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Necesidades políticas de Venezuela por Luis Ugalde S.J. – 14 de Noviembre 2017

Unknown-1Hoy tenemos mucha oscuridad con pocas luces y moral. Estamos frente al abismo con algunas necesidades políticas de vida o muerte para lograr un futuro democrático de esperanza. Nombraré algunas.
Venezuela necesita:
1-Salir de este régimen con su modelo político y económico ruinoso y empezar de inmediato a superar la acelerada y espantosa crisis social, política y económica.
2- Un consenso con gran unidad en torno a la manera de parar la ruina económica productora de miseria social, y poner las condiciones que promuevan las inversiones nacionales e internacionales indispensables para la recuperación y reactivación de miles de empresas productivas.
3- Retomar la Constitución y los derechos humanos consagrados en ella, como punto de encuentro y base para activar las virtudes ciudadanas y valores solidarios.
4-Que predomine una Fuerza Armada decidida a respaldar el restablecimiento de la Constitución y su democracia frente a la dictadura.
5-Un gobierno de transición de unidad nacional con el fin de preparar las bases y condiciones indispensables para la elección de un gobierno democrático de reconstrucción. O un presidente electo para la “salvación nacional”, que trascienda a los partidos, pero con apoyo y compromiso de estos con un gobierno que responda a la emergencia social.
6- Apoyo internacional excepcional, como lo requieren los países luego de una devastadora guerra o de un terremoto de destrucción masiva.
7- Una movilización interna e internacional en torno a la ayuda humanitaria indispensable e inmediata para el logro de comida y medicinas de primera necesidad.
8- Una nueva esperanza nacional con movilización de conciencias y grupos descentralizados, sacando cada uno lo mejor de sí, rompiendo exclusiones y tendiendo puentes que activen la solidaridad reconstructora.

Ante necesidades tan evidentes, nadie que piense en el bien de Venezuela entera, debiera estar en desacuerdo.

Pero la política no se puede contentar con enumerar las necesidades, su responsabilidad es hacer que lo necesario se haga posible y convertir lo posible en realidad.

En el paso de lo necesario a lo posible nos encontramos con que los actores sociopolíticos están exigidos por otras necesidades e intereses propios.

Intereses propios:
1-Los maduristas dan prioridad de vida o muerte a la imposición y perpetuación de su poder absoluto.
2-Varios líderes de la oposición sienten que ha de ser él y más nadie quien presida el cambio, con apoyo de los demás.
3-Los empresarios parecen demasiado agobiados y dedicados a salvar lo suyo.
4-Mucha de la población frustrada y sufriente parece estar pensando en sobrevivir agachando la cabeza o en escaparse del país.

Pero contra toda apariencia la derrota puede ser una buena cura contra la ceguera y nos puede volver a la sensatez y unión.

Necesitamos producir signos radicales de conciencia democrática que, tomando en serio las necesidades básicas del país, sean capaces de convertirlas en metas de acción y proponer, por ejemplo, que otro -y no yo- sea el próximo presidente. “Yo y mi grupo” no pueden ganar y menos gobernar solos y reconstruir el país.

El gobierno está demasiado cegado blandiendo sus tramposos triunfos electorales que le impiden caer en la cuenta de su espantosa e irremediable derrota económico-social: La miseria social, el cerco internacional y el sufrimiento de la población lo atrapan.
Está acabado pero busca someter por resignación y miedo. Concentrado y obsesionado en la erradicación de la Asamblea Nacional y en la legitimación de la anticonstitucional y dictatorial Asamblea Constituyente; no como una institución más, sino como el poder supremo supraconstitucional que puede eliminar todo lo que no se someta y se arrodille. Que los resultados electorales solo sean válidos si reciben la bendición de la dictatorial Constituyente.

Ante esta dramática realidad, es absolutamente necesaria la unión básica en el país, con decidido apoyo internacional de los gobiernos democráticos, que no se conseguirá sin una unidad política interna trascendente y sólida donde los intereses particulares estén sometidos al esfuerzo excepcional para la salvación nacional
Nota.- Es necesario presionar en todos los frentes. La negociación con acompañamiento internacional será buena si se exigen las condiciones democráticas (que el régimen no quiere) para la próxima elección presidencial y restablecimiento de la constitución. El régimen ha demostrado que puede producir o violentar cualquier resultado, por eso los mayores partidos políticos y agrupaciones se niegan a acudir a las inmediatas elecciones tramposas de alcaldes. Por otra parte muchos demócratas están horrorizados ante la alternativa de entregar su alcaldía con más de 80% población opositora. Esto llevará en la práctica a una especie de conducta dual:

1) Unos no votarán y deberán concentrar esfuerzos en levantar con fuerza nacional e internacional una bandera que exige condiciones para las elecciones presidenciales y para el cambio de régimen.

2) Otros irán a votar con la movilización local descentralizada de la sociedad civil.

Inevitablemente ocurrirán las dos cosas incluso en un mismo partido. Lo importante es no caer en acusaciones después de la votación que impidan formar una unidad mayor para el indispensable gobierno de salvación nacional.

Los videos “rojitos” que no serán penados por la Ley Contra el Odio – Venezuela al Dia – 9 de Noviembre 2017

La dictadura se sigue afianzando en el país, colocando más controles en los diferentes sectores que componen a la nación y llevando al venezolano a una crisis inimaginable. La nueva “invención” fue la Ley Contra el Odio, una creada por la asamblea nacional constituyente fraudulenta la cual ejerce más controles sobre los medios de comunicación.

La Ley del Odio aplica para medios de comunicación impresos, redes sociales, sitios web, también involucra la educación en el país y atenta contra la libertad de expresión, afianzando a su vez la persecución política y ciudadana.

La misma, que fue aprobada este miércoles por la ANC, ha impuesto 20 años de cárcel y multas de 120 mil unidades tributarias a aquellos que no se apaguen a los caprichos del régimen. Es decir, si te refieres mal a la “Revolución” y caes en el odio y la discriminación… pues te caerá todo el peso de la “ley” chavista.

Sin embargo, veamos un poco a nuestro alrededor y situemonos en las diferentes situaciones que han marcado a la política venezolana, donde los discursos oficialistas han sido los protagonistas. Por ejemplo, ¿quién recuerda aquel mitin político de Diosdado Cabello, durante el año 2016 cuando amenazó a los opositores con fusilarlos si “quebrantaban las leyes de la Revolución? O en este año, cuando propuso que la inhabilitación de opositores “de por vida” si llegan a “conspirar” contra el Gobierno. “Hay que llevar a la ANC que todo el que haya atentado o atente contra la ANC sea inhabilitado de por vida políticamente”

Otro que se ganó la mención, con su risa cínica y desafiante fue Jorge Rodriguez, quien ha estado frente a los procesos de diáologo con la oposición y ha amenazado una y otra vez a los opositores que canten “fraude” en los procesos electorales del chavismo, donde la “desapareción como opción política” a aquellas críticas es su mejor arma. ¿Será penado por su hermana, Delcy Rodríguez, enfrente de la ANC?

Iris Varela, con su lenguaje tan “amoroso” y soez en distintas ocasiones. Pero, vamos a regresarnos al 2017 cuando en plena Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que los opositores no tenían ni la más mínima idea de como manejar una cárcel en el país y tras aplausos y ovaciones, soltó una vulgaridad en plena cadena nacional sin ruidos de Conatel.

¿Te recuerdas cuando Héctor Rodríguez, actual gobernador del estado Miranda, en una campaña para erradicar la pobreza del país, entre risas y murmullos, aseguró que “no es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para que llevarlos a la clase media y se vuelvan escuálidos”?

Un personaje que no podía faltar, Pedro Carreño, con su voz gruesa y discursos sin sentidos a arremetido en más de una oportunidad y en horario supervisado contra los opositores, por pensar diferente o denunciar al régimen, utilizando palabras descalificativas y amenazando con cárcel a aquel que sea capaz de luchar “contra la Revolución”.

Y el que menos podría faltar, Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, el primer empleado público del país, cuyo ejemplo hacia la ciudadanía ha estado repleto de insultos y amenazas contra la oposición venezolana y cualquier ciudadano común que desafie sus ideas. Amenazas de muerte, cárcel, destituciones y exilio, son algunas que se pueden nombrar en la palestra de los “rojitos” de la revolución. Y la favorita de su discurso: Irse a las armas, “si fuera destruida la revolución bolivariana nosotros iriamos al combate, nosotros jamás nos rendiriamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo hariamos con las armas”, como aseguró después de 90 días de protesta antes de las “votaciones” de la ANC.

Entonces… ¿hay o no material suficiente para que la misma “Ley de Odio” impuesta por la ANC aplique con fuerza en la misma cúpula chavista? Podemos seguir nombrando personajes que forman y formaron parte de esta cúpula política, sin embargo, como no debemos extendernos, dejamos aquí una serie de videos, donde puede escuchar, observar y juzgar que la ley venezolana sólo aplica para unos pocos.

 

 

 

 

 

 

 

5 razones para preocuparse por la Ley del Odio – El Estimulo – 10 de Noviembre 2017

A la censura informativa que toma a Venezuela le llegó un nuevo aliado: La “Ley contra el Odio”. Un instrumento aprobado en la víspera por la Asamblea Constituyente chavista que castiga con penas hasta de 20 años de cárcel y amenaza con el cierre a medios y la ilegalización a partidos políticos que promuevan “el fascismo”.

Paradójicamente, este instrumento es catalogado como un mecanismo para perseguir y condenar a quienes piensan distinto y dejar en mínimo a la libertad de expresión. Los medios de comunicación, las redes sociales y los partidos de oposición están en la mira con esta normativa, advierten organizaciones y políticos de la disidencia al gobierno. Aquí explicamos cinco razones para preocuparse por el carácter del instrumento:

1.- Sirve para perseguir a quienes piensen distinto

La ley tiene la capacidad de cerrar medios de comunicación e ilegalizar a los partidos políticos que, en opinión a las autoridades, inciten “al odio”. Tomás Guanipa, diputado de oposición, afirmó este jueves que el chavismo “está utilizando las instituciones para perseguir al que piensa distinto”. En efecto, abogados y activistas de derechos humanos advierten el carácter punitivo del artículo 20 que establece penas de 10 a 20 años de cárcel contra “quien públicamente, o mediante cualquier medio apto para su difusión pública, fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas”. La norma, además, puede impactar en el ámbito electoral, toda vez que se contempla “los partidos políticos que promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio no podrán ser inscritos ante el Consejo Nacional Electoral, y se revocarán las inscripciones a aquellos que incumplan la presente disposición”.

2.- Promueve la censura y la autocensura

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ha sido una de las primeras entidades en pronunciarse sobre esta ley que “solo legitimará la censura y criminalizará la opinión”, escribió en Twitter. Para el gremio, la “Ley contra el Odio” representa “un atentado directo contra la libertad de expresión”. Laura Louza, directora de la organización Una Ventana por la Libertad aseguró que ley viola los artículos 57 y 58 de la Constitución sobre el derecho a expresar libremente sus pensamientos y de tener una información oportuna y sin censura. Por su parte, Espacio Público, advirtió que el carácter represivo del articulado promoverá la autocensura en los sectores disidentes: “La paz a partir del discurso debe construirse, no se decreta. Una ley no puede sustituir el juicio de la sociedad fomentando la censura”, dijo la ONG.

3.- Más mordaza para la radio y la TV

La “Ley del Odio” supone nuevas amenazas para los medios tradicionales en Venezuela que ahora deberán cuidar sus mensajes para que no sean interpretados como contenidos que expresen el odio y la guerra. El artículo 22 advierte que los medios de radio y televisión se les retirará la concesión si difunden este tipo de mensajes. Además de la mordaza, el instrumento legal obliga a las televisoras y radios emitir mensajes a favor de la paz por un tiempo de 30 minutos semanales. Quien incumpla esa orden, el medio será sancionado con multas desde el 3% hasta el 4% de los ingresos brutos anuales.

4.- Es ambigua

La ley ordena medidas para expulsar partidos políticos y activistas políticos del sistema electoral que promuevan el fascismo, el odio nacional y “cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia”. Pero esta normativa es ambigua y discrecional a la hora de determinar qué tipo de violencia y odio se fomenta, aseguró Louza, quien aseveró que “fascismo es igual a oposición”. La Constituyente chavista incluye dos disposiciones transitarias que derogan cualquier otra regulación existente que contradiga a la “Ley contra el Odio” y crea una “Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica” que vigilará la aplicación de la norma. La instancia está conformada íntegramente por funcionarios del chavismo.

5.- Busca regular las redes sociales

La regulación de las redes sociales ha sido una vieja ansia de los dirigentes del chavismo. Con la “Ley del Odio”, se contemplan multas contra las empresas responsables de estas plataformas y de los medios electrónicos que no retiren en un plazo de seis horas mensajes “de odio” deberán responder con el pago de multas de al menos 15 millones de bolívares. El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) advirtió en Twitter que la norma “pone en riesgo los principios de pluralidad” en Venezuela. “Abogamos porque el marco regulatorio no imponga censura y avance en el desarrollo de garantías y protección de las libertades ciudadanas en Internet”, escribió la organización.

 

El chavismo aprueba una ley que criminaliza las protestas y la disidencia por Alfredo Meza – El País – 9 de Noviembre 2017

La llamada ley contra el Odio, que establece penas de hasta 20 años, amenaza a los partidos políticos opositores, a los medios de comunicación y regula la opinión en las redes sociales

El régimen de Nicolás Maduro endurece la represión de cualquier opinión o gesto que los contraríe. La Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada el miércoles por la Asamblea Nacional Constituyente, la cámara chavista que usurpa las funciones del Parlamento dominado por la oposición, criminaliza a la disidencia porque establece penas severas, de entre 10 y 20 años de prisión, contra todo lo que consideren como una incitación al odio. Un concepto bastante amplio y ambiguo que puede incluir el corte de vías de comunicación, conocidas en Venezuela como guarimbas, los escraches, las manifestaciones políticas, una fotografía impactante en la tapa de un diario e incluso los trinos de los influencers y medios digitales que se viralicen en las redes sociales.

Después de superar entre abril y agosto cuatro meses de protestas, que dejaron más de 120 muertos y centenares de heridos, el régimen dice estar embarcado en la promoción de la paz y la estabilidad de Venezuela con la Constituyente como buque insignia. La declaración no encubre el afán de darle el golpe mortal a sus adversarios, que atraviesan una de sus peores crisis en muchos años. Con la inesperada derrota electoral de los candidatos de la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) las elecciones regionales, el régimen parece estar consciente de que puede liquidarlos sin que opongan resistencia y se ha lanzado directo a la yugular.

En esa batida de la llamada “Ley del Odio” también podrían caer los partidos políticos, porque la norma promete proscribirlos si “promueven el fascismo” y no adecúen sus estatutos al texto legal, los medios de comunicación que transmitan “propaganda y mensajes que constituyan incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia”, y los usuarios de las redes sociales. El régimen ha sido particularmente explícito con las cuentas de los medios digitales y ha advertido que los portales serán bloqueados si no se ajustan a las nuevas disposiciones.

El origen de esta disposición, que espera ser “una referencia en el mundo”, como declaró, luego de la aprobación, la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, está en los escraches sufridos por los funcionarios del régimen durante las manifestaciones de hace seis meses. Entre abril y agosto se viralizaron escenas que mostraban los airados reclamos de furibundos opositores contra ellos y sus familiares en todo el mundo. Les decían asesinos y los responsabilizaban de la crónica falta de alimentos y medicinas que acogota al país desde 2014. Ocurrió en Caracas con la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández; en un avión que aterrizaba en el aeropuerto internacional de Maiquetía con Alfredo Serrano Mancilla, el principal asesor económico de Maduro, a bordo; pero también en Ciudad de México con Jorge Rodríguez, alcalde del centro oeste de Caracas, y su familia; en Madrid con el embajador de Venezuela en España, Mario Isea; y en Nueva York con el canciller Jorge Arreaza y el embajador Rafael Ramírez. Apenas el texto se publique en Gaceta Oficial los vergonzosos episodios vividos por la jerarquía chavista serán solo el mal recuerdo de una época en la que se sentían confinados.

La ley es una sugerencia hecha por Maduro cuando compareció ante la cámara chavista, a diez días de su polémica elección en unos comicios denunciados como fraudulentos por la MUD y el proveedor del Consejo Nacional Electoral encargado de contar los votos. La ley establece las bases para liquidar la protesta ciudadana e inaugura una etapa incierta y oscura para la oposición política, la prensa independiente y las organizaciones no gubernamentales.

El texto califica a los escraches -llamados “manifestaciones de odio” en la jerigonza oficial- como “violaciones graves a los derechos humanos que no prescriben” y también alcanza a policías y militares que no impidan el repudio y no detengan a los responsables, y a los médicos que se nieguen a atender a una persona “por razones de odio, discriminación, desprecio o intolerancia”.

Con el cese de las protestas el régimen ha intentado presentar a la oposición como una banda de forajidos y de traidores a la patria. En ese marco la ley es vendida por sus promotores como el antídoto que impedirá la violencia política. Su aprobación llega después de que la Constituyente, que se ha convertido en el sumo sacerdote de la vida venezolana, allanara la inmunidad parlamentaria del primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, quien se refugió en la embajada de Chile en Caracas. La decisión ha sido aplaudida por el hombre fuerte del chavismo, el diputado Diosdado Cabello.

Convertida en un consejo de soviets, la Constituyente no ha avanzado en la redacción de una nueva Constitución. Hasta ahora se ha colocado esa hoja de parra para presentarse como una democracia. La cámara chavista no es reconocida por el continente. Su elección provocó las sanciones financieras de Washington y de la Unión Europea, cuyo alcance aún es desconocido. Pero Maduro sigue adelante sin importarle las consecuencias. El martes jugó fútbol con Diego Armando Maradona, quien lo instó a no rendirse. La declaración fue convertida en un clip que destaca entre la copiosa propaganda de la televisora oficial. Al finalizar el exfutbolista argentino miró al cielo y gritó: “Viva Maduro”.

 

La UE da el visto bueno para adoptar sanciones contra Venezuela por Lucía Abellán – El País – 8 de Noviembre 2017

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Las medidas, que los ministros prevén aprobar el lunes, incluyen un embargo de armas

La UE tiene ya listas sus primeras sanciones a Venezuela. Los países comunitarios dieron este miércoles el último visto bueno a la lista de medidas sancionadoras contra el régimen de Nicolás Maduro para que los ministros de Exteriores las aprueben formalmente el próximo lunes. El castigo diplomático contempla un embargo de armas y de otros materiales sensibles. También abre la puerta a vetar la entrada en la UE a personas vinculadas con la represión interna. Con estas medidas, Bruselas pretende censurar los abusos de poder en Venezuela sin cerrar la puerta al diálogo con el país latinoamericano.

Los países de la Unión Europea han dado el último respaldo necesario para la adopción de sanciones contra Venezuela. La iniciativa constituye el primer castigo diplomático que impone la UE por la deriva autoritaria del Gobierno venezolano. Los ministros europeos de Exteriores las aprobarán formalmente el próximo lunes en Bruselas, según confirman fuentes diplomáticas.

Se trata de un paquete orientado a penalizar al Ejecutivo de Nicolás Maduro por su falta de diálogo sin perjudicar a la población. Los embajadores europeos ante la UE han adoptado las medidas sin discusión porque ya habían sido largamente debatidas en otras ocasiones. España ha sido uno de los principales países promotores de esta política, que en un principio fue rechazada por Grecia y, en menor medida, por Portugal.

Hasta las elecciones de la Asamblea Constituyente el pasado julio, destinadas a crear un poder paralelo y completamente afín al régimen, el servicio diplomático europeo también era reacio a enviar a los poderes venezolanos una señal tan hostil como son las sanciones. La alta representante para la Política Exterior Europea, Federica Mogherini, está en contacto con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero e intenta que las iniciativas europeas —incluso tras las sanciones— no bloqueen el diálogo interno que Zapatero trata de promover en el país latinoamericano.

Las medidas restrictivas de Bruselas consisten en un embargo de armas y de cualquier material que pueda servir para la represión interna. Las empresas europeas tampoco podrán exportar a Venezuela dispositivos de vigilancia electrónica. La duración inicial de este paquete será de un año.

Además de esas medidas concretas, se crea el marco legal para elaborar una lista negra que incluya a personas concretas vinculadas a los excesos del régimen. De momento la lista permanecerá vacía, pero las personas que eventualmente se vayan agregando tendrán vetada la entrada al territorio europeo y verán congelados los bienes que puedan tener en el bloque comunitario.

Ese carácter de baja intensidad que tiene el paquete ya aprobado revela que Bruselas quiere mantener abiertos los cauces para el diálogo. Esta es una de las razones por las que se ha demorado una medida que venía discutiéndose desde el verano, cuando Venezuela orilló al Parlamento legítimo (la Asamblea Nacional) al convocar las elecciones a la Asamblea Constituyente en julio. Pero el deterioro de la situación que se ha producido desde entonces ha animado a los países europeos a dar un paso al frente.

Más allá de aprobar las sanciones, que ya fueron encauzadas por los embajadores de Exteriores ante la UE a mediados de octubre, lo más probable es que los ministros del ramo mantengan un debate sobre la situación en Venezuela cuando se reúnan el lunes en Bruselas.

La decisión de la UE llega tras semanas de presión por parte de Estados Unidos, según explicó un portavoz del Departamento de Estado a EL PAÍS, informa Nicolás Alonso. Más de dos meses después de aprobar su última ronda de sanciones, Washington ha centrado sus esfuerzos en negociar que otras potencias mundiales ejecuten castigos diplomáticos similares contra el chavismo. Las pactadas este lunes por la Unión Europea se asemejan a las que ha aprobado la Administración de Donald Trump en los últimos meses.

Estados Unidos, según afirmó el representante estadounidense, también estudiar aplicar nuevas sanciones contra individuos encargados de orquestar las elecciones regionales del pasado 15 de octubre, que el gobierno consideró fraudulentas e ilegítimas. En paralelo, el Grupo de Lima —formado por once países de América Latina más Canadá— realizó una nueva condena tras su reunión la semana pasada en Toronto. La coalición ha tomado el relevo a la Organización de Estados Americanos, cuyos esfuerzos diplomáticos se han visto estancados tras la salida de Venezuela del organismo y la defensa de Maduro que hacen los países caribeños.

 

La antipolítica nos condujo a esta debacle – Entrevista a Paulina Gamus por Edgardo Agüero S. – Blog Polis – 7 de Noviembre 2017

Paulina-Gamus.jpg“Esto una dictadura en todos los aspectos”. Paulina Gamus echa mano de su estilo frontal para catalogar al régimen liderado por Nicolás Maduro y con la misma franqueza dispara dardos hacia Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, partido en el que Gamus ha ocupado cargos directivos. “Él dijo que no reconocía a ese poder fraudulento y después mandó a los gobernadores a juramentarse”.

La juramentación de los gobernadores de Acción Democrática ha suscitado mucha controversia. ¿Cuál es su parecer a este respecto?

—Para ese momento yo me encontraba fuera del país, pero apenas lo supe reaccioné con un tweet por el chat familiar, que es la manera que tengo de comunicarme últimamente. Decía que me producía asco y vergüenza, por no decir náuseas, ese acto de juramentación y que yo no pertenecía a la banda chavista de Henry Ramos Allup. Recordé, además, que desde el año 2000 tengo esa carta pública en Internet, por medio de la cual renuncié al CEN de Acción Democrática, siendo segunda vicepresidente del partido, no solamente por la manera en que Henry Ramos expulsó del partido a William Dávila, que era gobernador electo del estado Mérida y además lo insultó y lo vejó, haciendo elogios al gobernador del MVR. En aquel momento, dentro de la Asamblea Nacional, Acción Democrática se prestó al nombramiento de las autoridades de los poderes públicos, del fiscal general, del TSJ, de la Contraloría, AD tuvo sus votos allí. Voy a hablar de esa Acción Democrática, porque yo creo que hay dos AD. Hace muchísimos años, cuando Prieto dividió al partido, había en ese momento la Acción Democrática-Gobierno que era la de Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, la institucionalidad. En esos términos, y en situaciones distintas a las actuales, yo creo que podemos hablar de una Acción Democrática-Gobierno, que es la de Henry Ramos, y Acción Democrática-Oposición, que es la de todas las personas que estamos absolutamente avergonzadas por todo esto que ha ocurrido. El CEN de AD, que es la dirección máxima del partido, hace tres o cuatro meses que no es convocado para nada, de manera que esas decisiones no son decisiones colectivas, son decisiones unipersonales, de una persona que maneja el partido de una forma autoritaria al viejo estilo estalinista. Entonces, culpar a toda una organización por el manejo autoritario, el manejo indebido que está haciendo una sola persona, creo que no es justo. Yo creo que un poco lo que hemos hecho los firmantes de la carta que suscribimos varios miembros del CEN, Carlos Canache Mata, Humberto Celli, Marco Tulio Brunicelli, Lilia Arvelo, Claritza Sanoja y yo, es una carta que trata de lavarle la cara a ese partido que es corresponsable de estos hechos.
“Me producía asco y vergüenza, por no decir náuseas, ese acto de juramentación y que yo no pertenecía a la banda chavista de Henry Ramos Allup” Leer más de esta entrada

Sobre el proceso contra Freddy Guevara; por Jesús Loreto – ProDaVinci – 5 de Noviembre 2017

 

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El viernes 3 de noviembre de 2017, el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, declaró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) habría prohibido salir del país al diputado Freddy Guevara, coordinador nacional interino del partido Voluntad Popular. No hubo antejuicio de mérito, pues el TSJ estimó que eso era innecesario ya que el vicepresidente de la Asamblea Nacional estaría cometiendo un delito flagrante y permanentemente. Esta decisión de la Sala Plena del TSJ fue el resultado de una petición de Tarek William Saab, designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como Fiscal General de la República en sustitución de Luisa Ortega Díaz. En ese sentido, el TSJ remitió las actuaciones a la ANC para que allane la inmunidad parlamentaria de Guevara y sea luego juzgado por tribunales ordinarios.

Lo ocurrido en el caso de Guevara es un procedimiento de facto, pues nada de lo que ha sucedido está previsto en la Constitución o en la ley. Además, se hizo de manera tal que no se le concedió oportunidad alguna para defenderse. Desde el punto de vista práctico resulta absurdo a todas luces intentar impugnar este procedimiento.

Con injerencia del Poder Ejecutivo

Llama la atención que quien haya anunciado al país la decisión dictada contra el diputado Guevara haya sido el vicepresidente de la República, quien previa y públicamente acusó al diputado opositor de haber cometido actos terroristas, no tiene competencia alguna para participar en el procedimiento contra el diputado, y no es miembro del Ministerio Público, del Poder Judicial o del parlamento, los cuales son los únicos entes que tienen competencia respecto del enjuiciamiento de los diputados de la Asamblea Nacional.

Vale decir que los procesos penales son, por mandato legal expreso, reservados para terceros, lo cual incluye a todos los órganos del Poder Ejecutivo nacional.

Sin derecho a la libertad

La decisión de la Sala Plena supone una restricción a la libertad personal de Guevara, ya que se decretó una medida cautelar que le impide salir de Venezuela. No obstante, en el fallo del TSJ solo se dice que el referido tribuno tiene facilidades para evadir el proceso en su contra ya que ha realizado múltiples viajes fuera del país. Si este criterio fuese suficiente para prohibir la salida del país, todos los pilotos o sobrecargos de vuelos internacionales tendrían que ser juzgados en prisión, pues salen frecuentemente de Venezuela. Es por lo anterior que de acuerdo a la ley deben establecerse 3 requisitos concurrentes para decretar medidas cautelares restrictivas a la libertad personal, a los cuales no hizo alusión alguna el TSJ en la decisión contra Guevara.

Sin derecho a la defensa

Según la Constitución, el parlamentario tenía derecho a ser notificado de los hechos que se le imputan desde el comienzo de la investigación. También debía contar con los medios y el tiempo suficiente para defenderse eficazmente. Contrariamente, la solicitud de Tarek William Saab fue presentada en el TSJ un día antes de que se emitiera la decisión contra Guevara, a quien jamás se le notificó de la averiguación en su contra o de la petición que se introdujo en el TSJ. Dicho lo anterior, solo resta señalar lo obvio: es imposible defenderse de lo que se desconoce.

Sin antejuicio de mérito

Conforme a lo establecido en la Constitución, los diputados de la Asamblea Nacional como Freddy Guevara gozan de inmunidad parlamentaria. Esto implica que los diputados no pueden ser enjuiciados sin que previamente se realice una audiencia para que puedan defenderse de la querella que haya presentado en su contra el fiscal general. A pesar de esto, el diputado no tuvo antejuicio de mérito, ya que la Sala Plena del TSJ estimó que en casos de flagrancia ello es innecesario.

Ahora bien, en el caso de Guevara no hubo una detención en flagrancia sino una averiguación realizada a sus espaldas. Quizás por ello el TSJ estableció que el parlamentario habría delinquido, permanentemente y sin cesar, desde mayo hasta noviembre de 2017, confundiendo tres conceptos completamente distintos: el delito flagrante con los delitos continuado y permanente. Dicho de manera sencilla, un delito es continuado cuando la acción delictiva se repite constantemente en el tiempo, mientras que un delito es permanente cuando la misma acción delictiva permanece a lo largo del tiempo. Lo cierto es que, continuado o permanente, el presunto delito de Freddy Guevara no fue flagrante, pues no fue capturado mientras lo cometía, a poco de haberlo cometido, o en posesión de los instrumentos para cometerlo.

Sin la Asamblea Nacional, pero con la Constituyente

Como se ha señalado ya, la decisión del TSJ contra el diputado Guevara tuvo su origen en una solicitud de Tarek William Saab, quien ocupa el cargo de fiscal general de la República, designado por la ANC y no por la Asamblea Nacional en contra de lo que dispone la Ley Orgánica del Ministerio Público. Por otro lado, el TSJ delegó en la ANC y no en la Asamblea Nacional la facultad de allanar la inmunidad parlamentaria de Guevara, en contravención de lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal.

Recuérdese además que la ANC fue convocada unilateralmente por un solo hombre, el presidente Nicolás Maduro, y no por el pueblo venezolano como manda la Constitución. Adicionalmente, los miembros de esa ANC fueron electos en una votación marcada por graves acusaciones de parte de Smartmatic, la empresa encargada del procesamiento electrónico de los comicios. Paradójicamente, señalamientos semejantes son la raíz de la tesis del desacato de la Asamblea Nacional, que es lo que ha servido para arrebatarle las funciones al parlamento y permitir que el proceso contra Guevara se lleve a cabo sin el consentimiento y la participación de la Asamblea Nacional.

Salida política

A pesar de ser absolutamente incontrovertible desde el punto de vista jurídico lo expresado acá, es la palabra del TSJ lo que priva en la realidad. Se trata en consecuencia de un asunto de naturaleza eminentemente política, por lo que Freddy Guevara solo podrá conseguir un fallo ajustado a derecho ante instancias supranacionales. Dudo que ese hipotético pronunciamiento sea oportuno, por lo que mientras llega, Guevara y el pueblo que lo eligió están en un callejón sin salida jurídica.

El caso de Guevara debe ser visto como el anuncio de muchos más por venir, por lo que a los líderes opositores les toca mirarse en el espejo de la oposición chilena en tiempos de Pinochet o la española en los de Franco.

 

La crisis de la oposición venezolana por Fernando Mires – Blog Polis – 4 de Noviembre 2017

UnknownNo se sabe si es ironía o paradoja. El premio Sajárov fue otorgado a la oposición venezolana justo en uno de los peores momentos de su historia: una crisis política de enorme magnitud. Crisis aparentemente derivada de los resultados de las fraudulentas elecciones del 15-O pero agravada por la decisión de uno de sus partidos más tradicionales, AD, al hacer juramentar a sus cuatro gobernadores elegidos frente a una constituyente inconstitucional.

Pero seamos claros: la juramentación no produjo a la crisis. Solo fue su detonante.
La crisis venía gestándose antes de las regionales. Para ser más precisos, fue evidente cuando desde la MUD se desprendió una organización autodenominada SoyVenezuela cuyo objetivo, concordante con el de Maduro, era dinamitar las elecciones, llamando abiertamente a la abstención. Pero aún antes de esa evidencia, la crisis, como si fuera un virus que aguarda el instante para aparecer en la piel, comenzó a tomar formas en las postrimerías de las grandes protestas comenzadas en abril, convocadas para defender a la AN y a la Constitución. Ese fue el momento cuando las festivas manifestaciones comenzaron a ser sustituidas por jóvenes que ya no exigían la restitución de las libertades constitucionales sino simplemente la caída de la dictadura sin que nadie les dijera como iba a ser posible realizar tamaña empresa. Ante esa espectativa, la participción en las elecciones regionales -una de las exigencias primarias de la oposición- fue presentada por los más extremistas como traición a una supuesta resistencia. Con ese estigma, del cual la oposición democrática no supo liberarse, era difícil ganar cualquiera elección. Menos frente a una dictadura, por definición tramposa.

No vamos a hablar aquí de las CLAP, del carné de la patria, de las firmas chimbas, de los votos asistidos, de los traslados de centro de votación y de los resultados alterados. Todo eso se sabía con anticipación y con eso había que contar.

El hecho inobjetable es que el resultado anunciado por el CNE tuvo el efecto de desmoralizar a la ciudadanía democrática. ¿Cómo podía ser posible que un régimen cuyas propias encuestas no le daban más del 20 % de popularidad haya arrasado en casi todas las gobernaciones? A través de una primera mirada parecía que con esa “máquina de manipular elecciones” (Héctor Briceño) nadie podía competir. Pocos fueron los que pensaron en que competir con las propias fuerzas divididas es imposible vencer a una dictadura. El 15-O hubo mega-fraude, claro que sí, pero también hubo una mega-derrota.
Al marchar hacia las elecciones arrastrando una profunda división endógena, la oposición debió bregar con dos enemigos: el régimen y los abstencionistas, cuyo débil poder numérico es inversamente proporcional a su fuerte poder agitativo. Ello llevó a su paralización interna, hecho que condujo, a su vez, a la incapacidad para levantar una alternativa unitaria en el camino hacia las regionales. Esa alternativa unitaria, ya inscrita durante las grandes protestas, no podía ser sino la defensa de la Constitución en contra de la falsa constituyente.

Precisamente, al no haber sabido delimitar la contradicción fundamental (Constitución vs. constituyente) los cuatro candidatos adecos creyeron que su deber era asegurar las gobernaciones y para lograrlo no solo se sentaron sobre la Constitución sino, además, hicieron sus necesidades básicas sobre ella.

Al igual que para una fracción de los abstencionistas cuyo objetivo es facilitar la aparición de generales golpistas, la de los constituyentistas adecos fue poner sus propias gobernaciones por sobre la Constitución. No se dieron cuenta de que sin esa Constitución la oposición no es nada. Sin Constitución, en efecto, no habría nada que defender, y sin nada que defender, no puede haber oposición. Tampoco se dieron cuenta de que la política no solo se deja regir por los criterios de la pura razón práctica.

La acción política comporta una enorme fuerza simbólica. Si los cinco gobernadores hubieran planteado un decidido “no” a la juramentación, habrían reactivado la ruta constitucionalista de la que cuatro de ellos se apartaron. El problema, por lo tanto, no fue humillarse o no humillarse. El problema fue romper con la línea política que se había dado la oposición: electoral, pacífica, democrática y constitucional. Cuatro puntos cardinales complementarios e interdependientes. Pues así como lo constitucional no puede prescindir de lo electoral, lo electoral, tampoco – y mucho menos- puede prescindir de lo constitucional.

¿Ir a las elecciones y luego no juramentarse ante la falsa constituyente? Exacto, de eso se trata: no renunciar ni a la legitimidad del voto ni a la legitimidad de la Constitución. O en otras palabras: unir la opción política-electoral con la desobediencia civil parece ser la única salida a la profunda crisis que vive la oposición venezolana.

Pero no nos engañemos: la crisis de la oposición había existido siempre en estado latente. El secreto a voces era que en su interior coexistían tendencias que se repelen entre sí. Esas tendencias son tres, dicho en líneas gruesas. Ellas son la tendencia anti-electoral, la tendencia conciliadora y la tendencia constitucionalista.

La tendencia antielectoral puede ser también definida como insurreccional. Parte de la base de que toda elección legitima al régimen. Cultiva visiones apocalípticas y apoteósicas. Al llamado de sus líderes, imaginan que el pueblo avanzará triunfante sobre las ruinas de la dictadura. Las FANB se partirán en dos y la comunidad democrática reconocerá de inmediato al nuevo gobierno. Son los de la Salida, los del Maduro Vete Ya, los de la Marcha sin Retorno, los de la Hora Cero, los del Gobierno Paralelo, los de la Unidad Superior, y otras aberraciones.

Curiosa ironía: a pesar de que los adalides del anti-electoralismo militante se declaran anticomunistas y anticastristas, su visión de la política es similar a la de los comunistas y castristas de los años sesenta del pasado siglo (Tupamaros, MIR, Montoneros, ERP, entre otros.) Al igual que ellos, los abstencionistas creen en un pueblo irredento, en el poder de la voluntad, en el líder iluminado y en el derribamiento de dictaduras mediante vías no electorales. Corina Machado, Diego Arria y hasta Luis Almagro podrían sorprenderse con esta afirmación. Pero para quienes hemos dedicado tiempo al estudio de la moderna historia latinoamericana, el discurso que ellos representan no nos es desconocido. En gran medida refleja, bajo nuevas formas, la quinta esencia del ultrismo jacobino de los años sesenta.

La segunda tendencia, la conciliadora, se autodefine como pragmática. Sus visiones apuntan a lograr acuerdos parciales con la dictadura, a sobrevalorar el diálogo –aún sin materias concretas a dialogar- y sobre todo, el de la negociación, aunque tengan poco o nada que ofrecer. Las movilizaciones de masa y las acciones callejeras les parecen absolutamente inútiles. Sienten predilección por reuniones a puertas cerradas, casi clandestinas, ojalá lo más lejos posible de las manifestaciones políticas (bajo las palmeras de la República Dominicana, por ejemplo.) En general, son políticos de viejo cuño, adaptables a las normas de un régimen liberal, pero sin vitalidad para enfrentar a una dictadura. Mucho menos a una dictadura tipo Maduro, nuevo especímen histórico que combina formas arcaicas de dominación con los más diabólicos métodos de las tiranías post-modernas.

La dictadura, con ese instinto animal que la caracteriza, ha sabido manejar las diferencias de la oposición. Por ejemplo, durante el curso de la campaña hacia las regionales, Maduro no se cansó de afirmar que paralelamente mantenía un diálogo con representantes de la oposición. El ultrismo abstencionista le creía a pies juntillas –necesitaba creérle- y llamaba a no votar por los “cohabitadores” de la MUD. Siguiendo el juego, el madurismo inundaba las redes e incluso las murallas citadinas con letreros llamando a “no votar.”

La prescripción anticonstitucional que obliga a los gobernadores elegidos a jurar frente a una constituyente cubana fue, sin duda, una muestra de astucia criminal y sadismo político. Algún día la dictadura de Maduro será juzgada por sus crímenes materiales a la nación. No hay, desgraciadamente, leyes que castiguen los crímenes morales perpetrados contra un pueblo: la siembra de desconfianza en el voto, y no por último, la humillación permanente a que son sometidos dirigentes y candidatos de la oposición. Hechos que no encuentran parangón en la historia del siglo XXl. La supresión de la inmunidad parlamentaria a Freddy Guevara, destacado dirigente de la oposición democrática, es el nuevo acto delictivo cometido por ese grupo de mercenarios llamado TSJ, nombrados a dedo: gente sin pueblo y sin ley.

El problema adicional, quizás el más grave de todos, fue que entre la dictadura, los divisionistas y los conciliadores, terminaron por afectar al nervio central de la oposición. Nos referimos a su tercera tendencia.

La tercera tendencia, la de los constitucionalistas, combinando manifestaciones de masas y línea constitucional, logró durante largo tiempo mantener su hegemonía sobre el bloque unitario. Aliándose con uno u otro sector, supo manejar las crisis con cierta solvencia. Pero, cuando después de las juramentaciones sus principales dirigentes se desataron en descalificaciones personales, peor aún, sin defender la línea política que había dado continuidad a la oposición, la crisis dejó de ser circunstancial y se convirtió en una crisis de identidad política. Algunos, llevados por la emoción, abjuraron de la línea electoral sin especificar cual iba a ser la otra línea. Al “craso error” (Trino Márquez) de no participar en las elecciones municipales, argumentando de que estaban viciadas por la existencia de “ese CNE”, agregaron la inconsecuencia de participar en las presidenciales con “ese CNE”.

Sacar el cuerpo a las municipales no fue una retirada táctica. Fue una desordenada fuga. Una estampida cuyo resultado no puede ser otro que abandonar a su suerte a la pobre gente que vive en los municipios. Peor todavía: esa decisión rompió con la línea opositora sin ofrecer otra.

¿Terminará imponiéndose en la oposición la retórica hueca del abstencionismo militante? ¿Llamarán también a una “unidad superior” que nadie sabe con qué se come? ¿O acudirán a tribunales de justicia aposentados en la OEA? ¿O formarán gobiernos en el exilio (al estilo Puigdemont)? ¿O exigirán a Maduro que forme otro CNE amenazándolo con no votar? (precisamente, lo que más desea la dictadura) ¿O simplemente llamarán a los jóvenes a enfrentar otra vez a un ejército dirigido por asesinos profesionales?
En tres sentidos, aun perdiéndose, las municipales son importantes. Primero: tienen lugar en comunidades donde todos se conocen y en donde es posible realizar una agitación sin recurrencia a grandes medios de comunicación. Segundo: permiten mantener la continuidad de la lucha por la Constitución, en contra de la constituyente. Tercero: tienen lugar en el espacio donde comienza toda ciudadanía: en la vecindad, allí donde todos padecen los mismos problemas. Quien no entiende los problemas de su comunidad nunca va a entender los del mundo.

La razón por la cual los principales partidos de la oposición –excepción sea hecha a UNT y AD- no concurren a las municipales, aunque no explicitada, parece ser la siguiente: concurrir significaría romper la unidad de la MUD. Si ese fue el argumento, fue otro error. Por una parte, la unidad de la MUD ya está rota, se quiera o no. Por otra, la unidad política no es un fin en sí sino un medio para alcanzar un objetivo común. Y no por último, las municipales habrían permitido clarificar frente a problemas concretos y reales, y de una vez por todas, las diferentes líneas que dividen al conjunto opositor.
Luego de saltarse las municipales, los destacamentos opositores (incluyendo a los abstencionistas) planifican concurrir a las presidenciales. Tal vez las primarias –si es que tienen lugar- permitirán percibir las diversas políticas que los separan, aunque sea al precio de aceptar divisiones insoslayables. Puede ser también que las presidenciales sean el catalizador que requiere la oposición para marchar, si no unida, por lo menos de un modo relativamente convergente. Hay dudas de que que eso sea así. Pero ojalá sea así. Porque si no es así, más vale la pena rezar.

 

 

¿Qué dice la sentencia 69 de la Sala Plena del TSJ? – Acceso a la Justicia – 3 de Noviembre 2017

 

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TSJ/SP n.º 69 Fecha: 03-11-2017

La Sala Plena del TSJ, dando respuesta a una solicitud de antejuicio de mérito interpuesta por el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente; mediante sentencia n.° 69 del 03 de noviembre de 2017, con ponencia del Magistrado: Marco Antonio Medina, declaró:

Que existen suficientes elementos de convicción para determinar la responsabilidad del ciudadano FREDDY ALEJANDRO GUEVARA CORTEZ, de haber incurrido de manera permanente en los delitos de ASOCIACIÓN, INSTIGACIÓN PÚBLICA CONTINUADA y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, tipificados respectivamente en los artículos 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; 285 del Código Penal vigente en relación con el artículo 99 eiusdem; y 264 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente.

Que, en los casos de los delitos en flagrancia, no es procedente la institución del antejuicio de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Que, por tratarse de delitos comunes y permanentes el enjuiciamiento del mencionado ciudadano deberá hacerse ante los tribunales ordinarios competentes, según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal.

ORDENA enviar copias certificadas de las actuaciones a la Asamblea Nacional Constituyente, a fin de que determine lo conducente, según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

ORDENA la prohibición de salida del país del ciudadano FREDDY ALEJANDRO GUEVARA CORTEZ, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia se ORDENA oficiar al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela.

Remítase copia certificada de las presentes actuaciones al Ministerio Público, para que continúe la tramitación de la causa penal correspondiente.

La decisión antes descrita se fundamenta en el hecho de que, a criterio de la Sala Plena, los delitos continuados y permanentes necesariamente deben juzgarse en flagrancia. Como consecuencia de ello se citan las sentencias n.° 55 y 66 de la misma sala (casos Wilmer Azuaje y Germán Ferrer), que al interpretar el artículo 200 de la Constitución se concluye que para los delitos flagrantes no es necesario acudir al mecanismo de antejuicio de mérito para proceder el enjuiciamiento de aquellos funcionarios amparados por tal privilegio.

Con esta decisión no sólo se violentan derechos fundamentales correspondientes al diputado Freddy Guevara como lo son el debido proceso, en todas sus formas y manifestaciones, su derecho a la inmunidad consagrado en nuestra Carta Magna que el TSJ no le puede quitar, y su derecho a la presunción de inocencia, entre otros, sino que además se rompe con los principios y valores democráticos más fundamentales al irrespetarse la separación de poderes y las garantías establecidas constitucionalmente para proteger las funciones del Poder Legislativo frente a los demás poderes del Estado.

Adicionalmente, llama poderosamente la atención que esta decisión se haya hecho del conocimiento público en primer término por el vicepresidente ejecutivo de la República, incluso antes de que siquiera se publicara en la página oficial del TSJ el resumen de la misma y luego el texto de la sentencia. Una muestra más de la falta de independencia del Poder Judicial y su estrecha colaboración en la destrucción del Estado de derecho en Venezuela.

¿Temerosos, pragmáticos o colaboracionistas? por Eddie A. Ramírez – RunRunes – 31 de Octubre 2017

Unknown.jpegEl fraude rojo propinó una derrota a los demócratas el 15-O, pero la misma fue matizada por los demócratas del mundo que descalificaron a los tramposos. Más daño causó la juramentación de cuatro gobernadores ante la espuria constituyente. La recuperación no será fácil, pero boxeadores que han estado al borde del nocaut toman un segundo aire y logran vencer al oponente.

Los cuatro gobernadores pasaron por la humillación de juramentarse ante una instancia inexistente lo cual, teóricamente, es problema de ellos. Sin embargo, obviaron las consecuencias de esa juramentación. El mundo democrático no reconoce a esa constituyente y al dictador le hubiese sido más difícil desconocer a cinco gobernadores que a uno solo. El costo político para él hubiese sido grande, ante la censura mundial y las protestas de los ciudadanos en esos estados.

El rechazo a esa decisión ha sido general. Fue un gran error político de Acción Democrática. Ya hecho el daño corresponde pensar si el mismo es irreparable y si sus autores deben ser execrados. Como la herida es reciente, muchos se inclinan por llevarlos a la hoguera, mientras que unos pocos los defienden a capa y espada. Quizá el punto a dilucidar es si lo hicieron por temor, por pragmatismo iluso o por colaboracionistas.

Es probable que el factor miedo haya tenido cierta influencia. Ir donde “toda incomodidad tiene su asiento” no es agradable. Aterra el trato que reciben nuestros presos políticos por parte de los esbirros en las ergástulas del régimen. Salir al exilio es también muy duro. En este sentido aplaudimos al valiente gobernador Juan Carlos Guanipa, quien antes que humillarse prefirió subir al cadalso.

Los cuatro que optaron por no exponerse a la guillotina alegan que fueron electos para resolver los problemas de la gente. ¿Excusa o de verdad creen ingenuamente que el régimen les suministrará los medios que les corresponden? ¿ Piensan que no serán destituidos por la constituyente por cualquier motivo baladí? ¿ Acaso aceptaron la humillación para poder “alimentar a su tropa? Es decir a todas esas personas que aspiran a un cargo o a un contrato legal para
poder subsistir? O sea por interés pragmático. De ilusión también se vive.

La tercera opción es que son colaboracionistas a quienes no les importa apuntalar la dictadura. Si este es el caso, desde luego deben ser execrados, tanto ellos como su mentor. Sin embargo, todos tienen un historial de lucha que no se puede desconocer. Por ello, consideramos que el factor “dar de comer a la tropa” fue determinante. Demasiada gente depende del presupuesto de las gobernaciones. Un nuevo gobierno debe corregir esta anomalía y disminuir el tamaño del sector público. El paso en falso dado por los cuatro gobernadores tiene dividida a la oposición y hará más difícil la lucha para salir de Maduro.

Todo indica que la decisión de marras fue una línea del partido. Muchos se preguntan qué pasó con la aguerrida AD que realizó una heroica lucha en contra de la dictadura de Pérez Jiménez y enfrentó con decisión a la guerrilla castro-comunista, aunque posteriormente cometió muchos errores que nos trajeron a los rojos. Ramos Allup ha tenido intervenciones puntuales que han entusiasmado, pero en general ha jugado al apaciguamiento. Los distinguidos ex miembros del CEN de AD, Paulina Gamus, Clarisa Sanoja, Lilian Arvelo,Canache Mata y Humberto Celli lo han cuestionado y Alfredo Coronil escribió un fuerte artículo.

El régimen profundizará su desastrosa revolución y seguirá violando los derechos de quienes disienten. Por ello es necesario conformar un frente común en el que participen los partidos políticos, representantes de la sociedad civil y disidentes del chavismo; elaborar un decálogo de lo que se ofrece y llegar a acuerdos mínimos sobre cómo relacionarse con el régimen, designar un nuevo CNE y fijar posición ante los próximos eventos electorales. Un factor importante para el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez fue que Betancourt y Caldera se habían reconciliado después de las diferencias causadas por el 24 de noviembre de 1948.

La crisis amerita desprendimiento y mesura de los dirigentes, casi ninguno de los cuales está exento de algún grado de culpa por la situación actual. Un gesto que podría tener una repercusión favorable sería que declinen aspiraciones legítimas y postulen un candidato independiente lo cual, junto con nuevo CNE, podría enderezar entuertos. La candidatura independiente no debe interpretarse como antipolítica,sino lo contrario. Si no se rectifica los rojos pueden eternizarse en el poder.

Como (había) en botica: Muchas gracias a Canadá y en especial a su ministra Chrystia Freeland y al honorable Irwin Cutler, así como al grupo de Lima, por su condena a la dictadura de Maduro en reciente reunión en Toronto. La Fiscal Luisa Ortega ofreció información para ampliar el expediente ante la Corte Penal Internacional . Tamara Suju y Carlos Vecchio hicieron excelente exposición en esa ciudad y Lilian y Mitzi participaron por skype. Un experto canadiense señaló que solo un 9% de gobiernos dictatoriales han salido por protestas, los restantes fueron por disidencias internas ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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