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Miguel Díaz-Canel insiste en que el apoyo de Cuba a Venezuela es “invariable” – La Patilla – 30 de Mayo 2018

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Luego de una semana del proceso del 20 de mayo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, arribó a Venezuela para dar un “apoyo invariable” a Nicolás Maduro.

“El apoyo de Cuba a Venezuela será siempre invariable, dados sus nexos de solidaridad, fortalecidos en los últimos 19 años. Venezuela ha apoyado a Cuba a lo largo de toda su historia, y a muchas naciones de la región, por lo que tenemos una deuda con este país, que necesita el respaldo en su resistencia de la guerra económica y política con la que está siendo atacada”, expresó Díaz-Canel durante un discurso desde la Constituyente cubana.

“Venimos a mostrar nuestra solidaridad y apoyo al presidente Nicolás Maduro reelecto el pasado 20 de mayo, quien dará continuidad al legado del comandante Hugo Chávez”, agregó e insistió en que “tenemos una deuda de gratitud con este país y ahora Venezuela necesita el respaldo ante la guerra política economica financiera que sufre en estos momentos”.

 

Caracas y el desasosiego como rutina por Francesco Manetto – El País – 25 de Mayo 2018

Nicolás Maduro apuntala el régimen mientras la sociedad venezolana demanda cambios urgentes

En Venezuela la palabra cambio es más una urgencia vital que una noción política como en otras partes del mundo. Está detrás de cada esquina, en las conversaciones, en los deseos, en los ojos de quienes cuentan su historia. Lo es para esa gran mayoría de la sociedad que el pasado domingo decidió boicotear las elecciones como pedían las principales fuerzas del Frente Amplio o votar por Henri Falcón con la esperanza de expulsar a Nicolás Maduro del poder. Pero también, de manera distinta, lo es para todos los que se creyeron la fábula del enemigo exterior, de la guerra económica, los que a pesar de mantener una vaporosa fe en la llamada revolución quieren salir del desastre en el que los metió el régimen.

En las elecciones ganaron los de siempre, los de siempre desde hace 20 años, que ya han comenzado a superarse a sí mismos. Han pasado del chavismo a una suerte de poschavismo. Del “todo por el pueblo” al control del pueblo. El presidente estrenó su nuevo mandato, que se prolongará hasta 2025, con nuevas condenas internacionales y algunos gestos cosméticos que ya vienen siendo habituales después de una votación. Excarceló a 11 directivos de Banesco, la principal entidad privada del país, detenidos desde principios de mayo. Quizá anuncie ahora más liberaciones de presos políticos. Pero también amenazó a líderes opositores, expulsó al principal diplomático de Estados Unidos, detuvo a militares e intensificó el acoso a la prensa.

Lo que ocurra a los venezolanos está supeditado a los designios del régimen y de su traducción parlamentaria, la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, los castigos, las broncas, la delirante política monetaria e incluso los gestos de generosidad o las cesiones dependen, en última instancia, de una persona, de Maduro. Este es el horizonte que, a falta de un colapso o una reactivación de la iniciativa de la oposición, contempla la población. Lo ven con gafas distintas las varias almas de la oposición y los militantes chavistas. Pero el paisaje es el mismo.

Tres días antes de los comicios, a la salida del aeropuerto de Maiquetía, una pareja de policías pidió “una colaboración” a dos periodistas que acababan de aterrizar. No, no era un intento de extorsión. Eran limosnas ante una hiperinflación insoportable y unos salarios inverosímiles. El lunes esa situación no había cambiado. Se convirtió, de nuevo, en rutina, en una imagen congelada en el tiempo.

En esa fotografía, en la que los temores y el desasosiego se confunden con la realidad, el tráfico de Caracas sigue fluyendo, aunque cada vez con menor intensidad. Los bares siguen abriendo, aunque el dinero en efectivo sale, poco a poco, de circulación. Las mascotas desaparecieron hace tiempo de las aceras y los parques. Mientras cada día hay caraqueños que abandonan sus casas antes de huir de la miseria o del acoso de las autoridades, en la urbanización del Country Club alguien tiene el valor y los recursos para construir una mansión. El kilo de carne continuará compitiendo con el salario mínimo, 2,5 millones de bolívares, menos de tres dólares al cambio no oficial. En los barrios habrá bolsas de comidas de vez en cuando. O no. El agua corriente será una alegría entre los cortes de suministro. Los venezolanos, en definitiva, seguirán esperando.

 

Venezuela: la frontera final de la utopía por Carmen Beatriz Fernández – Estudios Política Exterior – 24 de Mayo 2018

Unknown-1.jpegEl día 19 de mayo, en vísperas de las elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, un tópico se hizo tendencia en Venezuela en las redes sociales durante todo el sábado: #RoyalWedding. Ello por sí solo es indicador de lo poco interesantes que eran las votaciones a las que estaban convocados los venezolanos al día siguiente, que en cifras oficiales arrojaron un 52% de abstención.

La coletilla “oficial” en el dato de participación es relevante, porque las cifras no oficiales reportadas por Reuters a las 6 de la tarde (hora formal del cierre de las mesas) eran del 32%. Unas horas después, cuando se anunció el primer parte, el dato subió hasta el 48%. Aún dándolo por bueno, un 52% de abstención es marca récord en la que fue la democracia más antigua de la región. En 1958 se estrenó la democracia venezolana con apenas un 6,6% de abstención. Y fue creciendo en procesos subsiguientes: en 1963 al 7,8%; en 1968, 3,3%; en 1973, 3,5%; en 1978, 12,5%; en 1983, 12,3%; en 1988, 18,1%; en 1993, 39,9%; en 1998, la primera victoria de Hugo Chávez tuvo un 36,5% de abstención; en 2000, 43,4%; en 2006, 25,3%; en 2012, la de Henrique Capriles contra Chávez, alcanzó un 19,5%; y en 2013, cuando Maduro fue anunciado ganador, el 21,4 %.

La abstención es la expresión de apatía y descontento de la mayoría del electorado a una convocatoria írrita en otro intento de Maduro por “huir hacia adelante”. Convocó a unas presidenciales adelantadas mientras se negociaban las condiciones electorales en República Dominicana y a espaldas de estas, como ardid que buscaba atropellar el proceso de diálogo. El llamado a las urnas fue hecho por la Asamblea Nacional Constituyente, que a su vez había sido otra huida hacia adelante madurista para escapar del referéndum revocatorio.

Los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, con los ahora ilegalizados Primero Justicia y Voluntad Popular a la cabeza, así como la Iglesia y un amplio conglomerado de fuerzas sociales agrupadas bajo la denominación común de Frente Amplio, decidieron no participar electoralmente. Han clamado fraude de la convocatoria, del proceso y de las propias elecciones. No están solos: 44 países han hecho lo mismo, incluidos los multilaterales G7 y Grupo de Lima.

Pero cantar fraude suele ser común entre quienes pierden elecciones. ¿Qué es lo que lo hace diferente esta vez? Bien sabemos que no hay elecciones totalmente perfectas. No las hubo en la democracia venezolana, y desde 1998 se han ido haciendo progresivamente más imperfectas. Todos los políticos se aferran al mando y son las instituciones las que le ponen freno a las desmedidas apetencias del poder, naturales en el ethos del político. Podríamos decir que “los políticos son chavistas por natura”, parafraseando al politólogo polaco Adam Przeworki. Pese a su retórica utópica, o más bien por ella misma, desde la llegada de Chávez a la presidencia su mayor empeño estuvo en la destrucción del andamiaje institucional.

El símil de la cancha inclinada que tanto se usa para definir sistemas electorales desequilibrados es muy bueno: la cancha se ha ido progresivamente inclinando hasta hacerle prácticamente imposible al jugador opositor meter goles. Pero ahora se ha ido más lejos en tres sentidos muy perversos. En primer lugar, el gobierno se abrogó la potestad de escoger a su contendor. Cualquier opositor con estatura suficiente como para poder retarle en una contienda presidencial está preso, exiliado, inhabilitado o muerto. Segundo, esta vez los electores están incompletos. Se calcula que unos cuatro millones de venezolanos, o hasta el 20% del padrón electoral, han salido de las fronteras nacionales. En teoría tendrían derecho a voto, pero solo 100.000 están registrados para hacerlo, pues las trabas administrativas para hacerlo son muchas y variadas. Tercero, la hiperinflación impide cualquier rastro de normalidad electoral. Es un proceso que lleva a millones de personas a no aspirar diariamente a ir más allá de la mera subsistencia. En este contexto, el gobierno instaló un sistema de electoral que es en realidad un aparato de dominación social basado en el hambre. La hiperinflación venezolana es un monstruo de proporciones apocalípticas que genera muerte, destrucción y éxodo a su paso ¿Cómo puede el responsable de ese monstruo haber sido reelecto? Solo con un fraude de similar tamaño.

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Fuente: The Washington Post

Pocos países del mundo han reconocido al mandatario “re-electo”. Rusia, China, Cuba, Turquía, Siria, Irán, Bielorrusia, Nicaragua y Bolivia son algunas excepciones. El listado parece el de miembros de un sórdido club de autoritarismos, pero un esfuerzo por detener la catástrofe venezolana deberá incluir a alguno de estos países, probablemente a la propia Cuba, como actor clave.

El futuro no luce prometedor en el corto plazo. La presión poselectoral seguirá, vendrán más sanciones, la asfixia financiera se consolidará, habrá más episodios de enajenación de activos petroleros y se profundizará el éxodo de venezolanos por tierra, con fuertes presiones demográficas a otras naciones de la subregión. Cada “huida hacia delante” de Maduro ha conducido al país, y a sí mismo, a un abismo más profundo. Finalmente, se impondrá el equilibrio tras un costoso proceso, que nadie puede prever en detalle pero que ya se asoma en las presiones internacionales, los movimientos institucionales de la Asamblea Nacional y la profunda inquietud en el sector castrense.

Quedará una certeza: Chávez soñó la utopía y Maduro hizo realidad la distopía.

 

Comunicado entidades federales Mexico – 23 de Mayo 2018

Aviso a las entidades financieras respecto de las operaciones celebradas con entidades que sean parte u operen al amparo de la denominada ” Asamblea Constituyente” de la Republica de Venezuela.

Para leer el Comunicado abrir el siguiente enlace:

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Lo que nace del fraude es incurablemente ilegitimo – Declaración MUD – 24 de Mayo 2018

LO QUE NACE DEL FRAUDE ES INCURABLEMENTE ILEGITIMO

 El pueblo venezolano agobiado por la hiperinflación y la escasez, consecuencias del desgobierno y la corrupción, ve como un hecho distante y ajeno que la ilegitima Asamblea Nacional Constituyente, reciba al beneficiario de una convocatoria electoral a su vez ilegitima en su origen y en su ejecución. Dos ilegitimidades no pueden producir una legitimidad. El acto escenificado durante el mediodía de hoy es otro capitulo de la farsa con la que se ha pretendido expropiar a los venezolanos su derecho a elegir un nuevo Presidente para el periodo constitucional que comienza en enero de 2019.

La falsa constituyente felicita al beneficiario del fraude y agrega otra escena bufa a la farsa, con un falso juramento para una toma de posesión que ellos mismos dicen que deberá realizarse en enero. ¡Ya basta de burlas a los venezolanos!

Venezuela como nación civilizada tiene una Constitución que debe ser respetada. Los venezolanos somos un pueblo digno, como lo acabamos de demostrar una vez más el pasado 20 de mayo. Es indignante que se usen espacios públicos y símbolos de la Patria, para escenificar una mentira. Ni fue esa una toma de posesión ni la ANC tenia autoridad constitucional para administrarla. Y, como todos en Venezuela y el mundo sabemos, tampoco la del domingo 20 de mayo fue una elección. ¿A quién se quiere engañar?

Lo que Venezuela necesita y reclama es un nuevo gobierno al servicio de todos los venezolanos y no en beneficio de un pequeño grupo, que tenga la voluntad, la capacidad, la credibilidad y el compromiso de enfrentar los gravísimos problemas que han generado la más grave crisis de nuestra historia. Para ese cambio indispensable, la vía constitucional, democrática, pacífica y segura, es la realización de una elección verdaderamente libre.

Eso es lo que espera y es lo que merece la sociedad venezolana. Una elección limpia que produzca libremente un nuevo gobierno y nos asegure un nuevo rumbo de libertad y justicia, de prosperidad y de paz.

La Unidad Democrática repudia esta nueva burla al pueblo venezolano y sus necesidades y ratifica su decisión de sumar su voz, su voluntad y su esfuerzo a un gran encuentro nacional por el cambio.

La MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA

 

¿Qué fue lo que pasó con la “juramentación” de Nicolás Maduro ante la ANC? por José Ignacio Hernández – ProDaVinci – 24 de Mayo 2018

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Sin mayor anuncio previo, el 24 de mayo de 2018 Nicolás Maduro informó que ese día acudiría a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para juramentarse “como Presidente Reelecto de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025, por voluntad del pueblo libre y soberano”.

Hacía días que el tema de la “juramentación” de Maduro había sido objetivo de diversas noticias informales, especialmente, luego de que pasadas las siete de la noche del 21 de mayo de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de cuenta twitter, informara que Nicolás Maduro había interpuesto una “demanda de interpretación” ante la Sala Constitucional.

Al menos para el momento de la “juramentación” ante la ANC, el TSJ no había anunciado ninguna decisión en torno a la “demanda de interpretación” presentada.

¿Qué conclusiones pueden extraerse de todo esto?

Lo que dice la Constitución y lo que dijo en 2013 la Sala Constitucional

No está de más recordar lo que dice la Constitución acerca de la juramentación del Presidente electo. De acuerdo con su artículo 231, el candidato electo tomará posesión del cargo de Presidente el 10 de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Es decir, que la toma de posesión debería realizarse mediante juramento ante la Asamblea Nacional el 10 de enero de 2019.

Pero en 2013 la Sala Constitucional “reescribió” este artículo para aclarar que en caso de reelección, la juramentación y toma de posesión era una mera formalidad pues en suma, había una suerte de “continuidad” del mandato presidencial.

Aplicando esa tesis, por ello, la fecha del 10 de enero de 2019 no es relevante, pues Maduro, como “Presidente reelecto”, se mantendría en ejercicio del cargo de manera continua, entre el período que finaliza y el período que inicia en 2019. De allí que no tenía mayor sentido, como fue asomado, señalar que la ilegitimidad de Maduro derivada de su fraudulenta elección solo comenzaba a regir a partir de 2019.

Lo que pasó

No era de extrañar que la ANC asumiese la competencia para tomar “juramento” a Maduro, invocando la falsa tesis del desacato de la Asamblea Nacional y, además, reeditando su decisión en torno a la “juramentación” de los gobernadores.

Lo que sí extraña es que esa “juramentación” se haya efectuado en mayo de 2018, y no en enero de 2019. Tanto más, acoto, luego de que el TSJ anunciara de una “demanda interpretación” presentada por Maduro, de la cual no se tiene mayor noticia.

Así, en un “Decreto Constituyente” anunciado el mismo 24 de mayo, la ANC informó que había recibido la “certificación” de la elección del 20 de mayo, y por ello, Maduro debía asumir el cargo y tomar juramento en enero de 2019. Pero acto seguido, la ANC tomó juramento a Maduro.

Es decir: la ANC aclaró que la juramentación se realizaría el 10 de enero de 2019, pero procedió a “juramentar” a Nicolás Maduro como Presidente por el período 2019-2025.

Un fraude continuado

La “juramentación” ante la ANC realizada el 24 de mayo de 2018 no es siquiera un acto jurídico. Así, no solo la “reelección” de Nicolás Maduro fue resultado de un proceso conducido completamente al margen de la Constitución, sino que además, la ANC, que es un órgano ilegítimo, no tiene competencia para tomar juramento a ningún funcionario. Y mucho menos la juramentación del Presidente electo –si lo hubiere- podría hacerse antes del 10 de enero de 2019, y por una instancia distinta a la Asamblea Nacional.

Con lo cual, en sentido estricto, lo realizado en la ANC el 24 de mayo de 2018 no debería ser calificado como “juramentación”.

Con todo, el acto político realizado por la ANC demuestra que todo el proceso de las elecciones presidenciales forma parte de un fraude continuado, es decir, de un conjunto de decisiones concatenadas entre sí que pretenden tener apariencia de un proceso electoral pero que, en el fondo, no son más que actuaciones políticas orientadas a violentar la Constitución y muy en especial, los derechos políticos de los venezolanos.

 

Maduro se juramentó como “presidente reelecto” ante la ANC – El Nacional – 24 de Mayo 2018

Este jueves Nicolás Maduro se “juramentó” como “presidente reelecto” de Venezuela ante la asamblea nacional constituyente (ANC).

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Este domingo Nicolás Maduro fue “reelecto” en unas “elecciones presidenciales” convocadas por la ANC y que no cuenta con el reconocimiento de numerosos países organismos internacionales.

Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado por la ANC; Tarek William Saab, fiscal general designado por la ANC; Tareck El Aissami, vicepresidente de la República; Padrino López, ministro de Defensa; Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); el alto mando militar, diplomáticos y constituyentes también están presentes en el acto.

 

Un presidente sin mandato por Michael Penfold – ProDaVinci – 22 de Mayo 2018

Unknown-1.jpegVenezuela entró en una etapa política que pareciera no tener retorno. El resultado de las elecciones del domingo se puede resumir en una sola frase: un presidente sin un claro mandato constitucional.

Tanto la comunidad internacional, como los actores políticos nacionales relevantes, incluyendo a quien decidió participar como el principal contrincante del gobierno, han desconocido los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral, resultados que tal como fueron presentados guardan para el análisis una referencia cualitativa más que cuantitativa.

La profunda crisis de gobernabilidad que enfrenta Venezuela se ha terminado de acelerar de una forma definitiva con unos resultados que carecen de legalidad, sobre todo a partir de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y la usurpación de los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional. La pregunta ya no es si existen las condiciones objetivas que pudiesen derivar en un potencial quiebre de la coalición oficialista, sino cuál puede ser la contingencia sobrevenida que dé inicio a un cambio político para Venezuela.

Es el comienzo del fin del madurismo.

Es indudable que el gobierno deseaba utilizar el 20 de mayo (o 20M) para materializar múltiples objetivos, pero ninguno de ellos pudo concretarse. Primero, ante la presión internacional, el gobierno quería compensar su falta de reconocimiento externo a través de un acto de votación que lo legitimara domésticamente. Segundo, deseaba desplazar a una oposición que le resultaba cada vez más incómoda por otra hecha a su medida. Tercero, el gobierno buscaba sustituir las estructuras chavistas tradicionales para terminar de personalizar el poder exclusivamente en la figura presidencial. Finalmente, quería aprovechar los resultados del 20 de mayo para abrir un nuevo proceso de negociación que estuviese centrado exclusivamente en los temas económicos y sociales sin tener que poner sobre la mesa el tema electoral e institucional.

Todos estos objetivos se evaporaron. El deslave abstencionista hizo ver la debilidad de la figura de Nicolás Maduro frente a una maquinaria chavista que decidió sublevarse sigilosamente. La hiperinflación pulverizó el carnet de la patria y los puntos rojos. Maduro redujo su votación en prácticamente 2 millones de votos, comparado con su cuestionado triunfo en 2013 y un nivel de participación que ha sido el más bajo comparado con cualquiera de las contiendas presidenciales de las últimas décadas. Si el objetivo era, frente a la presión internacional, ganar legitimidad en el plano nacional producto de una votación masiva, esta posibilidad quedó totalmente abortada frente a los resultados de las votaciones. La idea de una oposición leal también fue pulverizada ante la decisión correcta de Henri Falcón de desconocer los escrutinios, como consecuencia de la violación flagrante de los acuerdos electorales a los que había llegado con el gobierno. Con ello, la esperanza oficialista de una oposición dividida con la que se pudiese negociar fue definitivamente derrotada.

El chavismo también se sublevó frente a la posibilidad de personalizar el poder completamente en la Presidencia. Somos Venezuela, la plataforma electoral alternativa que Maduro diseñó para ese propósito, no obtuvo ni 5% del total de la votación del chavismo. La dependencia de Maduro de la estructura partidista del PSUV sigue siendo una realidad política, así como también lo es su mayor dependencia del sector castrense. Esta es quizás una de las mayores frustraciones para el madurismo derivada del 20M: va a tener que seguir compartiendo el poder, sin estar en una posición claramente dominante. Y una potencial negociación, con Zapatero nuevamente como un mediador poco confiable, centrada en la reconstrucción económica y social, quedó en el tintero ante el agravamiento de la crisis político-institucional y la ausencia de un interlocutor más light para el gobierno en el mundo opositor. Esa negociación, tal como ha insistido la comunidad internacional, tendrá ahora que pasar inevitablemente por un nuevo proceso electoral con garantías políticas, así como por el restablecimiento del Estado de Derecho.

En teoría, el chavismo tiene siete meses antes de la culminación del mandato constitucional de Maduro en enero de 2019 para barajar sus opciones: negociar un cambio o radicalizarse. Es imposible descartar que Maduro logre permanecer en el poder más allá de esa fecha, pero si esto ocurre, incluso para los mismos actores que lo rodean, será más una situación de facto que de jure. Es evidente que el chavismo también tiene ese periodo de tiempo para ver cómo aborda la realidad política ante la profundización de una crisis, tanto nacional como internacional, de un presidente que no posee un claro mandato para su reelección y que mientras permanezca en el poder será un obstáculo para enfrentar la hiperinflación, el colapso de la producción petrolera, la remoción de las sanciones internacionales, la emergencia social y la reactivación productiva. Las contradicciones que esta situación va a generar, y los riesgos de implosión, no son menores. Aunque es muy difícil predecir el futuro venezolano, es un hecho cierto que hemos entrado en un periodo de alta incertidumbre e inestabilidad.

 

Acuerdo Asamblea Nacional sobre elecciones del 20M – 22 de Mayo 2018

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LA ASAMBLEA LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho

ACUERDO REITERANDO EL DESCONOCIMIENTO DE LA FARSA REALIZADA EL 20 DE MAYO DE 2018 PARA LA SUPUESTA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO

Que en acuerdos aprobados el 27 de febrero, 27 de marzo y 15 de mayo de 2018, esta Asamblea Nacional concluyó que la farsa convocada por la ilegítima asamblea nacional constituyente y el Consejo Nacional Electoral para el 20 de mayo del presente año a los fines de la supuesta elección del Presidente de la República, debía considerarse un evento fraudulento, ilegítimo y por ende jurídicamente inexistente, de conformidad con los artículos 25 y 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

CONSIDERANDO

Que la farsa realizada el 20 de mayo incumplió todas las garantías electorales reconocidas en Tratados y Acuerdos de Derechos Humanos, así como en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Procesos Electorales, tomando en cuenta la ausencia efectiva del Estado de Derecho; la parcialidad del árbitro electoral; la violación de las garantías efectivas para el ejercicio del derecho al sufragio y para el ejercicio del derecho a optar a cargos de elección popular; la inexistencia de controles efectivos en contra de los actos de corrupción electoral perpetrados por el Gobierno; la sistemática violación a la libertad de expresión, aunada a la parcialidad de los medios de comunicación social controlados por el Gobierno, y la ausencia de mecanismos efectivos y transparentes de observación electoral;

CONSIDERANDO

Que diversos actores de la comunidad internacional ya se han pronunciado para desconocer la farsa llevada a cabo el 20 de mayo de 2018, como es el caso del Grupo de Lima, quien concluyó que “no reconocen la legitimidad del proceso electoral” y que por ende, “acuerdan reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas en Venezuela”;

CONSIDERANDO

Que a pesar de los más perversos mecanismos de control social implementados por el régimen de Nicolás Maduro Moros, tales como, el carnet de la patria, los puntos rojos y las cajas CLAP, es un hecho público y comunicacional que el pueblo de Venezuela, en su gran mayoría, decidió no participar en la farsa del 20 de mayo, desconociendo un proceso ilegítimo en su origen y que además, estuvo plagado de constantes abusos cometidos por el régimen, con la complicidad del Consejo Nacional Electoral y la ilegítima asamblea nacional constituyente;

CONSIDERANDO

Que la farsa realizada el 20 de mayo no permite solucionar la grave crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela, y que por el contrario, solo contribuirá a afectar todavía más los problemas de gobernabilidad existentes, agravándose así la crisis venezolana con efectos importantes en toda la región;

CONSIDERANDO

Que la Fuerza Armada Nacional, en concreto los funcionarios del Plan República, fueron los principales testigos de las irregulares de la farsa realizada el 20 de mayo, y que de conformidad con el artículo 328 de la Constitución la Fuerza Armada Nacional constituye una institución sin militancia política y por ello una institución al servicio y defensa de la Constitución.

ACUERDA

Primero. Declarar como inexistente la farsa realizada el 20 de mayo de 2018, al haberse realizado completamente al margen de lo dispuesto en Tratados de Derechos Humanos, la Constitución y las Leyes de la República.

Segundo. Desconocer los supuestos resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral y en especial, la supuesta elección de Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República, quien debe ser considerado como un usurpador del cargo de la Presidencia de la República.

Tercero. Desconocer cualesquiera actos írritos e ilegítimos de proclamación y juramentación en virtud de los cuales se pretenda investir constitucionalmente al ciudadano Nicolás Maduro Moros como supuesto Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2019-2025.

Cuarto. Exaltar la decisión del pueblo de Venezuela, quien en defensa de nuestra Constitución y bajo el amparo de los artículos 333 y 350 que la misma consagra, decidió rechazar, desconocer y no convalidar la farsa convocada para el 20 de mayo, a pesar de la presión gubernamental a través de los medios de control social.

Quinto. Reiterar el exhorto a la comunidad internacional para que sean practicados sus buenos oficios en la oportunidad de aumentar las condiciones que deriven en la solución de la crisis humanitaria y en el restablecimiento de la Democracia en el país.

Sexto. Reiterar el exhorto a la Fuerza Armada Nacional para que cumpla y haga cumplir la Constitución y se le devuelva la soberanía al pueblo venezolano.

Séptimo. Convocar al pueblo de Venezuela, a todos los actores políticos, funcionarios públicos, y representantes de la sociedad civil para unir esfuerzos a los fines de diseñar una estrategia unitaria para promover un cambio político en Venezuela, orientado al restablecimiento efectivo del Estado de Derecho y de la democracia constitucional, tal y como lo ordena el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Octavo. Ratificar el compromiso para producir los cambios políticos y constitucionales que permitan rescatar las condiciones de integridad electoral y lograr así elecciones presidenciales libres y transparentes en el 2018, tal y como lo dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Noveno. Notificar a los órganos del Poder Público y a los representantes del cuerpo diplomático sobre el presente Acuerdo.

Décimo. Dar publicidad al presente Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 22 días del mes de mayo de dos mil dieciocho. Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.

OMAR ENRIQUE BARBOZA GUTIÉRREZ Presidente de la Asamblea Nacional

JULIO CÉSAR REYES Primer Vicepresidente

ALFONSO JOSÉ MARQUINA Segundo Vicepresidente

NEGAL MANUEL MORALES LLOVERA Secretario

JOSÉ LUIS CARTAYA Subsecretario

Pase lo que pase: no hay salida electoral por Tulio Álvarez – America 2.1 – 21 de Mayo 2018

Unknown.jpegEscribo contento por haber cumplido la promesa que me hice a mí mismo de no comentar u opinar sobre el evento convocado por el régimen para este 20 de mayo. Tampoco recomendé comportamiento alguno a los allegados que me plantearon un falso dilema. Considero que ya era suficiente con lo dicho en pasadas elecciones para formar criterio y que el foco del problema es distinto. En consecuencia, cualquier manifestación personal resultaría inocua y, aun peor, podría obstaculizar algún aporte para el día después.

Desde la perspectiva de la destrucción de la economía, la marginalización de la sociedad y la crisis humanitaria no habrá un nuevo amanecer después del simulacro, pase lo que pase. No se trata de la sustitución de Nicolás Maduro, ni siquiera se limita a la extirpación de esos tumores rojos y purulentos que han hecho metástasis en el sistema político y que algunos aun llaman revolución. Venezuela vive un deslave socio-cultural y una inversión de valores que nos está colocando al borde de la desintegración nacional. Entonces, un cambio de presidente, equipo de gobierno o partido no basta. Creo que está petición de principio ha debido ser la base de cualquier decisión estratégica pero, estemos claros, estos no son tiempos de racionalidad.

Otro elemento clave es la consideración de que aquí vivimos una crisis política en un enfrentamiento por la legitimidad entre el gobierno y la oposición. Falso de toda falsedad. Se trata de un pueblo que se enfrenta a un régimen autoritario con vocación total que viola sistemáticamente los derechos humanos, al punto de desconocer toda recomendación y decisión de los organismos regionales y mundiales, colocándose al margen de la ley internacional.

El único efecto práctico del teatro del 20-M es en el plano internacional. Efectivamente, a partir de esta fecha, el régimen de Maduro certificó por sí mismo que la crisis venezolana no tiene salida electoral y la comunidad de naciones toma nota de tal situación. La base de tan rotunda afirmación tiene fundamento en los siguientes antecedentes:

El fraude electoral inaugural ejecutado en el marco del referendo revocatorio del mandato de Chávez Frías el año 2004. Después continuaría una cadena de procesos fraudulentos que se prolongaría hasta la muerte del líder rojo.

La forma en que se celebró la tramoya de elección presidencial en abril de 2013, la inelegibilidad de Nicolás Maduro, dada su doble nacionalidad y condición de vicepresidente en ejercicio y el artero desmantelamiento de la protesta por el fraude, lo que implicó la entrega de un resultado que culminó con un supuesto resultado que favoreció a Maduro con 50.6% de los votos contra el 49.1% de Capriles.

La utilización del control institucional sobre el Estado para anular el resultado de la elección parlamentaria del 9 de diciembre de 2015. En este inusitado pero justificado resultado la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganó 112 de los 167 escaños en el Nacional a pesar de todas las manipulaciones y ventajismos concebibles.
Inmediatamente se activa el plan B del Estado Forajido, el 30 de marzo de 2017, despojando de todo poder al Parlamento sobre la base de un desacato del órgano que representa al Pueblo de Venezuela a los dictámenes de la cofradía judicial del PSUV. También, en mayo de 2016, Maduro declara el estado de emergencia asumiendo poderes legislativos de facto, incluido el derecho a imponer medidas de seguridad en áreas más allá de lo económico.

Desconocimiento de las decisiones tomadas por el pueblo convocado en Asamblea Ciudadana, el 16 de julio de 2017, en el que cerca de ocho millones de venezolanos se activaron para manifestarse en forma vinculante contra el régimen y su plan de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

La inmediata irrupción el 30 de julio de 2017 de un remedo de Asamblea Constituyente convocada en contra de la Constitución y los parámetros básicos del Derecho Constitucional Democrático para terminar de usurpar los poderes legislativos. En el simulacro electoral el CNE certificó una votación de 8.1 millones representativa del 41.5% del registro electoral a pesar de ser un hecho notorio que un pueblo desarticulado pero hastiado de tanta miseria no participó en el proceso. Si fueron capaces de tamaña manipulación, a pesar de todas las evidencias, qué les podía impedir volver a aplicar tan cínico mecanismo más si cuentan con activa participación de candidaturas a conveniencia.

El 15 de octubre de 2017, el PSUV gana 18 de las 23 elecciones para gobernador con las mayores evidencias de fraude e, inclusive, dejando sin efectos la elección del Gobernador del Estado Zulia ante su negativa a someterse ante la ANC. A finales del año, el PSUV arrebata la mayoría de las alcaldías y la gobernación del Estado de Zulia. Además, el CNE aprovecha para obligar a reiterar el registro a los partidos que no participaron en las elecciones municipales, inhabilitándolos en la práctica. Esta estrategia coincide con la inhabilitación de los principales o más representativos candidatos opositores.
Y ahora, el sainete pretende imponer que volvieron a votar más de ocho millones de venezolanos. Prueba irrefutable de fraude.

Se evidencia de la relación de acontecimientos y del montaje que se produjo el 20-M que está cerrada toda vía electoral. Pero además la crisis humanitaria en Venezuela deriva en una masiva migración masiva que ha sido calificada por Shannon O’Neil, representante de Latin America at the Council on Foreign Relations, como la mayor crisis de refugiados en el hemisferio en la historia moderna. El número de refugiados venezolanos crece exponencialmente y, combinada a la actitud belicista del régimen y sus alianzas con el narcotráfico, pone en riesgo la paz y seguridad de la región. Esta grave situación ha sido confirmada por la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR y define un número aproximado de cuatro millones de compatriotas que han huido el país.

Mi convicción es que el manotazo dado hoy por Maduro lo termina de aislar pero, lo más relevante, define la imposibilidad de una salida electoral al colapso que vive Venezuela. Ante tal situación, bajo la aplicación de los artículos 1(3) y 2(4) de la Carta de la ONU, regulatorios de la promoción de derechos humanos y la posibilidad de actuar para solucionar una crisis humanitaria, está dado el supuesto de hecho para una intervención internacional en nuestro país. Una dolorosa situación que se torna inevitable ante la comisión de crímenes de lesa humanidad, delitos económicos transnacionales y la abierta violación de la ley internacional. Y que no quepa duda, los crímenes que se cometen en Venezuela serán juzgados, pase lo que pase.

 

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