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Archivos en la Categoría: Informes

Informe Salud en Venezuela – Transparencia.org.ve – 7 de Abril 2020

Informe Anual 2019 Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Marzo 2020

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Para acceder al Informe completo abrir el siguiente enlace:

IA2019cap4bVE-es.pdf.pdf (1)

Estrategia de Venezuela en un mundo descarbonizado por Daniel García – Marzo 2020

Resumen

El cambio de consumo de fuentes energéticas para minimizar el cambio climático implica la necesidad de diversificar las economías en los países productores de hidrocarburos, debido al descenso de demanda de este tipo de combustibles en un mundo descarbonizado.

Venezuela se encuentra bajo una grave crisis socioeconómica, con una deuda de 160 millardos de $ (180% PIB), con una caída global del PIB en los últimos años del 70%, un nivel de reservas en divisas de unos 6000 millones de $, una inflación del 9500% y una producción de petróleo de 730 mil barriles por día

El sistema de salud se encuentra en situación crítica, el suministro de agua y electricidad presentan graves problemas debido a falta de inversión y mantenimiento, lo que ha mantenido al país bajo continuos cortes de suministro. La agroindustria que anteriormente suplía más del 80% de la demanda interna, actualmente debido a las políticas llevadas a cabo por el régimen, no cubre ni el 20%. El país está considerado como uno de los más inseguros del mundo, en el año 2019 el número de asesinatos fue de 16505 (5286 realizados por los cuerpos de seguridad del régimen), es decir 60.3 muertes por cada 100 mil habitantes, la mayor tasa del planeta. La hiperinflación aunada a la restricción de importaciones ha originado un déficit de alimentos y medicinas, lo que ha llevado al gobierno interino a decretar la emergencia alimenticia y sanitaria, lo cual ha sido negado por el régimen impidiendo la recepción de ayuda internacional.

La industria siderúrgica está completamente parada, en el área petroquímica el complejo de El Tablazo se encuentra paralizado por falta de materia prima, el sistema nacional de refinación de 1300 mbdc apenas procesa unos 150 mbdc, con todas sus unidades de conversión media y profunda fuera de servicio y requiriendo mantenimiento mayor, al igual que las plantas de servicios auxiliares. La producción de crudo se encuentra a niveles mínimos históricos (730 mbdc), la misma procede en su mayor parte de las empresas mixtas, la producción propia de Petróleos de Venezuela S.A. se estima en unos 150 mbdc. El rescate de la plataforma industrial requerirá de cientos de millardos de dólares en inversiones, así como de personal técnico y nuevas tecnologías.

Ante esta situación Venezuela requiere del apoyo de los entes financieros multilaterales, la renegociación de la deuda y de la inversión privada nacional e internacional para el rescate de los distintos sectores económicos del país y aprovechar la ventana temporal de alta demanda petrolera.

Las reservas de recursos naturales (petróleo, gas, minerales) le permiten al país poder iniciar la diversificación de su economía, para lo cual deberá resolver los problemas de seguridad, y suministro de servicios al tiempo de desarrollar un plan de incentivos económicos y nuevas leyes que le aseguren a los inversores privados nacionales y foráneos las bases legales y fiscales de sus inversiones en las distintas áreas económicas del país, con objeto de lograr el rescate de éstas y el logro del desarrollo armónico del país para poder afrontar con éxito un futuro descarbonizado. En el análisis sobre la estrategia a seguir se presenta en la situación del país y las posibles áreas para impulsar el desarrollo nacional.

El pueblo venezolano debe entender que solo a través de la creación de valor se puede lograr alcanzar las metas. El apoyo de los sindicatos, organizaciones empresariales y políticas, así como de la ciudadanía en general son necesarios.

Para leer el informe abrir el siguiente enlace :

rescate venezuela f

 

Situación COVID-19 en Venezuela – Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) – 2 de Abril 2020

Conferencia de prensa del Departamento de Justicia de EEUU – Tallinn IPC Consulting – 29 de Marzo 2020

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Casos Judiciales contra funcionarios chavistas / Síntesis de la rueda de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América

Para acceder al resumen abrir el siguiente enlace :

Conferencia de prensa del “Department of Justice” de EEUU – TallinnIPC Consulting.pdf

El hachazo que partirá el corazón de Morrocoy por Isabel Guerrero – ArmandoInfo – 25 de Marzo 2020

No es el único proyecto turístico que se construye en la costa centro occidental de Venezuela, pero sí el que más ha penetrado en el Refugio de Fauna Silvestre Cuare, al lado del Parque Nacional Morrocoy, zonas protegidas por más de una decena de leyes y normas ambientales. Crear la “nueva Punta Cana” es la ambición de su promotor, un empresario español de gran calado con muchos socios militares. Pero mientras llega la prosperidad prometida, la primera manifestación del desarrollo es el dragado de un canal que pone en peligro a un ecosistema único.

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La estampa es real, aunque luce como un paraíso soñado. Bosques de galería casi neutrales, escondidos y protegidos por 18 caudales de agua que se abren paso entre los riscos, terminan estrellándose en el mar turquesa del Parque Nacional Morrocoy, ubicado en el estado Falcón, centronorte de Venezuela. Los flancos de esta zona están rodeados por intrincados manglares, a un lado, y el cielo inundado de aves que tienen en estas tierras su refugio natural, entre ellas, sus emblemáticos flamencos o corocoros; pero desde hace poco tiempo, también la asedian, peligrosamente cerca, varios megaproyectos turísticos que han florecido al calor de la autodenominada Revolución Bolivariana.

Los movimientos de tierra y los avances de las propias construcciones ya no solo afectan a Morrocoy sino al aledaño Refugio de Fauna Silvestre Cuare, un santuario ecológico creado el 31 de mayo de 1972 por el Decreto N° 972 “para dar protección a las aves acuáticas migratorias y residentes, así como a especies en peligro de extinción, tales como el caimán de la costa y algunas tortugas marinas”.

En 1998, la zona de Cuare fue la primera del país que se incluyó en la lista de humedales protegidos por la Convención Ramsar, relativa a la protección de los humedales de mayor importancia internacional.

Las bandadas de elegantes flamencos tiñen de rosa las lagunas de Cuare. Sus patas largas y gran tamaño se hacen notar en las casi 12.000 hectáreas que tiene el refugio. En él se alojan tres cuartas partes de las aves acuáticas de Venezuela y poco menos de las aves migratorias que han escogido su paraíso perdido para la anidación, reproducción y hábitat temporal. En total unas 350 especies dependen de este ecosistema.

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Tanto Cuare como el vecino Morrocoy son Áreas Bajo Régimen Especial (Abrae) del Estado. El marco legal venezolano de protección es amplio y a partir de 1977 cuenta, al menos, con seis leyes aprobatorias de tratados y convenios, cuatro leyes nacionales (dos orgánicas, una penal y una de protección), dos planes de ordenamiento y reglamento de uso de estos espacios naturales y otros decretos con normas regulatorias. La Constitución vigente, aprobada en 1999, reforzó la protección ambiental e incluso se suman los planes de ordenamiento y reglamento de uso de Zonas de Interés Turístico.

En un tiempo Cuare fue un cónclave de protección tan privilegiado que contaba con un pequeño centro de investigación para hacer estudios científicos y promover la conservación de la rareza del lugar. Hoy esa sede no es más que ruinas.

Antes no dejaban que vecinos de la zona se dedicaran a las actividades pesqueras y agrícolas en las cercanías por el impacto irreversible a la biodiversidad. Ahora son las instituciones estatales las que emiten los permisos para la ejecución de obras privadas que impactan en el entorno, y hasta parecen alentarlas.

En el Juzgado Superior Agrario de la circunscripción judicial de Zulia y Falcón reposa una medida de protección ambiental del 25 de febrero de 2013 y la decisión de “ordenar a todas las personas naturales y jurídicas de abstenerse de ejecutar actividades que involucren la construcción de bienhechurías dentro del Refugio de Fauna Silvestre Cuare”.

Pese a su claridad, esta orden parece haber caído en saco roto.

La advertencia del dragado de un megacanal en los linderos de Cuare alertó hace pocos meses sobre la penetración en la reserva natural. Durante un Congreso de Ecología celebrado en la Universidad Simón Bolívar (USB) de Caracas, a finales de 2019, se ventiló ante la comunidad científica el impacto de lo que ocurría. Organizaciones ambientalistas como Caribe Sur, Fundación para la Defensa de la Naturaleza (Fudena), Azul Ambientalista, Asociación Ecologista para la Preservación Ambiental y otras locales se sumaron a la denuncia y han registrado el avance de los trabajos.

Las obras son parte del desarrollo del Proyecto Turístico Urbanismo Lake Blue, propiedad de las empresas Lake Blue C.A. -dedicada a las actividades inmobiliarias- y Rotafe C.A., representadas por el empresario de origen español José Rodríguez Álvarez. Todo apunta a que se trata de una vía para interconectar un hotel con la costa central del país construida fuera de los linderos de la propiedad privada y dentro de la zona de Cuare-Morrocoy.

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Esto fue confirmado por el gerente general de la empresa, Juan Herrera, quien en entrevista telefónica con Armando.Info explicó el proyecto y las dimensiones. “Existe una providencia administrativa, a parte de la autorizada para los trabajos dentro de la parcela, que nos autoriza a hacer un canal de 20 metros, 1,5 metros y aproximadamente kilómetro y medio, para que pueda servir de intercambio de las aguas en primer momento. Ciertamente hay un permiso de navegación pero no es una navegación de alto calado sino simplemente es una autorización otorgada por el Ministerio de Ecosocialismo. Simplemente serían cuestiones muy pequeñas que podrían pasar en determinado caso.”, apuntó.

Lake Blue cubre un área de 276 hectáreas al sur del municipio Monseñor Iturriza del estado Falcón. Esto es, 110 hectáreas más que Punta Cana, la zona turística más próspera de República Dominicana pero que no de manera gratuita se utiliza como parangón: su promotor, Rodríguez Álvarez, dice sin remilgos que se propone desarrollar la nueva Punta Cana. La propuesta del empresario gallego es construir un urbanismo de al menos 5.000 inmuebles, tres hoteles de lujo, dos canchas de golf, restaurantes, una gran piscina central y otras más pequeñas, discotecas, centros comerciales, supermercados, atracciones, bajo una arquitectura paisajística con uso de energía renovable. En teoría, el visitante no tendría necesidad de salir del complejo para divertirse o aprovisionarse, ni sufriría las carencias de servicios públicos o abastecimiento que azotan tanto a esa región costera del llamado Golfo Triste.

La descripción presentada por Lake Blue en el estudio de impacto ambiental que reposa en el Ministerio de Ecosocialismo para los permisos respectivos dice: “El propósito de este complejo es promover el desarrollo de espacios para el turismo, recreación, esparcimiento y descanso de residentes y foráneos, aprovechando las características del entorno y sus valiosos recursos paisajísticos, manteniendo como base un desarrollo ecológico autosustentable”.

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A pesar de las denuncias y acciones organizadas de la sociedad civil, se continuó el canal hasta culminarlo. Herrera confirma de nuevo: “El canal está cien por ciento hecho y está conectado. Llega a una tanquilla que comunica de un lado de la albufera sur al otro lado de la carretera. Hacia el lado del Golfete de Cuare ya existe”. El gerente asegura que se encuentran sembrando mangle de su propio vivero a ambos lados del canal “por sugerencia, consejo y asesoría del Ministerio de Ecosocialismo y de Inparques”. Afirma que han recuperado el medio ambiente porque la capa vegetal estaba seca y con la reforestación están “recuperando el filtro natural del golfete”.

Señala que son dos proyectos totalmente separados: uno que trata acerca de lo que se hará a lo interno de la parcela y, el otro, se trata de obras para “el saneamiento y control de inundaciones de la parcela objeto de estudio”. La primera cuenta con el aval del Ministerio de Ecosocialismo que emitió la Resolución N° 942, de fecha 29 de mayo de 2019, en la que aprueba los trabajos dentro del Refugio de Fauna Silvestre Cuare, en el apartado primero. Sin embargo, no se tuvo acceso a la providencia administrativa ni el estudio de impacto ambiental para la construcción del canal hasta el Golfete de Cuare. El permiso fue otorgado por un año a Lake Blue, C.A. y firmado por el ministro Heryck Rangel Hernández, al que removieron del cargo dos meses después, en agosto de 2019.

Aunque la comunidad de científicos, académicos y activistas alerta desde hace meses sobre el escenario de futura degradación que aguardaría a este ecosistema y las irregularidades alrededor de esta construcción -y otras que se levantan en la costa falconiana-, también se ha dividido. Algunos consideran que las obras mejoran la comunicación entre la zona alta y la baja que es interrumpida con la carretera local.

Frank Espinoza, ex director del centro de investigación de Cuare entre los años 1991 y 1993 y con largo currículum dentro del extinto Ministerio del Ambiente, es uno de los más respetados voceros del grupo de científicos y ambientalistas que denuncian la situación en Falcón. Consultado por Armando.Info, advierte que los permisos que, según conoce, le han sido otorgados a la empresa, no especifican el nivel de las obras que se pueden construir. “Los permisos son para la parcela. Cuando lees el estudio de impacto describen las medidas que van a realizar dentro de ella, que tienen derecho a construir en su propiedad. Se trata de los trabajos sobre el drenaje y realización de canales. Cuando lees la resolución que el Ministerio [de Ecosocialismo] le entrega a ellos pareciera que tuvieran un permiso para construir un canal de esas dimensiones, pero nunca lo especifican. ¡Son más de mil quinientos metros, en algún lado debe decirlo!”, señala Espinoza.

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Luego agrega que los permisos “son para drenar las aguas de la parcela hacia el refugio, pero en ningún momento en la resolución ni en el estudio de impacto ambiental hablan de un canal de esa magnitud (…) no es la primera vez que han intentado construir canales con salida al mar, pero nunca recibieron la aprobación”.

Las fotografías aéreas son incuestionables. En la actualidad, un surco domina el paisaje y pretende controlar lo que encuentra a su paso, tocando a Cuare y Morrocoy.

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Un español con suerte

¿Quién es José Rodríguez Álvarez, quien pretende emular al cantante Julio Iglesias -este último, promotor del desarrollo de Punta Cana?

El magnate del complejo hotelero Lake Blue es un empresario muy conocido en el estado Carabobo, al centro del país. En la capital regional y tercera ciudad más grande de Venezuela, Valencia, construyó un World Trade Center de Venezuela. Oriundo de Ourense, José Rodríguez Álvarez se ha abierto camino con varias sociedades mercantiles, una de ellas accionista del cinco estrellas Hotel Hesperia WTC del complejo comercial y de negocios. Solo estas dos construcciones suman 162.000 metros cuadrados de superficie y se han convertido en un ícono de la ciudad.

Otro de los accionistas de Lake Blue es el grupo hispano Hesperia, con participación en los hoteles NH y en el World Trade Center de Valencia.

Rodríguez Álvarez se ha rodeado, por una parte, de paisanos; por la otra, de militares nativos. En el Registro Nacional de Contratistas (RNC) su nombre aparece ligado a nueve empresas, sin embargo, el detalle de otras fichas lo relaciona con más por las personas que figuran en la junta directiva o las direcciones de oficina que comparten.

En los últimos cinco años la actividad comercial de Rodríguez Álvarez se ha intensificado, expandiendo su liderazgo a otros negocios y localidades. Un hito de ese ascenso ocurrió a mediados de 2019. Entonces inició las obras de su reciente proyecto hotelero en la costa falconiana, Lake Blue, Golf Club Residencias & Hotel. En la ocasión apareció al gobernador regional, Víctor Clark, ex diputado a la Asamblea Nacional y ex ministro de Juventud en el gabinete de Nicolás Maduro. Ambos sembraron un par de samanes para anunciar la nueva buena.

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Rodríguez Álvarez ha dicho en público que no solo espera construir un complejo que se equipare a Punta Cana. Sino que será mejor. ¿Por qué? Porque “es más grande y hay para donde crecer y, después, por el entorno”. Y con eso garantizó una inversión inicial de 300 millones de dólares, según dijo.

Victoria González, activista de la organización Azul Ambientalista, alerta: “El problema no es la construcción del canal, sino las consecuencias. Tiene un terraplén que taponea caños aledaños que transportan agua dulce, eso genera una sobresalinización de la zona y generará una muerte progresiva de los manglares”. Indica que los permisos ambientales emitidos por la dirección estadal del Ministerio de Ecosocialismo están firmados por Wilmer Guerrero, el mismo que aprobó el tendido eléctrico en el 2016, que no se encuentra conectado con el sistema de electrificación del municipio y del que ninguno ha publicado su respectivo estudio de impacto ambiental.

No han levantado las primeras columnas de la obra y ya tienen que atender temas de salubridad de la zona, heredados por el desordenado crecimiento turístico de Morrocoy y la intensa actividad a raíz de las nuevas edificaciones de lujo. En las redes sociales de Lake Blue se observa como han contratado cuadrillas para recoger la basura hasta los trabajos de reparación del laboratorio que el Ministerio de Ecosocialismo abandonó. Herrera aseguró que se hicieron arreglos en el ambulatorio de Chichiriviche, la población más cercana, y la acera paralela a la carretera.

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Otra de las ofertas de Lake Blue es garantizar empleo directo e indirecto a los locales. Esto resolvería una de las principales incomodidades de los habitantes. Con suerte, aquellos pobladores que cazan y comen flamencos por hambre, o se dedican a la pesca artesanal en las aguas de Cuare, ahora podrían sumarse a la industria masiva del servicio turístico. Y sumado a todo esto, el Estado percibe los impuestos del turismo masivo para quien pueda pagar el lujo.

Esta práctica privatizadora no es nueva y cada día se expande a los principales destinos turísticos con biodiversidad, aún cuando sean áreas protegidas: Los Roques, Canaima, la isla de Margarita con el turismo a la cubana  o Galipán, que tiembla con la construcción de un nuevo tramo del teleférico. El estado Falcón, con 685 kilómetros de costa y acceso fluvial, tropicaliza las tentaciones de cualquiera.

Reserva en riesgo

La presentación a la prensa de Lake Blue Golf Club Residencias & Hotel se celebró, quizás por una ironía involuntaria, el 5 de junio de 2019, Día Mundial del Ambiente. Apresuró la empresa un control de daños argumentando que los trabajos de construcción serían para salvaguardar el entorno natural de Cuare. Sin embargo, para esa fecha contaban ya con varios meses de inicio del dragado del canal destinado al “saneamiento y control de inundaciones”, aprobado por el Ministerio de Ecosocialismo.

Una vez las autoridades del Ministerio de Ecosocialismo, Inparques y las autoridades regionales aprobaron el documento exigido para la construcción en áreas naturales, la empresa de Rodríguez Álvarez aceleró el paso y en abril de 2019 inició el movimiento de tierra.

Samuel Narciso, director de la ONG Fudena, se desempeña en Falcón. Conoce de primera mano lo que ocurrió en el inicio del proyecto y gestiona las acciones para proteger la zona de los peligros que la acechan. “Nosotros teníamos conocimiento de que se iba a construir un consorcio de grandes magnitudes con un canal. Estuvimos en reiteradas oportunidades evaluando en el sitio, cuando se pusieron las primeras estacas, cuando trajeron las maquinarias y una vez que se inició, tratamos de pararlo”, comenta.

Las alarmas se habían disparado. “Cuando llegaron las maquinarias la marea estaba muy alta y eso impidió que avanzaran. Esas tierras son una albufera y fue muy difícil. Así que contrataron a cincuenta personas que lo hicieron a mano”, recuerda. Fueron reclutados pobladores de la zona que trabajaban jornadas de 14 horas con pico y pala para sacar entre 150 y 250 carretillas de tierra, los siete días de la semana. Todo por un mísero sueldo y arrastrados por la necesidad de conseguir algún tipo de sustento, según Narciso.

El representante de Fudena asegura que pidió un derecho de palabra a la cámara municipal de la localidad y no recibió respuesta. Los ambientalistas solicitaron el estudio de impacto ambiental a la Alcaldía, al que solo se le permitió un acceso breve: “Se nos dio la oportunidad para ver por unos instantes tanto los permisos como el estudio. Carece absolutamente de todo, fue un requisito firmado por una institución”, concluye. “No solamente es la catástrofe ambiental que están haciendo sino que también hay destrucción del patrimonio arqueológico en la zona”.

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Cuando los trabajadores llevaban dos semanas de construcción y habían avanzado unos 150 metros,  empezaron a encontrar reliquias aborígenes. “Esto paralizó los trabajos, le quitaron las piezas y reanudaron la obra”, explicó. Se trataba de artefactos indígenas como hachas, vasijas, osamentas, entre otros, de los que algunos permanecen en manos anónimas.

El canal se proyecta hasta las orillas del Golfete de Cuare, cuando el refugio se empieza a abrir al mar y está custodiado por un acantilado del Cerro Chichiriviche. Justo en ese punto está la Cueva del Indio, una caverna con petroglifos de más de 3.500 años de antigüedad.

Nunca se conoció oficialmente el trazado para el canal fuera de los linderos de Lake Blue. No está especificado un canal de más de un kilómetro ni en la Resolución del Ministerio de Ecosocialismo ni en el estudio de impacto presentado por la empresa.

A Frank Espinoza le fue filtrado el documento desde el ministerio. Fue aprobado a finales de 2018 y ya los expertos sospechaban de la afectación en el refugio de Cuare. Consideraron otras opciones “sostenibles” para el drenaje de las aguas como la construcción de colectores paralelos a la carretera local en sentido norte-sur, iniciando desde el extremo sureste de la poligonal de Ciudad Flamingo, en Tucacas. Esta vía, construida en los años 70, fue la primera gran penetración de asfalto y concreto que afectó Cuare. Una pequeña zona, conocida como “albufera sur” fue seccionada por la carretera y parte de sus aguas saladas ahora le pertenecen a Lake Blue. Estas aguas, que en su trayecto natural se comunican con el mar de Morrocoy, siguen conectadas debajo de la vía a través de unas alcantarillas. Como señala Frank Espinoza, se trata de “un área de inundación natural”, humedales, y por eso la Convención Internacional Ramsar los mantiene protegidos.

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Desde OTP Consultores, una empresa contratada por Lake Blue para hacer el estudio de impacto ambiental, rechazaron esta opción para el drenaje. Detallan en el informe ciertas “restricciones” por la presencia de manglares a los que seguramente tendrían que destruir y la ubicación de un arbitrario tendido eléctrico, aprobado por el Ministerio de Ecosocialismo en el 2015. Estos doce kilómetros instalados por Corpoelec en conjunto con la empresa Venezolana de Montajes Electromecánicos C.A. (Vedemeca) han sido responsables de la muerte de flamencos y otras aves que pululan en el Refugio de Fauna Silvestre Cuare. Ya es común ver a flamencos y otras aves de vuelo bajo enredadas en los cables de alta tensión y que, aún viviendo al choque, se desvanecen por la caída.

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La alternativa que presenta la empresa Lake Blue es una red de canales perimetrales de 40 metros de ancho y 2,50 metros de profundidad, dentro de los límites de su propiedad. Estos se unirían con una laguna central de unos 100 metros de ancho que dividiría la parcela de Lake Blue en dos grandes lotes de terrenos, según el Estudio de Impacto Ambiental y Socio Cultural. Con esto asegura que controlaría las inundaciones, recurrentes en la zona y que atentarían contra su proyecto turístico. Sin embargo, hasta la fecha los terrenos de José Álvarez Rodríguez no han sido tocados ni la red perimetral se ha iniciado, pero sí está casi culminado el canal de casi 1.600 metros de largo, con una base que va de 60 a 30 metros de ancho y una profundidad de casi dos metros. Un canal que por pocos metros más llegaría al mar.

El impacto del canal se sumó a otros desaguisados que ocurrieron en la zona. En 2013 fue la severa deforestación de los manglares dentro del parque nacional que alejó a la avifauna de los alrededores. Para esa fecha se construyó Puerto Morrocoy, un poderoso complejo habitacional turístico de una empresa italo-venezolana, que contó con el aval del Ministerio de Turismo.

En los últimos años, los cayos bañados de agua cristalina que llega desde el Golfete de Cuare han sido invadidos por lanchas y motos de agua que golpean con fuerza el manto coralino. Las “fiestas reguetoneras” en un sector conocido como Los Juanes -que luce como una piscina natural de agua cristalina entre dos cayos- son compartidas en redes sociales cada temporada sin ningún estupor ni respeto a la biodiversidad, incluso por quienes se promocionan como futuros inversionistas de Morrocoy, los dueños de Bahía Escorpión.

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A todo esto se suma que las aguas residuales de la zona han crecido, inundando de agentes patógenos el entorno y las ostras de consumo humano. Todo esto ha sido denunciado una y otra vez.

Así que los trabajos de Lake Blue no se alejan de la práctica colectiva en el sector. El especialista Frank Espinoza escribe en un informe muy preciso, publicado a finales de 2019, que “la construcción del canal ocasionó un efecto dique” y las únicas aguas dulces que corren libres por Cuare fueron represadas en uno de los caños. No llegan a su destino natural, fueron desviadas a otro sector e inundaron parte de un bosque de mangle. Otras hectáreas del mismo bosque acabaron tras un incendio. Todo muy cerca de la parcela de Lake Blue.

En opinión de Espinoza, “el anzuelo de la empresa es crear un canal para que los inversores del campo de golf y los hoteles se vean motivados porque van a contar con un canal. Este le va a permitir a ellos navegar a través del Golfete de Cuare hasta el complejo turístico” y tener acceso privilegiado hacia los cayos del Parque Nacional Morrocoy, aseguró a Armando.Info.

Ya en su informe advertía que “existía otro proyecto oculto, que no era otro que el dragado de un canal que ha sido presentado como de drenaje”. Concluye que se trata de un canal de navegación, opinión que comparten varios de sus colegas.

Ese recorrido que siguen las aguas prístinas entre Morrocoy y Cuare, que tienen un bamboleo constante donde van y vienen al mar, que arrastran sedimentos coralinos para darle textura a las arenas blancas de sus playas, que se contornea como el cuerpo de una mujer entre los rincones casi inexplorados de la zona, sería forzosamente interrumpido.

Espinoza alertó ante los institutos con competencia ambiental que el canal de navegación estaría diseñado “para sustituir el cauce natural” por donde viajan las mareas desde el Golfete de Cuare, “forzando ahora la entrada de agua a través del canal recién construido, con la finalidad de mantener un flujo de agua permanente en ambos sentidos” desde y hacia Lake Blue.

Según este razonamiento, la red perimetral dentro de la parcela tendría una especie de esclusa o compuerta hidráulica que lo interconectaría con el canal de navegación construido en las áreas protegidas de Morrocoy y Cuare. Aparte del acceso directo, le ahorra el trago amargo de lidiar con aguas estancadas y malolientes como ha pasado con los canales de Río Chico (Miranda) y Lechería (Anzoátegui).

Aún sin precio de venta, es casi irrebatible que Lake Blue tendrá un metro cuadrado muy costoso. Una rápida mirada al parque inmobiliario de esta zona turística permite observar unidades habitacionales tipo town house, en Tucacas -a 300 kilómetros de Caracas y una de las puertas de entrada al Parque Nacional Morrocoy- que se negocian en 220.000 dólares.

Un certificador interesado

Pasaron más de dos décadas para que José Rodríguez Álvarez iniciara las obras de Lake Blue, algo que contrasta notablemente con su dinamismo empresarial en Carabobo: en tres años construyó e inauguró el complejo hotelero, comercial y de negocios más grande del país. La Asociación Mundial de World Trade Center lo aprobó el 19 de marzo del 2006 en París, Francia, y el edificio de negocios en Valencia lo culminó en 2009.

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El empresario gallego llegó al país a finales de los años 70 y en cuatro décadas ha hecho un imperio con múltiples sociedades dentro y fuera de Venezuela.

Lake Blue Golf Club Residencias & Hotel no parece un proyecto menor. A cargo del Estudio de Impacto Ambiental y Socio Cultural está OTP Consultores C.A. registrada en Caracas, en septiembre de 1997. Coincidencialmente, es el mismo año en que Rodríguez Álvarez adquirió el terreno, según cita el documento consignado para la ejecución del proyecto urbanístico Lake Blue y que lo apunta en el Registro Subalterno del Distrito Silva, del estado Falcón, en fecha 29 de mayo de 1997, bajo el número 13, folios 62 al 66, protocolo primero, tomo once.

Hasta 2017, año en que se emite el estudio de impacto ambiental, el único socio que figuraba en OTP Consultores C.A. era Pedro Vicente Montenegro, con el total de las acciones. Estuvo desde el principio de la compañía junto a María Antonieta Valeiro Abeleida y Juan Andrés Pericchi Guerra. Los tres crearon otra empresa, OTP Equipos y Tecnología, C.A dos semanas después del triunfo presidencial de Hugo Chávez, en diciembre de 1998.

En los registros de contrataciones públicas, OTP Consultores C.A. aparece inhabilitada para contratar con el Estado aunque varios de sus clientes vinieron de allí: Banco Agrícola de Venezuela, Banco Central de Venezuela, Carbones del Guasare, Fundación Teresa Carreño, Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, Ministerio Público y la infaltable estatal petrolera, Pdvsa.

La elaboración del estudio de impacto ambiental para Lake Blue, en 2017, se suma a una lista de trabajos que estuvo realizando en el área inmobiliaria. La página empresarial de Facebook tiene publicaciones de 2014 y se presentan como una empresa dedicada a la ejecución de proyectos de parques acuáticos, ingeniería y construcción, además muestran un catálogo de venta de propiedades ubicadas en Falcón: Conjunto Vacacional Las Garzas, Conjunto Turístico Los Juanes, en Chichiriviche, y Flamingo VIP, en Tucacas. Es decir, es una empresa que hace estudios de impacto ambiental en las zonas en las que, a su vez, construye.

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Un detalle que destaca es que al pie de las fotos está el logo de Grupo Seis C.A., otra compañía con sede en Carabobo y cuyo socio-presidente es Pedro Vicente Montenegro, el mismo de OTP Consultores C.A.

La diferencia entre ambas empresas de Montenegro es que Grupo Seis C.A. sí está habilitada para contratar con el Estado y, de hecho, el Conjunto Turístico Los Juanes es un proyecto de la Caja de Ahorros de los trabajadores del Ministerio de Finanzas (Catminf), aprobado en 2014 cuando Rodolfo Marco Torres -actual gobernador del estado Aragua- era ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública.  No se pudo verificar si la obra quedó culminada.

Los town house de Ciudad Flamingo VIP, un proyecto de 2012, eran ofrecidos hasta el año pasado en varias cuentas de Instagram pertenecientes a constructoras privadas, relacionadas con otros complejos turísticos y que comparten ciertas categorías: son empresas sin página web ni registro fiscal público, los números de contactos son de telefonía móvil, todos tienen parques acuáticos o piscinas y están ubicados en los alrededores de Chichiriviche, otra zona muy turística cerca de Morrocoy.

OTP Consultores C.A. en 23 años cambió dos veces su objeto legal. En 2006, un año antes de suscribirse al programa de Empresas de Producción Social promovido por el Ejecutivo nacional e implementado por PDVSA y, en 2017, cuando lo amplió a todo lo relacionado con elaboración de estudios y asesorías “ambientales, marinas, muelles, puentes, planificación, desarrollo y ordenación urbanística, redes de fibra óptica y telecomunicaciones”.

Precisamente, mientras la empresa de Montenegro elaboraba el aval de construcción de Lake Blue, afinaba el objeto de su compañía OTP Consultores C.A. incluyendo explícitamente “elaborar estudios de impacto ambiental, supervisión y monitoreo ambiental”, que es el trabajo ofrecido al empresario español. El balance de ese año reportó un total de activos de 71.736.005 bolívares, un poco menos de 400 dólares para el cambio del momento.

Binomio firme y a discreción

En su variada cartera de negocios, las alianzas de José Rodríguez Álvarez van desde compañeros gallegos hasta militares, para todo tipo de negocios. Además del sector inmobiliario, participa en compañías dedicadas a la industria publicitaria y eventos, publicaciones, producción audiovisual, distribución y venta de envases plásticos, importación y fabricación de productos químicos, proyectos en el sector naval e industrial, así como comercialización y manejo de metales ferrosos, vidrios y cartones.

Acostumbrado a aparecer en la prensa, Rodríguez Álvarez tal vez no necesitara de una rotativa, pero lo hizo. En enero de 2015 figuró como el nuevo dueño del tabloide Notitarde, fundado en Valencia en 1976. Para la fecha de su compra ya eran pocos los periódicos que iban quedando en la región, presionados por el cerco publicitario y de papel impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro. Llamativamente, después de la compra, Notitardesuperó la carencia de papel que venía padeciendo.

Las acciones de Notitarde las negociaría posteriormente con un conocido, Ramón José Carrasco Oropeza. Este fue el militar que puso la bota en la libertad de expresión para callar la dura línea editorial contra Maduro y se paseó por la redacción indicando nuevas tareas. Notitarde siguió, pero su credibilidad se fue a pique. Hoy, cinco años después de la compra, siguió el destino de otros medios que fueron avasallados por capitales privados afines al chavismo gobernante.

El binomio de Carrasco Oropeza y Rodríguez Álvarez ha hecho negocios en más de una oportunidad y con más de una empresa. De acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas, juntos poseen al menos cuatro sociedades, una de ellas muy reciente. En diciembre de 2016 registraron la compañía Blue Sky Solutions, en el estado Carabobo. El objeto se concentra en la ejecución de “proyectos eléctricos, electrónicos, mecánicos, neumáticos e hidráulicos en el sector naval e industrial”. Además, contempla la “asistencia técnica para desarrollos de ingeniería para la industria naval y terrestre, de buques tanto civiles como militares y plantas industriales”.

Para Rodríguez Álvarez no sería descabellado e irrealizable un canal marítimo si consideramos que Blue Sky Solutions se creó paralelamente al proyecto Lake Blue. Quizás por eso el empresario español no descartó la posibilidad de ampliar la interconexión fluvial con su nuevo centro turístico en Falcón.

La “Punta Cana de Venezuela” apunta al acceso marítimo desde Puerto Cabello, el segundo más importante del país y ubicado en el estado Carabobo, centro de operaciones de Rodríguez Álvarez. Así lo ha dicho en reuniones privadas cuando presenta el proyecto en maqueta a sus distintos inversionistas.

De acuerdo a la información suministrada por José Herrera, gerente general de Lake Blue, se están haciendo los estudios para la construcción de embarcaciones con motor eléctrico por parte de una empresa privada y el Estado para que estas operen desde Puerto Cabello. “Dentro del proyecto podrás andar dentro del canal. Las casas tendrán su muelle, eso está en el proyecto pero no está como una visión propiamente del canal”, comentó.

Un mes antes de sembrar el samán en los terrenos de Lake Blue y pasando de largo las denuncias ambientales, en mayo de 2019, registró Karvi Steel C.A. con un socio que mezcla su afinidad europea y militar. El Contralmirante de la Armada Viberto Quinteiro fue gerente de operaciones de la naviera Conferry en Margarita, antes de su ascenso, y luego comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral 34, del estado Cojedes, región vecina de Carabobo y Falcón. Hasta 2017 tenía apariciones continuas en la prensa nacional. Tras ser sustituido en el cargo, no tiene vida pública, pero es un militar que cuenta con otra ficha en el sistema de contrataciones públicas del Estado. La actual tiene como objeto “la compra, venta, importación, exportación, uso, manejo, movilización, comercialización, distribución, corte, compactación, reciclaje, fundición, almacenamiento y transporte de materiales y/o residuos de metales, vidrios, cartones, plásticos, así como todos aquellos que sean de índole ferroso y no ferroso”.

La diputada de la Asamblea Nacional por el estado Monagas, María Gabriela Hernández,  quien además preside su Comisión de Ambiente, señala que una vez se “retome la institucionalidad se debe paralizar cualquier obra en esas áreas protegidas, demolerlas en caso de que tengan que ser demolidas sin ningún tipo de reparación material para aquel que la construyó”.

Advierte que “todo el que invierta, todo el que avale allí, está botando su dinero y puede ser responsable de una reparación futura por el daño”.

Al megacanal solo le falta el punto de unión con el mar. Ya interrumpió la dinámica natural del sistema Cuare-Morrocoy e instaló una nueva, tanto la humana como ecológica. Su paso por el Golfete de Cuare, una prístina zona del refugio, podría hacer que desapareciera de manera progresiva. Eso sin mencionar otra serie de impactos en el hábitat de las aves, en especial del flamenco. Está casi amenazado por todas las condiciones a su alrededor y ahora incrementa su factor de riesgo.

 

 

 

Un trabuco de negocios con el Estado al que le faltan los trofeos por Isayen Herrera – Armando.info – 18 de Marzo 2020

Aunque rara vez pase de la zona intermedia de la tabla de una de las ligas profesionales de fútbol más débiles del mundo, el Atlético Venezuela, un club con apenas una década de existencia, maneja presupuestos de otra categoría. Detrás de la franquicia, desprovista de historia y fanaticada, están los denuedos de un ex militar con buena racha para los contratos con el Estado y un grupo de amigos que, entre todos, controlan al menos 29 empresas.

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El Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, estaba prácticamente vacío el sábado 29 de febrero, y no precisamente por un temor anticipado al coronavirus. Se enfrentaban el Atlético Venezuela Club de Fútbol  y el Monagas Sport Club en un partido de la jornada seis de la Liga Profesional de Fútbol de Venezuela. Se podría decir que se jugaba en familia: asistían 400 espectadores, apenas una señal de vida en las gradas con capacidad para 20.000 personas. Aquel juego fue tan discreto que terminó en empate a dos goles por lado.

Aunque escasamente atractivo, el encuentro había convocado en la cancha a los dueños del Atlético: Rubén Villavicencio, su presidente, además de presidente de la propia Liga; y el suboficial retirado del Ejército, Jesús Vidal Salazar Acevedo, quien se movía cada cierto tiempo para ocultarse del sol.

Villavicencio y, sobre todo, Salazar, no han hecho más que prolongar la tradicional raíz castrense del club, fundado en 2009. Ese año, en la casilla reservada por la liga para un equipo de la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas (Unefa), el rector de esta entonces, el almirante Franklyn Zeltzer, hoy presidente del astillero estatal venezolano Diques y Astilleros C.A (Dianca), creó la franquicia.

Durante las dos primeras temporadas el equipo apenas funcionaba. El hijo del almirante Zeltzer figuraba en las alineaciones como el arquero titular de la oncena. El presupuesto era exiguo y las victorias no abundaban, aunque fueron suficientes para su promoción a la primera división. El debut en la categoría superior fue casi catastrófico: nuevo descenso a segunda.  Si el ambiente familiar de club de barrio podía tener su encanto, nada garantizaba su duración en medio de un pobre desempeño deportivo y financiero. Fue vendido a un grupo de empresarios que prometió su rescate.

En 2011, el suboficial que siempre está entre las gradas -pero desaparece cuando el equipo está perdiendo-, Vidal Acevedo, se asoció al equipo de forma discreta. Para ello optó por usar como vehículo la Fundación Hijos de Bolívar que fundó junto a su socia, Rosa Elena Rondón Meza, en 2010, y su esposa, Luisa Emilia Gómez Carmona.

El equipo detrás del equipo lo conformaron otros seis accionistas, amigos entre sí la mayoría desde la adolescencia: Rubén Villavicencio, Rafael Cid Montes, Jacky Koenig Taranto. También Jorge Andrés Sandia Bracho, José David Palm Rojas y Eddy Ezra Silvera Douer formaron parte de esta nueva directiva. El almirante Franklyn Zeltzer permaneció como segundo vocal.

La banda de amigos tal vez se divierta en la gestión del equipo y, aunque siga en deuda en la tarea de mejorar el palmarés del club -su mayor logro ha sido jugar la primera fase de la Copa Sudamericana en 2017-, ya acumula otros trofeos: entre todos sus miembros y a través de diferentes combinaciones, son socios de al menos 29 empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

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Fondos muy elásticos

El Atlético Venezuela CF en sus inicios era considerado un equipo ascensor de la parte baja de la tabla, que se debatía entre subidas y bajadas de la primera a la segunda división constantemente.

Los nuevos propietarios se propusieron cambiar esa historia con dinero. Mucho dinero, para los estándares de la precaria liga venezolana. Lo suficiente para que el equipo no solo cambiara desde adentro, sino que se permitiera además patrocinar y refaccionar las instalaciones donde jugaba.

En ese ascenso lo primero fue cambiar la imagen. Salazar Acevedo depuso las armas por amor a los negocios, pero con su nuevo equipo le hizo un tributo a su vieja alma máter, la Academia Militar. Ordenó cambiar los colores negro y naranja de la camiseta para  uniformar a los jugadores de azul y rojo, los colores del escudo del Ejército venezolano. Otro guiño: convirtió Fuerte Tiuna, el mayor cuartel militar del país, al suroeste de Caracas, en su vivero de talentos y centro de entrenamiento.

Así comenzó a crear lo que denominaron la raza atlética, con ventajas muy visibles rápidamente: Adidas vistió a los jugadores desde 2011 al 2018 y comenzó el fichaje de deportistas criollos de mayor vuelo. Entre sus jugadores más prominentes destaca el delantero y goleador Edder Farías desde el año 2018, un futbolista que pasó por los equipos União da Madeira (Portugal), Once Caldas (Colombia) y Junior de Barranquilla (Colombia). También Jesús La Pulga Gómez, quien firmó por dos años en diciembre de 2019 y que viene de jugar con Delfines, Dorados, Necaxa, Atlante y Oaxaca en México, en Raja Casablanca de Marruecos y Al Ittihad Aleppo en Siria.

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Salazar Acevedo también siguió la tradición del fundador y así fue cómo su hijo, José Daniel Salazar Gómez, llegó a formar parte de la plantilla de jugadores del Atlético.

La directiva del Atlético Venezuela CF se negó a responder a las consultas efectuadas para este reportaje sobre sus costos de operación. Aseguró que los números estaban asentados en la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). Pero el ente federativo también se rehusó a facilitar la información, asegurando que la responsabilidad en la transparencia de las finanzas recae directamente en el equipo de fútbol, la empresa deportiva.

“El club se ha financiado consiguiendo patrocinios, intercambios, aportes de los asociados. Posteriormente por pagos de derechos de formación de jugadores, cláusula por responsabilidad de formación de jugadores, derechos de televisión, participación en copas internacionales, y lo más importante, la venta de jugadores”, respondió la directiva a Armando.Info a través de correo electrónico.

Para los equipos venezolanos, los ingresos por las vías de traspasos y juegos internacionales son la excepción. Pero el Atlético Venezuela se ganó el loto en 2017. Entonces vendió la ficha del juvenil Yangel Herrera al Manchester City de la Liga Premier inglesa. Herrera ha brillado esta temporada jugando a préstamo, con opción a compra, para el Granada de la Primera División española.

Medios especializados aseguraron en ese momento que la venta se completó por 1,7 millones de dólares. Aunque el Atlético Venezuela se negó a revelar el monto de la transacción, amparado por una cláusula de confidencialidad, sostiene que ese ingreso pagó la operación del equipo por dos años, incluyendo refacciones en el histórico estadio Brígido Iriarte de Caracas, su sede oficial, y en el Centro de Entrenamiento de Fuerte Tiuna. La fórmula habría sido tan exitosa, siguen argumentando desde la oficina del club, que se dispone a hacer otro tanto con el 25% de los derechos de venta de Herrera que el Atlético Venezuela todavía conserva. Si fuera comprado por otro club o inversionistas por los 20 millones que, creen, ahora se pagarían por Herrera, a la oncena venezolana le corresponderían otros cinco millones de dólares.

Solo el día del traspaso de Yangel Herrera, el suboficial Salazar Acevedo mostró su cara firmando el contrato. Salió de las sombras de la fundación para figurar en el logro más notable de la organización deportiva.

Los números, sin embargo, no cuadran del todo, incluso si se considera el filón todavía productivo de Herrera.

Según las cláusulas de un contrato al que tuvo acceso Armando.Info, los honorarios promedio de un jugador del Atlético Venezuela rondan los 180.000 dólares al año, sumados a bonos de 500 dólares por cada gol, y un bono adicional de 5.000 dólares por 32 partidos completados. El equipo también adquiere el compromiso de pagar bonos de 10.000 dólares si se clasifica a la Copa Libertadores y 8.000 si se clasifica a la Sudamericana. El costo del césped remozado del Brígido Iriarte está en torno a los 420.000 dólares. El sistema de iluminación, 480.000 dólares. Son cifras que siguen apilando en la columna de costos y que, si bien en su totalidad apenas representan un pellizco en el presupuesto de algún equipo de clase mundial como el Real Madrid o el Bayern de Múnich, son relevantes en el marco de una liga pobre de un deporte apenas popular en un país que atraviesa una catástrofe económica casi sin precedentes en la historia moderna. Aún más si se trata de una franquicia segundona, todavía lejos de los laureles conquistados por divisas como el Deportivo Táchira o el Caracas FC.

Desde el club contestan: “Hemos utilizado la maquinaria, personal y talento del holding de empresas que forma parte Atlético Venezuela CF. Esto último nos ha ahorrado mucho flujo de caja”.

El holding

La directiva del Atlético Venezuela insiste en que los fondos inyectados por los dueños, además de los patrocinios, son parte del sustento económico que mantiene al equipo. Pero en la práctica unos y otros están estrechamente ligados.

El suboficial Jesús Salazar Acevedo dejó de ser el asistente del general Carlos Acosta Pérez -actual presidente de la Industria Venezolana de Aluminio (Venalum)- para dedicarse a seguir su propia ruta de negocios.

Entre los patrocinantes se encuentran al menos dos empresas de Salazar Acevedo y Villavicencio, como la Constructora Vidalsa 27 C.A. También la empresa Ferry Jet Marine, creada en desde 2015 y en la que el suboficial se asoció con Villavicencio, en una proporción de 80% y 20%, respectivamente. En 2017, Salazar Acevedo se quedó con el cien por ciento de las acciones de la empresa que, desde el año pasado, ofrece la ruta desde la costa continental del estado Anzoátegui hasta la isla de Margarita, en el Caribe del Oriente de Venezuela.

Constructora Vidalsa 27 C.A., fue investigada por la ex fiscal Luisa Ortega Díaz por beneficiarse de contrataciones con el gobierno de Hugo Chávez Frías. Esta empresa obtuvo 38,1 millones de dólares de la entonces Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) a través de 31 solicitudes para obtener divisas en pleno auge del régimen de control de cambio.

Ese mismo año, Salazar Acevedo se hizo socio del ingeniero Alfonso Karam en la empresa AMK Construcciones C.A. que constituyó en 1999 con su esposa. Salazar Acevedo obtuvo 50% de las acciones de esta empresa con el argumento que era parte de pago de una deuda que mantenía con él la esposa de Karam, Mariana Díaz.

A partir de ese momento los negocios con el Estado venezolano solo crecieron. Ambas empresas obtuvieron al menos 42 contratos con el Estado según lo reportado ante el RNC. Entre las que contrataciones destacan asignaciones del Instituto Nacional de Vivienda (Inavi), y de la estatal petrolera Pdvsa,  para construir viviendas en Charallave, estado Miranda; Bejuma, estado Carabobo; y Maturín, estado Monagas.

El consorcio de Salazar Acevedo fue encargado de la remodelación de dos sedes en Caracas del organismo tributario nacional, Seniat, dirigido por José David Cabello, hermano del segundo a bordo del partido oficialista y presidente de la segunda versión chavista de Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Igualmente, cuando el actual ministro de Información, Jorge Rodríguez, era alcalde de la capital, el organismo adscrito a su despacho, Fundacaracas, le otorgó contratos para hacer movimientos de tierra en urbanismos. En 2017 le fue adjudicado un contrato para ello en el sitio donde se construiría el Estadio Nacional de Fútbol -diseño de sir Richard Rogers- dentro del Parque Hugo Chávez, ubicado en el sector La Rinconada de Caracas.

Su socia, Rosa Elena Rondón Meza, no quedó por fuera del Atlético Venezuela CF. Ella era la cara visible de la Fundación Hijos de Bolívar -el socio nominal del club- y empezó por ser tesorera de la organización deportiva. Rondón Meza también es directora de la empresa panameña Westin Investment Holding que le pertenece también a Salazar Acevedo. También es socia del Consorcio Argentum 20-21 de Venezuela, que se dedica a la exportación, importación y comercialización de oro, plata, platino y metales asociados. Las oficinas que reporta la socia del Atlético Venezuela CF ante el RNC son las misma que ocupaba la empresa Derwick Associates en la Torre Kyra de El Rosal, Caracas.

Derwick Associates es una empresa registrada originalmente en Panamá, luego en Barbados, Venezuela, España y EEUU. Entre octubre de 2009 y diciembre de 2010 recibió 12 contratos para obras eléctricas y por los que obtuvieron una adjudicación de 2.500 millones de dólares, pese a su escasa experiencia en el sector. Están siendo investigados en Suiza, Estados Unidos y Venezuela por presunto blanqueo de capitales. Hoy, las oficinas que fueron allanadas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en diciembre de 2017, están vacías.

Salazar Acevedo controla al menos seis empresas inscritas en el RNC de Venezuela, nueve empresas en Estados Unidos y dos en Panamá.

A pesar de todas estas contrataciones y adjudicaciones de divisas, la directiva del equipo insistió en comunicación vía correo electrónico con Armando.Info que “con el gobierno venezolano no tenemos vínculo, lo que nos une al estado venezolano son dos comodatos”.

“Hay mucha gente que está hablando de la lavadora y una gran cantidad de cosas, porque son ignorantes de dónde vienen los recursos de Atlético Venezuela. Se les olvida que este club vendió a Yangel Herrera y que lo renovó, lo que genera unos recursos”, dijo Rubén Villavicencio en una entrevista el 10 de enero de este año al medio Balonazos.com

Insistía en la entrevista en que “el dinero del equipo no proviene de la chequera de su dueño”, en singular. Pero el Atlético Venezuela CF tiene ocho socios detrás, también con sus conexiones y con el Gobierno como principal cliente.

La sociedad entre Salazar Acevedo y Rubén Villavicencio es de mucha confianza. El presidente de la Liga de Fútbol Venezolana funge como asesor jurídico en la Fundación Hijos de Bolívar, creada en 2010, y mantiene una sociedad con Salazar en una empresa con sede en Panamá llamada Blue Investiment. Villavicencio, además, mantiene por su parte cuatro empresas inscritas en el RNC: Cantata Café & Concert C.A, de servicio de catering; RRR Logística de Alimentación, de empaquetado de comida; Asociación Cooperativa P & V R.L, de publicidad; y Comunalia PV, de construcción.

Al negocio Cantata Café & Concert, C.A se le adjudicaron 363.970 dólares a través de subastas de Dicom el 10 de agosto de 2017 para importar materia prima, sin mayores especificaciones.

Los amigos que hizo Villavicencio en el estado Mérida, en los Andes del suroccidente de Venezuela, cuando era adolescente, también fueron llamados a participar como inversionistas del Atlético Venezuela. Cid Montes y David Palm Rojas son de sus más cercanos, inmortalizados en su cuenta de Instagram con un retrato donde aparecen todos visiblemente más jóvenes y delgados, en la década de los 90.

Tanto Montes como Palm pasaron por la directiva del Atlético Venezuela CF en 2011, cuando decidieron “salvar” al equipo de la quiebra.  Tenían ya negocios con el Gobierno o con intenciones de tenerlas, según se evidencia en la base de datos del RNC.

Socio campeador

Enrique Rafael Cid Montes es un economista de 43 años de edad que también formó parte de la directiva desde 2011. Ha constituido empresas de objetivos sin duda diversos: construcción, industria farmacéutica, transporte, publicidad, asesoría jurídica y, por último, presentó especial interés en la explotación del turismo de diferentes maneras. Con su amigo de la adolescencia, Rubén Villavicencio, mantiene sociedad en la empresa RRR Logísticas de Alimentación. Con otro miembro de  la segunda directiva, Jorge Andrés Sandia Bracho, comparte la empresa de construcción y venta de inmuebles Alarsan C.A.

Con la empresa Construcciones Erac 22, que compró ya constituida en el año 2012 -cuya razón social incluía desde construcción de obras civiles hasta confección de ropa, pasando por comprar ganado y ofrecer asesoría jurídica- obtuvo el contrato de remodelación del Hotel Alba Caracas, antiguo Caracas Hilton, al año siguiente con un presupuesto de 80 millones de dólares bajo la gestión de Andrés Izarra en el Ministerio de Turismo. Desde entonces continuó la buena racha al obtener, en 2014, otros catorce contratos con la Corporación de Miranda para construir y mejorar sistemas eléctricos en los Valles del Tuy, en el estado Miranda, y hacer rehabilitaciones viales.

En 2017 amplió su razón social para operar con servicios turísticos y aumentó su capital de cinco millones de bolívares, con el que se creó cuatro años atrás, a más de 850 millones de bolívares, equivalente a unos 324.496 dólares según la tasa oficial del momento. Dos meses después de este cambio, la ministra de Turismo, Marlenys Contreras, esposa de Diosdado Cabello, le entregó la concesión para operar y rehabilitar el Hotel y Marina Venetur Morrocoy, en el estado Falcón.

El nombre de Cid Montes salió a relucir en diciembre de 2017 en un juicio contra los empresarios Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, hallados culpables por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por lavar 100 millones de dólares a funcionarios de Venezuela. En ese juicio, la empresa Miami Equipment & Export, que pertenece a los Díaz, dejó al descubierto la estructura usada por el Consorcio KCT Cumaná Internacional III para triangular los dineros públicos y convertirlos en fortunas salvadas en paraísos fiscales con el apoyo de contactos en Pdvsa, Cadafe y Corpoelec para la asignación de contratos.

Siete años después de aquellas adjudicaciones salieron a la luz una serie de nombres y empresas que cobraron dinero sin prestar servicios. Cid Montes fue uno de ellos, junto con el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez; el ex viceministro de Energía Eléctrica, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas; el médico nombrado por su hermano Rafael Ramírez Carreño como director médico de Pdvsa, Fidel Ramírez Carreño y otras 24 personas. Montes fue acusado de comprar inmuebles en Miami con dinero de comisiones que recibió de contratistas venezolanas cuando trabajaba como asesor del ex ministro de Energía y Minas, Jesse Chacón.

En el reciente mes de septiembre de 2019, el Atlético Venezuela CF recuperó algo de su aura de empresa familiar. Jesús Salazar Acevedo, que un año antes había asumido abiertamente con su nombre y apellido el cargo de Secretario de la Junta, lo dejó. Rubén Villavicencio volvió a la presidencia del equipo luego de casi dos años de ausencia. Pero al unísono se incorporaron a la directiva el hijo futbolista de Salazar, José Daniel Salazar Gómez, junto con su hermana, Gabriela Salazar Gómez. Su esposa Luisa Emilia Gómez Carmona asumió la vicepresidencia; su sempiterna socia, Rosa Elena Rodón Meza, pasó a ser la Secretaria. La Fundación Hijos de Bolívar se desincorporó finalmente de la directiva. Cid Montes, Palm, Sandia Bracho, Zapelli, Ezra y Koenig no aparecen ya entre los asociados. Pero Salazar Acevedo sigue detrás de los patrocinantes y en las gradas.

Está Venezuela preparada para el COVID-21? – La Patilla – 17 de Marzo 2020

Reporte sobre la protesta del 10 de Marzo en Venezuela – Presidencia (E) de la Republica – 10 de Marzo 2020

Creación del Cuerpo Nacional contra el Terrorismo – Acceso a la Justicia – 10 de Marzo 2020

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Frente a la crisis humanitaria que vive el país producto de la catástrofe económica y social, y ante la grave amenaza del coronavirus, el régimen de Maduro responde con más políticas de control y represión, tras la creación del denominado Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo,según decreto n.º 4.135 del 27 de febrero de 2020, publicado en Gaceta Oficial n.º 41.828 de la misma fecha, y que estará adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

El Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo, según se lee en el decreto, se crea bajo la orientación del Plan de la Patria, instrumento ideológico del chavismo, con la finalidad de «proteger, investigar, combatir y sancionar, de manera sistemática y mediante políticas integrales, los fenómenos delictivos ligados a la corrupción, la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo».

Para Acceso a la Justicia el decreto en cuestión es preocupante, fundamentalmente, porque está inspirado en las mismas políticas represivas que en los últimos años se ha implementado contra las personas, especialmente a partir de 2015, mediante la creación de los cuerpos llamados Operación de Liberación del Pueblo (OLP), Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) o los Cuadrantes de Paz, entre otros.

De hecho, el decreto presidencial faculta expresamente al Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo para efectuar operaciones tácticas necesarias para «prevenir, reprimir, neutralizar y combatir » los delitos arriba señalados.

Por otra parte, también abre un amplio margen de discrecionalidad para que el mencionado órgano administrativo determine el origen y la procedencia de los capitales emergentes de las personas -naturales y jurídicas- que estén ligados a los delitos arriba señalados (artículo 4.5), así como para ejecutar órdenes de captura y aprehensiones contras las personas naturales, además de practicar inspecciones y allanamientos (artículo 4.7).

En definitiva, el decreto n.º 4.135 del 27 de febrero de 2020 se suma a las acciones represivas y la política de terrorismo de Estado que el régimen de Maduro aplica contra la población, situación que, sin duda, agravará aún más la violación de los derechos humanos. de las personas en Venezuela.

 

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