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El Gobierno de transición por Luis Ugalde S.J. – Blog Cesar Miguel Rondón – 21 de Junio 2017

Ugalde4-1100x618Todo gobierno medianamente democrático si llega a una deslegitimación y fracaso parecidos a los de Maduro, renuncia y convoca a elecciones. La Constitución venezolana para situaciones similares prevé el referendo para revocar al Presidente antes de su término. Maduro tramposamente lo impidió; luego anuló la Asamblea Nacional y aplazó las elecciones regionales; ahora pretende eliminar la Constitución con una “constituyente” no convocada por el único que lo puede hacer, el pueblo. Es una locura pensar que la actual desesperación, deba y pueda prolongarse hasta fines de 2018. El creciente sufrimiento de la gente pide a gritos cambio ya: cambio de presidente y de régimen, con decisiones inmediatas para no seguir muriendo en la calle con la brutal represión o por hambre y falta de medicinas, a causa de la corrupción e ineptitud gubernamentales. El Ejecutivo se ha convertido en verdugo del pueblo y se ha vuelto tiránico.

Cambio ya para rescatar la Constitución y emprender de inmediato el camino de la reconstrucción, evitando más muertes y miseria. Para salir de este régimen sin esperanza hace falta cuanto antes un gobierno nacional de transición que tome de modo excepcional medidas de emergencia y convoque elecciones democráticas, previo saneamiento con remoción de los ilegales magistrados del TSJ y de los miembros serviles del CNE.

Urge hablar públicamente para madurar un gobierno de transición saliendo del actual Ejecutivo deslegitimado. Sería un grave error pensar en elecciones inmediatas. Antes necesitamos atender con apoyo internacional a la creciente emergencia humanitaria propia de una postguerra, sacar a todos los presos políticos, abrir el regreso de los exiliados, convocar a los empresarios a la activación de la emergencia productiva y atraer a los inversionistas con un nuevo espíritu democrático, libre iniciativa y garantías jurídicas.

Urgen el refinanciamiento de la deuda y multimillonarios préstamos económicos para insumos productivos y para necesidades vitales de consumo. Nada de esto podría conseguir una nueva dictadura militar y tampoco un frágil ganador de elecciones partidistas con todos los demás (chavistas o no) en la oposición. Es necesario un gobierno de transición con metas claras y tareas concretas, con amplio apoyo nacional por encima de parcelas partidistas. Un gobierno que incluya a opositores y chavistas, unidos en un esfuerzo de salvación nacional. Tal vez hace un año el gobierno de Maduro hubiera podido abrir este camino, pero ahora es imposible.

El gobierno de transición debe fijar fecha de elecciones libres antes de un año, con condiciones democráticas y transparencia. Mientras ese gobierno responde a la población con medidas urgentes, los diversos grupos políticos y sociales deben llegar antes de las elecciones a una especie de Pacto de Gobernabilidad, con el compromiso de reconocer y apoyar a quien gane la Presidencia. Pacto con un programa básico de salvación nacional y de reconstrucción, de no menos de 10 años, apoyado por gobernantes y opositores democráticos. Todo ello imposible sin un gran apoyo internacional político, económico y humanitario. Entramos derrotados a la modernidad del siglo XXI y a la superación de la pobreza. Ahora tenemos que subir una escarpada alta montaña de reconstrucción y no pensar ilusamente que con salir de este gobierno la tarea está hecha. Pero antes de empezar la subida enfrentamos un bloqueo dictatorial que impide avanzar. Quitar ese obstáculo es condición indispensable para seguir, pero, por terquedad de un régimen corrupto y sin esperanza se nos van en ello vidas, tiempo y energía, cuando urge desarrollar negociaciones e imaginación constructiva. La atención debe centrarse en la difícil subida de mañana y los requisitos para coronarla con éxito. Sin dejar la actual protesta de calle (acción decisiva para desbloquear los caminos constitucionales) debemos simultáneamente empezar a formar un gobierno de transición con hombres y mujeres de diversa procedencia pero unidos con claridad programática y decididos a no prolongarse más allá de los meses de transición emergente.

Un Gobierno de Transición, con todas las de la ley, con una Fuerza Armada decididamente democrática y defensora de la Constitución. Basarnos en la Constitución y en lo que nos queda de instituciones legítimas; en primer lugar la Asamblea Nacional en alianza con el pueblo sufriente alzado y con la Fiscal convertida en defensora de la democracia y unidos en el rescate del CNE y TSJ. La Fuerza Armada está obligada e invitada a asumir su responsabilidad constitucional y democrática en la difícil reconstrucción del país, con lo que recuperará los perdidos reconocimiento y afecto del pueblo. La alegría de Venezuela será inmensa cuando veamos aparecer un Gobierno de Transición realmente plural, de gente honrada e inteligente unida en un programa político de interés superior: la salvación del país. Cuanto más se haga esperar, más grave y dolorosa se volverá la actual agonía.

Maduro usted, al cerrar los caminos de cambio, se convirtió en el eje de un régimen que tortura a Venezuela y ahora quiere perpetuarlo con el fraude de la Asamblea Constituyente. Renuncie y quite el bloqueo que impide el inicio del ascenso a la montaña de la reconstrucción democrática con rescate de la esperanza y de la unidad nacional.

Sinvergüenzas y dañinos por Eddie A. Ramírez S. – RunRunes – 20 de Junio 2017

 

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Los veintiún ciudadanos que fueron postulados ilegalmente al Tribunal Supremo de Justicia por Tarek Saab y Manuel Galindo son sinvergüenzas y sus sentencias han causado un gran daño al país, al igual que sus postulantes. Posteriormente fueron designados por los también sinverguenzas y dañinos diputados del Psuv en la anterior Asamblea Nacional, a pesar de que era evidente de que el procedimiento estaba viciado y trece de ellos no cumplían con los requisitos establecidos en la Constitución.

Calixto Ortega, Lourdes Suárez, Vilma Fernández, Francisco Velásquez, Iván Dario Bastardo, Jesús Jiménez Alfonzo, Fany Márquez y Christián Zerpa tuvieron el descaro de presentarse como candidatos a magistrados principales del TSJ conscientes de que solo podían ocupar esos cargos por ser serviles al régimen de Maduro ¡Qué descarados, qué falta de escrúpulos!
La misma conducta tuvieron Juan Carlos Cuenca, Betty Luna y Mary Ramos, quienes aceptaron ir como suplentes.

En su momento, el diputado Elvis Amoroso, presidente del comité de postulaciones declaró impúdicamente”Todos salieron excelentes. Nosotros nunca nos vamos a salir de la constitución” ¡ Qué descarado! Por su parte el sinvergüenza de Tarek Saab, intentó desmentir a la Fiscal Luisa Ortega de que ella no había firmado el acta de postulación. Para ello, no sabemos si el auto llamado Defensor del Pueblo, presentó un acta firmada que no es la pertinente o falsificó firmas

La entrevista que la periodista Vanesa Davis realizó a María José Marcano, quien era la Secretaria del Consejo Moral Republicano, pone al descubierto a Saab, Galindo y a los magistrados usurpadores. La hoy exiliada señora Marcano y la Fiscal actuaron correctamente y eso hay que aplaudirlo.

¿Qué decir de quienes sí cumplían los requisitos mínimos, como Luis Damiani, José Luis Ibarra, Yanira Karabin, Marco Medina y Eulalia Guerrero, pero que aceptaron estar en compañía de los usurpadores? ¿ Y de quienes ya eran magistrados, como el conocido Maikel Moreno y otros que no sabemos si con credenciales o sin ellas, como Marco Tulio Dugarte, ,Jhannett Madriz, Gladys Gutiérrez, Indira Alfonzo Arcadio Delgado, Juan José Mendoza Jover, Yolanda Jaimes, Marjorie Calderón y Carmen Zuleta de Merchán, para citar algunos? Quizá algunos puedan haber pasado el baremo satisfactoriamente, otros suma cum diez y otros raspados, pero avalaron las sinvergüenzuras y son culpables de las violaciones a la Constitución. Tampoco tienen virtudes ciudadanas para ser Magistrados.

Tenemos que reconocer que la mayoría de nuestros diputados están enfrentando al régimen con mucha valentía, lo cual les ha costado lesiones y todo tipo de atropello. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que a veces no deciden sobre lo importante y urgente. Era vital que, apenas instalada la Asamblea, se abocaran a destituir a los magistrados electos sin tener las credenciales necesarias. Han debido ponerlos al descubierto mediante una citación a la Fiscal y a la Secretaria del Consejo Moral, o bien a través de una comunicación, para que ellas explicaran cómo fue el proceso de selección.

Aspiramos que la Asamblea Nacional designe magistrados idóneos. En el pasado todos eran buenos abogados, aunque algunos eran non santos y estaban demasiado identificados con AD o con Copei. Los nuevos magistrados deben tener méritos propios y de conocida solvencia moral y profesional. No queremos magistrados de la oposición, sino personalidades no atados a toldas políticas que actúen con criterio propio para poder rescatar a la justicia. Reconstruir lo que han causado los bárbaros rojiarcas pasa porque nadie perciba le violen sus derechos.

Como (había) en botica: El petróleo y la agricultura son sectores de primer orden para Venezuela. Sin embargo, los rojos destruyeron ambas actividades. La producción petrolera sigue en picada. La OPEP informó que Venezuela solo extrae 1.963.000 barriles por día (b/d), apenas el 6,1 % de la producción de esa organización. Estados Unidos es el primer productor del mundo, con 14.280.000 b/d, cifra que incluye productos no convencionales. Sin embargo, el manipulador Isaías Rodríguez declaró que “vienen por nuestro petróleo”. Como no hay gasolina ni gas, las gandolas de Pdvsa transportan cocaína. La agricultura ha sido afectada por la inseguridad jurídica y personal, por la escasez de insumos y control de precios. Fedeagro y los profesores de Agronomía de la UCV, Juan Fernando Marrero y Werner Gutiérrez advierten que habrá más desabastecimiento por la caída de la producción en este ciclo debido principalmente a la escasez de semillas y fertilizantes; los cañicultores solo han obtenido mil toneladas de fertilizantes, de las 90 mil requeridas; en los Andes por falta de semillas solo se ha sembrado una cuarta parte de la superficie de hortalizas; en Portuguesa la siembra de cereales es de apenas 75.000 hectáreas, cuando la meta era casi diez veces mayor; en arroz los rendimientos caerán de 5.000 kg/ha a 3.000 kg/ha; en bovinos, la falta de antígeno impide realizar las pruebas de brucelosis. ¡No a la prostituyente! ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

 

Difunden acta de selección de magistrados sin la firma de Ortega Díaz – El Nacional – 16 de Junio 2017

El diputado José Guerra publicó el documento en Twitter

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José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, difundió hoy el acta de preselección de los magistrados “exprés” en la que se observa la ausencia de la firma de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y la secretaria del Consejo Moral Republicano.

“Acta de selección de magistrados exprés. Note que falta la firma de Luisa Ortega Díaz y de la secretaria del Consejo Moral”, escribió Guerra en Twitter.

En el documento se observa la firma de Manuel Galindo Ballesteros, Contralor General, y Tarek William Saab, Defensor del Pueblo y Presidente del Consejo Moral Republicano.

Ortega Díaz señaló recientemente que se negó a firmar dicha acta debido a que el proceso de preselección de los magistrados, llevado a cabo en diciembre de 2015 por la saliente AN, estuvo viciado.

 

 

Dos expresidentes iberoamericanos exigen a la cúpula militar venezolana que defienda la democracia por Andrés Pastrana y Jorge Quiroga – ABC – 14 de Junio 2017

A través de una carta abierta, los expresidentes de Colombia y Bolivia se dirigen a la cúpula militar venezolana

padrino-k1QB--620x349@abc.jpgCarta a Vladimir Padrino, ministro de Defensa y general de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, y a los oficiales y militares venezolanos.

Están ustedes ante una encrucijada, tienen pocos días para escoger su camino. O pasarán a la historia como esbirros serviles de la dictadura narco-criminal, corrupta, inepta, atroz y feroz que busca aniquilar la democracia con su para-narco-constituyente cubana. O honrarán su uniforme, el legado de Bolívar y la Constitución dando dos pasos al costado: primero, parando la represión que ha dejado casi setenta muertos en setenta días de protestas; segundo, rechazando la pantomima electoral de la constituyente golpista de Maduro.

Recuerden el 6 de diciembre de 2015, cuando el régimen quiso mantener abiertos los centros electorales para robarse el Parlamento. Recuerden que ustedes dieron un paso al frente en esa hora crítica, respetaron la ley, cerraron los recintos, para que se cuenten los votos y se reconozca el triunfo opositor. Esto hubiera sido imposible sin una posición clara de las FF.AA., porque ustedes manejan la logística electoral en los comicios. No borren hoy con el codo lo que entonces escribieron con la mano.

Entiendan que constituyente sin referéndum popular que la convoque y otro que la apruebe es nula e inconstitucional; comprendan que sin voto directo, secreto y proporcional, esto no es democrático. Entiendan que soldados que distribuyan las máquinas y material «electoral» el 30 de julio estarán participando en un golpe para cerrar el Parlamento, defenestrar a la fiscal general, exiliar y encarcelar más opositores y establecer una Cuba castrista en pleno siglo XXI.

Entiendan que la dictadura sigue expoliando. Primero se robaron y despilfarraron casi dos décadas de gigantescos ingresos petroleros. Después vendieron el oro del Banco Central, retiraron los ahorros (DEGs) del Fondo Monetario Internacional, hipotecaron Citgo a los rusos y las reservas hidrocarburíferas a los chinos. Ahora se están apropiando del futuro, vendiendo bonos a 20-31 centavos por dólar, con intereses exorbitantes, a bancos de Wall Street. Esto va más allá de «raspar la olla» económica; esto es robarse las ollas e hipotecar platos y cubiertos por veinte años.

Entiendan que los criminales que desgobiernan Venezuela van a terminar en una celda fría en La Haya o en una hamaca caliente en Cuba. Los oficiales y militares de honor no tienen por qué acompañarlos. En Ramo Verde está un preso icónico, pero también militares constitucionales que rechazan la represiva y golpista dictadura. Estas circunstancias no requieren que ustedes den un paso al frente, sólo dos a un costado. Primero, bajen las armas, dejen de disparar a sus hermanos y detengan la represión que sostiene la dictadura. Segundo, anuncien que no apoyarán el esperpento electoral fraudulento del 30 de julio, porque este busca enterrar la democracia. Sólo eso, y nada más que eso, oficiales y militares de la patria de Bolívar.

Para tomar su decisión, escuchen.

Escuchen a Dudamel (el entrenador deportivo, no el conductor subordinado) que cuando clasificó a la Vinotinto para la final del Mundial de fútbol sub-20, en Corea del Sur, dijo: «Presidente, paremos ya las armas. Esos chicos que salen a la calle lo único que quieren es una Venezuela mejor».

Escuchen a uno de los obispos más brillantes de América Latina, monseñor Diego Padrón, quien a nombre de su Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), le dijo al Santo Padre en el Vaticano: «… no hay un conflicto ideológico entre derechas e izquierdas o entre “patriotas” y “escuálidos”, sino entre un Gobierno devenido en dictadura, autorreferencial, que sólo sirve para sus propios intereses y todo un pueblo que clama libertad». Padrón agregó lo que la CEV piensa de la para-narco-constituyente: «Convocada sin consultar la libre opinión del pueblo de manera directa y universal, mediante un previo referéndum consultivo, esta Asamblea será impuesta por la fuerza y sus resultados serán la constitucionalización de una dictadura militar, socialista-marxista y comunista».

Escuchen a su Asamblea, la que ustedes respetaron el 6 de diciembre de 2015. Escuchen a la fiscal general.

El sol de la libertad está por despuntar, un nuevo futuro democrático está naciendoEscuchen a los heroicos jóvenes que marchan por las calles, tragando gases, desafiando balas, llorando a sus muertos, cantando en Venezuela el coro de la rebelión francesa: «Canta el pueblo su canción, nada la puede detener, esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón, oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí, tras esta barricada hay un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres depende de ti».
El sol de la libertad está por despuntar, un nuevo futuro democrático está naciendo. Soldado venezolano, el tambor está sonando y te llama. De ti depende. Libertad o esclavitud, democracia o dictadura, Bolívar o Maduro.

Andrés Pastrana fue presidente de Colombia y Jorge Quiroga fue presidente de Bolivia.

La rebelión de la fiscal por Trino Márquez – La Patilla – 14 de Junio 2017

ThumbnailTrinoMarquezDespués de los episodios de abril de 2002, el chavismo mostró una solidez de hierro y un hermetismo impenetrable, sin resquicios por ningún lado. Este monolitismo se rompió con la rebelión inesperada y oportuna de la fiscal Luisa Ortega Díaz.

El proceso de resquebrajamiento del chavismo comienza a partir de abril de 2013 cuando Nicolás Maduro asume la presidencia de la República. La forma como se convirtió en heredero de Hugo Chávez le ganó la animadversión de sus competidores, sobre todo porque la decisión del caudillo estuvo intervenida por el peso de los hermanos Castro.

Maduro estaba más cerca de La Habana que cualquiera de sus otros adversarios. No fueron sus méritos de dirigente y estadista, inéditos hasta ahora, los que le colocaron en Miraflores, sino la confianza que les inspiraba a los ancianos dictadores comunistas. Él garantizaría mejor que sus adversarios la influencia castrista. Esta se mantendría y el subsidio seguiría fluyendo con la regularidad de siempre. Sus años de formación en las escuelas de cuadros de la isla garantizaba su lealtad a los tiranos.

Luego de casi cinco años al frente del Ejecutivo, el desubicado Maduro ha arrastrado el chavismo al foso de las preferencias populares. El Psuv no ha podido salvarse del desprestigio del gobierno. Su pésima gestión económica y social y la destrucción sistemática de la democracia lo han aislado internacionalmente y le han ubicado entre los mandatarios con mayor nivel de rechazo en la historia nacional. Su declive se ha acentuado desde que abortó el referendo revocatorio en 2016, emprendió la guerra contra la Asamblea Nacional y, finalmente, propuso la Asamblea Nacional Constituyente, con la finalidad de redactar una nueva constitución que legalice el Estado Comunal.

Del grado de postración en el que se encuentra el chavismo, luego de haberse proyectado como una fuerza que dominaría el escenario político durante décadas, tomó debida nota la fiscal Luisa Ortega Díaz y quienes, siguiendo a Fernando Mires, conforman el chavismo constitucional, del cual la Fiscal sin duda forma parte. Esta es una corriente dentro del oficialismo que asume como legado de Hugo Chávez la Carta de 1999 y, apegada a ella, trata de mantenerse como alternativa de poder para el porvenir cercano y remoto.

El comportamiento de Luisa Ortega Díaz ha desconcertado al madurismo, acostumbrado a actuar de forma atrabiliaria, sin guardar las mínimas formas exigidas en una república democrática. Esta actuación está acarreando costos muy negativos. La primera vez que se puso en evidencia el fardo que significa Maduro para el chavismo fue cuando se realizaron las elecciones parlamentarias, el 6 de diciembre de 2015. La aplastante derrota sufrida por el oficialismo fue una clara muestra del fracaso en la conducción del país de Nicolás Maduro y su equipo de colaboradores. Esa categórica victoria de la oposición, que debió conducirlos a introducir cambios en las políticas públicas y en el manejo de las relaciones con la oposición, los llevó más bien a atornillarse con mayor fuerza a las políticas socialistas, represivas y excluyentes. La soberbia sectaria fue la respuesta ante el fracaso.

El nombramiento arbitrario de los integrantes de la Sala Constitucional del TSJ, cuestionado desde el comienzo por Luisa Ortega Díaz, se produjo poco después del descalabro electoral. Desde ese momento y hasta el presente lo único que ha hecho Maduro es agredir a la Asamblea, violar el Estado de Derecho y quebrantar el orden constitucional. En esa labor demoledora ha contado con el apoyo irrestricto de la cúpula militar, la Sala Constitucional, el CNE y el Defensor del Pueblo.

La fiscal decidió no formar parte de esa comparsa. Se desprendió del rebaño para asumir la defensa de la Constitución de 1999. Sabe que ningún régimen puede sostenerse solo con represión y coerción. Los sistemas políticos modernos necesitan persuadir y construir consensos o, al menos, amplios acuerdos para enrumbar a los países. Luisa Ortega ha demostrado poseer un criterio político agudo. Está consciente de que el proyecto chavista del que ella y sus aliados forman parte podrá perdurar y mantenerse como opción de triunfo únicamente si se distancia de Nicolás Maduro y la camarilla que lo amuralló. Debilita el madurismo con el fin de fortalecer el chavismo.

La Fiscal no tendrá nada que temer cuando se produzca el cambio político que inevitablemente sobrevendrá. En la derrota de la constituyente madurista y del madurismo en general, su actitud digna y responsable tendrá un peso significativo, que el país valorará. Su rebelión será reconocida.

Chavismo para rato, sin Maduro por Marianella Salazar – El Nacional – 14 de Junio 2017

1007_20130330PnhpdlY esta pasando lo que muchos presentíamos, que desde las mismas entrañas del chavismo sectores que se han venido desmarcando de un gobierno corrupto, violador de los derechos humanos y vinculado con el terrorismo internacional se estén encargando de sacar al narco-gobierno presidido por Nicolás Maduro y de liberarnos finalmente de la pesadilla. Con estrategia y mucho cacumen están marcando la agenda, ellos, con su participación durante el proceso hicieron posible estos dieciocho años de la llamada “revolución bolivariana”, que ha constituido una de las páginas más horrendas de violencia política en la historia venezolana, con millones de personas que han tenido que salir del país truncando sus sueños y millones que se encuentran sufriendo hasta lo indecible las penurias impuestas por el grupo de desalmados que usurpó las instituciones públicas.

El idealismo revolucionario de los inicios desapareció con el ejercicio del poder y la experiencia del socialismo del siglo XXI se convirtió en un trauma nacional. La herencia de Chávez es un legado de miedo que comenzará a desvanecerse cuando veamos que son juzgados y condenados los que han administrado todo este terror. La sombra de Hugo Rafael Chávez Frías se cierne como un espectro sobre las 86 muertes, los miles de heridos, detenidos, saqueos y el vandalismo registrados en un lapso comprendido entre el 1° de abril y el 14 de junio. En su calidad de líder supremo es responsable de los estropicios consumados por los sociópatas de sus herederos, incriminados en primer grado en delitos que no prescriben, como la violación de los derechos humanos.

Es lógico que sectores críticos que inicialmente los respaldaron, que aspiran a sobrevivir políticamente, no quieran seguir embarcados en medidas que han fracturado a la sociedad, ni continuar cooperando en la destrucción, a riesgo de asumir la ferocidad del arrinconado estrato oficial que ha desatado un terror de todos contra todos. El cisma provocado por la fiscal al apegarse a derecho y comenzar a actuar, constituye una clave importante en la trama; no está sola, no pertenece a un grupo aislado, sus actuaciones son de gran impacto en sectores civiles y militares.

En dicho contexto se produce la renuncia (aunque alegue razones de salud) de un miembro del Alto Mando Militar, secretario del Consejo de Defensa Nacional (Codena) y secretario del Consejo de Estado, mayor general Alexis López Ramírez, por estar en desacuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el comandante en jefe de la FANB, Nicolás Maduro. Esa decisión tiene respaldo de otros generales y oficiales, activos y retirados, que vienen cuestionando a lo interno.

En solo dos semanas, la fiscal Luisa Ortega Díaz ha hecho lo que la Asamblea Nacional dejó de hacer en año y medio al negarse a destituir a magistrados del TSJ y rectores del CNE, esperando que otros –la disidencia chavista, los estudiantes, el secretario de la OEA, Luis Almagro, y la fiscal general de la República– hicieran el trabajo. Ahora el chavismo sin Maduro, con una estrategia bien pensada, sale en defensa del “legado” de Chávez, una tabla de salvación para los actores que hacen vida en el oficialismo antes de que el barco de la revolución termine de hundirse.

La dirigencia opositora, por falta de sentido de la oportunidad y el de urgencia, se está dejando quitar el liderazgo que le corresponde asumir durante la transición; la protesta en la calle ha sido determinante, marcó un punto de no retorno, pero falta rematar la faena y ahora hay que formar un frente común con ese chavismo contestatario que comienza a consolidarse. Para mañana es tarde.

La fiscal general de Venezuela lidera la oposición contra Maduro por Alfredo Meza – El País – 14 de Junio 2017

Luisa Ortega Díaz solicita un antejuicio de mérito contra los magistrados de la Sala Constitucional que en marzo le dieron poderes dictatoriales al Presidente de la República
2017-05-24T173048Z_1005284470_RC117285C200_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICSEl enfrentamiento entre la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y el Ejecutivo de Nicolás Maduro se recrudece a pasos agigantados. La jefa del Ministerio Público, una antigua aliada del proceso bolivariano, impulsa con vigor el desafío legal a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente. La coincidencia entre el chavismo crítico con la deriva totalitaria del régimen y la oposición aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) empieza a hacerse evidente. Ambos sectores parecen decididos a aliarse para forzar la salida de Maduro.

La primera prueba de que la fiscal, una antigua aliada del proceso bolivariano, y la MUD acercan posturas ocurrió el lunes. La alianza opositora llamó a sus seguidores a presentarse en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas para que formaran parte del contencioso que introdujo Ortega Díaz contra la convocatoria de la Constituyente, la apuesta de Maduro para liquidar a sus adversarios con la excusa de escribir una nueva Constitución. El mismo lunes, la Sala Electoral del Supremo, que controla el régimen, no admitió la petición de la fiscal por “inepta acumulación de pretensiones”, es decir, por pedir en el mismo escrito la nulidad de las actuaciones de distintos órganos de los poderes públicos.

De inmediato, la fiscal replicó con tres solicitudes que demuestran que la fractura con el Gobierno es definitiva: un antejuicio de mérito contra seis miembros principales y dos suplentes de la Sala Constitucional que, a finales de marzo, mediante dos sentencias, liquidaron las competencias del Parlamento y otorgaron poderes dictatoriales a Maduro; una medida cautelar para que los magistrados de esta Sala se separen de sus cargos; y la desincorporación de 13 magistrados principales y 20 suplentes designados en los estertores del anterior período de la Asamblea Nacional, entonces controlada por el chavismo, y cuando ya se conocía que la MUD tomaría control de ese poder público.

Aquellas designaciones fueron cuestionadas por las formaciones opositoras porque los magistrados eran parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, simpatizantes confesos del Gobierno bolivariano y no cumplían con los requisitos del comité de postulaciones. Ortega Díaz terminó de darle asidero a esas denuncias cuando contó que, en su momento, había cuestionado los nombramientos. “No había denunciado antes esas irregularidades porque no había podido revisar las pruebas. […] Ese proceso estaba viciado y se hizo a espaldas mías”, declaró la fiscal a Unión Radio, el lunes.

La firma del acta

La Constitución de Venezuela señala que el Consejo Moral Republicano —que integran la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y el Ministerio Público— debe revisar los expedientes de los aspirantes a magistrados y firmar si están de acuerdo con sus designaciones. Ortega Díaz asegura que no firmó el acta porque no supo cómo fueron seleccionados. Pero el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, negó que la fiscal haya objetado los nombramientos en la reunión que sostuvieron el 16 de diciembre de 2015, una semana antes de que la Asamblea Nacional juramentara a los jueces.

Los contenciosos introducidos por la fiscal parecen querer dejar en evidencia la falta de independencia de las instituciones, que el chavismo crítico apenas había sentido antes de este cisma. “El Gobierno pretende desmantelar al Estado y conspira para alterar la forma republicana, como está establecida en la Constitución. No es solo a través de un acto de fuerza como se conspira contra la nación, sino también con sentencias”, dijo Ortega Díaz ayer, al consignar la solicitud de antejuicio de mérito contra los magistrados.

Los escritos han sacado a la Mesa de la Unidad de la rutina de las protestas reprimidas por la policía militarizada. La Asamblea Nacional se aprestaba ayer a juramentar a los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales, que debería culminar con la designación de nuevos magistrados.

Con las deserciones de sus antiguos aliados, el repudio a Maduro aumenta cada día. El régimen conserva, de momento, el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la que utiliza como su principal ariete para seguir adelante en su esfuerzo de purgar a Venezuela. El oficialismo ahora se propone —a través del diputado chavista Pedro Carreño— pedirle al Supremo que autorice que una junta médica determine si la fiscal general está en sus cabales. El desenlace es inminente.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE DEFENSA DIMITE
A. M.
El periodista venezolano Vladimir Villegas aseguró en Twitter que el mayor general Alexis Ramírez López renunció a la secretaría del Consejo de Defensa de la Nación (Codena) porque no está de acuerdo con la convocatoria de la Constituyente. Ramírez López fue jefe de la Casa Militar de Hugo Chávez, comandante general del Ejército durante el anterior Gobierno y parte de la logia militar del golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, que protagonizó el fallecido mandatario.

Su renuncia es interpretada como una prueba de que los complotados de la intentona golpista buscan provocar un cambio de orientación en las fuerzas armadas. En el grupo que se alzó entonces están los mayores generales Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior y Justicia y director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, y Clíver Alcalá Cordones, dos activos detractores de Nicolás Maduro.

Sobre la solicitud de antejuicio de mérito en contra de los magistrados de la Sala Constitucional por José Ignacio Hernández G. – ProDaVinci – 13 de Junio 2017

En la mañana del mates 13 de junio de 2017, tres noticias se generaron desde las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ):

1. La primera noticia es que la Fiscal Luisa Ortega Díaz presentó solicitud de antejuicio de mérito en contra de los magistrados de la Sala Constitucional, solicitud formulada ante la Sala Plena del Tribunal. Cabe aclarar que la Sala Plena está integrada por todos los magistrados del Tribunal Supremo.

2. La segunda noticia es que el Defensor del Pueblo solicitó a la Sala Constitucional aclarar sus competencias relacionadas con investigaciones por violaciones a derechos humanos.

3. La tercera y última noticia es que Pedro Carreño solicitó al Tribunal Supremo la conformación de una junta médica para evaluar mentalmente a la Fiscal General.

Tres noticias que forman parte de una completa estrategia de la cual los espectadores tan solo conocemos una parte.

1. La solicitud de antejuicio presentada por la Fiscal

La solicitud presentada por la Fiscal ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se conoce como “antejuicio de mérito”. Así, antes de iniciar un proceso penal en contra de ciertos funcionarios, la Fiscal debe solicitarle a la Sala Plena que determine si hay méritos o razones válidas para ese proceso.

Precisamente, la Ortega Díaz considera que los magistrados de la Sala Constitucional que suscribieron las sentencias que han sido calificadas como una ruptura del orden constitucional, cometieron el delito de ruptura del orden republicano (artículo 132 del Código Penal). Los magistrados contra quienes tal solicitud fue formulada son José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez y los suplentes Federico Fuenmayor y René Degraves.

¿Qué puede pasar ahora? Lo primero que tiene que decidir la Sala Plena es si inicia o no el antejuicio. Para esto, los magistrados de la Sala Constitucional que han sido denunciados deberán inhibirse, o sea, separarse del conocimiento del caso.

Si la Sala Plena inadmite la solicitud, ésta será archivada y el antejuicio no se iniciará. Pero si la Sala Plena admite la solicitud, entonces, deberá iniciar el antejuicio en el cual los magistrados de la Sala Constitucional deberán defenderse. Y allí hay dos posibles decisiones:

1. Que la Sala Plena estime que no hay méritos para el procedimiento penal, caso en el cual archivará el expediente;

2. Que la Sala Plena estime que sí hay méritos, caso en el cual remitirá las actuaciones a la Fiscal para que el inicio del correspondiente procedimiento penal en contra de los magistrados. En ese supuesto, y de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, los magistrados quedarán suspendidos e inhabilitados para ejercer cualquier cargo público durante el proceso penal.

Como se ve, esta solicitud de la Fiscal no conduciría a la remoción de los magistrados, remoción que –conviene recordarlo– fue solicitada por la Asamblea Nacional pero obstruida por la mayoría del Consejo Moral Republicano. Lo que está en juego es determinar si esos magistrados incurrieron en delitos que podrían aparejar penas de hasta 16 años.

Estas son las opciones. ¿Cuál es la más probable? Si las estadísticas del TSJ se cumplen, entonces, la solicitud de la Fiscal sería desestimada, muy probablemente inadmitiéndola.

Por esto, en el fondo, la solicitud de la Fiscal plantea un conflicto que hasta ahora no se había formulado. Me refiero al conflicto entre la Sala Plena del Tribunal, compuesta por todos los magistrados, y la Sala Constitucional.

2. ¿Y la solicitud de interpretación constitucional
interpuesta por el Defensor del Pueblo?

Poco después de las declaraciones de la Fiscal, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, acudió a la Sala Constitucional para solicitar que interprete las facultades de la Defensoría en materia de derechos humanos.

¿Cuál es el verdadero propósito de esta solicitud? No creo que el interés del Defensor del Pueblo sea tener una visión más clara de sus competencias. El objetivo probable, en este juego de ajedrez, parece ser procurar una “interpretación” de la Sala Constitucional conforme al cual solo la Defensoría del Pueblo podría adelantar investigaciones en materia de derechos humanos, materia en la cual el Ministerio Público perdería sus competencias.

Ya me dirán que esa sentencia desconocería la Constitución. Ante lo cual responderé: no sería la primera vez que tal cosa suceda. De hecho, cuando la Sala Constitucional negó la competencia de la Fiscal para aclarar la sentencia que avaló la fraudulenta constituyente, comenzó el proceso para inhabilitar a la Fiscal (como se hizo con la Asamblea).

3. ¿Pueden destituir a la Fiscal?

La solicitud de Pedro Carreño apunta a la destitución de la Luisa Ortega Díaz. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, la Fiscal puede ser removida de su cargo por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, por “manifiesta incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia, con la aprobación de la Asamblea Nacional”.

De esa manera, lo que Carreño solicitó es que la Sala Plena nombre la junta médica que deberá evaluar la salud mental de la Fiscal, en una clara maniobra fraudulenta por separarla de su cargo.

Esa solicitud tendría un obstáculo: que la remoción de la Fiscal solo puede ser acordada por la Asamblea. Sin embargo, no sería de extrañar que la Sala Constitucional, alegando el “desacato” de la Asamblea, asuma la función de permitir la destitución de la Fiscal, lo que sería, claramente, otro fraude constitucional.

4. Un complejo juego de ajedrez

Presenciamos, como dije, una compleja estrategia que parece un juego de ajedrez. Hemos visto, hasta ahora, un conjunto de acciones de la Fiscal orientadas a evidenciar una conclusión: que en Venezuela no existen garantías del Estado de Derecho que permitan frenar la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Un objetivo en el que también ha avanzado la Asamblea Nacional.

Una trama compleja, sin duda, que me hace recordar el poema de Borges:

Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza
De polvo y tiempo y sueño y agonía?

 

 

Sobre la demanda de la Fiscal pidiendo la nulidad de la designación de los magistrados por José Ignacio Hernández G. – ProDaVinci – 12 de Junio 2017

Venezuela Political CrisisLa Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, fue noticia el lunes 12 de junio de 2017 por dos hechos: 1. Por la sentencia de la Sala Electoral que declara inadmisible la demanda electoral presentada por ella; y 2. Por la decisión de la Fiscal de demandar la nulidad de la designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designados en diciembre de 2015.

¿Qué está pasando?

1. La decisión de la Sala Electoral

En la mañana del 12 de junio la Sala Electoral informó que, mediante sentencia número 67, declaró “inadmisible por inepta acumulación” la demanda electoral de nulidad interpuesta por la Fiscal General.

En términos sencillos, esto implica que para la Sala Electoral, Luisa Ortega Díaz se equivocó al formular su demanda pues pidió la nulidad de actos que sólo pueden ser atacados ante la Sala Constitucional, junto con la nulidad de actos que pueden ser impugnados ante la Sala Electoral. Por esto, para la sentencia, la Sala acumuló indebidamente demandas que han debido ser presentadas en tribunales distintos.

La realidad, sin embargo, es otra: Ortega Díaz, en su demanda, fue muy clara en señalar que ella solo estaba demandando la nulidad de actos y actuaciones electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE), sin cuestionar directamente los decretos dictados por el Gobierno Nacional en torno a la fraudulenta constituyente.

En consecuencia, se trató de una simple excusa. La Sala Electoral, en realidad, optó por el camino más rápido –y más inconstitucional– el cual es negar el inicio del juicio promovido por la Fiscal.

¿Puede hacer algo más la Fiscal? Hay varias estrategias que podría emprender, con muy pocas probabilidades de éxito. Apunto dos:

1. Solicitar a la Sala Constitucional la revisión de la sentencia emitida por la Sala Electoral, a fin de que la Sala Constitucional anule esa sentencia.

2. Intentar de nuevo la demanda, aclarando –todavía más– que únicamente está demandando la nulidad de actos electorales.

En todo caso, esta decisión de la Sala comprueba que el TSJ no es un órgano imparcial que favorece el acceso a la justicia. Esto, precisamente, permite comprender mejor la nueva acción judicial intentada por Ortega Díaz.

2. La demanda de nulidad de la designación de los Magistrados
realizada por la Asamblea Nacional en 2015

En la tarde del 12 de junio, la Fiscal General anunció en el programa radial de Maripili Hernández que había demandado, ante el TSJ, la nulidad de la designación de los Magistrados realizada por la Asamblea Nacional (AN) en 2015. Para la Ortega Díaz, la desincorporación de esos Magistrados es condición necesaria para permitir que el TSJ pueda asegurar el derecho de acceso a la justicia.

Recordemos un poco la historia.

En diciembre de 2015 la AN violando el procedimiento previsto en la Constitución y la ley, designó a 13 magistrados del TSJ y otros tantos suplentes, lo que califiqué en un artículo publicado aquí Prodavinci como una clara violación a la Constitución.

La AN instalada el 5 de enero de 2016 asumió, dentro de sus primeras funciones, la investigación de tales designaciones. Estas investigaciones culminaron con un informe aprobado en julio de 2016, en el cual se declaró que esas designaciones, al violar la Constitución, eran nulas e inexistentes (como también expliqué en otro artículo).

La Sala Constitucional, en sentencia número 614/2016, declaró la nulidad de esas investigaciones y del informe aprobado por la AN como parte de las decisiones por medio de las cuales la Sala desconoció a esa Asamblea. Pese a esto, la AN ha continuado con el procedimiento para designar a los Magistrados llamados a sustituir a quienes fueron inconstitucionalmente incorporados en diciembre de 2015.

Además, también se recordará que con ocasión a las sentencias número 155 y 156, la Asamblea Nacional acordó iniciar el procedimiento para remover a los magistrados de la Sala Constitucional, procedimiento que fue obstruido por el Consejo Moral Republicano.

En esa entrevista la Fiscal General hizo referencia a todos estos antecedentes y mencionó que había intentado una demanda de nulidad en contra del Acuerdo de la Asamblea Nacional –publicado en Gaceta Oficial 40.819 el 29 de diciembre de 2015–, en el cual se nombró inconstitucionalmente a los magistrados del TSJ. Asimismo, informó que solicitó también una medida preventiva de amparo orientada a lograr la desincorporación de esos magistrados. Finalmente, solicitó a los magistrados designados que se abstuvieran de firmar cualquier decisión al estar cuestionada su incorporación y calificada de ilegítima.

Lo interesante es que, en sus declaraciones, Ortega Díaz informó que sólo recientemente tuvo acceso a las actas del Consejo Moral Republicano que acreditaban las irregularidades cometidas en la designación de esos magistrados, lo que explica porqué ahora es que cuestiona las designaciones efectuadas en diciembre de 2015. Esas pruebas, presentadas ahora por la Fiscal General, corroborarían las irregularidades asociadas a la designación de esos magistrados.

¿Qué puede pasar con esta demanda de nulidad?

Si el TSJ sigue sus estadísticas, esta nueva demanda será desechada por cualquier formalidad. Pero lo importante no es en realidad esa eventual decisión.

Lo importante es que la Fiscal General de la República ha coincidido en señalar, como antes hiciera la Asamblea Nacional, que la designación de los magistrados efectuados en diciembre de 2015 violó la Constitución, todo lo cual –junto con otras consideraciones más– permite concluir que el TSJ es un “obstáculo para la paz del país”, como la propia Ortega Díaz declaró luego de que el TSJ desechara sus recientes actuaciones ante esa instancia.

En todo caso, mientras el TSJ procesa esta nueva demanda de la Fiscal General , la AN continuará con el procedimiento de designación de magistrados a través de la Comisión de Postulaciones Judiciales, como se puede leer en el orden del día del 13 de junio.

Y mientras todo esto sucede, la fraudulenta propuesta de la constituyente avanza ahora teniendo claro –para quienes podían tener dudas– de que no hay garantías mínimas de control judicial de tal proceso.

Frente a esta situación, correspondería a los ciudadanos –como también ha advertido la Fiscal General de la República– con fundamento en los artículos 333 y 350 de la Constitución, oponerse a tal fraudulenta propuesta y contribuir al restablecimiento del orden constitucional.

Por su parte, la AN y a la Fiscal General también deben contribuir con ese restablecimiento como lo reflejan las acciones a las cuales he hecho mención en este artículo. En los próximos días veremos si nuevas instituciones del Estado se unen a este propósito.

 

Ortega Díaz impugnó nombramiento de magistrados del TSJ – El Nacional – 12 de Junio 2017

La fiscal general solicitó la nulidad de los actos de la Asamblea Nacional de diciembre 2015

2017-05-24T173048Z_1005284470_RC117285C200_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICSLa fiscal general Luisa Ortega Díaz informó que decidió impugnar el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se realizó a finales de diciembre de 2015.

La funcionaria dijo en entrevista con Unión Radio que introdujo una demanda de nulidad contra la designación de 13 magistrados y 20 suplentes y, además, solicitó la nulidad de los actos de la Asamblea Nacional donde seleccionaron a dichos magistrados.

“Si los magistrados involucrados en la demanda no se inhiben yo los recuso de pleno derecho”, expresó.

Ortega Díaz declaró que, en ese entonces, no firmó el acta de designación de los magistrados del máximo tribunal del país ni la del secretario del Consejo Moral Republicano debido a que el proceso estaba viciado.

“No fue fácil para mi acceder a las actas de la designación de magistrados, ese proceso estaba viciado. Dije eso está mal hecho y no voy a firmar”, aseveró.

La fiscal general de la República dijo que es necesario convocar a nuevos magistrados. “Los magistrados, por la salud del país, debería ser desincorporados de forma inmediata”, aseguró.

Aseveró que el TSJ no daba soluciones sino que se encargaba de “acelerar la crisis”. Detalló que todos pedimentos del Ministerio Público han sido negados y que una institución se ganaba el respeto dando respuesta, no negando las peticiones.

La fiscal afirmó que ella asumía “toda la responsabilidad” de sus acciones y sostuvo que si las mismas acarreaban responsabilidad, ella la asumía.

“Mis opiniones están apegadas al ordenamiento jurídico”, expresó.

Ortega Díaz también acudió al máximo tribunal del país para solicitar una copia de la sentencia que fue emitida este lunes por la Sala Electoral que declaró inadmisible el recurso que introdujo en contra de los actos del Consejo Nacional Electoral sobre la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.

 

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