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Venezuela en caída libre: Produjo apenas 1,24 millones bpd en Julio por David Morán Bohórquez – La Patilla – 4 de Agosto 2018

 Este viernes, S&P Global Platts publicó su encuesta mensual que rastrea la producción de petróleo crudo de los países miembros de la OPEP.

OPEC production (in million b/d)

COUNTRY JUN CHANGE JUL
Algeria 1.06 0.01 1.07
Angola 1.45 0 1.45
Congo 0.33 -0.02 0.31
Ecuador 0.52 0.01 0.53
Equatorial Guinea 0.13 -0.01 0.12
Gabon 0.18 0 0.18
Iran 3.80 -0.08 3.72
Iraq 4.54 0.03 4.57
Kuwait 2.71 0.07 2.78
Libya 0.70 -0.03 0.67
Nigeria 1.72 0.08 1.80
Qatar 0.61 0.01 0.62
Saudi Arabia 10.39 0.24 10.63
UAE 2.88 0.09 2.97
Venezuela 1.30 -0.06 1.24
TOTAL 32.32 0.34 32.66

Según la encuesta, los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo produjeron un promedio de 32,66 millones de barriles de petróleo por día el mes pasado, un aumento del 1 por ciento desde junio.

Arabia Saudita, el mayor productor de la OPEP y su líder de facto, produjo 10,63 millones de bpd en promedio el mes pasado, su nivel más alto desde agosto de 2016.

En el otro extremo, Venezuela produjo apenas 1,24 millones de bpd en Julio, una caída de 60.000 bpd respecto a Junio, lo que es una caída de 670.000 bpd en un año y la más baja en los 30 años de historia de la Encuesta Platts de la OPEP, excepto los de una huelga laboral a fines de 2002 y principios de 2003.

Sólo 4 de 15 miembros de la Opep redujeron su producción en Julio. Venezuela el de mayor caída, seguida por Libia, Irán y Congo, el miembro más reciente de la Opep, cuando se incorporó a finales de junio.

Mientras tanto, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos produjeron la mayor cantidad de petróleo desde diciembre de 2016, según los datos de la encuesta. Nigeria aumentó su producción en 80.000 bpd respecto a Junio.

El 23 de junio, la OPEP y 10 productores no pertenecientes a la OPEP (conocida como Opep+) acordaron aumentar la producción combinada en un millón bpd, pero dejaron sin resolver cómo se distribuiría.

En el acuerdo Opep de Viena de 2017, Venezuela aceptó producir 1,97 millones de barriles por día, que incluso con la caída sostenida de la producción, era superior, por ejemplo, a la producción de Nigeria de 1,80 millones bpd. El país africano, que sufre de guerras internas, ha podido mantener su producción respecto a acuerdo de Viena, mientras que la de Venezuela se ha desplomado en 730.000 bpd respecto a la cuota del acuerdo de Viena.

OPEC production vs. cut allocations (in million b/d)

COUNTRY JULY ALLOCATION OVER/UNDER
Algeria 1.07 1.04 +0.03
Angola 1.45 1.67 -0.22
Congo* 0.31 n/a n/a
Ecuador 0.53 0.52 +0.01
Equatorial Guinea 0.12 0.13 -0.01
Gabon 0.18 0.19 -0.01
Iran 3.72 3.80 -0.08
Iraq 4.57 4.35 +0.22
Kuwait 2.78 2.71 +0.07
Libya** 0.67 1.00 -0.33
Nigeria** 1.80 1.80 0
Qatar 0.62 0.62 0
Saudi Arabia 10.63 10.06 +0.57
UAE 2.97 2.87 +0.10
Venezuela 1.24 1.97 -0.73
TOTAL*** 32.66 32.73 -0.07

 

La producción petrolera en Venezuela se hace mediante el esfuerzo propio de Pdvsa y de las empresas extranjeras asociadas a ella en proyectos específicos. En 1999 la producción de Pdvsa por esfuerzo propio era de 3,1 millones bpd, mientas que en julio de 2018 apenas llega a 0,65 millones bpd.

Según datos del modelo HFOPM (High Frecuency Oil Monitor Production) de la empresa Genscape, el 10 de julio registró un nuevo mínimo de 1,250 KBPD de producción total (petróleo crudo, condensados, LGN y otros líquidos).

Los datos de la encuesta Platts se refieren sólo a la producción de petróleo crudo. Según datos aportados en julio por el viceministro de Petróleo, Ángel González, en Venezuela se producen 160.000 boe diarios de condensados, LGN y otros líquidos).

El sistema de Genscape ha anticipado problemas de producción antes que lo reflejen el set de cifras usuales con anterioridad en otros lugares del mundo. Ahora, la caída de 60.000 bpd en julio que indican las cifras de la encuesta Platts ratifican los anticipado.

Lo cierto, es que con Pdvsa en ruinas, la industria petrolera nacional está en serios problemas, y con ella el país completo. (DMB/lapatilla.com)

 

 

¿Qué dice el nuevo decreto sobre las reservas petroleras ? por José Ignacio Hernández G. – ProDaVinci – 28 de Julio 2018

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En las “medidas económicas” informadas el 25 de julio, se incluyó un anuncio según el cual parte de las reservas de la faja petrolífera del Orinoco (FPO) serían entregadas al Banco Central de Venezuela (BCV) como parte de las reservas internacionales.

En la mañana del 27 de julio circuló la Gaceta Oficial N° 41.446, en la cual se publicó el Decreto N° 3.550, por medio del cual se materializó esta medida.

Sin embargo, como suele suceder, entre lo anunciado y lo publicado en Gaceta Oficial hay algunas diferencias.

Lo que dice el Decreto N° 3.550

De acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 3.550, se determinó “como respaldo para facilitar el acceso a mecanismos e instrumentos financieros y monetarios para la República Bolivariana de Venezuela”,  el “desarrollo potencial de 29.298 MMBN de reservas de petróleo pesado y extrapesado en sitio, localizadas en el Bloque Ayacucho 02 de la Faja Petrolífera del Orinoco”.

Corresponde al Ministerio con competencia en petróleo la determinación exacta del área de esas reservas y su valoración económica (artículo 2). Finalmente, se dispuso que el BCV, junto con los demás Ministerios competentes, quedan encargados de la ejecución del Decreto.

¿Qué es un respaldo?

El decreto crea un “respaldo”. Esta palabra ha sido empleada anteriormente. Por ejemplo, recientemente un “respaldo” similar fue determinado en relación con el petro, según puede leerse en el Decreto N° 3.292 de febrero de 2018.

Tomando en cuenta este antecedente, puede concluirse que el “respaldo” es una garantía. Así, la garantía es una obligación accesoria en virtud de la cual si el acreedor incumple con una obligación principal, el acreedor podrá ejecutar o hacer cumplir la garantía.

Por ello, hay que precisar dos aspectos: cuál es el objeto de esa garantía y cuál es la obligación principal garantizada.

El objeto de la garantía

Aun cuando se ha señalado que las reservas de la FPO fueron otorgadas en garantía, en realidad, la atenta lectura del Decreto permite llegar a una conclusión, al menos, parcialmente distinta.

En efecto, lo que dice el artículo 1 del decreto es que la garantía versa sobre el “desarrollo potencial de 29.298 MMBN de reservas…”. Nótese bien que la garantía no versa sobre las reservas, sino sobre el “desarrollo potencial” de esas reservas. Esto quiere decir que la intención fue constituir una garantía sobre el potencial ejercicio de actividades de exploración y explotación de las señaladas reservas petroleras.

Es decir, que cuando el decreto refiere a “desarrollo potencial”, está refiriéndose a las actividades de exploración y explotación que podrán desarrollarse sobre esas reservas.

La operación garantizada

La operación garantizada son “mecanismos e instrumentos financieros y monetarios para la República Bolivariana de Venezuela”.  Aun cuando la expresión es muy amplia, puede concluirse que hace alusión a operaciones financieras para la captación de recursos, típicamente por medio de títulos valores emitidos por Venezuela.

En términos sencillos, esto lo que quiere decir es que el Decreto pretende garantizar los títulos valores y demás operaciones similares de Venezuela, con el “desarrollo” de parte de las reservas de la FPO.

¿Y el Banco Central de Venezuela?

Nada en el decreto señala que las reservas fueron “entregadas” al BCV, según lo que parece fue el anuncio efectuado el 25 de julio.

Una posible explicación es que, mediante actos posteriores, el BCV, en conjunto con los ministros competentes, deberá incluir las “reservas” (o más bien, su desarrollo potencial) como parte de las reservas internacionales.

Así, en una de las últimas reformas a la Ley del Banco Central de Venezuela, se modificó el artículo 127 a los fines de incluir, dentro de las reservas internacionales, “cualquiera otros activos o derechos que hubieran sido calificados como de reserva por el Directorio de acuerdo con criterios reconocidos internacionalmente”. Con lo cual, una posible interpretación es que el Directorio del BCV podría calificar como reservas internacionales el “respaldo” otorgado en el decreto comentado.

¿Y las reservas petroleras pueden ser parte de las reservas internacionales?

Dejando a un lado lo antes señalado, lo cierto es que ni las reservas sobre la FPO, ni el “potencial desarrollo” de esas reservas petroleras pueden ser parte de las reservas internacionales.

En efecto, como ha señalado el Fondo Monetario Internacional, las reservas internacionales deben estar conformadas por “activos externos a disposición inmediata y bajo el control de las autoridades monetarias para satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio, y para otros fines conexos…”.

Tanto las reservas de la FPO como el “potencial desarrollo” de esas reservas incumplen todas esas condiciones.

En efecto, no se trata de activos externos. Por un lado, las reservas de la FPO son bienes del dominio público ubicados en Venezuela; además, el “potencial desarrollo” de esas reservas petroleras no puede ser considerado como un activo, y mucho menos externo.

Además, no se trata de activos que están a disposición inmediata del BCV. Así, ni el BCV –ni ningún operador económico- podría disponer de las reservas petroleras de inmediato, y no solo por razones jurídicas: esas reservas solo podrían ser aprovechadas a través de la asignación de derechos de exploración y explotación, con lo cual, en realidad, el BCV no podría disponer de las reservas petroleras para implementar instrumentos de política monetaria. La clave para comprender ello es que, económica y jurídicamente, las reservas petroleras no son activos que puedan ser enajenados.

La nulidad del Decreto N° 3.550

El Decreto N° 3.550 es, desde distintas perspectivas, nulo. En efecto, como sea que su objeto es otorgar una garantía, cabe recordar que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, toda garantía es una operación de crédito público. En tal sentido, todas las operaciones de crédito público de la República deben ser autorizadas previamente por la Asamblea Nacional. Como sea que la Asamblea Nacional no autorizó la constitución de la garantía contenida en el Decreto N° 3.550, esa garantía debe reputarse nula.

Además, si se considera que el objeto de la garantía son las reservas petroleras, entonces, habrá que señalar que esa garantía sería nula, pues de conformidad con el artículo 12 constitucional, las reservas son bienes del dominio público que, como tal, no pueden darse en garantía.

Pero si se considera que el objeto de la garantía son las actividades de exploración y explotación, y no las reservas como tal, la garantía sería igualmente nula. Por un lado, las actividades de exploración y explotación son derechos sujetos a un régimen especial, el cual impide que esas actividades sean afectadas o gravadas. Pero además, toda garantía debe tener un objeto actual –o como se dice en Derecho, un objeto posible-, con lo cual, no es posible constituir una garantía sobre algo que no existe, a saber, el desarrollo potencial o futuro de las reservas petroleras de la FPO.

Finalmente, como ni las reservas petroleras ni el “desarrollo potencial” de las reservas petroleras pueden constituirse como garantías, estas no podrían formar parte de las reservas internacionales, tomando en cuenta los lineamientos del Fondo Monetario Internacional.

“Ayudas individuales para asturianos, asturianas y descendientes residentes en el exterior para el año 2.018″ – ASOPEVE Asturias – Julio 2018

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Resolución de 26 de junio de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas individuales para asturianos y asturianas y descendientes residentes en el exterior.

Descripción

Las presentes bases tienen como objeto regular la concesión de ayudas individuales, de carácter asistencial y social, para asturianos y asturianas y sus descendientes hasta el primer grado de consanguinidad, que residan en América Latina: América Central, América del Sur, México y Antillas mayores y que se encuentren en situaciones de necesidad por carecer de rentas o ingresos necesarios para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia, de acuerdo a la realidad socioeconómica de su país de residencia.

La finalidad de estas ayudas es contribuir a atender las necesidades básicas de subsistencia de las personas beneficiarias descritas en la base quinta.

Beneficiarios

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, los asturianos y asturianas o sus descendientes hasta primer grado de consanguinidad, que sean mayores de 65 años, que residan en América Latina: América Central, América del Sur, México y Antillas mayores y que carezcan de ingresos para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia de acuerdo a la realidad socioeconómica de su país de residencia, impidiéndoles el normal desenvolvimiento en su vida diaria. A estos efectos, se entiende que una persona carece de ingresos que cubran sus necesidades básicas, cuando éstos no superan el salario mínimo interprofesional mensual en cómputo anual del año anterior a la convocatoria del país de residencia, atendiendo a los siguientes criterios:

• Unidad familiar de un miembro: sus ingresos no podrán superar 1,25 veces el salario mínimo interprofesional del país de residencia.

• Unidad familiar formada por dos miembros: sus ingresos no podrán superar 1,75 veces el salario mínimo interprofesional del país de residencia.

• Unidad familiar formada por tres miembros: sus ingresos no podrán superar 2 veces el salario mínimo interprofesional del país de residencia.

• Unidad familiar formada por cuatro miembros o más: cuando la unidad familiar esté compuesta por cuatro miembros sus ingresos no podrán superar 2,5 veces el salario mínimo interprofesional del país de residencia, incrementándose este límite en 0,25 veces el salario mínimo interprofesional por miembro adicional.

Requisitos

  1. Ser natural de Asturias o que su última vecindad haya sido un municipio asturiano o descendiente de asturiano o asturiana hasta primer grado de consanguinidad.
  2. Tener 65 años o más en la fecha de publicación de la convocatoria.
  3. Permanecer en la emigración y ostentar la nacionalidad española durante, como mínimo, diez años consecutivos, los cuales han de ser inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria y estar inscritos en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE ) de Asturias.
  4. 4.- Carecer de bienes e ingresos que permitan el nivel mínimo de subsistencia. A estos efectos, se computarán todo tipo de rentas que perciba la persona solicitante incluidas las abonadas por la Administración Estatal, Autonómica o Local, correspondientes al ejercicio anterior al de la convocatoria. En caso de percibirlas no deberán superar el salario mínimo interprofesional mensual en cómputo anual del año anterior a la convocatoria establecido en el país en el que resida según los criterios indicados en la letra a) anterior. Queda excluida, a efectos de este cómputo la vivienda habitual de la unidad familiar.
  5. No haber donado bienes en los últimos cinco años anteriores a la solicitud de la prestación económica. En el caso de haberlos donado, su valor patrimonial computará como rentas a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la letra a) anterior.
  6. Alcanzar una puntuación igual o superior a 5 puntos, atendiendo a los criterios de valoración establecidos en la base decimocuarta.
  7. En ningún caso podrán obtener la condición de personas beneficiarias, quienes se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo 13.2 de la LGS.

Solicitudes

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras, así como de la cesión que se realice a favor de otras Administraciones Públicas de los datos contenidos en la misma, incluyendo el envío a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y, en su caso, la de los relativos a la subvención concedida a los efectos de estadística, evaluación y seguimiento. Igualmente, comportará la autorización a la Administración del Principado de Asturias para recabar de cualquier Administración Pública cuantos datos, relativos a las personas beneficiarias, pudieran resultar necesarios para comprobar o verificar el cumplimiento, por parte de las mismas, de los requisitos para acceder a las ayudas objeto de las presentes bases.

Plazo

El plazo y lugar de presentación de las solicitudes será el indicado en la convocatoria.

BASES REGULADORAS

Boletín Nº 153 del día 3 de julio de 2018

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Partidos que no participaron el #20May no podrán inscribirse para municipales – La Patilla – 13 de Julio 2018

2018-02-05T223719Z_1636837403_RC13635C0F50_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS.jpgEl CNE en la voz de la rectora Tania D´ Amelio informó que los partidos políticos que no participaron en el proceso del pasado 20 de mayo no podrán inscribir candidatos para el próximo evento del 9 de diciembre correspondiente a los concejos municipales.

A través de su cuenta de Twitter, informó que la prohibición se origina por lo publicado el 27 de diciembre del 2017 en la gaceta N° 41.308. El escrito reza que, “las organizaciones que no postularon en elecciones nacionales, regionales o municipales inmediatamente anterior a este nuevo proceso electoral municipal, no podrán postular en éste y deberán ir a un proceso de renovación”.

Un total de 4.900 cargos serán renovados en esta oportunidad, evento que se celebrará con un año de retraso, al igual que ocurrió con los de gobernadores que debieron realizarse en 2016 pero recién fueron convocados en 2017.

Actividad económica venezolana cae 12 % en primer trimestre – Panampost – 11 de Julio 2018

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La actividad económica de Venezuela cayó 12 % en los primeros 3 meses de 2018 con respecto al mismo período del año pasado, arrastrada por la caída del bombeo de crudo de la estatal PDVSA, dijo hoy a Efe el diputado opositor José Guerra.

De acuerdo con el miembro de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), este dato puede extrapolarse a casi todos los sectores productivos del país, aunque son las industrias relacionadas con el petróleo y la construcción las que peores desempeños registran en el primer trimestre de este año.

Guerra señaló que este indicador es un “agregado” de los comportamientos de sectores como manufactura, comercio, petróleo, recaudación de impuestos y banca, por lo que puede identificarse como una “réplica” del Producto Interno Bruto (PIB), pese a no tener la misma “precisión”.

“El PIB lo mide el Banco Central, esto es un indicador de la actividad económica pero no tiene la precisión del PIB, no es estrictamente el PIB, pero el comportamiento es exactamente el mismo”, añadió.

La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la AN informó hoy estos datos en una rueda de prensa que ofreció otro de sus miembros, el parlamentario opositor Ángel Alvarado.

Alvarado señaló que la contracción de la actividad económica desde 2012 hasta el primer trimestre de 2018 es del 42 %, una cifra que se refleja en el “empobrecimiento acelerado de la vida de la familia venezolana”.

“Es algo brutal, esto es una caída monstruosa”, agregó.

Aseguró que “la criminalización del aparato o de la actividad económica privada” es otra variable, junto a la caída en la producción petrolera, que explica la crisis económica del país.

“Estamos acumulando con este 12 trimestres de contracción económica, con lo cual estamos hablando entonces de una depresión económica”, dijo.

Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de crudo en el planeta, padece una severa crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos y medicinas así como en hiperinflación, un fenómeno que dificulta aún más el acceso a los cada vez más escasos bienes en la nación sudamericana.

La propia Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico cifró hace dos días en 2,8 % la inflación diaria, en 128,4 % la de junio y en 46.306 % la interanual entre junio de 2017 y el mismo mes de este año.

El Banco Central de Venezuela (BCV) dejó de publicar las cifras de la economía venezolana desde hace 3 años, por lo que el Parlamento comenzó a hacerlo.

En tal sentido, Guerra aseguró a Efe que el BCV no publica los datos para no “evidenciar la crisis” que sufre el país bajo el gobierno del presidente chavista Nicolás Maduro.

 

Admiración, respeto y afecto por Bolivar – «El Bolibar de los vascos» – 1983

Unknown.jpegPalabras del primer lehendakari vasco, José Antonio Agirre, recogidas del libro  “El Bolibar de los vascos”  publicado por el Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

En tierras sujetas a la violen­cia, conocí el alma de América. Errante y solo, sentí la angustia del que todo le falta. Seis meses y medio estuve en países dominados por el nazismo, de los cuales cuatro y medio en Berlín, y en esas horas de incertidumbre, de ansiedad y de angustia, pedí a las almas de América que me instru­yeran. Llevo en mi corazón no sólo la gratitud y la admiración para el hombre que plasmó la más grande empresa de Libertad, sino también una gratitud particu­lar, exclusiva, para los hombres de América y de Venezuela que en ese tiempo de inseguridad y de zo­zobra que he apuntado me ayuda­ron a salvar lo que más quiero: A mi esposa y a mis hijos. Gracias a un diplomático venezolano y gracias al Gobierno y a las autori­dades venezolanas, mi esposa con mis hijos, pudo salir de Europa, como la señora viuda de Guerra, natural de la ciudad de Mérida, la andina ciudad de Venezuela.

No es éste el tema de mi confe­rencia. Quiero apuntar únicamen­te que dentro del alma de todo vasco existe para Bolibar un fondo de profunda admiración, respeto y afecto. Como libertador de pueblos, como fundador de doctrinas magníficas que alum­brarán un día en todo su esplen­dor, porque todavía la doctrina de Bolibar no ha dado todo su rendimiento. Yo os hablo con esta emoción, como vasco, hacia aquel que, sabiendo libertar pueblos, tuvo pensamientos que están ins­criptos en siglos de historia nuestra.

Bolibar. Su época, la del enci­clopedismo, la del liberalismo en la conciencia y en las leyes públi­cas, la de la emancipación de los pueblos sojuzgados. Su empresa, librar media América del yugo es­pañol, reconstituyendo pueblos libres y prósperos.

Empresa digna de quien llevaba sangre vasca en sus venas, conti­nuación de una historia de univer­salidad vasca.

Decir que Bolibar, además de Libertador de América, fue defen­sor de la fe de aquellos naturales, podrá parecer a algunos un con­trasentido.

A este propósito, un recuerdo que además de su actualidad tiene la fuerza de la prueba:

Corrían los años del levanta­miento independentista americano contra la opresión española. Como en tales casos acontece, el poder dominador aprovecha toda clase de recursos y personas para su fin de avasallaje. Entre otros eran aprovechados los eclesiásti­cos que, lejos de ser evangelizadores de una doctrina que es de todos eran propagandistas celosos del poderío español.

Bolibar se dirige a Pío VII, y, en forma personal en veces, otras por medio de embajadas, le ruega con todo el calor de un gobernan­te libertador, que el clero español y españolizante de Venezuela fuera sustituido por clero indíge­na, mejor conocedor del pueblo y más querido de él; que los obispos fueran ocupados por americanos y, en todo caso, provistos desde Roma y no desde Madrid, como acontecía en virtud del regio patronato.

Pío VII comprende rápido la magnitud del hecho expuesto por Bolibar y cruza con él interesantí­sima, cordial y copiosa correspon­dencia, recibe a algunos de sus enviados y se dispone a adoptar medidas en consecuencia. Pero la dominación que no entiende el alto lenguaje de amor que co­mienza a relacionar al Libertador de media América con el Padre de todos los fieles, amenaza con romper con Roma, mueve las Cancillerías europeas, maneja la intriga, sin importarle que con ello ponga en peligro inminente la fe de las nacientes Repúblicas suramericanas. Bolibar, para aquellos «magnánimos defensores de la fe», es masón, hereje y ene­migo de la religión…

Sin embargo, Pío VII da la razón a Bolibar, salta por encima de cuantos obstáculos se le oponen y el sacerdocio elegido desde Roma comienza a penetrar en el pueblo, al que por ser el suyo quiere y comprende.

Es la eterna lucha entre el poder despótico y la razón y el derecho, sin que importe a su ce­guera que de su actitud inicua pierdan la fe pueblos enteros… El caso se ha repetido en muchos pueblos, sin que pueda exceptuar­se a Euzkadi.

 

Convenio Cuba-Venezuela: Subsidio enmascarado bajo la figura de cooperación por Maibort Petit – Venezuela al Día – 8 de Julio 2018

Cuando está a punto de cumplir su mayoría de edad —18 años— el Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela sólo ha significado un peso para la economía venezolana, muy distante de la promovida cooperación entre países que pretenden hacer las administraciones, primero, de Hugo Chávez, y ahora la de Nicolás Maduro.

Aunque el gobierno lo ha presentado como un ejemplo de cooperación y ayuda entre los pueblos, el convenio suscrito en el año 2000 entre Hugo Chávez y Fidel Castro es en realidad el mecanismo de subsidio a la economía cubana por parte de Venezuela, así como la fórmula mediante la cual la administración de los Castro inició su proceso de intromisión en los asuntos venezolanos hasta lograr su casi absoluto control.

El eje central del citado convenio, lo constituye la entrega diaria de 53 mil barriles de crudo que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) se comprometió a suministrar al gobierno antillano y que, desde el 30 de octubre de 2000 cuando se suscribió, pasó a ser un subsidio venezolano sin retorno, a pesar de que en algunas ocasiones se ha querido negar esto al hacer referencia a algunos desembolsos de dinero de parte de la isla o del intento de justificación que constituye la presunta compensación parcial del mismo a través de los servicios brindados por personal de salud, entrenadores deportivos y maestros cubanos enviados a Venezuela para integrarse a las misiones del gobierno chavista.

Próximo a cumplir 18 años de vigencia, en la actual crisis económica venezolana que ha experimentado una merma considerable en su producción petrolera, el convenio se ha convertido en un peso insostenible para Venezuela que ha llegado al extremo de importar crudo a otros países para cumplir con el compromiso adquirido con la isla[1], aunque esto signifique pérdidas para la nación.

Por otra parte, las inconvenientes condiciones del convenio para Venezuela son un ejemplo más la estrategia parasitaria cubana de supervivencia del régimen castrista y de su economía. Mientras el gobierno venezolano debe suministrar petróleo y el pago del personal que la Cuba envía a Venezuela, la administración cubana se limita al suministro de profesionales y técnicos que, como ya hemos apuntado igualmente es pagado por Venezuela y no gratuito como se pretende hacer creer en razón de que así lo establece el convenio. En realidad, como lo podrá apreciar el lector más adelante, Caracas paga a Cuba por cada uno de estos profesionales enviados desde La Habana.

A continuación los términos del convenio y los subsiguientes adenda suscritos entre Venezuela y Cuba:

El convenio

En fecha 30 de octubre de 2000, la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba, representadas por Hugo Chávez Frías y Fidel Castro, respectivamente, “animadas por el deseo de fortalecer los tradicionales lazos de amistad entre los dos países” y “conscientes de su interés común por promover y fomentar el progreso de sus respectivas economías y las ventajas reciprocas que resultan de una cooperación que tenga resultados efectivos en el avance económico y social de los respectivos países y en la en la integración de América Latina y el caribe”, suscribieron el Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, mediante el cual las partes se comprometieron a elaborar de común acuerdo, programas y proyectos de cooperación.

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En la elaboración de estos proyectos y programas trabajarían organismos y entidades de los sectores públicos y privados de ambos países, así como también —cuando sea necesario— de las universidades, organismos de investigación y de organizaciones no gubernamentales.

Debían elaborarse proyectos nacionales de desarrollo y proyectos regionales integrales que respondieran a las prioridades contenidas en sus respectivos planes de desarrollo.

Establecía el convenio que Cuba prestaría los servicios y suministraría la tecnología y productos que estuvieran a su alcance para apoyar el amplio programa de desarrollo económico y social de Venezuela y de los cuales esta no disponga, previa solicitud de acuerdo a un listado y los cuales debían definirse cada año según acuerdo de las partes, precisando el monto monetario, las especificaciones, regulaciones y modalidades en que serían entregados. Estos bienes y servicios serían pagados por Venezuela en el valor equivalente a precio de mercado mundial, en petróleos y sus derivados.

Entretanto, Venezuela se comprometió a proveer a Cuba bienes y servicios que comprendieran asistencia y asesorías técnicas provenientes de entes públicos y privados, así como el suministro de crudos y derivados de petróleo hasta por un total de 53 mil barriles diarios. Estos volúmenes serían presentados en un programa trimestral por las empresas Cupet y Cubametales a PDVSA en las cantidades y condiciones que se estableciera anualmente entre las partes, tomando como referencia las bases del Acuerdo Energético de Cooperación de Caracas.

Es necesario apuntar que estos 53 mil barriles de petróleo que Venezuela proporciona a Cuba es un volumen muy superior al que reciben los países centroamericanos y caribeños.

Las ventas se realizarían bajo los contratos tipo de PDVSA de acuerdo a cada tipo de crudo y derivados. Los precios serían determinados por el mercado conforme a las fórmulas aplicables.

Las ventas serían sobre las bases de un esquema de financiamiento mixto de corto y largo plazo, utilizándose las escalas aplicables al Acuerdo Energético de Caracas.

A saber:

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Precio promedio de realización/venta por barril de crudo en dólares estadounidenses

En pocas palabras, si se pagan USD 15 por barril de petróleo, Cuba podrá financiar el 5 por ciento, mientras que si paga USD 30 por barril de crudo, el financiamiento será del 25 por ciento.

Esta fórmula sería aplicable al resto de combustibles y lubricantes, lo cual significa que en el caso de Cuba solicite recibir los 53 mil barriles en productos elaborados, tendría que refinar el doble de producción para poder satisfacer la demanda de la isla antillana.

Por otra parte, el convenio no advierte que el petróleo a precio preferencial sea para consumo interno con lo cual, en caso de sobreabastecimiento, Cuba podría vender el crudo excedente a precios internacionales.

El convenio establecía que Cuba ofrecía a Venezuela de manera gratuita los servicios de médicos, especialistas y técnicos de salud que desarrollarían su labor en lugares donde no se dispusiera de ese personal. Este personal cubano entrenaría también de forma gratuita al personal venezolano.

Venezuela cubriría los gastos de alojamiento, alimentación y transportación interna.

Cuba garantizaría a los médicos y demás técnicos sus salarios y la atención adecuada a los respectivos familiares de la isla.

La vigencia del convenio era de cinco años contados a la firma del mismo, previéndose la posibilidad de prorrogarlo por un periodo similar a menos que una de las partes lo denunciara. Esta denuncia debía producirse 30 días antes del vencimiento del convenio y sería efectiva 6 meses de dicha notificación. Esta denuncia no debía afectar programas y proyectos en ejecución, a menos que las parteas acordaran lo contrario.

El primer Addendum

El 12 de agosto de 2001, Hugo Chávez por Venezuela y Fidel Castro por Cuba, firmaron un Addendum al Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela que establecía que modificaba el convenio del 30 de octubre de 2000 de manera que quedaba estipulado que Cuba prestaría los servicios y suministraría las tecnologías y productos que estuvieran a su alcance para apoyar el programa de desarrollo económico y social de Venezuela, previa solicitud de acuerdo a un listado establecido.

Quedaba, por tanto, suprimida loa figura del trueque y los servicios profesionales suministrados por Cuba pasaban a ser cancelados con cargo a los presupuestos de los organismos del estado venezolano.

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Tales bienes y servicios serían definidos cada año, según acuerdo de ambas partes, precisando el monto monetario, las especificaciones, regulaciones y modalidades en que serían entregados.

Estos bienes y servicios serían pagados por las instituciones, organismos y empresas de Venezuela con cargo a sus respectivos presupuestos.

Otro Addendum

Un nuevo Addendum al Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela se firmó el 8 de junio de 2004 entre Hugo Chávez por Venezuela y Fidel Castro por Cuba, para modificar el artículo V del convenio de tal manera de contar con un mecanismo para el cumplimiento y seguimiento de las acciones de cooperación previstas en dicho convenio, las partes acordaron crear una comisión mixta integrada por representantes de ambos gobiernos.

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Esta comisión se reuniría alternativamente cada año en Caracas y La Habana y estaría presidida por el Ministerio de Energía y Minas de Venezuela y por el Ministerio para la Inversión extranjera y la Colaboración Económica de Cuba.

La comisión mixta establecería grupos ejecutivos de trabajo bajo responsabilidad de los ministros respectivos de cada país para viabilizar las acciones de cooperación en los diferentes sectores definidos en el convenio. Las partes podrían exponer nuevos sectores y proyectos para su estudio y aprobación. Las partes podrían convocar reuniones extraordinarias si lo consideraran necesario.

Acta final de reunión comisión mixta

Entre el 26 y 28 de febrero de 2007 se llevó a cabo en La Habana la VII reunión de la comisión mixta establecida al amparo del artículo V del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela.

La delegación venezolana estuvo presidida por el ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez, mientras que la delegación cubana encabezó loa ministra para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica, Marta Lomas Morales.

En la reunión se revisó de los programas de trabajo para verificar su cumplimiento y en tal sentido se hicieron ajustes y se actualizaron los cronogramas de ejecución y ase acordaron nuevas fechas para su conclusión.

Igualmente se revisó el programa de trabajo para 2007 y se aprobaron 353 proyectos por un monto de USD 1.487.435.772,35 en 26 sectores de la economía de ambos países.

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El programa estaba a cargo de 24 ministerios venezolanos y 25 cubanos con la participación de instituciones ejecutora venezolanas y cubanas.

Las partes también hicieron un balance de los resultados cuantitativos y cualitativos alcanzados desde la primera comisión mixta realizada en La Habana del 14 al 16 de diciembre de 2001 y confirmaron el impacto positivo del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela.

Se acordó realizar reuniones trimestrales por parte de los organismos coordinadores del Convenio para revisar el cumplimiento del programa.

Se firmó el convenio marco para la instalación en Venezuela de 11 plantas de producción de etanol para el desarrollo de la producción cañera asociada al proyecto. También se firmaron los contratos correspondientes a la instalación de las primeras cuatro plantas.

Se constituyó una comisión conjunta venezolano-cubana para el estudio del uso de energías alternativas, la cual evaluó cuatro proyectos existentes de 2006 y 6 nuevos proyectos que se realizarían en 2007.

Otras disposiciones

Igualmente disponemos de un extracto de documento que versa sobre distintos aspectos decididos en el contexto del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela.

Así, en el folio N° 136 de uno de estos documentos se establece que las delegaciones de Cuba y Venezuela establecieron las Condiciones Generales para la ejecución de los proyectos de asistencia técnica que derivan de la aplicación del convenio de integración. Estas condiciones generales deberían reflejarse en los contratos interinstitucionales que celebraren las partes.

Estas condiciones generales estipulan que por la Parte que Envía se entendería al país que brinda la asistencia técnica y como Parte que Recibe al país receptor y usuario de dicho servicio.

Responsabilidades de la parte que envía

a) Garantizar que los especialistas selecciones reunieran los requisitos solicitados por la parte que recibe en cuanto a su calificación y nivel técnico.

b) Velar porque los especialistas que prestan servicio de asistencia técnica en el país que recibe cumplan con la legislación interna, los usos y costumbres del país receptor.

c) Asumir los gastos concernientes a la sustitución de especialistas que interrumpan la contratación por causas no imputables al país que recibe.

Responsabilidades de la parte que recibe

a) Realizar la selección de los especialistas propuestos por la parte que envía con base a los currículos que se suministren con antelación.

b) Contratar de acuerdo al peritaje pactado entre las partes con posibilidad de prórroga, previo acuerdo mutuo. En caso de que el periodo de asistencia técnica sobrepasara los once meses ininterrumpidos, era necesario establecer el disfrute de las vacaciones según las normativas del país que envía (un mes para totalizar doce meses de la contratación anual).

c) Asumir el pago de los pasajes internacionales al inicio, vacaciones y término de la contratación de asistencia técnica.

d) Asegurar la obtención de visados para el ingreso al país, la permanencia y buen desenvolvimiento de sus funciones, así como el retorno oportuno al país de origen.

e) El monto a pagar por la asistencia técnica sería determinado por la calificación y experiencia de los especialistas que prestan servicio. Cada prestación de servicios estaba asociada a un nivel de complejidad de acuerdo a la siguiente tabla:

cuadro-2.jpgFoto: Maibort Petit

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En lo atinente a los proyectos de servicios profesionales y soluciones integrales, loa parte que brinda el servicio asumiría la totalidad de las obligaciones establecidas en las condiciones generales. Para establecer el precio se utilizaría como referencia las tarifas y gastos que se incurran para garantizar las mencionadas obligaciones. Los costos de los servicios deberían estar basados en las tarifas que emanaran de las condiciones generales.

En el caso de los proyectos de soluciones integrales y servicios profesionales ejecutados por la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), PDVSA, centraría los presupuestos necesarios para viáticos y gastos administrativos, los cuales se ejecutarían en coordinación con la jefatura de la misión de la UCI en Venezuela.

Los pagos de asistencia técnica que deriven de lo contemplado en el Convenio Integral de Cooperación serían depositados en una cuenta asignada a tal fin por el Ministerio de Inversión Extranjera y la Colaboración Económica.

f) Asumir los gastos de vivienda, transportación del especialista desde su residencia hasta el lugar donde desarrollaría su trabajo y viceversa, así como la tasa de impuesto de aeropuerto y viáticos.

Estos viáticos, en el caso de estadías de hasta 29 días en Venezuela, serían para los especialistas que brindaren asistencia técnica, de USD 30 diarios a la tasa de cambio del día en que se efectuara el pago.

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Para las estadías superiores a los 30 días en Venezuela, se contemplaba la asignación de vivienda debidamente acondicionada; facilidades para llamadas telefónicas internacionales. Se entregarían a los especialistas que brinden asistencia técnica. Viáticos en moneda nacional equivalentes a USD 530 mensuales a la tasa de cambio del día en que efectuara el pago.

Igualmente se debía garantizar el desplazamiento de los especialistas cuando por razones de prestación de sus servicios deban ir a un sitio distintos al habitual, al igual que debía garantizarse su alojamiento y alimentación.

También debía garantizarse la asistencia médica ambulatoria, hospitalaria, medicamentos a través del Sistema Nacional de Salud venezolano.

Sufragar los gastos derivados de servicios médicos, sanitarios, legales, preparación y transportación en caso de fallecimiento de los especialistas.

Se establecen las diversas condiciones para la sustitución y retiro de los especialistas de la prestación del servicio.

 

Venezolana relata cómo se diseñó equipo para rescatar a los niños de la cueva de Tailandia – La Patilla – 9 de Julio 2018

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María Giovanna Castro Salas es la ingeniero venezolana que participó en el diseño del equipo para rescatar a los 12 niños y el instructor de fútbol que se encuentran en una cueva en Tailandia.

Así lo relató a su familia la propia María Giovanna: “Familia ayer participe en una de las cosas más increíbles, temprano en la mañana el dueño de Tesla y SpaceX llamo a Wing para que diseñara y fabricara unas capsulas para sacar a los chamos del equipo de fútbol de Thailandia que están en la cueva atrapados”.

“Enseguida nos pusimos a correr a hacer un prototipo. Lo llevamos a la piscina para probarlo y luego Space X nos dio luz verde para hacer mas. Hicimos 13 cápsulas. Y salimos corriendo a montarla en el avión privado de Space X. Fue todo súper emocionante y bueno trabajamos mucho ayer hasta las 8:30 de la noche”, agregó.

Aquí les presentamos las imágenes:

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Conmemoración Día de la Independencia de Venezuela – Buscador Google – 5 de Julio 2018

Una perspectiva de género para Venezuela por Pia Riggirozzi – Nueva Sociedad – Junio 2018

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La crisis de Venezuela está adquiriendo nuevas dimensiones. Según muchos analistas, el fenómeno violento que vive el país amenaza también a los derechos de las mujeres. Una de las tasas de embarazo adolescente más altas del mundo se combina con el aumento de las enfermedades de transmisión sexual y el crecimiento de los abortos ilegales y de la esterilización. El país que fue un punto focal en la promesa continental de una alternativa al neoliberalismo sigue en estado crítico. Y parece una sombra de lo que fue.

Venezuela fue un país rico. Muchos lo dicen y lo repiten: en otros tiempos, asentó su crecimiento sobre las mayores reservas petroleras del mundo. Ahora, en cambio, es la economía más pobre de América del Sur en términos de crecimiento del PIB per cápita. Venezuela está atravesando la peor crisis económica de su historia, con una tasa de inflación de más de 500%, una tasa de cambio muy volátil y un crítico endeudamiento que se ha quintuplicado desde 2006. Esta crisis ha agravado «guerras económicas» de larga data entre un sector empresarial ubicado en la oposición y el gobierno. Del mismo modo, inacabados ciclos de protesta y represión han marcado un camino que durante la última media década ha polarizado a una sociedad ya dividida en términos clasistas y partidistas y ha enraizado una cultura política de suma cero, donde el ganador se lleva todo, incluidas las elecciones. En este escenario, violencia de todo tipo ha alcanzado lo que parece ser un punto de no retorno. Lo que parece estar en juego aquí es la mismísima capacidad de la democracia para combinar fuerzas de transformación y resistencia.

La crisis en Venezuela también ha sido foco de debate en las organizaciones regionales. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han manifestado preocupación por la debilidad de las instituciones democráticas, la impunidad, el acoso y la criminalización de la disidencia.

Sin embargo, el argumento que presento aquí es que salvaguardar los derechos y el derecho de las personas a decidir sobre su propio destino (democrático) en Venezuela no es neutral desde el punto de vista de género. Enraizar la promesa democrática en los derechos institucionales y constitucionales no debe omitir otras formas de abordar los derechos y la autodeterminación. Un enfoque de género redefine tanto a la «promesa» como a la «trampa» de la democracia venezolana.

La promesa de Venezuela

Durante más de una década, Venezuela fue un punto focal en la promesa continental de una alternativa más directa e inclusiva a los enfoques dominantes basados en la mercantilización del desarrollo y la democracia. Fue en Venezuela donde, a fines de la década de 1990, las fallas del modelo neoliberal se materializaron abriendo nuevas posibilidades para experimentos «post-neoliberales» en toda la región. Durante más de una década estos experimentos parecieron funcionar. Según el Banco Mundial, en América Latina la proporción de personas de la región que viven en la pobreza extrema, definida como un ingreso diario de menos de u$s 2.50, se redujo a la mitad entre 2003 y 2012. La reducción de la pobreza estuvo acompañada de un fuerte crecimiento de los ingresos de 40% en los deciles más bajos de la población. En el caso de Venezuela, las reformas sociales, políticas y económicas condujeron a una reducción espectacular de 50% de la pobreza y a una disminución de 65% en la pobreza extrema entre 1998 y 2012. Asimismo, aumentaron los servicios públicos y el número de médicos en el sector primario de salud, así como también el acceso a la atención médica para millones de venezolanos pobres.

De hecho, el sistema de salud de Venezuela fue durante mucho tiempo una fuente de orgullo para el gobierno por ser pionero en políticas de bienestar en toda la región. Por ejemplo, en 2008, proyectos relacionados con el sector salud entre Cuba y Venezuela alcanzaron los 1.355 millones de dólares, incluido el emblemático programa Petróleo por médicos mediante el cual Venezuela exporta petróleo subsidiado por un intercambio de médicos y programas de capacitación en el país. Dentro de este marco, programas como Barrio Adentro brindaron atención médica básica gratuita en Venezuela, mientras que Misión Milagro ha brindado atención a personas con afecciones oculares. Otros programas han abordado necesidades de personas con discapacidades en América Central y del Sur. La promesa de políticas de bienestar regional fue posible mientras Venezuela gozara de su bonanza petrolera y registraba una importante acumulación de reservas. Sin embargo, el bienestar social impulsado por los recursos creó una especie de trampa para la promesa socialista. A medida que Venezuela se vio cada vez más afectada en la desaceleración de la industria petrolera internacional, la escasez de recursos y la privación social generalizada provocaron una inevitable crisis sociopolítica.

Hoy miles de pacientes no pueden recibir tratamientos médicos esenciales, y otros tantos más están en la lista de espera para someterse a cirugías potencialmente vitales. Los médicos no tienen recursos necesarios para operar o salarios para subsistir. Asimismo, enfermedades como la malaria y la difteria, previamente eliminadas o controladas, se han vuelto causas principales de una crisis humanitaria sin precedentes.

Se trata de una Venezuela fracturada que divide la política regional. Las diferencias políticas e ideológicas entre las naciones sudamericanas han llevado a la UNASUR a un punto de inacción, mientras que Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú desertaron de la organización en abril de 2018 para formar el Grupo Lima uniéndose a la oposición estadounidense al gobierno y a la reelección de Maduro el pasado 20 de mayo, al considerarla como mínimo «ilegítima». El Grupo Lima también encabeza una fuerte pero divisiva campaña para expulsar a Venezuela de la OEA apelando a la Carta Democrática Interamericana (CID) que establece que «cualquier alteración inconstitucional o interrupción del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable a la participación del gobierno de ese estado en el proceso de Cumbres de las Américas».

Reclamar el derecho democrático es una batalla política. Fue, después de todo, la promesa del regionalismo sudamericano y de las relaciones interamericanas. Pero el mismo imperativo de la democracia, codificado en la gobernanza regional, carece de una definición y criterios sobre cómo defender los derechos «colectivos», también clave en el proceso de democratización.

Derechos de las mujeres y dignidad: entre la promesa y la trampa

La crisis de Venezuela y su daño social no son neutrales. Afecta a las mujeres, a sus derechos y elecciones de formas distintivas, particularmente en términos de derechos reproductivos y salud sexual, generando vulnerabilidades y violencia de género. Venezuela tiene una de las tasas de embarazo adolescente más altas en el mundo y en América Latina, incluso desde antes del colapso económico. La anticoncepción formaba parte del derecho que gozaban las mujeres durante el gobierno socialista. Pero desde 2005 la Federación Farmacéutica Venezolana estima que la provisión de anticonceptivos en el país ha disminuido 90%. Esto está provocando un aumento de las enfermedades de transmisión sexual, en particular el VIH, los abortos ilegales y un aumento de la esterilización. Según Amnistía Internacional, entre 2015 y 2016 la mortalidad materna aumentó 65% en Venezuela, anulando los avances recientes y volviendo a la situación que prevalecía hace veinticinco años. Las principales causas incluyen la falta de medicamentos, herramientas, equipos y recursos médicos básicos, y el número cada vez menor de personal médico, vinculado principalmente a la migración. La situación ha llevado a muchas mujeres embarazadas en situaciones desesperadas y de miedo a la muerte materno-neonatal, a embarcarse en un éxodo hacia países vecinos –Brasil y Colombia– para dar a luz. El número total de llegadas a los países vecinos, según el ACNUR, ha aumentado de manera constante a 5.000 por día a principios de 2018. De los más de 56.000 venezolanos que cruzaron en enero de 2018, 40% son mujeres. Su exposición a la violencia, riesgos, e inseguridades y los sentimientos contra la inmigración que comienzan a manifestarse en la región revelan las luchas diarias de mujeres y de su ejercicio por el acceso a necesidades y derechos básicos.

En este contexto, las naciones sudamericanas y las organizaciones regionales deben salvaguardar el «derecho a decidir» para evitar la trampa que afecta la realizaciónde los derechos y la dignidad de las mujeres, más allá de los principios constitucionales.

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