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Comunicado de la Sociedad Venezolana de Filosofía – 10 de Diciembre 2019

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La Sociedad Venezolana de Filosofía, en uso de sus atribuciones como asociación cultural de carácter nacional e independiente de doctrinas, ideologías y creencias, manifiesta su enérgico rechazo a la sentencia emitida por la Sala Constitucional del TSJ, expediente N° 2019-1170, donde dictó una serie de medidas cautelares contra los profesores Miguel Albujas Dorta y Manuel Rachadell Sánchez,

Los profesores Albujas y Rachadell fueron nombrados en fecha reciente por la Asamblea Nacional como sus representantes ante el Consejo Nacional de Universidades con el fin de ser defensores de la Autonomía Universitaria. Ambos son profesionales de destacada solvencia académica; el Dr. Miguel Albujas es vicepresidente de esta Sociedad Venezolana de Filosofía y actual director del Instituto de Filosofía de la UCV; el Dr. Manuel Rachadell es actualmente profesor y jefe de la Cátedra de Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, profesor de postgrado en la Especialización en Sistemas y Procesos Electorales y ex director de la Oficina Central de Asesoría Jurídica de la UCV.

Desde su fundación, las universidades venezolanas, encabezadas por la Universidad de Caracas, hoy Universidad Central de Venezuela, han luchado por el derecho de ser autónomas y dicha Autonomía logra su conquista definitiva en 1958, cuando fue redactado como instrumento jurídico por una comisión presidida por el Dr. Francisco De Venanzi e integrado por reconocidos académicos. La autonomía universitaria está consagrada en la constitución venezolana y otorga a las universidades la facultad de crear “sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo en control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley”.

Por ello, es inadmisible que se sancione a dos universitarios por querer ejercer su derecho a luchar por el respeto a la Autonomía Universitaria.

Sin esa libertad de acción no es concebible la existencia misma de la UNIVERSIDAD.

En Caracas, a los diez días del mes de diciembre de dos mil diecinueve.

Por la Sociedad Venezolana de Filosofía

Corina Yoris-V
C.I. N° 3230281
Presidenta de la SVF

NB: Hay una lista de venezolanos, académicos, profesores, ciudadanos que han querido suscribir este comunicado.

David Sosa: “No vamos a ceder al chantaje” por Hugo Prieto – ProDaVinci – 3 de Noviembre 2019

David Sosa: “No vamos a ceder al chantaje”La sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia le pone fecha de caducidad a la autonomía universitaria: 28 de febrero de 2020. Marca, además, “la intervención, la liquidación de la universidad”, dice David Sosa, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y estudiante del tercer semestre de la Escuela de Ciencias Políticas.

Ese día finaliza el lapso que el TSJ estableció para que se realice la elección de autoridades, no ya según las pautas dispuestas en la ley de universidades y la Constitución Nacional, sino en lo que se ordena, como en el mundo militar, en esa sentencia. “En este momento se están dando las discusiones para que la comunidad universitaria, todos sus integrantes —profesores, estudiantes, empleados y obreros— le demos una respuesta al régimen”, dice Sosa. “Si las medidas del régimen son ilegales, nuestra respuesta tiene que ser legal”. El conflicto asoma a la vuelta de la esquina.

¿En qué estado se encuentra la Universidad Central de Venezuela?

Probablemente la universidad atraviesa por una de sus más grandes crisis. Ha habido momentos en que fue cerrada, bajo los gobiernos de Guzmán Blanco o Juan Vicente Gómez, momentos en que fue allanada (Rafael Caldera). Pero actualmente, su infraestructura, por ejemplo, se encuentra deteriorada como nunca antes se había visto en el campus universitario, lo que afecta, incluso, su patrimonio cultural. Las condiciones laborales de empleados y profesores, cuyos sueldos y salarios son de miserias, empeoran cada vez más. Las condiciones de los estudiantes están en el piso. El comedor cerrado, vandalizado por el hampa en varias ocasiones. Sólo algunas rutas de transporte funcionan, por problemas de mantenimiento de las unidades. Tenemos becas de 720 bolívares que no alcanzan ni para dos fotocopias. Esa es la universidad que a mi generación le ha tocado vivir.

La Ciudad Universitaria fue declarada Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Humanidad, por la Unesco. ¿Esta organización de Naciones Unidas se ha pronunciado sobre el deterioro de su infraestructura y de las obras de arte? ¿La universidad cumple con las pautas que la Unesco ha establecido?

Hasta el momento, y con mucho esfuerzo, se ha hecho el mínimo necesario para mantener el complejo de la Ciudad Universitaria reconocido por la Unesco como patrimonio cultural de la humanidad. Cada vez se hace más cuesta arriba, más difícil. La universidad ha tenido que hacer alianzas, convenios, con empresas privadas, mediante los cuales la universidad presta algunos servicios y esas empresas aportan recursos para mantener ciertos espacios. Recientemente, a través de esta figura, se recuperaron ciertos camerinos y la iluminación en el Aula Magna, de acuerdo a los parámetros de la Copre. En ese sentido se ha podido mantener el estatus, pero como universidad y como país, en un contexto como este, podríamos perder ese reconocimiento.

Hay un malestar social en todo el mundo, no siempre damos con las razones de la protesta. Parece que la política perdió la brújula. No hay una conexión entre la política y la gente. ¿Eso se está viviendo en la universidad?

Ciertamente, es un momento de agitación. Pero hay una diferencia en la respuesta que dan los distintos gobiernos a las protestas y manifestaciones que se dan en determinados contextos. Hay gobiernos que escuchan a sus pueblos y dan una respuesta. Pero también hay gobiernos, dirigidos por irresponsables, que no escuchan ni ofrecen respuestas. Es el caso de Venezuela. A lo largo de 20 años se han realizado gestiones, se han introducido cartas, se han solicitado audiencias, se ha intentado el diálogo, en fin, se ha intentado todo tipo de métodos para que los que hoy nos gobiernan de forma ilegitima, respondan a las necesidades de la población. Sí, la gente no ve a los políticos como un interlocutor válido. Y eso genera un sentimiento anti político, al que no escapa la universidad.

La universidad era una especie de laboratorio de lo que ocurría en el país o todo lo que ocurría en el país se reflejaba en la universidad. Quizás ambas cosas. En ese sentido, la universidad hoy es un témpano a la deriva, porque no hay conexión con el gobierno del señor Maduro, ni con fuerzas de la oposición política que, además, no tienen capacidad ni para procesar ni para gestionar demandas. ¿Usted qué cree?

Creo que actualmente hay muchas demandas, muchas razones, que nos unen a los distintos sectores de la sociedad venezolana. Esas razones no son necesariamente de índole ideológico o de intereses políticos. Como representante de un movimiento social, lo digo con claridad: A nosotros lo que nos interesa es generar cambios de abajo hacia arriba, no la toma del poder. Ojalá hubiese actores, me refiero a los partidos políticos, que desde el poder hicieran las cosas distintas. Pero más allá del sector, organización o grupo al que usted pertenezca hay cosas que nos unen, que nos unen… ¡a todos! Esas razones son el hambre, la miseria, la corrupción, la represión, que todos estamos padeciendo. Esas razones son las que están llevando a la gestación de un movimiento, alrededor del cual se están congregando las distintas fuerzas sociales y políticas del país. A lo largo de este año, en Venezuela ha habido más de 10 mil protestas. ¿Por qué no se han traducido en la presión para que se produzcan los cambios que ellas demandan? Entre otras cosas, porque no están concentradas en un mismo momento, en un mismo espacio.

Esa desconexión entre las protestas y la política viene incluso antes del chavismo. Son protestas aisladas. Acaba de mencionar un número, más de 10 mil. ¿Qué tendría que pasar para que se dé esa conexión entre la política y la protesta? Digamos, para que la protesta encuentre masa crítica y sea no un foco sino un movimiento, un vehículo de cambio.

Lo que hace falta es la articulación política. Esas son protestas sociales, totalmente legítimas, protestas que son la expresión de los ciudadanos por falta de servicios, por falta de alimentos, de medicinas, por mejores condiciones laborales, por becas, por transporte, por un sinfín de necesidades y problemas. En este momento estamos gestando la articulación política para darle a ese malestar social un objetivo político. Puedo hablar por el movimiento estudiantil, entre otras cosas, porque lo hemos discutido y prácticamente hay un consenso entre todos los dirigentes estudiantiles a nivel nacional.

¿Cuál sería ese objetivo político?

El único objetivo político que puede traducirse, que puede alcanzar, una mejora de nuestras vidas, me refiero a mejoras de las condiciones laborales de nuestros trabajadores, de la infraestructura de la universidad y del bienestar estudiantil, es el cambio político en Venezuela. Que este país tenga la oportunidad de escoger libremente y que las mayorías decidan cuál sea el destino de nuestra nación. Oportunidad que hoy está totalmente secuestrada y restringida por una pequeña minoría, a través del uso de la fuerza, de la represión y del miedo. Solamente hace falta que esa pequeña minoría que detenta el poder del Estado salga de allí y permita una transición para que en Venezuela haya un proceso electoral justo y, en definitiva, el país pueda avanzar y tener a servidores públicos en los puestos de gobierno y que las universidad, realmente, pueda tener a un ministro que nos escuche. Hoy, eso no existe.

La dirigencia estudiantil tomó la iniciativa política en 2004, sus iniciativas y propuestas encontraron eco en los partidos políticos y en la sociedad. Incluso, varios de ellos fueron electos a la Asamblea Nacional y siendo diputados tuvieron que exiliarse. Ahí está el caso de Juan Requesens, secuestrado y torturado por la policía política. ¿Cómo se ubica David Sosa, digamos, generacionalmente y qué balance hace?

Si vamos a evaluar la acción del movimiento estudiantil, eso nos sitúa claramente en una línea histórica. ¿Qué ha significado el chavismo como proceso político? Ellos fueron acumulando poder. 2002, toma de PDVSA —el poder económico— que, a su vez, aportó recursos para corromper a las Fuerzas Armadas —toma del poder militar, del poder fáctico—, con el cual puedes controlar las instituciones, sin el riesgo de que alguien te detenga —toma del poder institucional—, empiezas a corromper al TSJ, a la AN, a los órganos de gobierno. Apruebas leyes, como la ley Resorte, para aplicar la censura y crear un poder mediático, un aparato de propaganda, cuando vienes a ver, te conviertes en un Hegemón político. Ese Hegemón muere y su sucesor, paulatinamente, va perdiendo cada vez más poder. Quebraron PDVSA, perdieron el respaldo internacional, se han dividido —Luisa Ortega Díaz, Cristopher Figuera, Rodríguez Torres, entre otros—, pierden instituciones del Estado como la Asamblea Nacional, único poder legítimo reconocido por las democracias del mundo. Hoy han devenido en una tiranía.

¿Pero cuál ha sido el papel que ha jugado el movimiento estudiantil?

Dentro de ese contexto jugamos un papel clave. En 2007, le infligimos su primera derrota electoral a Hugo Chávez y representamos la esperanza para muchas personas. En 2014, las protestas estudiantiles, que se iniciaron en Táchira, contribuyeron a quitarle la careta al régimen y en 2017 contribuimos para que perdieran el respaldo internacional. Es decir, la generación de la cual me toca ser dirigente estudiantil es producto de los aciertos y desaciertos de generaciones anteriores. Pareciera que en este momento tenemos muy claro el objetivo que nos unifique, que no es otro que el cambio político y un proceso de transición que culmine en unas elecciones, en las que podamos, todos los venezolanos, elegir el destino que queremos. Y muchísimas razones tenemos para unirnos, para no quedarnos en nuestras casas: Hambre, miseria y corrupción.

¿Qué crítica, que reproche, le haría a la clase política?, porque esa dirigencia estudiantil adscribió a los partidos políticos, algunos fueron electos a la Asamblea Nacional, institución del Estado que no ha sido precisamente asertiva en la conducción del proceso al que hace referencia.

La falta de unión, claramente la falta de unión. Yo le pido a la dirigencia política del país que se una, que las diferencias ideológicas, no pueden estar por encima. Que si usted, sea de derecha o de izquierda, pero cree y comparte los valores de la democracia, tal como la conocemos en Occidente —es decir, elecciones libres, separación de poderes, forma republicana de gobierno— usted es mi aliado para luchar contra la dictadura, para luchar contra la tiranía. Las diferencias ideológicas no pueden ser la razón que desuna a la oposición venezolana.

Usted ha dicho que le han pedido audiencias, que le han enviado petitorios, al ministro de Educación Superior.

No a un ministro en particular sino a los sopotocientos ministros que han desfilado por el gobierno en estos 20 años. En cada una de esas comunicaciones, lo que hemos pedido es respeto a la autonomía universitaria, a la autonomía administrativa, organizacional, pero también a la autonomía financiera. He ahí el mecanismo que ha utilizado el régimen para tratar de asfixiar y arrodillar a la universidad. Se supone que la Zona Rental, por ejemplo, debería producir una renta para la universidad. Se la han quitado. Hoy en día, lo que era un mercado Bicentenario, se convirtió en depósito del Sebin y de las fuerzas represivas del régimen. Si quienes diseñan las políticas públicas ven a la universidad como un enemigo, no nos dejan otra posibilidad que cambiarlos a ellos. Ya no creemos en un régimen que vaya a cambiar o dar un viraje. Durante 20 años nos han demostrado que eso no es posible.

En distintas oportunidades, el gobierno del señor Maduro ha tratado, digámoslo así, de poner en cintura a la universidad. Esas acciones, por lo general, se toman cuando las protestas pacíficas y legítimas de los ciudadanos decaen en las calles.

Ciertamente ellos aprovechan las vacaciones, en los que no hay afluencia estudiantil, que en sí misma es la principal fuerza de defensa de la universidad, para agredirla o violentarla. Precisamente, durante el más reciente período vacacional, el TSJ emitió la sentencia 0324, una sentencia ilegítima, anticonstitucional, porque ese tribunal no es quién para decirnos a nosotros cómo organizar nuestros procesos electorales.

Los estudiantes eligieron a sus representantes, pese a las disposiciones del TSJ.

Sí, pero son sentencias distintas.

¿Por qué los profesores no hicieron lo propio?

Precisamente la sentencia 0324 propició el debate sobre la necesidad de realizar elecciones. Pero no como lo dice el TSJ, sino como lo dice la ley de universidades y nuestra Constitución. Si las medidas del régimen son anticonstitucionales, nuestra respuesta debe ser constitucional; si las medidas del régimen son ilegales, nuestra respuesta debe ser legal. Si ellos se empecinan en seguir adelante, encontrarán la respuesta de la comunidad universitaria, movilizada en la defensa de su autonomía, en la defensa de sus procesos de elección de autoridades para que esta universidad siga siendo Academia; y que ello se convierta en un hito político para decirle al régimen que no tenemos miedo, que no vamos a ceder a su chantaje.

¿Qué otros retos tiene el movimiento estudiantil?

Tenemos tres objetivos. Uno, la organización del movimiento estudiantil a nivel nacional. Actualmente, estamos trabajando en la creación de la Confederación de Estudiantes de Venezuela (Confev), que nos permita tener tesis nacionales, que a su vez nos permitan desarrollar acciones, igualmente nacionales, en cada uno de los estados donde haya una universidad púbica nacional autónoma, una universidad pública experimental o una universidad privada. Dos. La realización de elecciones de autoridades y representantes estudiantiles en la mayor cantidad de universidades posibles. Sólo mediante el respeto a nuestros derechos de asociación política podemos avanzar en la consecución de nuestros objetivos, no ya como un movimiento estudiantil sino como un movimiento social. Tres. Nosotros queremos renovar la ley de universidades para fortalecer el concepto de autonomía, sobre todo en su aspecto financiero, para que la universidad más nunca sea dependiente de ningún gobierno.

La cuerda se ha tensado y la violencia podría estallar a la vuelta de la esquina. ¿Usted qué piensa?

Nosotros no hemos renunciado ni renunciaremos a nuestro derecho a la protesta pacífica. Nos reconocemos, además, como un movimiento no violento y la no violencia tiene sus lógicas, que te permiten generar masa crítica y, a partir de ahí, cambios. Pero tiene que haber condiciones. ¿Cuáles? Unidad de objetivos, tenemos que tener un objetivo político claro; organización para que eso suceda en el mismo lugar y en el mismo momento, disciplina para cumplir con nuestros planes y nuestra estrategia. En el marco de esas tres condiciones, vamos a trabajar conjuntamente con todos los sectores de la sociedad venezolana para generar el cambio político que todos necesitamos.

García Arocha instó a defender el próximo lunes la autonomía universitaria por Melissa De Sousa Visconti – El Universal – 13 de Octubre 2019

La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, calificó como “inconstitucional” el decreto del TSJ donde ordenó a que se realicen elecciones de autoridades

Caracas.- Este domingo, la rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, invitó a los venezolanos a participar en el evento que se llevará a cabo en el Aula Magna de la UCV, en favor de la autonomía universitaria el próximo lunes.

Arocha calificó como “inconstitucional” e “ilegal” el decreto publicado el pasado 27 de agosto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde ordenó la renovación de todas las autoridades de la Universidad Central en un plazo no superior a seis meses.
Asimismo, la rectora ratificó que “estamos al frente de nuestros cargos porque una sentencia de la Sala Electoral del TSJ impidió que las comisiones electorales que habían convocado las elecciones universitarias, en este caso no solamente decanos sino también rectores, fueron suspendidas”.
Aseguró que la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) está de acuerdo con la renovación de las autoridades, pero no en el sistema de votación que pretende implementar el máximo órgano judicial, en el que pone en igualdad de condiciones todos los sufragios.

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La UCV fijo posición ante sentencia emitida por el TSJ – El Nacional – 25 de Septiembre 2019

Ley de Universidades establecen que en ejercicio de su autonomía que tienen la competencia para planificar sus programas de investigación, de docencia y de extensión, para dictar normas internas y elegir sus autoridades


La 
Universidad Central de Venezuela, en la sesión ordinaria este 25 de septiembre, se dirigió a la Comunidad universitaria y a la opinión pública en general para fijar posición en relación a la Sentencia N° 0324 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia.

Considerando que Constitución en su artículo 109 expresamente reconoce la autonomía a las Instituciones de Educación Superior para dictar sus normas de gobierno, funcionamiento y administración, por ser inherente a la naturaleza de la Universidad.

La Sala Constitucional ordenó un proceso electoral con la participación de la comunidad universitaria conformada por los cinco sectores establecidos en el numeral 3 de articulo 34 LOE. Esta acción no solo transgrede el artículo 109 constitucional, sino que incurre además en un sin número de violaciones y vicios.

El fallo N° 0324 de fecha 27 de agosto de 2019 establece de manera inconstitucional una infracción y una sanción sin tener dicha Sala competencias para ello. Asimismo poder establece que en caso de exceder seis meses desde la publicación de la sentencia, cese la permanencia legal de las autoridades «quedando la vacante absoluta de dichos cargos».

Acuerdo

El Consejo Universitario de la entidad educativa acordó, en relación a la sentencia, lo siguiente:

PRIMERO. La decisión emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, incurre en graves e irreparables vicios de nulidad absoluta de violaciones constitucionales y de derechos fundamentales. Asimismo por esta razón se respaldan las acciones legales de oposición a la medida cautelar y la recusación a los Magistrados de la Sala Constitucional. Las cuales se han implementado en defensa de la institucionalidad académica y democrática.
SEGUNDO: Se exige a los organismos del Estado el respeto a la institucionalidad y al normal desenvolvimiento de la vida académica, derecho a la educación y a la formación del ser humano. Todo esto inspirado en los principios de democracia, justicia social, solidaridad y abierta a todas las corrientes del pensamiento universal.

TERCERO: Además se solicitó elevar el presente documento ante las instancias nacionales e internacionales correspondientes vinculadas a la educación universitaria y a los derechos humanos.

CUARTO: Denunciar el artificio de la falsa decisión que declara parcialmente con lugar la medida cautelar de suspensión del numeral 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación. Una vez acordado el oficio por la Sala Constitucional fueron suspendidos los artículos 31, 32 y 65 de la Ley de Universidades.
Esto crea rechazo al derecho demandado y constituye de una sentencia anticipada que resuelve el fondo de la demanda de nulidad de la Ley Orgánica de Educación.

 

Las principales universidades de Venezuela se enfrentan a Maduro en defensa de la autonomía por Sebastiana Barráez – Infobae – 16 de Septiembre 2019

El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, cuyo rector es Mario Bonucci Rossini, se le planta al Gobierno, negándose a aceptar la destrucción de las universidades autónomas del país, como busca la sentencia 324 del Tribunal Supremo de Justicia.

El 27 de agosto, la Sala Constitucional del TSJ emitió una sentencia sobre el procedimiento a seguir para superar el estado en que se encuentran los mandatos vencidos de las autoridades de las instituciones de educación superior autónomas del país electas. Ordena realizar elecciones en las principales universidades del país, pero además que el Registro Electoral garantice la “igualdad” de los electores”, de manera que el voto de los estudiantes, profesores, egresados, personal administrativo y obrero tenga el mismo valor.

La prestigiosa Universidad de Los Andes, al examinar la sentencia Nº 0324, determinó que “es una medida cautelar que la Universidad Central de Venezuela no ha pedido dentro del marco del juicio de nulidad incoado por los Rectores de las Universidades Autónomas en 2009, por la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación”.

Destacan que el fondo del juicio paralizado desde hace diez años no se ha resuelto y no se va a resolver con apego al derecho, “porque sería reconocer que la Asamblea Nacional desconoció la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al introducir una modificación del contenido del artículo 109 constitucional al margen del procedimiento pautado por la propia Constitución, y ahora, es el propio TSJ quien ha desconocido la Constitución al reformar la Ley de Universidades e ignorar las previsiones del citado Art. 109 constitucional”.

A juicio del Consejo Universitario de la ULA, lo que determinan los hechos es que no existe tampoco ninguna preocupación ajustada a la Ley y a los principios democráticos, en salvaguardar el respeto de la soberanía popular representado por el voto. “La incertidumbre generada por las evidentes intenciones intervencionistas para desestabilizar el orden institucional, la encontramos en los casos de la representación del estado Amazonas en el Poder Legislativo del país y en no mostrar la menor preocupación por democratizar las instituciones de educación superior, en las cuales jamás se han elegido sus autoridades y las mismas son designadas discrecionalmente por el ejecutivo”.

Señalan que el principio de autonomía, previsto en el artículo 109 de la Constitución, ha sido permanentemente quebrantado durante los últimos 20 años. “Con esta decisión, la Sala Constitucional del TSJ ha montado el disparador de un dispositivo oficial estructurado para culminar en el año 2020, con la liquidación definitiva de la Autonomía Universitaria. Promover una falsa discusión en las universidades sobre el valor y contenido del voto para elegir las autoridades universitarias es una manera de distraer la atención de los universitarios de lo esencial”.

Asumen como prioridad para el país “resolver cuanto antes la crisis que está matando a Venezuela, y para los universitarios asegurar que se mantengan las bases de la Autonomía Universitaria. Y en esas luchas, como lo ha demostrado la historia del país, la Universidad venezolana ha jugado en cada ocasión un papel central”.

Recuerdan que en estos momentos, todas las mediciones de la opinión pública colocan a los universitarios, particularmente a los estudiantes, a la cabeza de la valoración hecha por los consultados sobre los componentes de la sociedad llamados a encabezar el cambio que reclama la República. “Promover un ambiente de dispersión y de contradicciones entre los universitarios puede convertirse en la forma de anular su significación en las tareas que tiene planteadas la sociedad ahora. En la Universidad lo esencial es salvaguardar la Autonomía Universitaria”.

Defender la Autonomía

El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes destaca que “como la decisión de la espuria Sala Constitucional del TSJ se refiere directamente y en primer lugar a la Universidad Central de Venezuela, es deber de la Universidad de Los Andes y de las demás universidades autónomas del país, acompañar a la UCV en las iniciativas que adelante para hacer frente a la situación”.

Es así que consideran que como la decisión del TSJ encubre universitaria y jurídicamente un problema originado por motivaciones no universitarias ni jurídicas, “estimamos no obstante necesario hacerle frente en todas sus implicaciones, empezando por las formas jurídicas que ha adoptado para lo cual estimamos pertinente coordinar nacionalmente la defensa jurídica de la Universidad”.

Llaman la atención de la Asamblea Nacional y de las organizaciones partidistas “a las que concierne la protección de la vida del país de acuerdo con las pautas de la Constitución de la República para que se pronuncien sobre un asunto que solo tiene a la vida universitaria como pretexto”.

Finalmente consideran una necesidad “acometer en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, ámbitos geográficos de la Universidad de Los Andes, así como acompañar en las sedes de cada una de las universidades autónomas del país, las iniciativas pertinentes para organizar la defensa de la Autonomía Universitaria, base principista y legal del funcionamiento de las Universidades Nacionales desde hace 62 años” y para ello comisionan a cada uno de los Decanos de Facultades y Núcleos para que, junto con las organizaciones representativas de la comunidad universitaria, promuevan las iniciativas que el espíritu de este remitido aconsejan.

TSJ vs UCV por Jesús Rangel Rachadell

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El conflicto del gobierno contra las universidades ha tenido varias etapas. Control del presupuesto, de los sueldos y de la matrícula universitaria. Por medio del Tribunal Supremo de Justicia, la prohibición de elegir autoridades, y la imposición de una ley que no cumplió con el procedimiento de creación establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como fue la Ley Orgánica de Educación.

El último acto de intervención es la sentencia de la Sala Constitucional N° 324 del 27-08-2019, por la que coacciona a las autoridades y a las comisiones electorales para que organicen unas elecciones con un sistema electoral que no está en ninguna ley, y con la amenaza de declarar ausencia absoluta de todos los cargos, y el Consejo Nacional de Universidades proceda a sustituirlos.

Los magistrados que firmaron ese adefesio reflejan inconsistencias con su propia jurisprudencia, genera dudas y presenta vacíos importantes, aparte de declarar con lugar una solicitud de medida cautelar distinta, muy distinta, a la solicitada por uno de los denunciantes. Luego de 10 años de interpuesta la nulidad de la Ley Orgánica de Educación, proceso en que fue dictada la decisión, todavía el TSJ no ha decidido el fondo del asunto, demostrando una negligencia interesada en el cumplimiento de sus deberes.

La sentencia ordena elaborar el Registro Electoral Universitario, celebrar las elecciones, totalizar votos, adjudicar y proclamar a los ganadores en un plazo que no podrá exceder de seis (6) meses a partir de la publicación, cuando lo legal es luego de notificados los afectados; pero bueno, esta es la justicia socialista. Aunque no estoy de acuerdo con ese inicio, el lapso lo impusieron del 28-08-2019 al 27-02-2020.

El procedimiento diseñado por la Sala Constitucional para elegir autoridades universitarias es un monstruo como el de Frankenstein. Dictado en contra de la letra de la Constitución, agrupa en cinco sectores a los integrantes de la comunidad universitaria a que se refiere la impugnada Ley Orgánica de Educación: profesores, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y los egresados. A estos últimos, se restringe su derecho a participar al exigirles: a) ejercer la profesión, b) vivir en la sede de la universidad (en el caso de la UCV, puede ser la ciudad de Caracas, el Distrito Capital o el Distrito Metropolitano, suprimido y liquidado por la asamblea nacional constituyente el 20-12-2017), y c) presentar una carta de residencia en el lapso de 30 días hábiles. Si el Consejo Universitario convoca las elecciones el día siguiente de la incorporación a actividades, el registro electoral se cierra el 30 de octubre de este año.

En el caso que ningún candidato obtenga: a) la mayoría de los sectores electorales; y b) la mayoría absoluta de los votos de todos los sectores; se procederá a una segunda vuelta con los dos que hayan obtenido la mayor cantidad de sectores electorales. Esta segunda vuelta se celebrará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la primera elección, con dos candidatos para cada uno de los cargos rectorales y decanales aptos para una segunda vuelta.

Se tendrían que organizar 15 elecciones en la UCV (rector, vicerrector académico, vicerrector administrativo, secretario y decanos de 11 facultades). Tomando en cuenta el último cronograma de la Comisión Electoral para la elección de autoridades universitarias (Boletín N° 007/2012), este proceso se demoraba más de 4 meses, solo que cambiaron las condiciones. Pero las actividades de la UCV, según calendario, se reinician el 16 de septiembre, es decir, quienes disfrutan de sus vacaciones no tienen la obligación de regresar hasta esa fecha y no se debería contabilizar esos 19 días. Así son las dictaduras.

Considero que es inconstitucional el derecho a votar de algunos sectores, el registro electoral como está diseñado, y peligrosa la presión a los sectores por mecanismos parecidos a las cajas CLAP. La UCV tiene lectoras ópticas para totalizar resultados, y, una vez que estén definidos los candidatos, hay que imprimir los tarjetones especiales. Es necesario tiempo y plata. Hacer el proceso es cuesta arriba.

Maduro, el Cleón moderno, se la ha puesto difícil a las universidades.

Se acabó la autonomía. Sigamos con la esperanza de cambio.

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