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Sobre el principio democrático y su violación por la Sala Constitucional del TSJ y por el CNE por Allan Brewer Carías – El Nacional – 7 de Agosto 2020

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En junio y julio de 2020 en Venezuela se produjo una de las violaciones más descaradas de la Constitución, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo –de por sí ilegítima e inconstitucionalmente conformada en diciembre de 2015–, la cual, mediante siete sentencias (Nº 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 77) resolvió lo siguiente:

En primer lugar, declaró de nuevo a la Asamblea Nacional en supuesto “desacato” de alguna decisión de la Sala Electoral dictada en 2016, cuando tal “sanción” no existe en el ordenamiento jurídico venezolano respecto de las instituciones; y más grave aún, declaró que todos los actos dictados y por dictar por la Asamblea son nulos y sin ningún valor, desconociendo así la representación de la soberanía popular.

En segundo lugar, nombró a los miembros (rectores) del Consejo Nacional Electoral, con la burda excusa de que la Asamblea Nacional había omitido hacer tales designaciones, violando abiertamente la Constitución:

  • la cual asigna esa facultad exclusivamente a la dicha Asamblea Nacional,
  • que se la asigna como órgano elector de segundo grado,
  • que solo puede efectuar esa elección con la votación de una mayoría de las dos terceras partes de sus miembros, y
  • y que solo puede hacerlo en relación con personas exclusivamente nominadas por un comité de postulaciones integrado por representantes de la sociedad civil y en este caso de las Facultades de Derecho de las universidades autónomas.

La inconstitucionalidad de la Sala Constitucional llegó al extremo, además, de burlarse de la Constitución en cuanto a la exigencia del carácter no partidista de las personas nominadas, escogiendo, al contrario, para ello, a personeros de partidos de gobernó y de exmagistrados del propio Tribunal.

En tercer lugar, la Sala Constitucional secuestró a los principales partidos políticos de oposición (Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular), suspendiendo y desplazando a sus autoridades legítimas, y designándoles sine die unas juntas directivas ad-hoc, para apropiarse de los símbolos e identidad de dichos partidos con el objeto de hacerlos participar falsamente en el ilegítimo proceso electoral para elecciones parlamentarias que el ilegítimo Consejo Nacional Electoral ya convocó para el 6 de diciembre de 2020.

En cuarto lugar, con base no en omisión legislativa porque la Asamblea Nacional hace lustros dictó la Ley Orgánica de los Procesos Electorales, sino en opiniones personales de los solicitantes que consideraron que dicha ley no se ajustaba a los principios constitucionales de representación proporcional, de personificación del voto y de representación indígena, la Sala dio su propia “opinión” acogiendo las observaciones, y procedió, no a anular los artículos por inconstitucionales, sino primero a “desaplicar” las normas de la ley, y segundo, a delegar, sin competencia alguna para ello, en el Consejo Nacional Electoral la potestad de legislar y reformar la Ley de Procesos Electorales, competencia que solo puede ejercer la Asamblea Nacional, es decir, el órgano que ejerce la representación popular.

Para todo ello, la Sala Constitucional recurrió al subterfugio de aplicar el control difuso de constitucionalidad de las leyes que regula el artículo 334 de la Constitución y que solo puede tener efectos en el caso concreto y las partes involucradas en un proceso, procediendo entonces a “desaplicar” un conjunto de normas de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y hacerlo inconstitucionalmente con carácter erga omnes, es decir, con efectos generales que solo una sentencia de anulación podría hacer. El “vacío legal” que con ello creó la Sala, en todo caso solo podría ser llenado por el legislador (representación popular). Pero no. En este caso, la Sala lo que hizo fue ordenar al Consejo Nacional Electoral inconstitucionalmente nombrado para que procediera a “llenar” dicho vacío mediante Reglamentos.

Y en quinto lugar, el ilegítimo Consejo Nacional Electoral, en ese marco de inconstitucionalidades, cumplió con la inconstitucional delegación que recibió, y procedió a dictar Reglamentos, entre los que destacan dos:

Primero, un reglamento estableciendo un nuevo sistema electoral mediante unas inconstitucionales que denominó “Normas Especiales para las Elecciones Parlamentarias período 2021-2026” –materia, insisto, que solo puede estar regulada en una ley sancionada por la Asamblea Nacional–, llegando incluso al extremo de cambiar el número de diputados que deberán integrar la Asamblea Nacional (de los 167 actuales a 277); manipulando la forma de elección (porcentajes de votación proporcional y de votación nominal); todo, en violación de la Constitución y de la mencionada Ley Orgánica de los Procesos Electorales.

Segundodictando igualmente en forma inconstitucional, un Reglamento especial para regular la elección de la representación indígena en la Asamblea nacional, violando el principio base y central de la democracia representativa establecido en la Constitución, que es el de la elección de representantes (incluidos los diputados) solo mediante votación directa y secreta.

Los artículos 5, 62 y 63 de la Constitución hablan de votación universal, directa y secreta, es decir, por parte de toda la universalidad de electores y no por sectores, en forma de elección directa y no de segundo grado, y en forma secreta y no en asambleas a mano alzada o alguna otra forma pública.

Estos principios en la Constitución solo tienen una y única excepción en materia de elección de diputados, solo en cuanto a la elección universal de los mismos, precisamente en los casos de la elección de los diputados representantes indígenas, al atribuir la misma Constitución dicha elección a las comunidades indígenas (art. 125, 186).

Lo que significa que dicha elección, en todo caso, siempre debe ser directa y secreta. Sin embargo, el Reglamento del Consejo Nacional Electoral violó abiertamente el principio del voto directo y secreto que está en la Constitución, y que no admite excepción, estableciendo la elección de los tres representantes indígenas a la Asamblea Nacional en tres regiones o circunscripciones electorales (integradas por solo 10 entidades federales), no por votación directa de los ciudadanos de los pueblos indígenas, sino mediante un voto indirecto de 2 grados: primer grado, en unas “Asambleas Comunitarias” que no se regulan sino se establece que serán reguladas en un indeterminado “Manual”, en las cuales se designan “a mano alzada” y controladas por supuesto por el Consejo Nacional Electoral, una especie de “delegados” denominados “voceros,” que son los que participan en la elección en segundo grado, de los 3 diputados de la representación indígena, en unas “Asambleas Generales” reunidas en las 10 entidades federales de las 3 regiones de representación indígena. Donde se vota “a mano alzada”, es decir, en público, que es lo más alejado del voto secreto.

Este “sistema electoral” de sufragio “indirecto” y “público” es inconstitucional, quedando viciado el Reglamento del Consejo Nacional Electoral de raíz, en todo su contenido que se destina efectivamente a regularlo; vicios que se multiplican al regularse en el Reglamento inconstitucionales restricciones para ser candidato a la elección de los diputados indígenas, y para su postulación, que deja de ser libre.

En cuanto a las condiciones para ser candidato a diputado indígena, la Constitución es clara al indicar que dicha elección debe realizarse “de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres” (art. 186). Y “ley electoral” es ley, y no reglamento, por lo que la exigencia reglamentaria de que los candidatos deben ser “una persona indígena, hablar su idioma” y cumplir con otras condiciones, solo pueden establecerse en una ley y no en un reglamento.

El Reglamento estableció, además, otra disposición que viola el derecho a la participación política que se garantiza a todos los ciudadanos para ejercerse en forma libre en la Constitución (art. 62), al disponer que los candidatos a diputados por la representación indígena solo podrían ser “postulados” por “organizaciones indígenas” (art. 7) sin siquiera definirse cuáles o cómo son las mismas y quienes las pueden conformar.

Ello constituye una limitación intolerable al derecho a la participación política de todos los ciudadanos, quienes conforme lo garantiza el artículo 67 de la Constitución tienen derecho a postularse por iniciativa propia para los cargos de elección popular; lo que implica que personas pertenecientes a las comunidades indígenas puedan por ejemplo postularse por iniciativa propia como candidatos para las elecciones de los diputados en representación de dichas comunidades. Eliminar el derecho a la postulación por iniciativa propia de los ciudadanos viola la Constitución, como también se viola al eliminarse la posibilidad de que grupos de electores puedan hacer dichas postulaciones.

Por otra parte, una restricción en las postulaciones como la que se pretende en el Reglamento, viola abiertamente el derecho de las organizaciones con fines políticos, es decir, de los partidos políticos, las cuales también tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos (art. 67); y viola el derecho de las propias comunidades indígenas a establecer organizaciones con fines políticos. No hay en la Constitución norma alguna que limite estos derechos. Ni siquiera tratándose de elección de diputados en representación indígena, respecto de los cuales, si bien la elección de los mismos puede limitarse a que la hagan los pueblos indígenas, la postulación de los candidatos tiene que ser libre conforme a la Constitución.

Lo contrario, es decir, restringir la postulación se traduce en una limitación intolerable que vicia la elección desde la raíz, pues elimina la libertad del voto y hace que la “elección” sea una farsa, al restringirse la escogencia entre las personas postuladas por “ciertas organizaciones que no se identifican en modo alguno, “entubando” la elección desde su inicio.

Es ciertamente casi imposible encontrar en un solo acto administrativo emitido por un órgano del Estado tantos vicios de inconstitucionalidad juntos; ni siquiera si ello hubiese sido el resultado de un ejercicio en alguna clase de una Facultad de Derecho que hubiera exigido a los estudiantes idear un acto con el mayor número de vicio de inconstitucionalidad posible.

En este caso, el Reglamento viola el principio de la reserva legal al pretender regular materias que solo corresponden al legislador; habiendo sido inconstitucional la pretensión de la Sala Constitucional de “delegar” la función de legislar que corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional en un órgano del Estado que es el Consejo Nacional Electoral, que en ningún caso puede dictar actos con rango y valor de ley.

El Reglamento, además, viola la Constitución al establecer un sistema electoral para los diputados de la representación indígena, en forma indirecta y en votación pública, a mano alzada, contrariando abiertamente lo establecido en la Constitución que solo permite para dicha elección que se haga en forma directa y secreta, sin excepción.

El Reglamento, adicionalmente, viola el derecho a la participación política, al restringir las condiciones de elegibilidad de los candidatos a diputados de la representación indígena, que solo la ley electoral sancionada por la Asamblea Nacional podría hacer.

Y el Reglamento, por último, viola el derecho a la libre participación política de las personas a postularse para cargos representativos por iniciativa propia y viola el derecho de los partidos políticos y demás organizaciones políticas para postular candidatos en los procesos electorales, como lo garantiza la Constitución.

En todo caso, y volviendo al marco general del Circo Electoral que se ha querido montar en el país, lo que debe quedar claro es que nada de lo que pueda resultar de las inconstitucionales sentencias de la Sala Constitucional, puede ser reconocido por nadie; pues:

  • ni la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral;
  • ni la emisión por éste de “normas electorales” modificando la Ley Orgánica de Procesos Electorales;
  • ni la fijación de fecha para elecciones parlamentarias;
  • ni el secuestro de los partidos políticos;
  • ni las falsas elecciones que así puedan realizarse,

podrán tener legitimidad alguna en Venezuela.

Las elecciones parlamentarias que puedan resultar de ese Circo Electoral montado para 2020, en todo caso, serán desconocidas en el país, como ya lo han declarado las principales instituciones venezolanas, como la propia Asamblea Nacional, los 27 partidos políticos de la oposición, las Academias Nacionales y la Conferencia Episcopal Venezolana, así como también serán desconocidas por inconstitucionales e ilegítimas en el ámbito internacional, como ya lo han declarado el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo y diversos gobiernos del mundo occidental.

Desconocidas de antemano como se ha declarado las elecciones parlamentarias que puedan realizarse en diciembre de 2020, el resultado es que para enero de 2021, si llegan a realizarse, cuando vaya de instalarse la nueva Asamblea Nacional, lo cierto es que no habrá diputados electos legítimamente para ello, y se planteará entonces, a no dudarlo –ya se ha comenzado a plantear– el tema de si los diputados de la actual Asamblea Nacional están obligados a permanecer en el ejercicio de sus cargo y funciones hasta que sean reemplazados por diputados legítimamente, electos en elecciones libres, justas y confiables.

 

La capitulación por Adriana Moran – TalCual – 5 de Agosto 2020

La capitulación

 

Y lo hicieron oficial. Esa oposición apoyada en la representatividad que le da haber conseguido en 2015 la mayoría de la AN y apoyada por 50 y pico de países hizo público un comunicado para anunciar que no enfrentará a Maduro en las próximas parlamentarias. Y no es que no se supiera o que no lo hubieran dicho ya de muchas maneras, pero ver ahí, plasmada en blanco y negro esa voluntad de renuncia a la lucha por mantener ese bastión que les dio impulso para ser escuchados por el mundo democrático, es un golpe duro a cualquier expectativa que todavía pudiéramos tener en medio de tanta incertidumbre.

Y hay mucho más que esa renuncia, o mejor dicho, hay mucho menos. Porque no es solo la enumeración de razones que los desmotivan a seguir adelante, es también la representación gráfica de un vacío sin más nada que agregar a la colección de negativas con las que armaron el triste documento. Sin alternativas, sin un plan que pudiera justificar el abandono.

Como si un NO fuera suficiente para poner punto final al evento político que solo podrá desconocerse en las consigas y en la negación del hecho mismo pero que de cualquier forma, más tarde o más temprano, ocurrirá cuando los aterradores tiempos de la pandemia lo permitan.

Y si el contenido no fuera ya lo suficientemente dañino, es peor el orgullo con el que los cuatro partidos grandes y los muchos muy pequeños que engrosan la lista de firmantes hacen pública su no intención de hacerse responsables por la pérdida de una Asamblea Nacional que debería representar a los millones que nos oponemos al proyecto chavista.

Sin más ideas que la de “seguir luchando por la libertad» del mismo modo equivocado que hasta ahora no ha hecho sino reforzar en el poder a un gobierno cuya mayor fortaleza es nuestra propia debilidad, los que estaban llamados a enfrentarlo se retiran y le dan a esa minoría que aún apoya al artífice del desastre la posibilidad de ganar uno de los principales poderes convirtiéndola en mayoría.

De nuevo respaldo a Guaidó por Oswaldo Páez-Pumar – America 2.1 – 4 de Agosto 2020

Cuando en enero de 2018 concluyó el período para el que “supuestamente” fue electo el usurpador Maduro (hay varios tomos que demuestran la ilegalidad de su elección), manifesté mi respaldo a Juan Guaidó, escogido por la Asamblea como encargado de la presidencia, aunque erróneamente fuese también elegido como presidente de la Asamblea de la cual en mi opinión ha debido separarse.

También manifesté que no era tiempo de ponernos a discutir sobre si sus decisiones eran o no atinadas, ya que estaba seguro que serían muchos los errores cometidos a lo largo del camino y tomando prestado los versos de Machado, mandé un mensaje de valor innegable que no es mío: “se hace camino al andar”; y desde luego quien se detuviera en el camino a recoger y corregir errores, allí estaría todavía, parado en el momento y lugar de los errores recogiéndolos o tratando de enmendarlos, tarea imposible porque esos errores junto a los aciertos ya son parte de la historia.

Son dos años y medio de andar y por supuesto, si al mismo momento de su escogencia como presidente encargado, lo que fue un acierto, estuvo acompañado del error de no separarse de la Asamblea a la que había sido legítimamente electo, es natural que sean muchos los aciertos y muchos los errores. Los optimistas seguramente solo verán los primeros, mientras que los pesimistas no solamente verán los errores, sino que los errores le impedirán ver los aciertos. Para hacerlo más gráfico “los árboles le impedirán ver la dimensión del bosque”.

Este artículo es desde luego un nuevo llamado a respaldar a Guaidó en un momento en que por lo largo del camino puede no solo haber quienes lo hayan abandonado, u otros que simplemente se han sentado a la vera del camino esperando a ver que va a pasar; y desde luego quienes cansados de no encontrar realizado el primero de los objetivos “cese de la usurpación”, que es condición sin la cual no se pueden dar los otros dos pasos “gobierno de transición y elecciones libres”, lo que descarta nuestra participación en las convocadas para diciembre por un órgano sin capacidad para hacerlo, nombrado por otro que usurpó funciones al designarlo, lo que hace de todo el “gobierno” y no solo del poder ejecutivo un gobierno de usurpación.

¿Estoy acaso con este artículo repitiendo lo ya dicho? No por cierto.

Lo que pretendo es llamar la atención de mis paisanos sobre algo que me llegó a través del “internet”. Se trata de lo que ha publicado el PERIÓDICO del usurpador, que digo del chavismo, más bien el PERIÓDICO del “castrismo”, así ese chocho, el menor de los dos Castro, tenga allá a un pelele cuyo nombre omito y aquí al usurpador, en fin el diario “GRANMA”, que nos dice que quien “fungió de Procurador” (José Ignacio Hernández) del “inexistente gobierno interino” (Juan Guaidó), está “¿complicado, envuelto?” en la pérdida de las inversiones de PDVSA en los Estados Unidos. Mi recomendación a los paisanos es, si Cuba y su periódico apuntan contra él, yo me pongo, si no lo hubiera estado desde antes, de su parte. De una vez con Guaidó. Tan simple como eso.

 

Cuatro posiciones ante la farsa electoral por Gehard Cartay – América 2.1 – 3 de Agosto 2020

Hablemos claro: hay cuatro posiciones frente a las supuestas elecciones parlamentarias de diciembre.

La primera es la del régimen. Quiere realizar ese proceso como sea, a su medida, con tres propósitos muy claros. Uno: tener una Asamblea Nacional que le apruebe los numerosos, leoninos y antipatrióticos convenios financieros milmillonarios que ha hecho con sus aliados internacionales en los últimos cinco años. Dos: liquidar a la verdadera oposición que lo ha enfrentado en todo este tiempo, resultado de la voluntad popular, expresada en las elecciones de 2015. (Ya se sabe que el régimen ejecutó de inmediato el desmantelamiento de la mayoría absoluta obtenida entonces por la oposición y acometió una criminal escalada para anular todas las decisiones parlamentarias, así como la prisión, persecución y exilio contra buena parte de sus diputados. Y eso para no hablar de las elecciones presidenciales de 2013 y 2018, manchadas por el fraude y la trampa.) Tres, tener su propia “oposición”, dócil y entreguista, prestada a la farsa de acompañarles ante el mundo como parte de una supuesta institucionalidad democrática existente en Venezuela.

Una segunda posición es la de esta aparente oposición, que coincide con la del régimen acompañándola con su participación en las “elecciones” programadas para diciembre. Persigue fundamentalmente un solo objetivo: sustituir a la verdadera oposición. (En realidad, ellos no parecen haberse planteado nunca sustituir al chavomadurismo.) Y al formar parte de la Asamblea Nacional a “elegirse” –independientemente de su ilegitimidad– pasarían a ser los interlocutores del régimen, es decir, la supuesta oposición. Sólo así se explicaría sus permanentes ataques contra aquella y no al régimen chavomadurista.

La tercera la posición es la de quienes creen de buena fe que debe participarse en esas elecciones. Son los mismos que hacen suyo el mantra según el cual “si todos votamos la oposición gana”, o aquel otro que asegura que “contra una avalancha de votos no hay fraude que valga”. Y uno, en verdad, quisiera que tuvieran razón. Por desgracia, la experiencia dice lo contrario. ¿O habrá que recordarles la masiva y entusiasta participación electoral de 2015 y el clamoroso triunfo de la oposición entonces, el mismo que le permitió obtener la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional electa, y cómo luego el régimen desconoció la voluntad popular?

La cuarta es la posición de la auténtica oposición, cuyos partidos han sido secuestrados por el régimen y –como ya se señaló antes–presos, perseguidos y exilados varias decenas de sus diputados. Otros han sido reclutados por el chavomadurismo, seguramente por razones pecuniarias. Así las cosas, al no tener garantías mínimas, y luego del feroz y persistente ataque de que han sido objeto por parte del régimen, esa mayoría opositora ha decidido no participar en las supuestas elecciones parlamentarias. Ninguna de las condiciones mínimas que han solicitado ha sido aceptada, lo que demuestra el interés del régimen en que no participen de ninguna manera, hecho que resalta, por sí sólo, el absurdo del TSJ al haber despojado de las tarjetas y símbolos partidistas a sus legítimas autoridades y entregárselos a aliados suyos.

La verdad es que no hay condiciones de ningún tipo que hagan confiable este proceso. No hay condiciones jurídicas efectivas, vistas las numerosas violaciones a la Constitución, las leyes y el sentido común. No hay condiciones políticas, si la mayoría de los partidos opositores han sido secuestrados por el régimen y entregados a sus socios (¡Ni la dictadura pérezjimenista llegó a tanto en las elecciones de 1952!). No hay condiciones electorales, técnicas ni logísticas mínimas para celebrar estos comicios, sin duda complejos al ser una elección múltiple por la cantidad de curules a disputarse.

Pero es que, ante la tragedia del Covid 19, no hay ni siquiera condiciones sanitarias mínimas. (Por cierto que la República Dominicana realizó elecciones presidenciales a comienzos de julio y desde entonces se han multiplicado exponencialmente los contagios y muertes por el virus chino en ese país. Hasta en Estados Unidos se ha planteado la posibilidad de aplazar los comicios de noviembre.) En cambio aquí –donde avanza incontenible esa pandemia a causa de la incapacidad del régimen y el desastre de la salud pública– ni el CNE ni los que piensan participar en esas elecciones se han detenido a analizar esta situación. ¿Pensarán que la gente va a hacer colas y aglomeraciones para votar en unas elecciones cuestionadas, arriesgando su salud?

Está visto que si ese proceso se realiza “a lo Jalisco” será un completo fracaso porque el gran ausente será el pueblo, y no porque tenga vocación abstencionista –que nunca la ha tenido, por cierto– sino para protestar ante el despropósito que se quiere acometer.

 

La oposición a Maduro oficializa su decisión de no participar en las elecciones legislativas por Alonso Moleiro – El País – 2 de Agosto 2020

Los partidos que apoyan a Guaidó defienden la celebración de una votación con garantías en Venezuela

El líder de la oposición a Nicolás Maduro, Juan Guaidó.
El líder de la oposición a Nicolás Maduro, Juan Guaidó.ARIANA CUBILLOS / AP

La oposición venezolana oficializó este domingo a través de un comunicado su decisión de no participar en las elecciones legislativas convocadas por el Gobierno de Nicolás Maduro para diciembre de este año por considerarlas un “proceso fraudulento”. Las fuerzas críticas con el chavismo se pronunciaron a favor de “un pacto nacional para la salvación de Venezuela”. La decisión, ya apoyada públicamente en repetidas ocasiones por Juan Guaidó, fue suscrita por 27 organizaciones encabezadas por Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, los partidos más grandes, que integran el denominado G-4

También acompañan esta iniciativa otras formaciones, como Causa Radical, Encuentro Ciudadano, Izquierda Democrática, Proyecto Venezuela y Cuentas Claras, que respaldan a Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional reconocido como presidente interino por casi 60 países. Las fuerzas de la oposición radical, organizadas en la plataforma Soy Venezuela, si bien comparten esta postura, no firmaron el documento.

“Tras agotar todos los esfuerzos nacionales e internacionales para conseguir un proceso electoral justo, tomamos la decisión unánime de no participar en el fraude del régimen de Maduro”, afirma el manifiesto. La declaración razona su postura haciendo un recuento de todos los impedimentos colocados por el chavismo a la Asamblea Nacional, y exige el cese de las inhabilitaciones a los candidatos, la participación plena de todos los partidos, una campaña equitativa, igual acceso a los recursos públicos, un cronograma electoral razonable y un comportamiento profesional y equidistante, de los miembros de las Fuerzas Armadas. Estas elecciones fueron convocadas con un Consejo Nacional Electoral (CNE) designado unilateralmente por el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo. Ese organismo desarticuló también las direcciones de Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular y entregó su control a dirigentes más afines al Gobierno.

Los partidos opositores reiteran su vocación electoral y democrática y reivindican su interés en participar en unos comicios limpios y decentes. Hicieron además un llamado a la comunidad internacional a “rechazar este nuevo intento de fraude”. El pronunciamiento termina siendo el resultado de un prolongado debate que tuvo lugar entre los dirigentes de estas fuerzas en torno a la cita electoral, en el cual se quiso agotar todos los extremos del análisis en torno a la posibilidad de participar. Algunos dirigentes importantes de la oposición, como Henrique Capriles Radonski, llevan tiempo cuestionando la ausencia de resultados de la estrategia de Guaidó en el momento actual, proponiendo un cambio de rumbo, y deslizando la posibilidad de debatir la presencia electoral de la oposición en la consulta chavista.

Hasta el momento, únicamente se han mostrado dispuestos a asistir a las elecciones los miembros de la denominada Mesa de Diálogo Nacional, plataforma de partidos minoritarios que acordó con el chavismo la fecha de los comicios y los mecanismos para nombrar un nuevo CNE en detrimento de las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional.

Por unanimidad: los partidos políticos de la Unidad deciden no participar en el fraude y convocan a un pacto nacional para la salvación de Venezuela – Centro de Comunicación Nacional – 2 de Agosto 2020

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Los partidos democráticos venezolanos hicieron un llamado a todos los sectores sociales y políticos del país a construir una nueva ofensiva democrática para la salvación de Venezuela. De esta manera, acordaron unánimemente no participar en el fraude electoral convocado por el régimen de Nicolás Maduro para el próximo 6 de diciembre del 2020.

Los líderes políticos expresaron en un manifiesto todas las arremetidas y violaciones que ha cometido la dictadura de Maduro en contra del derecho a elegir del pueblo venezolano, el sistema electoral, la Asamblea Nacional y el proceso fraudulento actualmente convocado, el cual solo busca favorecer los intereses del régimen en contra de los venezolanos.

Tras agotar todos los esfuerzos nacionales e internacionales para conseguir un proceso electoral justo, tomaron la decisión unánime de no participar en el fraude del régimen de Maduro.

Asimismo, invitaron a la comunidad internacional a rechazar el proceso y los resultados de este proceso fraudulento que viola los principios democráticos.

El manifiesto fue firmado y apoyado por 27 partidos políticos, entre los cuales están todas las bancadas que tienen diputados en la Asamblea Nacional y dos partidos de representación indígena. Incluso, en el acuerdo están más partidos de los que rechazaron el fraude electoral del año 2018.

El régimen de Maduro no logró quebrar ninguno de los partidos políticos democráticos que continúan en la lucha por la democracia venezolana, y por ello se vio obligado a arremeter contra las direcciones legítimas de los partidos políticos democráticos.

Venezuela, una nación con una crisis humanitaria que además está sometida a una dictadura criminal y opresora, merece unas elecciones libres, democráticas, transparentes y con observación internacional.

Estos son los partidos democráticos que firmaron el documento:

1. Acción Democrática
2. Alianza del Lapiz
3. Aprisal
4. Bandera Roja
5. Camina
6. Copei
7. Cuentas Claras
8. Encuentro Ciudadano
9. Fuerza Liberal
10. GuajiraVen
11. Izquierda Democrática
12. La Causa R
13. Moverse
14. Movimiento Republicano
15. NUVIPA
16. Parlinve
17. Movimiento por Venezuela
18. PDUPL
19. Primero Justicia
20. Proyecto Venezuela
21. Sociedad
22. Un Nuevo Tiempo
23. Unidad NOE.
24. Unidos Para Venezuela
25. Vanguardia Popular
26. Voluntad Popular

A continuación, el comunicado íntegro de los partidos políticos democráticos:

Unidos debatimos y unidos decidimos:
NO participaremos en el fraude, SI lucharemos por verdaderas elecciones libres

Los partidos políticos democráticos de Venezuela, opuestos al régimen dictatorial de Nicolás Maduro; unidos ante la gravísima crisis humanitaria y las violaciones masivas de los Derechos Humano que sufre nuestro pueblo; enfrentando las últimas amenazas totalitarias en defensa de los principios democráticos de nuestra constitución; respaldando a la Asamblea Nacional y al Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, declaramos lo siguiente:

El régimen de Nicolás Maduro, usando el control que ejerce sobre todos los poderes públicos en Venezuela, acabó con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva.

· Para el proceso electoral parlamentario del año 2015 la unidad democrática consolidó su victoria con la utilización de la tarjeta de la UNIDAD. El uso de esta tarjeta fue secuestrado por el régimen impidiendo su utilización a causa de medidas cautelares y los directivos que representan a la UNIDAD como organización, aún se encuentran sometidos a procesos judiciales penales.

· Entre la elección de los diputados en diciembre del 2015 y la instalación de la legítima Asamblea Nacional, la Sala Electoral del TSJ de Maduro, presidida en ese entonces por Indira Alfonzo, dictó una sentencia cautelar suspendiendo la elección parlamentaria del estado Amazonas, dejándolo sin representación por todos estos años. Nunca emitieron sentencia, con el único objeto de mantener a estos diputados fuera del ejercicio de sus cargos y pretender impedir que se conformara la mayoría calificada que le dio el pueblo de Venezuela a la oposición democrática.

· El TSJ de Maduro declaró inconstitucionalmente en desacato a la Asamblea Nacional y le ha impedido, por vía de los hechos, ejercer plenamente las competencias constitucionales que le son propias.

· El régimen de Maduro este año colocó como Presidenta del ilegítimo CNE, a la misma ciudadana Indira Alfonzo que desconoció la soberanía popular y ha mantenido al estado Amazonas sin representación parlamentaria al nunca decidir el fondo del juicio.

· Mientras que la Asamblea Nacional instaló un Comité de Postulaciones electorales, pluralmente integrado incluso con diputados de la fracción del régimen, con la finalidad de designar un nuevo CNE, el ilegítimo TSJ de Maduro, usurpando las competencias constitucionales del parlamento, designó írritamente a los 5 rectores principales y los 10 suplentes del ente rector electoral, abortando la posibilidad de que los venezolanos tuviéramos un árbitro comicial independiente y confiable, nombrando como rectores a personas leales al régimen.

· Desde las fuerzas democráticas y en la propia Asamblea Nacional, hicimos público el decálogo de condiciones electorales que hemos venido exigiendo en todos los ámbitos y procesos de conversación y negociación, con presencia de actores internacionales. Vale destacar que el régimen acostumbra a comprometerse con su cumplimento, pero jamás lo hace, tal como es característica de regímenes autoritarios. Estas condiciones para lograr elecciones libres, justas y competitivas, cumplen con los estándares mínimos aceptados por todos los países democráticos del mundo y son:

1) Restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos, incluyendo a los que han tenido que emigrar (Registro Electoral confiable y auditado).
2) Garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin coacción o intimidación. Prohibición de migración de electores de sus centros electorales naturales.
3) Cese de las inhabilitaciones y enjuiciamiento de los dirigentes políticos y restablecimiento pleno de sus derechos a la participación política.
4) Participación plena de todos los partidos políticos; restablecimiento de sus legítimas autoridades cesadas por la írrita intervención, así como el uso de sus símbolos y colores partidistas.
5) CNE independiente, nombrado por la Asamblea Nacional, conforme a lo señalado por la Constitución Nacional y la Ley. Designación de todos los órganos subordinados de manera independiente, así como las Juntas Electorales y miembros mesa. Respeto al trabajo de los testigos electorales y demás funcionarios en todos los procesos.
6) Cronograma electoral que garantice el derecho al voto y a los lapsos para cada una de las actividades del proceso desde su convocatoria.
7) Campaña electoral equitativa, con igual acceso a los medios de comunicación públicos y privados; prohibición de cadenas. Acceso equitativo a los espacios públicos y garantía de libre tránsito por todo el territorio nacional.
8) Adecuado comportamiento del Plan República respetando que el proceso electoral es esencialmente un acto civil. Prohibición de indebidas intervenciones en el proceso.
9) Auditorias de todos los procesos del sistema electoral, incluyendo las nuevas máquinas de votación y el sistema para el proceso automatizado.
10) Observación Electoral nacional e internacional calificada en todas las etapas del proceso y en las diversas fases del ciclo electoral. Acompañamiento electoral calificado en cada proceso electoral.

Todas esas condiciones, sin desmedro de otras exigencias fundamentales, tales como liberación de los prisioneros políticos venezolanos.

· El régimen de Maduro, aplicando inconstitucionalmente normas de manera retroactiva, mantuvo por años a los partidos de oposición invalidados para participar en procesos electorales e inhabilitados administrativamente a sus principales dirigentes políticos violándoles su derecho a la participación política y ha impedido la inscripción de nuevas organizaciones políticas a menos que sean afectas al régimen.

· El TSJ de Maduro ha violado la inmunidad parlamentaria de más de 30 diputados activos de la Asamblea Nacional, dictando además sobre la mayoría de ellos, medidas privativas de su libertad, quienes hoy se encuentran presos, en el exilio o resguardados en sedes diplomáticas. Hay 139 diputados sometidos a acoso o persecución política y 5 parlamentarios en prisión.

· EL TSJ de Maduro dictó medidas cautelares -sin derecho a la defensa- mediante las cuales destituyó a las legítimas directivas de varios de los principales partidos de democráticos e impuso falsas directivas con el único objeto de cometer fraude al elector, para que estas inscriban candidatos y pretender exhibir así una ficticia participación plural en el proceso.

· El ilegítimo CNE, nombrado por el TSJ de Maduro, aprobó por unanimidad y usurpando funciones legislativas, lo que denominó las “Normas Especiales para Elecciones a la Asamblea Nacional Período 2021-2026”, faltando 5 meses para la fecha en la que han convocado al fraude electoral en abierta contradicción al artículo 298 constitucional que señala que la ley que regula la materia electoral no puede modificarse en los 6 meses anteriores a la fecha de la elección, en violación directa al principio de Seguridad Jurídica.

· En esas inconstitucionales “Normas Especiales” dictadas por el CNE de Maduro, se incrementó en 110 curules el número de diputados y, de 167 se pretende llegar a 277 escaños, violándose lo dispuesto por el artículo 186 de nuestra Constitución, el cual establece que una parte debe provenir de la base poblacional del 1.1% de la población y otra parte corresponde a 3 diputados a cada uno de los estados y el Distrito Capital, y 3 escaños adicionales para los pueblos indígenas. Adicionalmente, sin ninguna base legal o constitucional, las mismas normas crean 48 escaños nacionales adicionales con base a una “lista de adjudicación” subjetiva y sin ningún criterio técnico.

· No existe, además, ninguna información sobre el sistema automatizado ante la desaparición de las máquinas de votación y, el cronograma de actividades aprobado por el ilegitimo CNE de Maduro contiene 12 actividades menos que el que se ejecutó para la elección parlamentaria del año 2015, para evitar así los controles y auditorias indispensables en todo proceso electoral.

· Eliminan la votación directa, secreta y universal para los diputados de los pueblos indígenas, violando la Constitución y la Ley.

Todos estos hechos subvierten el orden constitucional y legal, y anulan cualquier posibilidad de considerar el proceso convocado como un proceso electoral.

Por lo tanto, habiendo agotado todos nuestros esfuerzos nacional e internacionalmente para que tuviéramos un proceso electoral competitivo, que garantizara el respeto a la voluntad soberana del pueblo, las organizaciones políticas democráticas de Venezuela manifestamos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que, de manera unánime, decidimos NO PARTICIPAR EN EL FRAUDE ELECTORAL convocado por el régimen de Maduro.

No somos abstencionistas: no hay abstención cuando lo convocado no es una elección. Somos demócratas y creemos en la unidad nacional: por ello decidimos no colaborar con la estrategia de la dictadura y convocar a todas las fuerzas sociales y políticas del país a la construcción de un nuevo pacto unitario y nueva ofensiva democrática en la que, junto al pueblo venezolano y la comunidad internacional, nos movilicemos para lograr la salvación de Venezuela.

Nuestra lucha ha sido y seguirá siendo para que todos los venezolanos podamos tener elecciones libres, justas y verificables, y que se produzca el cambio para que nuestro pueblo salga de la crisis humanitaria y miseria en la que lo ha hundido la dictadura de Maduro. Somos la voz de la gran mayoría del pueblo de Venezuela que rechaza este nuevo intento de la dictadura para disfrazar de elección a un proceso que no lo es, tal como lo hizo en el año 2018 al secuestrarnos la elección presidencial que correspondía celebrar conforma a nuestro orden constitucional.

Hoy, nuestra nación hambreada, sometida a persecución, sin acceso a servicios básicos, víctima de una dictadura criminal opresora, debe saber que cuenta con una dirigencia política que no abandonará la lucha por lograr el cambio político que urge en nuestro país. Por ello, Invitamos al pueblo venezolano a no desmayar en nuestra lucha colectiva, todos unidos, para lograr la libertad y recuperar la democracia, única vía que nos conducirá a solucionar la inmensa tragedia humanitaria causada por el régimen de Maduro, que nos ha hundido en la peor crisis social, económica y política que hayamos tenido en nuestra historia republicana.

Invitamos a la comunidad internacional a rechazar este nuevo intento de fraude que pretende ejecutar el régimen de Maduro en violación a los principios democráticos y a que nos continúen apoyando en nuestra lucha hasta que todos los venezolanos podamos de nuevo votar, confiando en que nuestro voto será contado en elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables.

Subcomisión de Asuntos fronterizos escuchó testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos en territorio fronterizo venezolano – Boletin Asamblea Nacional – 31 de Julio 2020

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Diputados que conforman la Subcomisión de Asuntos Fronterizos adscrita a la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), durante su tercera sesión ordinaria virtual, escucharon los testimonios de venezolanos víctimas de violaciones de derechos humanos, civiles y políticos en territorio fronterizo venezolano, cometidos por Nicolás Maduro y funcionarios de su entorno.
El diputado Américo de Grazia, abrió el debate con la presentación de dos testimonios por parte del excalde Ricardo Delgado y Lisa Lynn habitante de la zona sur del estado Bolívar que colinda con la frontera de Brasil, con respecto a las fallas de servicios públicos, persecución, terrorismo, acoso, hostilidad contra las comunidades indígenas pemones, por las fuerzas de seguridad del régimen narcomadurismo.
El parlamentario José Luis Pirela, vicepresidente de la Subcomisión de Asuntos Fronterizos, presentó la intervención de Rómulo Castro, dirigente político en la Guajira, estado Zulia, denunció la arremetida que tienen en su contra el gobernador usurpador Omar Prieto y la alcaldesa Indira Fernández, por encabezar una protesta por las fallas de las servicios públicos en la zona.
Por su parte, el diputado Yorman Barillas denunció que los indígenas venezolanos son víctimas de “matraqueo” por parte de la Guardia Nacional en los pasos fronterizos hacia Colombia, específicamente en Maicao, donde cobran altas sumas de dinero en dólares a las personas y a su vez, alertó de la presencia de la guerrilla colombiana que opera junto a los militares en las alcabalas en territorio venezolano.
Seguidamente el legislador Carlos Valero, rechazó la “políticas  nazis de segregación racista” empleada por el régimen contra los venezolanos retornados que son positivos a la enfermedad de Covid-19, a quienes de forma arbitraria marcan sus casas por ser portadores del virus chino y  exhortó a la instancia legislativa abordar a fondo las denuncias sobre la trata de personas en el estado Sucre y las detenciones masivas y deportaciones ilegales de venezolanos en Trinidad y Tobago.
El asambleísta Romel Guzamana, alertó la presencia del control del territorio por parte de la guerrilla colombiana y el grupo terrorista Hezbolá en el estado Amazonas, que manejan el control de actividades ilícitas de la zona y denunció que las paupérrimas condiciones de los indígenas venezolanos que debido a la crisis económica y sanitaria han sido obligados a migrar, en búsqueda de alimentos, medicinas y asistencia médica hacia Brasil.
Por parte de la diputada Gaby Arellano, presidenta de la Subcomisión, mostró un video de un connacional retornado, víctima de violaciones de derechos humanos, quien expuso que fue recluido por 15 días en el campamento para la atención de los retornados ubicado en las Tienditas, en San Antonio del Táchira, donde no existían las condiciones de asistencia y salubridad adecuadas para la estadía, en ese momento, de 380 personas entre niños, jóvenes y ancianos, quienes tenían que permanecer en un espacio cerrado sin ventilación, poca hidratación y alimentos.
Por último, Ramón Argenis, habitante del pueblo de Michelena, estado Táchira, denunció la persecución despiadada de Freddy Bernal juntos con los colectivos armados de esa comunidad que lo obligó a exiliarse, por exigir información sobre el estado de salud de los 60 connacionales retornados, que estaban cumpliendo cuarentena recluidas en la sede del Instituto Universitario Tecnológico (IUT) en esa comunidad.

CNE acabó con el voto directo para elegir a los diputados indígenas por Héctor Antolínez – Crónica Uno – 28 de Julio 2020

indígena | CNE

El CNE anunció un nuevo proceso para la elección de los representantes indígenas a la Asamblea Nacional que, entre otras violaciones de la Constitución de la República, acabó con el voto directo de los miembros de las comunidades indígenas y creó sistema de delegados.

Caracas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció un nuevo reglamento para la escogencia de los diputados indígenas a la Asamblea Nacional, cambios que van en contra de lo establecido en la Constitución y que además se basan en la desaplicación de varios artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), y tiene como resultado el fin de la elección directa de los diputados indígenas.

Al momento de designar a los nuevos rectores del CNE, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en su fallo 0068, también anunció de forma unilateral la desaplicación de hasta 10 artículos de la Lopre con respecto a la escogencia de diputados como representantes de los pueblos indígenas del país, esto se ve reflejado en el nuevo reglamento especial que el órgano comicial publicó el pasado 24 de julio.

Los artículos que no se aplicarán para la elección son el 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 y el 186, todos los cuales determinan condiciones, requisitos y la forma en la que se elegirán los representantes indígenas al Parlamento, esto, de acuerdo con el CNE, con el objetivo de “reivindicar las costumbres, usos y prácticas de las comunidades indígenas”, algo que reflejan en una nota de prensa.

Ahora bien, el sistema que se propone dista mucho del empleado anteriormente en el que las personas que vivían dentro del rango geográfico en el que se ubicaban las comunidades indígenas tenían derecho a participar en una votación directa para seleccionar a estos parlamentarios.

Para el nuevo sistema, se mantienen los requisitos anteriores para los postulantes y candidatos, es decir, ser indígena y hablar un idioma indígena, así como cumplir con una de las siguientes tres condiciones: haber ejercido un cargo de autoridad tradicional, exhibir una “conocida trayectoria” de lucha en pro del reconocimiento de su identidad cultural y haber realizado acciones en beneficio de los pueblos y comunidades por un mínimo de tres años, este último requisito remplaza el anterior establecido en la Lopre en su artículo 186, que exigía pertenencia a “una organización indígena legalmente constituida con un mínimo de tres años de funcionamiento”.

Voto de segundo grado y a mano alzada

La nueva normativa del CNE establece un sistema totalmente nuevo de votación, en el que se acaba con la elección en primer grado que ha existido en los procesos anteriores. Esta nueva normativa viola los artículos 3 (personalización del voto) y 16 (derecho al voto nominal) de la Lopre, y los artículos 5 (soberanía ejercida indirectamente mediante el sufragio) y 63 (voto universal, secreto y directo, y garantizar personalización del sufragio) de la Constitución.

Además, los cambios que realizó el CNE violan lo establecido en el artículo 298 de la Constitución, el cual prohíbe modificar la Ley de Procesos Electorales en los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones. Para la fecha en la que se publicaron los cambios, quedaban menos de cinco meses para el día de la votación.

En lugar de una votación directa y personal, como se había venido haciendo, ahora se reemplaza por un sistema de delegados, quienes votarán en nombre de las comunidades indígenas.

El CNE estableció que las comunidades indígenas deberán organizarse en una estructura que ellos llaman “asambleas comunitarias”, las cuales se reunirán y funcionarán de acuerdo con el cronograma que establezca el CNE. Estas reuniones, además, deberán contar con la presencia de un “agente de coordinación electoral” que designará el CNE y será el responsable de la documentación que salga de esas asambleas.

Las asambleas comunitarias deberán elegir entonces un número (no identificado aún) de voceros, los cuales a su vez irán a unas asambleas generales en las cuales procederán a elegir en nombre de su comunidad (votación de segundo grado) a los diputados indígenas que les corresponda, según la región en la que se encuentran.

La votación se realizará el día de la elección ante la presencia de testigos de organizaciones indígenas postulantes que asistan al acto y del coordinador electoral que estipule el CNE. El acto del voto se realizará “a mano alzada” y estos votos se reflejarán en un acta que después será llevada a la Junta Regional Electoral y la Oficina Regional Electoral de la respectiva entidad. El CNE procederá luego a totalizar todas las actas recibidas y será elegido diputado el candidato que recibe la mayoría relativa de votos de los voceros.

“Estos cambios simplemente no son legales”

El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli, señaló a Crónica.Uno que los cambios que están haciendo desde el CNE, como esta reforma de la elección de los representantes indígenas, “simplemente no son legales”.

Esa normativa no es legal, cuando lees la Constitución se establece que debe ser una elección directa y secreta, en ninguna ley o norma se establece eso de voto a través de voceros, eso incluso va en contra de lo que promulgaba el propio espíritu de la Constitución que tanto defendió (Hugo) Chávez”, sentenció el jurista.

Raffalli también criticó que todavía a estas alturas se esté alterando la normativa, y dijo que lo que demuestra es que en realidad “no están reformando las normas, sino el sistema electoral con un CNE provisional”.

No puede ser que prácticamente en agosto estén haciendo cambios a una elección en diciembre. El 298 protege la estabilidad electoral, que no haya sorpresas para los competidores y que haya unas reglas de juego claras asumidas por todo el mundo, que tengan una duración y vigencia asegurada para que no haya cambios”, explicó.

Ante la pregunta de qué tan legítima podría resultar una elección en estas condiciones, el abogado manifestó que este proceso obviamente va a traer problemas de legitimidad, lo cual atentaría contra la estabilidad del país.Voto

“Mira, en la Constitución se dice que los diputados tienen que ser elegidos por una entidad federal y estos rectores crearon una elección por lista nacional. Están haciendo lo que les da la gana y lo hacen porque simplemente tienen el control de la Sala Constitucional y la Sala Electoral. ¿Qué pasa cuando haces elecciones que la sociedad no reconoce como válidas? No se produce el efecto de legitimación, y esto lleva a la confrontación que se ha visto en el país luego de las elecciones de la Constituyente y lo que pasó con mayo de 2018”, sentenció.

A las críticas de los cambios que se han realizado, Raffalli también sumó el cuestionamiento de que en lugar de elegir representantes con máquinas de votación y la infraestructura tecnológica con la que sí se votará en los otros estados, los pueblos indígenas elijan los suyos levantando la mano, algo, insistió, que “no está establecido en ninguna ley o texto legal”.

“Esos diputados indígenas deben ser elegidos conforme a los procedimientos establecidos a la ley orgánica, no levantando la mano”, comentó.

La publicación de esta nueva normativa ha sido el nuevo paso del CNE para crear un sistema electoral para unas eventuales elecciones el próximo 6 de diciembre que, a pesar de que aumentaban el número total de diputados a elegir de 167 a 277, mantuvieron en tres el total de parlamentarios representantes de los pueblos indígenas.

Esto es algo que incluso el dirigente chavista y activista de los pueblos indígenas Tito Poyo había denunciado con anterioridad al señalar que significaba un atentado contra la progresividad de los derechos de la comunidad de pueblos originarios en Venezuela.

Claves para entender el Fondo para la Liberación de Venezuela aprobado por la AN por Raúl Castillo – eldiario – 11 de Julio 2020

Alejandro Plaz, Comisionado de la presidencia interina para el desarrollo económico, explicó para El Diario el funcionamiento de la Ley sancionada este 9 de julio por la Asamblea Nacional que contempla el manejo de 80.000.000 de dólares por parte del gobierno interino

Con el objetivo de «regular la ejecución y el control de gastos» de recursos congelados en cuentas en el extranjero, la Asamblea Nacional (AN) sancionó este 9 de julio la Ley para la recuperación de bienes del Estado en el extranjero, el cual incluye el Fondo para Liberación de Venezuela de 80.000.000 de dólares y cuya conformación había sido aprobado en febrero y abril de este año por el Parlamento con el objetivo de “lograr la transición”.

En abril, la AN aprobó el Reglamento de la Ley Especial Del Fondo Para La Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, que tenía como objetivo regular estos recursos. Así como el funcionamiento de la Comisión de Administración del Gasto establecidos en el instrumento legal. El reglamento regula principios relativos a la elaboración, ejecución y control de presupuestos, contenidos en la Ley. Además, se creó un Consejo de Administración que sería el organismo que asumiría las funciones de la Oficina Nacional del Tesoro.

Se estableció, en principio, que los pagos aprobados por el Consejo de Administración se realizarían mediante los procedimientos establecidos en el convenio de asistencia técnica a ser celebrado con la Organización de Estados Americanos (OEA), autorizado por la Asamblea Nacional previa opinión favorable del contralor especial de la República, pero finalmente el organismo internacional no participará en el proceso.

El equipo de El Diario conversó en exclusiva con Alejandro Plaz, comisionado de la presidencia interina para el desarrollo económico, para analizar los mecanismos de ejecución de este fondo y a dónde iría destinado el dinero.

Alejandro Plaz

¿Qué aprobó la AN este miércoles?

Este 9 de julio autorizó que el gobierno interino contrate a las empresas seleccionadas para la ejecución y administración del Fondo de Liberación Nacional. No se conoció de inmediato cuántos de los 165 diputados del Parlamento votaron a favor de la ley.

¿Por qué empresas y no la OEA?

Aunque en principio la asistencia técnica para la vigilancia y administración del Fondo iba a ser de la OEA, finalmente se optó por la contratación de tres empresas: una en el área de administración, otra en tesorería y la última en auditoría. La razón, según Plaz, obedece más al organismo internacional que al gobierno interino:

“Inicialmente se les pidió para participar con ellos. Se comenzó toda una negociación con la OEA para ver si podían hacer el trabajo que ahora van a hacer las empresas. El acuerdo de hoy es con las empresas que están reemplazado a la OEA. Se trató de hacer con ellos y con el Banco Interamericano de Desarrollo, pero no se pudo lograr por problemas técnicos; problemas de capacidad más de ellos que de nosotros. Resultó que el presupuesto nuestro era casi tan grande como el presupuesto de la OEA. O sea, ellos no tenían las capacidades para poder manejarlo”, dijo.

¿Cómo fue la escogencia de las empresas?

El proceso de selección, en cumplimiento con la Ley, lo llevó adelante el Consejo de Administración del Fondo de Liberación, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, la Contraloría y la Procuraduría de la República, además de contar con la participación de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC).

Plaz informó que para elegir las empresas se invitó a las cinco compañías de contabilidad de auditoría más grandes del mundo, que son Price Waterhouse, Deloitte, BDO, Ernst & Young y KPMG. De ellas, tres respondieron negativamente, argumentando que no podían participar porque ponían en riesgo sus operaciones en Venezuela, tal como sucedió con los directivos de Directv.

Otra de esas empresas, comenta Plaz, se negó a participar de forma directa, pero recomendó a dos “empresas hermanas (…) que hacen unos trabajos extraordinarios y que los usamos con frecuencia cuando ocurren cosas como estas en el caso de Venezuela”. De esas dos empresas recomendadas, una fungirá como administradora y otra de tesorería. Le auditora, en cambio, sí estará a cargo de una de las cinco grandes consultoras del mundo, según el comisionado. Aseguró que todas pidieron mantener el anonimato.

¿Cómo garantizarían la transparencia estas empresas?

De acuerdo con el comisionado, el sistema para garantizar la transparencia funciona de la siguiente manera: el Consejo de Administración –que fue designado por el presidente interino, conforme a lo establecido por la Ley– recibe las órdenes de pagos de los jefes de cada una de las unidades del gobierno interino; las analiza; verifica que todos los recursos cumplan con la ley venezolana y estadounidense, así como también que todos los recursos están completos y dentro del presupuesto aprobado por la AN; y una vez el Consejo lo apruebe, los pasa a la compañía administradora.

Posteriormente, la compañía administradora hace otra revisión, “que es casi una auditoría interna”, según Plaz. Revisa nuevamente todo el proceso y una vez que ya esté completa toda la revisión, lo envía a la compañía de tesorería, la cual se encargará de emitir el pago. Además, todo este proceso va a estar auditado por una de las cinco auditorías más grandes del mundo, la cual, a su vez, deberá pasar reportes directamente al gobierno interno y al Consejo de Administración.

¿Quiénes conforman el Consejo de Administración?

Por decisión del presidente interino, Juan Guaidó, tal como lo establece el reglamento, el 5 de marzo de este año se estableció que el grupo lo conformaría Alejandro Plaz, Yon Goicoechea, Gustavo Marcano, Fernando Blasi y Eva Hurtado.

¿Participará Transparencia Internacional?

La intención del Consejo de Administración y del gobierno interno es que la ONG Transparencia Internacional participe en todo el proceso, dijo Plaz.

“Está la solicitud, pero ellos todavía no me han respondido. Nosotros queremos y le hemos solicitado a ellos que reciban el reporte, que tengan la oportunidad de interactuar con estos auditores y hagan todas las preguntas que quieran, vean todo lo que quieran, y que después ellos sean los voceros de los resultados de ese reporte. Si transparencia dice que no, buscaríamos otra opción, pero lo que no queremos es que le paguemos a un auditor, que cuesta bastante dinero, que haga una auditoría para nosotros estar seguros y poder decirle al mundo que todo se hizo decentemente, y nosotros tengamos que quedarnos callados y no enseñarle eso a nadie”, explicó el Comisionado.

De no lograr el apoyo de la ONG, dijo, buscarán otra que divulgue esa información.

¿Y dónde queda la OFAC?

Todo este proceso debe pasar Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Al tratarse de una ejecución de fondos congelados en el exterior, era necesario el aval de la institución encargada de esta materia en el país.

“Hoy en día, ese dinero está asentado en una cuenta del Banco Central de Venezuela en el Federal Reserve de Nueva York, pero está congelado. Entonces para que lo podamos usar, primero se hizo hace dos semanas un acuerdo entre el Banco Central y la República en el cual el Banco Central los 80.000.000 de dólares, máximo, a la república. Ese acuerdo ya está firmado. Segundo, hay que hablar con la OFAC para que ellos hagan todas las preguntas que quieran (…) y cuando la OFAC está satisfecha, emite la licencia que permite al Federal Reserve de Nueva York liberar el dinero para que la república lo use”, explicó Plaz.

Entre las preguntas de la OFAC, comenta el comisionado, está cómo se va a usar el dinero, cuál va a ser el flujo, a dónde va a ir el dinero, quiénes van a ser los beneficiarios, por qué ellos, entre otras.

Informó que ya el organismo adscrito al Departamento del Tesoro estadounidense aprobó una primera licencia para realizar los pagos a la Cruz Roja y a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por el trabajo que realizan en Venezuela en la lucha contra el covid-19. Agregó que esperan que la próxima licencia de la OFAC se emita esta o la semana del 13 de julio, que es para atender otros aspectos como el pago a médicos, gastos de la AN y del gobierno interino, y que ya habría recibido el visto bueno del organismo estadounidense.

“Una vez que nos den la licencia, quiere decir que pasamos ese examen, y que la OFAC permite que el dinero que está congelado por el gobierno de Estados Unidos, se descongele en los montos que ellos digan”, dijo.

¿Por qué ese monto y cómo se paga?

Los 80.000.000 de dólares que necesita dicho fondo especial para su ejecución provendrán de una cuenta privada del BCV en Estados Unidos, cuyo monto asciende a 342.000.000 de dólares, donde estaban depositadas ciertas transacciones relacionadas con oro venezolano.

El “acuerdo de voluntades” entre la presidencia interina y el BCV establece que el préstamo será pagado dentro de los 60 días siguientes al “cese de la usurpación”, en los términos del Estatuto que rige la Transición Democrática.

¿En qué gastarán los 80.000.000 dólares?

En la sesión presupuestaria el reglamento se refiere a la distribución del recurso de 80.000.000 de dólares, los cuales fueron distribuidos para diferentes causas.

– 45% para gastos sociales: 7.000.000 de dólares que van para la Cruz Roja y 10.000.000 de dólares para la OPS. Además, 18.800.000 de dólares van destinados para el programa Héroes de la Salud, aunque en principio el presupuesto para el programa era de 15.900.000 dólares. El aumento obedeció al incremento de médicos, enfermeros y personal de salud que se inscribieron en la iniciativa: esperaban 45.000 personas, pero en el registro se llegó a 63.000 personas, dijo Plaz.

Otros 5.000.000 de dólares estarán disponibles para atención de “casos de riesgo vitales” que, explica el comisionado, “son personas que van a morir si no reciben este apoyo y se les daría para salvarle. Son gente que tiene problema de trasplante, de quimioterapia, y se hace estudio social para ver si tiene para pagar; al igual que estudio médico. Ese dinero iría para las clínicas que los está tratando”.

– 6% para “seguridad y defensa de la democracia”: “El presidente decidirá cómo lo piensa distribuir. Tengo entendido que tiene que ver con seguridad personal, miembros de personal del gobierno interino que siguen en Venezuela, diputados, y todo lo que tiene que ver con inteligencia”, refirió Plaz.

 11% fortalecimiento de relaciones internacionales: “Ese es el mantenimiento de 39 embajadas que tenemos alrededor del mundo. Esas embajadas han estado operando sin ningún tipo de remuneración. Entonces esos gastos serán para cubrir los tipos de logística, transporte, oficinas, comunicaciones, que hasta ahora lo han hecho a puro pulso personal”.

La elaboración del presupuesto para las embajadas, aclaró el comisionado, estuvo a cargo del canciller del gobierno interino Julio Borges. El presupuesto incluye “dónde va cada dólar que se va a invertir”, cuánto va para la embajada; para los trabajadores; para comunicaciones de las mismas; para pago de oficinas y de transporte. Según Plaz, este monto es una “microfracción” comparado con el presupuesto de otros gobiernos de la región.

– 17% para la “defensa y el fortalecimiento del poder legislativo nacional y la protección social de sus integrantes”: 14.000.000 de dólares irán destinados para la atención del programa legislativo. Ello incluye el pago del salario de diputados y asistentes, quienes no cobran desde junio del año 2016, por lo que el sueldo será con retroactivos. Según Plaza, el salario será de menos de 1.000 dólares mensuales. “De los diputados peores pagados en el mundo”, comentó Plaz.

– 11% de costos de implementación del presupuesto especial: “Eso se redujo considerablemente. Eso era lo que nos iba a cobrar la OEA cuando estábamos trabajando con ellos, cobraban 13% del monto que iban a administrar, eso representaba 9.200.000 dólares. Con el cambio a estas compañías que nos están apoyando en el área de administración, tesorería y auditoría, eso se redujo a cerca de 3.000.000 de dólares. Ahí hubo un ahorro de 6.000.000 de dólares, que nos ayudó a incrementar el programa de héroes de la salud”, explicó el Comisionado.

El otro 10% se distribuirá “para el fortalecimiento de las comunicaciones, el derecho a la información y la lucha contra la censura” y 3% para el cumplimiento de las funciones de la Contraloría Especial y el poder judicial nacional.

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