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La última plataforma de perforación petrolera sale de Venezuela – El Nacional – 7 de Agosto 2020

A medida que la situación en Venezuela se agudizó, los trabajos en el campo Petropiar se vieron afectados por demoras, robos de equipos y las persistentes fallas de energía

Perforación taladros petroleros Venezuela
Archivo

Nabors, contratista estadounidense, informó que desde el lunes cesó sus operaciones en la última plataforma de perforación petrolera que estaba activa en Venezuela, señaló el analista y consultor de energía David Blackmon en un artículo publicado en Forbes.

La plataforma de Nabors había estado operando en el prolífico campo Petropiar a instancias de una empresa conjunta entre Chevron y la estatal Petróleos de Venezuela.

Pero a medida que la situación en Venezuela se agudizaba, los trabajos se vieron afectados por demoras, robos de equipos y las persistentes fallas de energía.

Blackmon señaló que en Venezuela, siendo el país con las mayores reservas petroleras, ninguna empresa está dispuesta a tratar de explorar el territorio debido a las políticas de Nicolás Maduro, que calificó de estúpidas y brutales.

La decisión de Chevron de detener su programa de perforación se produjo meses después de que el gobierno de Donald Trump comenzó a aplicar una nueva ronda de sanciones al régimen venezolano.

“El deterioro en Venezuela no cambia la visión a largo plazo de la empresa sobre sus operaciones en el país. Chevron continuará cumpliendo con sus obligaciones contractuales según lo permitido por las sanciones actuales y la licencia general, con la intención de regresar a sus actividades normales a su debido tiempo”, dijo Ray Fohr, un portavoz de Chevron, a Forbes .

Bernadette Johnson, vicepresidenta de análisis estratégico de Enverus, señaló asimismo que la salida de la plataforma forma parte de las preocupaciones frente a la posibilidad de que el régimen de Maduro pueda apoderarse de ella. “Es desafortunado, pero no inesperado”, comentó.

Perú: médicos venezolanos para enfrentar la crisis del coronavirus – Deutsche Welle – 7 de Agosto 2020

La decisión del Gobierno peruano de contratar profesionales de la salud extranjeros que no hayan homologado sus títulos abre las puertas del mercado laboral a los inmigrantes. La medida, sin embargo, no gusta a todos.

    
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Las cifras son elocuentes: desde que comenzó la pandemia del coronavirus en Perú, 110 médicos y cerca de 90 trabajadores de la salud han muerto como consecuencia del COVID-19, y otros 7.000 han sido contagiados. El Colegio Médico incluso gestiona y financia vuelos para trasladar a los galenos que están más graves, con el fin de brindarles una atención que permita salvarles la vida. Es un escenario poco alentador y las autoridades sanitarias de ese país sudamericano lo saben. Por eso, el pasado lunes 3 de agosto el gobierno de Martín Vizcarra autorizó la contratación de médicos extranjeros que no estén colegiados y que, por tanto, no tienen sus títulos homologados.

La decisión abrió la puerta para los miles de médicos venezolanos que, tras emigrar hacia Perú, no han podido ejercer su profesión debido, precisamente, a que no habían podido realizar un trámite que suele ser muy costoso. “Hace unos meses se tomó la decisión de contratar médicos venezolanos, pero debían estar colegiados en Perú. Ahora ya no tienen que estar colegiados, pero sí deben tener sus títulos apostillados (legalizados)”, explica a DW Carlos Scull, representante en Perú del líder opositor Juan Guaidó, reconocido por una cincuentena de países como presidente encargado de Venezuela.

El presidente Martín Vizcarra y el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.El presidente Martín Vizcarra y el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.

“Es una idea muy positiva, estimamos que hay alrededor de 3.000 médicos cirujanos venezolanos en Perú y es bueno que ellos se puedan sumar a esta lucha contra el COVID-19”, dice el diplomático. Su representación está trabajando para legalizar los títulos. “Muchos tienen la disposición de moverse a provincias también, con tal de poder ejercer su profesión”, revela Scull, quien cuenta que solo el 20 por ciento de los doctores estaba colegiado. Al quitarse ese requisito, el abanico se abre bastante para los médicos extranjeros.

No todos están felices

Lías Siso, presidenta de la Asociación de Médicos Venezolanos en Perú, una de las entidades que colabora con las gestiones de Scull, explica que ha habido mucho interés por legalizar el título para poder optar a las ofertas de trabajo que se abran en el sistema público de salud peruano. “Es un llamado abierto al personal sanitario en general, cuyo objetivo es cubrir las necesidades que tiene el Estado peruano en el área del COVID”, explica Siso.

“Es una relación ganar-ganar”, apunta Scull. “Los médicos que no están colegiados y no habían podido ejercer han estado trabajando en la economía informal, en algunos casos vendiendo caramelos o en otras áreas que no tienen nada que ver con su formación. Con el coronavirus la situación de los venezolanos en Perú ha sido muy crítica, uno de cada tres se quedó sin empleo por la cuarentena”, detalla. “Pero esto permitirá visibilizar los beneficios de la migración para un país. Se trata de personas que están listas para incorporarse”, agrega.

Pero no todos están tan felices con la medida. El Colegio Médico Peruano dijo que el decreto de urgencia aprobado por el gobierno “promueve el ejercicio ilegal de la profesión”. El decano de la entidad, Miguel Palacios Celi, escribió en Twitter que en Perú “sí hay médicos que quieren trabajar”, pero recordó que desempeñarse en un hospital “es un acto heroico, pero no suicida”, por lo que pidió bioseguridad integral “y que paguen a tiempo”. Lamentó, además, que la medida vulnere el rol del Colegio Médico “como institución de vigilancia ética y deontológica del ejercicio de la medicina”.

Todos ganan

En la práctica, sin embargo, la verdad es que faltan médicos, y la propuesta del gobierno de Vizcarra busca, como dice el decreto, “cerrar una brecha de recursos humanos”. “Lamentablemente, en muchas provincias del interior del país hay hospitales colapsados, no tienen oxígeno y hay médicos que están enfermos, en reposo o que tienen permiso por la edad. Los casos no han dejado de aumentar, no hemos visto descenso en la curva de contagios”, dice Siso. En ese escenario, las manos venezolanas pueden ser de gran ayuda.

El mismo decreto explica que es una medida excepcional y que los profesionales contratados que no hayan homologado sus títulos deberán realizar los trámites para obtener el grado académico y título profesional una vez superada la pandemia. Lo importante, dijo el entonces primer ministro peruano, Pedro Cateriano, es que “ahora todos los médicos residentes en el país se sumarán a esta causa nacional”.

“Esta es una oportunidad para que los médicos venezolanos se puedan incorporar al mercado laboral y muestren su gran capacidad. Muchos países han empezado a ver que en sus flujos migratorios hay personal que pueden ayudar a enfrentar esta crisis. Ellos mejorarán su calidad de vida y podrán formalizarse, accediendo a beneficios que no se tienen en la economía informal, y además tributarán. De verdad acá todos ganan”, asegura confiado Scull. (ers)

Muere el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol tras sufrir un infarto bajo arresto por Alonso Moleiro – El País – 7 de Agosto 2020

Jesús Berardinelli, detenido con acusaciones de corrupción, llevaba dos semanas hospitalizado

Jesus Berardinelli (a la izquierda), quien fuera el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, en una conferencia de prensa, en junio.
Jesus Berardinelli (a la izquierda), quien fuera el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, en una conferencia de prensa, en junio.AFP

El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jesús Berardinelli, falleció el miércoles a causa de un infarto. El dirigente, que tenía dolencias crónicas de diabetes e hipertensión, llevaba dos semanas hospitalizado después de haber sufrido una insuficiencia respiratoria tras ser arrestado el pasado 20 de julio con acusaciones de corrupción. Tenía 61 años.

El dirigente estaba siendo investigado por desviar fondos públicos otorgados por el Estado venezolano a la federación. Unos días antes de su captura, el contralor del régimen bolivariano, Elvis Amoroso, había solicitado suspender las transacciones bancarias adjudicadas a Berardinelli para salvaguardar los recursos de la FVF. Amoroso ha declarado que el procedimiento era personal y solo afectaba al ejecutivo.

Al formalizar los cargos, el Ministerio Público acusó a Berardinelli de falsificación, difamación contra Rafael Dudamel, técnico saliente de la selección nacional, y por malversación de fondos. Fue el presidente de la federación el encargado de contactar al nuevo técnico del combinado nacional de Venezuela, recién nombrado, el portugués José Peseiro. Las acusaciones dirigidas a Berardinelli le habían impedido el derecho al voto en el Consejo Directivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol. Tanto la Conmebol como Peseiro han lamentado públicamente la muerte de Berardinelli

Berardinelli había sustituido a Laureano González de la presidencia de la FVF, quien se había separado del cargo el pasado mes de marzo por motivos de salud. Su muerte deja descabezado, de momento, al ente futbolístico venezolano, que tenía prevista la elección de sus nuevas autoridades para el año 2021. La federación no se ha pronunciado sobre sustitutos, aunque fuentes vinculadas al organismo aseguran que probablemente se acuerde un interinato que permita organizar las elecciones internas.

El arresto y las acusaciones a Berardinelli, si bien parecían fundamentados, han sido interpretados también como un esfuerzo de la burocracia chavista para colonizar definitivamente a la Federación Venezolana de Fútbol, espacio que no controla en su totalidad. El directivo fue en el pasado un personaje cercano al chavismo en su gestión ejecutiva.

Sin embargo, Berardinelli había acusado a Pedro Infante, ministro de Deportes de Maduro, y vicepresidente de la FVF, de estar detrás de una maniobra para atrapar y controlar políticamente a la institución. Una situación similar enfrenta el Gobierno con la Federación Venezolana de Baloncesto. Aunque fuentes vinculadas a la federación interpretan como difícil que Infante presente su nombre como candidato para las elecciones internas, se especula en torno a la posibilidad de que el chavismo busque, en cambio, una opción afín a sus intereses. De momento, se considera que es Laureano González, presidente de la FVF hasta marzo, quien tiene la mayor posibilidad de retornar al cargo. González es un hombre que pertenece a la burocracia de la federación y conserva muy buenas relaciones con el chavismo. Además, ha manifestado estar dispuesto a reasumir sus antiguas funciones.

El panorama del universo federativo futbolístico venezolano luce por ahora muy confuso. Aunque algunos han llegado a temer la posibilidad de una desafiliación por parte de la FIFA, la mayoría de los consultados lo considera muy poco probable. Berardinelli había dicho antes de morir que no había recibido dinero del Estado, sino un patrocinio por la venta de la imagen de la Vinotinto, en los últimos años adjudicado a la estatal Petróleos de Venezuela. Agregó, en una entrevista hecha un mes antes de morir que si el Gobierno de Maduro procedía contra su persona “la FIFA va a intervenir con todos los hierros”.

Berardinelli y Laureano González pasaron años trabajando a la sombra de Rafael Esquivel, el longevo presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, de origen canario, detenido en 2017 por estar vinculado a la red internacional de corrupción vinculada al caso FIFA. La caída de Esquivel los acercó y presentar una lista conjunta para asumir el control de la federación.

Venezuela lidera el ranking de miseria económica mundial por sexto año consecutivo – El Nacional – 6 de Agosto 2020

El Índice de Miseria de Bloomberg, que cuenta las perspectivas de inflación y desempleo para las economías de 60 países, ubicó también en los primeros puestos a Argentina, Sudáfrica y Turquía

miseria económica
Foto Kerwing Hernández @kerwinghg

Venezuela lideró por sexto año consecutivo el ranking de miseria económica mundial publicado por Bloomberg este jueves 6 de agosto.

La economía venezolana sigue sufriendo los altos precios, con una tasa de inflación actual del 4,043%.

El Índice de Miseria Económica de Bloomberg, que cuenta las perspectivas de inflación y desempleo para las economías de 60 países, ubicó también en los primeros puestos a Argentina, Sudáfrica y Turquía.

Estados Unidos cayó 25 puestos y se proyecta que verá la peor reversión de la fortuna este año, en gran parte debido a la pandemia. La caída se produce cuando el presidente Donald Trump lucha por la reelección, mientras millones de estadounidenses permanecen desempleados.

Islandia, Israel y Panamá son los países que más se acercan a ese nivel de deterioro en la clasificación anual.

El estudio de Bloomberg estima que casi todas las economías encuestadas serán más miserables este año en medio de la pandemia por el covid-19, y los analistas esperan un mayor desempleo.

Tailandia fue el país con la economía menos miserable, mientras que Taiwán mejoró dos puntos, ubicándose en el número seis y Singapur saltó al número dos en esa escala.

Europa mejoró en 10 puntos, ya que se estima que a diferencia de otros continentes, su economía no se vea tan afectada por la pandemia.

En China, donde el coronavirus se apoderó por primera vez, la economía se verá moderadamente afectada, mejorando siete lugares.

Los puntajes de este año en el Índice de Miseria se basan en encuestas de Bloomberg de las estimaciones de los economistas para el crecimiento de los precios de 2020 y el desempleo en cada economía y compara esos valores con los datos reales del año pasado.

 

Owens-Illinois reclama tanquero venezolano para cobrar deuda por expropiación – El Nacional – 6 de Agosto 2020

La empresa, que ahora se llama OI Glass Inc, se está cobrando parte de un laudo arbitral de 500 millones de dólares que ganó en 2015 contra Pdvsa

Owens-Illinois
Foto Archivo

El fabricante estadounidense de vidrio OI Glass Inc, anteriormente conocida como Owens-Illinois Inc, presentó una demanda en Singapur para tratar de apoderarse de un buque petrolero propiedad de Pdvsa.

Con esta acción la empresa se cobraría parte de un laudo arbitral de 500 millones de dólares que ganó en 2015, luego de que en 2010 el fallecido presidente Hugo Chávez ordenó la expropiación de dos de sus plantas ubicadas en Venezuela.

En la citación en el tribunal de Singapur, con fecha 4 de junio y a la que tuvo acceso la agencia ReutersOI Glass afirmó que tenía derecho a acciones en Ayacucho Shipping Pte Ltd con sede en Singapur, una asociación entre Pdvsa Marina y Petrochina.

El buque era uno de los cuatro que las dos compañías poseían a través de la empresa conjunta de Singapur, CV Shipping, que comenzó un proceso de liquidación administrado por el tribunal en febrero, según un boletín oficial de ese país.

En un intento por afectar la transferencia del barco a Owens-Illinois, Venezuela convirtió a INEA en la propietaria de Ayacucho y cambió el nombre del buque a Máximo Gorki, de acuerdo con la base de datos de envío Equasis y Refinitiv Eikon.

Transocean Shipping Co Ltd, con sede en Moscú, se convirtió en el gerente de la nave.

El Máximo Gorki ha estado en aguas venezolanas desde 2018 y Pdvsa lo ha utilizado como un almacén flotante durante el último año, indicó Refinitiv Eikon.

La compañía ahora planea enviarlo a un astillero chino para su mantenimiento y descargar los 2 millones de barriles de crudo pesado, aunque aún no tiene un cliente en espera.

El barco tiene un valor de alrededor de 24 millones de dólares, de acuerdo con una fuente de Reuters.

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Owens-Illinois reclama tanquero venezolano para cobrar deuda por expropiación

La empresa, que ahora se llama OI Glass Inc, se está cobrando parte de un laudo arbitral de 500 millones de dólares que ganó en 2015 contra Pdvsa

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Owens-Illinois
Foto Archivo

El fabricante estadounidense de vidrio OI Glass Inc, anteriormente conocida como Owens-Illinois Inc, presentó una demanda en Singapur para tratar de apoderarse de un buque petrolero propiedad de Pdvsa.

EN VIDEOS nuevo

Con esta acción la empresa se cobraría parte de un laudo arbitral de 500 millones de dólares que ganó en 2015, luego de que en 2010 el fallecido presidente Hugo Chávez ordenó la expropiación de dos de sus plantas ubicadas en Venezuela.

En la citación en el tribunal de Singapur, con fecha 4 de junio y a la que tuvo acceso la agencia ReutersOI Glass afirmó que tenía derecho a acciones en Ayacucho Shipping Pte Ltd con sede en Singapur, una asociación entre Pdvsa Marina y Petrochina.

El buque era uno de los cuatro que las dos compañías poseían a través de la empresa conjunta de Singapur, CV Shipping, que comenzó un proceso de liquidación administrado por el tribunal en febrero, según un boletín oficial de ese país.

En un intento por afectar la transferencia del barco a Owens-Illinois, Venezuela convirtió a INEA en la propietaria de Ayacucho y cambió el nombre del buque a Máximo Gorki, de acuerdo con la base de datos de envío Equasis y Refinitiv Eikon.

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Transocean Shipping Co Ltd, con sede en Moscú, se convirtió en el gerente de la nave.

El Máximo Gorki ha estado en aguas venezolanas desde 2018 y Pdvsa lo ha utilizado como un almacén flotante durante el último año, indicó Refinitiv Eikon.

La compañía ahora planea enviarlo a un astillero chino para su mantenimiento y descargar los 2 millones de barriles de crudo pesado, aunque aún no tiene un cliente en espera.

El barco tiene un valor de alrededor de 24 millones de dólares, de acuerdo con una fuente de Reuters.

Owens-Illinois reclama tanquero venezolano para cobrar deuda por expropiación

La empresa, que ahora se llama OI Glass Inc, se está cobrando parte de un laudo arbitral de 500 millones de dólares que ganó en 2015 contra Pdvsa

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El fabricante estadounidense de vidrio OI Glass Inc, anteriormente conocida como Owens-Illinois Inc, presentó una demanda en Singapur para tratar de apoderarse de un buque petrolero propiedad de Pdvsa.

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Con esta acción la empresa se cobraría parte de un laudo arbitral de 500 millones de dólares que ganó en 2015, luego de que en 2010 el fallecido presidente Hugo Chávez ordenó la expropiación de dos de sus plantas ubicadas en Venezuela.

En la citación en el tribunal de Singapur, con fecha 4 de junio y a la que tuvo acceso la agencia ReutersOI Glass afirmó que tenía derecho a acciones en Ayacucho Shipping Pte Ltd con sede en Singapur, una asociación entre Pdvsa Marina y Petrochina.

El buque era uno de los cuatro que las dos compañías poseían a través de la empresa conjunta de Singapur, CV Shipping, que comenzó un proceso de liquidación administrado por el tribunal en febrero, según un boletín oficial de ese país.

En un intento por afectar la transferencia del barco a Owens-Illinois, Venezuela convirtió a INEA en la propietaria de Ayacucho y cambió el nombre del buque a Máximo Gorki, de acuerdo con la base de datos de envío Equasis y Refinitiv Eikon.

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Transocean Shipping Co Ltd, con sede en Moscú, se convirtió en el gerente de la nave.

El Máximo Gorki ha estado en aguas venezolanas desde 2018 y Pdvsa lo ha utilizado como un almacén flotante durante el último año, indicó Refinitiv Eikon.

La compañía ahora planea enviarlo a un astillero chino para su mantenimiento y descargar los 2 millones de barriles de crudo pesado, aunque aún no tiene un cliente en espera.

El barco tiene un valor de alrededor de 24 millones de dólares, de acuerdo con una fuente de Reuters.

Régimen de Maduro comenzó a pagar el bono de guerra económica a pensionados – El Nacional – 6 de Agosto 2020

El monto otorgado se suma a los 400.000 bolívares que recibieron en julio correspondiente a la pensión de agosto, que pagó el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales

bono guerra económica
EFE/Miguel Gutiérrez

El régimen de Nicolás Maduro comenzó el miércoles a pagar 610.000 bolívares por el concepto de bono contra la guerra económica a los adultos mayores, que otorga a través del sistema Patria.

Este monto se suma a los 400.000 bolívares que recibieron en julio correspondiente a la pensión de agosto, que pagó el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

En total, los pensionados recibirán este mes 1.010.000 bolívares.

Con esta cantidad, ningún venezolano puede tener acceso a los productos esenciales de la canasta básica. Apenas pudieran comprarse un kilo de queso y medio cartón de huevos.

El régimen “dignifica” a los pensionados

El IVSS anunció en julio en Twitter, con bombos y platillos, que iban a depositar en las cuentas de los adultos mayores los 400.000 bolívares. “El gobierno bolivariano dignifica a las adultas y adultos mayores de la patria“, aseguró la institución.

La algarabía con la que se anunció el pago de pensiones hizo ruido hasta entre los seguidores del chavismo. Luigino Bracci Roa, parte del aparato de propaganda del régimen, criticó la forma de dar a conocer la noticia.

“Entiendo los graves problemas en los que estamos como país, que nos impiden pagar una pensión acorde. Pero, por favor, rediseñemos o pensemos mejor los mensajes, para que nuestros adultos mayores no se sientan burlados”, escribió en la red social.

El IVSS pidió a los adultos mayores hacer uso de los medios y canales electrónicos. Las instituciones bancarias están trabajando en un horario restringido y aplicando las recomendaciones sanitarias exigidas para evitar la propagación del covid-19.

“¿A ustedes no les da pena decir que 400.000 bolívares dignifican a un pueblo? Si eso no alcanza ni para el café. En lo que hay que montarse es en una alternativa económica que salve al pueblo. No vemos luz, el dólar sube, el bolívar no vale nada”, respondió otro ciudadano a la publicación del IVSS.

Y se sumaron más:

“Creo que 400.000 bolívares de pensión, con el precio de los alimentos y medicinas en dólares, no dignifica a nadie. ¿Se imagina una persona del gobierno lo que es vivir con esa cantidad en un mes? Sin ayuda familiar, los que están solos pasaron a ser personas en riesgo”.

“Camaradas, vean eso con cuidado, no se sigan burlando del pueblo. Acuérdense de que el pueblo es como el elefante y Dios. Son tardíos, pero no olvidan. Dejen la burla y la falta de respeto. El pueblo tiene hambre y necesidades”.

“Yo pensé que eran 400 dólares. ¿Será que esta gente en verdad cree que con 400.000 bolívares se puede hacer mercado? En verdad, no les da pena publicar eso. Seguimos mal y nada que resuelven al necesitado. A ellos seguro no les falta nada”.

Junta Administradora ad hoc de PDVSA resalta manejo transparente de sus filiales en EE.UU. – Centro de Comunicación Nacional – 5 de Agosto 2020

En función del compromiso que mantiene con la transparencia, el Presidente de la Junta Administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Luis A. Pacheco, presentó –ante las comisiones permanentes de Energía y Petróleo, Finanzas y Desarrollo Económico, y Contraloría– un resumen detallado sobre la gestión de la nueva administración de la estatal petrolera y sus empresas filiales, destacando el estatus actual de los activos recuperados o que aún se encuentran en disputa por su control, como es el caso de Nynas y otros activos de PDVSA en el Caribe. El representante de la Junta Administradora ad hoc aclaró que, en el caso de PDV Holding, Inc., CITGO Holding, Inc., y CITGO Petroleum Corporation, se trata de empresas registradas en el estado de Delaware, en Estados Unidos, y por ende, PDVSA ejerce su labor de accionista de acuerdo a las leyes de ese país.

Luis Pacheco destacó que para el momento en que se recibieron las compañías en 2019, estas atravesaban por una situación muy crítica, los bancos se negaban a renovar las líneas de crédito, existía un endeudamiento inadecuado, PDV Holding, Inc., CITGO Holding, Inc., y CITGO Petroleum Corporation, se encontraban bajo sanciones impuestas por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), había irregularidades en contratos suscritos por las administraciones anteriores, y CITGO estaba prácticamente perdida como consecuencia de las irresponsables políticas de expropiación y endeudamiento de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quienes además llevaron a las compañías a enfrentar litigios internacionales, poniendo en peligro su propiedad y permitiendo que avanzaran sin ejercer defensa alguna.

El Presidente de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA puntualizó que una vez que las juntas directivas asumieron el control total y por ende, la administración de las compañías, se logró avanzar –a pesar de la limitación de recursos humanos y financieros– en su recuperación, fortalecimiento y protección, mediante un exitoso refinanciamiento del 70% de la deuda de las entidades de CITGO –equivalente a 3.090 millones de dólares–, mejoras en las calificaciones de riesgo crediticio, aplicación de medidas para lograr una sólida gobernanza corporativa, el aumento en la capacidad de refinación en 20.000 barriles por día que permitió alcanzar un nuevo record de exportación de productos en el cuarto trimestre de 2019, un destacado desempeño ambiental y de seguridad, la reorientación del gasto dando prioridad a la inversión y al mantenimiento de las refinerías, y la contratación de asesores externos para realizar auditorías internas. Luis Pacheco agregó que se mantiene una relación de colaboración constante con las propias investigaciones que lleva adelante el Departamento de Justicia de EE. UU. Además, entendiendo la importancia que representan estos activos para la nación venezolana y el énfasis que se ha hecho en su defensa, se logró la protección de la administración norteamericana a las entidades de CITGO ante los acreedores.

Sobre las metas que se han trazado para 2020, el representante de PDVSA se refirió a los esfuerzos que se continúan haciendo para garantizar la protección de los activos de Venezuela en el exterior, así como las acciones en materia operativa y financiera –como la reducción en un 10% de las inversiones, y el refinanciamiento de la deuda– que se han tomado para contar con mayor liquidez de las entidades de CITGO ante la incertidumbre causada en el mercado por la pandemia del COVID-19.

En referencia a la Fundación Simón Bolívar –fundación benéfica de CITGO Petroleum Corporation– el presidente de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA destacó que –a partir de la llegada de la nueva administración– la Fundación replanteó su rol para poder maximizar el impacto de la ayuda que da a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, logrando así beneficiar –de la mano de diferentes y reconocidas ONG– a 33 hospitales, más de 10.845 profesionales de la salud, más de 257 comedores o centros comunitarios asistidos y un aproximado de 15.000 comidas servidas al mes.

Luis Pacheco puntualizó que, aunque el último año ha sido de logros importantes, el peligro sobre los activos no ha desaparecido, ya que la sombra del legado de los litigios y el cúmulo de deudas aún persiste; agregó que las soluciones sostenibles pasan por cambios políticos y legales que regresen a Venezuela a la normalidad democrática; y concluyó destacando que “todos los esfuerzos y logros materializados por las nuevas juntas directivas nos han permitido posicionar a las compañías –a pesar del crítico contexto mundial y las condiciones adversas que se encontraron– con mayor fortaleza y competitividad de cara al rol fundamental que van a desempeñar para la reconstrucción de Venezuela, una vez llegue el momento”.

La rendición de cuentas de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA fue realizada en un acto público en la Asamblea Nacional, en el que los diputados asistentes tuvieron la oportunidad de formular preguntas y despejar dudas. Con el fin de continuar impulsando la transparencia, que ha sido una máxima del Gobierno Legítimo, la sesión fue transmitida en directo a todos los venezolanos.

Embajador Ecarri alertó sobre el riesgo que correrá Rolando Figueroa si es extraditado a Venezuela – Centro de Comunicación Nacional – 5 de Agosto 2020

El pasado 21 de julio, el Consejo de Ministros de España, ratificó la decisión de la Audiencia Nacional de España de extraditar al ciudadano venezolano Rolando Figueroa, el mismo a quien el Estado español le concedió la residencia por razones humanitarias y está casado con una ciudadana española.

Ante esta decisión, el Embajador de Venezuela ante el Reino de España, Antonio Ecarri Bolívar, ha manifestado su preocupación ante una situación que pondría en riesgo la vida de un ciudadano venezolano.

“Nosotros respetamos escrupulosamente el Estado de Derecho y la autonomía de las decisiones del Poder Judicial español, pero nos llama poderosamente la atención que el Gobierno de España, a través de su Consejo de Ministros, ratifique la solicitud de extradición de un Tribunal Supremo de Justicia, como el de Venezuela, cuyas decisiones son consideradas contrarias a Derecho, porque la designación de sus Magistrados fue ilegal, tal como lo consideró la Asamblea Nacional de Venezuela, única institución legalmente reconocida por España y más de 60 países del mundo”

En este caso concreto, el acusador de Figueroa es el usurpador Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, quien ha sido sancionado por la Unión Europea, al igual que los magistrados Maikel Moreno, Presidente del TSJ, y su Vicepresidente, Juan José Mendoza, por lo que Ecarri ha asegurado que “de consumarse esta extradición, la vida de este ciudadano corre inminente peligro, al ponerlo en manos de un régimen que viola reiteradamente los Derechos Humanos, tal como se evidencia del Informe de la Alta Comisionada de los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, que la Justicia en Venezuela está politizada y, en consecuencia, no es justa ni equitativa”.

Venezuela es un país donde, si bien no hay pena de muerte establecida por la ley, sí que existen las ejecuciones extrajudiciales, como fueron los lamentables casos del Concejal Fernando Albán, quien fue lanzado del piso 9 de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar, mientras era interrogado; y el caso del Capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arévalo, quien fue torturado y asesinado bajo la custodia de la misma Dirección.

En definitiva, ha enfatizado Ecarri, “esto es un tema de Derechos Humanos y lo que queremos es que no se siente un precedente para todos los procedimientos abiertos en Venezuela contra venezolanos que se encuentran en el exterior, perseguidos por un estado violador de los DDHH, como lo es el Estado Venezolano. Es por eso que hacemos un llamado al Gobierno de España, para que reconsidere esta medida que vulnera los DDHH más elementales y que, además, entra en contradicción con las declaraciones de la Unión Europea, la ONU y todos los organismos internacionales defensores de los DDHH”, finalizó.

Maduro otorga máximo rango a alto militar sancionado por la UE y Estados Unidos – Deutsche Welle – 5 de Agosto 2020

El mayor general Néstor Reverol fue ascendido a General en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

    
Venezuela I Präsident Maduro und Innenminister Reverol I Jubiläum Nationalgarde (Reuters/Miraflores Palace)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, otorgó el máximo rango militar a su ministro de Interior, el general Néstor Reverol, funcionario sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), informaron fuentes oficiales el martes (04.08.2020).

“Con mucha conciencia de lo que hago y con mucha emoción, como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, he decidido otorgarle a usted, el ascenso como General en Jefe de la Guardia Nacional Bolivariana, es el primero en la historia”, fueron las palabras de Maduro durante el acto de los 83 años de la GNB, celebrado en Caracas en medio de la pandemia por el coronavirus.

Tachado de “leal” por el gobernante socialista, Reverol es el primer integrante de la GNB -cuerpo militar encargado del orden público- que alcanza el más alto rango más allá de las tres ramas tradicionales de la Fuerza Armada (Ejército, Armada y Aviación).

La cúpula militar es considerada uno de los pilares de Maduro, quien conserva el poder con respaldo de países como Rusia y China a pesar de la ofensiva del líder parlamentario opositor Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y medio centenar de gobiernos como presidente encargado de Venezuela.

Como otros funcionarios del círculo cercano del mandatario, en el que figuran varios miembros del alto mando de la Fuerza Armada, el ministro es blanco de sanciones de Washington y la Unión Europea, pues lo acusan de corrupción y violación de derechos humanos.

El ascenso ocurre después de que el principal diplomático de la administración de Donald Trump para asuntos venezolanos, Elliott Abrams, dijera que la Casa Blanca respaldará a Guaidó sin importar el resultado de las elecciones parlamentarias de diciembre, que serán boicoteadas por el grueso de la oposición venezolana, que las califica de “fraude”.

Un tribunal de Cabo Verde aprueba la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro por Florantonia Singer – El País – 4 de Agosto 2020

La defensa del empresario, detenido en junio en el país africano, apelará la decisión

Imagen del pasaporte de Alex Saab, detenido en Cabo Verde.
Imagen del pasaporte de Alex Saab, detenido en Cabo Verde.

Un nuevo movimiento se produjo en el ajedrez judicial de la extradición de Alex Saab. El Tribunal de Barlovento, un grupo de islas de Cabo Verde, decidió aprobar el viernes 31 de julio la extradición del empresario colombiano, señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro por Estados Unidos. En ese país enfrenta cargos por lavado dinero, al igual que en Colombia, donde ya le han confiscado varias propiedades. La defensa de Saab, encabezada por estudio de abogados del exjuez Baltasar Garzón, anunció este martes que apelará el fallo ante la Corte Suprema dentro de los próximos 10 días.

El equipo de Garzón denunció que se negó a Saab el derecho a declarar ante la Corte. “A pesar de que dicho Tribunal ya había dictado la resolución, esta no la notificó hasta el día de ayer [lunes 3 de agosto]”, dice en un comunicado. “El señor Saab estaba esperando la fecha de la audiencia prescrita por la ley, en la que ejercer, con igualdad de armas, su derecho de defensa. Esta decisión viola el debido proceso, dejándolo sin posibilidad de defensa en esta instancia”, agregan los abogados.

La defensa alega que se ha decidido de forma arbitraria para ejecutar la entrega “al agente perseguidor por razones políticas”, en referencia a Estados Unidos. El principal argumento de los abogados es que Saab actuaba como un enviado especial del Estado venezolano, por lo que el derecho internacional lo protege. El empresario fue detenido, a raíz de una alerta roja de Interpol, cuando aterrizó en Cabo Verde en una parada técnica de un viaje en busca de suministros para Venezuela. Rutsel Silvestre Jacinto, miembro del equipo defensor, explicó en la emisora colombiana Blue Radio que Saab frecuentemente ejecutaba misiones diplomáticas en nombre del Gobierno de Nicolás Maduro, porque muchos de sus funcionarios están sancionados por Washington. Sin embargo, el colombiano también está incluido en las listas del Tesoro desde junio de 2019.

En caso de que la apelación de la defensa falle, se presentará una solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional. Los abogados ya habían intentado dos habeas corpus para liberar a Saab que fueron negados. “Esta decisión ha sido tomada de forma parcial, basándose exclusivamente en las alegaciones de los fiscales y laminando los derechos de la defensa del señor Saab”, añade el comunicado.

La ministra de Justicia de Cabo Verde, Janine Lélis, señaló que la decisión sobre la solicitud de extradición de Saab se basó en una opinión del Ministerio Público en la que el Gobierno “no se entromete”. “Cabo Verde tiene el deber de cooperar. Este deber es más fuerte cuando se trata de asuntos relacionados con delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Respondimos a una solicitud de colaboración internacional y desde entonces el proceso continúa su curso judicial”, explicó en la prensa local.

Hasta su detención, Saab había estado en las sombras del Gobierno venezolano. Nunca antes se le había reconocido como agente político, como lo señaló el canciller Jorge Arreaza cuando rechazó enérgicamente la detención. A aquella declaración le siguió la movilización de los aliados internacionales de Maduro para presionar por su libertad.

Saab inició sus contratos con el chavismo en 2011. Los negocios que se ampliaron significativamente en 2015, cuando se convirtió en proveedor del cuestionado programa de alimentos subsidiados CLAP, por el cual se han comprado toneladas de comida de baja calidad con sobreprecio para venderla a los más pobres. En ese momento, se convirtió en el contratista más favorecido del chavismo con negocios de importación de medicinas, petróleo y carbón, venta de oro y construcción. Extensas investigaciones periodísticas lo señalan como el operador financiero de Maduro, y aseguran que actuó como bisagra en el reciente caso de intercambio de barriles de petróleo por maíz y cisternas de agua que investiga México.

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