones financieras, la administración de Estados Unidos consideró que se mantenía la presión sobre Maduro permitiendo a los tenedores de bono hacerse con Citgo en el evento de default. Una vez que la compañía la controló la administración de Juan Guaidó, se nombra una junta directiva y un presidente ejecutivo, la motivación inicial para la Licencia General Nº 5 se perdió pero sigue vigente. Entonces hay dos opciones porque el gobierno de Donald Trump emitió una orden ejecutiva el pasado 5 de agosto para la protección de los activos de Venezuela en Estados Unidos y hay una discusión jurídica si esa orden efectivamente deroga la referida licencia de facto o sigue siendo vigente.

-¿Cuáles son las dos opciones?

-La primera, que el gobierno de Donald Trump diga que la orden de protección de activos de Venezuela en Estados Unidos, emitida el 5 de agosto, incluye la derogación de la licencia 5 y protege a Citgo; y la segunda, no hace falta que diga eso, pero el Departamento del Tesoro derogue la Licencia General Nº 5.

-¿Se están haciendo gestiones para que se derogue la Licencia Nº 5?

-Las gestiones se han hecho todas y no es ahorita sino que se han venido haciendo desde el mes de abril, es decir, si no ocurre no será por falta de gestión sino que estos bonos están en posesión de fondos de inversión importante, que tienen grupos de interés que se han rodeado alrededor del Departamento del Tesoro y están haciendo presión para que se les pague.

-Dijo que quería referirse a la deuda que se emitió con vencimiento en 2017 y que luego se canjeó por el bono 2020

-El bono PDVSA 2017 se emitió 10 años antes (en 2007) bajo la modalidad nefasta que utilizaba el gobierno de Hugo Chávez que era mediante la combinación del bolívar y el dólar, es decir, era un título que se emitió en dólares pero el acreedor lo pagaba en bolívares y en ese proceso los tenedores de títulos hicieron una ganancia enorme. Cuando se hizo el primer bono, el PDVSA 2017, el tipo de cambio paralelo estaba en 5,70 bolívares por dólar y el costo implícito de la operación fue de 2,70 dólares por barril, o sea que se le garantizó a las personas que compraron esos títulos una ganancia de 100%. En otras palabras, la República perdió 1.300 millones de dólares porque emitió deuda que era equivalente a vender dólares a la mitad de lo que costaban los dólares en el mercado paralelo. Esto es importante porque indica el origen fraudulento de la deuda porque fue una operación emitida en dólares pero pagadera en bolívares en la que hubo una participación muy importante de inversionistas venezolanos porque esos bonos se compraron con bolívares. Muchos de esos inversionistas son de oposición, quieren que les paguen, están organizados y están ejerciendo presión sobre la administración de Juan Guaidó y tienen representantes políticos. Estamos en una situación en la cual estos venezolanos se meten en el grupo de quienes quieren cobrarle todas las sinvergüenzuras que hicieron Hugo Chávez y Nicolás Maduro, o en el grupo que quiere que Venezuela se recupere.

-¿Quiénes compraron el bono PDVSA 2020 incurrieron en una ilegalidad, tomando en cuenta el acuerdo que aprobó la Asamblea Nacional, o es un asunto netamente ético?

-Es importante aclarar que no compraron el bono sino que lo canjearon, ellos pudieron tomar la decisión de quedarse con su bono 2017, el cual fue pagado, pero lo cambiaron por un bono que está emitido en unas condiciones que tiene visos de ilegalidad. ¿Lo hicieron a conciencia? ¿Lo hicieron a propósito para aprovecharse de la situación? No tengo ni idea. Cuando se hizo la operación del PDVSA 2020 fue altamente recomendada por analistas financieros venezolanos que estaban en casas de inversión dedicadas a comprar y vender deuda venezolana. En esos reportes no se hace mención a la potencial ilegalidad del bono. ¿Lo hicieron sabiendo? ¿Lo hicieron sin saber? El asunto está en que Venezuela no puede pagar esa deuda en los términos en que fue contraída porque es ilegal.

-La Asamblea Nacional al ratificar la ilegalidad del bono prácticamente dijo que no pagará, ¿los tenedores del PDVSA 2020 se quedarán con Citgo?

-Anteriormente hablamos de dos opciones posibles para que no sea así, pero vamos a suponer que ninguna de ellas ocurre, el equipo del presidente Juan Guaidó está preparado para entablar un litigio en las cortes de Estados Unidos alegando que esta garantía fue puesta sobre un bono de manera ilegitima, amparándose en la decisión legislativa de la Asamblea Nacional. La administración de Guiadó si no se hace de una orden ejecutiva más amplia ni se deroga la Licencia General Nº 5, tiene la opción de iniciar un litigio en las cortes de Estados Unidos alegando que el bono que puso a Citgo en prenda es ilegal y dando como respaldo los acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional de Venezuela.

-¿Pareciera que unas medidas que se aprobaron para presionar a Maduro terminaron por presionar es a Juan Guaidó?

-Eso es exactamente así, pero en el momento que se aprobó la Licencia General Nº 5 se hizo para presionar a Maduro y hoy en día está presionando a la administración de Juan Guaido. Si Citgo se pierde no será por culpa de Juan Guiadó pero en mi opinión ciertamente sería una derrota política colosal para la oposición venezolana.

-¿Coincide entonces con lo que advirtió el economista Francisco Monaldi cuando dijo que “Si se pierde Citgo, gana Maduro”?

-Gana Maduro totalmente, sería una derrota importante para la oposición y la República perdería un activo rentable e importante de una empresa que ha sido manejada estos meses como una tacita de plata y que el chavismo no la destruyó, quizás porque le quedaba muy lejos. Sería una pérdida para la República más allá de si es Maduro o Guaidó.

-Por lo que señala, ¿hay venezolanos de la oposición que están presionando para que el país pierda Citgo?

-Hay venezolanos de la oposición que están presionando para cobrar. Puede ser que se pague, aunque no hay como pagar; o que se liquide la garantía. Se conocen 52% de los tenedores del bono PDVSA 2020. Son tres casas de inversión, entre ellas una muy grande que se llama Ashmore, pero hay un porcentaje que se desconoce y eso es muy amplio. Hay muchos grupos de interés de venezolanos detrás de cobrar, no de perder o no Citgo.

-No se habla de cobrar una deuda que tiene un abasto porque los tenedores de bonos tienen información financiera y conocía el riesgo implícito de estos bonos.

-¿El riesgo para la República o para ellos?
Si no cobran pierden ellos y si cobran pierde la República. Lo que digo es que este caso es uno de muchos de los conflictos de intereses que hay hoy en día en Venezuela. Cualquiera que se plantee sacar a Venezuela adelante tiene que hacerle frente a estos conflictos, llámese Juan Guaidó o como se llame.

-¿Percibe que dentro de la administración de Juan Guaidó hay personas que han incurrido en conflicto de intereses?

-Yo percibo que hay grupos de interés en la Asamblea Nacional que han abogado por un tratamiento distinto al que se concluyó cuando se aprobó ratificar la ilegalidad del bono PDVSA 2020. No sé si dentro de la administración de Juan Guaidó.

Rosneft y Crystallex

-Sobre Citgo también pesa las acciones legales que lleva adelante la empresa Crystallex. Pareciera que se encuentra entre la espada y la pared

-Claro porque el gobierno de Maduro ha incumplido en el pago de sus deudas y por eso los acreedores de PDVSA o los de la República, alegan que Citgo es de la República de Venezuela y por ende es liquidable para cobrar las deudas que tiene el Gobierno. El único problema que tiene Citgo es que ha sido puesta en garantía o es la única prenda de la que se puede cobrar una enorme cola de gente que ha sido defraudada por las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Por eso es verdad que se encuentra entre la espada y la pared. Está en una posición muy difícil y el mejor escenario para todos es que haya una orden de protección que impida que se liquide Citgo para pagarle a los acreedores, hasta tanto Venezuela no tenga un gobierno reconocido nacional e internacionalmente que pueda iniciar un proceso de reestructuración ordenada de su deuda externa. Con eso ganarían hasta los acreedores porque si todos se lanzan desesperados a liquidar Citgo y pagarse, van a terminar cobrando una fracción muy pequeña de sus acreencias. En cambio, se favorecería a todas las partes si el gobierno de Estados Unidos decreta una protección de activos hasta tanto Venezuela tenga una administración legítimamente reconocida a nivel nacional e internacional y con suficiente fuerza para iniciar un proceso integral de reestructuración de deuda. Pero eso depende de la administración de los Estados Unidos.

-¿Con la liquidación de Citgo se cancela la deuda?

-La de los bonos PDVSA 2020 se pudiera cancelar pero hay que ver cuál es el valor de Citgo como compañía y en ese escenario, pero por las valoraciones que he visto alcanzaría. En el caso de que los bonos no se paguen, existe además una cláusula de cross default por un préstamo de Rosneft, que pudiera hacerse del control de Citgo y eso es lo que siete políticos republicanos (cuatro senadores y tres representantes)  del Congreso de los Estados Unidos, incluidos los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, quienes advirtieron de ese riesgo a la administración Trump, es decir, que si no se protege Citgo hay el riesgo de que una petrolera rusa se quede con el control de 4.900 estaciones de gasolina y tres refinerías en Estados Unidos, que se considera infraestructura estratégica.

-Pero el gobierno de Maduro ha pagado religiosamente sus obligaciones con Rusia, incluida la deuda con Rosneft. ¿Por qué se mantiene ese riesgo de que se pueda quedar con Citgo?

-Es como que me prestes dinero pero desde un principio tienes la cobertura si en algún momento soy insolvente.

-¿De esa deuda con Rosneft todavía queda un monto por pagar?

-Queda un monto por 3.500 millones de dólares aproximadamente aunque esa deuda no se conoce. Siempre queda la pregunta si Rosneft va a ejecutar esa cobertura si hay un incumplimiento y yo pienso que sí la ejecutaría.

-¿Se puede decir que estemos frente a un conflicto internacional donde Estados Unidos y Rusia se pelean por un activo?

-El conflicto está puesto. Estados Unidos no quiere el activo. Lo que estamos hablando es que Estados Unidos está protegiendo a los acreedores y que permita que Venezuela mantenga Citgo y que la junta directiva y su presidenta ejecutiva sigan manejando la empresa muy bien como lo han hecho en  los últimos meses. Hace años que Citgo comenzó a diversificar el tipo de petróleo que puede refinar y hoy día su rentabilidad no la hace depender del petróleo venezolano.

-¿Citgo es rentable?

-Por supuesto que es rentable. El problema de Citgo no es que no sea rentable, el problema es que fue puesta en garantía por demasiadas deudas contraídas por PDVSA y es el único activo en el exterior de gobiernos como los de Chávez y Maduro, que han defraudado y han dejado de pagar.

Un símbolo de Boston

-Ya que vives en Boston, quisiéramos preguntarte: ¿Qué representa Citgo para un bostoniano?

-Representa una cosa muy extraña que me ha llamado la atención. Hace como tres meses me invitaron a una reunión con el alcalde  de Boston, Marty Walsh, que quería informarse de la situación venezolana y entender mejor lo que estaba pasando. Cuando terminamos de hacerle la explicación, él nos contó la enorme polémica que hay en relación a los grandes avisos de publicidad de Citgo, entre ellos uno que está muy cerca del Femway Park, donde juegan los Medias Rojas de Boston.

-Entendemos que es un símbolo de Boston

-Efectivamente es un símbolo de la ciudad. Aquí se venden franelas de la ciudad con el logotipo de Citgo, hay postales de la ciudad y eso está al lado del río Charles y del Femway Park. Es un aviso muy visible. Entonces el alcalde de Boston nos contaba que ha recibido presiones de todo tipo. Por un lado, quienes dicen que ese aviso se debe quitar porque es de una compañía que pertenece a un gobierno dictatorial pero la mayoría considera que ese aviso no se debe quitar porque es un símbolo para la ciudad. Tiene un sentido de pertenencia al menos en Boston.

-Finalmente, ¿hay que pagar o no el bono PDVSA 2020?

-Pienso que no hay que pagarlo.

Citgo y las fauces del lobo – Editorial El Nacional – 17 de Octubre 2019

No hay duda alguna. Hay que salvar a Citgo de pasar a manos de los acreedores. Tampoco hay duda de quién es el responsable de que uno de los más grandes activos que tiene el país pueda perderse. Nunca debió pasar. El régimen nunca debió empeñarla a cambio de dinero.

Y no se puede decir que eso ya es agua pasada debajo del puente porque lo que hicieron puede traer terribles consecuencias para el país. En 2016 la Asamblea Nacional condenó la transacción y advirtió lo que podía suceder, lógicamente que el régimen hizo de oídos sordos.

Citgo fue adquirida en 1986 por la antigua fuerte y prometedora Pdvsa para tratar de penetrar el mercado de Estados Unidos. Desde entonces se fue consolidando como parte de la economía de ese país con la generación de empleos directos e indirectos y como un activo importante y apetecible.

Obviamente, por eso es que los bonos Pdvsa 2020 tuvieron éxito en el mercado y significaron para el régimen un aliviadero importante en su momento. ¿Pensaron que no podrían pagar a los tenedores de los papeles y pondrían en riesgo la propiedad de Citgo? Lo más seguro es que no, que ni siquiera les importa.

Y muchos menos ahora, cuando se ha convertido en el principal respaldo financiero que tienen Juan Guaidó y la oposición. Es por eso que el experto petrolero venezolano Francisco Monaldi afirma que de perderse Citgo, Maduro ganaría.

No van a mover un dedo para pagar los 913 millones de dólares que deben entregar a los tenedores de bonos a más tardar el 27 de octubre. Primero, porque no los tienen. Segundo, porque no les conviene, desde que un tribunal de Estados Unidos le cedió Citgo a Guaidó como presidente encargado.

Cuando Ricardo Hausmann afirma que la presidencia interina está preparada para defender a Citgo en los tribunales, hay que creerle y agradecerle que así sea. La causa opositora tiene entre sus filas a brillantes abogados que pondrán su mejor esfuerzo para salvar la inversión venezolana.

Pero, hay que insistir, nunca se debió llegar a esta situación. La ilegalidad de poner a Citgo como garantía fue manifestada en el momento oportuno por el Parlamento y como único poder legítimo del país, su palabra es la que cuenta.

Esperemos no tener que depender de una orden de nulidad del gobierno de Donald Trump.

Oposición venezolana se prepara para la batalla judicial en EEUU en defensa de Citgo – Yo Soy Venezolano – 16 de Octubre 2019

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La oposición venezolana liderada por Juan Guaidó, se prepara para iniciar en “días” una batalla judicial en Estados Unidos (EEUU) que proteja a Citgo, un refinador que controlan en ese país y está en riesgo de ser embargada por tenedores del bono Pdvsa 2020, dijeron tres fuentes conocedoras del caso.

En la sesión de la Asamblea Nacional (AN) que preside Guaidó y domina la oposición se ratificó el martes un acuerdo aprobado en 2016, antes de la emisión de ese título, donde los diputados cuestionaron al gabinete de Nicolás Maduro por usar acciones de Citgo como garantía del título al 2020 que en su momento canjearon con tenedores por papeles que vencían.

Esta decisión del Parlamento se trata de un paso previo para acudir a una corte en Estados Unidos a denunciar la ilegalidad de ese papel justo antes del 27 de octubre cuando los bonistas aguardan un pago de más de 900 millones de dólares por capital e intereses, dijeron las fuentes sobre la estrategia.

Guaidó no ha podido conseguir hasta ahora que el gobierno de Estados Unidos emita una orden ejecutiva que proteja a Citgo de los acreedores, pese al apoyo que ha recibido de la administración de Donald Trump. /Reuters/

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