elecciones7Oenbilbao

Punto de encuentro de Venezolanos votantes en Bilbao

Archivos por Etiqueta: Asamblea Nacional

Acuerdo obligado por Luis Ugalde S.J. – Blog Cesar Miguel Rondón – 18 de Septiembre 2018

Luis-Ugalde-800x478Las cosas han llegado a tal extremo y la situación es tan dramática que la desesperación se ha apoderado del país. La gente no cree en el régimen y sus promesas-propaganda y cada medida nueva agrava la situación. El liderazgo opositor carece también de credibilidad por su falta de unidad y su impotencia frente a la dictadura y los urgentes problemas socioeconómicos.

El desastre es tan grave que la reconstrucción parece imposible sin un gran acuerdo de salvación nacional concretado en un gobierno de transición que incluya a buena parte de los que fueron y de los que todavía hoy son chavistas. El régimen actual no tiene futuro, pero puede resistir con un alto costo de vidas, dignidad humana y libertad democrática de millones de venezolanos. No puede haber un gobierno nacional que entusiasme y tenga éxito si no lleva en el corazón de sus políticas concretas las razones que hace 20 años tuvieron las mayorías chavistas. Si, según las encuestas más recientes, un 85 % de los venezolanos vive en pobreza, el nuevo gobierno sólo cuajará si renace en la vida de esa inmensa muchedumbre que agoniza en la pobreza y el exilio, y fracasará si no toma en serio la vida digna de ellos. Esa esperanza no se puede nutrir sólo de palabras y retórica, sino que necesita de entrada signos visibles de mejora socio-económica, lo que no es posible sin un vigoroso florecimiento de miles y miles de empresas privadas, entendidas y vividas como esperanza de los pobres y la superación de la pobreza como esperanza de la empresa privada, de la democracia y la libertad. Por otra parte, nada de esto es posible sin un apoyo decidido de las democracias y organismos internacionales, concretado en recursos materiales cuantiosos. Sin ese apoyo, ni el gobierno actual, ni cualquier otro que venga, tendrá estabilidad ni éxito y la solución no es la desesperanzada agonía dictatorial cubana de más de medio siglo.

El gobierno de transición sólo despertará entusiasmo nacional y concretará el apoyo externo si de inmediato enfrenta la hiperinflación (alimentada por el actual gobierno con enorme déficit fiscal y dinero inorgánico) y activa la producción económica que en cinco años se ha reducido a la mitad y que está matando a la gente, arrebatándole su salario y dignidad y bloqueando toda posibilidad de reactivación.

1-Para revertir de inmediato este despeñadero hay que combinar:

-No pago de la deuda externa ($ 132.000.000.000) en dos o tres años. Condonación de buena parte de ella, refinanciamiento de la otra parte y cuantioso préstamo (según los entendidos no menos de $ 40 mil millones)

-Reprivatización de las empresas estatizadas, hoy ruinas improductivas.

-Inversión extranjera (y nacional) con garantías jurídicas y economía social de mercado.

-Apertura petrolera (y gas) a las inversiones no estatales y recuperación productiva.

-Financiamiento de importación de bienes básicos de consumo (alimentos, medicinas…) e insumos para reactivar la producción.

2- Al mismo tiempo se requiere inmediata ayuda humanitaria internacional con activación nacional de los canales de distribución y también de un inmenso voluntariado de solidaridad con efectos en la regeneración moral y de reconciliación. Rescate del Estado y del caos, corrupción e ineptitud de los servicios públicos de agua, electricidad, transporte, seguridad… Rescate de la Constitución: libertad de presos políticos y exiliados, legalización de todos los partidos y de los candidatos vetados; separación de poderes públicos; eliminación de la ANC (supraconstitucional, es decir dictatorial); Fuerza Armada reconstitucionalizada; nuevo CNE; elecciones justas, libres y transparentes, una vez restablecidas las condiciones democráticas para ello.

No se trata de medidas sueltas ni de que cada grupo político pretenda instaurar en esta transición el modelo de su preferencia, sino de lo imprescindible para salir de esta dramática agonía. Sería fatal enredarse en debates ideológicos sin entender que la extrema emergencia exige un pragmatismo sanador previo a elecciones democráticas en las que la población escogerá al candidato de su preferencia entre alternativas que incluyan las que vienen del chavismo y también las que parecen más opuestas a él. Por ahora la negociación no puede ser maximalista, sino realista con la necesaria unidad nacional y el apoyo internacional imprescindibles.

3- La salida del gobierno actual tiene que ser pronta y negociada con espíritu de reconciliación, no de venganza sino de perdón, con una nueva primavera de reencuentro venezolano combinada con una acción serena y equilibrada de la justicia, en los casos que se requiera para evitar la impunidad.

4- Los militares (hoy unos cómplices y represores y otros reprimidos) y las democracias del Mundo y de las Américas deben formar parte de diversa manera de esta negociación y reconstrucción.

5-La Asamblea Nacional ha de ser la legítima pieza central de esta transición y quien la encabece debe excluirse de la contienda electoral democrática, que tendrá lugar tan pronto se restablezcan las condiciones básicas constitucionales para una elección libre, transparente y con garantías.

Ese acuerdo que incluya al chavismo democrático puede escandalizar a algunos, pero no será más chocante que el abrazo – en medio de tantos cadáveres y odios – de Bolívar y el jefe español Morillo en Santa Ana de Trujillo, como importante paso desagradable para salir de la guerra.

Más de tres millones 300 mil venezolanos en 16 países: Enfoque cualitativo de la diáspora – La Patilla – 17 de Septiembre 2018

Migracion1-1100x618

El gobierno bolivariano de Nicolás Maduro opta por aprovechar propagandísticamente el drama de vida del 15 % de la población de Venezuela desplazada forzosamente fuera de las fronteras de su país. Abofeteando al gentilicio venezolano, criminalizando la migración y hasta denigrando el trabajo que les ha tocado desempeñar a estos venezolanos profesionales en el exterior.

A continuación podrás tener una referencia de la situación laboral de más de tres millones 300 mil venezolanos repartidos en 16 países, en este enfoque cualitativo de la diáspora venezolana levantado por el diputado Carlos Valero de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Informe Diaspora

El mismo revela que cerca de 4.400 niños y adolescentes fueron dejados en Venezuela al cuidado de tíos y abuelos, en busca de mejoras económicas por parte de sus padres.

El 80% de la población vive en la pobreza – La Patilla – 15 de Septiembre 2018

download.jpg

La directora del Evento Venezolano de Negociación (EVEN), Adriana Narvaéz, comentó que actualmente en Venezuela el 80% de la población vive en la pobreza, el 50% en la pobreza extrema; mientras que el 70% tiene fallas en servicios básicos, por lo cual trabajan continuamente en elaborar propuestas para intentar superarla, reseña VPI.

“Pensamos involucrar a actores reales del convenir venezolano. La expectativa que tenemos es que al final los jóvenes demos una propuesta y la entreguemos a la Asamblea Nacional para superar la pobreza”, indicó Narvaéz.

Benítez: Saldremos a la calle a defender el pago completo de las pensiones sin retardo – Informe21.com – 5 de Septiembre 2018

Benítez: Saldremos a la calle a defender el pago completo de las pensiones sin retardoEl diputado Arnoldo Benítez (Unidad-Aragua), presidente de la subcomisión de Desarrollo Social Integral para defender los Derechos de los Adultos Mayores, reiteró que este jueves tomarán pacíficamente las calles en defensa del pago completo de los jubilados y pensionados.

La afirmación la hizo el parlamentario en la reunión de este miércoles de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, celebrada en el Salón Tríptico del Palacio Federal Legislativo, a la que asistieron un grupo de personas de la tercera edad en apoyo a sus propuestas.

Durante su intervención, rechazó el que ahora el Gobierno Nacional pretenda efectuar la cancelación de las pensiones y jubilaciones a través del carnet de la Patria o de chequeras digitales. “Nosotros tenemos una cuenta asignada en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, donde hemos cobrado siempre nuestra pensión”, aseveró.

“Si pretenden imponernos el carnet de la Patria o de otros sistemas, para hacer efectivo el pago de la pensión, tendrán que matarnos a todos los pensionados del país”, advirtió el dirigente social.

En este sentido expresó que actualmente los adultos de la tercera edad, “estamos ante un paredón virtual, que poco a poco va acabando con nuestras vidas. Los pensionados morimos de mengua por la falta de medicamentos y otros fallecen cuando les anuncian una medida como esta con el carnet de la Patria o chequeras digitales, instrumentos que ellos en su mayoría no saben manejar”, aseguró el legislador.

Recordó que la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció que “nos iban a pagar el sábado pasado, que podíamos acudir a las 14 instituciones bancarias a cobrar dichas pensiones y todo terminó siendo un engaño, una burla, pues ese día ningún banco abrió sus puertas”.

“Puedo decir responsablemente, que todavía no hemos recibido el dinero completo, tal como anunció en un video por televisión el ministro de Información Jorge Rodríguez”, resaltó el diputado Benítez.

A juicio del legislador, todavía no ha llegado el efectivo a los bancos y comentó que para el Ejecutivo, el hecho de que no haya dinero en el país y que la remesas no lleguen a las instituciones bancarias, será porque “nosotros los adultos mayores, los asaltamos en la vía”.

“Si el Gobierno quiere guerra, van a tener guerra, pues nosotros vamos estar en la calle. Este jueves estaremos nuevamente en la plaza La Moneda en Altagracia, en Caracas, desde donde nos trasladaremos al Banco Central de Venezuela, a pedirle al presidente de BCV, Calixto Ortega, que garantice la remesa, para que todos los pensionados y jubilados reciban este viernes su pensión en efectivo en los bancos respectivos. NP

Acuerdo extension vigencia de pasaportes – Asamblea Nacional – 29 de Agosto 2018

Acuerdo de la Asamblea Nacional sobre abandono del cargo de Nicolas Maduro y su responsabilidad penal por hechos de corrupción – 21 de Agosto 2018

Carta de Luis Almagro al Presidente de la Asamblea Nacional – 20 de Agosto 2018

Una decisión del Soberano por Luis Manuel Aguana – TIC’s y Derechos Humanos – 16 de Agosto 2018

Caricatura LMA 1990 - Con NombreLa sentencia condenatoria del TSJ legítimo en Bogotá a Nicolás Maduro Moros por corrupción y legitimación de capitales, pone a todo el mundo político a correr dentro y fuera de Venezuela (ver TSJ en el exilio sentenció a Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses de cárcel por corrupción, enhttps://www.lapatilla.com/2018/08/15/tsj-en-el-exilio-sentencio-a-nicolas-maduro-a-18-anos-y-3-meses-de-carcel-por-corrupcion/).  Dentro, porque los venezolanos sabremos definitivamente si la oposición oficial reunida en la Asamblea Nacional respaldará a los Magistrados que se constituyeron en Tribunal Supremo de Justicia legítimo fuera de nuestras fronteras, o terminarán apoyando al régimen al sabiendas de la culpabilidad demostrada durante las audiencias que se realizaron en Bogotá.

Y fuera, porque la Comunidad Internacional deberá tomar una decisión definitiva si respaldar o no las decisiones de la justicia venezolana legítima que a pesar de toda la adversidad, ha demostrado que si se puede actuar sujetos al Estado de Derecho, con completa independencia entre los poderes legítimamente constituidos, y en el supremo interés de Venezuela y los venezolanos.

Sin embargo está operando en toda su extensión una fuerza contraria, consecuencia de lo que di en llamar en una pasada nota el “fenómeno de TSJ-L” (ver El fenómeno del TSJ legítimo enhttp://ticsddhh.blogspot.com/2018/06/el-fenomeno-del-tsj-legitimo.html) en donde desde mucho tiempo antes de comenzar el juicio de Nicolás Maduro Moros las fuerzas políticas reunidas en la Asamblea Nacional vieron con mucho recelo que los Magistrados designados por ellos se comportaran con autonomía y vida propia, constituyéndose como Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.

Se salieron fuera de la esfera de influencia de la Asamblea Nacional, sin acatar las órdenes políticas de aquellos que fueron sus mentores para resultar designados como Magistrados del TSJ. Ese quiebre se produjo cuando terminaron siendo perseguidos con sus familias y tuvieron que huir del país, y completamente sin el apoyo de la Asamblea Nacional.

La oposición oficial al ver esos intentos “independentistas” de los Magistrados enviaron al “embajador” Luis Florido como emisario a todos los países donde se residenciaron, para advertirles que “no se les ocurriera” tomar decisiones sin la “aprobación” de sus “jefes políticos” Ramos Allup,  Borges y Barboza. ¡Qué triste papel el de Florido como diputado de un partido tan aguerrido como Voluntad Popular! Al ver que estos “muchachos” resolvieron no pararle al esas “advertencias”, que más se parecen a las que hacían los matones de Don Vito Corleone como jefe de la mafia de la novela de Mario Puzo, resolvieron jugar “hard ball”, emprendiéndola con una trama de descalificación de su Presidente, Miguel Ángel Martín Tortabu.

En una acusación sin fundamento, la Directiva de la Asamblea Nacional se movilizó como no lo habían hecho antes en el caso de la doble nacionalidad de Maduro para denunciar que el Presidente del TSJ legítimo tenia “doble nacionalidad”. Ni siquiera les sonó la flauta, como aquel burro de la novela, para registrar en los archivos de la misma Asamblea Nacional, los documentos consignados por el Magistrado Martin para concursar para ese alto cargo. Si lo hubieran hecho habrían encontrado la renuncia a su nacionalidad española mucho antes de aplicar como Magistrado. Pero la maniobra era quebrarle las piernas a quien consideraban el jefe de esa “sublevación” independentista del Poder Judicial.

Véase bien lo que hasta aquí está pasando. Diputados de la oposición en posiciones de dirección del Poder Legislativo se están dedicando a sabotear e interferir con las decisiones de otro poder independiente, pretendiendo mantener el control de esos Magistrados tal y como lo hace el régimen, y a la más rancia usanza de la 4ta República. ¡Eso es precisamente lo que queremos erradicar! Pero el siguiente paso le fue subiendo la escala a la amenaza mafiosa.

El periodista José Domingo Blanco denunció en su cuenta de Twitter que el Presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, conjuntamente con su ex Presidente, Julio Borges, se reunirían en Bogotá con la Fiscal Luisa Ortega Díaz para “negociar” detener el juicio de Nicolás Maduro (ver https://twitter.com/mingo_1/status/1023569054030868480?s=03)). La denuncia de Mingo el mismo día de la reunión logro abortar el encuentro donde supuestamente esa “oposición” negociaría con Ortega dejarla tranquila de las tropelías en contra de los Derechos Humanos que ha cometido, en un futuro gobierno posterior de esa oposición, e incluso con la posibilidad de una posición relevante en esa administración, a cambio de congelar el juicio, difiriendo las audiencias que se estaban llevando a cabo en Bogotá en el juicio en contra de Maduro. Esa técnica la conoce muy bien la Dra. Ortega como bien lo saben todos los presos políticos que aún siguen estando detenidos porque todavía no han tenido la primera audiencia por falta del Ministerio Público.

Ese intento, como todos saben, fue fallido y el juicio continuó a pesar de los de las tentativas opositoras, no sólo de desbancar los esfuerzos de condenar a los corruptos que han destruido a  Venezuela (entre otras razones porque ellos también están en la lista de Odebrecht) sino que en el camino hubieran detenido el principal proceso que se llevaba en el TSJ legítimo en el exilio, dejando muy mal parado al Alto Tribunal.

Pero la cocina del diablo no se detiene. Los partidos de la oposición oficial saben lo que viene después de esta decisión del TSJ en contra de Maduro, y han reiteradamente desestimado la tesis del vacío de poder esgrimida por el TSJ legítimo, diciendo que ese juicio no es importante porque Maduro no era ya presidente desde que la Asamblea Nacional declaró el “abandono del cargo” en enero de 2017, y que ellos “ya no tienen que hacer más nada”.

Nada más alejado de la realidad, como lo han demostrado sus actuaciones, al persistentemente haber ignorado el mandato del 16J-2017 ordenado por el pueblo venezolano, y el mandato legal del TSJ legítimo para designar un gobierno que sustituya a Nicolás Maduro. Lo que sigue a continuación de esa sentencia es la designación de un Gobierno de Emergencia Nacional por parte del TSJ legítimo. Pero eso los partidos de la oposición oficialista no están dispuestos al permitirlo.

En una denuncia hecha pública en su cuenta de Twitter por Carlos Ortega, Presidente de la CTV (verhttps://twitter.com/CarlosOrtegaCTV/status/1029195409942618113?s=08), el régimen se habría agavillado con algunos diputados de la oposición oficial y un Magistrado para impedir el fallo de ayer. Aunque la noticia llega tarde porque ya eran conocidos esos intentos, lo nuevo es que desde el mismo TSJ legítimo hay Magistrados conspirando para desmontar al Tribunal. ¿Qué tal? Los tentáculos pueden ser muy largos cuando se dispone del dinero de la corrupción.

Al no poder parar la sentencia de Maduro lo que le queda a la conspiración montada desde la Asamblea Nacional es el desconocimiento abierto al TSJ legítimo.  Recuerden que aún desconocemos el informe que aún prepara la Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional en relación a la sentencia del 2 de julio de 2018 que obliga a la Asamblea Nacional a designar un nuevo gobierno en Venezuela. Ahora con la sentencia condenatoria de Maduro se hace impostergable. O lo hace la Asamblea Nacional o lo hace el TSJ legítimo. Y sabemos cuál es la decisión ya tomada de la oposición oficialista: meter en una gaveta esa decisión, tal vez la más importante de la Venezuela actual. De allí que no les quede otra que ir de frente en contra del TSJ legítimo con una última carta deslegitimadora: el informe del Consultor Jurídico de la Asamblea Nacional. No quieren, por un montón de razones que analizaremos en su oportunidad, que esa decisión este fuera de su control.

La Directiva de la Asamblea Nacional informo a través de su Presidente Omar Barboza en fecha 10 de julio de 2018 –antes de la sentencia de Maduro- que había propuesto “esperar la opinión de la Consultoría Jurídica de la AN sobre la notificación que enviaron este lunes los magistrados del @TSJ_Legitimo y la opinión de @lortegadiaz” (verhttps://twitter.com/JOSEVICENTEHARO/status/1030158962019262464). La espera ha sido sospechosamente muy larga, e incluyó el tiempo que tomó de juicio de Maduro, la sentencia y todos los intentos de destruir esa decisión, así como algo muy importante: las vacaciones de la Asamblea Nacional.

Ahora a la Directiva de la Asamblea Nacional, que ha intentado desbancar al TSJ legitimo, le toca decidir qué hacer con la papa caliente que acaba de salir con la sentencia de Maduro, pero lo quieren hacer desde una Comisión Delegada -en cogollito pues- para pasarse por arriba una posible decisión de los Diputados en Plenaria. Así es que se juega la pelota caribe de la política en Venezuela. Ese informe no se ha hecho público todavía y de su contenido dependerá si los políticos de la Asamblea Nacional respaldarán o no la decisión del Alto Tribunal en el exilio.

No somos adivinos para saber en qué tónica vendrá ese informe, pero sin llegar a ver algo podrido podemos saber que algo está descompuesto solo por el olor. Y la Directiva de la Asamblea Nacional, su Consultoría Jurídica y ahora la Comisión Delegada hieden como la Morgue de Bello Monte. Mi pregunta al pueblo de Venezuela: ¿Logrará la Asamblea Nacional finalmente sabotear el esfuerzo de los Magistrados del TSJ legítimo de designar un Gobierno de Emergencia Nacional que responda al sufrimiento de este país? ¿Permitiremos que ese cogollo desconozca la sentencia de Maduro e impida que el pueblo de Venezuela tenga un Gobierno que verdaderamente trabaje desde fuera para sacarnos de este infierno? La decisión final debería ser como siempre, del soberano…

 

La “policía política” chavista asalta la casa del diputado opositor Julio Borges – Libertad Digital – 10 de Agosto 2018

El coordinador de Primero Justicia fue señalado por Maduro como uno de los responsables del ataque con drones contra el presidente.

El diputado opositor Julio Borges ha denunciado un asalto de la “policía política” chavista a su casa en Venezuela con la intención de “amedrentar, robar o sembrar” pruebas, y ha responsabilizado al “cobarde” del presidente, Nicolás Maduro, de lo que pueda ocurrir, informa Europa Press.

Borges ha explicado en un vídeo publicado en redes sociales que sus vecinos le han informado de la entrada en su residencia de miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). “Está allanando mi casa sin ninguna orden, testigo, fiscal”, ha denunciado.

El coordinador de Primero Justicia ha sido señalado por Madurocomo uno de los responsables del ataque con drones explosivos contra el presidente, junto al también diputado Juan Requesens, que ya ha sido detenido al estar en territorio venezolano cuando se formularon las acusaciones contra él.

“Todo está vinculado a la farsa del supuesto atentado“, ha dicho Borges, que ha instado a Maduro a no seguir “haciéndose la víctima”. “Con esta cobardía del allanamiento a mi casa, Nicolas Maduro demuestra la falsedad del supuesto atentado”, ha apostillado.

El diputado de la Asamblea Nacional confía en que la comunidad internacional actuará en consonancia a la arremetida contra la oposición democrática” y ha prometido trabajar para que el presidente venezolano termine “preso”. En este sentido, ha asegurado que el de Maduro es un gobierno “que está tan podrido que lo único que le queda es el miedo” contra su propia ciudadanía.

La Asamblea Nacional, controlada por la oposición y anulada ‘de facto’ por las instituciones chavistas, aprobó el jueves por unanimidad un acuerdo en el que denuncian la desaparición forzada de Requesens y el traslado del caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que ya se ha pronunciado en numerosas ocasiones en contra del régimen chavista.

Asimismo, el Parlamento también ha declarado nula la retirada de la inmunidad parlamentaria de Borges, decretada esta semana por la Asamblea Nacional Constituyente -controlada por el chavismo-.

¿Qué dice el nuevo decreto sobre las reservas petroleras ? por José Ignacio Hernández G. – ProDaVinci – 28 de Julio 2018

unnamed-2.jpg

En las “medidas económicas” informadas el 25 de julio, se incluyó un anuncio según el cual parte de las reservas de la faja petrolífera del Orinoco (FPO) serían entregadas al Banco Central de Venezuela (BCV) como parte de las reservas internacionales.

En la mañana del 27 de julio circuló la Gaceta Oficial N° 41.446, en la cual se publicó el Decreto N° 3.550, por medio del cual se materializó esta medida.

Sin embargo, como suele suceder, entre lo anunciado y lo publicado en Gaceta Oficial hay algunas diferencias.

Lo que dice el Decreto N° 3.550

De acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 3.550, se determinó “como respaldo para facilitar el acceso a mecanismos e instrumentos financieros y monetarios para la República Bolivariana de Venezuela”,  el “desarrollo potencial de 29.298 MMBN de reservas de petróleo pesado y extrapesado en sitio, localizadas en el Bloque Ayacucho 02 de la Faja Petrolífera del Orinoco”.

Corresponde al Ministerio con competencia en petróleo la determinación exacta del área de esas reservas y su valoración económica (artículo 2). Finalmente, se dispuso que el BCV, junto con los demás Ministerios competentes, quedan encargados de la ejecución del Decreto.

¿Qué es un respaldo?

El decreto crea un “respaldo”. Esta palabra ha sido empleada anteriormente. Por ejemplo, recientemente un “respaldo” similar fue determinado en relación con el petro, según puede leerse en el Decreto N° 3.292 de febrero de 2018.

Tomando en cuenta este antecedente, puede concluirse que el “respaldo” es una garantía. Así, la garantía es una obligación accesoria en virtud de la cual si el acreedor incumple con una obligación principal, el acreedor podrá ejecutar o hacer cumplir la garantía.

Por ello, hay que precisar dos aspectos: cuál es el objeto de esa garantía y cuál es la obligación principal garantizada.

El objeto de la garantía

Aun cuando se ha señalado que las reservas de la FPO fueron otorgadas en garantía, en realidad, la atenta lectura del Decreto permite llegar a una conclusión, al menos, parcialmente distinta.

En efecto, lo que dice el artículo 1 del decreto es que la garantía versa sobre el “desarrollo potencial de 29.298 MMBN de reservas…”. Nótese bien que la garantía no versa sobre las reservas, sino sobre el “desarrollo potencial” de esas reservas. Esto quiere decir que la intención fue constituir una garantía sobre el potencial ejercicio de actividades de exploración y explotación de las señaladas reservas petroleras.

Es decir, que cuando el decreto refiere a “desarrollo potencial”, está refiriéndose a las actividades de exploración y explotación que podrán desarrollarse sobre esas reservas.

La operación garantizada

La operación garantizada son “mecanismos e instrumentos financieros y monetarios para la República Bolivariana de Venezuela”.  Aun cuando la expresión es muy amplia, puede concluirse que hace alusión a operaciones financieras para la captación de recursos, típicamente por medio de títulos valores emitidos por Venezuela.

En términos sencillos, esto lo que quiere decir es que el Decreto pretende garantizar los títulos valores y demás operaciones similares de Venezuela, con el “desarrollo” de parte de las reservas de la FPO.

¿Y el Banco Central de Venezuela?

Nada en el decreto señala que las reservas fueron “entregadas” al BCV, según lo que parece fue el anuncio efectuado el 25 de julio.

Una posible explicación es que, mediante actos posteriores, el BCV, en conjunto con los ministros competentes, deberá incluir las “reservas” (o más bien, su desarrollo potencial) como parte de las reservas internacionales.

Así, en una de las últimas reformas a la Ley del Banco Central de Venezuela, se modificó el artículo 127 a los fines de incluir, dentro de las reservas internacionales, “cualquiera otros activos o derechos que hubieran sido calificados como de reserva por el Directorio de acuerdo con criterios reconocidos internacionalmente”. Con lo cual, una posible interpretación es que el Directorio del BCV podría calificar como reservas internacionales el “respaldo” otorgado en el decreto comentado.

¿Y las reservas petroleras pueden ser parte de las reservas internacionales?

Dejando a un lado lo antes señalado, lo cierto es que ni las reservas sobre la FPO, ni el “potencial desarrollo” de esas reservas petroleras pueden ser parte de las reservas internacionales.

En efecto, como ha señalado el Fondo Monetario Internacional, las reservas internacionales deben estar conformadas por “activos externos a disposición inmediata y bajo el control de las autoridades monetarias para satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio, y para otros fines conexos…”.

Tanto las reservas de la FPO como el “potencial desarrollo” de esas reservas incumplen todas esas condiciones.

En efecto, no se trata de activos externos. Por un lado, las reservas de la FPO son bienes del dominio público ubicados en Venezuela; además, el “potencial desarrollo” de esas reservas petroleras no puede ser considerado como un activo, y mucho menos externo.

Además, no se trata de activos que están a disposición inmediata del BCV. Así, ni el BCV –ni ningún operador económico- podría disponer de las reservas petroleras de inmediato, y no solo por razones jurídicas: esas reservas solo podrían ser aprovechadas a través de la asignación de derechos de exploración y explotación, con lo cual, en realidad, el BCV no podría disponer de las reservas petroleras para implementar instrumentos de política monetaria. La clave para comprender ello es que, económica y jurídicamente, las reservas petroleras no son activos que puedan ser enajenados.

La nulidad del Decreto N° 3.550

El Decreto N° 3.550 es, desde distintas perspectivas, nulo. En efecto, como sea que su objeto es otorgar una garantía, cabe recordar que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, toda garantía es una operación de crédito público. En tal sentido, todas las operaciones de crédito público de la República deben ser autorizadas previamente por la Asamblea Nacional. Como sea que la Asamblea Nacional no autorizó la constitución de la garantía contenida en el Decreto N° 3.550, esa garantía debe reputarse nula.

Además, si se considera que el objeto de la garantía son las reservas petroleras, entonces, habrá que señalar que esa garantía sería nula, pues de conformidad con el artículo 12 constitucional, las reservas son bienes del dominio público que, como tal, no pueden darse en garantía.

Pero si se considera que el objeto de la garantía son las actividades de exploración y explotación, y no las reservas como tal, la garantía sería igualmente nula. Por un lado, las actividades de exploración y explotación son derechos sujetos a un régimen especial, el cual impide que esas actividades sean afectadas o gravadas. Pero además, toda garantía debe tener un objeto actual –o como se dice en Derecho, un objeto posible-, con lo cual, no es posible constituir una garantía sobre algo que no existe, a saber, el desarrollo potencial o futuro de las reservas petroleras de la FPO.

Finalmente, como ni las reservas petroleras ni el “desarrollo potencial” de las reservas petroleras pueden constituirse como garantías, estas no podrían formar parte de las reservas internacionales, tomando en cuenta los lineamientos del Fondo Monetario Internacional.

A %d blogueros les gusta esto: