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Comunicado de Un Mundo Sin Mordaza sobre el ingreso de Venezuela al Consejo de DDHH de la ONU – 18 de Octubre 2019

  Maduro se sienta en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el mismo día que un dirigente opositor aparece ejecutado y calcinado por Pedro Benítez – ALnavío – 18 de Octubre 2019

 Mientras sus tenebrosas Fuerzas de Acciones Especiales continúan asesinando en los barrios pobres de Venezuela, Nicolás Maduro logra entrar (como ya ocurrió con Hugo Chávez en 2012) en el club de dictadores mundiales que se sientan en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es un brutal recordatorio de cómo opera la política internacional.
Maduro agrega otro asesinato a su larga lista / Foto: Prensa Presidencial
Maduro agrega otro asesinato a su larga lista / Foto: Prensa Presidencial

Que el régimen de Nicolás Maduro, manchado por todo tipo y cantidad de violaciones a los derechos humanos, consiga 105 votos para entrar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mientras esa ejemplar democracia que es Costa Rica no alcanza los 97 votos necesarios para sentarse en ese organismo, no debería sorprender a nadie. Es un brutal recordatorio de cómo opera la política internacional.

Esa elección se da en un momento en el cual las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) adscritas a la Policía Nacional Bolivariana actúan como escuadrones de la muerte en los barrios más deprimidos de las ciudades venezolanas, con la intención poco disimulada de desalentar cualquier tipo de protesta social.

Hace menos de un mes Human Rights Watch (HRW) señaló a las Fuerzas de Acciones Especiales, de haber perpetrado más de 18.000 “ejecuciones extrajudiciales” en situaciones de supuesta “resistencia a la autoridad”, aplicando el patrón de actuación descrito en el informe de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet. La fuente usada por Human Rights Watch son los datos aportados por el propio ministro de Interior de Nicolás Maduro, general Néstor Reverol.

Uno de los sitios específicos en el que HRW identificó las actuaciones de las FAES fue el populoso barrio de Petare, al este de Caracas, sitio en el cual vivía y realizaba activismo político el exconcejal y dirigente opositor Edmundo “Pipo” Rada.

Militante de Voluntad Popular (VP), el mismo partido de Juan Guaidó y Leopoldo López, el cuerpo de Pipo Rada fue hallado ayer calcinado y con dos tiros en la nuca. López, líder fundador de VP, por medio de su cuenta de Twitter acusó directamente al régimen de Maduro de haber secuestrado, torturado y ejecutado a Rada, quien llevaba 24 horas desaparecido.

En las últimas semanas Pipo Rada había colaborado en la organización de los recorridos que en Petare realizó Guaidó y había alertado que funcionarios de las FAES lo habían fotografiado en esas actividades.

Esto acontece a un año de la muerte en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) del también concejal Fernando Albán, militante en del partido Primero Justicia y asistente del expresidente de la Asamblea Nacional (AN) Julio Borges. Tanto el Sebin como el Fiscal General de Maduro, Tarek William Saab, afirmaron que Albán se suicidó, aunque nunca permitieron una autopsia independiente. Tanto sus familiares como la oposición en su conjunto han acusado al Sebin de haberlo torturado y luego lanzado al vacío desde el piso 10 de la sede de esa policía política.

En el marco del informe que, precisamente para Naciones Unidas, presentó la expresidenta Bachelet, estos casos son reveladores del tipo de régimen que se va a sentar con los representantes de otros 47 Estados en el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo. ¿Cómo es posible esto? Pues que la ONU es lo que el periodista español Antonio Chinchetru ha denominado “la democracia de las dictaduras”.

De los 193 países presentes en Naciones Unidas, sólo 75 se cuentan como democracias (entre plenas e imperfectas), según el índice de democracia de The Economist.

Aunque es una clasificación que puede ser cuestionada por el criterio que aplica, no obstante nos da una idea de la correlación de mundial entre democracias y regímenes despóticos, autoritarios y dictaduras abiertas. En resumen: las democracias en el mundo están en minoría.

Eso, más el reparto que se le asigna a cada región del mundo, explica que Estados como Arabia Saudita, Cuba, China, Vietnam, Rusia, Baréin, Bangladesh, Camerún, Eritrea, Filipinas y Somalia, estén, o se hayan sentado, en algún momento en ese Consejo.

Creado en 2006 para reemplazar a la antigua a la Comisión que existía con el mismo propósito, en el Consejo de Derechos Humanos se repite una constante, las dictaduras de todo tipo hacen causa común.

Esta no es una historia nueva. En 2014 una desclasificación de casi 6.000 archivos por parte del gobierno argentino reveló el “intercambio de votos” de Fidel Castro con la dictadura del general Rafael Videla en Argentina.

Militante de Voluntad Popular (VP), el mismo partido de Juan Guaidó y Leopoldo López, el cuerpo de Pipo Rada fue hallado ayer calcinado y con dos tiros en la nuca. López, líder fundador de VP, por medio de su cuenta de Twitter acusó directamente al régimen de Maduro de haber secuestrado, torturado y ejecutado a Rada, quien llevaba 24 horas desaparecido.

En 1977 Cuba pidió a Videla apoyo en Naciones Unidas en una votación que le permitiría el ingreso al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A cambio Cuba apoyó la reelección de Argentina en el Consejo Económico y Social de la ONU (Ecosoc).

No fue la primera vez que Castro hizo un acuerdo de ese tipo. En la misma década era un cercano amigo del gobierno del presidente mexicano Luis Echeverria, mientras los cuerpos de seguridad mexicanos llevaban su propia guerra sucia contra subversión de izquierda.

Y son conocidas las estrechas relaciones del dictador cubano con otro dictador de signo ideológico diametralmente distinto: el general Francisco Franco, quien nunca apoyó el embargo económico contra el régimen comunista de la isla.

Eso es lo que ocurre exactamente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hoy. Las dictaduras actúan en bloque. Lo lamentable es que las democracias no hacen lo mismo. Dependiendo del gobierno de turno se inclinan de un lado o del otro, según su gusto ideológico o interés material.

México y Uruguay son democracias, no hay duda de eso, pero sus respectivos gobiernos defienden abierta, o disimuladamente, al régimen de Nicolás Maduro con todo y sus 18.000 ejecuciones extrajudiciales, y no digamos a la dictadura abierta de la familia Castro en Cuba.

Ese tipo de relaciones fue lo que permitió que Venezuela entrara a esa instancia en 2012 (reemplazando a Cuba). Pese a que Hugo Chávez era defensor abierto de dictadores de la calaña de Bashar al-Asad (Siria) y Muamar Gadafi (Libia) y aliado de los Castro y del iraní Mahmud Ahmadineyad.

Pero el más dramático de todos los ejemplos es China, que cada vez que se postula obtiene mucho más de los 97 votos requeridos. Eso sólo es posible si gobiernos democráticos le dan sus votos. Y es fácil imaginarse por qué lo hacen. Todos quieren entrar en tratos con el gigante económico mundial sin importar la naturaleza de su régimen político, su represión en Honk Kong, a las minorías étnicas o religiosas, a los disidentes o su amenaza constante sobre la ejemplar democracia que es Taiwán.

Las FAES de Maduro continúan asesinando en los barrios pobres / Foto: Provea

Para decirlo todo, es la misma razón por la cual entra el Brasil de Jair Bolsonaro. Es un país demasiado grande como para quedar por fuera. O la monarquía medieval de Arabia Saudita, aliado preferente e imprescindible de Estados Unidos en el Medio Oriente. Esto es, pues, la realidad de la política mundial.

Sin embargo, en medio de todo este recuento desalentador hay un aspecto positivo: el interés de cada uno de esos regímenes en ser parte de una instancia internacional es otra demostración de que la hipocresía es un homenaje que el vicio rinde a la virtud.

Puesto que por regla general han renunciado a darse algún viso de legitimidad interna, ese tipo de gobiernos buscan legitimidad internacional. China y Cuba son el ejemplo perfecto de esto. Pese a su tamaño el país caribeño tiene una red de misiones diplomáticas sólo comparable con Brasil.

Esa es la razón por la cual la oposición venezolana puede (y debe) seguir insistiendo en su campaña internacional contra el régimen de Maduro usando informes como el de Bachelet. Aunque sus aliados sean una minoría de países, y como democracias al fin y al cabo sean además volubles, no obstante ellos son en su mayoría los más prósperos e influyentes del mundo. Las democracias suman entre todas la mayor parte de PIB del mundo.

Nicolás Maduro se va a sentar en el Consejo de Derechos Humanos, pero eso no le lava la cara a menos que las democracias y los demócratas se lo permitan.

ONU vota nuevos miembros del Consejo de DDHH con cuestionamientos sobre Venezuela – La Patilla – 17 de Octubre 2019

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Edificio sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos / Foto REUTERS / Carlo Allegri

La ONU vota este jueves la entrada de nuevos miembros al Consejo de Derechos Humanos (CDH), con Latinoamérica renovando dos asientos y cuestionamientos a la candidatura de Venezuela que llevaron a Costa Rica a proponerse como opción alternativa.

La votación para renovar cerca de un tercio de los 47 miembros del organismo con sede en Ginebra está prevista para las 10H00 hora local (14H00 GMT) en la sede de Nueva York de la ONU.

La composición de este consejo creado en 2006 refleja criterios geográficos con 13 escaños para África, 13 para Asia Pacífico, ocho para América Latina y el Caribe, siete para Europa Occidental y seis para Europa del Este.

En el Consejo, dos de los escaños que corresponden a Latinoamérica deben renovarse: uno es el que ostenta actualmente Brasil, que se presenta a la reelección. Para el otro espacio, en un principio sólo concurrió Venezuela.

Pero en un momento en que Venezuela vive una grave crisis económica y política y el gobierno de Nicolás Maduro es rechazado por más de 50 países que reconocen como presidente interino al líder del Parlamento, Juan Guaidó, la entrada del país genera resistencia.

En julio, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que en el último año y medio en Venezuela se produjeron cerca de 7.000 ejecuciones extrajudiciales y que la gran mayoría de esas muertes fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad.

A finales de septiembre el CDH decidió -mediante una resolución- crear “una misión internacional independiente” encargada de investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, una medida rechazada por responsables del país sudamericano.

En este contexto el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció a principios de octubre que su país concurriría como candidato y explicó que las “graves violaciones” a los derechos humanos relatadas por el informe de Bachelet hacen que Venezuela no sea un nominado “adecuado”.

Esta candidatura obtuvo inmediatamente el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que expresó que sería “inadmisible” que Venezuela ocupara el puesto.

Los miembros del Consejo pueden ser suspendidos en casos de violaciones graves, pero sólo Libia fue objeto de esa sanción en 2011.

A los 14 puestos que están abiertos concurren 17 países: Alemania, Armenia, Brasil, Corea, Costa Rica, Holanda, Indonesia, Irak, las Islas Marshall, Japón, Libia, Mauritania, Moldavia, Namibia, Polonia, Sudan y Venezuela.

– “No hay un precedente” –

“Ciertamente no hay un precedente de que los países latinoamericanos hayan desafiado a uno de sus vecinos en una entidad multilateral de una forma tan directa y provocativa”, dijo a la AFP Christopher Sabatini, académico de Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York.

La semana pasada el subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Roger Carstens, dijo que le parecía “irónico” que Venezuela buscara un asiento en el Consejo y que esto podría lastrar la “credibilidad” del organismo.

El diplomático también expresó su preocupación de que esto pudiera darle a Venezuela una oportunidad de “resguardarse de los esfuerzos de investigación en la ONU”. Estados Unidos se retiró en 2018 del Consejo denunciando el “sesgo continuo” contra Israel y dijo que el organismo era una “cloaca”.

El miércoles Chile calificó como una “burla” la postulación de Venezuela y el canciller chileno, Teodoro Ribera, dijo que su ministerio se ha movilizado para lograr que la comunidad internacional tome consciencia “de lo que está en juego”.

“No está claro cómo van a votar los países latinoamericanos. Lamentablemente los medios y la comunidad diplomática no lo han discutido mucho”, indicó Sabatini.

La ONU reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, que en cambio no cuenta con el reconocimiento de la OEA donde un delegado de Guaidó ocupa el escaño de Venezuela.

Los miembros del Consejo de Derechos Humanos sirven por un período de tres años y no son elegibles para reelección inmediata después de servir dos mandatos consecutivos.

Actualmente Latinoamérica está representada por Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Cuba, México, Perú y Uruguay. AFP

La ONU abre una investigación a Venezuela por violación de los derechos humanos por Francesco Manetto – El País – 27 de Septiembre 2019

Una resolución insta a Maduro a facilitar el trabajo de una misión internacional independiente. Naciones Unidas también muestra preocupación por las sanciones

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, el jueves a su regreso de Rusia.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, el jueves a su regreso de Rusia. AFP

Naciones Unidas abrió este viernes una investigación a Venezuela por los atropellos del régimen de Nicolás Maduro. El Consejo de Derechos Humanos aprobó la creación de una “misión internacional independiente de determinación de los hechos” cuyo propósito es realizar una indagación a fondo de “las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU insta, además, “a las autoridades venezolanas a que cooperen plenamente con la misión de determinación de los hechos, le brinden acceso inmediato, completo y sin trabas a todo el territorio del país, así como a las víctimas y lugares de detención y le faciliten toda la información necesaria para el desempeño de su mandato”. En definitiva, se trata de un pronunciamiento que busca allanar el camino a las investigaciones independientes de lo que ocurre en Venezuela. El país lacerado por una profunda crisis social y política, se encuentra sumergido en un impasse institucional desde que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó,lanzara el pasado enero un desafío a Maduro tratando de forzar su renuncia, la apertura de una etapa de transición y la convocatoria de elecciones libres.

Naciones Unidas exige que el Gobierno colabore con el sistema de derechos humanos de la organización y que coopere con la alta comisionada, Michelle Bachelet. El informe de su oficina, publicado en julio tras su visita a Caracas, denunció graves violaciones de derechos económicos, civiles y políticos y puso negro sobre blanco unas cifras demoledoras de muertos atribuidos a los abusos de las fuerzas de seguridad: casi 5.300 solo el año pasado. El régimen refutó el dossier, pero el pasado martes accedió a firmar un memorando de entendimiento con la alta comisionada que abre la puerta a la apertura de una delegación en Caracas.

Esta nueva resolución, que aumenta la presión internacional sobre el chavismo, fue recibida por la oposición como una victoria. Sin embargo, queda por ver su recorrido, ya que cabe esperar que Maduro oponga resistencia. Su Gobierno destacó más bien otro pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos, que el jueves expresó su preocupación por las sanciones impuestas por las principales instancias internacionales, con Washington a la cabeza. Estas “medidas coercitivas extraterritoriales unilaterales han agravado todavía más los efectos de la crisis económica y, en consecuencia, la situación humanitaria del pueblo venezolano”, mantuvo. La ONU defiende una salida “pacífica, democrática y constitucional” a la crisis y rechaza la “injerencia militar, de fuerzas de seguridad o de servicios de inteligencia extranjeros”.

La UE considera insuficiente resolución del Consejo de DDHH sobre Venezuela – PanamPost – 26 de Septiembre 2019

La resolución fue aprobada con 18 votos a favor, 23 abstenciones y seis votos en contra -de países como Perú, Argentina o Brasil-, que consideraron que el documento es demasiado transigente con Venezuela.

Salón de sesiones Consejo de DDHH
La resolución impulsada por Irán fue considerada insuficiente para resolver la crisis en Venezuela. (EFE)

Ginebra, 26 sep (EFE).- El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó hoy una resolución que pide al régimen de Maduro cumplir las recomendaciones que la alta comisionada Michelle Bachelet presentó en julio, incluyendo el fin del uso excesivo de la fuerza, de las ejecuciones extrajudiciales y de la tortura.

La resolución fue aprobada con 18 votos a favor, 23 abstenciones y seis votos en contra -de países como Perú, Argentina o Brasil-, que consideraron que el documento es demasiado transigente con Venezuela y hará que su Gobierno «no asuma ninguna responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos».

Esos países y otros miembros del Grupo de Lima presentarán mañana viernes ante el mismo Consejo de Derechos Humanos otra resolución en términos más enérgicos contra Venezuela y que solicitará el establecimiento de una comisión internacional de investigación contra el régimen de Nicolás Maduro.

La resolución aprobada hoy, patrocinada por Irán (país aliado de Maduro), solicita a Venezuela que acate el informe presentado por Bachelet, poco después de que ésta visitara Venezuela el pasado junio.

Ese informe denunciaba entre otros crímenes más de 6.000 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas desde enero de 2018, por lo que reclamaba la investigación de éstas y otras violaciones de derechos humanos y la liberación de presos políticos, entre otras exigencias.

La resolución de hoy muestra su apoyo a ese informe de Bachelet -pese a que el propio Maduro lo consideró lleno de «mentiras, falsedades y manipulaciones»- y pide a Caracas que coopere con el Consejo de Derechos Humanos.

Los países de la Unión Europea en el Consejo de Derechos Humanos, entre ellos España, optaron por abstenerse al considerar que el documento «no era suficiente a la hora de responder a la gravedad de la situación en Venezuela», en palabras del embajador danés en representación de los Veintiocho.

Por su parte, países latinoamericanos distanciados del Grupo de Lima, como México y Uruguay, votaron a favor de la resolución patrocinada por Irán.

Bachelet: No soy la Virgen María para solucionar el drama humanitario en Venezuela – Alberto News – 22 de Septiembre 2019

Michelle Bachelet consideró que en Venezuela muchos erróneamente la ven como “la virgen María, que puede hacer milagros” y solucionar el drama humanitario.

La ex mandataria resaltó, en entrevista con Televisión Nacional de Chile, que “alguna gente esperaba de mí cosas que no correspondían a mi cargo”, ya que ella iba a “ver los temas de derechos humanos. No iba a ir yo con dinero a resolver problemas, nada de eso”.

En julio, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU publicó un severo informe sobre la crisis en Venezuela, que ahondó la presión internacional sobre el régimen chavista. Sin embargo, dos meses después, reportó que la dictadura venezolana no había tomado pasos con respecto a las recomendaciones señaladas para evitar nuevas violaciones de derechos fundamentales.

Con referencia a la postura que han tomado más de 50 países, de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela (en rechazo a Nicolás Maduro), la ex presidente chilena comentó: “Soy alta comisionada y quiero mantener mi relación con el Estado venezolano para seguir trabajando y para ayudarlos a resolver la situación crítica de derechos humanos”.

Por ello, según explicó, para la ONU “Juan Guaidó es el presidente de la asamblea, y el presidente electo es Nicolás Maduro”.

Polémica con Bolsonaro

En la entrevista con TVN, Bachelet también declaró que siente “pena por Brasil” al recordar la defensa que el mandatario Jair Bolsonaro hizo recientemente de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, en la que justificó la muerte del padre de la líder socialista a manos de ese régimen.

A principios de septiembre, con la Amazonía en llamas a causa de los incendios forestales, Bachelet criticó la “reducción del espacio cívico y democrático” en el gigante sudamericano y Bolsonaro arremetió elogiando la dictadura de Pinochet (1973-1990).

“Si hay una persona que dice que en su país nunca hubo dictadura, que no hubo tortura, bueno, que diga que la muerte de mi padre por torturas permitió que (Chile) no fuera otra Cuba, la verdad es que me da pena por Brasil”, dijo Bachelet.
El ex militar y actual mandatario brasileño celebró el “coraje” que tuvo la dictadura chilena para detener a la izquierda y a “comunistas como su padre”, un general de aviación que murió en la cárcel en 1974 tras ser torturado por el régimen.

Bachelet puntualizó que la “reducción del espacio democrático no es solo en Brasil”, y consideró que en derechos humanos “no hay ningún país que sea perfecto”.

En otros temas, la ex presidenta reiteró su “verdad” ante nuevas versiones de la prensa que vinculan su campaña, para acceder en 2014 a su segundo mandato al frente de Chile, a aportes de la constructora brasileña OAS. “Mi verdad es la misma de siempre. Yo no he tenido, ni tuve nunca vínculos con OAS ni con ninguna otra empresa”, aseguró la mandataria, que calificó de “extraño” el resurgir del tema en los medios.

Finalmente, Bachelet también descartó que esté pensando en volver a postular a la presidencia chilena. “Todos mis argumentos dicen claramente: no. No voy a ser candidata. O sea, no estoy diciendo que los chilenos quieren que yo sea candidata, estoy diciendo que yo no ando buscando ser candidata, no quiero ser candidata y no voy a ser candidata”.

 

¿Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? por Mariano de Alba – ProDaVinci – 14 de Septiembre 2019

¿Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU?

El 26 de septiembre de 2018 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó su primera resolución sobre Venezuela. El documento es producto de un esfuerzo de años realizado por organizaciones no gubernamentales (ONGs) dedicadas a documentar y denunciar violaciones a los derechos humanos, así como del trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la voluntad de una mayoría de 27 de los 47 países que conformaban el Consejo.

La resolución expresa que Venezuela vive “graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria”, exhorta al régimen de Nicolás Maduro a aceptar “la asistencia humanitaria”, y solicitó a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, que preparara “un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos”. Dicho informe fue publicado el pasado mes de julio luego de la visita oficial de Bachelet a Caracas.

Actualmente, once organizaciones de derechos humanos han instado al Consejo que establezca una “comisión de investigación sobre Venezuela”. También es posible que Venezuela sea electa como miembro del Consejo por un período de tres años a partir del 2020. Conviene entonces repasar el funcionamiento del Consejo y su relevancia ante la grave situación que atraviesa el país.

¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos?

Es el principal organismo intergubernamental de la ONU dedicado a los derechos humanos. Busca fortalecer la promoción y la protección de los derechos humanos y actuar cuando ocurren violaciones en cualquier parte del mundo. En líneas generales, existen violaciones de derechos humanos cuando un Estado no cumple con sus obligaciones, por acción u omisión. Es decir, los estados no sólo están obligados a respetar los derechos humanos; también a garantizarlos, por lo que deben prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a los derechos de sus ciudadanos.

El Consejo se reúne en tres períodos de sesiones anuales. Usualmente ocurren en marzo, julio y septiembre. También puede celebrar reuniones de emergencia. El Consejo realiza recomendaciones a los Estados sobre cómo respetar y garantizar los derechos humanos. También puede establecer comisiones de investigación y misiones de determinación de hechos. Entre los sus mecanismos principales está el Examen Periódico Universal, el cual evalúa sistemáticamente la situación de los derechos humanos en cada país y el Método de Denuncias que permite a individuos y organizaciones presentar quejas.

¿Cuál es la relación del Consejo con la Oficina del Alto Comisionado?

El Consejo es un órgano político compuesto por países. Sus miembros pueden adoptar sus decisiones por consenso o mediante el voto. Para adoptar un proyecto de resolución mediante el voto hay que contar con el apoyo de una mayoría simple. Las decisiones no son vinculantes, sino que constituyen recomendaciones. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado forma parte de la Secretaría de la ONU y cuenta con un Alto Comisionado que debe ser independiente. El Alto Comisionado es nominado por el Secretario General y aprobado por la Asamblea General.

La Oficina del Alto Comisionado no está estrictamente subordinada al Consejo o viceversa. Ambas instituciones responden a la Asamblea General. La Oficina del Alto Comisionado provee apoyo sustantivo, logístico y administrativo al trabajo que realizan los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluyendo al Consejo y otros órganos creados por disposición de tratados de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado también puede proveer asistencia a gobiernos a través de técnicos en las áreas de derechos humanos, administración de justicia, reformas legislativas y procesos electorales.

¿Cómo son electos los países para formar parte del Consejo?

Los países miembros del Consejo son electos mediante el voto secreto de mínimo una mayoría de la Asamblea General de la ONU, donde cada uno de los 193 Estados miembros tiene derecho a un voto. Aproximadamente un tercio de los 47 puestos se renueva cada año. El número de países miembros está dividido por regiones. África ha sido adjudicada con 13 puestos, Asia y el Pacífico 13 puestos, Latinoamérica y el Caribe 8 puestos, Europa del Este y otros países occidentales 7 puestos y Europa del Este 6 puestos.

Los países de Latinoamérica y el Caribe que todavía no han formado parte del Consejo en sus 13 años de existencia son: Colombia, República Dominicana, Honduras, Jamaica, Haití, Belice, Guyana, Trinidad y Tobago, Surinam, Antigua y Barbuda, Dominica, Barbados, Granada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Vicente y Nieves.

¿Cómo es posible que un Estado cuestionado por violaciones a DDHH sea parte del Consejo?

La resolución de la Asamblea General de la ONU que creó el Consejo decidió que cualquier Estado podía ser elegido como miembro. Al momento de la elección, los Estados reunidos en la Asamblea General deberían tener en cuenta la contribución de los países candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos. En teoría, los países que son parte del Consejo deben adherirse a los estándares más altos sobre derechos humanos, cooperar plenamente con el Consejo y someterse al mecanismo de Examen Periódico Universal. Sin embargo, la decisión sobre si un país es parte del Consejo es política, y depende de que el país candidato consiga la mayoría de votos en la Asamblea General.

El único recurso previsto por la Asamblea General es la posibilidad de suspender el derecho de participación de un país que sea parte del Consejo por graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en su territorio. Esa decisión nuevamente es netamente política, y requiere una mayoría de dos tercios de los países miembros de la ONU reunidos en la Asamblea General.

Desde sus primeros años de funcionamiento, el Consejo ha sido objeto de críticas porque países donde existen gravísimas violaciones a los derechos humanos son electos miembros. En 2018, por ejemplo, la elección de Filipinas y Eritrea generó una gran indignación. En junio de ese año, Estados Unidos decidió renunciar a su puesto en el Consejo alegando que el Consejo es protector de abusadores de derechos humanos y tiene prejuicios políticos en contra de Israel. En algunas regiones ha sido usual que se presenten sólo el número de países que puede ser elegido, anulándose cualquier posibilidad de competencia.

La solución a los problemas que enfrenta el Consejo es concretar la voluntad política para adoptar reformas. Debería realizarse un trabajo diplomático para que los países reunidos en la Asamblea General cambien algunas dinámicas. Por ejemplo, la mayoría de dos tercios para suspender el derecho a la participación de un país que viole los derechos humanos es sumamente alta y difícil de alcanzar. Sólo Libia durante el gobierno de Muamar el Gadafi ha sido suspendida. También debería haber una exigencia para que cada región tenga que presentar el doble de candidatos en comparación con las plazas disponibles, logrando así fomentar la competencia por tener un mejor récord en derechos humanos. Por último, pudiese requerirse que antes de cualquier elección, cada país candidato rinda cuentas de la situación de los derechos humanos en su territorio.

¿Es posible que Venezuela sea electa?

A pesar que el Consejo ha dicho que en Venezuela existen “graves violaciones de los derechos humanos” y el informe de la Alta Comisionada Bachelet concluyó que en la última década se ha “puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”, la elección de Venezuela es muy probable.

La situación actual es que sólo existen dos candidatos para las dos plazas sujetas a elección por Latinoamérica y el Caribe. Esos dos candidatos son Brasil y Venezuela. En consecuencia, una mayoría simple de la Asamblea General de la ONU podría elegir que Venezuela vuelva a ser parte del Consejo luego de haber sido miembro entre 2016 y 2018. La elección tendrá lugar el 16 de octubre de 2019. Sólo si otro país de la región es candidato podría surgir la posibilidad que Venezuela no sea electa y una mayoría de los países de la ONU manifiesten al régimen de Nicolás Maduro que la situación de los derechos humanos hace inaceptable que Venezuela sea parte del Consejo. Países como Jamaica, Belice, República Dominicana o Colombia, que no han sido miembros aún del Consejo, podrían tener una buena opción de ser electos.

¿Habrá una comisión de investigación sobre Venezuela?

Once ONGs de derechos humanos solicitaron recientemente al Consejo que establezca una comisión de investigación sobre Venezuela durante su actual periodo de sesiones, el cual finaliza el próximo 27 de septiembre. Por ahora, la evaluación de la propuesta no figura en la agenda del período de sesiones por lo que, salvo sorpresa, no es muy probable que sea acogida. Nada obsta para que esa decisión sea adoptada en una reunión de emergencia o en la próxima sesión ordinaria de marzo 2020.

Una comisión de investigación, que operaría fuera de Venezuela si el régimen de Maduro no permite su entrada, podría investigar denuncias específicas de derechos humanos, promover la rendición de cuentas y otorgar una legitimidad reforzada a la información recabada. Eso luego podría servir para que otros organismos como la Corte Penal Internacional o los propios países avancen en sus esfuerzos de adoptar medidas para presionar por una resolución a la crisis.

En cualquier caso, el estatus actual de la solicitud planteada por las ONGs demuestra que todavía queda espacio para hacer un trabajo diplomático que permita aumentar la vigilancia y acción internacional ante la grave crisis de derechos humanos que sufren millones de venezolanos.

Comunicado Bloque Constitucional sobre la incorporación de Venezuela al Consejo Derechos Humanos ONU –

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1.- Que, el próximo mes de octubre la Asamblea General (ONU), elegirá a los 47 países miembros del Consejo de Derechos Humanos (ONU), con la aprobación de dos tercios de los votos de la Asamblea General, o 126 votos; y, que de acuerdo a la distribución por regiones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos (ONU), Latinoamérica tiene derecho a dos cupos en dicha entidad.

2.- Que, el régimen de Maduro ha postulado a Venezuela como candidata a formar parte del Consejo de Derechos Humanos (ONU), la cual, junto a Brasil serían los dos únicos países que han presentado su candidatura por Latinoamérica; lo que da por virtualmente asegurada la elección de ambos candidatos.

3.- Que, al ser electa Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos, el régimen usurpador que encarna Nicolás Maduro, designará un representante que podrá votar sobre la designación de expertos, relatores especiales, aprobación de resoluciones, y en general, sobre la agenda de dicho Consejo; lo que le permitirá hacer frente al escrutinio en materia de derechos humanos, y neutralizarlo con miras a procurarse impunidad.

4.- Que, en su Resolución 39/1, el Consejo de Derechos Humanos ONU solicitó a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, preparar un Informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela; y que este Informe, de fecha 4 de julio de 2019, conocido como Informe Bachelet, ha hecho un diagnóstico muy crudo sobre la realidad actual del país (ratificado en la actualización oral, de fecha 9 de septiembre de 2019), no sólo respecto de las sistemáticas violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, por parte del régimen de Maduro; sino, también, en relación a los elevados niveles de degradación institucional que éste ha propiciado, lo que se ha traducido, en la práctica, en erosión del Estado de Derecho.

5.- Que, el Informe Bachelet ha descrito una verdadera galería del horror, en la que no queda derecho o garantía constitucional que no haya sido violado o amenazado, por el régimen de Maduro, afectando todas las dimensiones de la dignidad humana, mediante ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, desacato reiterado por fuerzas de seguridad a ordenes de liberación de personas ordenada por los respectivos tribunales, torturas, abusos sexuales, robos, asesinatos, uso de fuerza letal contra manifestantes, violación de la libertad de expresión e información; violación del derecho a la salud, a la alimentación, a un salario digno; y de derechos a los pueblos indígenas, entre otros. A lo anterior debemos sumar una emergencia humanitaria compleja y la migración forzada de más de cuatro millones de venezolanos, que está afectando seriamente a la región.

6.- Que, finalmente, el Informe Bachelet, ha revelado palmariamente que el de Venezuela es un caso paradigmático, no sólo, porque, a pesar de que no ha habido un conflicto armado, existe evidencia abundante sobre abusos y violaciones sistemáticas por parte del régimen de Maduro, al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sino, también, porque éste ha colonizado el sistema de justicia, y lo ha puesto al servicio de su proyecto político hegemónico y antidemocrático, para impartir una justicia arbitraria, y perseguir judicialmente a los disidentes, mediante la aplicación de un “derecho penal del disidente”, que no busca “eliminar un peligro” ni sancionar un hecho punible específico, sino, únicamente, neutralizar a través del sistema de justicia a sujetos por lo que son: disidentes.

7.- Que, la incorporación de un representante del régimen de Maduro al Consejo de Derechos Humanos, no sólo comportará una manifiesta incongruencia con los valores y principios de su carta fundacional, y con los objetivos de dicha entidad, sino, además, tal hecho será utilizado, como un acto de propaganda por régimen inescrupuloso que se ha colocado al margen de la legalidad internacional, y por supuesto, como trinchera política para atacar a las democracias que han denunciado sus aberraciones.

8.- Que, nada satisfaría más a este Bloque Constitucional, en tanto espacio de defensa de la Constitución y de los derechos humanos, ver en el Consejo de Derechos Humanos (ONU) a un digno representante de una Venezuela reinsertada en el concierto de las naciones democráticas, lamentablemente, mientras perviva la usurpación, tal representación solo será una abominable mácula en nuestro historial republicano, y una ofensa a la conciencia de la humanidad.

Debemos expresar que:

PRIMERO: Rechazamos enfáticamente que un régimen político ilegítimo, como el que encarna Nicolás Maduro, responsable de la galería del horror ampliamente descrita en el Informe Bachelet, pueda designar un representante para ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos ONU, en nombre de Venezuela.

SEGUNDO: Exhortamos a la Asamblea Nacional, y al Presidente encargado Juan Guaidó, a que se pronuncien rechazando, clara e inequívocamente, la posibilidad de que el representante de un régimen comprobadamente violador de derechos humanos, pueda ocupar un puesto en una instancia internacional como el Consejo de Derechos Humanos ONU, en nombre de Venezuela y de los venezolanos.

TERCERO: Exhortamos al Grupo de Lima a que consideren la postulación, con la urgencia del caso, de un país latinoamericano con credenciales democráticas para que compita por un cupo en el Consejo de Derechos Humanos ONU.

CUARTO: Convocamos a todas las fuerzas políticas democráticas, a las Academias, Universidades, gremios profesionales y empresariales, organizaciones sindicales, federaciones y centros de estudiantes, comunidades universitarias, ONG’s defensoras de derechos humanos, Fuerzas Armadas, y demás expresiones de la sociedad civil, a que alcen su voz en rechazo a la idea de que un representante del régimen de Maduro, ocupe un puesto en el Consejo de Derechos Humanos ONU.

Coordinación Nacional: Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Blanca Rosa Mármol, Jorge Rosell Senhen, Alberto Arteaga Sánchez, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H. y René Molina Galicia. Coordinación Ejecutiva: Perkins Rocha. Magistrados, Académicos, Profesores: Aníbal Rueda, Humberto Romero Muci; María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Fernando Peláez Pier, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Marcos Solís Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero, Alejandro González Valenzuela, María Luisa Acuña López, Gustavo Tarre Briceño, María Amparo Grau Togores, Gerardo Fernández, Gonzalo Pérez Salazar, Víctor Rodríguez Cedeño, Milagros Betancourt C., Joaquín Nuñez Landáez, Iván Pérez Rueda, Moisés Troconis Villareal, Henry Henríquez Machado, Juan Manuel Raffali, Maibí Rondón, Luis Petit, Fernando M. Fernández, Génesis Dávila. Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles, (Presidente), Norma Delgado Aceituno, Clara Inés Valecillo; Jesús Vergara Peña y José Luis Machado. Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Lourdes Vallenilla (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Lucia Quintero Ramirez (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilmer Pereira A. (Falcón), Mary Hurtado de Muguesa (Guárico), José Luis Machado (Lara), Eliseo Moreno† (Mérida), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Henry Flores (Táchira), Mario Torres (Zulia). Bloque Constitucional. Capítulo España. Coordinador Carlos Sarmiento Sosa.

Comunicado de Foro Penal ante la actualización del informe de la Alta Comisionado para los DDHH de la ONU – 9 de Septiembre 2019

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                                                               COMUNICADO

Quienes suscriben, miembros de la Directiva y Coordinadores Regionales de la ONG FORO PENAL, ante la actualización del informe de fecha 5 de julio de 2019, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en fecha 9 de septiembre de 2019, expresamos lo siguiente:

PRIMERO: Celebramos que se haya dado continuidad a la evaluación sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, y especialmente que se hayan tomado en cuenta las diferentes observaciones que, desde diferentes organizaciones no gubernamentales, se han formulado a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU sobre las graves violaciones a los DDHH que, incluso después de la presentación del informe original en fecha 5 de julio de 2019, se han seguido materializando en Venezuela. En tal sentido, compartimos lo que la Alta Comisionada de Derechos Humanos señaló en su actualización oral del 9 de septiembre de 2019, al indicar que la crítica situación de derechos humanos en Venezuela sigue impactando a millones de personas.

SEGUNDO: La Alta Comisionada de Derechos Humanos admite que el equipo de su oficina que debía mantenerse en Venezuela desde su visita al país se ha logrado restablecer en Venezuela, lo que admite que hubo una interrupción de ese compromiso y que como ya lo hemos señalado, eso se debió al bloqueo que el gobierno venezolano estableció. Esperemos exista una verdadera voluntad de avanzar en este sentido por parte del régimen venezolano y que permitan el acceso efectivo a las cárceles donde se encuentran presos políticos, tales como la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta Norte, el lugar conocido como «El Inframundo» ubicado en la estación policial de la Policía Nacional Bolivariana conocido como Zona 7 en Boleíta; el Helicoide; “La Tumba”, entre otros, y que no se limiten a visitas dirigidas de cárceles escogidas por el gobierno, como hasta ahora ha ocurrido. Instamos igualmente a que se permita el acceso a los representantes de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos a las audiencias en tribunales de detenidos y presos políticos y que conozcan de propia mano el estado de retraso dramático de los procesos judiciales, en los que se mantiene encarceladas a personas por años sin sentencia definitiva y sin derecho a la defensa, e incluso con boletas de excarcelación que no se ejecutan.

TERCERO: Destacamos que el uso de los cuerpos de seguridad, del Ministerio Público y de los órganos de administración de justicia como armas para la intolerancia y la persecución política no ha cesado. Este año 2019 sigue siendo el año con mayor número promedio de presos políticos registrado hasta ahora y se caracteriza por la continuidad de las agresiones, malos tratos y torturas de éstos. Ciertamente se han producido excarcelaciones, pero en todos los casos, las excarcelaciones que se han materializado no constituyen libertades plenas, sino excarcelaciones bajo medidas cautelares que mantienen a sus destinatarios sujetos a procesos penales arbitrarios y a medidas que restringen, de manera igualmente arbitraria, su libertad.

CUARTO: Desde la presentación del informe original de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, se produjeron 12 nuevos arrestos arbitrarios, de los cuales 2 personas quedaron formalmente privadas de libertad. Desde esa fecha, en total, se han producido un total de 89 excarcelaciones. De estas personas excarceladas, 74 quedaron sujetas a medidas cautelares, 5 fueron excarceladas después de haber sido forzadas a admitir los hechos, 5 fueron liberados sin haber sido judicializados (sin haber sido presentados) y 5 quedaron en libertad plena. Hoy registramos en el FORO PENAL un total de 478 presos políticos, mientras que 8906 personas siguen sujetas a procesos penales injustos y arbitrarios bajo medidas cautelares que restringen su libertad. Desde 2017, 848 civiles, detenidos políticos, han sido presentados ante fiscales y tribunales militares, situación inconstitucional y violatoria de los Derechos Humanos que se mantiene.

QUINTO: La negativa a prestar asistencia médica de calidad y efectiva a los presos políticos persiste, al menos 22 presos políticos recluidos en la prisión militar de Ramo Verde (entre ellos varios civiles, juzgados arbitrariamente ante la jurisdicción militar) reportan que no han recibido la asistencia médica que necesitan. Esta situación se repite en los casos de los presos políticos recluidos en otras instituciones.

SEXTO: La impunidad sigue siendo la regla en materia de violaciones graves a los DDHH. En algunos casos (por ejemplo, en los casos de Fernando Albán y del Capitán de Corbeta Acosta Arévalo) a algunos de los responsables de las mismas se les ha sometido a proceso penal, sin tomar en cuenta a los responsables de tales hechos que también podrían estar involucrados en los mismos por ser parte de la cadena de mando a cargo de la custodia de las víctimas en estos casos, y siempre tergiversando la realidad, atribuyéndole a los sospechosos calificaciones jurídicas que identifican sus actos con delitos comunes, que no con graves violaciones a los DDHH, todo en procura de su impunidad y para evitar la declaratoria de la responsabilidad del Estado.

SÉPTIMO: Tal y como lo destaca la actualización del informe de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, la persecución y hostigamiento contra las diferentes ONG que se ocupan de los temas de DDHH en Venezuela no ha cesado.

Michelle Bachelet: La situación de los DDHH en Venezuela sigue siendo precaria – La Patilla – 9 de Septiembre 2019

Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, habla durante una conferencia de prensa después de reunirse con Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, 21 de junio de 2019. REUTERS / Fausto Torrealba
La Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet actualizó su informe anual para los Derechos Humanos, en Ginebra, a solicitud de la resolución del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas sobre “la situación de los derechos humanos en Venezuela”.

 

42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Ginebra, 9 de septiembre de 2019

Señor Presidente,
Miembros del Consejo de Derechos Humanos,
Excelencias;

Desde la presentación de mi informe a este Consejo el pasado 5 de julio, la situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región. Es por ello, que mantengo mi compromiso de seguir cooperando con las autoridades para lograr cambios sustanciales y poner fin a las violaciones a los derechos humanos documentadas en mi informe.

Se ha logrado restablecer el trabajo de un equipo de la Oficina en Caracas y el Gobierno ha confirmado su voluntad de avanzar sobre la base de los compromisos en materia de derechos humanos asumidos durante mi visita al país en junio.

Sobre la situación penitenciaria y de detenidos ha habido avances recientes. El 6 de septiembre un miembro de mi equipo fue autorizado a visitar el Centro de Procesados Militares Ramo Verde (sexta visita a prisiones desde marzo). Se está avanzando en un calendario para visitas en los próximos meses y un protocolo y un calendario de visitas. De acuerdo con los compromisos adquiridos con mi Oficina, el Gobierno ha cumplido con la excarcelación de las 83 personas incluidas aquellas cuya detención había sido considerada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria y que seguían en régimen de detención y otros casos señalados por la Oficina. Quedan pendiente la liberación plena de la Jueza Afiuni y del periodista Braulio Jatar, quienes obtuvieron medidas parciales.

El Gobierno también se ha comprometido a establecer un mecanismo para atender casos individuales, y mi Oficina ya ha remitido 7 casos prioritarios que esperamos se resuelvan pronto. Asimismo, las autoridades nos han comunicado las medidas recientemente adoptadas para aliviar la situación médica de algunos detenidos. Además, el Gobierno está avanzando con respecto a su invitación al país a diez Procedimientos Especiales en los próximos dos años.

Por otro lado, la situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales.

Al día de hoy, el salario mínimo equivale a 2 dólares mensuales, en comparación con los 7 dólares en junio. Así, una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria. La dolarización de facto en varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades. Los servicios públicos han seguido presentando fallas graves y recurrentes, con especial intensidad en el estado Zulia. El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha agravado la situación.

En este contexto, el 8 de agosto pasado expresé mi preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Pese a las excepciones contempladas en las últimas sanciones en el área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto (over-compliance) del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera esta ya teniendo un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general. Todo esto contribuye a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas.

Persisten serios obstáculos en la disponibilidad y accesibilidad económica a los alimentos. Por ejemplo, Cáritas registró un 35 por ciento de desnutrición crónica en los niños y niñas menores de 5 años atendidos en junio de 2019 en las zonas más pobres de 18 estados.

En relación con el derecho a la salud, me preocupa particularmente el insuficiente acceso a medicamentos y tratamiento de más de 400,000 personas que padecen enfermedades crónicas. Se ha registrado la muerte de pacientes con insuficiencia renal debido a la escasez de medicamentos e insumos para ser dializados desde 2017. Debido al desbastecimiento de suministros, los únicos dos centros en el país donde se pueden practicar trasplantes de médula ósea se enfrentan a serios problemas operativos. Adicionalmente, debido a problemas financieros al menos 39 personas, incluidos niños y niñas, se encuentran en Venezuela esperando viajar al extranjero para ser trasplantados en el marco de programas estatales. En los últimos meses, al menos 4 niños y niñas habrían fallecido durante la espera. Un paso positivo es que según la Organización Panamericana de la Salud se ha ampliado cobertura de vacunación contra la poliomielitis, el sarampión y la difteria.

Mi Oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional – conocidas como FAES – en algunos barrios del país. Tan sólo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas. Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres. Mi Oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno.

Según información recibida recientemente, del Ministerio Público, de agosto de 2017 a mayo de 2019, se condenaron a 104 miembros de fuerzas de seguridad por violación a los derechos humanos. Mi oficina espera información detallada sobre el tipo de violación a los derechos humanos, la adscripción institucional de los funcionarios, y el perfil de las víctimas.

En el mes de julio el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena en contra de un miembro de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia Nacional (SEBIN) por el homicidio de Bassil Dacosta, quien murió de un disparo en la cabeza en las protestas anti-gubernamentales de 2014. Asimismo, se capturó en España a uno de los presuntos responsables de la muerte de Orlando Figuera, a quien prendieron fuego durante las manifestaciones convocadas por la oposición en 2017. Llamo a las autoridades de justicia a agilizar las investigaciones y procesos penales del resto de los casos de muertes en el contexto de protestas.

Me preocupa el aumento de presencia de militares en el territorio del pueblo indígena Pemón, así como casos recientes recibidos de violencia en contra de personas indígenas, como las muertes de dos jóvenes Warao en julio presuntamente por elementos del FAES, las muertes de una mujer indígena Warao embarazada, y una niña de 6 años, así como la muerte de un líder indígena Curripaco en Amazonas, cometidos supuestamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.

Me preocupa también el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el Arco Minero del Orinoco está teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios. A pesar de que el Gobierno considera que se realizaron consultas con los pueblos indígenas antes del establecimiento del Arco Minero, autoridades indígenas y ONGs sostienen que no hubo consultas, ni los estudios de impacto ambiental adecuados.

Desde la presentación de mi informe, la Asamblea Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo, ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros cuatro diputados de la Asamblea Nacional, elevando el número total a una parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de inmunidad, incluido su Presidente. Dos parlamentarios siguen en detención preventiva a la espera de juicio. Confió en que mi oficina pueda visitarles pronto.

Deseo expresar mi rechazo a la condena del líder sindical Rubén González a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar el 13 de agosto por hechos ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical. Su familia también ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento. La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial.

Me preocupan las recientes acciones para aprobar una ley que tipifica como delito las actividades de las organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero. Esa ley, si se aprueba y aplica, reducirá aún más el espacio democrático. Lamento también los recientes ataques del Gobierno en contra de la autonomía universitaria.
Mi Oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares. Las condiciones de detención no habrían cumplido con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada. Solicito a las autoridades tomar acción para corregir estas prácticas, permitir acceso medico e investigar violaciones a los derechos humanos.

La autopsia del Capitán Acosta Arévalo, quien falleció bajo custodia el 29 de junio, reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho. Las autoridades reportaron que dos oficiales de la DGCIM habían sido detenidos y acusados de homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura. Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición.

Según las últimas cifras de Naciones Unidas hay más de 4,3 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo. Celebro los esfuerzos realizados en materia de recepción, documentación y acceso a derechos en los países de acogida. Concuerdo con las palabras de Eduardo Stein, Representante Especial del Secretario General para los refugiados y migrantes venezolanos sobre la necesidad de adoptar medidas para garantizar una migración segura, ordenada y regular, las mismas no deberían imponer obstáculos de acceso al territorio que pueden incrementar la migración irregular, y exacerbar los riesgos a ser víctimas de diversas formas de violencia y explotación. Preocupan los informes de brotes de xenofobia en países de la región y redoblo mi pedido a las autoridades de los países de acogida para mitigarlos y prevenirlos preservando los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

Mi Oficina ha seguido documentando casos de personas migrantes víctimas de trata, particularmente mujeres, niñas y niños, con fines de explotación sexual, laboral y de reclutamiento para actividades ilícitas por parte del crimen organizado y de otros grupos armados. Las víctimas rara vez denuncian por temor a represalias o a ser deportadas, así como debido a la corrupción, impunidad y falta de servicios de atención adecuados. Asimismo, se documentó la desaparición de decenas de personas migrantes cuyas lanchas naufragaron o desaparecieron en las costas caribeñas, aparentemente relacionada con redes de trata y tráfico de personas hacia las islas del Caribe.

Me preocupa la información recibida por mi Oficina según la cual algunas organizaciones de la sociedad civil y sus representantes que colaboraron en la preparación de mi último informe a este Consejo, fueron víctimas de descalificaciones públicas y amenazas por altos funcionarios siguiendo su publicación. Las represalias por haber cooperado con las Naciones Unidas son inaceptables e insto a las autoridades a que tomen medidas de prevención.
Mantengo la certeza de que las recomendaciones de mi informe puedan servir como una guía para superar la actual situación. Mi Oficina seguirá brindando la asistencia técnica y apoyo a las instituciones y a las víctimas que sea requerida, a la vez que seguirá monitoreando y reportando.

Reitero mi llamado tanto al Gobierno como a la oposición para que superen sus diferencias y den prioridad a la negociación que considero como la única manera para poder superar la actual situación. Una vez más expreso mi disponibilidad y la de mi oficina, fuera y dentro del país, para acompañar todos los esfuerzos que contribuyan a superar la actual crisis que afecta a millones de venezolanos. Apoyo el espacio facilitado por el reino de Noruega, así como las diversas iniciativas de dialogo que la comunidad internacional está impulsando.

Examen ONU Venezuela@VE_ONU

En breve la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, @mbachelet, realizará su avance oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela ante el @UN_HRC .

Puedes ver la sesión en vivo aquí

http://webtv.un.org

United Nations Web TV (@UNWebTV)

UN Web TV is available 24 hours a day with selected LIVE programming of United Nations meetings and events as well as with pre-recorded video features and documentaries on various global issues.

webtv.un.org

Examen ONU Venezuela@VE_ONU

.@mbachelet: Deesde mi última actualización, la situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo precaria y afecta a toda la región

Examen ONU Venezuela@VE_ONU

.@mbachelet: Deesde mi última actualización, la situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo precaria y afecta a toda la región

Examen ONU Venezuela@VE_ONU

.@mbachelet: Se ha logrado reestablecer una oficina de la @ONU_derechos. Se está estableciendo un cronograma para la visitas a los centros de detención

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