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Zapatero y las minas de Icabarú por Julio Vidorreta – Libertad Digital – 15 de Marzo 2020

Lo que a continuación se relata no es la escena en que la que le cortan la mano a Jamie Lannister en ‘Juego de Tronos’. Es Venezuela en 2020.

Lo que a continuación se relata no es la escena en que la que le cortan la mano a Jamie Lannister en 'Juego de Tronos'. Es Venezuela en 2020.

José Luis R. Zapatero y Nicolás Maduro | Twitter Nicolás Maduro

Lo que a continuación se relata no es la escena en que la que le cortan la mano a Jamie Lannister en Juego de Tronos. Es Venezuela en 2020. El país al que Rodríguez Zapatero ha viajado 39 veces en los últimos tiempos y cuya vicepresidenta, Delcy Rodríguez, se reúne con el ministro socialista Ábalos en la oscuridad de las pistas del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez-Barajas.

En las minas hay un grupo de muchachos armados. Pude presenciar cómo a la muchacha le quitaron sus dos manos con un machete. Le hizo poner las manos en un tronco de un árbol que estaba allí. Primero le cortó una y le dijo que eso era para que no robara más, que ahí no podía hacer lo malo. Y la muchacha pegaba gritos y gritos y gritos. Y luego le cortó la otra.

Según Human Right Watch (HWR), residentes del estado Bolívar (sureste de Venezuela) son víctimas de amputaciones y otros abusos atroces cometidos por grupos armados que controlan minas de oro, incluyendo organizaciones venezolanas conocidas como ‘sindicatos’ o ‘pranes’, señala HRW. Los grupos armados actúan generalmente con la aquiescencia del Gobierno y, en algunos casos, con su participación, para mantener un férreo control de las poblaciones locales.

La senadora colombiana de extrema izquierda y aliada de Maduro Piedad Córdoba, en una entrevista con Las Dos Orillas –una publicación colombiana–de la que se hicieron eco diversos medios españoles apuntó a las relaciones de Zapatero con el oro venezolano.

Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto [la construcción chavista de grandes estadios de béisbol para beneficio personal o del régimen] y me dijo: ‘A todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional [de la mano de la dictadura], nos llega por acá… por ejemplo, acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando.

Las relaciones de Zapatero con Venezuela siempre le perseguirán. Lo que comenzó con su llegada a la presidencia del Gobierno, los viajes de Chávez a España, el avión de Bono desviado a Caracas sin previo aviso, las fragatas, el nacimiento de Podemos; hasta, años después, en el que un iluminado dio su nombre para ejercer de mediador con la Venezuela de Maduro. El apoyo a su labor se acabó tan rápido como acomodó su posición en el régimen. No media, trabaja para una parte y por ello cobra. Las pistas de su trabajo no pueden dejar indiferente a nadie.

Venezuela cuenta con reservas de recursos minerales sumamente valiosos, como el oro, los diamantes y o el níquel, así como reservas de coltán y uranio. Controlada por el régimen, una parte sale de contrabando. En octubre, Maduro anunció que cedería la gestión de una mina de oro a cada uno de los gobernadores que pertenecieran al partido oficialista.

“Las empresas nacionales e internacionales que compran oro a Venezuela deberían saber si procede de minas en el estado Bolívar y contar con procedimientos de debida diligencia para asegurarse de que sus cadenas de suministro estén libres de actividades ilícitas, abusivas y violentas”, destaca Vivanco, de HRW.

Una comunicación de un natural de la zona minera del este del país, del estado Bolívar, nos ilustra la matanza acaecida entre el 25 y el 26 de noviembre del año pasado en Icaburú:

El pueblo de Icabarú (frontera de Venezuela con Brasil) es la capital de las minas de la gran sabana. Ayer se presentaron unos helicópteros, en los que venían hombres armados hasta los dientes. Son pranes. El jefe, uno al que llaman El Ciego. A las órdenes de Maduro. Entraron al pueblo y masacraron a una gran cantidad de personas… Estamos aquí sin gasolina, sin dinero, sin comida. El efectivo se acabó. La gente anda ahora con el oro en la mano, el diamante que no saben qué hacer con ello. No me queda na más que un poco de efectivo. En reales o dólares, aquí no circula el bolívar. Quiero conseguir 50 litros de gasolina para montar mi perra en el carro y salir de aquí. El problema es que el camino está tomado por los pranes. La Guardia Nacional no hace nada, tranquila dejando que hagan todo. El Ejército no se ha movido para esta zona. Lo más probable es que tengamos que brincar para Brasil. Se quieren apoderar de este frente de frontera. Maduro está acomodando a todo su ejército de malandros…

Esta masacre se enmarca dentro del control que las autoridades venezolanas mantienen sobre las zonas de explotación de yacimientos de oro. El régimen ha comprometido la explotación de estas minas a empresas de origen ruso y chino como pago de deuda y compromisos con esos países y “para otros negocios”. Para controlar que las comunidades locales no accedan a las explotaciones, se utilizan grupos paramilitares como el arriba descrito. La consecuencia, entre otras, es la violencia extrema y que los tradicionales mineros locales no tienen ahora acceso como fuente de recursos para subsistir.

Algún día, el que fuera presidente del Gobierno de España, para desgracia de todos, José Luis Rodríguez Zapatero, tendrá que dar explicaciones sobre su actividad caribeña.

La gran barata del oro en el Sur de Venezuela: compre un gramo y el otro le sale gratis por Marcos David Valverde – Armando.Info – 13 de Mayo 2020

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Como si fuera una dimensión paralela en la que se tuercen las leyes del mercado global donde los precios del oro van al alza, en la zona minera del estado Bolívar la cotización del metal se ha desplomado a la mitad a raíz de la cuarentena impuesta por el coronavirus. Pero, atención, que este ‘Black Friday’ no es para todos: solo le sacan provecho quienes han cartelizado el mercado áureo local mediante la coacción y el uso de dólares, desde pandillas del crimen organizado a guerrilleros o autoridades militares. Los mineros artesanales producen a diario y necesitan vender para sobrevivir, pero lo hacen a precios de liquidación porque las medidas de confinamiento han cerrado los canales de comercialización. Mientras, otros actores acumulan oro para asegurarse una próxima bonanza.

No hay baremos, precios tasados ni control. El mercado internacional del oro no llega al sur del río Orinoco, un microcosmos de Venezuela donde la única regla para la compra y venta del metal es que no hay ninguna, menos todavía cuando se endurecen las condiciones para la circulación de personas y bienes, como ha ocurrido con la pandemia del Covid-19. Es así como, a pesar de que fuera de las fronteras venezolanas el oro alcanza récords históricos, en las zonas mineras del estado Bolívar se vende por menos de la mitad.

Nada más el 30 de abril, agencias noticiosas internacionales reportaron el incremento del precio del oro y el cierre “de su mejor mes en cuatro años”. Al finalizar el primer cuatrimestre de 2020, subió 9% hasta alcanzar los 54,75 dólares por gramo (1.715,25 dólares la onza). La “flexibilización monetaria de los bancos centrales y la persistente preocupación por una recesión global”, explican las agencias, han determinado el alza.

Pero esto no se traduce en una buena noticia para los mineros artesanales del sur venezolano, que con palas y bateas a cuestas, expuestos a la amenaza permanente de los derrumbes de las minas (que este año, en Bolívar, han matado por lo menos a 13 personas) y a la amenaza nueva del coronavirus, tras jornadas de más de doce horas con el sol en la nuca, tienen que vender un gramo de oro entre 2,6 y 2,7 millones de bolívares, es decir, alrededor de 15 dólares, según la volátil tasa de cambio del mercado paralelo.

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Hace dos meses un gramo se vendía en el mismo lugar por 30 dólares, un precio ya de por sí muy por debajo del internacional, pero el doble del actual. Que el efecto sobre la cotización del oro que tienen el coronavirus y el parón económico que trae consigo haya sido en la región exactamente contrario al del mercado internacional, solo tiene una explicación: mientras en mercados globales ese metal se convierte en el refugio más demandado para aquellos que auguran una fuerte recesión y una caída de las principales monedas de intercambio, en la zona minera del estado Bolívar es casi un commodity cuyo precio lo establece una rosca privilegiada de empresarios locales con anuencia gubernamental y complicidad de los militares de la zona.

Eso es siempre así. Pero nunca antes la diferencia entre las ganancias de los excavadores artesanales y las de los grandes compradores había sido tan desproporcionada como en estos tiempos de coronavirus, explica Néstor López, minero del municipio Sifontes.

Para entender esta dinámica en los precios en los pueblos del sur de Bolívar hay que entender una diferencia: la del oro minero frente al oro procesado. El primero, también conocido como oro amalgamado, es el que se extrae de la mina. El segundo es el procesado, ya fundido, analizado en un laboratorio y limpio.

Justamente es el primero el que venden los pequeños mineros. El segundo es el que rige los precios internacionales del oro.

Antes de la cuarentena que impuso Nicolás Maduro el 17 de marzo, en todo el país, un dólar en el mercado paralelo de Venezuela costaba alrededor 78.532,64 bolívares. Entonces, un gramo de oro “minero” se vendía por 2,4 millones de bolívares (30 dólares en promedio); el puro, en 45 dólares. Pero a finales de abril, con un dólar en los 185.000 bolívares como promedio, el precio del gramo siguió siendo de 2,4 millones de bolívares, equivalentes entonces a 13 dólares. En resumen: antes de la cuarentena, con un dólar se compraban 32,7 miligramos, hoy se compran 77 miligramos.

Consultadas por separado, fuentes de Maripa, Guasipati, El Callao, Tumeremo y El Dorado -localidades todas en el epicentro de la actividad minera al sureste de Bolívar- concuerdan en que el estancamiento de los precios del oro se debe a un acuerdo tácito entre los grandes compradores de la zona para no pagar más de 2,8 millones de bolívares por gramo -15 dólares entre finales de abril y comienzos de mayo- o grama, como le dicen en la zona a esa medida de peso

“Estas personas recogen este oro que se compra aprovechando este momento de necesidad y tragedia y luego sacan buen provecho. Por ejemplo, en temporadas como Navidad se hacen millonarias muchas personas que aprovechan esas épocas, cuando se cierra la bolsa, compran el oro barato y lo venden en enero cuando se reinicia la bolsa”, explica López.

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Su hijo, también minero, refiere que en la penúltima semana de abril vendió el gramo de oro minero por 2,5 millones de bolívares, con transacción en efectivo. “Por transferencia aumenta: como 2,7 millones de bolívares y el fundido en 6,3 millones”, equivalentes a 35 dólares, de acuerdo con la tasa paralela de ese mismo lapso.

Calcula que con la variación del dólar en las últimas semanas, “el oro de mina debería pagarse en 4,5 y hasta 5 millones de bolívares, es decir, unos 28 dólares. Hasta hace un mes se pagaba por 33 o 34 dólares por un gramo de oro. Hoy te dan 14. Sube el dólar pero no sube el oro”. El estancamiento, añade, se debe principalmente “al cierre de las fronteras de Guyana, Brasil y Colombia”.

En otras palabras, explica el minero usando una imagen, en época de Covid-19 el comprador, cuando compra un gramo, se lleva otro gramo gratis. Es la ganga del Coronavirus.

[N. de R.: Sin embargo el reciente viernes, al cierre de esta nota y del mercado informal en la región, se reportó un repunte de los precios a 31 dólares, el minero, y a 38 dólares, el procesado, por gramo de oro].

Por los caminos (y uniformes) verdes

Una fuente de Tumeremo, que pide la reserva de su identidad, apunta que los principales compradores tienen rostros difusos pero son los de siempre. “Los que compran aquí son gente del gobierno. Son mayoristas que compran 60, 80 o 100 kilos. Algunos se llevan el oro a Brasil. Hay militares, generales y coroneles que compran”.

En El Callao, tradicional centro aurífero, el dueño de un molino concuerda casi de manera textual: “Antes de la pandemia, el gramo de oro estaba en 2,2 millones bolívares y hoy está en lo mismo a pesar del incremento del dólar. Eso no está para pagarlo así, pero lo tienen estancado. Se debe a las mafias, como se dice”.

Calcula que nada más en El Callao hay 200 negocios que compran oro a los pequeños mineros. Estos son vendedores ansiosos, pues tienen que generar ingresos porque sí para sobrevivir en la vorágine de la hiperinflación y, ahora, de la pandemia. Asegura que los militares también son compradores habituales, algo que no ha variado con el estancamiento de los precios en Bolívar.

“Sí, los militares lo compran y hacen sus cosas por allí. ¿Pero cómo hacen los mineros? Tienen que comer, y el que tiene plata y su comercio se aprovecha de eso. Ahorita se puso súper cara la comida. Un cartón de huevos, un millón de bolívares. Un kilo de queso, 900.000 bolívares”, alrededor de seis y cinco dólares, respectivamente, de acuerdo con la tasa de cambio paralela en el momento de la entrevista, en la última semana de abril.

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El declarante es dueño de un molino con certificación gubernamental. Por eso se reúne de manera permanente con los uniformados y, en muchos casos, les rinde cuentas. Incluso los ha visto negociando el oro.

Los militares también reciben el oro de otras transacciones revestidas de cierta legalidad. Por ejemplo, un comunicado de comienzos de abril (en la tercera semana de cuarentena), avalado por el Consejo de Caciques Generales, refrendaba una propuesta de la Corporación Venezolana de Minería acerca de los impuestos en oro para el uso del aeropuerto de Santa Elena de Uairén (capital del municipio Gran Sabana, en la frontera con Brasil).

El documento -destinado al almirante Gilberto Pinto, ministro de Minería Ecológica; Carlos Osorio, presidente de la Corporación Venezolana de Minería; y la vicepresidenta y el canciller Delcy Rodríguez y Jorge Arreaza- desglosa los impuestos así: seis gramos de oro por carga de combustible, dos gramos por montaje de la aeronave, tres gramos por transporte de cada 100 kilos de material minero, un gramo por despegue y aterrizaje, un gramo por cada 100 kilos de comida y un gramo por tasa de salida por persona.

Las facturas de esos impuestos para el aeropuerto son firmadas y despachadas por militares, funcionarios de la Corporación Venezolana de Minería y representantes indígenas. En promedio, y de acuerdo con una factura a la que tuvo acceso Armando.info, por cada vuelo hay 30 gramos de oro en impuestos. Calculando esa cantidad sobre la base del precio internacional del oro, de 54,75 dólares por gramo, son 1.642 dólares; una cifra considerable en un país en el que el salario mínimo es de tres dólares mensuales.

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El rol de las fuerzas militares en el contrabando de oro lo confirmó un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que desertó a Brasil luego de la masacre de Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, en Gran Sabana, Bolívar, en febrero de 2019. “Siempre hay tráfico de oro para acá, para Brasil”, explicó en mayo de 2019, “pero eso es por parte del mismo Gobierno”. Generales y comandantes, añadió, hicieron cruzar oro para la venta en el estado de Roraima, que comparte la frontera con el estado Bolívar. En la Gran Sabana, el Ejército venezolano cobra vacunas tanto en oro como en dólares.

Mientras, los mineros pequeños carecen de alguna manera para prosperar con el oro que trabajan. “Los mineros de subsistencia, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, son los más vulnerables a lo largo de la cadena de suministros y, por lo tanto, muy a menudo en estos lugares hay medios alternativos de vida que son limitados y que están aún más limitados debido al coronavirus”, explica Marcena Hunter, analista en temas de crimen organizado y seguridad del Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Hunter observa la misma contracción del precio de oro en mercados negros en varios lugares del mundo, a contramano de lo que sucede en el mercado global.

“No tienen la opción de aferrarse al oro hasta que se abran las cadenas de suministro, porque tienen que venderlo para sobrevivir,” agrega. Los ganadores, entonces, son compradores o distribuidores. “Son actores criminales. Hemos tenido información sobre el almacenamiento de oro, por lo que una vez que las cadenas de suministro se abran debido al aumento de los precios de oro, que continuará subiendo, habrá márgenes grandes de ganancia en el futuro para esos actores (que generalmente suelen ser comerciantes con alto poder adquisitivo, pandillas o funcionarios civiles y militares) que puedan almacenar ese oro ahora”.

Además de los uniformados, los otros que tienen una “oportunidad única” de inversión son los grupos armados irregulares. Un comerciante venezolano de oro explica que quienes se benefician del sudor y de la sangre de los mineros informales son especialmente quienes manejan divisas en efectivo. Quienes participan en la cadena de microtráfico y tráfico de drogas suelen ser importantes compradores justamente por eso.

“Eso está repartido de esta manera: el ELN [N. de R.: Ejército de Liberación Nacional, grupo insurgente de origen colombiano] cobra un impuesto a todos los mineros. De repente tendrá su comprador ahí, que no se lo toquen. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo te explico..? Una compañía, un molinero, el molino de martillo, una que muela pues, pam-pam-pam… Semanalmente, este molino de martillo tiene que pagarle un impuesto a la guerrilla del ELN o a la de las FARC [N. de R.: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo guerrillero oficialmente desmovilizado tras los Acuerdos de Paz pero del que algunos grupos disidentes siguen activos] y tiene que pagarle un impuesto también al comandante de la GNB. Aparte de eso, el comandante de la guardia llega con dólares y le compra a precio de gallina flaca al molinero”.

El pasadizo colombiano

A raíz de la decisión de los gobiernos de Aruba y Curazao, las dos islas, antes colonias neerlandesas, vecinas a las costas venezolanas que hoy son Estados soberanos, de bloquear el tránsito y la importación de oro proveniente del país suramericano, la ruta de Colombia se convirtió en una de las más usadas para sacar el mineral de Venezuela.

Solamente en el departamento colombiano de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, hay cerca de 200 trochas, pasos ilegales por donde transitan a diario miles de personas entre los dos países. No son pocas las suelas utilizadas para esconder una barra plana de oro o los cinturones en donde entran algunos gramos. Algo similar ocurre hasta con las naranjas: con frecuencia se ha descubierto que donde debe haber pulpa hay escondidos hasta 40 gramos de oro. También se suelen utilizar bloques de panela o papelón, los nombres que se le dan respectivamente en Colombia y Venezuela a la melaza de caña de azúcar cocida y solidificada.

“Puedes traer de 10, 20 a 25 gramos de oro en tu cuerpo por cada cruce”, contó un cargador de contrabando, o mula, en el argot de los traficantes, en 2019. Grupos irregulares, militares y policías están detrás del mineral. “Le quieren quitar a uno la mercancía para ellos apoderarse. Uno pierde todo y ellos se quedan con el oro”.

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Muchos de estos contrabandistas de oro, refugiados venezolanos entre ellos  -algunos reclutados por medio de amenazas-, llegan a locales de compraventa de oro. Uno muy conocido es el centro comercial Alejandría, en el centro de Cúcuta, la capital de Norte de Santander y nudo fundamental de las vías por las que transitan desde y, ahora, a Venezuela, los refugiados económicos. Antes de la pandemia, las calles alrededor estaban llenas de vendedores de cualquier producto contrabandeado a través de las trochas y de pregoneros de oro.

A la llegada de la pandemia y de su subsecuente cuarentena, el centro comercial Alejandría cerró sus puertas y se desató el caos. “La gente llama para averiguar precio, pero cómo viene si eso está cerrado y a la gente le da miedo venir por las trochas. Las trochas están militarizadas”, dice un comerciante que tuvo que cerrar su tienda por las restricciones de la cuarentena preventiva en Colombia, que entró en vigencia el 24 de marzo, diez días después de que el propio presidente, Iván Duque, ordenara cerrar los siete cruces oficiales de frontera.

Aunque las restricciones de frontera suelen aumentar el flujo sobre las trochas, eso no ha ocurrido durante la pandemia. El miedo al contagio, la militarización de ciertos caminos en ambos lados de la frontera y el aumento de cobros de vacunas por grupos irregulares disminuyeron el flujo y, con ello, el contrabando. La escasez de combustible en Venezuela, combinado con el disparo de precios de gasolina en el mercado negro, dificulta el acercamiento de la mercancía que, entretanto, se sigue produciendo en Venezuela.

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“El precio, obvio, se bajó. Para comprar y para la venta también”, agrega el vendedor de oro en Cúcuta. “El puro bajó bastante,” añade, refiriéndose al oro de 24 kilates, el de más alta calidad. Su precio: alrededor de 135.000 pesos colombianos, o 34 dólares, moneda que también se viene revalorizando en Colombia.

En otras oportunidades, cantidades mayores que las que transportan las mulas también cruzan hacia Colombia. A veces, sobre el paso oficial por el puente binacional Simón Bolívar, que cruza el río Táchira, las autoridades colombianas han incautado oro, aunque también puede que hagan la vista gorda al escuchar un nombre clave. Después de esto, el oro es llevado a Bogotá, Cali y Medellín, donde, luego de algunas tretas ilegales, es nacionalizado como oro colombiano antes de seguir su rumbo para compradores internacionales en Estados Unidos y Suiza, entre otros países.

Punto triple

Además de Brasil y Colombia, Guyana comparte con Venezuela una frontera porosa y selvática que se encuentra a pocos kilómetros de las minas de Bolívar. Los precios bajos del oro en Venezuela y la infraestructura de la industria de oro en Guyana se funden en una atractiva oportunidad económica.

“Es una oportunidad de compra perfecta en este lado, porque lo que conseguiste a través de los canales no oficiales escasamente se monitorea y entonces ¿por qué no? Cuanto más bajo sea el precio, mejor, porque el precio del oro se está disparando en los mercados (legales)”, razona Gabriel Lall, ex presidente de Guyana Gold Board, el ente estatal que administra el comercio de oro en Guyana.

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“Si realmente logras exprimir a alguien, puedes ganar 500 dólares por onza. Piensa en eso. Luego, simplemente hay que mezclarlo con el suministro (de oro) de su propia cadena y estarás listo. Quiero decir que se necesitará la persona más ética para resistir ese tipo de tentación, ese tipo de oportunidad. Y nuestro sector minero no es conocido por ningún tipo de ética”, asevera.

Ese jugo que se exprime es ese margen entre los ganadores y perdedores de esta trama circunstancial de la cuarentena, según explica una fuente de Maripa, en el oeste de Bolívar.

“Los compradores duros de oro de esta zona llegaron a ese acuerdo (de no comprar por un precio mayor). Esto, para evitar que los precios se disparen. Acá la inmensa mayoría se rige por el oro, no por el dólar. Ya que muchísima mercancía viene de Colombia o Brasil, allá pagan directamente con oro fundido. Acá es normal que todo comerciante tenga su peso de oro. Porque el oro, después de los bolívares en efectivo, es la segunda moneda”.

Yris Infante, comerciante en El Callao, apunta que en cualquier población del eje minero la relación es la misma. Allá el precio de la comida aumenta a la par del dólar y a una suerte de “inflación del oro”. Todo es más caro debido a su circulación casi exclusiva. Y, paradójicamente, el oro que venden representa para ellos cada vez menos en estos días.

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“Yo estoy en El Perú”, dice, en referencia a un sector de El Callao. “Allí se mueve bastante el oro. Económicamente ha pegado bastante. Estamos acostumbrados a resolver algo con una grama de oro y eso no te alcanza ni para la comida de una semana”. Vale decir que en estas zonas de extracción los precios de los alimentos son más caros que en el mercado común, al ser marcados con un añadido que asume que la economía local, además de recóndita, se sustenta en la comercialización del oro y, por tanto, tiene más recursos.

Es otra movida apenas en el mundo, no pocas veces cruento, del oro. Un mundo de grandes perdedores y de grandes ganadores, sobre todo. Pues, como sentencia Néstor López, “cuando pase esta plaga que azota al planeta entero, muchos de ellos van a sacar provecho. Quedarán multimillonarios”.

 

*Esta historia es parte del proyecto “Alerta Mercurio”, de InfoAmazonia en alianza con Armando.Info. Una investigación de un año sobre los impactos del uso de esta sustancia tóxica en la Amazonía, con el apoyo del IUCN National Committee of the Netherlands (IUCN NL) y el Rainforest Journalism Fund del Pulitzer Center on Crisis Reporting. 

Maduro legaliza la explotación de oro en seis ríos de Venezuela por Ymarú Rojas – ABC – 27 de Abril 2020

El régimen chavista busca otras fuentes de ingresos ante el derrumbe de la empresa petrolera y las sanciones económicas de EE.UU.

Las cuencas vitales para la Amazonía siguen siendo exprimidas y transgredidas por el régimen de Nicolás Maduro. La amenaza a la biodiversidad de Venezuela ha sido indetenible y ha puesto en riesgo también a la población, conformada por más de 54.000 indígenas; a la fauna y flora que ahí habita. El 8 de abril, el Gobierno chavista declaró seis ríos del estado Bolívar (sur) aptos para la explotación de oro y diamante dentro del proyecto del Arco Minero, que se ha traducido además en un proyecto ecocida desde 2016 cuando se aprobó desde Miraflores la actividad minera, denunciada por los pobladores, por organizaciones ambientalistas y rechazada por la Asamblea Nacional que dirige el presidente interino Juan Guaidó, por ser ilegal y perjudicial.

A mediados del año pasado, Maduro anunció el Plan de Minería 2019-2025 para posicionar las fortalezas y potencialidades de la actividad minera «como eje impulsor» de la economía del país y como alternativa a las reducidas entradas económicas del mercado petrolero. Para entonces, el líder chavista hablaba de que Venezuela tenía que convertirse en una potencia minera con su nocivo proyecto al cual definía paradójicamente como ecológico. El plan tiene como finalidad generar una entrada de 33.000 millones de euros, gracias a la exploración y explotación de 13 minerales, entre ellos el oro, diamante, bauxita, hierro, níquel, feldespato y fosfato, con alianzas de empresas nacionales e internacionales.

Según el régimen venezolano, solo en oro se podrían extraer 2.236 toneladas que representa unos 94 mil millones de euros

El Arco Minero contempla una zona de 111.000 kilómetros cuadrados, equivalente a 12,2% del territorio venezolano, mayor a la superficie de Portugal. Según el régimen venezolano, solo en oro se podrían extraer 2.236 toneladas que representa unos 94 mil millones de euros. El país es la quinta reserva de oro en el mundo, y Maduro aspira que llegue al primer lugar.

Maduro dijo en junio de 2019 que con ese dinero se invertirá en la educación, en la salud, alimentación, construcción de viviendas y servicios del pueblo; pero Guaidó denunció el martes pasado que el chavismo usa la minería ilegal para financiar el régimen, mientras está en bancarrota y al que muchos países les han dado la espalda, principalmente Estados Unidos, que recién denunció que desde Caracas se opera una red de narcotráfico.

Un grupo de personas extraen ilegalmente oro en el Estado Bolívar
Un grupo de personas extraen ilegalmente oro en el Estado Bolívar – Reuters

«La mina es muerte»

El régimen ha girado la válvula permitiendo el crimen en la zona. Que haya declarado aptos los ríos Caura, Cuchivero, Aro, Yuruarí, Cuyuní y Caroní significa que la violencia seguirá reinando, porque el Arco Minero del Orinoco, además de haberse convertido en el epicentro de la destrucción ambiental, ha servido para que los «sindicatos» (mafias) se instalen a sus anchas en el estado Bolívar donde también han tenido amplia participación y control los grupos guerrilleros como el ELN, amparados por las Fuerzas Armadas venezolanas. El régimen por su parte solo se ha limitado a decir que la actividad «es sustentable, conserva la diversidad ambiental y respeta a las comunidades indígenas que hacen vida en estas zonas».

Los pavorosos daños que ha ocasionado el Arco Minero a la región han sido denunciados y también fotografiados por la periodista Arianna Arteaga, quien ha impulsado el turismo venezolano junto a su madre, la periodista y viajera, Valentina Quintero. «Lo más doloroso de ver esto desde el aire y registrarlo, es haber conocido todos estos lugares cuando eran prístinos, magníficos, cuando eran puro potencial para la visita amable, respetuosa de la naturaleza. Saber que han muerto entre las fauces de la mina, quién sabe cuántos pemones que alguna vez vivieron plenamente con el trabajo que daba el turismo. Esto no es solo un ecocidio, esto es un crimen social, cultural y un duro golpe a los derechos humanos no solo de los indígenas de la zona, también de todos los venezolanos y de la humanidad entera. Si el agua es vida, la mina es muerte», respondió Arteaga a ABC.

La diputada María Gabriela Hernández del Castillo, presidenta de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional aseguró a ABC que el dragado en los ríos implica «contaminar con mercurio, y otros que podemos estar desconociendo, pero el mercurio es veneno para la vida, y significa contaminar las aguas y toda especie viviente alrededor. De todas las actividades depredadoras que ha autorizado el Gobierno en parques nacionales esta es la más dañina porque afecta directamente los cauces de seis ríos importantísimos de la región».

El ecocidio provoca, además del envenenamiento de las aguas, «la deforestación y el convertimiento de los ríos en desiertos. Esto ocasiona también el desvío de los cauces que pueden ocasionar desbordamientos e inundaciones, e incluso la inutilidad de la represa del Guri (hidroeléctrica más grande del país) que proporciona el 70% de la energía a Venezuela», explicó Hernández. La actividad minera patrocinada por el chavismo ha afectado igualmente a las comunidades indígenas Pemón, Yekuana, Sanema, Yanomami y Jivi que pueblan sus riberas, consumen sus peces y beben sus aguas.

 

Canaima el paraíso envenenado por el oro por Lisseth Boon y Lorena Meléndez G. – RunRunes –

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A tan solo 23 kilómetros del famoso Salto Ángel, la caída de agua más alta del planeta que inspiró a la película Up, hay al menos una veintena de balsas mineras y un yacimiento de oro a cielo abierto a donde acuden a diario cientos de indígenas a trabajar.

Tras un recorrido aéreo y más de 30 horas de navegación fluvial, Runrun.escomprobó en directo cómo trabajan los mineros del Parque Nacional Canaima, un territorio que la Unesco declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad y que desde el año pasado está en “alerta naranja” como consecuencia del extractivismo y su acción devastadora en el ambiente y sus pobladores.

En Canaima, los yacimientos son controlados por sus propios habitantes originarios: los pemones, quienes empujados por el desplome del turismo se han dedicado a la minería ilegal para subsistir.

El oro extraído de este paisaje milenario sale a bordo de avionetas turísticas, cuyo propietario es un empresario local a quien el Ministerio Público venezolano señala como miembro de una red de contrabandistas que traslada el mineral desde Venezuela hasta islas del Caribe.

Ese mismo personaje está vinculado a una posada de lujo dentro del parque en donde, según los pemones, se fraguó el ataque armado ordenado por Nicolás Maduro del 8 de diciembre de 2018 “para acabar con la minería”, un hecho que cambió por completo a Canaima y sus habitantes.

La extracción de oro en Canaima cuenta con el aval de organizaciones indígenas que, de acuerdo con fuentes consultadas, surgió en el último lustro para organizar la actividad minera.

La minería trae consigo la contaminación con mercurio de las aguas, fauna y población indígena, además de la deforestación de la selva y sedimentación del río Carrao, un afluente del ya contaminado río Caroní que desemboca en el Embalse de Guri, donde se genera 85% de la electricidad de un país que atraviesa una grave emergencia de energía.

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Un inesperado golpe sacó de su cauce a la curiara que de noche surcaba el río Carrao, en las riberas del Auyantepui, en pleno corazón del Parque Nacional Canaima, al sur de Venezuela. Por la rotunda oscuridad, ninguno de sus tripulantes pudo advertir contra qué chocó la angosta embarcación hasta casi hacerla naufragar. Salvo el “motorista” y “el proero” de la barca, veteranos indígenas de la etnia pemón, nadie supo en un primer momento cuál había sido el obstáculo: un artificial montículo de arena, de los que abundan en el río desde que se multiplicaron los buscadores de oro bajo sus aguas oscuras.

En la penumbra, unas luces que se apagaron por completo tras el ronroneo del motor forastero anunciaban la proximidad de las minas a cielo abierto y aguas adentro que abundan en el sector Arenal del río Carrao. Al desembarcar, el campamento tradicionalmente destinado a los turistas estaba a oscuras y ocupado por mujeres indígenas, quienes son las encargadas de preparar la comida y lavar la ropa a los mineros de los alrededores. Con prisa, abandonaron el lugar apenas llegaron los visitantes, para quienes  fue imperativo encapsularse en chinchorros con mosquiteros después de cenar y así evitar el contagio de la malaria, uno de los males endémicos de la explotación aurífera. No sólo el croar de los sapos arrulló el sueño  de los viajeros: también el traqueteo de las máquinas que a lo lejos procesaban el oro extraído de los arenosos fondos del Carrao, frente al impetuoso Wey Tepui o tepui del Sol.

En el sector occidental del P.N Canaima existe el acuerdo entre los pemones, habitantes originarios de esas tierras ancestrales,  de trabajar las minas sólo durante la noche, lejos de la vista de los cada vez menos frecuentes turistas que visitan este reservorio, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 1994. Pero no hay manera de ocultar la destrucción: a la luz del día, siguen imperturbables los bidones de gasolina en las orillas y las llamadas balsas, embarcaciones techadas que no sirven para navegar sino flotar y extraer el oro con máquinas del lecho del río.

Durante un recorrido fluvial de unas 36 horas en el Parque Nacional Canaima, Runrunes contó 21 balsas activas: una en la desembocadura del río Akanan, cinco a lo largo de las aguas del Carrao y 14 sólo en el sector Arenal, dispuestas sin mayor orden como parte del paisaje milenario. Las embarcaciones no son las únicas  evidencias de minería: también, a lo largo del trayecto, es necesario evitar que la curiara se enrede con los “puntos” que flotan en la superficie, que no son más que boyas hechas con mecates y botellas de plástico que sirven para ubicar una veta dorada próxima a ser explotada.

“Si siguen sacando oro así, el Carrao va a terminar como el Caroní, a la altura del (campamento) Arekuna, que ahora está todo marrón por la cantidad de balsas que hay allí”, se lamenta R.C, un veterano operador turístico de Canaima, rotundo crítico de la extracción aurífera, mientras observa contrariado la suave estela que deja la curiara sobre  las aguas color caramelo, color río Carrao, el mismo que otrora tuviera el nacimiento del Caroní, el segundo río más importante de Venezuela, hoy en día revuelto por las minas.

Desde la avioneta, minutos antes de aterrizar en el pequeño aeropuerto de Canaima, es posible advertir los estragos de la minería que carcome los límites, en teoría sagrados, del parque nacional, decretado el 16 de junio de 1962 bajo el gobierno del expresidente venezolano Rómulo Betancourt. En este costado del reino de los tepuyes, esas altiplanicies macizas únicas en el planeta, a la que rodean bosques, sabanas, cursos y saltos de agua, contrastan, cual dentelladas a orillas del río Caroní, los bancos artificiales de arena y lagunas color verde radioactivo que supuran del mercurio utilizado para separar el oro de la arena.

Ni el sagrado Auyantepui se ha librado de la fiebre del oro. La búsqueda de un mítico “río dorado” fue la verdadera razón por la que el piloto norteamericano Jimmy Angel (1899-1956) organizó una expedición con el capitán venezolano Félix Cardona Puig para sobrevolar el tepui en forma de corazón el 21 de mayo de 1937. Ese día, aterrizaron estrepitosamente sobre la cima y tuvieron que volver al campamento base caminando durante 11 días por la selva, una hazaña que alimentó su leyenda.  El aviador nunca encontró minas en Canaima pero en su honor, el Ministerio de Fomento de la época bautizó al icónico salto de Venezuela con su nombre dos años después.

Sin turismo

A orillas del Carrao, un  hombre con el torso desnudo y quijada desafiante  manotea el aire cuando advierte el gesto de los clicks de celulares y cámaras desde las curiaras. Allí nadie quiere fotos, mucho menos preguntas de los pocos  foráneos que se pasean por estas riberas en época de verano, como se identifican a los meses sin lluvia en Venezuela.

En esta zona en particular, la desconfianza de los mineros pemones hacia los extraños pesa como una guaya. Más aún después del asalto de diciembre de 2018 que tuvo lugar en el sector Arenal a cargo de agentes encubiertos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar  (Dgcim), en el que asesinaron a un indígena vecino de Canaima y dejaron otros dos heridos. Un evento que produjo una conmoción en toda la comunidad pemona y trascendió hasta el Palacio de Miraflores, sede del gobierno nacional en Caracas.

Que los indígenas pemones, habitantes ancestrales de las tierras donde fue demarcado Canaima, son los que están sacando oro de los ríos y terrenos a cielo abierto es una realidad que muchos prefieren dejar correr. Los que se han atrevido, resultan ignorados o atacados. Tal fue el caso de la  periodista especializada en turismo Valentina Quintero, cuya denuncia sobre la explotación del Campo Carrao en noviembre de 2018 le valió que el Consejo de Caciques Generales, instancia política indígena creada a raíz del auge minero, la declarara “persona non grata”.

En una reunión celebrada 4 de junio de 2019, los ministros de Desarrollo Minero Ecológico y de Pueblos Indígenas junto con 15 caciques del municipio Gran Sabana del estado Bolívar, donde se ubica Canaima,  reiteraron que el gobierno protegerá a los parques nacionales de la actividad minera destacando el objetivo del Arco Minero del Orinoco, el megaproyecto de minería que abarca 111.843,70 kilómetros cuadrados, equivalente a 12,2% del territorio nacional. Pero no asomaron que los indígenas también la practican.

Runrunes comprobó in situ que no sólo se practica minería en los linderos de Canaima: también dentro del parque hay balsas dragando oro y una mina a cielo abierto, Campo Carrao, a tan sólo 23 kilómetros del Auyantepui, donde nace el Salto Ángel o Kerepacupai  Vena (su nombre en lengua pemón), la única caída de agua de 1.000 metros, la más alta del planeta.

Un oro extraído de las aguas y suelos del mismísimo paraíso que no solo es canjeado como moneda común dentro del parque, sino que también sería traficado fuera del país como parte de una red de contrabando. En agosto de 2019, el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, dictó una orden de captura contra un empresario turístico, propietario de posadas de la región, por transportar en las avionetas de su empresa toneladas de metal rumbo a las islas del Caribe.

Este reportaje fue realizado mediante una cobertura encubierta por las riberas del río Carrao y el Auyantepui con el propósito de registrar los procedimientos de una práctica ilegal en una zona declarada Patrimonio Natural de la Humanidad no ajena al crimen organizado. Fue imperativa la protección de la identidad de los involucrados consultados.

Como parte del trabajo de campo en el Parque Nacional Canaima, se realizaron más de 20 entrevistas a biólogos, abogados ambientalistas, indígenas habitantes de las comunidades, operadores de turismo, geólogos, ingenieros de minas y periodistas.  La cobertura en el sitio fue contrastada con el análisis de imágenes satelitales.

Se enviaron solicitudes de entrevista a los representantes de los ministerios de Desarrollo Minero Ecológico, Pueblos Indígenas, Ecosocialismo y Turismo con competencia en el tema de la minería ilegal en parques nacionales de Venezuela.  Hasta el cierre de este esta edición, no se pudo conocer la posición oficial sobre las evidencias de la minería en Canaima.

 

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La evidencia de cómo se está traficando el oro de Canaima la ventiló el propio gobierno de Nicolás Maduro. El 16 de agosto de 2019, el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, anunció la orden de captura y de extradición contra César Leonel Dias González, empresario de 47 años de edad vinculado a media docena de empresas turísticas en el estado Bolívar entre las que se encuentra el controversial hotel Ara Merú Lodge, que funciona dentro del parque nacional y que albergó a quienes perpetraron la “Operación Tepuy Protector” el pasado 8 de diciembre de 2018, un ataque ejecutado por la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que dejó un muerto y dos heridos. Todos pemones.

Para saber qué es Ara Merú Lodge, no hace falta volar hasta Canaima. El que se oferta como un hotel cinco estrellas “en medio de la selva” se exhibe en gigantografías a lo largo de la autopista Francisco Fajardo que atraviesa Caracas. También, sus comerciales saturan los circuitos radiales en un país de economía postrada, donde un trabajador venezolano necesitaría ahorrar 250 salarios mínimos ($6) para pagar los 1.500 dólares promedio que cuesta un fin de semana para dos personas en el parque nacional.

No es la primera vez que Dias González ha sido vinculado con el tráfico de oro. En junio de 2018 fue incluido en la lista de la “Operación Manos de Metal”, anunciada por el exvicepresidente Tareck El Aissami para desmontar  las supuestas mafias que contrabandean material aurífero en el estado Bolívar. El nombre del empresario se encontraba entre las 39 personas con orden de aprehensión por parte del  Ministerio Público, según dijo el fiscal Saab días después.

Un año y dos meses más tarde, Dias volvió a ser identificado por el gobierno como miembro de una red dedicada al tráfico de oro desde Venezuela hacia islas del Caribe como República Dominicana, Aruba, Curazao y Trinidad. Esta vez, se le vinculó a Michel Enrique Jerez Córdoba (piloto privado) y a Roberto Antonio Espejo Machado, etiquetado por el fiscal designado por la anc como el líder de una banda criminal, quien también es buscado por la “Operación Manos de Metal” por los delitos de robo de material estratégico y contrabando agravado.

Por el caso de comercio ilícito de oro en República Dominicana, el  Ministerio Público de Venezuela solicitó el 16 de agosto pasado una orden de captura con fines de extradición contra Dias González, Espejo Camacho y otros seis venezolanos, además de ordenar la incautación de cuatro aeronaves y el bloqueo de instrumentos bancarios.

MinPublicoVE@MinpublicoVE

Tarek William Saab: También se determinó la vinculación de César Dias González, representante legal de Transportes Aéreos del Sur y dueña de 2 aeronaves utilizadas habitualmente por Michael Jérez y Roberto Espejo para viajar a República Dominicana a comercializar el oro

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Tarek William Saab: Se estableció que Cesar Dias González realizó múltiples viajes hacia Dominica, Curazao y otras islas del Caribe, destinos considerados como parte de la ruta de contrabando de nuestro recurso aurífero

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Tarek William Saab: También se solicitó orden de aprehensión contra César Dias González, Roberto Espejo y los 6 venezolanos detenidos en República Dominicana; así como prohibición de enajenar y gravar bienes, además del bloqueo e inmovilización de instrumentos bancarios

Pero hasta la fecha, ese pedido de extradición no ha llegado a Santo Domingo, confirmó la Procuraduría General de República Dominicana. Entre ambos países existe un Convenio de Asistencia Mutua en Materia Penal suscrito el 31 de enero de 1997.

En Canaima, trabajadores y habitantes de la comunidad comentaron a Runrun.es que Dias González no se ha dejado ver por los predios del parque nacional desde que Saab anunció la orden de captura y extradición de los traficantes de oro. Confirman que, desde el extranjero, el empresario que suele supervisar directamente el funcionamiento de las empresas locales, se comunica con los empleados de Ara Merú Lodge y Uruyen Camp, ubicado en el valle de Kamarata, para dictar instrucciones.

Tres meses después de la denuncia de la fiscalía, surgió una nueva pista sobre su paradero: el 10 de noviembre, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano aprobó la solicitud de extradición ante el Reino de España de Dias González, quien fuera detenido en Madrid el 17 de septiembre pasado por solicitud del gobierno venezolano, un hecho desconocido para la Embajada española en Caracas. El empresario habría escapado de República Dominicana, donde las autoridades detuvieron a tres de sus socios (Jonathan Luciano del Valle Mata Figueroa, Esthela Gómez de Rodríguez y Claudio Alejandro Di Génova Fistarol) cuando pretendían viajar desde la isla caribeña hasta Barcelona, estado Anzoátegui (al noreste venezolano), en un avión privado con $1.378.000 en efectivo producto de la venta de oro.

En Canaima son unánimes las impresiones que se recogen sobre Ara Merú Lodge, cuyo despliegue de proporciones y servicios contrastan con las instalaciones y el diseño de otros campamentos que se compenetran con el paradisíaco entorno natural. Sonrisas ladeadas  o cejas levantadas aparecen ante la pregunta de quién está detrás de esta edificación levantada en tiempo récord, sin estudios de impacto ambiental conocidos ni autorización del Instituto Nacional de Parques, Inparques, adscrito al llamado Ministerio de Ecosocialismo.

También es todo un misterio el origen de su promotor. Poco se sabe de la trayectoria gerencial de César Dias antes de convertirse en el pujante empresario de turismo que inauguró Ara Merú Lodge en 2017. Aterrizó literalmente al sur del estado Bolívar para abrir empresas en un área natural protegida, para lo que se requiere la permiso de Inparques y la alianza con al menos un representante del pueblo pemón, que habita en Canaima desde tiempos ancestrales.

Tampoco se conoce el origen del capital de este emprendedor  de 47 años, quien está registrado en el centro electoral Beatriz de Rodríguez en Ortiz, estado Guárico, el mismo donde vota Michael Enrique Jeréz Córdoba, otro de sus supuestos  socios en la red de contrabando de oro que ventiló el Ministerio Público venezolano.

Runrun.es intentó comunicarse con César Dias para obtener su versión, pero no obtuvo respuesta.

El hotel  y “sus maravillas”

Cuando se pregunta en los alrededores de la Laguna de Canaima quién es el dueño de Ara Merú Lodge, la respuesta es inequívoca: César Dias. Al empresario (cuyo apellido ha sido escrito en la prensa como Díaz, con la letra zeta) también se le adjudica la propiedad de otras empresas: Uruyen Camp (valle de Kamarata, Canaima);  Campamento Waká Vená (frente al Salto Hacha en Canaima, aún en construcción); Hotel Gran Sabana (Santa Elena de Uairén, en la frontera con Brasil) y Posada Mediterránea (en el Archipiélago Los Roques). No sólo en Caracas: sus enormes vallas publicitarias dominan los muros externos del aeropuerto internacional Carlos Manuel Piar, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, y sus anuncios suenan con insistencia en las emisoras  comerciales de esa misma entidad.

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1) L A V A D O || El Fiscal Usurpador hace este anuncio en donde se involucra a César Díaz, dueño de varios campamentos turísticos de lujo que en menos de 2 años construyó de manera irregular. Abro hilo… https://unionradio.net/mp-desmantelo-banda-que-traficaba-oro-a-republica-dominicana/  @jguaido @Watcher_Ven

MP desmanteló banda que traficaba oro a República Dominicana – Unión Radio

CARACAS.- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público (MP), desmanteló una banda que se dedicaba al contrabando del oro venezolano hacia República…

unionradio.net

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2) G L A M P I N G | en menos de dos años este señor se apropió y construyó estos hoteles y campamentos en Parques Nacionales: En Canaima Ara Meru, Hotel Gran Sabana y Uruyen Camp. En Los Roques, La Posada Mediterráneo. Quién lava dinero a través de este testaferro?

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En la única empresa donde aparece propietario de 80% de las acciones es Transporte Aéreo del Sur, Transur C.A, firma por la cual el Ministerio Público enlaza a Dias como partícipe de la red de contrabando de oro.

Con la excepción de Transur C.A, Dias no aparece como dueño de esas cuatro empresas en los expedientes mercantiles tanto de Bolívar como de Caracas. Pero hay elementos que las vinculan. Por ejemplo, Joseph Rodríguez Sousa, presidente de Transur, es a la vez accionista de Uruyen Camp, creada en 2018. Tanto José Luis Hernández Santana como Claudio Alberto Monasterios González son socios de Posada Turística Ara Merú Lodge C.A y al mismo tiempo del Hotel Gran Sabana. Monasterios González es presidente de Paca Trading, una sociedad panameña en cuyo directorio también figuran José Alberto Monasterios y María Concepción González Gómez, quien es una de las propietarias de Inversiones CLD 2012 C.A (empresa con 60% de las acciones de Ara Merú Lodge) y al mismo tiempo directora  de CD Holdings, firma domiciliada en Panamá de la cual César Leonel Dias González es presidente y director.

Por su parte, Fernando Tarazona, quien funge de vicepresidente de Transur C.A, es identificado por la prensa como propietario de Ara Merú Lodge C.A.

A Dias González también le adjudican la propiedad de la Posada Mediterráneo en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques. Abierta en 2009, ha recibido a distinguidos huéspedes como el jugador de la Vinotinto, Tomás Rincón, quien celebró su matrimonio en sus instalaciones. Hoy la gerencia su hermana Alejandra Dias Dávila, que asistió a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de España en 2018 para promover las empresas de su hermano en el stand de Venezuela en el Institución Ferial de Madrid (Ifema).

Dias Dávila, quien también es cara pública de Ara Merú Lodge, describe a su hermano mayor como “un soñador, emprendedor y curioso”. En una entrevista de la revista Etiqueta del 13 de agosto de 2017, que identifica a César Dias como dueño del hotel cinco estrellas, Alejandra afirma que “todo inició con un sueño de su hermano, César, que se enamoró del Parque Nacional Canaima cuando lo visitó por primera vez”. En carnavales de 2017 lo estrenaron comercialmente y en enero de 2018 abrió al público .

Ara Meru Lodge fue presentada oficialmente en la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven) 2016, celebrada en la isla de Margarita en noviembre de ese año de la mano del Grupo Maloka, según reporta la cuenta Instagram de Posada Mediterráneo de Los Roques.

Las compras previas a la apertura de Ara Merú Lodge hablan de la magnitud de la obra. Sólo en mayo de 2016, la empresa importó 6,8 toneladas de mercancía, equivalentes a  75.853 dólares, distribuidos en muebles ($33.165), maquinaria ($20.748), alfombras, vidrio y manufacturas ($16.523), según la base de datos de comercio internacional Importgenius.

Como piedras bajo el río

La gestación de Ara Merú Lodge comenzó mucho antes de su presentación formal en la Fitven de 2016. Fue inscrita en el registro mercantil el 3 de julio de 2013, cuatro meses después de que Nicolás Maduro asumiera la presidencia y pocos meses antes de que se formalizaran  las denuncias sobre la minería en Canaima.

El expediente mercantil de la Posada Turística Ara Meru Lodge C.A es uno de los documentos más vigilados del Registro Mercantil II del estado Bolívar,  ubicado en su capital, Ciudad Bolívar. Contrario a la accesibilidad y libre consulta de sus archivos como establece la Ley de Registros y del Notariado, la carpeta con los papeles originarios de esta firma en particular son celosamente guardados. Los funcionarios afirmaron que “había desaparecido” tras la interrupción del sistema de consulta que se extendió varias semanas de octubre.

De ese documento se desprende que la empresa fue registrada con un capital de Bs. 2 millones, equivalentes a 198.020 dólares americanos, de acuerdo con el cambio oficial de julio de 2013 (tasa del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas, SICAD).

Su composición accionaria es peculiar. La mayoría de las acciones (60%) pertenece a Inversiones CLD 2012 CA, registrada en Los Teques, a unos 1.100 kilómetros de distancia del Parque Nacional Canaima, donde se encuentra la sede de Ara Merú Lodge. El dueño de esta firma (que lleva las iniciales de Cesar Leonel Dias) es Claudio Alberto Monasterios González, quien a su vez es propietario de 51% de las acciones del Hotel Gran Sabana y también vota en el mismo centro electoral que Dias González.

El segundo socio mayoritario de Ara Merú es José Luis Hernández Santana, dueño de 9% de las acciones de Hotel Gran Sabana, ubicado en la frontera con Brasil. También posee la empresa Orinoco Airlines en Hialeah, estado de Florida, Estados Unidos.

El resto de las acciones de Ara Merú Lodge se distribuyen de la siguiente manera: Rosmary Eugenia Sulbarán Sulbarán y Darío Ramón González (ambos indígenas pemones) con 10% de las acciones respectivamente, mientras que Charlie Alexander Rivas Manrique (también pemón) tiene en su haber 5% de las acciones.

Avionetas doradas

En cuestión de seis años, Dias González ha armado una red de empresas no solo en diferentes ciudades de Venezuela sino también en Estados Unidos, Panamá y Colombia cuyo objeto social es diverso: desde materiales de la construcción, mantenimiento de vehículos hasta servicios turísticos.

En su denuncia de agosto, Saab no sólo dijo que los involucrados son representantes legales de múltiples empresas relacionadas entre sí en todo el país, que son usadas como fachadas para legitimar los capitales obtenidos de los actos ilícitos. También apuntó directo a la empresa de Dias González que lo liga a la red delictiva: Transporte Aéreo del Sur, propietaria de las avionetas utilizadas para realizar los  trámites ilícitos. Con ellas habría realizado múltiples viajes a República Dominicana, Curazao, Aruba y Trinidad, islas que forman parte de la ruta de contrabando  de oro.

Este es el post que publicó Transportes Aéreos del Sur, Transur C.A en su perfil de Facebook luego de que Tarek William Saab acusase al propietario de la empresa, César Dias, de formar parte de una red de  contrabando de oro. Foto: captura página de Facebook

Las avionetas de Transur llevan el logo de Ara Merú Lodge estampado en la parte delantera del fuselaje y es común verlas en las pistas de los aeropuertos de Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, desde donde suelen despegar los vuelos que llevan turistas hasta Canaima. Sin embargo, en los últimos meses, el destino de estas aeronaves cambió. Un operador turístico confirmó que las avionetas Cessna 206, como las de la flota de la aerolínea, habían dejado de cubrir las rutas turísticas para dedicarse a llevar alimentos, máquinas e implementos hacia las zonas mineras.

De acuerdo con el expediente mercantil de la compañía, Dias González es el propietario de 80% de las acciones de Transur, aunque no aparezca en la junta directiva de la misma. En su lugar están Joseph Rodríguez Sousa, como presidente y Fernando Eduardo Tarazona Prada, en la silla de vicepresidente. Los tres conformaron la empresa en Caracas en enero de 2019, con sede en la Torre América de la avenida Venezuela de Bello Monte, municipio Baruta. En marzo pasado cambiaron la ubicación al Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar, en Puerto Ordaz, en cuya pista se pueden ver las avionetas.

El documento de Transur señala que la empresa está encargada de la “reparación, instalación, mantenimiento, implantación e instalación de todo lo relacionado a aeronaves, aviones, importación y venta de repuestos aeronáuticos, así como cualquier otro relacionado a esta área, incluyendo cualquier tipo de transporte, entre ellos, transporte de carga, transporte de pasajeros, correo, transporte ejecutivo, nacional e internacional, afiliarse a la Organización de Mantenimiento Aeronáutico (OMA)”. También, tiene a su cargo “comercializar, importar, exportar, comprar, vender, cualquier tipo de materiales, suministros, materias primas, equipos, productos y maquinarias relacionadas al área. Del igual manera la compañía (podrá) asociarse a otras empresas nacionales o extranjeras para realizar cualquier tipo de actividad de lícito comercio”.

El capital con el que se constituyó la aerolínea fue de Bs. 17.054.370 (equivalentes a $5.175, según el cambio del día registrado por el Banco Central de Venezuela). Lo más costoso de su inventario son nueve computadoras, dos aires acondicionados y dos carros Kawasaki Mule. No hay aeronaves dentro de los bienes registrados en el documento. Una avioneta Cessna 206 usada, como las que integran la flota de Transur, cuesta alrededor de 200 mil dólares en el mercado internacional.

Transur sucedió a la empresa Corporación Aérea del Sur (Corasur), envuelta en el accidente de una avioneta que se estrelló contra el Auyantepui en septiembre de 2018, en el cual perdieron la vida cuatro pasajeros (dos niños y dos adultos), todos miembros de una familia  y el piloto Ángel Larrode, quien había sido suspendido por el Instituto Nacional de Aeronáutica (Inac) por falsificar horas de vuelo para obtener una habilitación adicional, según El Cooperante.

La avioneta siniestrada formaba parte de la flota de Corasur, que fue certificada como empresa de taxi aéreo por el Inac de forma express a comienzos de 2018.  Su propietario, Fernando Tarazona, “dueño de Ara Merú Lodge” según identifica la prensa,  habría invertido unos tres millones de dólares en las instalaciones de la compañía en el aeropuerto internacional Carlos Manuel Piar en Puerto Ordaz, de acuerdo a fuentes regionales .

La misma página Facebook de Transur, creada el 26 de marzo de 2018,  da cuenta del cambio de nombre: de Corporación Aérea del Sur pasó a llamarse Transporte Aéreo del Sur.

Otros turismos

César Dias también tiene una empresa registrada en Colombia, específicamente en Cúcuta: Inversiones Servifrontera SAS, creada el 24 de agosto de 2015 cuya matrícula está inactiva en la actualidad según el expediente de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Dias González funge de gerente general de esta firma que tiene entre sus funciones “mantenimiento y reparación de vehículos automotores, comercio de partes, autopartes y accesorios para vehículos automotores y comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos”. Nada relacionado con turismo.

Una de las últimas operaciones financieras hechas por Dias González fue la apertura de una compañía en Panamá llamada CD Holdings S.A, el 24 de junio de 2019. De acuerdo con la web Open Corporates, el empresario ocupa allí los cargos de director, presidente, tesorero, apoderado y suscriptor. Solo tres nombres más integran la sociedad: el de José Alberto Monasterios (secretario, director y suscriptor), el de María Concepción González Gómez (directora) y el de Tamara Michelle Vélez Herrera (agente).

Monasterios y González Gómez, accionistas de Ara Merú, también son socios en Paca Trading S.A., otra sociedad panameña creada en diciembre de 2017.

El directorio Open Corporates también arrojó que Dias González había registrado otra empresa en Sunrise, en Florida de Estados Unidos, en noviembre de 2016: Unimark LLC, actualmente inactiva.

A juzgar por lo que declaró Saab en ocasión de la denuncia del 16 de agosto, el gobierno de Maduro está claro de lo que significa el tráfico de oro. Si bien Saab no mencionó a Canaima, sí resaltó los estragos de la explotación y comercio ilícito. Lo calificó como actividad criminal de altísima gravedad, que daña la economía del país y busca destruirla “a nivel inimaginable.  Aseveró que “es comparable a los peores delitos, crímenes de lesa humanidad y tráfico de drogas. Está controlado por mafiosos que disfrazan su actividad ilícita mediante empresas de maletín. Un flagelo que hace daño al pueblo de Venezuela.

Pero todas estas acciones del gobierno de Maduro para combatir el tráfico de oro en el fondo no persiguen aplicar justicia, conservar el ambiente ni erradicar la minería del parque nacional, considera el diputado a la Asamblea Nacional, Américo de Grazia, consecuente crítico de la gestión minera y su correspondiente violación de derechos humanos en el estado Bolívar.

“Quizás detrás de este empresario de Canaima, ahora acusado de contrabando de oro, estaba algún operador como el exgobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez o el actual Justo Noguera Pietri, grupos de poder que pretenden desplazar a otros para controlar el negocio minero. Sigue el patrón de la operación Manos de Metal ejecutada en 2018. No hay reglas en el mercado del crimen”.

Arnoldo José Gabaldón: “Si no conseguimos el camino, Venezuela pasará 100 años a la cola de América Latina” por Hugo Prieto – ProDaVinci – 22 de Marzo 2020


Un grupo de venezolanos, de amplia experiencia y calificación profesional, se reunió en la sede de la Universidad Metropolitana para discutir un documento*, en el que se plantean los retos para superar la difícil situación por la que atraviesa la región de Guayana. La severa caída de la generación eléctrica del río Caroní y la paralización total de las industrias básicas (acero y aluminio) son parte de un panorama tan desolador como apremiante. Lo que está en riesgo es un proyecto de desarrollo único en América Latina, cuyos logros tangibles son demostrables y hablan por sí solos.

El Grupo Orinoco, al cual pertenece Arnoldo José Gabaldón, ingeniero Civil especializado en ingeniería hidráulica, exministro del Ambiente y expresidente de la Copre, traza un recorrido por lo que sin duda ha sido la propuesta más ambiciosa de Venezuela en la segunda mitad del siglo XX. Había gerencia, ambición política y determinación para aunar esfuerzos y crear una institucionalidad que le permitió al país sacar provecho de los ingentes recursos de una región que, a cambio, anteponía difíciles condiciones para acometer una empresa de esa envergadura. Desde el elusivo mito de El Dorado hasta las selvas impenetrables plagadas de malaria, pasando por una diversidad climática y ecológica que en sí misma es una ecuación de enorme complejidad.

Gabaldón ha puesto miras a mediano y largo plazo. El encuentro en la Unimet no será ni el primero ni el último, porque de lo que se trata es de convocar a quienes tienen algo que decir, a los dolientes de Guayana, para seguir depurando una propuesta que goce del más amplio consenso en el país.

Ustedes advierten un hecho alarmante: la reducción de más del 50 por ciento en la generación de energía hidroeléctrica en Guayana. ¿A qué atribuye esa reducción tan marcada?

No ha habido un mantenimiento efectivo de las turbinas en los embalses (Guri y Macagua II). Por eso hay una serie de generadores paralizados. Lo que ocurre es que la demanda eléctrica del país ha caído a los mismos niveles que teníamos en 1999. Entonces, no se nota tanto esa reducción de la capacidad de generación y del aprovechamiento del río Caroní. Pero esa es la realidad. Además, hay otra circunstancia, al no tener esa capacidad de generación, que se encuentra muy por debajo de la capacidad instalada, se aplicaron racionamientos y cortes masivos del servicio eléctrico. Eso también afectó todo el consumo eléctrico (industria, comercio, hogares).

Ustedes proponen que se detenga de inmediato el Arco Minero del Orinoco. ¿Quizás porque es un proyecto meramente extractivista?  

Porque es un proyecto delincuencial, que cayó en manos de una burocracia delincuente, asociada con la mafia internacional, con los pranes. Y las fuerzas armadas también están metidas en eso. De manera que no hay forma de rescatarlo. Pensamos que hay que reformular una economía minera, porque en la región hay vocación para eso. Pero tendría que ser bajo otras modalidades.

¿Cuál es el impacto que tiene el Arco Minero en la configuración geográfica y ecológica de Guayana?

En las áreas de explotación a cielo abierto eso está produciendo unos impactos terribles. Algunos en la cuenca superior del río Caroní. Ahí se están produciendo todo tipo de desafueros ecológicos. Es una de las cosas que alarma. Sobre todo cuando ves la región a mediano y largo plazo. Si esos procesos siguen así, ¿Qué va a quedar? Metidos en el parque nacional Canaima unos y en la Gran Sabana otros. ¿Qué le vamos a dejar de aquello a las generaciones futuras? De ahí viene la urgencia del objetivo de la sustentabilidad.

Ya el país tenía la experiencia del Lago de Maracaibo, una verdadera catástrofe en términos ecológicos.

Sí, una catástrofe vista desde muy temprano, porque en 1921 hubo protestas de pescadores del lago y en el congreso gomero se aprobó la primera ley de control de los derrames de petróleo. O sea que consciencia sobre eso había y también la percepción de que ahí se producía un gran daño.

La Corporación Venezolana de Guayana fue un proyecto ambicioso que por más de 50 años tuvo continuidad en la vida política e institucional del país…

… Y que tuvo logros muy concretos, muy tangibles, porque todo lo que es el desarrollo hidroeléctrico del río Caroní es único en América Latina. Eso es un logro extraordinario. El polo industrial de Guayana era una cosa que les aguaba la boca a los latinoamericanos cuando oían hablar que se había construido una ciudad de más de 500.000 habitantes, que allí estaba el asiento de una industria pesada, que estaba produciendo más de 4,5 millones de toneladas de acero al año. Tuvimos capacidad en el país para hacer todas esas cosas.

¿Cómo es que eso se borra de un plumazo?

Eso no se borra de un plumazo. Eso se borra porque la sociedad nuestra tiene unos factores culturales que facilitan una tragedia de esa envergadura. ¿Qué pasó con los obreros de la siderúrgica cuando decidieron renacionalizar esa industria? Se pusieron todos contentísimos, pero todos perdieron las acciones que tenían allí. Esa industria llegó a producir algo más de cuatro millones de toneladas de acero, que era la capacidad para la cual se diseñó la planta en su segunda etapa (1974). Lo que ha pasado con el aluminio es una cosa de ponerse a llorar. Las minas de bauxita de los Pijiguaos paralizadas, el proceso de la bauxita igualmente paralizado. Para hacer cualquier cosa de aluminio, tú tienes que importar la bauxita del exterior.

Quisiera detenerme en los factores culturales que mencionó, porque la debacle de Guayana —y del país en general—, se atribuye, una y otra vez,  a la corrupción, al clientelismo político, pero resulta que la cosa es más profunda. ¿Qué responsabilidad le podemos atribuir a los sectores laborales, a los sectores sindicales?

Uno de los planteamientos más novedosos que han surgido es que hay que promover un cambio cultural en la sociedad venezolana, pero específicamente en los sectores que han estado involucrados en los problemas de Guayana. Se ha generado un clima laboral en el que hay una corrupción pavorosa, no hay un solo elemento de la sociedad que no esté pensando en la picardía, la disciplina se ha relajado. ¿Sabías, por ejemplo, que esas empresas están paralizadas pero todos los trabajadores reciben su sueldo, un sueldo mínimo en sus casas? Son decenas de miles de personas. ¿Cómo levantas tú y pones a vibrar un país si no hay una acción deliberada, bien estudiada, para incidir en esos factores tan negativos? No solamente es la cultura rentista sino que sobre ella se han adosado otras perversiones, que hacen que nuestra sociedad sea tan poco resiliente para afrontar un proceso de reconstrucción.

En un abrir y cerrar de ojos pasamos —tal como lo han denunciado sectores de la academia—, del rentismo petrolero al rentismo minero. La pregunta es si vamos a seguir en esta guachafita. 

Los que concibieron el polo industrial de Guayana tenían muy claro su objetivo. Allá había unos recursos minerales, fundamentalmente hierro y aluminio, y había energía barata. Eso era para producir materias primas que debían ser reelaboradas en Guayana, para que aquello se convirtiera en un polo de exportaciones. De las posibilidades de diversificación económica que tuvo el país, esa fue la más destacada. Cambiar eso ahora por el extrativismo de oro, prácticamente las pepitas las sacan para llevárselas a Ámsterdam o Dubái, sin ningún procesamiento previo, es remachar la cultura rentista en otra vertiente. ¿Vamos a pasar de un extractivismo a otro cuando creíamos que la Venezuela pospetrolera iba a tener pilares como los de Guayana? Bueno, resulta que los deshicimos.

El Municipio Sifontes del estado Bolívar, donde hay una gran concentración aurífera, a la vez es el foco de la malaria, de la desinstitucionalización y de la presencia de bandas paramilitares como el ELN de Colombia. Ahí, donde están los recursos, mira lo que tenemos al lado. Es una incongruencia asombrosa.

Te cuento una anécdota. En la década de 1980 (86, 88), yo estuve en Bogotá. Germán Carrera Damas estaba de embajador. Hablando de los problemas de Colombia me refirió que uno de ellos era que el Estado colombiano no tenía presencia en el 30 por ciento de su territorio. Actualmente, en el caso de nosotros, el Estado venezolano no está presente en casi el 50 por ciento del territorio. Apure, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro. Ahí no hay presencia del Estado en modo alguno. Habrá unos solados por aquí, por allá, en connivencia con la guerrilla del ELN y la disidencia de las FARC. Recientemente, unos señores que estaban de pesca en el Caranaparo me contaron que llegaron unos hombres en lancha y se identificaron como integrantes del ELN. Eso es. Venezuela tiene perdido medio territorio.

No es que colapsó el modelo petrolero, sino que lo destruyeron al quebrar a PDVSA. De hecho tenemos un Estado totalmente empobrecido, vaciado de recursos y a futuro vamos a depender de la inversión extranjera, de la inversión privada, pero la Constitución del 99 consagra la propiedad del Estado y privilegia lo público. ¿Qué haría falta para atraer capitales al país?

Aquí lo que está planteado es una suerte de renacimiento para que Venezuela pueda volver a encarrilarse, con una trayectoria de desarrollo normal. Los retos de carácter institucional son muy serios, de forma tal que el problema electoral pudiera ser el principio, pero eso por sí solo no resuelve nada. Aquí debe conjugarse una serie de voluntades y de esfuerzos, y una conducción adecuada, que sepa para donde ir y que tenga el poder, porque ¿qué va a ser de las Fuerzas Armadas en el futuro, una pila de parásitos que se acostumbraron a martillar y a estar robando glotonamente? ¿Cómo se encarrila un país en esas condiciones? Bueno, ahí están las consecuencias. Y si pasas revista en América Latina, nosotros empezamos a aparecer en la cola.

Otro temas que ponen de relieve es que Venezuela dejó de ser un país competitivo. Advierten, además, que la recuperación  «será difícil y será lenta». Pero no falta quien diga que, si el señor Maduro se va, el mandado está hecho.

En la competitividad, por supuesto, está presente el factor humano. Ese factor humano radiado que tenemos, porque eso es lo que ha ocurrido, sobre todo en estos 20 años, y a no ser que tú llegues a motivarlo con estímulos muy inteligentes, será un fardo muy pesado. Pero hay otra cosa que también es muy grave: No ha habido un desarrollo de un sistema de ciencia y tecnología e innovación. Esa es la base de la competitividad, precisamente. Y no lo tenemos. ¿Tú sabías, por ejemplo, que en las industrias de Guayana se llegó a producir un ring de aluminio que usaron los carros de la Formula 1? En su momento, esos rines pesaban 14 kilos y resulta que actualmente pesan, debido a la innovación, 8 kilos. Tienen, además, la misma resistencia. Por lo tanto, al surgir esa innovación tecnológica, quedó absolutamente desfasada la empresa original de rines. Si me dices que en Guayana está presente el Instituto Tecnológico de Massachusetts con un ejército de científicos instalando todo tipo de cosas, uno tiene razones para pensar que aquello puede recuperarse con rapidez, pero no lo hay, no se creó un aparato científico tecnológico que pudiese aportar esa innovación tan necesaria para un complejo industrial.

Tampoco hay esa capacidad en las universidades venezolanas.

Nosotros nos hemos vinculado a la UCAB en Guayana para que sea su rector, el padre Arturo Peraza, quien motorice la segunda vuelta de discusiones de este documento. ¿Destrozada la CVG quien se va a ocupar de materializar esa estrategia de desarrollo sostenible, cuyo guión es el que estamos proponiendo? Más allá de las iniciativas valiosas para la transitoriedad, se requieren unos cerebros que empiecen a pensar en el mediano y largo plazo. Lo que se hizo, y lo que podamos hacer, no es algo que puedes hacer de la noche a la mañana. En 1959, el general Alfonso Ravard, quien presidía la CVG, fue al Instituto Tecnológico de Massachusetts y lo que se fue gestando allí fue de una maduración muy lenta. Pero firme, no había retroceso.

Para ustedes es muy importante la consecución de una imagen objetivo, ¿podría definir ese concepto? ¿Cómo lo podríamos visualizar?

En un proceso de planificación prospectiva, tú tienes que tomar en cuenta la situación actual, cuyo diagnóstico es muy negativo. Eso es lo que consignamos en el documento. Tu horizonte de planificación abarca un período de 20 a 30 años. Y en esa planificación, además de tomar en cuenta los escenarios que pueden ocurrir, tú tienes que imaginarte cómo es la imagen deseable de lo que quieres que ocurra allí. Yo deseo que Guayana esté exportando 10 millones de productos elaborados a los mercados internacionales. Yo pienso que es posible que toda la alimentación de Guayana sea provista por el Delta del Orinoco, porque se han desarrollado allí unos proyectos. Esa es la imagen objetivo. Pero esa imagen no se saca del bolsillo tiene que ser producto del raciocinio, de la auscultación de las realidades y de cómo han sido las tendencias del pasado.

Mucho de lo que ha dicho es planificación, es institucionalidad, ¿pero cuáles serían las condiciones para que la inversión privada se vincule y se asocie en la consecución de esa imagen objetivo?

Si vamos a salir a flote tiene que venir un régimen diferente, un régimen que empiece por producir confianza a todos los venezolanos y especialmente a los inversionistas que estén dispuestos a arriesgar sus recursos. Eso implica que vas a tener que modificar algunas leyes, pero sobre todo un régimen que sea capaz de dar demostraciones y emita mensajes que refuercen la confianza de la gente. Si eso se logra a nivel nacional, posiblemente puedas sacar beneficios de allí para el sector petrolero y para el sector de Guayana. El problema no es sólo arreglar la democracia con unas elecciones transparentes, es un cambio muchísimo más profundo. De lo contrario, el riesgo es que Venezuela pase 100 años a la cola de América Latina. Si nosotros no conseguimos el camino, eso está cantado. Este país no levanta cabeza.

Usted, por distintas razones, es uno de los venezolanos que conoce a fondo lo que ocurre con la malaria, cuya incidencia ha aumentado de forma alarmante, entre otras cosas, por la minería ilegal y la fragmentación de los bosques en Guayana. ¿Qué opinión tiene?

En 1999 al señor Chávez se le ocurrió suprimir la División General de Malariología y Saneamiento Ambiental del Ministerio de Sanidad, que era la organización que se ocupaba de la medicina preventiva y de hacer el seguimiento de todo lo que ocurriese epidemiológicamente en materia de malaria, de dengue y de las enfermedades transmisibles. Hay, como elemento histórico, una carta del doctor Oscar Noya, profesor de la Universidad Central de Venezuela, que en uno de sus párrafos dice: Yo le puedo anticipar a usted (Hugo Chávez) que si ese proyecto de eliminar se lleva a cabo, usted está destruyendo uno de los pilares fundamentales de la salud venezolana. Ciertamente, en Guayana hay condiciones que dificultan la lucha contra el mosquito transmisor de la malaria, pero la exportación al resto del país ha quedado sin control y actualmente tenemos un millón de casos de malaria.

***

*Guión para la formulación de una estrategia de desarrollo sostenible para Guayana.

Venezuela: diagnóstico complejo e incierto porvenir por Pedro Mario Burelli – El Nacional – 7 de Marzo 2020

Pedro Mario Burelli, ex director de Petróleos de Venezuela, indica que los venezolanos, y los extranjeros que quieran ayudar en esta terrible encrucijada, deben abrir los ojos, dejar de soñar con soluciones fáciles para problemas extremadamente difíciles e inclusive irresolubles

Esta es una lista parcial de problemas que no podemos ignorar. Problemas y distorsiones que se han acumulado en las últimas cuatro décadas, y con particular intensidad y malignidad durante la llamada Revolución Bolivariana.

La lista debe ampliarse, y definirse cada elemento con gran precisión, pero espero que este primer esfuerzo sirva como advertencia a quienes dentro y fuera de Venezuela -por desconocimiento, comodidad o complicidad- saltan a conclusiones erradas, simplifican diagnósticos o escenarios, y sueñan con soluciones milagrosas.

El porvenir de Venezuela será regido por todos los problemas que hoy la definen y por la muy compleja interrelación entre ellos.

(Nota: esta lista de problemas o crisis, dividida en grandes categorías, no tiene, a propósito, un orden en particular)

1. Lo humano e inhumano de la crisis

  • Padecemos una crisis humanitaria compleja que lejos de amainar crece cada día y tiene efectos graves a corto, mediano y largo plazo. 1 de cada 3 venezolanos padecen de inseguridad alimentaria, para 2.3 millones de ellos el tema es severo. En su reciente evaluación, el World Food Program de las Naciones Unidas estimó que son más de 9.3 millones los venezolanos necesitados de ayuda alimentaria inmediata. La escasez y/o carestía de las medicinas afecta a una proporción aún mayor de la población, y las estadísticas de muertes por enfermedades que habían sido erradicadas o por falta de fármacos y/o tratamientos son tan escalofriantes como dolorosas.
  • Observamos un aumento vertiginoso de la pobreza extrema y la marginalidad; se puede hablar de la pauperización estructural y extrema de la mayoría de la sociedad venezolana.
  • Se ha producido el colapso en la escolaridad a todos los niveles: preescolar, primaria, bachillerato y universitario. El número de niños fuera del sistema crece cada mes, la calidad de la educación es pésima en todos sus niveles y el Régimen insiste en la indoctrinación ‘chavista” como principal objetivo en primaria y bachillerato. La autonomía universitaria está totalmente vulnerada; el financiamiento a las principales universidades públicas se ha reducido al mínimo.
  • Colapso de la infraestructura social: hospitales, ambulatorios, escuelas, campos deportivos, parques, museos etc. La falta de construcción de planta física nueva, y de mantenimiento de la existente, ha llevado a Venezuela a niveles de calidad de infraestructura de hace 70 u 80 años. En algunos casos no existe operatividad alguna de las instalaciones con el consiguiente desamparo de quienes dependían de ellas.
  • Venezuela ha sufrido el éxodo continuo de profesionales y técnicos, con pérdidas importantes de médicos y enfermeros, maestros y profesores, e ingenieros y científicos de todas las ramas.
  • PDVSA y la CVG han perdido prácticamente toda su gerencia profesional y sus técnicos más cualificados. La Fuerza Armada ha sido diezmada por bajas y deserciones. En total, 5 millones de venezolanos han emigrado desde el 2013. La partida de jóvenes universitarios, y sobretodo aquellos graduados de las mejores universidades, es particularmente preocupante mirando al futuro. Según el World Economic Forum, en el mundo, solo Haití ha tenido una fuga de cerebros mayor que la de Venezuela.
  • Paliar, y luego revertir, la catástrofe humanitaria implica una operación de asistencia internacional con pocos paralelos en la historia ya que el daño y las carencias se extienden por todo el territorio nacional. Los retos financieros, logísticos y de seguridad serán enormes. Los cálculos más optimistas hablan de una fase de ayuda humanitaria sostenida de 9 a 12 meses. Otros calculan años de asistencia humanitaria y apoyo internacional en el delicado campo de la seguridad nacional y ciudadana.
  • El retorno de la diáspora no será tan rápido o completo como muchos pronostican (y todos queremos). Problemas que se destacan en este trabajo harán que el llamado ‘día después’ sea un periodo de mucha inseguridad y precariedad. Quienes han encontrado sosiego y empleo fuera del país difícilmente regresarán a Venezuela hasta no tener evidencia de estabilidad – en el sentido más amplio – y garantías ciertas de sustento económico. El círculo vicioso aquí es que la reconstrucción depende en cierto grado del retorno del talento que continúa emigrando.

2. Los derechos humanos dejaron de ser un derecho

  • Organismo Internacionales y reconocidas ONGs han reportado abusos sistemáticos de DDHH y crímenes de Lesa Humanidad perpetrados por el vasto aparato de represión civil y militar bajo órdenes de un núcleo duro (y sádico) del Régimen hoy de facto. El SEBIN, la DGCIM, la GNB, la Policía Nacional Bolivariana y sobretodo sus Fuerzas de Acciones Especiales o FAES, y la Fiscalía General de la República, son los instrumentadores de esta política y reciben para ello asesoría de los servicios de inteligencia y represión de aliados como Cuba, Rusia e Irán.
  • A pesar de un discurso ‘indigenista’, el Régimen abusa de los derechos de nuestros pueblos indígenas. Sin excepción, todos los pueblos indígenas sufren abandono y desplazamientos forzados. La crisis humanitaria ha afectado a todas las comunidades indígenas y los 34 pueblos indígenas que residen al sur del Orinoco están particularmente amenazados por la violencia y la destrucción del medio ambiente que caracteriza la minería ilegal e indiscriminada. Las matanzas que se han reportado son solo lo más noticioso de una profunda y vergonzosa tragedia que hay que detener cuanto antes.

3. El colapso del Estado y de la institucionalidad democrática

  • La Administración Pública ha sido efectivamente desmantelada. El clientelismo, la falta de profesionalismo, la ausencia de controles y la corrupción resultante han sido factores fundamentales en la quiebra operativa, financiera y moral del Estado y por consiguiente, del país. Como consecuencia, las herramientas administrativas disponibles a un Gobierno de Transición serán limitadas, y será imposible ejecutar una limpieza total en el corto y mediano plazo. Los funcionarios a ser designados por un nuevo gobierno tendrán que convivir con personal redundante, inútil o peor. Esto garantiza que la gestión pública será estructuralmente deficiente y precaria por años. Esta innegable realidad tiende a no estar muy bien calibrada en los planes para el hipotético ‘día después’ que comienzan a abundar dentro y fuera del país.
  • Colapso y desinversión en los servicios públicos y la infraestructura física del país. La planta física asociada a la generación y distribución de electricidad, los sistemas de saneamiento y distribución de agua limpias, las telecomunicaciones y el aseo urbano se encuentran en un estado deplorable, comparable a la de países de muy bajo desarrollo o aquellos abatidos por una guerra. Además, el retraso en inversiones, y el descuido en mantenimiento, afecta a todas las autopistas, carreteras, ferrocarriles, metros, puertos y aeropuertos del país.
  • El colapso de la gestión ambiental es particularmente preocupante por su impacto en toda la sociedad. La irresponsable eliminación del Ministerio del Ambiente, el desmantelamiento de organismos rectores y la corrupción en ejecución de obras, ha resultado en empresas hidrológicas sin supervisión (82% población no recibe agua de forma continua, 75% centros de salud no reciben agua de forma continua), cuencas productoras de agua intervenidas y contaminadas, y los embalses eutrofizados y también contaminados. Recordemos que sin agua no hay país!
  • Debido a la obsolescencia de la infraestructura petrolera y la falta de total mantenimiento y pericia se producen constantes derrames petroleros. Entre el 2010-2019 PDVSA fue responsable de decenas de miles de derrames de crudo y otras sustancias contaminantes del ambiente. Además, las empresas petroleras internacionales que operan en el país tampoco invierten en esta área, debido al desmantelamiento de la institucionalidad de la administración ambiental.
  • Actualmente el país no tiene activado el Sistema Nacional de Protección Civil. La Fuerza Armada no ha sido formada en materia de atención de desastres (Ej. terremotos, deslaves, inundaciones, incendios), tampoco los cuerpos de seguridad ciudadana. No hay planes de reducción de riesgos ambientales y adaptación al cambio climático ni protocolos de contingencia. No hay maquinaria para la remoción masiva de escombros. No hay equipos médico – hospitalarios tales como camas hospitalarias, sillas de ruedas, quirófanos portátiles, plantas eléctricas, camillas, entre otros que se requieren para dotar a edificaciones que pueden funcionar como refugios u hospitales de campaña. No hay capacidad instalada de comunicaciones alternativas, la telefonía móvil es muy vulnerable a la falta de energía eléctrica. En todas las ciudades grandes la población de bajos recursos supera el 60% y la extensión territorial de zonas informales supera el 40%. Estos desarrollos urbanos son vulnerables inherentemente, pero además están emplazados en laderas inestables o lechos de inundación de ríos.

4. El Estado mafioso y el desimperio de la ley

  • Venezuela se consolidó como un emporio para el Narcotráfico en todas sus fases: producción (en base a pasta de coca importada), transformación (en sofisticadas plantas industriales), tráfico y lavado del ingreso, con participación de componentes de la Fuerza Armada y funcionarios del Régimen, incluidos el Sr.Maduro, su esposa y muchos miembros de su Gabinete, además de un sinfín de actores externos. Clasificar al Estado Venezolano como un NarcoEstado es por tanto adecuado: el dinero del narcotráfico además ha comprado, y sigue comprando, a jueces, fiscales, funcionarios públicos, militares, policías, políticos, empresarios y medios de comunicación.
  • La ciudadanía está expuesta a una criminalidad rampante e impune aupada por personeros del Régimen y del partido PSUV, y alcahueteada por fiscales y jueces maleados. Así vemos a megabandas, pranes, trenes, sindicatos criminales, colectivos, la FBL – Fuerza Bolivariana de Liberación, el ELN y las FARC, hacer de las suyas en todo el territorio nacional. La inseguridad resultante es para cientos de miles la razón principal para abandonar el país. (Lamentablemente aun fuera del país los venezolanos siguen siendo presa de bandas criminales).
  • La corrupción endémica y la impunidad sistemática han degenerado en un desmoronamiento de la ética del funcionario público y de la ciudadanía en general. Décadas de impunidad han minado los principios y valores de nuestros conciudadanos y la inmensa crisis que se vive en el país los ha llevado, como a los cubanos, a ‘resolver’ como bien puedan, disponiendo de lo ajeno, y más aún de lo del Estado.
  • Los corruptos de gran escala, es decir individuos que en los últimos 20 años han robado o han hecho fortunas de cientos y miles de millones de dólares, aspiran preservar la impunidad y con ese fin ejercen una influencia desmedida sobre la política en Venezuela.
  • Se pudiera hablar de una Alianza Pro Impunidad (API) que agrupa a civiles y militares, funcionarios públicos, ‘empresarios’ y financieros que por encima de todo quieren preservar su dinero mal habido y su libertad. Para este grupo, la mayor amenaza es el sistema judicial de los EE.UU. por lo cual toda solución en la que Washington lleve la voz cantante es una amenaza que hay que bloquear. La mayoría de las divisiones dentro de la oposición se deben a las maniobras – cada vez más desesperadas – de la API.
  • Continúa el contrabando de extracción con incalculables costos para un Estado que se hace la vista gorda. Los principales rubros: gasolina, gasoil, lubricantes, asfalto y todo tipo de minerales. Los involucrados, sobretodo militares, actúan con el beneplácito o ‘licencia’ del Estado, o directamente como socios de importantes jerarcas del Régimen.
  • Presencia de la guerrilla colombiana a lo largo y ancho del territorio nacional: el ELN y la disidencia de la FARC llenan los vacíos del Estado y en algunos estados o municipios son efectivamente la autoridad única. Sin duda alguna existe una demostrable pérdida de control territorial por parte del Estado a favor de todo tipo de criminales, inclusive estos extranjeros.
  • Como es de esperarse en un Estado Mafioso, observamos el colapso integral del sistema de administración de Justicia y de todo el aparato de seguridad ciudadana. A la cabeza del Tribunal Supremo de Justicia está un criminal convicto cuyas actuaciones son delictivas y en completa sintonía con la nomenclatura del Régimen, que sin excepción está involucrada en múltiples actividades criminales, además de ser todos unos violadores consuetudinarios del ordenamiento constitucional de la República.

5. ‘El Dorado’ se tornó rojo, rojito

  • La explotación minera en todo el país, y en particular al sur del Orinoco, tiene las siguientes características: ilegalidad, depredación del medio ambiente, violencia descarnada, presencia creciente de guerrilleros y mercenarios extranjeros, abusos de DDHH y desplazamiento forzoso de comunidades indígenas, enfermedades/epidemias y desvío o apropiación indebida de minerales o del dinero producto de la venta del material minado. Se puede definir el sur del Orinoco, es decir 61% del territorio nacional, como un medio país fallido.
  • La naturaleza desordenada de la explotación minera al sur del Orinoco está propiciando un conflicto armado por el control de minas que tiene muchos paralelos con los conflictos por minerales en África. Ya se puede hablar de #OrodeSangre #DiamantesdeSangre #TierrasRarasdeSangre y #ColtandeSangre. De no detenerse este conflicto a tiempo, la gobernabilidad futura estaría en peligro, y también la integridad de Venezuela como país. Pasamos del petróleo a los minerales olvidando, parece que a propósito, todo lo aprendido en el sector petrolero, y en la muy exitosa fundación de la empresas extractivas de la CVG.

6. Diversas fuerzas armadas, todas fuera de orden y alineación 

  • Desarticulación de la organización militar con el propósito de lograr la eliminación efectiva de la Fuerza Armada como la Institución del Estado garante de la integridad del mismo, para evitar que se torne en un obstáculo para la consecución de los objetivos ‘políticos’ (o mas bien, criminales) del Régimen. Esto se ha logrado en gran medida desplazando de su control el uso legal de la fuerza del Estado hacia otras organizaciones y actores mejor alineados con los sórdidos objetivos del Régimen, en detrimento de la seguridad de toda la sociedad. La hipertrofia de las FAES y el reciente otorgamiento a la Milicia del rango de Fuerza dentro de la organización militar actual son prueba de esta peligrosa estrategia.
  • Se fracturó la línea de mando de la FANB y se pulverizaron la misión, la visión y los valores una vez compartidos. Eso y la participación creciente de la elementos de la FANB en actividades ilícitas convierten a esta organización militar en parte medular de la crisis y no de su solución. La posibilidad de un gran conflicto interno está latente en un país donde se militarizó la administración pública, se politizó a la Fuerza Armada, se fragmentó el monopolio de la fuerza y se criminalizaron la organización militar y las policías.
  • La reestructuración geográfica de las FANB en ZODIs y REDIs ha creado caudillos militares regionales que se ocupan de actividades económicas legales e ilegales, ejerciendo además control político-social en esos territorios implicando esto la disolución acelerada del Estado-Nación como está concebido hasta ahora. En algunos escenarios de conflicto podríamos ver al país fraccionado regionalmente con fuerzas militares, y otros elementos armados también por el Estado, enfrentados y controlando diferentes áreas del territorio nacional.
  • Hugo Chávez cambió la doctrina militar de Venezuela y luego cambió los requisitos de entrada a las diferentes academias militares, cambió el pensum de estudio de las mismas a una combinación de marxismo, castrismo y chavismo que poco tiene que ver con la formación de profesionales militares. Además no solo se aumentó el número de alumnos admitidos, sino que se aumentó el número de mujeres sin cuidado alguno a las distorsiones que ello pudiera traer en la disciplina y moral de la institución armada. Un reto inmediato de la Transición será qué hacer con los institutos de formación militar y todos los cadetes que cursan estudios en ellos.
  • La reinstitucionalización de la FANB será una tarea urgente y delicada para un Gobierno de Transición cuya estabilidad y duración, no solo va a depender de la atención a la grave crisis humanitaria y económica, sino que se verá amenazada desde el día 1 por un complejo problema de seguridad interna con grandes posibilidades de fragmentación territorial que pudiera implicar, en el corto plazo, la disolución del Estado, tal como lo conocemos actualmente, motivado por los múltiples y perversos intereses internos en pugna, e intereses internacionales ya en juego dentro de nuestro territorio. Vale advertir que los recursos humanos que se requerirían para reconfigurar la organización militar no pueden salir del seno de una organización tan desdibujada y corrompida.

7. La economía y sus infinitas distorsiones

  • Profundos desequilibrios macroeconómicos han destruido la capacidad de planificar, invertir y ahorrar. Muy pocos países han vivido una crisis de esta magnitud (caída acumulada de 75%+ del PIB en 5 años) y complejidad (no hay un solo sector sano en la economía), y ningún otro la ha sufrido adrede y sin propósito de enmienda.
  • La hiperinflación finalmente destruyó al Bolívar que para todos los efectos dejó de tener valor y por lo tanto dejó de ser moneda de circulación aceptada. Esto le resta al Estado, si tuviera esa intención, toda capacidad de corregir las principales distorsiones macroeconómicas.
  • La súbita -y no oficializada- dolarización de la economía está asociada con una estrategia deliberada de permitir a cárteles y mafias locales e internacionales lavar en Venezuela – sin restricción alguna – fondos provenientes de negocios ilícitos y la corrupción. Esto trae consecuencias tóxicas para el país. Por un lado crea una suerte de apartheid basado en acceso o no a divisas, y a la vez garantiza que en el tiempo los activos principales del país (empresas, concesiones, bienes inmuebles y tierras) caerán en manos de estas organizaciones criminales y de quienes por años han saqueado al país. A este paso el país será feudo exclusivo de criminales.
  • La República de Venezuela y PDVSA están en default en todas sus deudas externas e internas, y en pagos resultantes de litigios y de otras acreencias con socios. El monto total de la deuda, estimado en $160Bn, corresponde aproximadamente a 240% del PIB.
  • Años de desinversión, falta de mantenimiento, nacionalizaciones caprichosas, éxodo de dueños y empleados, y el colapso en la demanda han destruido la capacidad productiva del sector privado, con el consiguiente colapso en la generación de empleo. Hoy sobreviven 2.000 empresas de las 12.500 que había en enero de 1999.
  • Venezuela es el único país que ha perdido deliberadamente la capacidad de autoabastecerse en alimentos teniendo todas las condiciones para producir la mayoría de sus necesidades. La destrucción de la actividad ganadera, agrícola, agroindustrial y pesquera es casi total. La pérdida de soberanía alimentaria, y la hambruna resultante niegan al chavismo, por sí solas, toda bondad.
  • El sector financiero, y en particular la banca comercial, se redujo, aún más, como porcentaje del PIB y quedó a la merced de un Estado que no la interviene, pero que si la asfixia. La banca, poco rentable, descapitalizada y desactualizada tecnológicamente, enfrenta hoy un encaje legal que elimina cualquier posibilidad de emitir préstamos, y la pérdida de valor y confiabilidad del Bolívar desincentiva los depósitos de sus clientes que hoy lo que requieren son servicios de custodia para divisas en efectivo que son su modo de pago y único mecanismo de protección frente a la continua depreciación del mal llamado Bolívar Soberano.

8. Degollaron a la gallina de los huevos de oro, y a las demás también

  • Finalmente se dio el muy anunciado colapso total de PDVSA y del sector petrolero. En este sector la recuperación se hará difícil por lo complejo que será garantizar la seguridad jurídica y física en una eventual transición; por lo extenso de la destrucción operativa y administrativa de PDVSA; por los planes de producción de nuestros principales competidores y de países vecinos; por la calidad de nuestro petróleo más abundante, y por estar entrando el mundo en lo que podría ser el final del ciclo de los hidrocarburos.
  • La competencia ha sido y será feroz. En 1998 una guerra de precio iniciada por Arabia Saudita llevó al colapso de los precios del crudo en los mercados internacionales. La cesta Venezolana llegó a valer $7.50 en promedio siendo nuestro ‘break-even’ fiscal $10.35. Esa crisis, mal manejada por el gobierno del Presidente Caldera, tuvo mucho que ver con la elección de Hugo Chávez al final de ese año. Arabia Saudita triunfó al suspender Chávez la política de Apertura y el proyecto de Orimulsión. Rusia pasó de producir 4.6 MMBD en 1999 a 11.2 MMBD hoy. Venezuela que debería estar produciendo 6.0 MMBD solo produce 720 MBD. El país con las mayores reservas de petróleo ha quedado marginado por la estupidez de Hugo Chávez y sus ‘asesores’ petroleros, la impericia resultante del despido de 21,000 profesionales y técnicos de PDVSA en el 2003, por la corrupción rampante, y por la astucia de nuestros competidores que han sabido aprovechar todos estos imperdonables errores.
  • No existe sector alterno que pueda contribuir lo que el petróleo ha contribuido a la economía y al desarrollo de Venezuela por casi un siglo. Aun si se atrae inversión al sector, la recuperación será lenta y la necesidad de inversión hará que el sector consuma muchos más recursos de los que en el corto o mediano plazo puede generar para el Fisco. Esto nos obliga a imaginar un país con un ingreso per cápita muy bajo, es decir, mucho más pobre y por lo tanto proclive a sufrir aún mayor penuria y el continuo desangre de la emigración.
  • Colapso absoluto del resto del aparato productivo del Estado, y en particular de la empresas de la CVG, debido a la inepta gerencia, agobiante politización y desmedida corrupción. Esto también afectó a todas las empresas nacionalizadas por el Gobierno de Hugo Chávez, incluidas las más simbólicas: CANTV, EDC, CEMEX, Sidor y Sivensa.

9. Relaciones turbias y peligrosas

  • Existe una compleja relación con dos super potencias: China y Rusia. Con la primera existe una deuda importante que habrá que renegociar, y con la segunda una multitud de vínculos poco transparentes que tocan sectores claves como petróleo, gas, minería y la FANB. Estas relaciones hacen a estos dos poderes lejanos actores importantes en el futuro de Venezuela. Es difícil predecir qué actitud tomarán Beijing y Moscú en una transición eventual donde es previsible que los Estados Unidos y sus aliados jugarán un rol protagónico.
  • Desde el 2006 las FANB se han reequipado con material bélico de fabricación rusa. Esto obliga a mantener una relación en el corto y mediano plazo con un país cuyos objetivos y valores pueden estar en completa contradicción con los de un Gobierno de Transición o un gobierno democrático resultado de un eventual evento electoral. Invertir fondos para sustituir sistemas de armamento ruso por el(los) de otro(s) país(ses) no parece ser prioridad dadas las múltiples necesidades apremiantes del país. De todos modos habrá que definir en su momento si es prioridad política (y si es viable) romper este vínculo.
  • La penetración cubana ha trastocado los sistemas de educación, de salud, de registros y notarías, de identificación y de seguridad e inteligencia, y ha contribuido a ideologizar a jóvenes y a elementos diversos de la sociedad y la política. Mientras el castrismo se mantenga en el poder en La Habana habrá que prever el deseo de controlar el destino de Venezuela por las buenas, las regulares o las malas. Todo escenario futuro del país será afectado por una Cuba comunista necesitada de mucho de lo que Venezuela le ha dado desde el 2002.
  • En el intento desesperado por mantenerse en el poder, el Régimen de facto, y sus principales jerarcas, han optado for reforzar alianzas políticas, de negocios y criminales con un sinfín de actores externos. Desde las relaciones con Siria e Irán – que son poco transparentes pero muy peligrosas, a los negocios auríferos con Turquía y los Emiratos Árabes, al extraño acercamiento con la hiper sancionada Norcorea y el creciente rol de mafias o cárteles colombianos y mexicanos en la cadena de explotación y exportación de oro (Ej. el mercurio que se usa para la minería ilegal del oro viene de México y es el Cartel de Sinaloa quien monopoliza esas ventas; o que un porcentaje importante del oro sale del país vía Colombia y de allí se exporta como oro del país vecino). No es difícil visualizar en un futuro cercano una estructura de poder económico, político y territorial en el país que incluya a ciertos de estos ‘aliados’ que se han posicionado o bien a lo largo del período chavista, o en estos meses de usurpación y desesperación de Nicolás Maduro.
  • Finalmente, la precariedad institucional contribuye a una pérdida de capacidad de defender los intereses del país en general. Un ejemplo particularmente serio es el litigio fronterizo con una Guyana cuyas circunstancias cambian radicalmente al comenzar la explotación petrolera en aguas en disputa. En general la recuperación de la soberanía será compleja al tener que lidiar con países y grupos irregulares que se sienten con derechos adquiridos tras años de alegre convivencia con el chavismo.

10. Es la politica, ¡estupido!

  • El colapso del andamiaje político – partidos, líderes y prácticas – no solo no se ha resuelto, sino que se ha profundizado desde el 99. Los partidos no son mucho más que logos y colores. La política está muy desprestigiada.
  • El financiamiento de la política no es transparente y hay evidencia de que los grandes financistas de algunos partidos, y de muchos políticos, son individuos cuyas fortunas son mal habidas y están en la mira de autoridades judiciales de diversos países. Además, es bastante probable que el narcotráfico busque penetrar, o haya penetrado, los círculos opositores (es lo que han hecho en otros países).
  • El liderazgo político es deficiente en muchos sentido La brecha entre la capacidad y experiencia de nuestra dirigencia política y los retos que presenta el país son extremos. Por si sola esta brecha nos hace ser pesimistas sobre la conducción del país en el futuro inmediato. Dicho esto, existe en la generación de políticos jóvenes, incluido el Presidente (E) Juan Guaidó, un compromiso con el país y una sorprendente valentía que son razón para que muchos no pierdan las esperanzas.
  • La demostrable escasez de talento y experiencia en los cuadros de la política opositora hacen difícil imaginar una transición exitosa. Son más de 9.000 puestos claves que habrá que llenar en un gobierno Si ese gobierno no incorpora en los niveles más altos a profesionales y técnicos independientes podemos predecir su fracaso cuasi inmediato.

11. Las expectativas y el desencanto como variables

  • Finalmente, la crisis de expectativas que se avecina puede tener un impacto sobre la gobernabilidad, sobre la paz y sobre la recuperación del país tan o más grande que problemas tangibles, o físicos, antes descritos. En estos 21 años el país se ha desdibujado con discursos, planes y ejecutorias que obligan a replantearse el tipo de país que es viable a futuro.
  • Quienes simpatizan con el chavismo tendrán que entender que el manejo irresponsable de un boom de precios del petróleo no es un modelo repetible, factible o deseable. Hay quienes creen que hay un ‘chavismo bueno’ que puede retornar y paliar la penuria. En realidad vendrán años de vacas flacas y crecimiento dentro de limitaciones impuestas por las limitadas fuentes de financiamiento que estarán a nuestro alcance. La supervivencia de algo llamado ‘chavismo’ implicaría o bien un conflicto continuo y destructivo, o el abandono de mucho del pensamiento y líneas de acción de Hugo Chávez Frías.
  • Para los opositores, amarrados unos al llamado ‘Plan País’ y otros a un pasado hoy sepultado bajo las ruinas de la República Bolivariana, también habrá decepciones. El llamado ‘Plan País’ es un ejercicio noble fundamentado en escenarios poco probables donde se han omitido problemas que parecen haber ahuyentado a sus creadores. Temas como la criminalidad rampante, la Fuerza Armada y las amenazas a la seguridad nacional e integridad territorial, que tienen importancia vital a la hora de hablar del ‘día después’ y de una posible Transición, no han sido abordados con seriedad. El país petrolero donde el Estado reparte entre treinta millones la renta que doce mil producen no es repetible, ni deberíamos buscar repetirlo.

Conclusiones

  1. Siempre que se enfrentan tantas crisis ineludibles, el éxito está en definir y abordar prioridades con una lógica fácil de compartir y que se pueda validar con éxitos tempranos. Cada actor en la sociedad tiene su propio esquema de prioridades, pero le corresponde al liderazgo político (ese que lamentablemente hemos descrito como deficiente) armar un plan basado en grandes consensos y respaldado por equipos de expertos (venezolanos dentro y fuera de Venezuela e internacionales). Para ello es indispensable contar con apoyo internacional muy concentrado o especializado que contribuya a generar esos éxitos tempranos sobre los cuales se construirán las fases sucesivas del plan. Hay que generar confianza y compromiso colectivo para fortalecer el piso político y ganar de los ciudadanos la comprensión y paciencia que se requieren para atacar progresivamente, y no simultáneamente, este aterrador cúmulo de problemas.
  2. Utilizando el símil de un paciente con muchas dolencias, debemos abordar aquellas que son fatales antes que las que son de menor gravedad o urgencia. Un tumor etapa 4 en el cerebro con alto riesgo de metástasis siempre tendrá precedencia sobre un diagnóstico de colesterol muy alto o un fuerte dolor causado por el rompimiento del menisco en una rodilla.
  3. Los venezolanos, y los extranjeros que nos quieran ayudar en esta terrible encrucijada, tenemos que abrir los ojos, dejar de soñar con soluciones fáciles para problemas extremadamente difíciles e inclusive irresolubles. Si hacemos el diagnóstico correcto podemos sacar del quirófano a los médicos y enfermeros que nada saben de lo que nos está matando como individuos, como sociedad y como país. Hasta ahora los problemas se han agravado porque hay mucha ignorancia e improvisación tanto dentro como fuera de Venezuela. Un diagnóstico correcto y consensuado debería poner fin a esta absurda y costosa pérdida de esfuerzos y tiempo.
  4. Luego de siete años debemos concluir que ninguno de los problemas puede ser solucionado con Nicolás Maduro y sus secuaces en el poder o como parte de una aberrante coalición. Por lo tanto, tenemos que imaginar que la tarea de reconstrucción es posterior a la salida del poder de quienes hoy lo usurpan.
  5. El riesgo es que al salir Maduro del poder las prioridades la definirán un sin número de conflictos con elementos armados dispuestos a todo para sabotear o ponerle fin a un nuevo gobierno. Este escenario de conflicto, que es tan previsible como inevitable, generará más caos, dolor y éxodo. Sería prudente que el caso base que usemos contemple este riesgo y no un optimismo pueril, ergo, irresponsable.
  6. La reconstrucción de Venezuela será una costosísima tarea de una o dos Para ello debemos contar con el sostenido apoyo de la Comunidad Internacional en un sinfín de áreas. Debemos entender que en alguna de ellas el nivel de inherencia de extranjeros en nuestros asuntos domésticos será muy grande. Esto lo tenemos que asimilar sin reservas. Un país no es soberano, ni independiente, si no se puede alimentar o sanar a sí mismo, si no tiene recursos propios para rescatar sus sectores claves, si su población está indefensa frente a mafias de todo tipo, y si el Estado está arruinado bajo cualquier definición del término. La recuperación de nuestra autonomía, de nuestra independencia y de nuestra soberanía es una tarea adicional, pero primero tenemos que ponernos de pie y ganar algo de fuerza como sociedad.
  7. Venezuela tiene su futuro a riesgo. Llegamos aquí por la indolencia de unos y la criminalidad de otros. No hacer nada al respecto sería desastroso. Lo que hagamos estará lleno de riesgos adicionales y jamás tendremos una garantía de éxito. El reto es asumir de un vez la tarea de hacer país y para eso tenemos que dejar de hacer mucho de lo que llevamos años haciendo.

Maduro ha dado más de 10.000 pasaportes a terroristas de Hizbolá desde el año 2010 por Ludmila Vinogradoff – ABC – 7 de Marzo 2020

Lo ha denunciado el diputado Carlos Paparoni, Comisionado contra el Terrorismo y el Crimen Organizado nombrado por Juan Guaidó

El régimen de Nicolás Maduro ha emitido unos 10.370 pasaportes venezolanos a nacionales de Siria, Líbano e Irán, vinculados al grupo islámico Hizbolá, catalogado como una organización terrorista por los EEUU, según ha denunciado el diputado Carlos Paparoni, Comisionado contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.

El recién nombrado comisionado por el presidente interino Juan Guaidó presentó un voluminoso expediente sobre las evidencias documentales de los grupos terroristas que operan en Venezuela ante los miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en la sede de la OEA este viernes.

La reunión se realizó en Washington a puertas cerradas pero el diputado Paparoni fue entrevistado por la Voz de América (VOA) donde amplió detalles de la actuación de los grupos terroristas.

Desde 2010 comenzó la irregularidad cuando Nicolás Maduro era apenas el canciller en el Gobierno de Hugo Chávez. «Hoy tenemos más de 10.378 pasaportes venezolanos que fueron emitidos bajo la autorización de Maduro y de oficinas de identidad de Venezuela a personas nacidas en Siria, Líbano e Irán, pero además a personas que no tienen ningún tipo de relación con Venezuela». Para el año 2017 por cada día que estuvo abierta la Oficina de Identificación y Extranjería de Venezuela se metían 17 pasaportes a personas nacidas en Irán en Líbano y en Siria, fuera del país.

Paparoni incluye a diplomáticos islámicos que pasan como venezolanos. «En comparación, por cada día que estuvo esta oficina abierta, se emitían cuatro pasaportes a venezolanos fuera del país. Aquí es esa la comparación de los números. ¿Por qué tendría Nicolás Maduro que tener la prioridad de entregar pasaportes a grupos extranjeros en vez de entregárselos a los venezolanos, con lo difícil que ha sido la identidad venezolana?».

Narcotráfico

Estos documentos no levantan alertas en ningún aeropuerto. «Hoy lo que estamos diciendo es que Maduro está dando pasaportes e identidades legales a personas que los están utilizando con fines de terrorismo, financiamiento del terrorismo o narcotráfico. He aquí lo peligroso de las relaciones que ha mantenido Maduro con todos estos sectores y grupos», añade el diputado.

El Hizbolá mantiene relaciones con la guerrilla colombiana ELN y la disidencia de las FARC. En Venezuela «consiguieron no solamente una zona segura sino también un centro de financiamiento y de lavado de dinero».

Maduro les ha entregado a los grupos narcoterroristas e islámicos la explotación de minas de oro en el Arco Minero en el estado Bolívar para que se financien a través de la estatal Minerven como empleados explosivistas. «Nosotros hemos calculado que en cuanto a toneladas de oro que han sido utilizadas por esta disidencia de las FARC y el ELN que se aproxima a casi un billón de dólares a partir del año 2018 hasta la fecha», dice.

Paparoni señala que Venezuela ha sido usada posiblemente como un centro de occidentalización de los grupos islámicos para lo que son todas estas estructuras, es decir, conocer las costumbres, donde puedas aprender el idioma, donde pueda además entrar en relaciones con la cultura occidental y seguir exportando y seguir tejiendo esas redes que han mantenido Hizbolá en todo el mundo y que son tan peligrosas.

 

Una ex senadora colombiana vincula a Zapatero con las minas de oro de Maduro por Daniel Lozano – El Mundo – 6 de Marzo 2020

La política colombiana y aliada chavista Piedad Córdoba declara en una entrevista que el ex presidente español le dijo que “había recibido una mina de oro”
La política colombiana Piedad Córdoba participa en una marcha en Caracas. EFE

La reaparición por todo lo alto de la polémica ex senadora colombiana Piedad Córdoba ha complicado a uno de sus nuevos amigos políticos, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien vincula con las minas de oro de Nicolás Maduro. Así lo ha relatado en una entrevista concedida al medio digital colombiano Las 2 orillas, donde mezcla de forma confusa a gobernadores chavistas y aliados internacionales con sanciones y corrupción para dibujar a la postre una radiografía descarnada de la revolución que tanto defiende.

“Pero ustedes cómo están haciendo, yo no lo logro entender. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Me dijo: a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por nuestro lado, nos llega por acá”, declaró Córdoba, admirada por la reciente inauguración de un estadio de béisbol en La Guaira, la costa más cercana a Caracas, en pleno derrumbe económico y social en el país petrolero.

La dirigente preguntó a los allí presentes sobre cómo era posible semejante milagro económico, pese al supuesto bloqueo que alega el chavismo, en un relato que deja más interrogantes que respuestas. La extracción de oro y su contrabando se han convertido en dos herramientas fundamentales de la revolución para eludir las sanciones internacionales.

Las triangulaciones del oro pasan a menudo por Turquía y desde allí se distribuyen a otros lugares. “Todo el mundo quiere el oro de aquí”, parafraseó Córdoba las palabras de uno de sus interlocutores, quien también reconoció que acababan de comprar a China las herramientas necesarias. Generales y jerarcas del chavismo se reparten las minas de la Gran Sabana bajo protección de la guerrilla colombiana y de mafias locales. Incluso el Parlamento ha señalado al hijo de Maduro de estar al frente de una mina de coltán en el Amazonas.

La ex senadora asume como suya, sin cortapisas, la propaganda revolucionaria para asegurar que en el país petrolero “hay problemas, pero no son tan graves como los quiere presentar. Tú vas allá y sientes el bloqueo fuerte, como en Cuba, pero igual todavía hay un Gobierno que pensiona cuatro millones de personas (reciben tres euros al mes)”.

La argumentación de Córdoba alcanza su punto más álgido al asegurar que “el problema es que nunca le pararon bolas (le hicieron caso) a la comunicación del exterior y esto generó más el caos que exilió a la gente”. El derrumbe revolucionario, que suma seis años en recesión con casi el 70% del PIB destruido, ha provocado la fuga masiva de más de cinco millones de venezolanos. Tanto Zapatero como Córdoba coinciden en su defensa a ultranza de la revolución, incluso atribuyen la enorme diáspora a las sanciones de Estados Unidos.

Entre los grandes olvidos de Córdoba en esta entrevista con Las 2 orillas está el nombre de quién es el principal financiador del estadio de La Guaira, inaugurado con años de retraso. Se trata de un viejo conocido suyo, el empresario colombiano Alex Saab, a quien la fiscal rebelde de Venezuela acusa de ser el principal testaferro de Maduro. Saab, perseguido en su país y en EEUU, se ha enriquecido en los últimos años gracias a las cajas de comida CLAP, la versión bolivariana de las libretas cubanas de racionamiento transformadas en la principal herramienta de control social del chavismo.

Piedad Córdoba también se reunió con la vicepresidente ejecutiva, Delcy Rodríguez, hace dos semanas. “Me dice: ve a tal sitio. Yo fui pero no sé sinceramente qué era eso ahí. Y después me dice un señor, bájese de este carro (vehículo). Nunca imaginé que quien iba manejando (conduciendo) era Delcy. Ese es un equipo muy sólido”, se congratuló la activista política.

“La oposición está negociando con Nicolás, están llegando a acuerdos con él. Habrá elecciones. A Guaidó nadie le cree allá”, disparó Córdoba en otro de sus mantras revolucionarios. La ex senadora se refiere de esta forma a la falsa Mesa del Diálogo, conformada por el chavismo y grupúsculos de la oposición (incluido Timoteo Zambrano, el hombre de Zapatero en Caracas), que pretenden cohabitar con el poder revolucionario.

En su último viaje a Caracas, Zapatero presidió el encuentro entre ambas partes, que también contó con el visto bueno previo del canciller ruso, Serguéi Lavrov. Y todo ello pese a que el Parlamento democrático decretó en 2018 que el ex líder del PSOE era “inadmisible” para una negociación o un diálogo político.

La ex dirigente liberal no duda en señalar que “hay una persona ayudando que es Zapatero y muchos de nosotros empujando”, de cara a su principal objetivo en Venezuela: la supervivencia del ‘hijo de Chávez’ en el poder.

El entusiasmo por la causa revolucionaria de esta dirigente izquierdista, en su día muy cercana a Hugo Chávez, también la llevó a afirmar que en unas elecciones, “con o sin Nicolás, gana el chavismo”, pese a lo que dicen todas las encuestas. En el último sondeo de Datanálisis, el 52% de los venezolanos calificaron la gestión de Maduro como muy mala, el 22,5% mala y el 10% de regular hacia mala.

“A Nicolás le ha tocado bailar con la más fea, le ha tocado muy difícil. Es un tipo muy espiritual. Fidel y Chávez se reunieron y escogieron a Maduro por la lealtad”, sentenció Córdoba.

Arco Minero del Orinoco: propuestas para reinsertar a Venezuela en los compromisos del Acuerdo Climático de París por Dr. Antonio De Lisio – El Nacional – 2 de Marzo 2020

Por Dr. Antonio De Lisio, profesor titular de la UCV

Venezuela por sus  condiciones de país que se ubica entre diez primeros en magabiodiversidad en el mundo, entre los primeros veinte en disponibilidad de agua, y por su cubierta boscosa que ocupa más de la mitad del territorio, debería estar en la vanguardia de las iniciativas de desarrollo sustentable para la mitigación y adaptación climática que en el marco  del Acuerdo de París suscrito en la COP 21. En este evento el gobierno venezolano, en diciembre de 2015, presentó el  documento “Contribuciones Previstas Nacionalmente Determinadas de la República Bolivariana de Venezuela para la lucha contra el Cambio Climático y sus efectos” (RBV, 2015, mimeo), en el que se compromete a un conjunto de acciones y medidas; sin embargo, en total contradicción con estas obligaciones, apenas dos meses después, el 24 de febrero de 2016, Nicolás Maduro, en Consejo de Ministros, promulgó el Decreto Nº 2.248, mediante el cual se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO). El decreto del megaproyecto minero contradice algunos de compromisos fundamentales del país en materia de cambio climático, como a continuación se precisa:

1. En el documento entregado en París se dice que: “[…] para el periodo 2016-2019 el establecimiento de 2.184 hectáreas adicionales de Sistemas Agroforestales como sumideros de carbono”. (RBV, 2015: 9)  “Implantación del nuevo modelo de producción forestal en una superficie de 166350 ha, con posibilidad de expandirse a un millón de hectáreas” (IBID: 22)  Con la explotación minera en el AMO, se va en vía totalmente contraria, pues sabemos hoy que se han intervenido de manera irreversible entre 2 millones y 3 millones de hectáreas de un territorio fundamentalmente cubierto por bosques latifólicos de hojas anchas, que tienen gran capacidad de absorción de carbono.

Mapa 1 Cubierta vegetal AMO

Fuente: http://periodicoellibertario.blogspot.com/2016/08/mapas-para-entender-al-arco-minero-del.html. Consulta 18-10-2016

Esta degradación vegetal compromete incluso una de las principales fortalezas del país en materia de mitigación climática, por qué el AMO se convierte en una amenaza para la represa de Guri, que por su condición de fuente de generación hidroeléctrica reduce el uso de combustibles fósiles, altamente vulnerable a la afectación de la cubierta vegetal.

2. En el texto oficial entregado de la cita climática mundial parisina se señala que:   “El fortalecimiento de la organización social en Venezuela es determinante para la reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático”. En el decreto AMO no hubo consulta con las comunidades, debiendo destacar que se trata de territorios indígenas, que de acuerdo con la ONU deben dar su Consentimiento Previo, Libre e Informado.  Entre los pueblos originarios destacan: Warao, Akawayo, E´Ñepa, Pumé, Mapoyo, Kariña, Arawak, Piaroa, Pemón, Ye’kwana y Sanemá.

Mapa 2 Pueblos Indígenas AMO

Fuente: http://periodicoellibertario.blogspot.com/2016/08/mapas-para-entender-al-arco-minero-del.html.  Consulta 18-10-2016

En estos pueblos indígenas pende la grave amenaza de salud que implica la deforestación minera, ya que ésta en lugar de propiciar el compromiso de:  “[…] una disminución de la vulnerabilidad frente a enfermedades, incluyendo aquellas cuya incidencia y distribución geográfica aumentará como consecuencia de cambio climático”. (IBID: 16), se convierte en un potenciador. Así la minería del Arco Minero ha causado el aumento alarmante  de los casos de malaria, una de esas enfermedades susceptibles al cambio climático. Esta enfermedad que había sido erradicada en el país hace décadas, ha reemergido especialmente en el estado Bolívar, donde en 2016, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de ese año, se registraron 177.219 casos confirmados, representando 74% del total nacional. Solo los tres municipios de mayor actividad minera de este estado (Sifontes, Roscio, Gran Sabana y El Callao), sumaron 53% de la totalidad de casos.

Un grupo de científicos del Instituto de Zoología y Ecología Tropical (IZET) de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela indica que los pozos de agua y las áreas deforestadas generan las condiciones idóneas para transmisores de malaria en una zona que sabemos es altamente vulnerable a la misma. En cuanto a los riesgos de salud, agregan que la extracción minera aumenta el peligro de  las enfermedades respiratorias, en la piel y riesgos de cáncer por el contacto con agentes tóxicos y contaminantes como el cianuro, ya que dada la magnitud del proyecto se necesitarían miles de litros de agua para disolverlo y en caso de un accidente de derrame de cianuro la descomposición natural podría ser poco probable.

3. De acuerdo con lo presentado en la COP 21, la conservación y aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica, disminuye “la vulnerabilidad frente a los múltiples efectos adversos del cambio climático” (IBID, 17). Contrariamente, los referidos científicos del IZET indican que dada la extensión del AMO, la fragmentación de los ecosistemas e irrupción  en la zona: 1) provoca una pérdida importante de flora y fauna, algunas ya amenazadas debido a que son endémicas, es decir, no existen en ninguna otra parte del mundo; 2) Las severas condiciones creadas producto de la deforestación hará que los bosques colindantes se degraden progresivamente; 3) la zona sur del río Orinoco representa “el área de mayor diversidad del país, incluyendo especies emblemáticas como el manatí, la tonina rosada, el caimán del Orinoco y la tortuga Arrau que ya se encuentran amenazadas”; 4) La minería a cielo abierto y a gran escala generará una gran cantidad de sedimentos, deforestación y el uso masivo de agentes contaminantes.

4. En los compromisos del 2015 se resalta que “La promoción de sistemas agroecológicos basados en la sustentabilidad y el respeto de los procesos ecosistémicos naturales, sistemas agrícolas urbanos y periurbanos y la prevención de riesgos climáticos, constituyen medidas muy efectivas de adaptación al Cambio Climático”. (IBID, 18) El AMO se convierte en una amenaza para un potencial de unos 3000 km2 de agricultura sustentable localizadas a lo largo de las riberas del Orinoco. Igualmente a contracorriente de las responsabilidades de asumir “Instrumentos de gestión del territorio que identifican las áreas de valor estratégico de la Nación en cuanto a la Preservación, Protección, Producción y las Geoestratégicas y para las cuales se identifican unidades de ordenamiento y se establecen usos y actividades de acuerdo a sus objetivos de creación”. (IBID: 28),  el AMO afecta las  Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE):  Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, Reserva Forestal de Imataca, Monumentos Naturales Ichún-Guanacoco, Cerro Guiquinima, Zona Protectora Sur del Estado Bolívar y el recién creado Parque Nacional Indígena y Popular Caura. La afectación de estas ABRAEs se contradice con la obligación asumida de: “Promover el desarrollo de actividades de turismo sustentable y sostenible para el disfrute de la población” (IBID, 32), ya que  AMO amenaza alto potencial turístico de estos territorios protegidos.

Mapa 3  ABRAEs AMO

Fuente: http://periodicoellibertario.blogspot.com/2016/08/mapas-para-entender-al-arco-minero-del.html. Consulta 18-10-2016

  5. Finalmente, hay que agregar que el AMO contradice con los escenarios que el Ministerio de Ecosocialismo y Agua ( 2017) hace en la 2° Comunicación Nacional Ante la Convención Marco de las Naciones Unidas Cambio Climático, en los que advierte sobre la mayor  sequía que se estima para la Cuenca del Río Caroní para todo el siglo XXI. La alteración de la cubierta boscosa de más de 70.000 Km afecta a todos los ríos del AMO, los más caudalosos del país como a continuación recordamos: Caroní es la cuenca  de mayor caudal, entre todos los tributarios del Orinoco, con 4.100 m3/s y un volumen escurrido de 129 mil millones de m3 y una extensa superficie de cuenca de 93.500 km2; el Paragua rinde un gasto medio anual de 1.760 m3/s, en una cuenca de unos  300 km2¸¸el Aro, registra 14.000 km2  de superficie y 270 m3/s de caudal medio anual. El  Caura  muestra 86.500 millones de m3 escurridos al año y un gasto medio de 2.700 m3/s y una longitud de  750 km.

Mapa 4  Cuencas fluviales afectadas por el AMO

Fuente: http://periodicoellibertario.blogspot.com/2016/08/mapas-para-entender-al-arco-minero-del.html. Consulta 18-10-2016

Frente a estas trasgresiones climáticas, sociales, ecológicas y económicas, la Asamblea Nacional (AN)  ha ratificado la decisión de derogatoria del Decreto AMO y ha incluido en el Plan País Ambiente (PPA), acciones de corto y mediano plazo para, revertir el desastre ambiental de esa  minería extractivista devastadora, en concordancia con  los consensos de mitigación y adaptación climática de la  comunidad internacional en la implementación   del Acuerdo de París.  A continuación se plantean las iniciativas que el PPA está planteando:

En primer lugar hay que resaltar que en el Plan  el sur del Orinoco es uno de los principales destinos ecoturísticos de un país que, de acuerdo el Grupo de Trabajo Socioambiental Wataniba (Disponible http://www.ecopoliticavenezuela.org/2018/12/10/alternativas-al-extractivismo-desde-la-amazonia-venezolana/), las revistas y portales especializados internacionales reconocen entre los diez primeros lugares con potencial ecoturístico. Este posicionamiento en gran medida se debe a los Parques Nacionales y Monumentos Naturales guayaneses, amazónicos y deltanos. De acuerdo a Wataniba este tipo de turismo permite el uso sostenible de las funciones de soporte y regulación ecosistémicas imprescindibles para  la vida incluida la humana y pude ser una actividad  que los pueblos originarios pueden ejercer resaltando su cultura y manteniendo sus derechos de propiedad sobre sus territorios. Ajustados al marco regulatorio vigente desde los años 80s para estas áreas de preservación de la naturaleza, una vez formulados e implementados sus planes de manejo y ordenación, se pueden dar concesiones que pueden ser asumidas  por los pueblos indígenas, para la prestación de servicios turísticos para el turista, en las zonas  de  Recreación,  Servicios y Amortiguamiento, como: restaurantes, cabañas, centros de recreo, campamentos, centros de recreación.

En el caso de las Reservas Forestales, en el PPA se plantea convertirlas en reservas de carbono en el marco de  las  negociaciones en el mercado de carbono que se viene realizando para la transición del Mecanismo de Desarrollo Limpio el (MDL) del Protocolo Kioto al Mecanismo de Desarrollo Sostenible (MSD) Acuerdo de París. Sabemos que esto comporta  el reto país de dar la respuesta  que después de cuatro años aún se esperan de seguimiento a las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, en inglés), de las reducciones del 20% a los Gases Efecto Invernadero (GEI) que hacen parte del compromiso asumido por el país en París en Diciembre de 2015. Venezuela, es el único de los países de la región  que se autoexcluyó del mercado internacional de carbono, por razones ideológicas llevadas a un maximalismo que no comparten  los restantes miembro de la Alianza Bolivariana de Las Américas (ALBA), incluyendo Cuba, que si se han incorporado a ese mercado.

Ahora bien, dado que estas reservas están localizadas en territorios indígenas, y que en el Acuerdo de París, a diferencia de Kioto, en su preámbulo resalta la necesidad de respeto de los DDHH en general y de los pueblos indígenas de manera particular, el Consentimiento Previo, Libre e Informado,  piedra angular de la  Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ONU, es  un prerrequisito para los créditos de carbono que  se pueden negociar. Estas comunidades deberían ser consideradas como  beneficiarias directas de los pagos  por secuestro de carbono, debiéndose tener presente que la experiencia en el pago por servicios ecosistémicos indica que el beneficio sostenible del mismo, se concreta más a través de la retribución en dotación de bienes para el bienestar de la  comunidad que a través del pago en dinero.  De tal manera que las comunidades indígenas se convierten en actores clave  de negociación , que además en el marco de MSD,   puede incluir  también  las diversas modalidades de aprovechamiento no maderable del bosque en pié,  valoradas  a nivel mundial en sectores como la alimentación humana y animal, farmacia, biopetroquímica , entre otros.  Resulta importante advertir que  el Convenio de Diversidad Biológica, su protocolo de Nagoya y las normas Aichi, recogen como principio la participación equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos a nivel mundial,    entre quienes ejercen propiedad por lo general pública o colectiva de los mismos y quienes los manufacturan con fines comerciales, en un intento de tratar de frenar  la ilegal biopiratería internacional.

El cese de este despojo de es uno de los metas primordiales de  nueva institucionalidad ambiental que se plantea como un acción inicial del PPA. Se requiere ponerle freno al vacio que se generó en el 2014 con la eliminación del Ministerio del Ambiente, que creado en 1977 fue el primero en las Américas y el segundo en el mundo, después del francés. En los últimos siete años hemos presenciando una verdadera descomposición institucional que llega a su cénit con la creación del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, precisamente para avalar la febril búsqueda minera en el AMO, mirando más a los mitos  el pasado- inclusive del tan lejano como trágico El Dorado de los conquistadores- que hacia el futuro. Sobre todo en los últimos cinco años el país se ha conducido como viendo por el espejo retrovisor, no entendiendo que nuestra biodiversidad y nuestros ecosistemas, especialmente los del Sur del Orinoco, son muchos más valiosos para el devenir nacional sostenible que exige el siglo XXI, que los minerales y los hidrocarburos. Las autoridades ambientales del país han estado ciegos y mudos frente a lo   que se ha documentado biopiratería contra Venezuela, como por ejemplo el caso de  Stegoleriumkukenani, hongo asociado a una planta que crece en las cimas de los tepuyes Roraimay Kukenanen de la Guayana Venezolana, que han sido objeto de la apropiación indebida por laboratorios de EEUU para producir anticancerígeno de nombre Taxol (Paclitaxel)

También del sur guayanés venezolano, se ha registrado el caso de la Serratiamarcescens, bacteria cuyas colonias crecen como epifitas en la Rhyncholacispedicillata (Podostemaceae) planta acuática endémica local. De una cepa de Serratiamarcescens fue aislado un compuesto antimicótico denominado Oocydina A (Lactona clorinada macrociclica) que tiene efectos tóxicos contra los Oomicetos. La muestra de Serratiamarcescens está depositada en la colección de cultivos bacteriales de Montana State University, Bozeman, MT, USA, bajo el código 97 (MSU-97).La patente le fue concedida al Instituto de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Montana (US632919311-12-2001) para la producción de Taxol por microorganismos y cubre a cualquier microorganismos de cualquier fuente que produzcan Taxol.

Se ha demostrado que la Oocydina actúa contra ciertos hongos fitopatógenos que constituyen un problema de importancia en la agricultura. También ha mostrado toxicidad selectiva contra varias líneas celulares humanas, incluyendo una línea de células contra cáncer de pecho. Se espera que futuro el antimicótico pueda ser modificado químicamente para una mayor acción selectiva contra las células del cáncer. En EEUU se le han sido concedidas a la empresa HMV Corporation(Alpine, UT) las patentes US6660263 (09 -12-2003) y US6926892 (09-08-2005) para  utilizar la  Oocydina en la protección de plantas contra patógenos oomycetos. Todas estas producciones y comercializaciones se han realizado sin que  los pueblos originarios reciban beneficio alguno,  contraviniendo las regulaciones internacionales arriba señaladas.

Esta lucha contra biopiratería y la inserción del país haciendo valer sus derechos  en la bioeconomía sustentable  mundial, se asumen como una de las oportunidades para salir de la distopía minera del AMO y en general de todo el sur de Venezuela. Además del ecoturismo, las reserva de carbono y la bioframacopea, encontramos un potencial importante para los cultivos de la llamada despensa amazónica que pueden ser un aporte para la seguridad y soberanía alimentaria que FAO incentiva en los diversos países del mundo. De acuerdo al ya referido Wataniba, entre los rubros a incentivar aparecen los productos que tienen probablemente un origen evolutivo mundial en el sur del Venezuela, como la piña –Ananas– con una alta variedad de tipos que se dan en  condiciones silvestres y de cultivo, que implican  bajas tasas de deforestación y la asociación con otros rubros, es decir que propician la agricultura ecológica.

Este grupo de trabajo también resalta los casos del azaí, planta a la que se han asociado gran cantidad de propiedades nutricionales, y el copoazú –que por su nombre científico de Theobroma grandiflorum se convierte en familia del celebérrimo cacao o Theobroma cacao– es cultivado desde tiempos ancestrales en el  estado Amazonas, y hoy se sabe que tiene un alto valor para las industrias mundiales alimenticias, cosméticas, además de la  farmacéutica. Igualmente, destaca la yuvía usada por yanomamis venezolanos, más conocida como nuez de Brasil o amazónica (entre otros nombres comunes), de gran relevancia en mercado internacional en los sectores salud y  gastronomía. Hay que agregar finalmente  los ajíes (Capsicum) y la sarrapia, entre las especies que sabemos tienen relevancia mundial.

Por otra parte, la cestería tradicional indígena, que utiliza insumos naturales recolectados  respetando los límites de tolerancia de los ecosistemas locales, es altamente cotizada en mercados internacionales. Colombia, Perú y Ecuador se convierten en ejemplos a seguir, ya que los gobiernos nacionales respectivos han asumido políticas públicas para el fortalecimiento productivo y empresarial de los pueblos indígenas, con énfasis en los productos artesanales, en las que además de la cestería, la manufactura textil y los accesorios son objeto de incentivos de producción y comercialización internacional.

Estas consideraciones son parte de los elementos de la propuesta del modelo de desarrollo alternativo del PPA para el sur de Venezuela de manera general y para la recuperación y reconstrucción del territorio afectado por el AMO de manera particular. Se plantea que la diversidad natural y la revalorización cultural son las  grandes aliadas contra el extractivismo minero depredador de la naturaleza y esclavizador de las comunidades. Se plantea en el marco del PLAN crear los mecanismos para contar con certificados de denominación de origen, certificados de productos verdes, avales de comercio justo y de comercio verde, entre otros mecanismos para lograr los emprendimientos y el trabajo digno como base del bienestar en la Guayana y Amazonía venezolanas. Estas experiencias se espera convertirlas  en “vitrina” para el resto del país, que requiere como un todo, salir del desarrollo insostenible del siglo XX y entrar en las oportunidades de desarrollo sostenible  que ofrecen en el siglo XXI la adaptación y mitigación climática. Estas se asumen como factores de articulación de la nueva economía venezolana, que debe dejar atrás, en el pasado, al rentismo petrolero y minero, en el contexto del cambio ecológico- político al que se aspira bajo las orientaciones de justicia y gobernanza ambiental.

Mutilaciones con motosierras y asesinatos: los atroces castigos de las bandas en las minas de oro venezolanas por Ymarú Rojas – ABC – 5 de Febrero 2020

Un informe de Human Right Watch alerta de la brutalidad de los grupos armados que controlan las explotaciones con el visto bueno del régimen de Maduro

La presencia de estos sujetos ha sido denunciada por los pobladores que han sido acosados y han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. En el documento, HRW explica que a las minas de oro llegan las personas de bajos recursos a trabajar debido a la acuciante crisis económica y estando ahí «se han convertido en víctimas de delitos macabros cometidos por grupos armados que controlan (las) minas ilegales», expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

La mina de oro «Ocho muertos» en Las Claritas, en 2016
La mina de oro «Ocho muertos» en Las Claritas, en 2016 – @ Clavel A. Rangel

«Los distintos sindicatos que controlan las minas ejercen un estricto control sobre las poblaciones que viven y trabajan allí, imponen condiciones de trabajo abusivas y someten a tratos brutales a quienes se acusa de robos y otros delitos. En los peores casos, han desmembrado y matado frente a otros trabajadores a quienes presuntamente no habían cumplido con sus reglas», reza el documento. Varios residentes dijeron conocer casos en que miembros de sindicatos habían desmembrado con motosierras, hachas o machetes a quienes transgredieron las reglas.

De la misma manera que denuncian, también lanzan una importante advertencia: «Es crucial que las refinerías y quienes compran oro se aseguren de que el oro venezolano que forma parte de sus cadenas de suministro no esté manchado con la sangre de víctimas venezolanas».

La explotación de recursos también ha repercutido en el medioambiente así como la salud de las personas que trabajan en Arco Minero del Orinoco, que contempla una zona de 114.000 kilómetros cuadrados, el 12,2% del territorio venezolano. Y la explotación de recursos como la bauxita, oro, coltán, hierro, cobre, diamantes y coalín, ha puesto en riesgo a la población también conformada por más de 54.000 indígenas, y la deforestación y el uso de mercurio en la actividad minera.

Desde sus inicios, el proyecto ha estado en gran parte controlado por Rusia y China, países que han invertido y participado activamente en la explotación de oro y diamantes.

Testimonios desgarradores

El informe recoge declaraciones de personas que han sido víctimas de los abusos y la explotación. Durante 2018 y 2019, HRW entrevistó a 21 personas que trabajaron en minas o en localidades mineras del estado Bolívar. Otras 15 entre periodistas, indígenas y expertos dieron sus testimonios entre octubre y noviembre pasado. Todos los entrevistados coinciden con que no sólo hay un control por grupos armados, sino que grupo paramilitar colombiano ELN ha tomado parte del territorio minero y han tenido presencia activa.

El régimen de Nicolás Maduro ha sido otro de los participantes de la zona, según las denuncias de diputados. De acuerdo con información de parlamentarios, como Américo De Grazia, Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente chavista, lidera uno de las minas. Y aunque los testigos aseguran que el Gobierno chavista es consciente de la situación, Human Rights Watch no encontró «información pública sobre investigaciones que se hayan realizado para determinar la responsabilidad penal de funcionarios gubernamentales o miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas implicados en estos abusos». Mucho menos recibieron respuesta del régimen cuando solicitaron información al respecto.

La explotación del Arco Minera comenzó en 2016 por un decreto presidencial, sin embargo, el organismo tampoco encontró algún registro de la Asamblea Nacional venezolana, la institución pública que tuvo que aprobar la decisión como lo exige la Constitución. «Según información recibida por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y los testimonios recabados por Human Rights Watch, el gobierno no llevó a cabo previamente estudios adecuados de impacto ambiental ni consultas a poblaciones indígenas que vivían allí, como también lo exige la Constitución».

Por si fuera poco, Maduro dijo en octubre que le cedería la gestión de una mina de oro a cada uno de los gobernadores de los estados que pertenecieran al partido oficialista como premio de lealtad.

Entre los desgarradores relatos se encuentra el de Ligia Castro (seudónimo), de 35 años, quien trabajó en minas en El Algarrobo y La Cucharilla en 2018. Durante el día trabajaba en un restaurante y de noche en las minas. Castro contó que, en 2018, fue acusada una joven en una de las minas de «robar» un par de pantalones a otra mujer.

«La joven insistió que no había robado nada. Castro contó que miembros del sindicato le cortaron las manos a la mujer con un machete, mientras le gritaban: ‘¡Di que no lo vas a hacer más!’. Cuando la mujer repitió que no había robado los pantalones, los miembros del sindicato dispararon al aire mientras exclamaban: ‘¡Acá no se puede robar!’. Castro contó que miembros del sindicato aplicaron vendas a la mujer y se la llevaron en un lanchón. Le indicaron que dijera haber tenido un accidente porque sabían dónde encontrar a su familia».

Entre los entrevistados se encuentra un niño de 16 años con fractura de columna provocada por el golpe de un tronco mientras usaba una manguera de alta presión sin ningún tipo de protección. Otro de 17 años, contó haber visto a miembros del sindicato amputar dedo por dedo de las manos de un minero acusado de haber robado oro, antes de amputarle lo que quedaba de ambas manos. Dijo que lo hicieron frente a otros mineros para que «todos pudieran ver». Estos son algunos de las atrocidades que se cometen en la zona minera de Venezuela, en la que también las personas son mutiladas con motosierras o forman parte de la larga lista de personas masacradas cruelmente.

Repunte de la malaria

La malaria ha tenido un repunte en los últimos años al sur del país. Entre 2010 y 2018, aumentaron los casos en un 797%. El año 2015 fue comparado con 2016, por un incremento preocupante de 136.402 a 240.613 casos. Mientras que en 2018 se registraron 404.924 casos.

Y debido a la migración interna de habitantes de Bolívar y del estado Amazonas, se ha propagado en otras regiones del país la enfermedad que había sido erradicada a mediados del siglo pasado.

 

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