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Sobornos, sobreprecios y traición marcan juicio en Miami contra chavista Motta Domínguez por Antonio Maria Delgado y Jay Weaver – El Nuevo Herald – 8 de Abril 2020

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Luis Motta Domínguez, el ex ministro de Electricidad del régimen de Nicolás Maduro que enfrenta cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, presuntamente participó en un millonario esquema de corrupción donde la estatal Corpoelec pagaba hasta tres veces el valor de los equipos que compraba, algunos de los cuales ni siquiera podían ser usados en Venezuela.

La acusación, presentada en la Corte Federal de Miami, también alega que Motta Domínguez y el entonces viceministro de finanzas del ministerio, Eustiquio Lugo Gómez, cobraron sobornos a un grupo de empresarios radicados en Miami para otorgar los contratos valorados en unos $60 millones.

Los documentos judiciales a los que tuvo acceso el Nuevo Herald muestran que el caso llegó a manos de las autoridades luego que uno de los empresarios en Miami sintiera que fue traicionado por uno de los socios, que le apartó abruptamente del negocio.

La acusación es uno de los múltiples casos ventilados en tribunales de Estados Unidos que develan la extensión de la corrupción del sancionado régimen de Maduro.

Las autoridades estadounidenses describieron la corrupción en el ministerio de Electricidad como perniciosa para la sociedad venezolana en vista de las constantes interrupciones en el suministro eléctrico provocadas por el virtualmente inexistente mantenimiento de las instalaciones del país.

Maduro removió a Motta Domínguez del cargo a mediados del 2019 en medio de un masivo apagón que dejó al país por varias semanas sin electricidad. Las frecuentes interrupciones en el servicio siguen siendo recurrentes y expertos alegan que la crisis de energía continuará mientras el país no invierta miles de millones en reparar su infraestructura.

Según los documentos de la corte, el esquema de corrupción comenzó luego que el también acusado Jesús Ramón Veroes se reuniera en el 2016 con Motta Domínguez, quien accedió a otorgar los contratos de adquisición de equipos de Corpoelec al empresario venezolano, conjuntamente con el también venezolano Luis Alberto Chacín Haddad y otros dos conspiradores.

En la reunión, a los conspiradores se les instruyó reunirse con Lugo Gómez, quien a su vez les notificó que por cada contrato ellos debían pagarle a él y al ministro una participación de las ganancias.

Chacín Haddad y Veroes luego inflaron los precios de los contratos para incrementar sus ganancias y cubrir los sobornos dirigidos a Motta Domínguez y Lugo Goméz. Los empresarios en un inicio contemplaron que los sobornos a ser pagados a los dos funcionarios venezolanos de la primera operación ascenderían a unos $2 millones, resalta la acusación.

Veroes y Chacín Haddad, a través de varias empresas registradas en Estados Unidos, incluyendo al menos una en Florida, obtuvieron de esta manera jugosos contratos para importar equipos e insumos para la compañía eléctrica venezolana, incluyendo carretillas elevadoras (forklifts), cientos de transformadores, generadores y hasta $6 millones en bombillos eléctricos.

En una de las operaciones registradas en julio del 2016, Veroes y Chacín Haddad suministraron a través de una de sus compañías unas 40 carretillas elevadoras, por las que habían pagado solo $1.5 millones, facturándolas a Corpoelec posteriormente a un precio de $6.43 millones, “lo que representa una ganancia de más de 300%”, señala la acusación.

Los documentos judiciales también resaltan que en al menos una instancia los equipos suministrados a la empresa eléctrica no eran los apropiados.

Según el testimonio de un informante no identificado en el caso, que aparece solo como Testigo Confidencial 1, Veroes le confesó que habían enviado 500 transformadores que “no podían ser usados en Venezuela porque solo eran compatibles con los servicios eléctricos de Cuba y Nicaragua”.

“Veroes dijo que los transformadores enviados se encontraban almacenados en un patio, pero que pese a la incompatibilidad, Corpoelec había tramitado el contrato como entregado y procesado en su totalidad”, declaró el testigo según el documento de la corte.

El Testigo Confidencial 1 fue quien primero presentó el caso a las autoridades tras confesar que él había sido contactado inicialmente por Chacín Haddad para que les ayudara a conseguir los equipos que requería Corpoelec.

El testigo confidencial, cuya oficina estaba al lado de la de Chacín Hadad dentro de un edificio en Doral, dijo que en una de las operaciones en la que él estuvo presente Motta Domínguez tenía previsto recibir un pago de $2.5 millones, mientras que Chacín Haddad, Veroes y él tenían que recibir el 25% por cabeza de la ganancia restante.

Posteriormente, Chacín Haddad tuvo una discusión con el testigo confidencial y comenzó a apartarlo de las siguientes operaciones y a no responder sus llamadas, aún cuando se le debía dinero por su previa participación, señalan los documentos de la corte.

“Testigo Confidencial 1 nunca recibió su parte del dinero de los contratos de Corpoelec que habían sido acordados por Chacin y Veroes”, resalta la acusación.

Coronavirus lockdowns across Latin America send Venezuelan migrants back to their broken homeland by Steven Grattan, Anthony Faiola and  Ana Vanessa Herrero -The Washington Post – 7 de Abril 2020

A Venezuelan family in Bogota attempts to hitchhike to the border. Under coronavirus restrictions, the highway is almost completely stopped; only the transport of supplies is allowed.
A Venezuelan family in Bogota attempts to hitchhike to the border. Under coronavirus restrictions, the highway is almost completely stopped; only the transport of supplies is allowed. (Nadège Mazars/for The Washington Post)

BOGOTA, Colombia — José Sanbrano stopped on a roadside in the Colombian capital to catch his breath. The 30-year-old migrant had been walking for 15 days. He had hundreds of miles more to go — uphill, through the Andes — before he would reach the broken homeland he once fled.

Venezuela.

Nearly 5 million Venezuelans have abandoned the collapsing socialist state in recent years, most of them to scrape out meager livings elsewhere in Latin America. But as countries from Argentina to Peru to Colombia shut down to slow the spread of the coronavirus, untold thousands of desperate Venezuelans, now jobless, hungry and living without a safety net, are heading home.

For a growing number, the decision has been agonizing. Sanbrano was working on a construction site in Quito, Ecuador, and sending back money for his young wife and infant son. When Ecuadoran President Lenín Moreno ordered a national lockdown, he quickly lost his job. Unable to pay the $60 monthly rent for his small room in the capital, and with no hope of finding new work, he was evicted.

Faced with the choice of hunger and homelessness in Quito or the compounding but familiar hardships in Venezuela, he opted to travel back to his family. He packed his few belongings and set out on the 1,590-mile trek back to Caracas.

“I’ve been sleeping and eating on the streets along the way,” Sanbrano said. “I’ve had to beg for food. It shames me that I have to do that.”

José Sanbrano has walked 15 days from Quito, Ecuador, to Bogota. He estimates it will take him another 15 to reach Venezuela.
José Sanbrano has walked 15 days from Quito, Ecuador, to Bogota. He estimates it will take him another 15 to reach Venezuela. (Nadège Mazars/for The Washington Post)

Venezuelan President Nicolás Maduro is seeking to portray himself as a benevolent father figure to his returning prodigal sons and daughters, even as his authoritarian government struggles to cope with their numbers in a country uniquely ill-prepared to respond to a pandemic.

“We’re looking out for our compatriots who are victims of xenophobia & have decided to return to [Venezuela], their homeland,” Maduro boasted on Twitter. “Here we’ve our arms opened to them as we have done with millions of people who have found in our country a land of peace & hope. Welcome!”

Maduro said 15,000 Venezuelans were on their way home. Internal numbers being shared by officials in Venezuela’s border region of Tachira state show at least 7,600 have arrived since mid-March. More are arriving at a rate of up to 500 per day.

Those numbers remain relatively small compared with the massive recent outflow of Venezuelans, which until the virus arrived was still running at 4,000 to 5,000 a day. But observers warn they could rapidly grow, further burdening Venezuelan hospitals already plagued by shortages of medicines, supplies, power and water.

Lockdowns and closed borders across Latin America, meanwhile, are likely to sharply curb the outflow in 2020. Neighboring Colombia, home to an estimated 1.8 million Venezuelan migrants, closed its border with the country last month. But it has kept open a humanitarian corridor to allow Venezuelans to return home.

Marianne Menjivar, Colombia and Venezuela director for the International Rescue Committee, said Venezuelans have nowhere to turn.

“If you’re a migrant or refugee, you don’t have an auntie you can go get some soup from in case you don’t have any money, or a grandmother who will lend you some money so you don’t get kicked out of your house,” she said.

Tony Taborada rests with his pregnant partner outside a gas station in Bogota. They have been walking two days.
Tony Taborada rests with his pregnant partner outside a gas station in Bogota. They have been walking two days. (Nadège Mazars/for The Washington Post)

Returning migrants are required to obtain medical checkups both before and after crossing the border, leading to hours, even days-long delays. That’s prompted some to turn to dangerous informal crossings, known locally as trochas, manned by armed groups.

Felipe Muñoz, Colombia’s presidential adviser on the migration crisis, said at least 1,000 Venezuelans arrived by bus in the border city of Cúcuta over the weekend with the intention of returning.

The operation is complicated by the strained relations between the two countries. Colombian President Iván Duque has expressed support for Venezuelan migrants in his country. But his government recognizes Venezuelan opposition leader Juan Guaidó, not Maduro, as the country’s rightful leader, and each government accuses the other of using armed groups to undermine its rule.

“We’ve had to negotiate with the other side, so they accept them little by little,” Muñoz said. “But that’s not something we want to be promoting, because we don’t want to have uncoordinated migration flows in the middle of a health emergency.”

On the Venezuelan side, at least some returnees are finding themselves herded immediately into quarantine. Freddy Bernal, designated by Maduro as the “protector of Táchira,” tweeted Sunday that the region was activating a containment plan based on the recommendations of the World Health Organization. Venezuelan officials elsewhere said they were preparing holding centers for returnees.

Yohana Briceño, 36, returned to Venezuela with her family of five Saturday. They had no coronavirus symptoms, she said, but were still being held in a facility near the border. They were sleeping on a concrete floor and sharing “filthy bathrooms” with 900 other returnees, she said by telephone. They haven’t been told how long they will be held.

“As soon as we crossed the border, everything changed,” she said.

A group of around 250 Venezuelans organized buses from Bogota to the border through word of mouth and a WhatsApp group.
A group of around 250 Venezuelans organized buses from Bogota to the border through word of mouth and a WhatsApp group. (Nadège Mazars/for The Washington Post)

With commerce shut down and unemployment soaring, some countries are eager to see their Venezuelan migrants gone. Bogota Mayor Claudia López said last week the city would not extend the rent assistance now offered to struggling Colombians to Venezuelan migrants.

“We already pay for food, child care, school,” she said. “Sorry, but we can’t cover rent.”

Several Colombian mayors have organized buses to send migrants to the border.

On a recent afternoon, at least 60 Venezuelan migrants were passing through Bogota on foot en route to Cúcuta, some 342 miles east. They pushed strollers, shopping carts and suitcases loaded with their belongings.

Some were able to pay the $30 bus fare to the border. Those who couldn’t planned to walk.

Yessika Silva came to Bogota from Caracas three years ago with her three daughters. On a recent afternoon, they desperately tried to hitchhike, with no luck.

“I haven’t been able to earn anything for weeks,” said Silva, 36. Her daughters, she said, are exhausted: “Their legs are throbbing.”

Briceño, still being held with her family, said they had struggled to build a new life in Colombia. She found work as a hairdresser; her husband did construction. But when the virus came, they lost their jobs.

“I had a dream of staying there,” she said. “We could have had a future.

“Now we are stuck [in Venezuela] with only God to help us.”

 

Faiola reported from Miami. Herrero reported from Caracas, Venezuela. Mariana Zúñiga in Caracas contributed to this report.

El Cartel de Sinaloa se apropió de una ciudad en Venezuela para operar por Sabrina Martín – PanamPost – 7 de Abril 2020

El Cartel mexicano se aloja en un pueblo llamado Machiques de Perijá, bajo la mirada complaciente del régimen de Nicolás Maduro

«Los residentes locales cerca de la frontera con Colombia dicen que la presencia de mexicanos es tan fuerte que la ciudad ha sido renombrada extraoficialmente como Sinaloa» ( Excélsior)

El temido Cartel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más notorios del mundo, encontró en Venezuela el refugio perfecto para operar bajo la mirada complaciente del régimen de Nicolás Maduro.

InSight Crime ES@InSightCrime_es

El cartel de Sinaloa ha utilizado a Venezuela como un trampolín para sacar sus cargamentos a diversas partes de la región. Su influencia ha llegado a tal punto, que un pueblo del estado de Zulia ha adaptado su nombre. https://bit.ly/3dSwqYt 

Sinaloa: Un visitante que llegó para quedarse en Venezuela

Hablar de carteles mexicanos en territorio venezolano se ha convertido en un tema recurrente. La magnitud de su presencia ha llegado a tal punto, que existe

Un reportaje publicado por la revista InSight Crime revela que el Cartel mexicano se aloja en un pueblo llamado Machiques de Perijá, en el noroeste del estado de Zulia al occidente de Venezuela.

«Los residentes locales cerca de la frontera con Colombia dicen que la presencia de mexicanos es tan fuerte que la ciudad ha sido renombrada extraoficialmente como Sinaloa», reseña InSight Crime.

Fuentes habrían revelado a InSight Crime «una serie de pruebas que, según dicen, confirma la presencia de grupos criminales mexicanos. Los ganaderos, los fabricantes locales y los residentes han presenciado la entrada de vehículos de lujo a la ciudad, fiestas a todo volumen, una mayor demanda de prostitución y otras anomalías que han cambiado la vida cotidiana».

«Sinaloa no es solo un nombre aleatorio, muchos de los pilotos [de los aviones de drogas] son ​​mexicanos. Los hemos visto hablando en hoteles, y una persona con este acento es fácil de recordar. Llaman a esta ciudad nuestra, Sinaloa ”, dijo un local a InSight Crime bajo condición de anonimato.

Machiques el pueblo del Cartel de Sinaloa en Venezuela (Wikipedia)

De acuerdo con el reportaje, los mexicanos que se han asentado en Venezuela han presionado para convertir las pistas de aterrizaje básicas en lugares con capacidad para la circulación de aviones que circulan grandes cantidades de dinero y drogas.

Según investigaciones los traficantes mexicanos en Venezuela pueden haber tomado alrededor de 400 pistas de aterrizaje clandestinas solo en el estado Zulia fronterizo con Colombia; esto con la ayuda del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de la Fuerza Armada de ese país.

La alianza entre cárteles auspiciada por el régimen

En el país suramericano opera el Cartel de los Soles encabezado por funcionarios del Ejército venezolano y miembros del régimen de Nicolás Maduro; de acuerdo con las investigaciones dicha organización criminal mantiene vínculos con el Cartel mexicano de Sinaloa.

En septiembre de 2019 se conoció que el régimen de Nicolás Maduro habría camuflado dinero de narcos mexicanos en las cajas de alimentos subsidiados CLAP.

«La hipótesis de los investigadores es que, dado el carácter de narcoestado de Venezuela, lo normal es que los dirigentes chavistas intentaran resolver la necesidad de alimentos que hay en el país, al mismo tiempo que buscaban la forma de obtener el pago por parte de los carteles mexicanos de la cocaína que sale a través de Venezuela», afirma uno de los colaboradores de la investigación al ABC de España.

El reportaje revela que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos descubrió que tanto Diosdado Cabello como Tareck El Aissami usaron el terminal de la empresa estatal venezolana Alunasa, en Puerto Limón, Costa Rica, para que el dinero ilícito ingresara al sistema financiero y luego terminara en bancos de Rusia con cuentas vinculadas a los funcionarios del chavismo.

El exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA (Agencia Antidrogas Estadounidense), Mike Vigil,  aseguró en marzo que desde finales de los noventa, el fundador del cártel de Sinaloa, el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, entró en contacto con la organización criminal ligada al chavismo, gracias a que en su territorio los cárteles colombianos operan de manera segura.

De acuerdo con investigaciones de la DEA citadas por Vigil, entre los cárteles de los Soles y el de Sinaloa moverían al año entre 200 a 250 toneladas de cocaína colombiana que tiene como principal destino Estados Unidos.

El ELN controla una escuela en Venezuela e impidió que migrantes repatriados se refugien en ella por temor al coronavirus por Sebastiana Barráez – Infobae – 7 de Abril 2020

La guerrilla colombiana tiene su cuartel central en Llano Jorge, a unos kilómetros del puente internacional Simón Bolívar. Crecen los inconvenientes para los venezolanos desterrados del país vecino

El ELN no permite que a quienes están siendo repatriados a Venezuela los instalen en la escuela Llano Jorge
El ELN no permite que a quienes están siendo repatriados a Venezuela los instalen en la escuela Llano Jorge

Cientos de venezolanos se han desplazado desde los países vecinos y llegan a la frontera, especialmente a San Antonio y Ureña del estado Táchira, luego de no poder costearse el alquiler y la comida por las medidas impuestas por el coronavirus Covid-19. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), que controla el sector Llano Jorge del municipio Bolívar, no permitió ayer que en la escuela del lugar fueran instalados un grupo de quienes retornan al país.

Aunque parezca insólito, el ELN, que es una organización colombiana, tiene su cuartel central en el sector Llano Jorge, a unos kilómetros del puente internacional Simón Bolívar, en territorio venezolano.

Uno de los comandantes guerrillero se comunicó con una de las autoridades locales y le expresó que no querían a ese grupo de migrantes porque podían estar contaminados con el virus chino y que se convertían en un peligro para los habitantes del lugar.

Las protestas por parte de quienes han llegado a su país, del cual salieron huyendo por la grave crisis que vive Venezuela en los últimos años, se basan en que las promesas del gobierno de Nicolás Maduro no se han cumplido. Luego de que además de él, funcionarios como Delcy Rodríguez, Padrino López y Freddy Bernal, entre otros, crearan la expectativa de que todo estaba preparado para recibirlos, se encontraron con una realidad aterradora: sin dinero, sin comida, sin protección física, fueron encerrados en el terminal de San Antonio del Táchira, otros en escuelas del municipio.

Son tantos los que están llegando que los militares los han instalado en escuelas y en instalaciones como las que hay en Tienditas. Pero el ELN se niega a que en Llano Jorge sean instalados algunos de los que llegan y que necesariamente deben cumplir cuarentena de 14 días.

El sentimiento de miedo al contagio se ha exacerbado en los habitantes de la zona fronteriza, ante le llegada de cientos de nacionales que vienen de países con problemas más graves de contagio del coronavirus que Venezuela.

De paracos a guerrilla

Llano Jorge era un territorio controlado hace tiempo por grupos paramilitares, que tenían ahí su cuartel central. Con la llegada de la guerrilla y el impulso que recibieron de autoridades venezolanas, fueron desplazados los paracos, pero sustituidos por los guerrilleros.

Nada ocurre en esa zona sin consentimiento ni orden del ELN. Así fue como ayer, a eso de las 5 y 30 de la tarde, los habitantes de la zona cerraron el acceso a la comunidad para impedir que la escuela de Llano Jorge fuera usada como centro de aislamiento para los venezolanos que están llegando del exterior y deben cumplir la cuarentena. Colocaron obstáculos en toda la subida hacia el lugar.

El Ejército de Liberación Nacional trabaja con grupos llamados colectivos que se declaran defensores de la revolución bolivariana. Varias veces las viviendas de dirigentes políticos de oposición en la zona, han sido marcadas e incluso dichos líderes son amenazados, algunas veces hasta de muerte. Varias personas han sido obligadas a abandonar el municipio en el marco de una guerra que dejó muchos muertos y sangre en las calles del pueblo. No son pocos los cadáveres que fueron trasladados al otro lado del río.

En San Antonio del Táchira la guerrilla ha logrado desplazar a los paramilitares. Y eso mismo han intentado en el municipio Pedo María Ureña, donde han tenido mayor resistencia, aun así hay sectores donde los han desplazado, también en medio de una guerra terrorífica de sangre y muerte, que incluyen gente descuartizada y cabezas humanas lanzadas en diversos sitios de la frontera.

En otro lugar del Táchira

Por otra parte, la Región de Defensa Integral (REDI) de Los Andes, dijo que “neutralizaron” a dos paramilitares, durante un patrullaje de escudriñamiento, localización y enfrentamiento con una célula paramilitar colombiana del grupo Los Rastrojos, en el sector Caño Burro del municipio García de Hevia.

La información dice que eso ocurrió en el marco de la Operaciones Escudo Bolivariano 2020, cuando cumplían instrucciones del GB José Antonio Arenas Rodríguez, Comandante de la 25 Brigada de Infantería Mecanizada; el Tcnel Carlos Jesús Sánchez Vásquez, comandante del 253 Batallon de Infanteria Motorizada “Coronel Genaro Vásquez”; el Tcnel Javier Paul Páez López, plaza de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista, con sesenta combatientes.

Destacan que actuaron porque recibieron información de “patriotas cooperantes”, sobre acciones terroristas de grupos paramilitares colombianos, que ubicaron en el sector comprendido entre Finca La Mona – Caño Burro, municipio García de Hevia del estado Táchira.

Reseñan que esos “patriotas cooperantes” les informaron de la presencia de paramilitares colombianos en el sector Caño Burro, por lo que “se procedió a establecer una base de combate y utilizando las técnicas, tácticas y procedimientos del MTRR y avanzando por saltos vigilados y sucesivos, se estableció contacto visual con el grupo paramilitar, los cuales al notar la presencia de nuestra fuerza hicieron uso de las armas originándose un enfrentamiento, en donde se hizo máximo uso de las armas de fuego rasante y de apoyo (MGL 40 mm)”.

El resultado, según dicen, fue neutralizar a los dos jefes paramilitares de la célula: alias El Caracas y alias El Turro. Además de incautar dos fusiles (uno R15 y uno M16), un revolver, una escopeta recortada, dos granadas de mano, 18 cargadores de AR15, M16 y FAL, además radios transmisores, siete chalecos pixelados, 10 uniformes camuflados, dos mil 130 cartuchos de diversos calibres y una camioneta Toyota Hilux

Venezuela pierde su satélite de telecomunicaciones, «joya de la corona» chavista por Ymarú Rojas ABC -7 de Abril 2020

El régimen de Maduro ha tenido que pedir ayuda a una empresa satelital estadounidense para que se encargue de las telecomunicaciones del país en medio del colapso de las conexiones a internet, en plena crisis por el coronavirus

Venezuela perdió su primer satélite tres años antes de que caducara su vida en el espacio. En un escueto comunicado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología anunció el 25 de marzo que luego de casi «12 años de operaciones, y debido a una falla, el satélite Simón Bolívar no continuará prestando servicios de telecomunicaciones». Y así, sin dar mayores explicaciones, el régimen de Nicolás Maduro reconoció que el primer satélite del país, de 5.100 kilogramos, construido y lanzado en China en octubre de 2008, quedó fuera de órbita sin posibilidad de recuperación. Esa «falla» dejó a gran parte del país coninterrupciones en las conexiones a internet y en algunas transmisiones por radio y televisión.

De los tres satélites, el Venesat-1 fue el primer satélite artificial propiedad del Estado venezolano, durante el Gobierno de Hugo Chávez, y el nombre de Simón Bolívar fue en homenaje al libertador del país sudamericano. El lanzamiento se realizó desde el Centro Espacial de Xichang, suroeste de China, luego de un acuerdo de cooperación suscrito entre ambos gobiernos firmado en noviembre de 2005. El Simón Bolívar tuvo una inversión de más de 400 millones de dólares y se encargaba del área de telefonía y soporte a la red de telefonía móvil celular, transmisión de información por teleducación en comunidades deprimidas, y acceso y transmisión de mensajes vía internet.

La inhabilitación del Venesat-1 lo pudo haber ocasionado «algún daño interno del satélite, por un corto circuito, por ejemplo, y eso arroja al sistema de data información incorrecta y no se puede prevenir alguna falla. Por eso se debe monitorear siempre en tierra. Pero otra razón pudo haber sido un error humano, bien sea porque no se tomaron las previsiones o por mala praxis», dijo a ABC, el ingeniero en telecomunicaciones, Luis Zambrano, y extrabajador de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE).

Su mantenimiento y monitoreo siempre estuvo a cargo de técnicos e ingenieros venezolanos, que eran entrenados en China para el desarrollo del software y formación técnica, y todos los traslados eran financiados por la ABAE, una institución adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología. En el país sudamericano existen dos estaciones de control, pero la más importante y donde se hacen todos los monitoreos de los satélites en órbita está ubicado en el estado Guárico (centro).

Reacción de EE.UU.

Desde su puesta en órbita, el Gobierno chavista aseguró que el satélite beneficiaría a 12 millones de personas, y también es un secreto a voces que sirvió para oxigenar su plataforma propagandística. La vida útil del Simón Bolívar era de 15 años, por lo que su muerte súbita y por razones aún desconocidas, puso al régimen de Maduro a pedir auxilio a un proveedor estadounidense de satélites de comunicaciones para que lo ayude con uno de los tantos problemas que tiene encima. Según el portal venezolano Runrunes.com, el Gobierno chavista traspasó «casi todos los servicios de televisión y radio que funcionaban con el satélite Venesat-1 al satélite norteamericano Intelsat 14».

De acuerdo con la publicación, el mensaje de alerta lo recibió la ABAE días antes, y expertos también habían dado algunas señales sobre posibles fallas a futuro. Pero todo fue en vano. Al poco tiempo, la interrupción fue notoria y el régimen solo respondía que se encontraban trabajando en la reparación y normalización del servicio de canales de televisión. En ese momento, tampoco dieron detalles de las fallas que se estaban originando en el espacio exterior.

Queda por ver si el rescate aceptado por Intelsat está exento de las sanciones que ha impuesto el Gobierno de Donald Trump a Venezuela, o si por el contrario Washington reaccionará de forma negativa como lo ha hecho con todas las empresas que prestan servicio al régimen de Maduro.

Nuevo satélite

En enero del año pasado, el Gobierno de Maduro anunció que estaba negociando para desarrollar un nuevo satélite que reemplazara al Venesat-1, el lanzamiento se haría antes de que dejara de tener vida útil el Simón Bolívar. La propuesta del chavismo a China, específicamente a la Corporación Industrial China Gran Muralla, fabricante de los tres satélites venezolanos (Venesat-1, Vrss-1 y Vrss-2), «era lanzar el Venesat-2 (Guaicaipuro) un año antes (2022) de que el Simón Bolívar dejara de estar operativo y coexistieran juntos por un tiempo, pero supongo que ahora tendrán que adelantar el proyecto», comentó Zambrano.

Venezuela cuenta todavía con los otros dos satélites, lanzados igualmente con la ayuda de China. El segundo en llegar a órbita es el satélite de observación Francisco de Miranda (Vrss-1), en septiembre de 2012, con la finalidad de impulsar la investigación de los recursos, la protección del medio ambiente, el seguimiento y la gestión de desastres, y la planificación urbana. Y el tercero es el teleobservador Antonio José de Sucre (Vrss-2), lanzado en octubre de 2017 con el objetivo de reforzar el trabajo del Vrss-1.

En octubre pasado, Maduro celebraba el aniversario número 11 del sátelite. «Hace 11 años se lanzó al espacio el primer satélite de nuestra Patria: el Simón Bolívar. Llegó para consolidar y ampliar las telecomunicaciones en todo el territorio. Venezuela tiene toda la capacidad para lograr la independencia tecnológica definitiva. ¡Vamos por más!». Pero cinco meses después estarían despidiendo al Venesat-1, casi en un discreto acto fúnebre, quedando a un lado cualquier posibilidad de «independencia» tecnológica, y por lo tanto, con las ganas de ir a por más.

 

Coronavirus: por qué Venezuela se quedó sin gasolina y qué consecuencias tiene en medio de la crisis por el covid-19 por Guillermo D. Olmo – BBC News – 6 de Abril 2020

Fila.
Las enormes filas junto a las gasolineras se han vuelto habituales.

La escasez de gasolina es un problema crónico desde hace años en Venezuela, pero la llegada de la pandemia de coronavirus lo ha agravado en el peor momento y ya incluso en la capital, Caracas, normalmente bien abastecida, resulta casi imposible repostar.

La mayoría de las gasolineras están cerradas y enormes colas de autos, a veces de más de un kilómetro, se forman junto a las pocas que siguen funcionando.

Desde que el pasado 17 de marzo el presidente, Nicolás Maduro, anunció una cuarentena nacional para hacer frente a la emergencia provocada por la covid-19, se repiten las quejas de profesionales de los servicios sanitarios y productores de alimentos por la falta de combustible.

En muchas estaciones de servicio, los conductores se encuentran con un despliegue de militares y policías que les informa de que solo se suministra combustible a los vehículos de los servicios esenciales.

El pasado virenes, después de días de silencio, el gobierno confirmó en un comunicado lo que muchos ya habían notado. Está en vigor un plan de racionamiento.

En el contexto actual de pandemia, los efectos de la escasez de combustible, para el que los expertos no atisban una solución a corto plazo, puede tener graves consecuencias.

GasolineraDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionLas fuerzas de seguridad controlan el suministro en las gasolineras que quedan abiertas.

Por qué escasea la gasolina

En su comunicado, el gobierno culpó al “perverso plan bloqueo de naval de Estados Unidos”, que estaría impidiendo el suministro de insumos necesarios para la producción del combustible.

Pero los problemas vienen de tiempo atrás.

Pese a que se estima que Venezuela es el país con las mayores reservas de crudo del mundo, la escasez de gasolina se fue haciendo habitual en paralelo al deterioro de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Según los expertos, la petrolera estatal sufre los efectos de años de mala gestión, falta de inversión y corrupción.

Antonio de la Cruz, experto de Inter American Trends, le dijo a BBC Mundo que “los parques de refinería del país colapsaron y la producción nacional de gasolina es hoy muy baja”.

“Aunque llegaron a producir más de un millón de barriles de gasolina diarios, los parques están hoy trabajando a un 10 o un 15% de su capacidad”, indica el experto.

El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios de BBC Mundo.

Barcos de PDVSALos activos de PDVSA se deterioraron por la falta de mantenimiento e inversión.

Fuentes conocedoras del sector explicaron que luego se sumó el impacto de la política de Estados Unidos, que para lograr su objetivo de forzar la salida de Nicolás Maduro del poder, extendió sus sanciones hasta las operaciones de PDVSA, lo que agravó sus dificultades.

Para compensar la caída de la capacidad refinadora nacional, el gobierno venezolano había optado en los últimos meses por importar gasolina a cambio de crudo, principalmente a través de la rusa Rosneft.

Pero entonces, se desató lo que Francisco Monaldi, analista de Política Energética del Baker Institute, describe como una “tormenta perfecta para Venezuela”.

En febrero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Rosneft Trading, la filial de Rosneft que había estado colocando en el mercado gran parte de la producción de crudo venezolano. Esa vía para sortear las sanciones quedó entonces cerrada.

En marzo, a medida que los muertos por la pandemia se acumulaban en Italia, y gobernantes de todo mundo se convencían del peligro real y sus potenciales consecuencias económicas, Rusia y Arabia Saudí, dos de los mayores productores mundiales, se lanzaban a una guerra de precios con la que ambos buscaban copar el mercado ya en caída libre.

Con un cuarto de la población mundial en cuarentena, la demanda global de petróleo se desplomó a la misma velocidad que el precio del barril, que cayó por debajo de los US$30, menos de lo que a Venezuela le cuesta producirlo, como reconoció Maduro en un mensaje televisado al país.

El mercado petrolero mundial se encuentra en un colapso histórico“, concluye Monaldi.

“Aunque Rusia y Arabia Saudita alcancen un acuerdo pronto, la caída de la demanda provocada por la pandemia durará más”.

“¿Quién se va a arriesgar a hacer tratos con Venezuela y ser sancionado por Estados Unidos en un mercado inundado de petróleo barato?”, se pregunta el experto.

El 28 de marzo Rosneft anunció el cese de sus actividades en Venezuela y la transferencia de sus activos a una empresa propiedad exclusiva del Estado ruso.

¿Hay solución?

Mujer de Venezuela
Un tercio de la población de Venezuela sufría inseguridad alimentaria ya antes de la pandemia.

Si no encuentra quién le compre su petróleo, Venezuela tendrá muy difícil encontrar quién le venda gasolina.

La escasez se nota ya, no solo en las carreteras y ciudades del país, sino también en la estadística.

Según datos internos de PDVSA y de la consultora Refinitiv Eikon citados por Reuters, hasta la última semana de marzo, Venezuela había importado solo 90.417 barriles diarios de gasolina, lejos de los 165.000 de enero y febrero.

En los últimos días, trascendió un plan para reactivar la capacidad de producción de gasolina de la refinería de El Palito, en el Estado Carabobo, pero los expertos dudan de la viabilidad de esta instalación emblemática, sobre la que llevan años denunciándose fallos.

PDVSA se encuentra, además, en un proceso de renovación interna anunciado el pasado 19 de febrero por Maduro que ha llevado a la sustitución de muchos de sus cargos directivos. Algunos de sus antiguos gestores han sido detenidos y encarcelados.

De La Cruz estima que antes de la cuarentena Venezuela consumía aproximadamente 120.000 barriles de gasolina al día y que ahora el gobierno solo cuenta con unos 6.000 diarios para abastecer a todo el país.

Monaldi pronostica una “escasez de gasolina permanente”.

Cómo afecta la escasez de gasolina en plena pandemia

Mercado
Se teme que la falta de combustible provoque escasez en los mercados.

Venezuela es uno de los países de América Latina que menos casos (144) y muertes (3) había reportado hasta la semana pasada.

Pero el país es considerado por la Organización Panamericana de Salud uno de los más potencialmente vulnerables de la región, y los trabajadores de centros médicos y hospitales denuncian que sin gasolina, ni transporte público por la cuarentena, les resulta imposible llegar a trabajar.

“Esta situación es muy difícil, tomando en cuenta que no solo se atenderán pacientes infestados por este virus”, le dijo la presidenta del Colegio de Médicos del Estado Barinas, Virginia Sarmiento, al medio local “El Pitazo”. Sarmiento advirtió de que “el número de médicos va a ser insuficiente».

Varias organizaciones no gubernamentales alertaron de que cerca de 10.000 enfermos del riñón corren peligro si no se soluciona el problema de la escasez de combustible para que puedan acudir a someterse a sus tratamientos de diálisis.

La otra gran preocupación son los alimentos.

Según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, un tercio de la población venezolana se hallaba en situación de inseguridad alimentaria ya antes de la pandemia.

Luis Vicente León, de la consultora Datanálisis, cree que la falta de combustible, sumada a los problemas de flujo de caja del gobierno, el impacto de la pandemia y la falta de acuerdos entre el chavismo y la oposición, hacen “probable” que los alimentos también acaben escaseando.

Ya agricultores y ganaderos han empezado a reportar problemas para transportar sus mercancías a los mercados y se teme que la cosecha de varios productos se eche a perder por el problema de la gasolina.

El presidente de la Asociación de Ganaderos de Táchira, Edgar Medina, señaló que el combustible que se les está suministrando no alcanza en muchos casos para cubrir las distancias que separan los centros de producción de los puntos de venta y pidió al gobierno que se permita la importación de gasolina desde Colombia, aunque eso suponga un sobrecoste para los productores agrarios.

“Que se nos dé la oportunidad de seguir trayendo la comida”, pidió

Así fueron despedidos 650 trabajadores del Parlamento por la ilegítima directiva de Parra por Anaísa Rodríguez – El Cooperante – 6 de Abril 2020

 El Sindicato Nacional de Funcionarios de Carrera Legislativa (Sinfucan), denunció que la autojuramentada directiva encabezada por el diputado Luis Parra, despidió recientemente a 650 trabajadores, entre los cuales se encuentran asesores, técnicos y asistentes. José Gregorio Roa, director General de Desarrollo Humano afín a Parra, asegura que no hubo despidos, y se contradice al cambiar la versión que dio a trabajadores en días pasados, en las que explicaba que la nómina fue depurada y «se sacó a quienes cobraban sin trabajar en anteriores gestiones».

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José Vicente Rivero, secretario general de Sinfucan, dijo a El Cooperante que el pasado 30 de marzo, recibió llamadas de varios empleados de la Asamblea Nacional (AN) quienes le notificaron que no recibieron el pago correspondiente a su quincena, lo cual no le sorprendió en primera instancia, debido a que a veces los fondos demoran cierto tiempo en hacerse efectivos.

Según Rivero, un empleado de Parlamento envió un mensaje de WhatssAp de José Gregorio Roa en el que expresaba que 650 trabajadores fueron sacados de la nómina por no cumplir con sus obligaciones laborales.

 

 

Según Rivero, este mensaje se traduce en que esos 650 trabajadores “están botados” y que están siendo violentados todos sus derechos, los cuales están establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo.

“Ellos han argumentado que no están botando a nadie, porque estas personas supuestamente no van a trabajar y están cobrando. Inclusive, Parra dijo que estos empleados tienen años sin ir a trabajar y eso es totalmente falso. Los trabajadores que no asisten es porque están de reposo, de vacaciones o tienen cargos de contratados,  trabajan por guardias o asisten de manera presencial a la Asamblea Nacional cuando son llamados por sus jefes directos y son asistentes, técnicos o asesores. Están actuando de manera arbitraria y despidieron masiva e injustamente a 650 trabajadores. No llamaron a nadie ni han dado explicaciones de porqué no les pagaron, solamente dijeron que están depurando la nómina”, condenó.

El secretario lamentó que el sustento de los empleados esté en riesgo en medio de la pandemia generada por la Covid-19. «Ellos cuentan con un quince y último, están en su casa en cuarentena. ¿Cómo van a sobrevivir esas personas? Con eso al menos compraban uno o dos kilos de carne y una harina pan».

“Parra dijo hace unos días en un programa de televisión que estaba haciendo auditoria. ¿Por qué no acudió al Ministerio de Trabajo? ¿Por qué hizo un despido masivo? ¿Sabe el señor Parra que en ese caso debió acudir al Ministerio y sentarse con los sindicatos en una mesa de trabajo, para llegar a acuerdos y que debe tener la partida presupuestaria para generar los despidos? No lo sabe porque desconoce la norma y el estado de derecho”, fustigó.

Asimismo, destacó que Sinfucan no “está amparando sinvergüenzura” de ningún trabajador para mantener “nóminas abultadas” como alegó Parra, y expresó que “estamos con el debido proceso y sobre todo, estamos conscientes de que estamos en una crisis y hay que tener un poco de humanidad. Más ahora que estamos en cuarentena y en un país donde no hay Estado de derecho”.

Para Rivero, de estos 650 empleados que fueron despedidos, la mayoría está sufriendo represalias por apoyar a Juan Guaidó y por pertenecer a equipos de trabajos, departamentos y comisiones integradas por diputados que han expresado abiertamente su rechazo a Luis Parra.

Reclamo de una empleada que no recibió pago correspondiente a la segunda quincena de marzo. Foto: Cortesía.

“En pocas palabras, lo que sucede es que muchos de estos trabajadores laboran con el diputado Guaidó y como están cumpliendo funciones con diputados de la Asamblea Nacional que apoyan a Guaidó, les quitaron el sueldo”, aseveró.

José Vicente Rivero, secretario general de Sinfucan. Foto: Cortesía

Parra no ha despedido a ningún trabajador

José Gregorio Roa, director General de Desarrollo Humano de la autojuramentada directiva de Parra, expuso en conversación telefónica con El Cooperante que ningún trabajador ha sido despedido por orden de Luis Parra y que todo se trata «de un ajuste en la modalidad de pago», para que los trabajadores cumplan con su horario de trabajo.

Roa calificó de “chismes de pasillo” las declaraciones emitidas por el Sindicato de Funcionarios de la Asamblea Nacional (Sinfucan) y aseveró que en la Asamblea Nacional hay personas que están fuera del país e igual percibían pagos por parte de la junta directiva de Juan Guaidó.

“Sinfucan no maneja ninguna información oficial. Solo han salido a decir incoherencias y como dicen en mi pueblo: chismes de pasillo. Desde que llegamos en enero observamos que existía desigualdad entre el número de personas que cobraban por nómina y el número de personas que asisten físicamente a las áreas de trabajo del Palacio Legislativo, por lo que comenzamos a revisar la nómina y nos percatamos que eran muchos los casos de personas que no van a trabajar”, señaló.

Según Roa la medida que tomaron fue implementar el registro de asistencia diaria en cada uno de los departamentos, de forma manual: quien asiste a su dependencia debe firmar diariamente una hoja blanca donde está la hora de llegada y la hora de salida.

“Dicen que los despidieron para dar una información malsana. Ningún trabajador ha sido despedido. En este momento no existe ningún despedido por parte de la gestión del presidente Luis Parra”, subrayó Roa.

Asimismo, detalló que luego de verificar las listas de asistencias y “hablar” con los trabajadores de cada una de las dependencias, tomaron la decisión de cambiar la modalidad de pago a los empleados que “nunca iban a trabajar”.

“Ese cambio de modalidad de pago no lo creamos nosotros, es una figura que manejaban anteriores gestiones con el fin de que los trabajadores se presenten a las instalaciones de la Asamblea Nacional (AN). La persona sigue en nómina, sigue siendo un trabajador, pero en cambio de cobrar por cuenta del banco, cobraría por cheque. En ningún momento se ha despedido a nadie, comenzando que para despedir a alguien se debe hacer el procedimiento legal ante la inspectoría del trabajo”, apuntó.

Seguidamente, enfatizó que esta medida fue tomada para hacer justicia laboral, como respuesta a las nóminas abultadas y a los demás trabajadores que “sí asisten a su lugar de trabajo y gastan lo poco que ganan en transporte, mientras hay personas que no trabajan y que cobran lo mismo o cobran más que los que si asisten a trabajar”.

Según Roa,  Parra ha dado múltiples beneficios y reivindicaciones a los 5.200 empleados que son nómina de la AN. Asegura haberse logrado nuevo tabulador; aumentó del 100% de todos los sueldos;  reclasificación a 300 trabajadores, y hasta entrega, según su versión, de bolsas de mercado y la aprobación de una nueva escala en la prima de antigüedad y un bono de productividad trimestral.

  • El empleado de la Asamblea Nacional (A) que menos gana en la escala del tabulador es un obrero 1 y su sueldo base es de 350 000 bolívares, al sumarle las primas podría ganar hasta 600 000 bolívares. Mientras que el profesional 4 que es el empleado que más gana, su sueldo base es de 2 000 000 de bolívares y con las primas llega a ganar 3 000 000 de bolívares, fue la defensa de Roa.
José Gregorio Roa, director General de Desarrollo Humano de la autojuramentada directiva del diputado Luis Parra,

Empleados que están de reposo o de vacaciones se les pagará los próximos días

El representante de Luis Parra, precisó que cuando el departamento de nómina clasificó a quienes no asistieron a trabajar, para cambiarles la modalidad de pago, cometió el error “de incluir a algunas personas en esta clasificación”, porque están de reposo y de vacaciones y Recursos Humanos no fue notificado.

“Hay otras que están adscritas a un área y trabajan en otra y no firmaban asistencia donde correspondía. Luego de revisar y constatar que si trabajan y que si están de vacaciones o reposo fueron incorporados a la nómina para que cobren a través de su cuenta bancaria. Ese detalle fue subsanado en menos de 3 días por parte de Recursos Humanos”, dijo.

Pese a esto, Roa dice no conocer el número de empleados que no cobró el pago correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo. Además, dijo que no sabe la fecha exacta en la que cobrarán, porque es el Ministerio de Finanzas el que se encarga de pagar a los empleados del Parlamento.

“Desde el día martes, 31 de marzo entregamos la nómina compensatoria, fue recibida por el Ministerio de Finanzas para su revisión y procesamiento. No hay fecha exacta de pago, pero nosotros aspiramos que puedan cobrar esta semana. Personalmente he llamado al ministerio todos los días para presionar y que cancelen lo antes posible, pero nos dijeron que no tienen fecha exacta de pago. Dependemos del Ministerio por el tema del desacato”, añadió.

Roa aseguró que el Sindicato de Funcionarios de la Asamblea Nacional (Sinfucan), se empeña en poner las diferencias políticas por encima de los trabajadores e hizo un llamado “a sumarse al trabajo y a que no se conviertan en cómplices de nóminas abultadas, donde el único perjudicado es el trabajador”.

“¿Por qué no llamaron a los empleados para que fueran a buscar el cheque?”

El asistente de presidencia del Parlamento Amazónico, Ezequiel López indicó que el último pago que recibió como trabajador contratado fue el viernes 28 de febrero y aseveró que no recibió ninguna explicación de las razones por las cuales fue despedido.

“Esto está hecho con la intención mal sana de perjudicarnos a nosotros. Recursos Humanos podía llamarnos. ¿Por qué a mí no me han llamado? Ellos tienen mi teléfono, tienen mis datos y tienen los datos de todos los empleados. Es falso que dicen que van a pagar con cheques, porque hay mucha gente que no cobra desde enero y nunca los han llamado para que vayan a buscar ningún cheque”, reprochó.

Al igual que Rivero, López explica que los empleados que no asisten de manera regular a la Asamblea Nacional es porque están contratados y no debían cumplir horario, sino asistir cuando su jefe inmediato lo indicara.

“Los empleados que desempeñan cargos como el mío, de asistente o asesores no requieren que se cumpla un horario fijo como los demás cargos administrativos. Lo que pasa es que sabemos que no nos quieren ver porque trabajamos con diputados que apoyan a Guaidó y no a Parra, pero no se justifica que nos despidan de manera arbitraria o que nos suspendan el pago de esta forma. Ellos debían pagarme hasta diciembre, porque me renovaron contrato en enero, soy personal contratado y debo cobrar hasta el mes de diciembre”, afirmó.

Asimismo, resaltó que el Parlamento Amazónico es un ente legislativo descentralizado y de carácter internacional. Se rige por sus propios estatutos y tiene su propio reglamento, como el Parlatino y el Mercosur. «El nombramiento, remoción de la directiva y de funcionarios del Parlamento Amazónico es potestad de la directiva del parlamento y no de la Asamblea Nacional.

“Es criminal quitarle el sueldo a un trabajador en medio de la pandemia”

Un empleado que prefirió mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, rechazó enfáticamente que 650 empleados hayan sido despedidos o sacados de nómina sin habérseles notificado y cuando hay inamovilidad laboral en el país debido a la llegada de la Covid-19.

“El usurpador de Parra es tan descarado que no respeta ni lo que dice el propio Maduro. Maduro decretó inamovilidad laboral y no les importó despedir a 650 empleados en medio de la crisis que estamos viviendo. No pueden despedir a los trabajadores sin reunirte con los sindicatos, son unos grandes embusteros y unos usurpadores”, condenó.

A la vez que catalogó de “burla” que Roa haya dicho que iba a pagar por cheque cuando la ciudad está hecha un caos y los bancos están cerrados y exclamó: es criminal porque si las medidas por la pandemia se prolongan más meses, los empleados no van a poder cobrar esos cheques. Hay empleados que hoy no tienen medio porque les quitaron su sueldo, es un acto criminal.

“Nos persiguen porque somos de Voluntad Popular, porque reconocemos a Juan Guaidó como presidente y no a Luis Parra. Todo esto es una persecución política, nosotros no nos préstamos para vagabunderías y por eso nos persiguen”, manifestó.

En contexto

El 5 de enero de 2020 debía instalarse la junta directiva de la Asamblea Nacional para un nuevo periodo legislativo, sin embargo, desde tempranas horas de ese día los parlamentarios debieron enfrentarse a la militarización del Palacio Legislativo y horas más tarde, verían un hecho sin precedentes: un golpe parlamentario.

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Yaracuy, Luis Parra se autojuramentó esa tarde como presidente de la Asamblea Nacional (AN), junto a otros tres líderes políticos disidentes, quienes a su juicio, conformarían la nueva junta directiva: Franklin Duarte, como  primer vicepresidente; José Gregorio Noriega, en la segunda vicepresidencia, y por último, en la secretaria de cámara, Negal Morales.

La imagen de Juan Guaidó subiendo por una reja para ingresar al Palacio Legislativo le dio la vuelta al mundo. Impidieron su entrada para que los diputados que se autodenominaron integrantes de “la rebelión de las regiones”, ocuparan desde ese domingo los espacios del Parlamento.

Tras horas de tensión, Guaidó convocó a una sesión en la sede de El Nacional en Los Cortijos, en el Este de Caracas, donde fue juramentado con el voto de 100 diputados. Durante los días siguientes los espacios de la Asamblea Nacional (AN) continuaron militarizados y los diputados que apoyaron a Guaidó no han vuelto a sesionar en el hemiciclo del Palacio, salvo en una oportunidad en la que pudieron entrar, literalmente, a empujones.

Ecoanalítica prevé que exportaciones petroleras de Venezuela caerán a 380.000 b/d – Petroguía – 7 de Abril 2020

El PIB petrolero de Venezuela caerá 20% en 2020 según Ecoanalítica (Foto PDVSA)

La firma consultora Ecoanalítica realizó una nueva revisión de sus proyecciones de 2020 para Venezuela y señala que en ámbito de los hidrocarburos ahora asumirá un precio promedio anual del crudo de ese país en 21 dólares por barril, lo que implica una corrección del nivel de 30 dólares que se planteó en febrero aún antes de que se diera la guerra de precios del crudo y se declarara la pandemia del coronavirus COVID-19.

“En ese nuevo escenario estamos asumiendo un caída de 20% del producto interno petrolero y un volumen de exportación en el entorno de 380.000 barriles diarios, que podrían generar menos de 4.000 millones de dólares”, comenta. Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica. “Antes de la pandemia el sector petrolero iba a aportar entre 13.000 millones y 14.000 millones de dólares”, añade.

El año pasado, el escenario que Ecoanalítica se planteó para Venezuela en 2020, cuando ni siquiera había noticias del coronavirus, partía de un estancamiento de la producción petrolera en 900.000 barriles diarios con exportaciones entre 700.000 y 720.000 barriles diarios y un precio promedio de la cesta venezolana de 51,40 dólares por barril.
No obstante, la situación cambio a mediados de enero y luego en febrero cuando se empezaron a ver los efectos del coronavirus en la economía de China, donde se dio el brote del COVID-19. En tal sentido, los técnicos esta consultora hicieron una primera corrección que partió de asumir una contracción del PIB petrolero en 10,6% y un desplome en los ingresos por el orden de 5.000 millones de dólares con respecto a la previsión original.

Las proyecciones originales de Ecoanalítica asumían cierto respiro para la economía venezolana y su sector petrolero en parte porque la empresa rusa Rosneft estaba vendiendo el crudo que recibía de PDVSA con descuentos de entre  25% y 30%, pero a mediados de febrero eso cambió el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a dos filiales de esa corporación con el fin de frenar que Venezuela obtuviera algún tipo de ingreso en divisas.

Un aspecto que para fines de 2019 asumía Ecoanalítica era que la venta de ese crudo aportaba dólares que se utilizaban para importar combustibles, principalmente gasolina para abastecer el déficit de oferta que existe por los problemas en las refinerías que tiene Venezuela. Sin embargo, también por las sanciones a Rosneft, esta posibilidad ahora se dificulta más.

Ecoanalítica ahora prevé que el la economía venezolana se contraiga en 25% y no 10,6% como fue la previsión original y el PIB no petrolero se desplome 25,5%

México toma el relevo de Rusia y ya distribuye el crudo venezolano por David Alandete – ABC – 6 de Abril 2020

Dos desconocidas empresas radicadas en México llegan a un pacto para intercambiar petróleo de Maduro por maíz y agua potable

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El Gobierno de Estados Unidos investiga un reciente acuerdo entre dos desconocidas empresas mexicanas y la petrolera estatal venezolana por si le está sirviendo a Nicolás Maduro para sortear el duro régimen de sanciones aprobado el año pasado. En virtud de ese acuerdo alcanzado a finales del año pasado, dos compañías radicadas en México y sin apenas experiencia en el sector petrolífero van a adquirir un total de 15 millones de toneladas de crudo de Pdvsa a cambio de 210.000 toneladas de maíz y 1.000 tanques de agua potable.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo la semana pasada a ABC que para EE.UU. «está claro que las actividades de esas dos empresas son sancionables». «No hay duda de que están prestando apoyo material al régimen de Maduro, y eso desde luego es motivo de sanciones»,dijo ese alto funcionario, quien de hecho reveló que ya ha requerido información al gobierno de México sobre ambas compañías.

Los abogados de las dos firmas, Libre Abordo S.A. y Schlager Business Group, mantienen según estas que ese trato no viola las sanciones de EE.UU. porque no hay una transacción monetaria, sino que se entrega petróleo por material de primera necesidad. Ambas empresas son relativamente nuevas y están conectadas entre ellas. Una de la copropietarias de Libre Abordo, Verónica Esparza García, es gerente de Schlager. De momento, Libre Abordo ya ha extraído como mínimo 13 cargamentos en petroleros desde Venezuela. Ambas revenden el crudo.

De este modo, México ha tomado el relevo de Rusia como principal exportador del crudo venezolano. En diciembre, la petrolera estatal rusa Rosneft adquirió un 78% de la producción de Pdvsa. En febrero, EE.UU. tomó la decisión sin precedentes de dictar sanciones contra la filial de Rosneft encargada de distribuir el crudo venezolano. Inmediatamente, Rosneft canalizó la distribución de ese combustible por medio de otra filial, la empresa suiza TNK, que había adquirido a BP años atrás. El 12 de marzo, EE.UU. amplió las sanciones a TNK. Después, las compañías mexicanas tomaron el relevo. Hace una semana, finalmente, la rusa Rosneft anunció que se salía del mercado venezolano y vendía todos sus activos en el país caribeño a un holding que es 100% propiedad del gobierno ruso. A finales del año pasado, Pdvsa extraía de sus campos en Venezuela algo menos de 800.000 barriles diarios.

Como hacía la petrolera rusa, las dos compañías mexicanas mantienen a Asia como su mercado principal. El carguero Perfect ha llevado crudo venezolano distribuido por Libre Abordo a Malasia y Singapur. Esta empresa utiliza además el buque Lion King. Por su parte, Schlager también hará rutas similares con los petroleros Euroforce, Afra Laurel e Icaria. Lo único que ha dicho la empresa Libre Abordo por comunicados con los medios es que ni distribuye el petróleo venezolano por medio de casas de comercio ni lo entrega a Rosneft.

En octubre de 2018 otro negocio mexicano en Venezuela provocó un escándalo de proporciones mayúsculas en el continente. La Procuraduría General de la República de México, todavía bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, denunció entonces que varios altos mandos del régimen chavista habían conspirado con compañías mexicanas para inflar los precios de los paquetes de ayuda de alimentos básicos que se entregaban a los venezolanos más necesitados, las llamadas «bolsas Clap». La fiscalía demostró que varios funcionarios venezolanos y empresarios mexicanos adquirieron al por mayor productos de baja calidad y los vendieron al estado venezolano a casi el triple de su precio real. Entonces las autoridades estadounidenses identificaron al colombiano Alex Saab como mediador y parte central en la investigación. La fiscalía estadounidense le imputó en julio de 2019 a Saab un delito de lavado de dinero por un monto de 350 millones de dólares (313 millones de euros). Un juez de Miami instruye su caso.

La llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno mexicano ha supuesto un cambio en las relaciones del país norteamericano con el resto del continente. Aunque López Obrador y Donald Trump mantienen una buena relación personal, el presidente mexicano es uno de los pocos en todo el continente que no ha reconocido a Juan Guaidó como representante legítimo de los venezolanos y mantiene relaciones con los diplomáticos de Maduro.

Al no poder vender su crudo por las diversas rondas de sanciones dictadas por Trump, y al ver completamente desbordado el almacenamiento de Pdvsa, el régimen de Maduro aumentó el año pasado los envíos a la isla de Cuba. Son remesas que han llegado hasta unos 170.000 barriles diarios según cifras de febrero de la consultora Refinitiv Eikon, que quedan en la isla a la espera de que el régimen venezolano puedo volver a venderlos en algún día a futuro. En septiembre de 2019, el gobierno estadounidense aprobó una serie de duras sanciones contra las empresas cubanas encargadas de transportar el petróleo venezolano a Cuba. Según el departamento del Tesoro (ministerio de Finanzas) tanto la empresa estatal Cubametales como otras asociadas estaban ayudando al régimen de Maduro a sortear las sanciones.

Estos pasados días el envío de petróleo a Cuba por parte de Maduro se ha disparado. Por ejemplo, solo entre el 28 y 29 de marzo los cuatro cargueros Esperanza, Alicia, Petion y Carlota C transportaron hasta 800.000 barriles de fuel, incluido diesel, desde Venezuela a almacenes de Cubametales en la isla. Los dos últimos petroleros están sujetos a sanciones por parte de EE.UU.

El jueves, el presidente Trump anunció el despliegue de barcos de la Armada en el Caribe, ante Venezuela, como parte de una campaña de mayor alcance para interrumpir las rutas de la droga con destino a EE.UU. Esa operación, que ya está en marcha, no tiene fecha de fin.

En febrero, un alto funcionario del Gobierno de EE.UU. dijo a ABC que la medida más drástica que han considerado para poder cortar de una vez el envío de crudo, la última fuente de liquidez del régimen, es un bloqueo naval con la movilización de la Armada. «¿Quiere decir esto que es necesaria una intervención militar? Esperamos que no», añadió esa fuente.

Además, pronto la Casa Blanca presentará su primera estrategia de seguridad para el continente americano desde la que George Bush hijo aprobó en 2004. Esa estrategia, que se hará pública en las próximas semanas, constará de cinco grandes puntos y uno de ellos está dedicado a la preservación de la democracia en todo el continente, con menciones expresas a la necesidad de un cambio democrático en Venezuela y Cuba. Su objetivo es lograr un continente americano completamente libre de dictaduras, lo que pasa por provocar cambios en esos dos países y también en Nicaragua.

 

El misterio del buque ReSolute que se negó a ser inspeccionado y el guardacostas venezolano que terminó hundido por Sebastiana Barráez – Infobae – 5 de Abril 2020

El guardacostas 23 ARB Naiguatá.

El guardacostas 23 ARB Naiguatá.

Como Oficial Naval manifestó su sentimiento de dolor “ante el hundimiento de una Nave de nuestra Armada, la GC 23 ARB Naiguatá. No es un simple barco, es un buque de 100 metros de eslora, con capacidad para 60 tripulantes a bordo, comisionado en 2012. Un buque en la mar no tiene ideologías, ni sufren del mal del castromunismo. Es un mundo de entrega, pasión por la mar, dedicación profesional”.

Así lo expresó el Vicealmirante Jesús Enrique Briceño García ex comandante general de la Armada (1995-1996), quien es Licenciado en Ciencias Navales, con tres postgrados en Gerencia Naval Básica y Táctico (Escuela de Postgrado de la Armada) y Electrónica de Radio (Escuela HMS Collinwood. Inglaterra), además de Cursos de especialización en Educación, Maestría en Estado Mayor (Escuela de Guerra Naval del Perú) y doctorado en Administración “Summa Cum Laude” (Universidad Santa María).

Este alto oficial ocupó todos los cargos de Operaciones y Comando en la carrera de un Oficial de la Armada, entre ellos el de Comandante del Patrullero Patria ARV y del Victoria ARV, además de Comandante de la Fragata ARV F21 y Comandante del Escuadrón de Fragatas. Fue director de la Escuela Básica de las FFAA, Comandante de Guardacostas, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.

Agrega el oficial retirado de la Armada que lo ocurrido es “un símbolo de la operatividad para una Armada cuya tripulación, a diferencia de sus altos mandos muchos corruptos y criminales, ofrendan todo, hasta la vida misma, a causa de la soberanía e integridad de los espacios acuáticos”.

Expresó con indignación que “ninguna persona que desconozca los hechos, debemos ser juez, hasta tanto no tengamos los elementos de juicio necesarios para saber qué fue lo que realmente aconteció”.

A su juicio ese caso debe estar en manos de la Inspectoría General de la Armada, por intermedio de la Comisión de Investigación de accidentes. “Es despreciable, leer articulistas que se mofan abiertamente del drama tan impactante por la cual pasaron esos tripulantes. Fui un Comandante operativo en mi vida como Oficial de la Armada, 17 años abordo y quiero rechazar los artículos donde se burla de una actuación operativa que solo, quienes estuvieron allí, pueden dar fe de lo que sucedió”.

Agrega que, si bien es cierto, “se perciben situaciones indebidas del tipo de rol en su acercamiento en la visita y registro, debe ser investigado. Que se perciba una maniobra en la mar de cruce de proa indebido, así es y debe ser investigado. Que es evidente las fallas de control de averías, es una de las causas del hundimiento y debe ser investigada. Que se perciba una falta de comando y control para el momento más crítico, es más que evidente, pero ninguno de quienes estamos ajenos a la realidad de ese suceso, podemos dar conclusiones al respecto hasta que la Inspectoría de la Armada no presente sus resultados de la investigación y eso sí lo debemos exigir”.

El buque

El buque “Resolute” navega bajo la bandera de Portugal (marinetraffic)

Considera el Vicealmirante Briceño García que “debemos pedir al Alto Mando Naval la evidente debilidad de dos Patrulleros Oceánicos hundidos. Que revisen los procesos de alistamiento operativo ya que el usado dista de uno seguro y confiable para la seguridad. Debemos exigirles como integrantes de nuestra Armada y como venezolanos, que se dediquen a mejorar los procesos de formación y alistamiento operativo en entrenamiento para evitar estos accidentes en la mar”.

Agrega que “para quienes aún no han sido contaminados por el castromunismo, Honor y Honra a quienes navegan y llevan en alto el prestigio del nuestra Armada y para quienes aún son Institucionales del Alto Mando Naval, exijan respuestas a tantas interrogantes que destruye lo que tanto se trabajó para tener una Armada Operativa”.

 

Más preguntas

Desde que ocurrió el incidente han quedado más dudas que respuestas. Empezando por el comunicado del 31 de marzo, suscrito por el ministro de la Defensa, en lugar de haber sido por la Comandancia de la Armada, por el Comando Estratégico Operacional e incluso por el Alto Mando Militar, porque la gravedad del hecho así lo ameritaba.

El escueto comunicado del ministro Vladimir Padrino López se limitó a decir que el 30 de marzo de 2020, poco después de la medianoche, “el Guardacostas Naiguatá (GC-23), de la Armada Bolivariana, encontrándose en labores de patrullaje marítimo de nuestro mar territorial, al noroeste de la isla La Tortuga; fue abordado (colisionado) por el buque de pasajeros “Resolute”, (122 mts. de largo y 8300 toneladas de desplazamiento), de bandera portuguesa, al momento en que se le efectuaba un procedimiento de control de tráfico marítimo, lo que generó daños de gran magnitud y ocasionó la zozobra del referido guardacostas”.

Agrega el comunicado que “la acción del buque Resolute se considera cobarde y criminal, toda vez que no asistió al rescate de los tripulantes, incumpliendo la normativa internacional que regula el salvamento de la vida en la mar. Este buque actualmente se encuentra en el puerto de Willemstad, capital de Curazao, donde atracó en horas de la mañana del día de hoy”.

Finalmente da cuenta de haber hecho por parte venezolana las labores de búsqueda y salvamento inmediatas, y que el “desempeño profesional y valiente de nuestros efectivos, permitieron el rescate íntegro de la tripulación. El Estado venezolano emprende las acciones legales correspondientes”, dice el ministro finalizando con las consignas de Chávez, lealtad y traición.

La empresa Columbian Cruise Services es la dueña del Resolute, un buque que ha estado implicada en varios hechos por lo menos extraños. La excusa de la empresa es que fue la Armada venezolana quien los agredió, cuando estaban a 13,3 millas náuticas de la Isla de La Tortuga, cuando luego de un día a la deriva iban con 32 tripulantes “para realizar un mantenimiento de rutina de un motor”.

La versión del capitán del Resolute es que mientras él estaba haciendo consultas desde el guardacostas Naiguatá les hicieron disparos de pistola, para luego aproximarse por estribor a gran velocidad y colisionar deliberadamente.

La Armada venezolana respondió ayer sábado, a través del comandante de la Armada, almirante Giuseppe Alessandrello, explicando que en las conversaciones del Naiguatá con el Resolute, se reconoce la jurisdicción de Venezuela y la autoridad del guardacostas. “El Resolute se niega a seguir las instrucciones del guardacostas venezolano”, destacando que el buque de bandera portuguesa agrede y zozobra a la nave venezolana.

Asegura Alessadrello que el Resolute abandona el naufragio. “Apaga el Sistema Automático de identificación. De esta manera, el hecho constituye una grave agresión a la soberanía nacional, que debe ser juzgada y condenada por instancias internacionales”.

La Armada venezolana publicó este sábado un video para demostrar que los disparos, a los que hizo alusión el capitán del Resolute, “fueron hechos con un fusil a la proa, al mar, al mar, delante de la proa del buque Resolute. Y acto seguido, después de los disparos, vamos a observar cómo el buque Resolute aborda al patrullero de guardacostas y lo golpea en reiteradas oportunidades sin detener sus máquinas”, explicó el comandante Alessandrello.

Aun nadie explica por qué el buque Solute se negó a ser inspeccionado y qué llevaba en su interior, en momentos en que es extraño que haya turistas en el mar con la pandemia que azota al mundo.

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