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Reconversion Monetaria – Banco Central Venezuela – Agosto 2018

Carta abierta al IV Congreso del PSUV por Santiago Arconada – 29 de Julio 2018

apo3-logo“O nosotros somos mentirosos o ustedes cómplices “

Ciudadanos y ciudadanas participantes en el IV Congreso del PSUV:

Para quienes creemos que el desfalco al patrimonio público realizado entre el 2013 y el 2018 constituye un elemento estructural de la actual situación venezolana, esto es, que Venezuela no se explica si no se incorpora el hecho de que en cinco años, desde el aparato del gobierno bajo la responsabilidad del presidente Nicolás Maduro Moros, desaparecieron recursos en divisas por un monto que siendo todavía objeto de controversia, dada la imposibilidad de acceder a la información oficial, tiene la magnitud como para haber dejado a adecos y copeyanos de la cuarta República reducidos a la condición de niños de pecho, a insignificantes aprendices de los verdaderos grandes ligas de la corrupción que exhibieron sus dotes en el último lustro, dejando al país en el estado de desgracia en el que hoy se encuentra y, lo que es peor, imposibilitando las rutas hacia la recuperación primero moral y después económica de la nación. Este desfalco sin precedentes en la historia republicana fuerza a definiciones obligatorias. ¿Qué posición se asume? ¿Qué actitud se toma?

La disyuntiva que le da título a esta carta abierta no es una tontería. Le queremos decir al IV Congreso del PSUV que estamos en conocimiento de que él, el PSUV, como partido, como dirección política de una organización nacional de millones de militantes, está en conocimiento desde el 14 de febrero de 2013, faltando 19 días para el fallecimiento del Presidente Hugo Chávez Frías, de la piñata de dólares preferenciales que se estaba llevando a cabo en CENCOEX, siguiendo la inercia de la extinta CADIVI. El ponente de esa información, dada a la instancia reconocida como Dirección Nacional del PSUV, fue Jorge Giordani, el superministro de la planificación económica y las finanzas del presidente Hugo Chávez Frías, y para ese histórico momento, fuente oficial, en tanto que ministro esencial de la Economía. Es desde esa fecha que el PSUV no puede alegar ignorancia. Es desde esa fecha que cualquier ciudadano o ciudadana podría acusar a la Dirección Nacional del PSUV de complicidad. El que sabe de un robo y no lo denuncia es cómplice de silencio.

Pocos meses después, Edmée Betancourt, recién nombrada Presidenta del Banco Central de Venezuela por el Presidente Nicolás Maduro, arranca su gestión denunciando la entrega irregular de 22.5000 millones de dólares a empresas de maletín. Edmée Betancurt es públicamente reconvenida en duros términos por el Presidente Maduro y depuesta de su cargo de Presidenta del BCV. Encubiertos los recipiendarios de los 22.500 millones de dólares, a Edmée Betancourt nadie la llamó mentirosa. Nadie dijo que lo que había denunciado era mentira.

Un año después, en junio de 2014, la carta de Jorge Giordani (“Testimonio y responsabilidad ante la historia”) estremece a la opinión pública en tanto en cuanto profundiza y confirma lo denunciado un año antes por Edmée Betancourt. Hay una verdadera piñata de millones de dólares en la entrega de divisas preferenciales para importaciones. Las descalificaciones contra Jorge Giordani, uno de los poquísimos a quienes Chávez llamaba “maestro”, corrieron a cargo del propio Presidente Maduro, del entonces diputado Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello y del entonces alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Le dijeron de todo menos mentiroso y corrupto.

Después, en el 2015, apareció el llamado bachaqueo, la comercialización masiva de alimentos y productos de primera necesidad, aseo y limpieza, tanto en toneladas de productos mercadeados, como en los centenares de miles de personas, hombres y mujeres, involucradas en esa práctica. Se tiene la convicción de que el bachaqueo manó de la red de Abastos Bicentenario, al punto tal de que el Presidente Maduro, en alocución pública, al desestimar la posibilidad de rehabilitar la red de Abastos inaugurada por el fallecido Presidente Chávez, dijo textualmente que esa red estaba “…podrida, eso está todo podrido…”. Eso dejaba demasiadas cosas sin explicar, y nunca se supo si a los pocos que resultaron privados de libertad como responsables del que podríamos llamar “el desfalco alimentario” les incautaron, para el Tesoro Nacional, los capitales mal habidos.

Pero el último espectáculo, el que viene observando el pueblo de Venezuela desde hace más de un año por los medios de comunicación social convencionales, prensa, radio y TV, pero sobre todo por el periodismo digital y las redes sociales, la confrontación entre el Presidente Maduro, intermediado por el Fiscal Dr. Tarek William Saab, y el ex Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela para el Área Económica (nombrado por el Presidente Nicolás Maduro), ex Presidente de PDVSA, ex Ministro de Energía y Petróleo, ex Embajador de Venezuela ante la ONU y ante su Consejo de Seguridad, Rafael Ramírez; es el que de una manera más contundente coloca en jaque moral a su IV Congreso, en la medida en que lo confronta con la más crítica de las realidades : El Presidente Maduro, a través del Fiscal Dr. Tarek William Saab, le dice a Rafael Ramírez: ladrón, te robaste el petróleo. Y Rafael Ramírez le contesta, directamente a él, al Presidente Maduro: y tú más, ladrón, que te robaste las divisas preferenciales para importaciones. Por favor, que nadie me pregunte si dijeron eso con esas palabras. Dijeron eso del modo como lo dijeron, y lo que nadie puede negar es que lo dijeron. Que eso fue lo que todo el mundo vio, escuchó y entendió. Es más, en uno de los últimos artículos de Rafael Ramírez, en los que muy cuidadosamente va mostrando sus barajas, llegó a precisar la compra fraudulenta de “Ultimas Noticias” a la familia Capriles y “El Universal” a la familia Mata, como algo que ellos, los del Presidente Maduro, saben que él sabe, que tiene pruebas.

Ciudadanas y ciudadanos participantes del IV Congreso del PSUV:

Ustedes podrían, una vez más, hacerse los locos, barrer bajo la alfombra ese dato estruendoso de la realidad, esa “corrupción corporativizada” que denunció Elías Jaua, y salir diciendo, como dice el hoy Vicepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami , que el 20 de agosto, con la incorporación del nuevo cono monetario, se acaban nuestros problemas de hiperinflación, pero lo que no podrán hacer es negar lo que con nuestros ojos hemos visto y con nuestros oídos escuchado.

¿Estamos en el país en el que el pran de las divisas preferenciales le dijo al pran del petróleo que se quedaba con su plaza? ¿Es eso todo?
Ustedes tienen dos alternativas: O nos llaman mentirosos, y nos prueban que no hubo corrupción ni en PDVSA, ni en el otorgamiento de las divisas preferenciales, ni en la importación y distribución de alimentos, ni en la emisión ilegítima de bonos de la deuda pública, ni en los contratos con la empresa ODEBRECHT , o el desfalco, como también lo llama el Fiscal Dr. Tareck William Saab, los convierte en el partido cómplice necesario para el descuartizamiento del legado del Presidente Hugo Chávez Frías.

Ojalá nos respondieran, porque el asunto no es solamente ideológico. El desfalco divide al pueblo venezolano en dos grupos. Los que pensamos que hay que salir a buscar, hasta debajo de las piedras, la fortuna que nos robaron, y de la que depende nuestra subsistencia inmediata, que no haya más discapacitados por daño cerebral a causa de desnutrición, y los que piensan que “por lealtad” eso hay que dejarlo así. ¿En qué grupo se encuentra el IV Congreso del PSUV?

¿Qué dice el nuevo decreto sobre las reservas petroleras ? por José Ignacio Hernández G. – ProDaVinci – 28 de Julio 2018

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En las “medidas económicas” informadas el 25 de julio, se incluyó un anuncio según el cual parte de las reservas de la faja petrolífera del Orinoco (FPO) serían entregadas al Banco Central de Venezuela (BCV) como parte de las reservas internacionales.

En la mañana del 27 de julio circuló la Gaceta Oficial N° 41.446, en la cual se publicó el Decreto N° 3.550, por medio del cual se materializó esta medida.

Sin embargo, como suele suceder, entre lo anunciado y lo publicado en Gaceta Oficial hay algunas diferencias.

Lo que dice el Decreto N° 3.550

De acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 3.550, se determinó “como respaldo para facilitar el acceso a mecanismos e instrumentos financieros y monetarios para la República Bolivariana de Venezuela”,  el “desarrollo potencial de 29.298 MMBN de reservas de petróleo pesado y extrapesado en sitio, localizadas en el Bloque Ayacucho 02 de la Faja Petrolífera del Orinoco”.

Corresponde al Ministerio con competencia en petróleo la determinación exacta del área de esas reservas y su valoración económica (artículo 2). Finalmente, se dispuso que el BCV, junto con los demás Ministerios competentes, quedan encargados de la ejecución del Decreto.

¿Qué es un respaldo?

El decreto crea un “respaldo”. Esta palabra ha sido empleada anteriormente. Por ejemplo, recientemente un “respaldo” similar fue determinado en relación con el petro, según puede leerse en el Decreto N° 3.292 de febrero de 2018.

Tomando en cuenta este antecedente, puede concluirse que el “respaldo” es una garantía. Así, la garantía es una obligación accesoria en virtud de la cual si el acreedor incumple con una obligación principal, el acreedor podrá ejecutar o hacer cumplir la garantía.

Por ello, hay que precisar dos aspectos: cuál es el objeto de esa garantía y cuál es la obligación principal garantizada.

El objeto de la garantía

Aun cuando se ha señalado que las reservas de la FPO fueron otorgadas en garantía, en realidad, la atenta lectura del Decreto permite llegar a una conclusión, al menos, parcialmente distinta.

En efecto, lo que dice el artículo 1 del decreto es que la garantía versa sobre el “desarrollo potencial de 29.298 MMBN de reservas…”. Nótese bien que la garantía no versa sobre las reservas, sino sobre el “desarrollo potencial” de esas reservas. Esto quiere decir que la intención fue constituir una garantía sobre el potencial ejercicio de actividades de exploración y explotación de las señaladas reservas petroleras.

Es decir, que cuando el decreto refiere a “desarrollo potencial”, está refiriéndose a las actividades de exploración y explotación que podrán desarrollarse sobre esas reservas.

La operación garantizada

La operación garantizada son “mecanismos e instrumentos financieros y monetarios para la República Bolivariana de Venezuela”.  Aun cuando la expresión es muy amplia, puede concluirse que hace alusión a operaciones financieras para la captación de recursos, típicamente por medio de títulos valores emitidos por Venezuela.

En términos sencillos, esto lo que quiere decir es que el Decreto pretende garantizar los títulos valores y demás operaciones similares de Venezuela, con el “desarrollo” de parte de las reservas de la FPO.

¿Y el Banco Central de Venezuela?

Nada en el decreto señala que las reservas fueron “entregadas” al BCV, según lo que parece fue el anuncio efectuado el 25 de julio.

Una posible explicación es que, mediante actos posteriores, el BCV, en conjunto con los ministros competentes, deberá incluir las “reservas” (o más bien, su desarrollo potencial) como parte de las reservas internacionales.

Así, en una de las últimas reformas a la Ley del Banco Central de Venezuela, se modificó el artículo 127 a los fines de incluir, dentro de las reservas internacionales, “cualquiera otros activos o derechos que hubieran sido calificados como de reserva por el Directorio de acuerdo con criterios reconocidos internacionalmente”. Con lo cual, una posible interpretación es que el Directorio del BCV podría calificar como reservas internacionales el “respaldo” otorgado en el decreto comentado.

¿Y las reservas petroleras pueden ser parte de las reservas internacionales?

Dejando a un lado lo antes señalado, lo cierto es que ni las reservas sobre la FPO, ni el “potencial desarrollo” de esas reservas petroleras pueden ser parte de las reservas internacionales.

En efecto, como ha señalado el Fondo Monetario Internacional, las reservas internacionales deben estar conformadas por “activos externos a disposición inmediata y bajo el control de las autoridades monetarias para satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio, y para otros fines conexos…”.

Tanto las reservas de la FPO como el “potencial desarrollo” de esas reservas incumplen todas esas condiciones.

En efecto, no se trata de activos externos. Por un lado, las reservas de la FPO son bienes del dominio público ubicados en Venezuela; además, el “potencial desarrollo” de esas reservas petroleras no puede ser considerado como un activo, y mucho menos externo.

Además, no se trata de activos que están a disposición inmediata del BCV. Así, ni el BCV –ni ningún operador económico- podría disponer de las reservas petroleras de inmediato, y no solo por razones jurídicas: esas reservas solo podrían ser aprovechadas a través de la asignación de derechos de exploración y explotación, con lo cual, en realidad, el BCV no podría disponer de las reservas petroleras para implementar instrumentos de política monetaria. La clave para comprender ello es que, económica y jurídicamente, las reservas petroleras no son activos que puedan ser enajenados.

La nulidad del Decreto N° 3.550

El Decreto N° 3.550 es, desde distintas perspectivas, nulo. En efecto, como sea que su objeto es otorgar una garantía, cabe recordar que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, toda garantía es una operación de crédito público. En tal sentido, todas las operaciones de crédito público de la República deben ser autorizadas previamente por la Asamblea Nacional. Como sea que la Asamblea Nacional no autorizó la constitución de la garantía contenida en el Decreto N° 3.550, esa garantía debe reputarse nula.

Además, si se considera que el objeto de la garantía son las reservas petroleras, entonces, habrá que señalar que esa garantía sería nula, pues de conformidad con el artículo 12 constitucional, las reservas son bienes del dominio público que, como tal, no pueden darse en garantía.

Pero si se considera que el objeto de la garantía son las actividades de exploración y explotación, y no las reservas como tal, la garantía sería igualmente nula. Por un lado, las actividades de exploración y explotación son derechos sujetos a un régimen especial, el cual impide que esas actividades sean afectadas o gravadas. Pero además, toda garantía debe tener un objeto actual –o como se dice en Derecho, un objeto posible-, con lo cual, no es posible constituir una garantía sobre algo que no existe, a saber, el desarrollo potencial o futuro de las reservas petroleras de la FPO.

Finalmente, como ni las reservas petroleras ni el “desarrollo potencial” de las reservas petroleras pueden constituirse como garantías, estas no podrían formar parte de las reservas internacionales, tomando en cuenta los lineamientos del Fondo Monetario Internacional.

Sísifo proletario por Ramón Peña – Noticiero Digital – 25 de Junio 2018

Unknown.jpegUna vez más la relación salario mínimo-precios se articula en una espiral viciosa que parece no tener límite. Cada nuevo decreto de aumento salarial es una burla, un engaño, que asume una mermada capacidad de razonamiento por parte de los trabajadores. No es nueva esta guasa de la revolución. En esta misma columna escribíamos en mayo de 2011, en tiempos del lenguaraz eterno: “La carrera entre el salario y la inflación recuerda la historia de Sísifo, aquel personaje de la mitología griega, condenado a perder la vista y empujar perpetuamente una piedra gigante montaña arriba hasta la cima, sólo para que volviese a caer rodando hasta el valle, y así indefinidamente “. En aquel momento ya iban doce aumentos de salario mínimo, que uno tras otro eran aplastados por el peñasco inflacionario. La diferencia trágica con el presente es que entonces el índice inflacionario rondaba 30 % anual, hoy los precios aumentan a razón de 150 % mensual.

La inútil persecución de los precios con cada aumento del salario no solo agota los bolsillos y la psiquis de las familias consumidoras, es también un factor destructivo de la economía nacional. En una política armoniosa, salarios y precios deben guardar celosa correspondencia con la producción y la productividad global de la economía. En tiempos de la democracia, estos factores se concertaban entre gobierno, trabajadores y empresarios, asesorados para la toma de decisiones por entes profesionalmente capacitados, como el Banco Central de Venezuela (BCV).

Decidido unilateralmente y con un BCV desmantelado, cada decreto salarial provoca la desaparición de empresas, y ahora, como nuevo fenómeno, desaparecen también obreros y empleados que, con salarios de hambre, prefieren aventurarse a la economía informal o hasta emigrar del país.

En la mitología griega, Sísifo fue castigado por Zeus y Hades, en nuestro tiempo, Sísifo, redivivo en los trabajadores, es condenado nada menos que por una supuesta revolución proletaria.

 

 

Vértigo de locura por José Toro Hardy – La Patilla – 23 de Mayo 2018

Unknown.jpegLos teléfonos celulares con sus cámaras terminan siendo los mejores observadores en los procesos electorales. El día 20 las redes sociales transmitieron en vivo la situación de los centros electorales durante todo el día y en toda la geografía nacional. El denominador común es que la gran mayoría de ellos estaban desiertos, tal como estaba la plaza frente el centro electoral donde votó el presidente, ante cuya imaginaria multitud gesticulaba teatralmente.

No obstante, cómo era de esperar, el CNE anunció esa noche unos resultados que parecieran contrastar marcadamente con el testimonio visual que todos pudimos ver. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? ¿Es que acaso con eso van a resolver los graves problemas reales del país? Veamos:

Según cifras publicadas por el BCV en sólo un año la Liquidez Monetaria aumentó en un 5.617 % rozando ya el trillón de bolívares. Peor aún, en apenas una semana (previo a las elecciones y por razones obvias) la citada Liquidez se incrementó en un 16,5%. Sé que para quienes no son economistas estas cifras pueden significar poco, pero la realidad es que se trata de dinero sin respaldo que emite el Banco Central para financiar el déficit fiscal.

Crece vertiginosamente la cantidad de bolívares en la economía, coincidiendo con una brutal caída en la producción de bienes y servicios. Esos bolívares tratan de comprar bienes que no existen en el mercado. Cualquiera que tenga los más elementales conocimientos de economía sabe que la consecuencia inevitable es un aumento de los precios que será tanto más elevado cuanto mayor sea la emisión de ese tipo de dinero “inorgánico”. Por eso, nuestra Constitución prohíbe expresamente al BCV financiar el gasto público:

Art. 320

“En el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias”.

En el caso venezolano, la violación de tal artículo es tan descarada, que entre mayo del 2017 y abril del 2018 el solo “financiamiento a empresas públicas no financieras” (léase PDVSA) creció 246 veces alcanzando la increíble suma de 1,9 billones de bolívares.

Durante ese mismo lapso la producción petrolera de Venezuela cayó aceleradamente. Hoy producimos lo mismo que en 1949, hace casi 70 años. Muchos analistas estiman que a fines del 2018 la producción podría ubicarse en torno a un millón de barriles diarios. Mientas tanto, arbitrajes internacionales perdidos como en el caso de ConocoPhillips, Russoro, Exxon Mobil y muchos otros que cursan ante el CIADI, comienzan ya a traducirse en embargo de activos petroleros venezolanos en el exterior, como está ocurriendo actualmente en Aruba, Curazao, Bonaire y San Eustaquio.

Todo lo anterior, sumado a la destrucción masiva del aparato productivo ha llevado a Venezuela a padecer lo que luce como una de las más severas crisis económicas que ha padecido el mundo entero en medio siglo.

La hiperinflación que padecemos, en medio de una brutal caída del Producto Interno Bruto, es la causa del brusco empobrecimiento que sufrimos los venezolanos.

Pero lo peor está por venir. Llevamos ya un semestre entero en hiperinflación. Conforme a las cifras que nos proporciona la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (porque el BCV ya no las suministra), el nivel de los precios está creciendo vertiginosamente. Si la inflación promedio mensual alcanzase un 80% durante el 2018, la hiperinflación de este año alcanzaría un 115.583 %. Si tal promedio de inflación mensual fuese del 85%, la inflación del año alcanzaría a un 160.616 %.

Cabe preguntarse, ¿es que acaso tan dramáticos escenarios podrán resolverse con anuncios electorales más propios de Alicia en el país de las maravillas?

La realidad es tan terca como dura. Ya el Banco Interamericano de Desarrollo declaró a Venezuela en default y las principales agencias calificadoras de riesgo soberano seguirán el ejemplo, aunque por ahora hablan de “default selectivo”.

La consecuencia inmediata de esos comicios fue su desconocimiento por parte del Grupo de Lima, EE.UU, la Unión Europea, el Reino Unido y el G-7, que incluye a Japón. Todos están claros. No es con mayores dosis del mismo veneno como se van a curar los graves males de Venezuela.

Estamos enfrentados a un abismo de ilegitimidad. Nuevas sanciones están siendo propuestas en momentos en que la industria petrolera, que aporta el 96% de todas las divisas que percibimos, parece hundirse en un vértigo de locuras.

bcv.pngBCV evalúa la circulación del cono monetario viejo y nuevo ante dificultadesEl Banco Central de Venezuela analiza la circulación de los dos conos monetarios, el viejo y el nuevo, por dificultades. Según reveló la periodistas Mayela Armas en Crónica Uno los billetes de la nueva estructura vienen de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, y el que tendría la mayor seguridad sería el de 2 bolívares. Cuando lleguen las piezas, la prioridad será la banca pública.

Y es que a semana y media de que arranque la reconversión monetaria, el Banco Central de Venezuela (BCV) está contra las cuerdas. Las instituciones financieras siguen en la adecuación, pero faltan más pruebas. Las piezas aún no han llegado, y las autoridades evalúan si circulan juntos los billetes viejos y nuevos.

El directorio del instituto emisor está al tanto de que si bien la banca está adelantada, algunos sectores económicos han tenido dificultades para tener listos todos los sistemas contables para la fecha pautada. Y además tienen conocimiento de que faltan más revisiones, dicen fuentes oficiales.

 

 

 

¿Cómo impactan las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos? por Víctor Salmerón – ProDaVinci – 23 de Mayo 2018

Tras considerar ilegítimas las elecciones del pasado 20 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que incrementa las sanciones contra la administración de Nicolás Maduro. La medida prohíbe a los bancos, empresas, particulares y en general a cualquier entidad de Estados Unidos, participar en una serie de transacciones que permitirían financiar a corto plazo al gobierno venezolano, Pdvsa –la empresa petrolera en manos del Estado– y el Banco Central.

Este paso se añade a las sanciones de agosto de 2017, cuando Washington condenó la “apropiación de poder” por parte de la Asamblea Nacional Constituyente e imposibilitó la entrega de nuevo financiamiento en plazos superiores a 90 días en el caso de Pdvsa, y de 30 días para el resto del sector público.

El efecto

Con las nuevas sanciones al gobierno venezolano y todos sus organismos les resulta imposible vender sus cuentas por cobrar o entregarlas como garantía. Además, les está prohibido vender, intercambiar o conceder en garantía acciones de empresas en las que el Estado tenga una participación de al menos 50%.

El analista financiero Leonardo Buniak explica que “Pdvsa se ve afectada seriamente porque se le limita el uso de instrumentos financieros que son cotidianos para obtener financiamiento en el corto plazo; ya no puede hacer factoring, es decir, venderle a un banco una factura que va a cobrar en 60 o 90 días y recibir hoy el dinero aceptando un descuento”.

“Tampoco es posible que Pdvsa coloque como garantía cuentas por cobrar para obtener un crédito de corto plazo, a fin de recibir capital de trabajo y mantener las operaciones del día a día del negocio”, añade Buniak.

También se prohíbe el uso de cartas de crédito, un instrumento que le permitiría al gobierno venezolano realizar importaciones y cancelar luego, porque el pago inmediato al exportador lo realiza una entidad financiera. No obstante, Leonardo Buniak precisa que “antes de las sanciones ya era muy difícil, si no imposible, para el gobierno y Pdvsa, obtener cartas de crédito porque no han sido capaces de cumplir a tiempo con el pago de la deuda que tienen en bonos: están técnicamente en default y esto hace que sean evaluados como de altísimo riesgo por los bancos”.

Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, agrega otro aspecto y destaca que “se está obligando a las empresas que le prestan servicios a Pdvsa a cobrarle por adelantado porque en caso de que no les paguen a tiempo no pueden aceptar un bono o algún tipo de garantía a cambio. Obligar a Pdvsa a trabajar solo en efectivo restringe su funcionamiento”.

Desde su punto de vista estas nuevas sanciones no tienen mayor efecto en la posibilidad de que Venezuela realice operaciones financieras con las cuentas por cobrar a países agrupados en el convenio de Petrocaribe. “Los principales compradores de esa deuda son los mismos países, no empresas de Estados Unidos”, afirma Grisanti.

Las empresas mixtas

Las sanciones también impactan la posibilidad de que el gobierno venezolano obtenga recursos negociando parte de las acciones de las empresas que creó junto a compañías extranjeras para explotar la Faja Petrolífera del Orinoco.

Pdvsa está obligada a tener una participación mínima de 50% en estas asociaciones, pero en algunas de ellas posee una porción superior, por lo tanto, explica Alejandro Grisanti, “es posible que se financie vendiendo 10% de las acciones en los convenios donde posee 60%; ahora, esta posibilidad está cerrada en el caso de que quiera negociar con una empresa de Estados Unidos”.

Leonardo Buniak explica que “esto golpea las expectativas del presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, de que se incremente la participación de las empresas extranjeras en los convenios de la Faja. Tengamos en cuenta que la producción petrolera registra un descenso muy importante en los últimos tres años y las empresas mixtas, que hace tres años aportaban un tercio de la producción, hoy aportan un poco más de la mitad”.

Otro elemento es que, para transportarlos y procesarlos en refinerías convencionales, los crudos extra pesados de la Faja del Orinoco necesitan diluyentes. Hasta hace pocos años no había que comprarlos en el exterior porque se producían en el país en las cantidades necesarias, pero ahora Pdvsa tiene que importarlos y Estados Unidos es un proveedor importante.

“Una cosa que puede ocurrir es que se le exija a Pdvsa el pago de contado del diluyente porque de no hacerlo podría ser visto como la aceptación de una deuda; evidentemente esto obligaría a buscar proveedores distintos a los de Estados Unidos, algo que entorpecería más las operaciones”, dice Leonardo Buniak.

De acuerdo a las cifras reportadas por el gobierno a la OPEP, entre 2014 y abril de este año la producción petrolera de Venezuela cayó desde 2,8 millones de barriles diarios hasta 1,5 millones, una magnitud similar a la de 1950. Alejandro Grisanti considera que no es descartable que, en medio de las fallas de gerencia, el bajo número de taladros activos y la falta de planificación, la producción siga en descenso y cierre este año en 1,2 millones de barriles diarios.

Un aspecto a considerar es que las sanciones ocurren en momentos en que ConocoPhillips está embargando activos de Pdvsa en el Caribe para cobrar 2 mil millones de dólares. Esta empresa norteamericana obtuvo un laudo a su favor por la Cámara de Comercio Internacional tras iniciar en 2007 una batalla legal para obtener compensación por la expropiación de las inversiones que realizó en Venezuela.

Alejandro Grisanti indica que “a la caída de la producción hay que añadir que las acciones que ha tomado ConocoPhillips le impiden a Pdvsa el uso de los puertos de aguas profundas del Caribe que es donde llegan los grandes tanqueros que transportan el petróleo a China. Si Pdvsa los empleara, Conoco se apropiaría de ese petróleo para cobrar lo que exige. No dejo de lado la posibilidad de que esto obligue a Pdvsa a exportar más petróleo a Estados Unidos en un contexto de nuevas sanciones. Evidentemente es una situación complicada”.

Leonardo Buniak resume que “las sanciones agravan un cuadro muy preocupante. Pdvsa no está realizando las inversiones que se requieren para detener la caída de la producción y comenzar a elevarla. Cayó en default porque tiene atrasos en el pago de los intereses de sus bonos por el orden de 1.500 millones de dólares, no es capaz de pagarle a los proveedores y tampoco ha sido capaz de llegar a un acuerdo con una compañía como ConocoPhillips que ganó una demanda”.

Consecuencias ampliadas

Podría pensarse que las sanciones de Estados Unidos solo impiden operar con bancos y empresas de este país, pero la realidad es que las grandes entidades financieras de otras naciones que operan activamente en Estados Unidos, también limitan sus transacciones con Venezuela a fin de proteger su presencia en un mercado estratégico.

Grisanti explica que “lo que observamos con las sanciones de agosto de 2017 es que los grandes bancos europeos con fuerte presencia en Estados Unidos adoptaron las medidas por igual. Los bancos asiáticos no las asumieron de este modo, pero cada vez están menos dispuestos a trabajar con Pdvsa y Venezuela”.

Leonardo Buniak considera que “es evidente que hay un efecto indirecto de las sanciones porque los grandes bancos y las empresas comienzan a evaluar si operar con Venezuela puede afectar sus negocios en Estados Unidos; además hay un riesgo reputacional que también se toma en cuenta”.

En este entorno, la posibilidad de que el Banco Central de Venezuela obtenga financiamiento de corto plazo para aumentar las reservas internacionales entregando oro como garantía luce comprometida, al menos con las grandes entidades financieras de Europa.

Las reservas internacionales en efectivo se ubican por debajo de mil millones de dólares, y una manera de aliviar el recorte de importaciones sería aumentarlas con operaciones sustentadas en las barras de oro que gestiona el Banco Central y que tienen un valor de 7 mil millones de dólares.

La zona gris

A diferencia del decreto de agosto de 2017, el que detalla las nuevas sanciones es bastante escueto y ha generado dudas en las entidades financieras.

“Las sanciones han sido redactadas de una manera poco específica. Hay mucha confusión en el mercado y no descarto que esto sea intencional. Hoy existe una tendencia que se conoce como el sobrecumplimiento, que es que cuando un banco tiene dudas de lo que se puede hacer o no, sencillamente no lo hace”, dice Alejandro Grisanti.

Agrega que “el lunes los traders en Nueva York no sabían si podían comprar y vender bonos de la República y Pdvsa. Hay dudas sobre estas operaciones porque el decreto habla de que prohíbe la compra de cualquier tipo de deuda y podría interpretarse que esto abarca los bonos. No es del todo preciso, por eso pensaría que el gobierno de Estados Unidos va a publicar una aclaratoria sobre el alcance de las sanciones”.

¿Qué quiere hacer el Gobierno con las remesas? por Víctor Salmerón – ProDaVinci – 8 de Mayo 2018

dolar-418x220.jpgEl superintendente de bancos, Antonio Morales, explicó en entrevista concedida a Unión Radio que si las personas que envían dólares desde el exterior a sus familiares en Venezuela “lo hacen a través de los mecanismos establecidos en las casas de cambio no hay ningún problema, lo que pasa es que estaban utilizando la tasa de cambio que no está permitida, que es el dólar ilegal”.

Antonio Morales agregó que “en los próximos días ya se estarán aperturando (sic) las casas de cambio autorizadas legalmente para que operen y se pueda permitir la compra o venta de divisas al precio establecido por el Banco Central de Venezuela que es el de la subasta del Dicom”.

Mayoritariamente quienes envían dinero desde el extranjero a sus familiares en Venezuela venden los dólares a través del siguiente mecanismos: transfieren las divisas a la cuenta en el exterior de un comprador que está en Venezuela y este comprador le deposita a sus familiares los bolívares al tipo de cambio que han acordado.

La magnitud

Gracias a la emigración no es desdeñable el número de familias que se protegen de la hiperinflación con la ayuda que reciben de familiares en el exterior. De acuerdo con un estudio de la firma Datos al cierre de enero de este año 14% de los venezolanos mayores de 18 años (alrededor de tres millones de personas) contestó afirmativamente a la pregunta de si le han enviado dinero desde el extranjero y la mitad de éstos señaló que lo recibe una vez al mes.

El origen de las ayudas desde el extranjero, como es lógico, coincide con la emigración que ha sufrido el país. Datos registra que 42% de las divisas fluye desde Europa y refleja la cantidad de hijos de españoles, portugueses e italianos que decidieron irse de Venezuela para buscar una mejor calidad de vida. Siguen Estados Unidos con 40%, Suramérica 12% y Centroamérica y el Caribe 5%.

Los números sugieren que quienes emigraron a Europa y Estados Unidos ya han logrado estabilizarse y por eso han iniciado el envío de remesas de forma constante. En el mediano plazo debería suceder algo similar con la cantidad de venezolanos que se ha marchado a países de Suramérica como Colombia, Ecuador y Perú.

En la última edición de Migration and Development Brief (reseña sobre migración y desarrollo) el Banco Mundial proyecta que en 2017 el envío de remesas a Venezuela se ubicó en orden de 289 millones de dólares, una cifra bastante baja comparada con, por ejemplo, 5.696 millones de República Dominicana, pero que cuenta con un gran potencial de crecimiento.

Si bien no es fácil determinar la magnitud de la diáspora porque la doble nacionalidad de venezolanos que se han mudado a países como España o Italia complica los cálculos, el estudio de Datos registra que en enero 63 de cada 100 venezolanos afirmó que en los últimos doce meses un familiar se marchó al extranjero.

Y todo apunta a que la salida seguirá este año. Ante la pregunta: ¿Tienes pensado irte de Venezuela en los próximos 12 meses? El 41% de la población mayor de edad responde afirmativamente.

¿Funciona el Dicom?

Cuando los países cuentan con un sistema legal que permite la libre venta de divisas a un tipo de cambio de mercado, la oferta de dólares aumenta gracias a las remesas y la economía se beneficia de una fuente de ingresos que incluso en naciones de Centroamérica ha llegado a superar el monto de las exportaciones.

De esta forma, las remesas pasan a formar parte de los recursos con que cuenta un país para realizar importaciones, estabilizar el tipo de cambio o incrementar sus reservas internacionales.

José Guerra, exgerente de investigaciones económicas del Banco Central y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, explica que “si no hay control de cambio las personas venden los dólares o euros de las remesas a los bancos del país. A su vez, estos bancos utilizan estas divisas para satisfacer la demanda, por ejemplo, de empresas que necesitan comprar dólares para importar”.

“Es un ingreso de divisas muy ventajoso porque el país que lo recibe no tiene que endeudarse para obtenerlo y es una fuente de estabilidad para el mercado cambiario”, agrega José Guerra.

También puede suceder que el banco central compre parte de los dólares que ingresan por las remesas para cancelar deuda externa o fortalecer las reservas internacionales, algo que también resulta beneficioso para los países.

En Venezuela desde 2003 hay control de cambio y las empresas y los particulares no pueden comprar legalmente todos los dólares que quisieran. El mecanismo permitido, para la compra de montos regulados, es el Dicom y consiste en subastas semanales que realiza el Banco Central.

En lo que va de año el Dicom solo ha vendido 9,9 millones de dólares, una cifra exigua que no satisface la demanda. El tipo de cambio oficial, que resulta de la última subasta, es de 70 mil bolívares por dólar.

La consecuencia de la inoperatividad del sistema es que las empresas y los particulares acuden a un mercado paralelo donde compran a un tipo de cambio muy superior las divisas que el Banco Central no vende (una ley prohíbe divulgar una cotización del dólar distinta a la oficial).

José Guerra indica que “como hay control de cambio las remesas se quedan como transacciones entre privados en el mercado paralelo y no benefician a la economía del país”.

Las perspectivas

La posibilidad de que el Gobierno obligue a los venezolanos en el exterior a vender los dólares que les envían a sus familiares en las casas de cambio autorizadas, y a la tasa del Dicom, no luce despejada. La principal dificultad es la diferencia de precios entre la tasa oficial y la tasa a la que usualmente venden quienes ayudan a sus familiares desde el exterior.

Si bien es previsible que se coloquen controles más férreos en el sistema financiero para lograr este propósito, analistas advierten que el dinero busca el cauce que otorgue un mayor beneficio.

La firma Síntesis Financiera indica en su último reporte que “el flujo de pequeñas remesas que transita por el sistema bancario nacional público y privado ha venido creciendo, y prevemos que este año se ubicará entre mil y mil quinientos millones de dólares. Esas remesas buscan el mejor precio del dólar, los flujos de dinero encuentran el cauce al segmento de mercado que resulte más atractivo”.

 

José Guerra pidió posponer reconversión monetaria por José Silva – El Universal – 29 de Abril 2018

El diputado manifestó que tanto los comercios como el sistema financiero venezolano aún no están preparados para la entrada en vigencia del Bolívar Soberano y que, además, el nuevo cono monetario todavía no se encuentra en el país

jose-guerraEl presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN), diputado José Guerra, pidió al Gobierno nacional postergar la reconversión monetaria prevista para el próximo 4 de junio.

“Por el bien del país lo mejor que puede ocurrir es que se posponga la reconversión monetaria, se consulte bien con el sistema financiero, para estudiar la posibilidad de reprogramarla, y hacer las cosas bien hechas”, dijo el parlamentario en un audio publicado por Unión Radio.

Guerra alegó que para la fecha estipulada no es posible recoger de los bancos y del público “más de 15 mil millones de piezas hoy existentes” en todas las denominaciones de billetes del actual cono monetario y al mismo tiempo tener lista la nueva familia de billetes con unos “5 mil millones de piezas adicionales”.

De igual forma, aseguró que el nuevo cono monetario del ahora Bolívar Soberano (Bs.S.), que suprime tres ceros a la moneda actual, aún no se encuentra en Venezuela, por lo que “no se puede distribuir adecuadamente”, además, mencionó que los comercios y bancos no están listos para la reconversión.

Desde este 1 de mayo, el BCV instruyó reflejar el precio de los productos tanto en el actual bolívar como en el Bolívar Soberano. Esto, según Guerra, traerá el problema de que el mismo producto tendrá dos etiquetas con dos precios distintos.

El diputado señaló que, a diferencia de la anterior reconversión monetaria que entró en vigencia el 1 de enero de 2008, la reconversión de junio de 2018 “se está haciendo en un cuadro de hiperinflación que va a pulverizar el nuevo cono monetario en corto tiempo”.

 

 

Maduro quiere nacionalizar la banca privada después de las elecciones por Ludmila Vinogradoff – ABC – 26 de Abril 2018

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El presidente Nicolás Maduro estaría planeando estatizar la banca privada después de las elecciones anticipadas del 20 de mayo, que busca su reelección, según denuncian trabajadores del Banco Central de Venezuela (BCV) en el portal de noticias de La Patilla.

En un comunicado publicado en la página de «lapatilla.com»’, los trabajadores bancarios que pidieron el anonimato, alertaron sobre la inviabilidad de realizar la reconversión monetaria prevista para el 4 de junio, según anuncios del régimen de Maduro.

La reconversión consiste en eliminar tres ceros a la moneda nacional para ocultar su devaluación y la emisión de nuevos billetes. En el mercado paralelo el dólar se cotiza a 800.000 bolívares y cualquier transacción lleva cifras millonarias. Por comodidad los venezolanos evitan mencionar los millones de las operaciones sino las tres primeras cifras de cualquier importe.

«La reconversión monetaria que adelanta el gobierno es totalmente inviable en los plazos establecidos. Esta situación ya ha sido advertida en diversas instancias por los técnicos calificados que todavía quedan en la institución», señala el documento.

«Por tanto, alertamos al país que el gobierno puede tener en mente crear un caos monetario (la entrada de los nuevos billetes sin los tres ceros) después de las elecciones para inculpar de ello a la banca y de esta manera proceder a la estatización de algunos bancos», añade.

Destacan que «recoger más de quince mil millones piezas monetarias y al mismo tiempo poner en circulación al 4 de junio al menos cinco mil millones de nuevas piezas es imposible»’.

En esta oportunidad, el régimen puso bajo investigación a Banesco por la presunta comisión de conspiración financiera, en una operación denominada «manos de papel»’ que ha denunciado el ministro del Interior, Nestor Reverol, al afirmar que han detenido más de 127 personas por presunto acaparamiento de billetes.

«Esto calza perfectamente con recientes actuaciones del gobierno contra varias entidades bancarias a las cuales les imputa la falta de efectivo y la manipulación del dólar paralelo, cuando la verdad es que no hay efectivo por la falta de impresión de billetes suficientes, debido a la hiperinflación mientras que la depreciación del bolívar obedece al financiamiento que hace el BCV del déficit fiscal», señalan.

Los empleados adscritos a las distintas vicepresidencias del Banco Central, denuncian que se está produciendo una «auténtica estampida laboral» en el instituto emisor como resultado de la hiperinflación y el consecuente rezago de los salarios.

«A ello se agrega un clima hostil de trabajo debido a que el presidente Ramón Lobo ha transformado al BCV en una filial del PSUV, lo que se traduce en persecuciones a los empleados que se sospechan que no comulgan con la ideología comunista». De esta forma, gerencias y departamentos sensibles se están quedando vacíos y desmantelados en vista de que con los actuales niveles salariales es imposible captar personal calificado.

 

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