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Acuerdos de la Asamblea Nacional de cese de denuncia y designación de representante ante la OEA – 22 de Enero 2019

Comunicado Colegio de Ingenieros de Venezuela – 21 de Enero 2019

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                                     COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA 
                                 ASAMBLEA NACIONAL DE REPRESENTANTES
                                                         *MESA DIRECTIVA* 

La Asamblea Nacional de Representantes del Colegio de Ingenieros de Venezuela en esta hora crucial para la democracia venezolana hace un llamado a la Unidad de las fuerzas democráticas y respalda todas las iniciativas orientadas a construir una ruta unitaria y a articular esfuerzos tanto de los partidos políticos como de gremios profesionales, sindicales, empresariales y organizaciones de la sociedad civil.

Así mismo, expresamos nuestro más firme y decidido apoyo al parlamento venezolano, ratificando que la Asamblea Nacional es el único poder legítimo en nuestro país y genuina expresión de la voluntad del pueblo venezolano. En este sentido, exhortamos a nuestros agremiados y a la ciudadanía en general, a respaldar no sólo a su Junta Directiva y a su presidente, sino a todos y cada uno de los integrantes del parlamento nacional en este esfuerzo por restablecer la democracia venezolana.

Finalmente, convocamos a los ingenieros, arquitectos, urbanistas y profesionales afines a participar activamente en la gran jornada democrática que ha sido convocada para este 23 de Enero. Ese día tendremos la oportunidad de expresarnos en las calles a favor de un cambio, seguramente no será el final de este largo camino de lucha que hemos recorrido pero sin duda será un paso determinante y una oportunidad excepcional para demostrarle a este decadente y moribundo régimen autoritario que el pueblo venezolano está firme en sus convicciones, que nuestra vocación democrática es inquebrantable e infinito nuestro amor por Venezuela.   ¡Este 23 de Enero, todos a la calle!

Por la Asamblea Nacional de Representantes del Colegio de Ingenieros de Venezuela.

Ing Félix Ojeda Oropeza
Presidente

Arq Richard Casanova Salama
1er Vicepresidente

Ing Andrés Ruiz Miranda
2do Vicepresidente

Ing Dídimo León
Secretario General

Ing Raúl Prieto F
Vocal

Las calles de enero por Ibsen Martínez – El País – 22 de Enero 2019

La designación de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional venezolana desató un vendaval de suspicacias y recriminaciones

Manifestación en Caracas este lunes.
Manifestación en Caracas este lunes. FEDERICO PARRA AFP

Esta columna comenzó el año lúgubremente inclinada a creer, por muchas razones y al igual que una gran mayoría de los venezolanos, que la sanguinaria dictadura de Nicolás Maduro podría sostenerse aún mucho más tiempo en el poder.

Un joven nacido en La Guaira, Juan Guaidó, para muchos de sus compatriotas casi un desconocido, aunque fuese ya muy curtido por más de una década de lucha contra la dictadura que Hugo Chávez delegó en Nicolás Maduro, asumió la presidencia de la asediada, pero nunca disuelta, Asamblea Nacional.

En cualquier país de régimen democrático, esta asunción de funciones directivas por un diputado electo, prevista en nuestras leyes y sancionada por un pacto de funcionamiento entre los partidos de oposición que integran mayoritariamente el Legislativo, habría sido cosa cotidiana, mero asunto de trámite y ceremonial.

Pero en la Venezuela actual, la designación de Guaidó como presidente del único organismo del Estado verdaderamente legítimo a los ojos de los ciudadanos de mi país y de muchos Gobiernos del mundo, desató un vendaval de suspicacias y recriminaciones.

Al parecer, una interpretación del libro de reglas recomienda que, puesto que, en virtud de una elección a todas luces fraudulenta, Maduro usurpa la presidencia, toca a la cabeza de la Asamblea Nacional asumir inmediatamente las máximas funciones del Ejecutivo y convocar a nuevas elecciones, libres y transparentes.

Sin embargo, Guaidó se ha guardado muy bien hasta ahora —muy atinadamente, digo yo— de incurrir en el error de creerse diputado del cantón de Neuchâtel, en Suiza. Sabe muy bien que preside el último bastión de legitimidad que le queda a un país asolado por un Gobierno forajido y asesino capaz de cualquier desafuero.

Acusado de ambiguo y vacilante, el diputado se ha conducido según la máxima atribuida a Richelieu: “No me saquen de mi ambigüedad que me confunden”. Y en lugar de decir “yo soy el presidente”, se ha dado a la tarea de promover cabildos abiertos a todo lo largo y ancho de Venezuela.

Lo esencial del mensaje de Guaidó en esos cabildos es la necesidad de subir a los militares al tren del descontento y lograr que el grueso de ellos dejen de obedecer a los narcogenerales. Ello explica el anuncio de un proyecto de ley que yo llamaría de “amnistía prepagada” ofreciendo garantías a los oficiales que ayuden a restituir la Constitución.

Los cabildos han tenido un éxito abrumador. La población se ha volcado hacia esta forma de deliberación activa que es a la vez un acto de desafío político masivo, consumado perfectamente dentro de la ley. Todo ello ha galvanizado a la masa opositora tan rápidamente que ha logrado dejar atrás a los contradictores más veloces del planeta Twitter.

Los esbirros de Maduro y Cabello obraron instintivamente y llegaron al extremo de secuestrar al diputado para impedir su asistencia a un cabildo en Vargas, su Estado natal. La cúpula chavista-madurista se retrajo del error poniendo en libertad a Guaidó y echando la culpa del atropello a los esbirros. No está mal como síntoma de una seria fractura en la cadena de mando.

Guaidó ha convocado para el miércoles 23 de enero un gran cabildo nacional que repudie al usurpador y, al mismo tiempo, exija su renuncia.

Habrá, también es seguro, una exhortación a los militares a desobedecer al usurpador y ponerse al lado de la Constitución. Es un inescapable y prudente paso político previo a la juramentación de Guaidó como presidente interino de Venezuela.

La fecha tiene para los venezolanos el valor simbólico de una efeméride fundacional: el 23 de enero de 1958 una insurrección popular, apoyada por un pronunciamiento militar, derrocó —al precio de trescientos muertos en las calles— al general Marcos Pérez Jiménez, el último dictador del siglo XX que padeció mi país.

No es agorero vaticinar que Maduro querrá de nuevo ensangrentar nuestras calles. ¿Viviremos esa fecha como el primer día del comienzo del fin?

Me respondo con la frase de Benjamin Constant: “Soy demasiado escéptico para ser, además, incrédulo”.

 

Trump se propone reconocer a Guaidó presidente interino de Venezuela por David Alandete – ABC – 22 de Enero 2019

El presidente de la Asamblea Nacional legítima, Juan Guaidó, saluda en un cabildo abierto
El presidente de la Asamblea Nacional legítima, Juan Guaidó, saluda en un cabildo abierto –

Washington planea un embargo total a la importación de petróleo venezolano

Presionado por su partido, Donald Trump estudia reconocer al líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino del país, según una fuente del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano consultada por este diario. El presidente de EE.UU. también planea endurecer las sanciones al régimen de Nicolás Maduro con un embargo a la totalidad del petróleo venezolano, algo a lo que se resisten las refinerías norteamericanas que importan crudo del país sudamericano.

Dos semanas después de la toma de posesión de Maduro, un grupo de influyentes senadores republicanos está presionando a Trump para que ofrezca un apoyo más firme a la oposición democrática al régimen venezolano. La semana pasada, Marco Rubio dijo que «EE.UU. debería reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo», porque «bajo la Constitución de Venezuela, en ausencia de un presidente, el presidente de la Asamblea Nacional asume el poder hasta nuevas elecciones».

Guaidó resultó elegido presidente de la Asamblea el 5 de enero y fue detenido brevemente por el régimen una semana después. Tras el arresto, el vicepresidente norteamericano, Mike Pence, llamó a Guaidó por teléfono para «expresar el apoyo de EE.UU. a la Asamblea Nacional de Venezuela como único organismo de representación democrática del país», según la Casa Blanca. Pence ha descrito posteriormente la reelección de Maduro en mayo como resultado de «unas elecciones robadas».

Según Garett Marquis, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, «EE.UU. estudia en la actualidad qué herramientas diplomáticas, políticas y económicas tiene a su alcance para responder a la usurpación del poder del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro». Este organismo no confirma ni desmiente públicamente las negociaciones que tienen lugar en su seno.

Bolton llamó «dictador» a Maduro

John Bolton, el asesor de seguridad de Trump, calificó hace dos semanas a Maduro de «dictador» que «se aferra de forma ilegítima al poder». «La Administración Trump apoya firmemente a la Asamblea Nacional de Venezuela, la única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo», dijo en un comunicado.

Tras las sanciones aprobadas el año pasado contra el círculo de Maduro, incluida su mujer, Cilia Flores, la Casa Blanca estudia el siguiente paso: un embargo total a la compra de petróleo de Venezuela en EE.UU. Desde principios de año, altos funcionarios norteamericanos se han reunido con directivos de refinerías y petroleras para asesorarse de las posibles consecuencias de tan drástica medida. EE.UU. importa más de 500.000 barriles de crudo venezolano por día.

 

El Gobierno de Maduro detiene a un grupo de militares que intentó sublevarse por Alonso Moleiro – El País – 21 de Enero 2019

Un comando de la Guardia Nacional asaltó dos guarniciones en Caracas. Vecinos de la zona salieron a apoyar el alzamiento, que fue contenido horas después

Un grupo reducido de militares se ha alzado en Cotiza, un barrio de Caracas VIDEO: ATLAS

Caracas amaneció sobresaltada este lunes. Alrededor de las tres de la madrugada, un grupo de 27 militares del Escuadrón Montado de la Guardia Nacional, liderados por el sargento José Gregorio Bandres, asaltó el puesto militar de Cotiza, en el noroeste de la ciudad. El comando emitió un comunicado en el cual desconoció al Gobierno de Nicolás Maduro, lo llamó tirano y usurpador, y envió un mensaje a la población y al resto de los militares para restaurar el orden constitucional en el país sudamericano.

Los sublevados, integrantes del Comando de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional, habían tomado antes los puestos militares de Maracao y Petare, al suroeste y este de la ciudad, respectivamente, llevándose consigo 55 fusiles Ak108 y 55 pistolas que ya fueron recuperadas por las fuerzas armadas. Cuando se apostaron en Cotiza, enviaron algunos vídeos que pudieron ser vistos en las redes sociales, en las cuales aludían a “la tiranía” de Maduro y agregaban: “Venezuela, esto lo hacemos por ustedes, estamos respondiendo al llamado del pueblo”. En la mañana, varios usuarios de redes sociales informaron del bloqueo de Instagram y de Twitter en varias zonas.

La Guardia Nacional, tradicionalmente el componente más débil de las Fuerzas Armadas venezolanas, ha conocido una clara metamorfosis en estos años: sus unidades han crecido mucho en atribuciones, efectivos y armamentos, han recibido un adiestramiento especial para enfrentar las manifestaciones opositoras, y son vistas como uno de los bastones naturales de Nicolás Maduro para afianzarse en el poder.

EL SUPREMO DECLARA NULO NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA

Muy poco después del alzamiento de los oficiales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, se reunió para declarar “inconstitucional” a la actual directiva de la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, afirmando que, en consecuencia, el poder legislativo “no tiene junta directiva” y declarando nula la ceremonia del 5 de enero.

La decisión, anunciada por el magistrado Juan José Mendoza, tiende a precipitar la marcha de la crisis venezolana. Mendoza recordó que el cuerpo legislativo, de mayoría opositora, “está en desacato” después de una sentencia del propio tribunal, emitida en marzo de 2017, que le impide legislar bajo el argumento de que el organismo ha violentado procesos constitucionales, desconociendo la decisión del Tribunal y el resto de las instituciones del Estado.

Al conocer la medida del Supremo, Guaidó afirmó que las decisiones y la conducta de los magistrados del Supremo “no constituyen nada nuevo”, y agregó que el poder legislativo que preside, “se mantiene firme”. “Esta es el único poder público que ha sido electo por el voto de todos los venezolanos”. Guaidó, que ha sido reconocido por casi todos los embajadores destacados en Caracas, invitó a todo el país a manifestarse en contra de la usurpación de Maduro el próximo 23 de enero.

Este pronunciamiento se produce poco después de que la Asamblea Nacional, que domina la oposición, aprobara una resolución para declarar una amnistía a todos los efectivos militares que hayan participado en actividades represivas y de orden público obedeciendo órdenes superiores. Algunos observadores habían comentado que esta disposición caló positivamente en unidades militares que han sido educadas en valores chavistas, pero en las cuales se cuece un descontento objetivo ante la marcha general del país.

Alrededor de las nueve de la mañana, la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana emitió un comunicado en el cual reconocía lo sucedido. Llama “delincuentes” a los sublevados, promete un castigo ejemplarizante para ellos y atribuye lo ocurrido a “oscuros intereses de la extrema derecha”. El texto promete ceñirse expresamente a lo dispuesto en la Constitución, pero, como es habitual, concluye sus líneas con la consigna “Chávez vive, la patria sigue. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos”.

Como ya se ha vuelto costumbre en un entorno sobresaltado y hermético, parte de la población desconfiaba de la veracidad del alzamiento, e interpretada lo sucedido como un montaje orquestado por Miraflores para enturbiar los multitudinarios pronunciamientos en contra de Maduro que han tenido lugar en estos días en los Cabildos Abiertos de todo el país, convocados por el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Algunos temen que con lo sucedido el Gobierno de Maduro encuentre una excusa perfecta para reprimir de forma indiscriminada. Para este miércoles 23 de enero, Guaidó está convocando en nombre de la oposición a la población a manifestarse en contra de la usurpación de Maduro en todo el país. Se prevé que la asistencia a estas concentraciones sea masiva.

El propio Guaidó, así como el líder opositor Julio Borges, en el exilio en Colombia, se refirieron al alzamiento. Guaidó afirmó en su cuenta de Twitter que “lo que sucedió en el cuartel de Cotiza es una muestra de un sentimiento generalizado en las Fuerzas Armadas. “Nuestros militares saben que la cadena de mando está rota por la usurpación del cargo presidencial. La Asamblea Nacional se compromete a brindar todas las garantías necesarias a los miembros de la FAN que contribuyan activamente con la restitución de la Constitución”, escribió. Borges, por su parte, dijo que “el mismo deseo de cambio que motivó la sublevación de la Guardia Nacional en Cotiza existe dentro de toda las Fuerzas Armadas. Apoyamos ese sentimiento y la Ley de Amnistía de la Asamblea Nacional es para dar garantías a todos los militares que impulsen el regreso de la democracia”.

A media mañana, se reportaba un dispositivo de protección especial en las instalaciones militares de Fuerte Tiuna en Caracas y la Comandancia del Ejército, donde había apostados tanques. El alto mando castrense estaría evaluando el alcance y efectos de los cabildos de la oposición, unas reuniones vecinales, con vistas a la concentración del 23 de enero. Dos días atrás, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, había sugerido que las instituciones del Estado, comenzando por el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General de la República, controlados por el chavismo, investigarían el proceder de Guaidó y la Asamblea Nacional.

Venezuela 2019: nuevo intento por alcanzar la transición democrática por Margarita López Maya – ProDaVinci – 21 de Enero 2019

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El 10 de enero de 2019 Nicolás Maduro inició un segundo período presidencial presentándose para el juramento protocolar ante el Tribunal Suprema de Justicia (TSJ). Enseguida se dirigió al Fuerte Tiuna para escuchar un juramento de lealtad a su persona por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en boca del ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López. Fueron ceremonias inéditas, pues los presidentes electos tienen pautado por la constitución presentarse ante la Asamblea Nacional (AN) para hacer el juramento de inicio de mandato. Pero Maduro ya no es un presidente electo, sino un dictador, que en 2018 se hizo elegir en comicios que no han sido reconocidos, por el cúmulo de irregularidades con que fueron llevadas a cabo, ni por el parlamento venezolano, ni por actores relevantes de la comunidad internacional.

Así, la situación política de Venezuela para 2019 se enmarca en un contexto abiertamente autoritario y altamente conflictivo, donde la sociedad ya da señales de que participará en una confrontación de resultado incierto. Al igual que otros años de alta beligerancia ocurridos en el pasado, 2019 encuentra a las fuerzas que apoyan a Maduro, poderosas pero minoritarias, aferrándose al poder, mientras que los actores nacionales opositores se aprestan de nuevo a buscar el anhelado cambio democrático para Venezuela. Tal cambio es reconocido hoy como condición sine qua non para superar la aguda, global y estructural crisis.

1. La crisis estructural de Venezuela

Como resultado de las orientaciones de gestión del primer gobierno de Nicolás Maduro, la crisis venezolana ha alcanzado una escala sin precedentes en la historia del país y en muchos aspectos en la de América Latina. Se ha producido el colapso del aparato productivo, incluyendo la bancarrota de la estatal petrolera, PDVSA, y el retroceso de los avances en bienes y servicios alcanzados en la modernización desarrollista del pasado. Igualmente, Maduro puso punto final al régimen democrático construido por varias generaciones de venezolanos. Sobre los escombros de la sociedad y de la república, la élite gobernante se empeña en permanecer de manera indefinida en el poder con la consolidación de una dictadura totalitaria, afín al modelo de Cuba, que ha sobrevivido seis décadas.

El viaje hacia este régimen ha sido posible gracias a múltiples factores nacionales e internacionales. En lo interno y político, una ruptura populista ocurrida en las elecciones de 1998, permitió el ascenso al poder de un líder mesiánico y una nueva élite, que rechazó el proceso modernizador y democratizador previo, para instaurar un orden revolucionario, anti capitalista en lo económico y anti representativo y/o iliberal en lo político. Al desaparecer hacia 2013 los principales soportes legitimadores de este proyecto: el líder mesiánico y los recursos inagotables derivados de la renta petrolera, la élite profundizó un modelo autoritario y de rasgos totalitarios, de naturaleza patrimonialista, como modo de perpetuarse en el poder.

El proyecto chavista ha fracasado como capaz de resolver los problemas estructurales que aquejaban a la sociedad ya hacía al menos dos décadas. Si algo consiguió dicho proyecto fue agravar los problemas que en primer lugar habían ocasionado la crisis societal desde los años ochenta.

La literatura sobre la crisis estructural de la economía petrolera rentística venezolana es abundante. Según ella, la sociedad fue moldeada en el siglo XX por una economía dependiente del petróleo, mercancía que requiere de un esfuerzo mínimo para ser extraído, pero proporciona una rentasignificativa, que se obtiene de colocarlo en el mercado mundial. Esa renta, en Venezuela, ingresa a las arcas del Estado y desde ahí se distribuye a la sociedad a través de planes y criterios emanados básicamente de las élites gobernantes. Venezuela posee lo que se conoce como un Petroestado, es decir, una estructura estatal moldeada por el negocio petrolero, que tiende a ser centralizado, ineficiente y corrupto. La clase gobernante tiende a independizarse de la sociedad pues ésta carece de músculo para controlarla. Los contrapesos institucionales sobre el Ejecutivo son débiles, pues desde allí es donde se administra este recurso, superior a cualquier sector privado nacional.

Así, la modernización venezolana si bien pareció muy exitosa, tuvo su talón de Aquiles en la extrema dependencia al ingreso fiscal petrolero, condicionado al precio internacional de éste, sobre el cual el país tiene poco control. La economía rentística dio forma a una sociedad en apariencia moderna, pero donde el trabajo y su producto tuvieron poca relación. La renta moldeó una sociedad poco productiva con niveles de consumo impensables en otras sociedades modernas no rentísticas. Hacia fines de los setenta este problema estructural se hizo presente e insoluble, agravado por la inestabilidad del precio petrolero internacional. Ello engendró una crisis societal global, abrupto empobrecimiento y descontento generalizado.

A fines del siglo emergió el líder populista Hugo Chávez y su movimiento bolivariano como alternativa societal. La ciudadanía respaldó su oferta de cambio hacia la democracia participativa y protagónica, que devino en el proyecto socialista en curso. Su concepción económica sería inicialmente antineoliberal, luego antimercado, lo que profundizó los rasgos rentísticos de la economía. Con la crisis hipotecaria de EEUU y sus consecuencias en la economía-mundo y, a fines de 2013, la caída abrupta de los precios petroleros, se hizo claro que el proyecto, lejos de subsanar las fallas estructurales de la economía, las había profundizado.

Chávez en lo político, por otra parte, se movió tempranamente para obtener el control del Poder Judicial para garantizarse libertad de acción y darles una fachada legal a sus decisiones. En su segundo gobierno impuso sin apoyo popular el socialismo del siglo XXI, una propuesta distinta a la participativa, ya abiertamente autoritaria y centralista, cuyo objetivo explícito, crear un hombre nuevo reveló rasgos totalitarios. La falta de contrapesos institucionales al Ejecutivo, la eliminación del pluralismo y del sufragio universal, directo y secreto en la propuesta del Estado Comunal, el despojo de la autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV), el debilitamiento de la alternancia y la obligación de toda organización social de construir el socialismo, presentes en los documentos oficiales actuales, lo alinea con los modelos socialistas fracasados del siglo XX. La ausencia de contrapesos al poder se constituyó en caldo de cultivo perfecto para la metástasis de una corrupción generalizada y la penetración del crimen organizado en todos los espacios del Petroestado, haciéndolo crecientemente incapaz de cumplir funciones mínimas de Estado y dejando a la población sin acceso a derechos humanos básicos.

2. Conflicto y lucha política en tiempos de Maduro

Ante el fracaso del proyecto, hacia 2013, ya electo Maduro como sucesor del líder mesiánico, la sociedad entró de nuevo en crisis abismal y conflictividad social creciente. La élite gobernante ha intentado estabilizarse, arrogándose derechos como discípulos del comandante eterno, respaldándose con una combinación de represión, propaganda totalitaria y el desarrollo de instrumentos clientelares y de control social como el Carnet de la Patria y las cajas de comida distribuidas por los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Esta deriva ha encontrado constante y creciente rechazo por parte de sectores de la sociedad, inicialmente de ingresos altos y medios, pero hoy extendido a todos los estratos sociales y expresado en permanente y creciente turbulencia sociopolítica. En 2014, 2016 y 2017, la confrontación fue especialmente abierta e intensa, pero de poco resultado para impulsar un cambio político. En consecuencia, en 2018 prevaleció una atmósfera letárgica, de reflujo en la lucha y rechazo a los dirigentes políticos opositores.

El gobierno, si bien ha sobrevivido, tampoco ha logrado mayor reconocimiento, legitimidad y/o estabilidad. Analicemos brevemente los episodios confrontacionales descollantes previos para caracterizar y comprender el contexto sociopolítico actual donde se ha vuelto a abrir una estructura de oportunidades políticas.

2014: Un ciclo de protestas

Este ciclo se desencadenó en febrero desde la ciudad de San Cristóbal por el movimiento estudiantil. Fue motivado inicialmente por la inseguridad reinante, que hace de Venezuela un país con una violencia de las más altas del mundo, a lo que se le sumaría luego agravios relacionados con la penuria socioeconómica y la represión. Las protestas se extendieron a Caracas y otras urbes. La respuesta de las autoridades fue represiva e inusitadamente violenta. Junto a los cuerpos de seguridad se incorporaron grupos civiles armados, oficializándose las muertes por encima de cuarenta. Esto fue un factor primordial, junto con la débil articulación de la lucha y divisiones de la dirigencia opositora con relación a esta estrategia, en la extinción de la rebeldía en el mes de mayo. En abril, ante la presión y a instancias de UNASUR, gobierno y oposición convinieron en conversar. En esa oportunidad estuvieron acompañados por Colombia, Brasil y Ecuador, con la presencia del Nuncio Apostólico. El gobierno, que en el momento de más tensión hizo gestos de ceder a la demanda de diálogo, cuando se sintió más en control, la desestimó. La percepción de actores sociales y políticos opositores fue considerar que la estrategia de movilización había sido errada y el fracaso completo.

2016: Las protestas del referendo revocatorio presidencial (RRP)

Un segundo episodio notable se inició en abril de 2016, motivado por la estrategia de partidos opositores de iniciar un proceso revocatorio presidencial contra Maduro. Éstos habían ganado en diciembre de 2015 la mayoría calificada en la AN y el gobierno actuaba desconociendo esta nueva realidad, cerrándose a la dinámica institucional dialógica entre Ejecutivo y Legislativo, e iniciando pasos planificados para debilitar el parlamento. En marzo los partidos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) iniciaron lo conducente a la activación de este recurso constitucional.

El proceso revocatorio se vio permanentemente obstaculizado por otros poderes públicos: el Poder Judicial y el Electoral se movían subordinados a los intereses del gobierno, que buscaba neutralizar el mecanismo. Los partidos opositores se vieron con permanentes e inesperados escollos colocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras la ciudadanía que, según las encuestas, favorecía abrumadoramente la consulta, fue movilizándose al llamado de partidos, movimiento estudiantil y otros actores para presionar su prosecución.

Ante los retardos, la MUD, la plataforma partidaria que articulaba a la oposición, convocó a una marcha en Caracas para el 1º de septiembre. Cientos de miles de personas concurrieron, desencadenando una cadena de movilizaciones diarias de allí hasta octubre. El Observatorio Venezolano del Conflicto Social (OVCS) registró en esos dos meses 1.047 protestas, 17 diarias, cerca del 20% relacionados directamente con la demanda del revocatorio. La situación hacia mediados de octubre se hizo muy difícil para Maduro, quien invitó al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero a Caracas para iniciar acercamientos con los partidos del parlamento en búsqueda de un diálogo. Pero, casi inmediatamente, el 20 de octubre, el CNE suspendió arbitrariamente el RRP que ya había activado. Diosdado Cabello aseguró que vendría “una cayapa legal” contra la MUD y los partidos opositores. Como respuesta, la MUD anunció que acudiría a la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar se aplicase la Carta Democrática Interamericana a Venezuela y convocó a una protesta el miércoles 26 que se llamaría la Toma de Venezuela.

El día 23, el parlamento fue asaltado por grupos chavistas violentos y el 26, con la calle apoyándola, la AN decidió someter a juicio político al presidente. Los esfuerzos por presionar al gobierno para que aceptase el proceso revocatorio se vieron, sin embargo, frustrados una vez más, ya que los partidos de la MUD aceptaron concurrir a una Mesa de Diálogo, impulsada por el Vaticano y UNASUR. La instalación de dicha Mesa a fines de mes contó con la presencia de un emisario del Papa y tres delegados de UNASUR, incluido su presidente Ernesto Samper. También estuvo presente Rodríguez Zapatero. A pedido del gobierno, la MUD se avino a paralizar el juicio político y levantó una marcha a Miraflores pautada para entregar el resultado. El gobierno de Maduro, que había prometido, a pedido de la MUD, levantar la decisión de desacato que pesaba sobre la AN por la incorporación de los diputados del Estado Amazonas, desproclamadosilegalmente por el CNE, no cumplió su promesa y se desinteresó por la negociación. La oposición, desorientada, dividida y derrotada, nuevamente perdió fuelle.

El ciclo de protestas de 2017

Un tercer esfuerzo comenzó en abril, cuando los partidos opositores convocaron a una protesta en repudio a las sentencias dictadas en marzo por el TSJ, cerrando técnicamente a la AN. Duró hasta el 30 de julio, cuando tuvieron lugar unas elecciones plagadas de vicios, para la designación de diputados que conformarían una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convocada inesperada e irregularmente por Maduro. El OVCS registró 6.729 protestas en ese lapso, cincuenta y seis diarias y un saldo de 163 muertos repartidos en catorce de los veintitrés estados del país.

Este ciclo tomó su fuerza de la generalizada percepción nacional de que se contaba con apoyos de la comunidad democrática internacional, para intentar torcer el curso dictatorial que había tomado el gobierno. Desde que el TSJ dictara las sentencias, la Secretaría de la OEA, la OEA misma, el gobierno de EEUU, y la directora de DDHH de la Unión Europea, entre otros actores, expresaron su preocupación, repudio e hicieron declaraciones de apoyo a la AN. Internamente, Julio Borges, presidente del parlamento, rompió ante medios de comunicación las espurias sentencias y la Fiscal General de la Nación, hasta ese momento alineada con Maduro, declaró roto el hilo constitucional. En mayo, el gobierno de EEUU impuso sanciones a los magistrados de la Sala Constitucional, por haber usurpado las funciones del parlamento.

El gobierno pareció flaquear después de las marchas multitudinarias del 19 y 20 de abril, pero poco después arreció la represión, que incluyó una violencia inusitada, como el uso de bombas lacrimógenas contra el cuerpo de manifestantes y allanamientos nocturnos sin órdenes judiciales a residencias de sectores medios y populares como mecanismo de terror. Los civiles armados se consolidan como aliados de los cuerpos de seguridad estatales. El 1º de mayo Maduro tomó la iniciativa de convocar una ANC, y el 30 de julio se eligieron sus diputados, con bases contrarias a la constitución. En las filas opositoras, y como reacción a la atroz represión, se hicieron presentes modalidades y actores violentos en la protesta, lo que de manera importante contribuyó a debilitarla. La represión, de nuevo la división de dirigentes opositores que no lograban consensuar una propuesta de lucha común, y las agendas particulares de algunos, incorrectamente estimando que Maduro pronto caería, cerraron el ciclo sin alcanzar los objetivos.

Como resultado de la movilización y de la aguda represión, el presidente de República Dominicana (RD) en septiembre convocó a una tercera Mesa de Negociación urgente. Gobierno y oposición plantearon sus condiciones, siendo la del gobierno en primerísimo lugar el reconocimiento a la ANC. Escogieron acompañantes: por el gobierno Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, por la oposición México, Chile y Paraguay. La Mesa de RD fue más estructurada que las del pasado. La oposición se hizo acompañar por un equipo de técnicos y expertos, y sostuvo cuatro peticiones principales, entre ellas, el reconocimiento por parte del gobierno a la AN y a la crisis humanitaria del país. Al igual que las anteriores, la Mesa se levantó en enero sin alcanzar los objetivos, pero los partidos opositores tuvieron esta vez un saldo positivo, al presentarse con mayor coherencia y al ser más evidente la poca disposición del gobierno ante la comunidad internacional para una sincera negociación. La gota que colmó el vaso fue el adelantantamiento de las elecciones presidenciales por parte del CNE, por decreto de la ANC, en medio del proceso de negociación. Julio Borges, presidente de la AN y quien presidió la delegación opositora, no retornó al país, temeroso de la integridad física de su familia, que fue amenazada por el gobierno durante el proceso.

3. 2019: Una nueva estructura de oportunidades políticas

Al iniciarse 2019 varios factores concurren para abrir una nueva oportunidad para el cambio político. Si bien es cierto que pese a todo pronóstico el gobierno sobrevivió su primer período, el contexto actual poco favorece su estabilidad para este período constitucional (2019-2025). La conversión del régimen en una dictadura, el desconocimiento a la ANC y a los resultados de la espuria elección presidencial de 2017 por parte de actores internacionales y la AN, junto al continuo agravamiento de la crisis estructural, vienen aislando a Maduro, obstaculizándole el acceso a recursos de instancias internacionales para perpetuarse en el poder.

Sanciones sobre funcionarios de Maduro, incluido él mismo y la primera dama, por parte de actores como el gobierno de EEUU, la Unión Europea y el Grupo de Lima, ejercen presiones sobre la élite gobernante para que rectifique y negocie un cambio que ponga fin a la interrupción democrática y la crisis global. En instancias como la OEA y la ONU, el Tribunal de la Haya, la Corte Interamericana de DDHH, o la OIT, se acumulan expedientes de violación de DDHH e involucramiento con actividades delictivas de funcionarios militares y civiles. Estas sanciones les impiden moverse, invertir o disfrutar con seguridad de sus fortunas, adquiridas en el ejercicio patrimonial del poder en estos años.

Internamente, los actores políticos opositores han venido reconstruyendo sus vínculos y pensando estrategias unitarias más cónsonos con la realidad de sus fuerzas, muy diezmadas y desprestigiadas por fracasos pasados. En este nuevo período legislativo, cumpliendo acuerdos políticos, la AN quedó presidida por un diputado del partido Voluntad Popular (VP), fundado por Leopoldo López, un líder carismático, que tiene casa por cárcel, cumpliendo desde 2014 una sentencia de trece años, responsabilizado por el gobierno de la violencia en las protestas de ese año. Su partido, junto a Primero Justicia (PJ), han sido severamente perseguidos y destruidos por la represión gubernamental.

El 5 de enero, el diputado Juan Guaidó, durante su juramento como presidente de la AN para el año legislativo 2019, pronunció un discurso certero. Se refirió a la usurpación de la Presidencia por parte de Maduro, y la intención de la AN de liderar, con el apoyo popular, acciones conducentes al cambio político. Guaidó, un joven de 35 años, de origen humilde, con una carrera política que se originó en el movimiento estudiantil, pareció capturar el imaginario popular. Solicitó la activación de la política de la calle, para presionar a la dictadura a entrar en razón, y presentó la estrategia política consensuada por los partidos opositores para alcanzar la transición democrática. Se resume ésta, primero en un protagonismo de la AN como el articulador de las fuerzas para el cambio, construyendo tanto el marco jurídico como un entorno de poder ciudadano que incluye a los militares y la diáspora. Segundo, unas líneas de acción que comprenderían los objetivos de: a) Hacer cesar la usurpación; b) Crear un gobierno de transición; c) Alcanzar condiciones para elecciones justas y transparentes.

Para iniciar la activación del poder ciudadano, Guaidó llamó a cabildos abiertos en todos les espacios nacionales para escuchar y alentar a la gente a organizarse y movilizarse en apoyo a la Asamblea. Fijó la fecha del 23 de enero, icónica en Venezuela por ser el día que cayó la anterior dictadura en 1958, para dar la primera manifestación de músculo sociopolítico. Los cabildos abiertos comenzaron a realizarse en todas las urbes del país.

Comentarios finales: los desafíos

El gobierno de Maduro, pese a las debilidades señaladas, sigue controlando, sin duda, todos los hilos del poder. En lo internacional, como contraparte a las alianzas internacionales de los partidos opositores, ha ido construyendo vínculos con Rusia, China, Irán y Turquía, contando con que, a cambio de condiciones favorables a sus intereses, le sirvan de aliados para neutralizar presiones de EEUU y otros actores de la comunidad internacional. Cuba, por otra parte, es su socio y aliado en todo lo concerniente a estrategias frente al imperialismo, y es el sostén del aparato represivo totalitario interno.

Las instituciones militares, siguen siendo el principal pilar del régimen y pese a descontentos, deserciones, amenazas y detenciones, los altos mandos siguen mostrando lealtad al dictador. Sin embargo, 2018 fue año de alzamientos, respondido por una severa represión, con denuncias de torturas y maltratos. Más de 180 militares están presos, una cifra histórica. Hay, además, un número similar de investigados, sometidos a presiones e interrogatorios. Es un sector que Maduro, bajo asesoría cubana, no ha descuidado desde 2013, cuando procedió a restructurarla para, entre otros aspectos, fortalecer a la Guardia Nacional sobre otros componentes, en su capacidad de control interno de país, y ampliar la Guardia de Honor Presidencial y otros cuerpos para protección del dictador.

Los militares son un sector privilegiado, con irrestrictos accesos al Petroestado. Tienen cuotas de poder que los ponen en control de sectores clave como el de importación y distribución de alimentos, el sistema cambiario, la petrolera PDVSA y el Arco Minero. Los privilegios se refuerzan con controles en los cuarteles y con exigencias como el de jurar lealtad personal a Maduro con cierta frecuencia. La institución ha perdido sus rasgos corporativos. Los diferentes grupos de poder necesitan la supervivencia de la élite gobernante para proteger sus intereses y salvarse de persecuciones de la justicia nacional o internacional. Los oficiales de rangos medios o bajos sufren las penurias del venezolano común y es allí donde las lealtades pudieran, con menos resistencia, romperse con las presiones nacionales e internacionales.

Las características desprofesionalizadas de los componentes militares refuerzan la importancia y centralidad de estrategias y tácticas dirigidas por la sociedad civil y política nacional, apoyada y articulada a la comunidad internacional para interrumpir la marcha hacia la consolidación del régimen autoritario. Si bien son necesarias fracturas en el apoyo del sector militar a Maduro, son los civiles quienes tienen el reto de liderar la lucha ante unos sectores militares profundamente desinstitucionalizados, autoritarios y corrompidos. En este orden de ideas, la esperanza que se despertó este enero con la AN y Guaidó, es apenas un embrión necesitado de cuidados intensivos diarios para evolucionar hacia un movimiento nacional capaz de llevar a la dictadura a ceder en sus objetivos y negociar la transición.

La batuta de la compleja trama de alianzas y redes a vincularse entre sí, con un propósito y estrategia comunes es del parlamento venezolano, como poder público plural, legal y legítimamente electo en 2015, que terminará su mandato en 2021. Es una responsabilidad suprema que los diputados doblen su vocación de servicio y encuentren la madurez política para manejar, con consensos y mediante decisiones políticas y legales bien pensadas, la nave que ha de llegar al puerto. Las leyes de Transición y de Amnistía, introducidas a mediados de enero a la AN, van en la dirección correcta. Ellas someten a discusión pública los términos para que la transición que se inicie sea consensuada. Allí se dan incentivos a tirios y troyanos para incorporarse a esta causa. El espacio para dirimir diferencias dentro de un propósito común es el parlamento, y votar es lo justo. La ciudadanía y la comunidad internacional, por su parte, exigen disposición de los partidos a deponer anteriores muestras de ambiciones e intereses personales o partidistas, en pro de la acumulación de fuerzas necesaria para forzar a la cúpula gobernante a aceptar el cambio democrático. Los fracasos anteriores deben servir de referencias para no cometer errores, que podrían ser fatales.

2018 pudo parecer un año letárgico, pero fue en él donde comenzaron acciones soterradas por parte de organizaciones y personalidades civiles, muchas ni políticas ni partidistas, para restañar heridas entre partidos y dirigentes. También se activaron y crearon asociaciones civiles para registrar y denunciar la violación de DDHH en las instancias internacionales y crear estructuras colectivas de solidaridad, dentro y fuera del país para asistir a una población huérfana de derechos. En marzo se constituyó la plataforma Frente Amplio para la Venezuela Libre (FAVL), con el propósito de encontrar espacios articuladores para el diálogo y la acción de actores políticos y sociales. Estas iniciativas deben continuar, expandirse y fortalecerse, porque un tejido social denso y sólido es imprescindible para sostener la ruta de la transición y, sobre todo, para garantizar la consolidación democrática, después de la devastación extrema padecida. Será, sin duda, un proceso largo, difícil, lleno de obstáculos.

Una tarea que luce de extrema importancia es la de encontrar formas innovativas para informar, educar y organizar a la ciudadanía sobre el proceso en marcha y las responsabilidades de cada quien. ONG concentradas en el derecho a la información veraz y a la libre expresión han crecido en Venezuela, y vienen dando un aporte invaluable en denunciar internacionalmente y neutralizar adentro y afuera, a los medios oficialistas cargados de mensajes subliminales y mentirosos. Deben multiplicarse y fortalecer su dimensión pedagógica dirigida a la ciudadanía. También han de fortalecerse ONG dedicadas a monitorear el derecho a la salud y a la educación, así como instituciones educativas, académicas y universitarias, que están en capacidad de analizar y elaborar propuestas de políticas para afrontar la crisis humana compleja y la reconstrucción de la colapsada economía y Petroestado. ONG que han acompañado y auxiliado a los presos políticos y comunes, ante un sistema penitenciario atroz; iglesias que dan consuelo, denuncian las precarias condiciones de la población pobre y acompañan el sufrimiento de las familias. En fin, es menester doblar desde la ciudadanía y sus tejidos organizativos los esfuerzos por fortalecer la conciencia y acción ciudadana, vinculando lo social y político con miras a un gran movimiento prodemocrático nacional.

En Venezuela necesitamos como parte de ese tejido social, un sector económico nuevo, organizado, productivo, empresarial y financiero, que esté convencido de las bondades de un régimen democrático y dispuesto a apoyarlo con sus bienes y trabajo, sabiendo que entraña sacrificios como deponer intereses individuales, ganancias temporales en pro del bien común. La mentalidad del rentismo, del dinero fácil, del enchufe, del tráfico de influencias, harían naufragar el proceso. Con los sindicatos y los gremios también hará falta otra concepción de la lucha laboral, donde superar la mentalidad de exigir derechos sin deberes es obligatorio. En Venezuela, los intereses individuales y forajidos antes y con el chavismo han sido muy fuertes, penetraron el Petroestado y el sistema social hasta la médula y no será pronto, ni fácil, que puedan ser erradicados. La experiencia en América Latina señala que, los pasajes más exitosos a la democracia se han dado cuando las élites económicas, sociales y políticas asumen un genuino interés por la democracia y están dispuestos a sacrificarse por ella. Se trataría entonces de construir las bases de una nación ancha, donde todos compartamos intereses, asumamos deberes y nos reconozcamos con los mismos derechos.

El año parece decisivo para quienes propugnan el cambio democrático. De darse un vigoroso movimiento sociopolítico, seguramente un proceso de negociación entre gobierno y oposición volverá a surgir. Es inevitable, si la vocación política es por una solución pacífica y democrática a la crisis estructural de la nación. Entendamos que, reconstruir la república pasa por reconocer sus profundos déficits democráticos, de desigualdad social y de exclusiones culturales, que trajeron estos desarrollos nefastos. Por ello, 2019 es un año que nos exige a cada ciudadano, organización, partido, activista y dirigente político responsabilidad, cabeza fría, el deber de estar informados, crecerse en la adversidad y actuar sin extremismos ni búsqueda de líderes mesiánicos. Hoy, más que nunca se tiene la posibilidad de construir una democracia más robusta que la anterior, aprendiendo de sus gazapos y entendiendo las oscuras corrientes nepóticas, caudillistas, intolerantes y primitivas del alma nacional, que sirvieron de sustrato a la tragedia chavista que hoy agoniza. Contribuyamos todos para que la AN, la nave que guía esta nueva estrategia, no se hunda en los torbellinos y peñascos que amenazan desde adentro y desde afuera y desde todas direcciones.

TSJ de Maduro reitera el “desacato”: “La AN no tiene junta directiva válida” – Albertonews – 21 de Enero 2019

El Tribunal Supremo de Justicia declaró este lunes que se anula la juramentación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN), por lo que el parlamento no tiene una junta directiva válida.

Asimismo, señalan que todos los actos de la AN son nulos, declarando a la AN en desacato. “Cualquier actuación de la AN será nula y carecerá de validez”, aseveró el TSJ.

El Magistrado Juan Mendoza sostuvo “Se anuló los actos de la Asamblea Nacional. del pasado sábado 5 de Enero, donde se designó la actual junta directiva”.

En ese sentido el TSJ de Maduro indicó “Son absolutamente nulos.Con el decreto de usurpación desconocen al poder nacional al descocar la declaración del TSJ, desconoce el poder electoral, el poder ejecutivo y lo más grave al pueblo soberano que participó en elecciones”.

Igualmente el TSJ sostuvo que la Ley sobre la crisis humanitaria en Venezuela de la AN quedó anulada, así como también el acuerdo de recuperación de activos, alegando que esa decisión le corresponde al “presidente” Nicolás Maduro. Sobre la ley de amnistía “es nula por ser contraria a la Constitución”.

Por otra parte el TSJ indicó que enviarán la sentencia a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), al Fiscal General de la República Tarek William Saab y al Poder Ejecutivo para que ejerzan lo que les corresponde.

“La Asamblea Nacional está violando los artículos 130, 131 y 132 de la Constitución Nacional”, reiteró el TSJ.

A continuación del documento de la sentencia:

Caracas, 21 de Enero de 2019.

Años 208° y 159°

En fecha 11 de enero de 2017, esta Sala mediante sentencia N° 02 declaró:

“(…)

4.- DECLARA la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional al no haber dictado las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución referidas al acatamiento de las decisiones dictadas por este Máximo Tribunal de la República y, EN CONSECUENCIA, SE ANULAN el acto parlamentario celebrado el 05 de enero de 2017, así como el acto celebrado el 09 de enero de 2017, por la Asamblea Nacional con ocasión del nombramiento de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y todos los actos parlamentarios subsecuentes que se generen por contrariar las órdenes de acatamiento a las decisiones de este Máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela.

5.- SE ORDENA a los Diputados que conformaron la Junta Directiva del lapso vencido asumir sus funciones directivas y secretariales de la Asamblea Nacional, para que de forma única y exclusiva den cumplimiento a las decisiones de este Máximo Tribunal, en los términos antes expuestos en el presente fallo. En consecuencia, se ordena efectuar las notificaciones correspondientes.

…Omissis…

10.- Cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica, sin menoscabo de la responsabilidad a que hubiere lugar.” (…).

Ahora bien, es un hecho público, notorio y comunicacional que los aludidos dispositivos del fallo N° 02/2017 fueron objetivamente desacatados por la Asamblea Nacional, por lo que, al evidenciarse la omisión constitucional reiterada ya advertida en la sentencia antes reproducida parcialmente, al dejar de cumplir con las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, se generan circunstancias objetivas que la Sala debe declarar:

1) Que la Asamblea Nacional no tiene Junta Directiva válida, incurriendo la írrita “Directiva” elegida el 5 de enero de 2019 (al igual que las “designadas” inconstitucionalmente durante los años 2017 y 2018), en usurpación de autoridad, por lo cual todos sus actos son nulos de nulidad absoluta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 constitucional. Así se declara.

Es claro, además, que este ejercicio írrito del Poder Público acarrea responsabilidad individual con motivo de la violación del texto constitucional (artículo 139 eiusdem). Así se declara.

2) La Sala Constitucional observa que, en fecha 15 de enero de 2019, la Asamblea Nacional en desacato y sin Junta Directiva válidamente designada y juramentada dictó cuatro (4) acuerdos que se denominan de la siguiente manera:

a) “ACUERDO SOBRE LA DECLARATORIA DE USURPACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA POR PARTE DE NICOLÁS MADURO MOROS Y EL RESTABLECIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN”.

b) “ACUERDO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA AYUDA HUMANITARIA PARA ATENDER LA CRISIS SOCIAL QUE SUFRE EL PUEBLO VENEZOLANO”.

c) “ACUERDO EN SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE ACTIVOS DEL ESTADO VENEZOLANO ANTE LOS PAÍSES DE ARGENTINA, BRASIL, CANADÁ, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, GUATEMALA, GUYANA, HONDURAS PANAMÁ, PARAGUAY, PERÚ, ESTADOS UNIDOS, BULGARIA, RUSIA, CHINA, TURQUÍA, EMIRATOS ÁRABES Y LA UNIÓN EUROPEA ANTE LA FLAGRANTE USURPACIÓN DEL PODER EJECUTIVO POR PARTE DEL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS”

d) “ACUERDO SOBRE LA NECESIDAD DE UNA LEY DE AMNISTÍA PARA LOS CIVILES Y MILITARES QUE APEGÁNDOSE AL ARTÍCULO 333 DE LA CONSTITUCIÓN, COLABOREN EN LA RESTITUCIÓN DEL ORDEN”.

Ahora bien, ya se precisaba en el dispositivo 10 del fallo N° 02/2017, que “Cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica, sin menoscabo de la responsabilidad a que hubiere lugar”.

Solo ello serviría como fundamento para declarar la nulidad absoluta de todos los actos parlamentarios.

Sin embargo, es tal la gravedad del contenido de los mismos, que esta Sala Constitucional se encuentra en la obligación de señalar algunos de los vicios de inconstitucionalidad en el cual incurren:

1) En relación al “ACUERDO SOBRE LA DECLARATORIA DE USURPACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA POR PARTE DE NICOLÁS MADURO MOROS Y EL RESTABLECIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN”; la Asamblea Nacional violenta los artículos 130, 131 y 132 constitucionales, en particular el deber que tiene “toda persona” de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público.

En efecto, desconocen al Poder Judicial al desacatar sus fallos, al Poder Electoral que realizó el proceso electoral en el cual fue elegido, proclamado y juramentado como PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA para el período 2019-2025, el ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, al Poder Ejecutivo al desconocer la investidura de su titular y, la más grave, al titular de la soberanía, el pueblo, quien lo escogió en comicios transparentes, mediante el sufragio universal, directo y secreto.

Este pueblo titular de la soberanía, de conformidad con el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es el depositario del poder constituyente originario y, en ejercicio de dicho poder, eligió una Asamblea Nacional Constituyente, quien fue la convocante de las referidas elecciones presidenciales (artículo 347 eiusdem).

Un acuerdo como el que se examina implica un acto de fuerza que pretende derogar el texto constitucional (artículo 333) y todos los actos consecuentes del Poder Público Nacional; por lo cual esta Sala Constitucional se ve obligada a actuar de oficio en protección del texto fundamental, de conformidad con los artículos 266.1, 333, 334, 335 y 336, estos últimos del Título VIII (De la Protección de la Constitución). Así se decide.

Es, además, inaudito que se procure aplicar “analógicamente” las causales taxativamente contenidas en el artículo 233 de la Constitución a los fines de justificar la pretendida falta absoluta del Presidente de la República.

No puede agregarse a dichas causales, otra “acomodaticia” para, por vía de una pretendida ficción jurídica, determinar que en nuestro país no hubo elecciones el 20 de mayo de 2018, y que de las resultas de los comicios convocados por el Poder Constituyente y el Poder Electoral no se escogió un Jefe de Estado.

Dichas causales son de derecho estricto y no pueden ser modificadas y/o ampliadas analógicamente, sin violar la Constitución. Así también se decide.

Por otra parte, esta Sala advierte que en sentencia N° 24 del 22 de enero de 2003 se realizó la interpretación del artículo 350 de la Carta Magna, en la cual se concluye que esta disposición es el corolario del resultado de la labor del Poder Constituyente, que habilita al pueblo de Venezuela a desconocer cualquier norma resultante de su ejercicio que viole los principios de derecho natural en el contemplados. Por lo tanto, es absolutamente impertinente su mención para justificar expresas violaciones del texto fundamental por parte de un órgano constituido. Por el contrario, esta Sala advierte en la parte motiva de dicho fallo lo siguiente:

“(…) Aparte de la hipótesis antes descrita sólo debe admitirse en el contexto de una interpretación constitucionalizada de la norma objeto de la presente decisión, la posibilidad de desconocimiento o desobediencia, cuando agotados todos los recursos y medios judiciales, previstos en el ordenamiento jurídico para justiciar un agravio determinado, producido por “cualquier régimen, legislación o autoridad”, no sea materialmente posible ejecutar el contenido de una decisión favorable. En estos casos quienes se opongan deliberada y conscientemente a una orden emitida en su contra e impidan en el ámbito de lo fáctico la materialización de la misma, por encima incluso de la propia autoridad judicial que produjo el pronunciamiento favorable, se arriesga a que en su contra se activen los mecanismos de desobediencia, la cual deberá ser tenida como legítima sí y solo sí –como se ha indicado precedentemente- se han agotado previamente los mecanismos e instancias que la propia Constitución contiene como garantes del estado de derecho en el orden interno, y a pesar de la declaración de inconstitucionalidad el agravio se mantiene (…)”.

Por lo tanto, dada la reiterada conducta inconstitucional de la Asamblea Nacional, esta Sala considera que el fallo transcrito es aplicable al caso de autos. Así lo decide.

Asimismo, la Asamblea Nacional no puede erigirse en Tribunal Supremo de Justicia para declarar una pretendida usurpación, ya que implicaría la tipificación de la conducta descrita en los precitados artículos 138 y 139, en concordancia con los artículos 136 y 137, todos constitucionales. Así se declara.

Finalmente, nuestro régimen es eminentemente presidencial. Y al existir separación de poderes es al Presidente de la República al que le corresponde dirigir la acción de gobierno, administrar la Hacienda Pública Nacional, negociar empréstitos nacionales, celebrar contratos de interés nacional y dirigir las relaciones internacionales, es decir, que en ningún caso y bajo ningún supuesto puede asumir un parlamento la acción de gobierno y la administración de la Hacienda Pública (ver artículo 236 de la Constitución, cardinales 2, 11, 12, 14, entre otros).

2) En relación con el “ACUERDO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA AYUDA HUMANITARIA PARA ATENDER LA CRISIS SOCIAL QUE SUFRE EL PUEBLO VENEZOLANO”, esta Sala señala que mediante sentencia N° 460 del 9 de junio de 2016, fue declarada nula por inconstitucional la “Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud”, aprobada por la Asamblea Nacional el 28 de abril de 2016. Esta actuación pretende reeditar, por vía de “acuerdo”, el aludido proyecto, por lo cual es absolutamente nulo, no solo por la reedición, sino que, en el supuesto de que no estuviere enmarcado en un texto legal (como es el caso) estaríamos en presencia de una acción de gobierno, por lo cual se incurriría una vez más en violación del artículo 138 constitucional.

3) En lo que concierne al “ACUERDO EN SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE ACTIVOS DEL ESTADO VENEZOLANO ANTE LOS PAÍSES DE ARGENTINA, BRASIL, CANADÁ, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, GUATEMALA, GUYANA, HONDURAS PANAMÁ, PARAGUAY, PERÚ, ESTADOS UNIDOS, BULGARIA, RUSIA, CHINA, TURQUÍA, EMIRATOS ÁRABES Y LA UNIÓN EUROPEA ANTE LA FLAGRANTE USURPACIÓN DEL PODER EJECUTIVO POR PARTE DEL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS”; esta Sala advierte una vez más que todo lo relativo al gobierno y administración de la Hacienda Pública Nacional y la dirección de las relaciones exteriores de la República (artículo 236 constitucional cardinales 2, 4, 11 entre otros) le corresponde al Presidente de la República como órgano del Poder Ejecutivo.

Es inadmisible para esta Sala Constitucional la usurpación de atribuciones de otros poderes, modificando las formas de Estado y de Gobierno. Corresponde al Ministerio Público por órgano de su titular, determinar la correspondiente responsabilidad penal, civil y administrativa, de conformidad con la Constitución y las leyes, todo ello en protección del texto fundamental y de la estabilidad del Estado. Así se declara.

4) Finalmente, la Sala Constitucional en sentencia N° 264 de fecha 11 de abril de 2016, declaró nula una “Ley de Amnistía” absolutamente contraria a la Constitución por delitos cometidos contra el Estado y el pueblo venezolano.

En esta oportunidad, el “ACUERDO SOBRE LA NECESIDAD DE UNA LEY DE AMNISTÍA PARA LOS CIVILES Y MILITARES QUE APEGÁNDOSE AL ARTÍCULO 333 DE LA CONSTITUCIÓN, COLABOREN EN LA RESTITUCIÓN DEL ORDEN”, no solo insiste en una amnistía por delitos ya cometidos en los intentos de desestabilización pasados, sino en amparar hacia el futuro cualquier acción delictiva que se cometa, siempre y cuando sea para colaborar en el presunto restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Es decir, que rige para hechos futuros y/o inciertos, incluso eventualmente atentatorios de la institucionalidad democrática o crímenes de lesa humanidad que, por sus características, están excluidos del indulto o de la amnistía (ver artículo 29 de la Constitución); por tanto, además de su clara nulidad, por tratarse de un acto dictado por un órgano parlamentario en desacato, debe agregarse su incuestionable irracionalidad jurídica. Así se declara.

En consecuencia de lo señalado en la parte motiva de este fallo, ejerciendo la atribución que le confiere el artículo 336 de la Constitución y en ejercicio de la jurisdicción constitucional como máxima instancia de resguardo de la misma, así como en aras de mantener las medidas indispensables para el restablecimiento del orden constitucional; esta Sala, ratifica la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional referida en múltiples sentencias, en particular en el fallo N° 2 del 11 de enero de 2017 y constata el reiterado desacato en que sigue incurriendo la Asamblea Nacional de los fallos de este Tribunal Supremo de Justicia y la violación expresa del contenido del texto constitucional en los términos aquí decididos. Así se decide.

En tal sentido, se ordena remitir copia certificada de esta decisión a la Asamblea Nacional Constituyente; al Poder Ejecutivo Nacional, en la persona del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros y al Fiscal General de la República, a los fines del ejercicio de sus atribuciones correspondientes.

Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.

El Presidente,

Juan José Mendoza Jover

El Vicepresidente,

Arcadio Delgado Rosales

Los Magistrados y las Magistradas,

Carmen Zuleta de Merchán

Gladys María Gutiérrez Alvarado

Calixto Ortega Ríos

Lourdes Benicia Suárez Anderson

René Alberto Degraves Almarza

La Secretaria,

Mónica Andrea Rodríguez Flores

Exp. 2017-0001

Primero Justicia desconoce sentencia del TSJ al desconocer la legítima directiva de la AN – La Patilla – 21 de Enero 2019

Primero Justicia desconoce la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, el cual ha declarado la inconstitucionalidad de la Junta directiva de la legítima Asamblea Nacional, único poder electo por el pueblo en el país, debido a que atenta contra la voluntad del pueblo y forma parte de las herramientas de la dictadura para seguir usurpando el poder en Venezuela.

Es por ello que reiteramos lo siguiente:

1.- Reconocemos como directiva de la Asamblea Nacional la que está conformada por Juan Guaidó en la presidencia del poder legislativo, Edgar Zambrano como primer vicepresidente y Stalin González como segundo vicepresidente.
2.- Rechazamos contundentemente las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por considerar que son violatorias a la constitución y que además representan una práctica reiterada del gobierno para desconocer la única institución legítima en Venezuela que es la Asamblea Nacional.

3.- Reafirmamos el llamado a la ruta planteado por la AN y que está claramente definida en la convocatoria a las concentraciones del 23 de enero, a saber: Que cese la usurpación, construir un gobierno de transición y realizar elecciones libres en el país con condiciones claras y justas para todos los venezolanos.

Asimismo el TSJ con su inconstitucional sentencia pretende que nuestro llamado a la amnistía no llegue al seno de las Fuerzas Armadas, es por ello que anunciamos que no descansaremos para lograr que ese llamado sea cada día más fuerte y con mayor compromiso.

Desde Primero Justicia recordamos que la Asamblea Nacional es reconocida por todos los venezolanos y por el mundo democrático como la única institución con legitimidad popular, por lo cual es evidente que esta sentencia inconstitucional del TSJ se suma a la larga lista de sentencias que buscan darle herramientas al usurpador de Nicolás Maduro para desconocer la voluntad del pueblo representada en la Asamblea Nacional. “Esta inconstitucional sentencia no nos apartará de seguir impulsando la ruta que desde la Asamblea Nacional hemos planteado”

La esperanza toma la calle por Luis Ugalde S.J. – El Universal – 22 de Enero 2019

Luis-Ugalde-800x478El desierto reverdece y donde todo era aridez y tristeza brota la primavera. Es un hecho indudable que desde el 5 de enero el país vuelve a sonreír en medio de su enorme y creciente tragedia. Hay salida, hay fuerza de cambio, hay esperanza creativa y empieza a despuntar la imprescindible unión superior entre diversos. Casi inesperadamente las miradas del país y del mundo democrático se centran en la legítima Asamblea Nacional con su Presidente Juan Guaidó y su Directiva unitariamente elegida. Guaidó simboliza el futuro democrático sin odios, con la mano abierta al abrazo e invitando a su apoyo y responsabilidad decisiva a quienes lo pueden y deben dar: el pueblo movilizado y repolitizado y la Fuerza Armada democrática. Tres palabras claves: Usurpador, Transición y Elecciones Libres. Guaidó ha expresado con mucha claridad que para sacar al usurpador hay que poner a valer el sentimiento democrático de la inmensa mayoría de los venezolanos y ha invitado por activa y pasiva a la Fuerza Armada a cumplir su deber constitucional. La Asamblea propone una Ley de Amnistía para los civiles y militares que den su paso decidido para salir de este régimen colapsado y sin esperanza que ha entronizado la miseria. Los gobiernos democráticos del mundo han manifestado su apoyo a la AN en la tarea de reponer la constitución y restablecer la democracia.

Seguramente no se podrá realizar antes de fines de 2019 la elección presidencial libre y democrática (que fue negada en 2018) sin presos políticos, sin candidatos ni partidos inhabilitados, sin ANC dictatorial y supraconstitucional, con nuevo CNE y con todo el proceso electoral transparente. Pero la transición ya la siente cada uno de los venezolanos en su interior y en un mes su esperanza ha pasado de la noche al día. Ahora hay que cuidar que no se apague, sino que se convierta en fuerza eficaz para el cambio. La política sin emoción no se mueve, pero ésta sin racionalidad se estrella. Los dirigentes deben sobresalir por su capacidad de mover emociones y orientarlas con serenidad, como Guaidó lo va haciendo: escuchar al pueblo y dirigirlo con esperanza creativa, sin caer en ilusiones frustrantes. La política transforma lo posible para convertir en realidad lo necesario.

23 de enero con tiempos distintos. El proceso electoral necesita nueve meses para hacer realidad una elección de Presidente en forma limpia y libre. En cambio es criminal cada día que se demora la creciente hiperinflación y el cierre a la ayuda humanitaria. Abrir puertos y aeropuertos para que entre la solidaridad internacional y unir los corazones de millones de venezolanos para activar un inmenso voluntariado sin barreras, que nos moviliza y une. Sería criminal que el usurpador impusiera más meses sus políticas económicosociales que hunden la producción nacional, cierran las empresas y matan de hambre y exilio a millones de venezolanos. Venezuela no puede salir de esta inmensa tragedia sin cambiar cuanto antes de régimen y desarrollar la producción económica y mejorar el poder adquisitivo salarial, sin una muy fuerte ayuda internacional, con refinanciamiento de la deuda e inversión. Es imposible que todo esto ocurra con este usurpador empeñado en sustituir la realidad trágica con mentiras e ilusiones de prosperidad al tiempo que sus políticas refuerzan las ruinas. La tragedia nacional hay que frenarla ya, aunque el nuevo gobierno democráticamente elegido no pueda llegar antes de un año. Por eso es imprescindible que avance la transición que ya ha comenzado. Impresiona ver y sentir que en una semana millones de venezolanos han pasado de una aparente parálisis desesperada a una movilización de esperanzas. Las Asambleas y Cabildos Abiertos están brotando como hongos con una ciudadanía movilizada, reflexiva y exigente. El 23 de enero es la fecha emblemática de la unión de todos los demócratas civiles y de la Fuerza Armada para salir del dictador. El primer gran cambio será encontrarnos ese día multitudinariamente en más de un centenar de plazas y calles dentro y fuera del país. Vernos y sentirnos movilizados y que el mundo nos vea así. Que la Fuerza Armada se identifique sumándose y se redima diciéndole al usurpador y a los cubanos que se tienen que ir para que Venezuela viva. Este 23 de enero no será el final, sino la prueba de que la transición acumula fuerzas aceleradamente. Como dice el bíblico salmo 126 “Los que siembran con lágrimas cosechan con cantos de alegría” y ven que el desierto reverdece. Después de estas primeras lluvias se abre la etapa de nuevas siembras y cosechas que exigen esmerada preparación de la tierra y sin precipitaciones. Se multiplicarán los cabildos, se repolitizará la sociedad civil con nueva conciencia ciudadana y renacerán los valores morales: todos unidos para salir del túnel de la muerte, todos unidos en defensa de la vida. No confundir la esperanza creativa activada con la ilusión mesianista de un juramento solitario. Venezuela guiada por su AN y su Presidente Guaidó (que ha demostrado valor y serenidad) entra en una nueva etapa, asumiendo con responsabilidad y creatividad lo público arrebatándolo a quienes lo han convertido en botín criminal. El cambio y la transición están en marcha, porque en marcha está – no una juramentación sin soporte social ni fuerza-, sino el pueblo soberano que camina hacia la reconciliación para restablecer la gran unión nacional capaz de producir libertad y vida entre todos y para todos. Caracas, 21 de enero de 2019.

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