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Luego del cierre de un medio y el acoso a opositores, Nicolás Maduro apoyó a las FAES – Infobae – 20 de Diciembre 2019

El dictador venezolano aseguró que hay “una campaña mundial, financiada por los Estados unidos para que eliminemos” al escuadrón de la muerte cuyos miembros son señalados como los ejecutores de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen

Foto: REUTERS/Manaure Quintero

Foto: REUTERS/Manaure Quintero

Luego de una semana en el que el régimen que comanda cerrara un medio y continuara con su acoso a dirigentes opositores, el dictador venezolano Nicolás Maduro reiteró su apoyo a la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), el escuadrón de la muerte cuyos miembros son señalados como los ejecutores de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país.

Ha habido una campaña mundial contra la FAES, financiada por Estados Unidos, una campaña para que la eliminemos“, expresó en el marco de un acto por el aniversario de la Policía Nacional Bolivariana. En concreto, el dictador apuntó contra el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien el 13 de diciembre instó a la Corte Penal Internacional a a investigar “de inmediato” la tortura a opositores a la dictadura en Venezuela con apoyo de agentes cubanos, que según dijo se recrudeció en 2019.

“Vimos la semana pasada al desgraciado de Almagro hablando contra el FAES. Financia a ONGs para que hablen contra el FAES. Es una campaña financiada y dirigida por los enemigos de la patria. Aquel policía que se coma la luz, ya sabe, pero el FAES debe ser respetado y debe continuar”, expresó.

De manera sigilosa, sin grandes operativos y con agentes anónimos -van siempre con la cara cubierta- se ocuparon de sofocar cualquier protesta en los barrios más pobres del país.

De manera sigilosa, sin grandes operativos y con agentes anónimos -van siempre con la cara cubierta- se ocuparon de sofocar cualquier protesta en los barrios más pobres del país.

La disolución del escuadrón de la muerte está en el centro del informe elaborado por la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, respecto de la situación en Venezuela. En una ampliación del documento original -que había sido publicado en julio- la Alta Comisionada señaló que su organismo “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país”.

A este respecto, hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio en Caracas.

“Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas”, denunció Bachelet. También lamentó que en vez de seguir las recomendaciones del informe, el chavismo haya “recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno”. Maduro confirmó expresamente su voluntad de ir en contra de los pedidos del cuerpo multilateral: anunció que el régimen va a “fortalecer, expandir y profesionalizar” al FAES.

También anunció que la próxima semana dará inicio a una nueva misión llamada “cuadrantes de paz”, e indicó que su objetivo será “consolidar la seguridad, la convivencia y armonía entre todos los venezolanos”.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

El grupo FAES es una herramienta diseñada por el propio Maduro. La creó en julio de 2017, cuando enfrentó un aumento de una delincuencia violenta por el colapso de la economía petrolera de Venezuela. La fuerza fue promocionada por las autoridades como un medio para detener la ola de criminalidad. En cambio, según políticos de la oposición y ex partidarios de Maduro, el escuadrón FAES se convirtió en un medio de control social en los barrios pobres del país, sacudidos por una crisis alimentaria y el desempleo, donde las redes criminales podrían provocar agitación y amenazar la hegemonía del gobierno. El objetivo, en palabras de un ex miembro del gobierno de Maduro, es infundir miedo y evitar que las calles de Venezuela engendren una nueva oposición política.

Las declaraciones de Maduro cierran una semana en la que el régimen cerró Venepress, un medio de comunicación, por la fuerza, y le quitó la inmunidad a cuatro diputados de la oposición.

El cierre de VenePress, ubicado en Caracas, tuvo lugar luego de una orden librada por fiscal 73 provisorio del Ministerio Público, Jean Karin Lopez Ruiz. El medio acusado por el régimen chavista de los presuntos delitos de legitimación de capitales, terrorismo y asociación para delinquir.

Por la mañana, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ingresaron a las oficinas de la agencia de noticias, donde permanecieron durante horas hasta que se resolvió su cierre. Los agentes chavistas ingresaron al lugar portando armas largas, en el barrio Las Mercedes, zona en la que están ubicadas varias embajadas.

En tanto, el lunes la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista suspendió la inmunidad de cuatro diputados opositores venezolanos acusados de rebelión civil, traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección concierto para delinquir y usurpación de funciones.

Poco después, la la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) modificó su reglamento para permitir a los diputados que se encuentran exiliados o en la clandestinidad por la persecución del régimen de Nicolás Maduro votar de forma virtual. Pero un día después el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anuló la norma, abriendo de ese modo una nueva pugna jurídica entre la dictadura y la oposición.

Los 10 puntos clave de la reciente actualización del informe de Bachelet sobre Venezuela – El Nacional – 18 de Diciembre 2019

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos destacó en su informe la situación de los presos políticos y menores de edad recluidos en el Hospital de Niños J. M. de los Ríos.

actualización

Foto EFE

Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentó este miércoles una actualización oral de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. 

Bachelet presentó su informe por primera vez en julio y luego realizó una primera actualización oral en septiembre.

En esta ocasión, la alta comisionada contó con información que recolectaron representantes de su oficina que se encuentran en el país desde hace tres meses.

A continuación, los 10 puntos más importantes que incluye Bachelet en la reciente actualización de su informe: 
  • La comisión visitó 9 centros penitenciarios en todo el país. En el recorrido constató que 118 personas (109 hombres y 9 mujeres), requieren de atención urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena.
  • Pidió la libertad plena para el diputado Juan Requesens y para todos los presos políticos.
  • Instó al Poder Judicial a garantizar un juicio justo para el ex director del Despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero.
  • Destacó la situación de riesgo a la que están expuestos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran internados en el Hospital de Niños J. M. de los Ríos.
  • Mostró preocupación ante el incremento de la migración irregular de venezolanos, debido a la dificultad para obtener el pasaporte.
  • Consideró crucial que en las elecciones planteadas para 2020 en Venezuela se garanticen unos comicios libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficos.
  • Criticó los actos de hostigamiento en contra de representantes de la oposición, incluido el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de cinco diputados.
  • Cuestionó los llamados del régimen de Nicolás Maduro para continuar armando a la milicia. Así como la propuesta de ley presentada por la ANC para incorporar a la milicia en la FANB.
  • Exhortó a las autoridades a desarticular grupos armados irregulares presentes en el Arco Minero del Orinoco.
  • Afirmó que pese a registrar mayor abastecimiento de alimentos, solo una minoría de la población con acceso a divisas puede cubrir regularmente los altos precios debido a la hiperinflación y la dolarización de facto de la economía.

Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela – Consejo DDHH Naciones Unidas – 18 de Diciembre 2019

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Sesión informativa del Consejo de Derechos Humanos
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Ginebra, 18 de diciembre de 2019

Señor Presidente,
Miembros del Consejo de Derechos Humanos,
Excelencias,

Tras mi última actualización oral a este Consejo, el 20 de septiembre firmé una Carta de Entendimiento, junto con el Canciller del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que establece los términos de cooperación por un periodo renovable de un año. Esta Carta formaliza la presencia de dos oficiales de derechos humanos en Venezuela, concediéndoles acceso a todo el territorio, incluyendo a centros de detención.

Asimismo, la Carta de Entendimiento establece nueve áreas de cooperación técnica con instituciones del Estado, incluyendo la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas en el país.

Finalmente, contempla el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos.
Mi Oficina y las autoridades venezolanas han acordado un plan de trabajo conjunto para desarrollar las actividades de cooperación técnica. Para su implementación, se estableció un Comité de Coordinación inter-institucional que se reúne dos veces al mes, con gente de mi oficina.

En este contexto, mi Oficina organizó dos talleres de capacitación para funcionarios/as del Estado que guiarán, durante el segundo semestre de 2020, el proceso de creación de un mecanismo nacional de seguimiento de recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos y la adopción de una metodología participativa e inclusiva para la formulación del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos.

También hemos recabado información de los organismos de justicia, seguridad y sistema penitenciario, así como de la Defensoría del Pueblo, con el fin de proporcionar, a partir del primer trimestre de 2020, asistencia técnica en materia de prevención de la tortura, investigaciones de ejecuciones extrajudiciales y la situación relativa a los centros de detención preventiva.

Mi Oficina agradece la apertura de las autoridades para revisar el nivel de avance en las investigaciones de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operativos de seguridad y de las muertes en protestas de 2017.

Asimismo, mi Oficina toma nota de la nueva solicitud de las autoridades venezolanas al Relator Especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales y al Relator Especial sobre el derecho al desarrollo para que realicen una visita al país en 2020, e insta a las autoridades a que extienda la solicitud a un tercer mandato, con base a los compromisos acordados.

En los últimos tres meses mi Oficina ha realizado 9 visitas a centros de detención gestionados por el Ministerio de Servicios Penitenciarios y el Ministerio de Defensa. El equipo logró entrevistar de manera confidencial a más de 70 personas privadas de libertad. Agradezco la cooperación de ambos ministerios y reitero la solicitud de visitar los centros de detención de los servicios de inteligencia civil y militar en el corto plazo.

En el mismo periodo mi Oficina ha documentado 118 casos de personas privadas de libertad (109 hombres y nueve mujeres), que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación, y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena. Estos casos se han puesto a consideración del Comité de Coordinación inter-institucional.

Destaco la excarcelación en septiembre y octubre de 28 personas (24 hombres y cuatro mujeres) privadas de libertad por motivos políticos e insto a las autoridades a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a militares. Reitero mi llamada para que se continúe dando cumplimiento a las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y, en consecuencia, se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesens.

En este mes se inició el juicio por el intento de magnicidio contra el Presidente Maduro, por el cual están siendo juzgados 14 hombres y tres mujeres. En las primeras sesiones solo se permitió el acceso de las partes y algunos familiares a la sala de la audiencia. Restricciones similares se presentaron en la primera audiencia de juicio en contra del que era director del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero. Insto al poder judicial a garantizar el derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y el principio de publicidad.

Señor Presidente,
Excelencias,

La situación económica y social sigue afectando los derechos económicos y sociales. Según la CEPAL, en 2019 la economía sufrirá una contracción del 25.5%, alcanzando una pérdida acumulada del PIB del 62,2% desde 20131. A pesar de que en los meses recientes se ha registrado una mejoría en el abastecimiento de alimentos, tan sólo una minoría de la población con acceso a divisas puede cubrir regularmente los altos precios de los alimentos debido a la hiperinflación y la dolarización de facto de la economía.

A pesar que en octubre el Gobierno decretó un incremento del 375% del salario mínimo, éste ha perdido su poder adquisitivo frente a la canasta básica alimentaria en un 72.5% desde principios de 2019. El salario mínimo sólo cubre actualmente el 3.5% de la canasta básica alimentaria2.

Mi Oficina recibió información que señala que el escrutinio estricto (over-compliance) del sector financiero derivado de las recientes sanciones económicas sigue impactando negativamente en la economía y a los servicios públicos a todos los niveles. Se requiere mayor información oficial detallada para determinar el alcance preciso de las sanciones en la implementación de los programas sociales.

Continúan las fallas de los servicios públicos. Uno de los estados especialmente afectados es Zulia. Mi Oficina realizó una visita a Maracaibo en la que constató las larguísimas colas para comprar combustible y los cortes prolongados y reiterados de electricidad, que además afectan el suministro de agua. Los derechos a la salud y a la educación también han sido afectados, principalmente por falta de personal, infraestructura deficiente y falta de insumos. Millares de zulianos/as han migrado al extranjero o a la capital del país.

La situación de riesgo de niñas, niños y adolescentes es preocupante.  Una muestra de ello es el Hospital Pediátrico J.M. de los Ríos, donde el último mes se recibió información de la muerte de tres niñas del servicio de hematología y un niño del servicio de oncología.  De los 39 niños y niñas con necesidad de un trasplante de médula ósea, 15 se encuentran en una situación crítica.

Durante el mes de noviembre, Caritas informó que, en las parroquias más pobres de 19 estados del país, 11.9% de los niños y niñas muestran señales de malnutrición aguda – un alza de 56% en contraste con el 2018 – y que 32.6% tienen retardo en el crecimiento.  Caritas también informó que 48.5% de las mujeres embarazadas atendidas tienen deficiencias nutricionales.

Según el registro del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se han realizado16,439 protestas en lo que va del año. En los últimos tres meses, se han registrado 4,433 protestas, de las cuales la mayoría han sido lideradas por trabajadores/as del sector educativo, de la salud y de las industrias básicas, argumentando las malas condiciones laborales y la falta de insumos y equipamientos básicos en centros educativos y hospitalarios.

El 16 y 21 de noviembre se convocaron movilizaciones nacionales por la oposición, estudiantes y simpatizantes del gobierno. El despliegue de fuerzas de seguridad fue considerable en el contexto de las protestas convocadas por la oposición y los estudiantes. En algunos casos, las fuerzas de seguridad dispersaron a las y los manifestantes para impedir que se concentraran. Se registraron más de 20 detenciones en este contexto, de las cuales al menos cinco personas siguen detenidas en el estado de Lara.

Ante la ausencia de cifras oficiales públicas y actualizadas, el Observatorio Venezolano de Violenciaestimó una tasa de 60,3 homicidios violentos por cada 100,000 habitantes de enero a noviembre de 20193. Aunque ello implica una disminución respecto al 2018, constituye una de las tasas más altas de la región.

Reitero mi preocupación por los niveles de violencia que en los últimos meses también ha impactado en líderes políticos locales, como lo ilustran los asesinatos del ex concejal opositor Edmundo “Pipo” Rada Angulo y del ex gobernador oficialista Johny Yáñez Rangel.

Desde agosto a la fecha, mi oficina ha seguido documentando alegaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), principalmente en contra de jóvenes varones, en el contexto de operativos de seguridad en barrios marginales.

Recientemente el Fiscal General anunció que, de agosto de 2017 a la fecha, 770 funcionarios han sido acusados por violaciones a los derechos humanos, de los cuales 509 han sido imputados, 393 privados de libertad y 131 condenados. Según información compartida con mi Oficina, del total de condenados, al menos 55 oficiales lo han sido por el delito de homicidio en relación con 68 víctimas. Entre los oficiales condenados, 14 eran miembros de la Policía Nacional Bolivariana, sin especificar si formaban parte de las FAES.

Agradezco la información aportada por el Ministerio Público, la cual está siendo analizada por mi Oficina. Es importante conocer el número total de denuncias por violaciones a los derechos humanos presentadas ante el Ministerio Público en dicho periodo, incluyendo por supuestas ejecuciones extrajudiciales, para poder evaluar el impacto de la labor del Ministerio Público en esta materia.
Mi Oficina sigue registrando altos niveles de violencia y la presencia de grupos armados irregulares en el estado de Bolívar, involucrados en la explotación ilegal de recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco. Entre el 22 y 23 de noviembre, en la comunidad de Ikabarú, ubicada en el territorio indígena Pemón, fueron asesinadas ocho personas con armas de fuego, incluyendo un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, un indígena Pemón y un adolescente. El Ministerio Público anunció la detención de 13 presuntos responsables de la matanza, quienes serían miembros de una banda delictiva que buscaba apoderarse del territorio para practicar la minería ilegal.

Mi Oficina ha recibido información de que, con posterioridad a los hechos, varios miembros de la comunidad habrían huido del territorio por temor. Reconozco los esfuerzos de investigación realizados por el Ministerio Público y exhorto a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para proteger a las comunidades afectadas y desarticular los grupos armados irregulares presentes en la zona.

Sr. Presidente

La Plataforma de Coordinación de Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes de Venezuela estima que 4.7 millones de personas venezolanas han abandonado el país y proyecta que el número llegue a los 6.5 millones al final de 2020. Me preocupa el incremento de la migración irregular debido, por una parte, a los mayores requisitos de ingreso a algunos países de tránsito y destino, pero también, por las dificultades que las personas venezolanas están enfrentando en obtener su documentación de viaje.

Recientemente, las autoridades venezolanas incrementaron en un 70% los costos para expedir pasaportes, un costo equivalente a 54 salarios mínimos. Ha crecido la utilización de rutas más peligrosas y la exposición al tráfico y trata de personas. Mi Oficina recibió información de que entre abril y junio de 2019, 102 migrantes que se dirigían a las islas del Caribe en tres embarcaciones habrían desaparecido por razones aún no esclarecidas.  Hasta la fecha, se desconoce el paradero de 32 mujeres, 10 adolescentes, tres niños y 46 hombres.

Excelencias,

Mi Oficina ha seguido documentando actos y casos de restricción de libertades públicas, limitando el espacio cívico-democrático.
Hemos recibido denuncias de actos de hostigamiento, amenazas y detenciones por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad. Las manifestaciones de la oposición del 16 de noviembre fueron precedidas por actos de intimidación en redes sociales contra varios periodistas. El 19 de noviembre, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) allanaron la sede de un medio de comunicación en línea y detuvieron a la gerente de operaciones, quien estuvo más de diez días incomunicada y hasta la fecha, sigue detenida en la sede de DGCIM en Caracas.

La DGCIM también detuvo brevemente a tres periodistas y a sus conductores que estaban cubriendo el allanamiento de la sede del medio de comunicación.

Las organizaciones no gubernamentales siguen enfrentando restricciones. Mi Oficina ha observado que los procesos de registro de actas de organizaciones sufren atrasos importantes debido a la revisión exhaustiva de la documentación por las autoridades.

2020 será un año electoral. Es crucial garantizar las libertades públicas que son fundamentales para crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficas. En este sentido, me preocupan el levantamiento de la inmunidad de cinco diputados de la oposición, elevando el total a 30 diputados de la oposición despojados de inmunidad, así como los actos de hostigamiento contra representantes de la oposición, incluido el presidente de la Asamblea Nacional.

También me preocupan los llamados por parte de autoridades de alto nivel para seguir armando a las milicias, así como la presentación, ante la Asamblea Nacional Constituyente, de una propuesta de ley que fortalece e incorpora la milicia nacional a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Reitero mi llamad a las y los actores políticos en Venezuela a retomar las negociaciones para alcanzar una solución a la crisis política y económica y devolver la esperanza a la población. Mi Oficina sigue comprometida en contribuir a la mejora de la situación de los derechos humanos. Insisto en la importancia de establecer una presencia más amplia y consolidada en el país que nos permita avanzar la agenda de derechos humanos.

Gracias Sr. Presidente.

Véase el vídeo aquí.


1/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2019, República Bolivariana de Venezuela. Véase en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44674/179/EEE2019_Venezuela_es.pdf

2/ Centro de documentación y análisis para los trabajadores (CENDA). http://cenda.org.ve/default.asp

3/ Información compartida por el Observatorio Venezolano de Violencia. Publicarán un informe comprensivo el 27 de diciembre de 2019.

Michelle Bachelet pidió la libertad de Juan Requesens y el derecho a un juicio justo para Roberto Marrero – El Nacional – 18 de Diciembre 2019

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos realizó una actualización oral de su informe sobre la situación de los derechos humanos en el país en la que fija posición, entre otros aspectos, sobre la condición en que se encuentra el hospital J. M. de los Ríos, la malnutrición aguda que presenta 11,9% de los niños de 19 estados, las ejecuciones extrajudiciales de la FAES y el hostigamiento a medios de comunicación y a diputados a la Asamblea Nacional

Bachelet

Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, realizó este miércoles una actualización oral de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

En los últimos tres meses, un equipo de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos estuvo en Venezuela evaluando la condición de los presos políticos.

Presos políticos

Luego de visitar 9 centros de detención, la representación de Bachelet documentó 118 casos de personas privadas de libertad (109 hombres y 9 mujeres) que requieren respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena.

Bachelet instó a las autoridades venezolanas a liberar a todos los presos políticos, incluyendo al diputado Juan Requesens.

La actualización del informe también destacó irregularidades en los juicios contra los acusados por intento de magnicidio a Nicolás Maduro. Asimismo, destacó el caso de Roberto Marrero, ex director del Despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional, a quien no se le permite la entrada de sus familiares a la sala de audiencias.

«Insto al Poder Judicial a garantizar el derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y el principio de publicidad», manifestó.

Economía

Bachelet indicó que aun cuando el régimen de Nicolás Maduro decretó un incremento del 375% del salario mínimo, el mismo perdió su poder adquisitivo. Actualmente el salario solo cubre 3,5% de la canasta básica alimentaria.

«La situación económica y social sigue afectando los derechos económicos y sociales de los venezolanos. Según la Cepal, en 2019 la economía sufrirá una contracción del 25,5%, alcanzando una pérdida acumulada del PIB del 62,2% desde 2013», precisó.

Servicios públicos

En cuanto al estado de los servicios públicos en Venezuela, Bachelet resaltó que el Zulia es una de las entidades más afectadas.

«Mi Oficina realizó una visita a Maracaibo en la que constató las larguísimas colas para comprar combustible y los cortes prolongados y reiterados de electricidad, que además afectan el suministro de agua. Los derechos a la salud y a la educación también han sido afectados, principalmente por falta de personal, infraestructura deficiente y falta de insumos. Millares de zulianos migraron al extranjero o a la capital del país«, aseveró el informe.

Salud

Sobre la salud de los venezolanos, la alta comisionada se preocupó especialmente por la condición en la que se encuentra el hospital J. M. de los Ríos.

«En el último mes se recibió información de la muerte de 3 niñas del servicio de hematología y 1 niño del servicio de oncología. De los 39 niños y niñas con necesidad de un trasplante de médula ósea, 15 se encuentran en una situación crítica», agregó.

De acuerdo con información suministrada por Caritas, en las parroquias más pobres al menos de 19 estados del país, 11,9% de los niños y niñas muestran señales de malnutrición aguda y que 32,6% tiene retardo en el crecimiento.

«Caritas también informó que 48,5% de las mujeres embarazadas atendidas tienen deficiencias nutricionales», dijo.

Protestas

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, señaló que en lo que va de año se han realizado 16.439 protestas en todo el país. La mayoría, lideradas por trabajadores del sector educativo, de la salud y de las industrias básicas.

La representante de la ONU aseguró que en cuanto a las movilizaciones con fines políticos convocadas por la oposición, el despliegue de las fuerzas de seguridad es exagerado.

«Se registraron más de 20 detenciones en este contexto, de las cuales al menos 5 personas siguen detenidas en el estado de Lara», afirmó.

Delincuencia

El Observatorio Venezolano de Violencia estimó una tasa de 60,3% homicidios violentos por cada 100.000 habitantes de enero a noviembre de 2019.

Pese a que el número de homicidios disminuyó con respecto a 2018, Bachelet manifestó su preocupación por los niveles de violencia en el país.

Destacó los asesinatos del ex concejal opositor Edmundo «Pipo» Rada Angulo y del ex gobernador oficialista Johny Yáñez Rangel.

También mostró preocupación ante el número de ejecuciones extrajudicialescometidas por funcionarios de la FAES durante operativos de seguridad.

La Fiscalía General aportó datos importantes a la investigación realizada por los representantes de Bachelet, indica el informe.

«Desde agosto de 2017 a la fecha, 770 funcionarios han sido acusados por violaciones a los derechos humanos, de los cuales 509 han sido imputados, 393 privados de libertad y 131 condenados», indicó.

Sobre la violencia por parte de grupos irregulares en el estado Bolívar, involucrados en la explotación ilegal del Arco Minero del Orinoco, Bachelet dijo que continúa en incremento. Hizo mención de la masacre que se registró en noviembre en la comunidad de Ikabarú, ubicada en el territorio indígena pemón.

Migración venezolana

Michellet Bachelet dijo en su informe que es muy preocupante el incremento de migrantes irregulares venezolanos. Esto ante las dificultades para obtener su documentación de viaje por parte de las instituciones manejadas por el régimen.

«Recientemente, las autoridades venezolanas incrementaron en un 70% los costos para expedir pasaportes, un costo equivalente a 54 salarios mínimos. Ha crecido la utilización de rutas más peligrosas y la exposición al tráfico y trata de personas», precisó.

También mencionó el caso de 102 migrantes que se dirigían en junio a las islas del Caribe en 3 embarcaciones y las mismas habrían desaparecido por razones aún no esclarecidas. Hasta la fecha, se desconoce el paradero de 32 mujeres, 10 adolescentes, 3 niños y 46 hombres.

Amenazas a la prensa

«Hemos recibido denuncias de actos de hostigamiento, amenazas y detenciones por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad. El 19 de noviembre, efectivos de la Dgcim allanaron la sede de un medio de comunicación en línea y detuvieron a la gerente de operaciones, quien estuvo más de 10 días incomunicada y hasta la fecha, sigue detenida en la sede del organismo de seguridad en Caracas», reseñó el informe.

Agregó que ese mismo día, la Dgcim también detuvo brevemente a tres periodistas y a sus conductores que estaban cubriendo el allanamiento.

Elecciones en Venezuela en 2020

En cuanto a las elecciones que se tienen previstas en Venezuela para el 2020, indicó que es crucial crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficas.

Asedio a representantes de la oposición

«Me preocupan el levantamiento de la inmunidad de 5 diputados de la oposición, elevando el total a 30 diputados de la oposición despojados de inmunidad. Así como los actos de hostigamiento contra representantes de la oposición, incluido el presidente de la Asamblea Nacional», manifestó.

Incorporación de la milicia a la FANB

Consideró que son preocupantes las intenciones del régimen de Maduro de continuar armando a la milicia.

Rechazó la propuesta de ley realizada por la ANC para incorporar a la milicia nacional a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

«Reitero mi llamado a las y los actores políticos en Venezuela a retomar las negociaciones para alcanzar una solución a la crisis política y económica y devolver la esperanza a la población. Mi Oficina sigue comprometida en contribuir a la mejora de la situación de los derechos humanos. Insisto en la importancia de establecer una presencia más amplia y consolidada en el país que nos permita avanzar la agenda de derechos humanos», concluyó.

La UE supervisará a Maduro ahora que está en el Consejo de Derechos Humanos por Daniel Gómez – ALnavío – 23 de Octubre 2019

“La Unión Europea expresa su gran preocupación por el historial de derechos humanos de algunos de los países elegidos. En particular, la gravedad de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela”, dice la portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Maja Kocijancic.

A la UE le preocupa la presencia de Maduro en el Consejo de Derechos Humanos / Foto: Presidencia
A la UE le preocupa la presencia de Maduro en el Consejo de Derechos Humanos / Foto: Presidencia

El informe de Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, es el documento que sigue la Unión Europea para guiar sus acciones sobre Venezuela. Ahí se lee que el régimen chavista persigue, reprime, tortura y mata. Por eso a la UE le preocupa que a Nicolás Maduro le hayan otorgado un sillón en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

“La Unión Europea expresa su gran preocupación por el historial de derechos humanos de algunos de los países elegidos. En particular, la gravedad de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, como se refleja en los hallazgos del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (sobre la situación en el país) y su impacto en la población no puede ser ignorado”, declaró este martes la portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Maja Kocijancic.

La funcionaria recuerda que los miembros del Consejo de Derechos Humanos tienen la responsabilidad “de mantener los más altos estándares en la promoción y protección de los derechos humanos y deben cooperar con los procedimientos y mecanismos especiales creados por el Consejo, incluidas las misiones de investigación de hechos”.

Y como a la UE le preocupa la inclusión de Maduro, “seguirá supervisando rigurosamente la conducta de los nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos”. Lo hará para “salvaguardar la integridad y la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos”.

Cabe recordar que el régimen de Maduro también está bajo supervisión de la ONU. La Oficina de Bachelet tiene una delegación permanente en Caracas para monitorear las actuaciones de Maduro. En principio Maduro se negó a aceptarlo. La propia Bachelet denunció presiones y represalias contras sus funcionarios en Venezuela. En septiembre la presión contra Maduro fue tal que este se vio obligado a ceder.

Venezuela gaining a seat on the U.N. Human Rights Council is a macabre joke by Francisco Toro – The Washington Post – 17 de Octubre 2019

Venezuela's president, Nicolás Maduro, during a meeting with state governors at the Miraflores Palace in Caracas on Tuesday. (Venezuelan presidency/AFP) (Ho/Venezuelan Presidency/Afp Via Ge)
Venezuela’s president, Nicolás Maduro, during a meeting with state governors at the Miraflores Palace in Caracas on Tuesday. (Venezuelan presidency/AFP)

When it comes to Venezuela, the Office of the U.N. High Commissioner for Human Rights minces no words. Just a few months ago, it published an incandescent report detailing a vast campaign of human rights abuses including torture, the jailing of hundreds of political dissidents, and more than 5,000 extrajudicial killings last year alone. And it didn’t stop there: freedom of speech and access to food, medicine, justice — the high commissioner detailed major abuses carried out by the government of Nicolás Maduro of just about every fundamental right.

Then, Thursday morning, the U.N. General Assembly elected Venezuela to serve on the U.N. Human Rights Council (UNHRC) for a three-year period.

At times it can feel as if the UNHRC was hatched in some anti-globalist laboratory, genetically engineered to make the United Nations look as feckless and corrupt as possible. Official U.N. rulescall for the council to be made up of countries that “uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights” and “fully cooperate with the Council.” Yet in the council, over the next three years, Venezuela will be joining other paragons of human rights rectitude such as Eritrea, Egypt, China, Saudi Arabia and Cuba.

It’s the kind of lineup that makes the entire U.N. human rights operation look like a macabre joke. Which, when you think about it, suits human rights abusers just fine.

Because there’s a perverse logic to why the worst human rights abusers are irresistibly drawn to the UNHRC. For leaders who actively rely on systematic human rights abuses to keep their countries under control, a U.N. council made up of countries that actually respect human rights would be a real menace. Serial human rights abusers have an obvious incentive to spend considerable resources trying to secure a spot on the council, if only to gum up the works from the inside and deflect attention from their own abuses. It’s notable that the other Latin American country joining Venezuela, a reelected Brazil, is now run by a thug who openly pines for a return to military dictatorship and actively campaigned on refusing to investigate extrajudicial killings.

Brazilians certainly don’t want the world looking too closely into that. The world’s worst human rights offenders often see a seat on the UNHRC as a must-have. The New Zealands and Canadas of the world, by contrast, have relatively little to gain from a spot on the council, and will spend relatively little diplomatic energy to secure one.

The practical effect of the infestation of human rights abusers on the UNHRC is to shift much of the substantive work on human rights done at the United Nations to the Office of the High Commissioner (OHCHR) — a separate office now run by former Chilean president Michelle Bachelet that has managed to maintain enough independence and credibility to, for instance, produce the hard-hitting report on abuses in Venezuela described above.

But to regular Venezuelans on the ground, the Geneva alphabet-soup game of UNHCR vs. OHCHR is entirely inscrutable, and all that really comes through is that the United Nations, which used to call out Maduro’s gruesome human rights abuses, is now siding with him. It’s a huge propaganda win for him, and a stomach-churning betrayal from an organization that was founded to defend the victims of human rights abuses, not their perpetrators.

Comunicado de Un Mundo Sin Mordaza sobre el ingreso de Venezuela al Consejo de DDHH de la ONU – 18 de Octubre 2019

  Maduro se sienta en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el mismo día que un dirigente opositor aparece ejecutado y calcinado por Pedro Benítez – ALnavío – 18 de Octubre 2019

 Mientras sus tenebrosas Fuerzas de Acciones Especiales continúan asesinando en los barrios pobres de Venezuela, Nicolás Maduro logra entrar (como ya ocurrió con Hugo Chávez en 2012) en el club de dictadores mundiales que se sientan en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es un brutal recordatorio de cómo opera la política internacional.
Maduro agrega otro asesinato a su larga lista / Foto: Prensa Presidencial
Maduro agrega otro asesinato a su larga lista / Foto: Prensa Presidencial

Que el régimen de Nicolás Maduro, manchado por todo tipo y cantidad de violaciones a los derechos humanos, consiga 105 votos para entrar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mientras esa ejemplar democracia que es Costa Rica no alcanza los 97 votos necesarios para sentarse en ese organismo, no debería sorprender a nadie. Es un brutal recordatorio de cómo opera la política internacional.

Esa elección se da en un momento en el cual las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) adscritas a la Policía Nacional Bolivariana actúan como escuadrones de la muerte en los barrios más deprimidos de las ciudades venezolanas, con la intención poco disimulada de desalentar cualquier tipo de protesta social.

Hace menos de un mes Human Rights Watch (HRW) señaló a las Fuerzas de Acciones Especiales, de haber perpetrado más de 18.000 “ejecuciones extrajudiciales” en situaciones de supuesta “resistencia a la autoridad”, aplicando el patrón de actuación descrito en el informe de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet. La fuente usada por Human Rights Watch son los datos aportados por el propio ministro de Interior de Nicolás Maduro, general Néstor Reverol.

Uno de los sitios específicos en el que HRW identificó las actuaciones de las FAES fue el populoso barrio de Petare, al este de Caracas, sitio en el cual vivía y realizaba activismo político el exconcejal y dirigente opositor Edmundo “Pipo” Rada.

Militante de Voluntad Popular (VP), el mismo partido de Juan Guaidó y Leopoldo López, el cuerpo de Pipo Rada fue hallado ayer calcinado y con dos tiros en la nuca. López, líder fundador de VP, por medio de su cuenta de Twitter acusó directamente al régimen de Maduro de haber secuestrado, torturado y ejecutado a Rada, quien llevaba 24 horas desaparecido.

En las últimas semanas Pipo Rada había colaborado en la organización de los recorridos que en Petare realizó Guaidó y había alertado que funcionarios de las FAES lo habían fotografiado en esas actividades.

Esto acontece a un año de la muerte en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) del también concejal Fernando Albán, militante en del partido Primero Justicia y asistente del expresidente de la Asamblea Nacional (AN) Julio Borges. Tanto el Sebin como el Fiscal General de Maduro, Tarek William Saab, afirmaron que Albán se suicidó, aunque nunca permitieron una autopsia independiente. Tanto sus familiares como la oposición en su conjunto han acusado al Sebin de haberlo torturado y luego lanzado al vacío desde el piso 10 de la sede de esa policía política.

En el marco del informe que, precisamente para Naciones Unidas, presentó la expresidenta Bachelet, estos casos son reveladores del tipo de régimen que se va a sentar con los representantes de otros 47 Estados en el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo. ¿Cómo es posible esto? Pues que la ONU es lo que el periodista español Antonio Chinchetru ha denominado “la democracia de las dictaduras”.

De los 193 países presentes en Naciones Unidas, sólo 75 se cuentan como democracias (entre plenas e imperfectas), según el índice de democracia de The Economist.

Aunque es una clasificación que puede ser cuestionada por el criterio que aplica, no obstante nos da una idea de la correlación de mundial entre democracias y regímenes despóticos, autoritarios y dictaduras abiertas. En resumen: las democracias en el mundo están en minoría.

Eso, más el reparto que se le asigna a cada región del mundo, explica que Estados como Arabia Saudita, Cuba, China, Vietnam, Rusia, Baréin, Bangladesh, Camerún, Eritrea, Filipinas y Somalia, estén, o se hayan sentado, en algún momento en ese Consejo.

Creado en 2006 para reemplazar a la antigua a la Comisión que existía con el mismo propósito, en el Consejo de Derechos Humanos se repite una constante, las dictaduras de todo tipo hacen causa común.

Esta no es una historia nueva. En 2014 una desclasificación de casi 6.000 archivos por parte del gobierno argentino reveló el “intercambio de votos” de Fidel Castro con la dictadura del general Rafael Videla en Argentina.

Militante de Voluntad Popular (VP), el mismo partido de Juan Guaidó y Leopoldo López, el cuerpo de Pipo Rada fue hallado ayer calcinado y con dos tiros en la nuca. López, líder fundador de VP, por medio de su cuenta de Twitter acusó directamente al régimen de Maduro de haber secuestrado, torturado y ejecutado a Rada, quien llevaba 24 horas desaparecido.

En 1977 Cuba pidió a Videla apoyo en Naciones Unidas en una votación que le permitiría el ingreso al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A cambio Cuba apoyó la reelección de Argentina en el Consejo Económico y Social de la ONU (Ecosoc).

No fue la primera vez que Castro hizo un acuerdo de ese tipo. En la misma década era un cercano amigo del gobierno del presidente mexicano Luis Echeverria, mientras los cuerpos de seguridad mexicanos llevaban su propia guerra sucia contra subversión de izquierda.

Y son conocidas las estrechas relaciones del dictador cubano con otro dictador de signo ideológico diametralmente distinto: el general Francisco Franco, quien nunca apoyó el embargo económico contra el régimen comunista de la isla.

Eso es lo que ocurre exactamente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hoy. Las dictaduras actúan en bloque. Lo lamentable es que las democracias no hacen lo mismo. Dependiendo del gobierno de turno se inclinan de un lado o del otro, según su gusto ideológico o interés material.

México y Uruguay son democracias, no hay duda de eso, pero sus respectivos gobiernos defienden abierta, o disimuladamente, al régimen de Nicolás Maduro con todo y sus 18.000 ejecuciones extrajudiciales, y no digamos a la dictadura abierta de la familia Castro en Cuba.

Ese tipo de relaciones fue lo que permitió que Venezuela entrara a esa instancia en 2012 (reemplazando a Cuba). Pese a que Hugo Chávez era defensor abierto de dictadores de la calaña de Bashar al-Asad (Siria) y Muamar Gadafi (Libia) y aliado de los Castro y del iraní Mahmud Ahmadineyad.

Pero el más dramático de todos los ejemplos es China, que cada vez que se postula obtiene mucho más de los 97 votos requeridos. Eso sólo es posible si gobiernos democráticos le dan sus votos. Y es fácil imaginarse por qué lo hacen. Todos quieren entrar en tratos con el gigante económico mundial sin importar la naturaleza de su régimen político, su represión en Honk Kong, a las minorías étnicas o religiosas, a los disidentes o su amenaza constante sobre la ejemplar democracia que es Taiwán.

Las FAES de Maduro continúan asesinando en los barrios pobres / Foto: Provea

Para decirlo todo, es la misma razón por la cual entra el Brasil de Jair Bolsonaro. Es un país demasiado grande como para quedar por fuera. O la monarquía medieval de Arabia Saudita, aliado preferente e imprescindible de Estados Unidos en el Medio Oriente. Esto es, pues, la realidad de la política mundial.

Sin embargo, en medio de todo este recuento desalentador hay un aspecto positivo: el interés de cada uno de esos regímenes en ser parte de una instancia internacional es otra demostración de que la hipocresía es un homenaje que el vicio rinde a la virtud.

Puesto que por regla general han renunciado a darse algún viso de legitimidad interna, ese tipo de gobiernos buscan legitimidad internacional. China y Cuba son el ejemplo perfecto de esto. Pese a su tamaño el país caribeño tiene una red de misiones diplomáticas sólo comparable con Brasil.

Esa es la razón por la cual la oposición venezolana puede (y debe) seguir insistiendo en su campaña internacional contra el régimen de Maduro usando informes como el de Bachelet. Aunque sus aliados sean una minoría de países, y como democracias al fin y al cabo sean además volubles, no obstante ellos son en su mayoría los más prósperos e influyentes del mundo. Las democracias suman entre todas la mayor parte de PIB del mundo.

Nicolás Maduro se va a sentar en el Consejo de Derechos Humanos, pero eso no le lava la cara a menos que las democracias y los demócratas se lo permitan.

ONU vota nuevos miembros del Consejo de DDHH con cuestionamientos sobre Venezuela – La Patilla – 17 de Octubre 2019

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Edificio sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos / Foto REUTERS / Carlo Allegri

La ONU vota este jueves la entrada de nuevos miembros al Consejo de Derechos Humanos (CDH), con Latinoamérica renovando dos asientos y cuestionamientos a la candidatura de Venezuela que llevaron a Costa Rica a proponerse como opción alternativa.

La votación para renovar cerca de un tercio de los 47 miembros del organismo con sede en Ginebra está prevista para las 10H00 hora local (14H00 GMT) en la sede de Nueva York de la ONU.

La composición de este consejo creado en 2006 refleja criterios geográficos con 13 escaños para África, 13 para Asia Pacífico, ocho para América Latina y el Caribe, siete para Europa Occidental y seis para Europa del Este.

En el Consejo, dos de los escaños que corresponden a Latinoamérica deben renovarse: uno es el que ostenta actualmente Brasil, que se presenta a la reelección. Para el otro espacio, en un principio sólo concurrió Venezuela.

Pero en un momento en que Venezuela vive una grave crisis económica y política y el gobierno de Nicolás Maduro es rechazado por más de 50 países que reconocen como presidente interino al líder del Parlamento, Juan Guaidó, la entrada del país genera resistencia.

En julio, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que en el último año y medio en Venezuela se produjeron cerca de 7.000 ejecuciones extrajudiciales y que la gran mayoría de esas muertes fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad.

A finales de septiembre el CDH decidió -mediante una resolución- crear “una misión internacional independiente” encargada de investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, una medida rechazada por responsables del país sudamericano.

En este contexto el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció a principios de octubre que su país concurriría como candidato y explicó que las “graves violaciones” a los derechos humanos relatadas por el informe de Bachelet hacen que Venezuela no sea un nominado “adecuado”.

Esta candidatura obtuvo inmediatamente el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que expresó que sería “inadmisible” que Venezuela ocupara el puesto.

Los miembros del Consejo pueden ser suspendidos en casos de violaciones graves, pero sólo Libia fue objeto de esa sanción en 2011.

A los 14 puestos que están abiertos concurren 17 países: Alemania, Armenia, Brasil, Corea, Costa Rica, Holanda, Indonesia, Irak, las Islas Marshall, Japón, Libia, Mauritania, Moldavia, Namibia, Polonia, Sudan y Venezuela.

– “No hay un precedente” –

“Ciertamente no hay un precedente de que los países latinoamericanos hayan desafiado a uno de sus vecinos en una entidad multilateral de una forma tan directa y provocativa”, dijo a la AFP Christopher Sabatini, académico de Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York.

La semana pasada el subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Roger Carstens, dijo que le parecía “irónico” que Venezuela buscara un asiento en el Consejo y que esto podría lastrar la “credibilidad” del organismo.

El diplomático también expresó su preocupación de que esto pudiera darle a Venezuela una oportunidad de “resguardarse de los esfuerzos de investigación en la ONU”. Estados Unidos se retiró en 2018 del Consejo denunciando el “sesgo continuo” contra Israel y dijo que el organismo era una “cloaca”.

El miércoles Chile calificó como una “burla” la postulación de Venezuela y el canciller chileno, Teodoro Ribera, dijo que su ministerio se ha movilizado para lograr que la comunidad internacional tome consciencia “de lo que está en juego”.

“No está claro cómo van a votar los países latinoamericanos. Lamentablemente los medios y la comunidad diplomática no lo han discutido mucho”, indicó Sabatini.

La ONU reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, que en cambio no cuenta con el reconocimiento de la OEA donde un delegado de Guaidó ocupa el escaño de Venezuela.

Los miembros del Consejo de Derechos Humanos sirven por un período de tres años y no son elegibles para reelección inmediata después de servir dos mandatos consecutivos.

Actualmente Latinoamérica está representada por Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Cuba, México, Perú y Uruguay. AFP

La ONU abre una investigación a Venezuela por violación de los derechos humanos por Francesco Manetto – El País – 27 de Septiembre 2019

Una resolución insta a Maduro a facilitar el trabajo de una misión internacional independiente. Naciones Unidas también muestra preocupación por las sanciones

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, el jueves a su regreso de Rusia.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, el jueves a su regreso de Rusia. AFP

Naciones Unidas abrió este viernes una investigación a Venezuela por los atropellos del régimen de Nicolás Maduro. El Consejo de Derechos Humanos aprobó la creación de una “misión internacional independiente de determinación de los hechos” cuyo propósito es realizar una indagación a fondo de “las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU insta, además, “a las autoridades venezolanas a que cooperen plenamente con la misión de determinación de los hechos, le brinden acceso inmediato, completo y sin trabas a todo el territorio del país, así como a las víctimas y lugares de detención y le faciliten toda la información necesaria para el desempeño de su mandato”. En definitiva, se trata de un pronunciamiento que busca allanar el camino a las investigaciones independientes de lo que ocurre en Venezuela. El país lacerado por una profunda crisis social y política, se encuentra sumergido en un impasse institucional desde que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó,lanzara el pasado enero un desafío a Maduro tratando de forzar su renuncia, la apertura de una etapa de transición y la convocatoria de elecciones libres.

Naciones Unidas exige que el Gobierno colabore con el sistema de derechos humanos de la organización y que coopere con la alta comisionada, Michelle Bachelet. El informe de su oficina, publicado en julio tras su visita a Caracas, denunció graves violaciones de derechos económicos, civiles y políticos y puso negro sobre blanco unas cifras demoledoras de muertos atribuidos a los abusos de las fuerzas de seguridad: casi 5.300 solo el año pasado. El régimen refutó el dossier, pero el pasado martes accedió a firmar un memorando de entendimiento con la alta comisionada que abre la puerta a la apertura de una delegación en Caracas.

Esta nueva resolución, que aumenta la presión internacional sobre el chavismo, fue recibida por la oposición como una victoria. Sin embargo, queda por ver su recorrido, ya que cabe esperar que Maduro oponga resistencia. Su Gobierno destacó más bien otro pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos, que el jueves expresó su preocupación por las sanciones impuestas por las principales instancias internacionales, con Washington a la cabeza. Estas “medidas coercitivas extraterritoriales unilaterales han agravado todavía más los efectos de la crisis económica y, en consecuencia, la situación humanitaria del pueblo venezolano”, mantuvo. La ONU defiende una salida “pacífica, democrática y constitucional” a la crisis y rechaza la “injerencia militar, de fuerzas de seguridad o de servicios de inteligencia extranjeros”.

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