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¿Qué está pasando con CITGO? – ProDaVinci – 13 de Agosto 2018

El 9 de agosto de 2018, Leonard Stark, juez federal de la Corte del Distrito de Wilmington, Delaware, determinó que PDVSA constituye una misma entidad con la República Bolivariana de Venezuela. A partir de esta decisión, el juez permitió a Crystallex International Corp., una empresa minera que demanda a Venezuela por 1.386 millones de dólares por una expropiación en 2008, ejecutar las acciones de PDV Holding, Inc (PDVH), una filial de la petrolera estatal venezolana, propietaria de las acciones de Citgo Holding, Inc. Sin embargo, la ejecución de esta medida se postergó hasta que fuesen establecidos los términos de uso y liquidación de dicha participación accionaria.

¿Venezuela perdió CITGO?

La medida no le otorga de forma directa el control de CITGO a Crystallex. La Corte estableció que le permitirá ejecutar las acciones de PDVH para garantizar la indemnización que reclama la empresa minera canadiense.

PDVH pertenece por completo a Petróleos de Venezuela, S.A. y a su vez, es la única propietaria de Citgo Holding, Inc., empresa dueña de la petrolera Citgo Petroleum Corporation, sus refinerías y terminales de servicio. Estas filiales de PDVSA están registradas en el estado de Delaware, Estados Unidos.

El procedimiento para que Crystallex ejecute los activos de PDVH, requerirá del permiso de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de las Estados Unidos, debido a las sanciones dispuestas por el ejecutivo estadounidense contra el gobierno venezolano. Además, dependerá del resultado de las apelaciones que ejercerán PDVSA y Venezuela ante la justicia de EEUU. Sin embargo, varios especialistas han afirmado que el final de esta trama jurídica puede ser la pérdida de Citgo por parte de Venezuela.

¿Por qué Crystallex embargó un activo de PDVSA cuando la demanda es contra la República de Venezuela?

Pese a que la República de Venezuela es dueña de PDVSA en su totalidad, ambas se consideran entidades legales diferentes y separadas por el “velo corporativo”, vale decir, cuando las responsabilidades de una entidad no son transferibles a la otra. En teoría no se podría imputar a PDVSA por deudas de la República a menos que se levantase ese velo.

El argumento principal de Crystallex para pedir una imputación sobre CITGO es que PDVSA es un alter ego de Venezuela. La empresa canadiense alega que la república venezolana ejerce en la práctica extensivo control de las operaciones diarias de PDVSA a extremos en los que se podría considerar a ambas una sola entidad.

Para demostrar el argumento del alter ego, Crystallex alega lo que considera evidencias, a fin de ejemplificar el manejo indiscriminado del gobierno sobre la estatal petrolera. Estas incluyen:

1. El uso de propiedad física de PDVSA como si fuese de la República, especialmente con fines políticos.

2. La República priva a PDVSA de su independencia, ejerciendo sobre ella un control político a la par de las agencias gubernamentales al designar su junta directiva, la cual ha sido ocupada por miembros del gabinete Ejecutivo, incluido el Ministro de Petróleo.

3. El Ejecutivo controla las operaciones de negocios de PDVSA al dictar a qué clientes puede vender petróleo y a qué precio. También dicta los precios domésticos de los combustibles y ordena el establecimiento de subsidios.

4. El Ejecutivo establece lineamientos que hacen que PDVSA actúe en representación de la República, como su uso para pagar con petróleo deudas contraídas con países como China y Rusia.

5. PDVSA ignora sus estatus de empresa independiente al emitir comunicaciones oficiales en las que afirma que son entidades equivalentes:

Adicionalmente, PDVSA participó en el arbitraje entre la República y Crystallex al asumir el pago de las tarifas de Venezuela en los tribunales del Ciadi que mediaban el proceso de arbitraje.

De acuerdo con la posición de Crystallex, Si PDVSA es alter ego de Venezuela, entonces es imputable por las responsabilidades de Venezuela, y sus activos son susceptibles de ser tomados. Esto impactaría en toda la cadena de propiedad desde PDVSA hasta las refinerías de CITGO, pasando por las subsidiarias PDVH y CITGO Holding.

¿Y qué pasó con la inmunidad de Venezuela?

Bajo la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA), los estados soberanos y sus propiedades en Estados Unidos son inmunes a la jurisdicción de las cortes estadounidenses, salvo en específicas excepciones, entre ellas los casos en que el Estado está involucrado en acciones para el cumplimiento de laudos de arbitraje. Adicionalmente, para que la propiedad de un Estado sea embargable para cumplir con un arbitraje, deben ser de uso comercial en los Estados Unidos.

Crystallex sostuvo que las acciones que PDVSA tiene sobre PDVH son un activo de uso comercial, al ser empleadas para ejercer derechos de accionista en la designación de su junta directiva y en la aprobación de contratos. Adicionalmente, el control sobre PDVH permite conducir acciones comerciales a través de CITGO. En resumen, la Corte concibe a PDVSA como alter ego de Venezuela en la disputa. Y los activos de uso comercial de PDVSA, llámense las acciones de PDVH, son entonces, para el juez, imputables con el objeto de cumplir el laudo arbitral.

¿Qué implicaciones tiene que un juez haya determinado que PDVSA es alter ego de Venezuela?

A primera vista, el aspecto más resaltante de la decisión es el reconocimiento de PDVSA como alter ego de Venezuela, o el reconocimiento de que se puede ir contra PDVSA por obligaciones de la República y tomar activos de la estatal petrolera. Sin embargo, es prudente separar las implicaciones formales de este caso en particular, y las consecuencias que puede acarrear para otros casos.

Formalmente, la orden solo identifica que las acciones de PDVH, propiedad de PDVSA, pertenecen al gobierno Venezolano y pueden ser ejecutadas por Crystallex. La Corte nota que su decisión no hace que Venezuela sea generalmente responsable por las obligaciones de PDVSA, y que la orden no le da permiso a Crsytallex, u otro acreedor, de inmediatamente tomar otros activos de PDVSA.

Funcionalmente, la orden sienta un precedente del cual pueden apoyarse otros acreedores en sus propias demandas. Ya sea argumentando en base a la decisión de alter ego del caso de Crystallex, o haciendo alegatos de alter ego diferentes pero siguiendo el mismo proceso confirmatorio. En otras palabras, hay un riesgo considerable de que la consideración de alter ego sea invocada, y usada, en otros casos.

Según la orden, el procedimiento involucrará la venta de las acciones de PDVH para cubrir la deuda a Crystallex. Es importante notar el valor de CITGO es estimado entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, que excede el monto de compensación que le corresponde a Crystallex. Aún no se sabe si se venderá la totalidad o una porción de las acciones de PDVH, y a qué precio. Tampoco se sabe cómo esto afecta a los contratos que tienen como colateral a las acciones de CITGO. Específicamente, los bonos de PDVSA que maduran en 2020 y una deuda con Rosneft contraída en 2016.

Un procedimiento que involucre el apoderamiento de CITGO abriría las puertas para que otros acreedores y demandantes en laudos de arbitraje, se organicen e inicien  procedimientos para incautación de activos venezolanos. Venezuela y PDVSA deben en conjunto más de 60.000 millones de dólares en bonos, de los cuales no se han hecho pagos correspondientes por 5.000 millones de dólares en maduración de intereses y principal, en lo que se considera un default generalizado. A esos montos se les pueden sumar otros 90.000 millones en deudas internacionales, bilaterales, comerciales y de proceso de arbitraje.

CITGO constituye el principal activo de PDVSA fuera del territorio nacional, y el más llamativo para un proceso de embargo de propiedades como parte de reclamo de deudas. Si los acreedores de Venezuela y PDVSA consideran que ambas entidades no están en capacidad de continuar pagando, y que CITGO es una de las pocas cosas a las que pueden aspirar como compensación, entonces podría incentivarse la activación de cláusulas de aceleración y cross-default en muchos de los bonos.

¿Cuál es el origen de la demanda de Crystallex a la República de Venezuela?

En junio de 2007, Crystallex anunció que iniciaría operaciones para extraer oro en Las Cristinas, municipio Sifontes, en el estado Bolívar. Crystallex obtuvo la concesión en 2002 cuando firmó un contrato con la Corporación Venezolana de Guayana para obtener el derecho exclusivo de explorar y desarrollar Las Cristinas, y procesar y comercializar el oro extraído. Sin embargo, en abril de 2008, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales le negó a Crystallex el inicio de operaciones alegando que necesitaba obtener permisos ambientales.

En noviembre del mismo año, el gobierno venezolano anunció la nacionalización de los depósitos de oro en Las Cristinas, y para enero de 2009 el presidente Hugo Chávez informó mediante un discurso ante la Asamblea Nacional, la toma de los yacimientos y su traspaso a una cooperativa creada con Rusia. Posteriormente los derechos de explotación pasarían a una empresa china.

En febrero 2011, Crystallex introdujo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una solicitud de arbitraje contra Venezuela por 3.800 millones de dólares alegando expropiación injustificada y violación de contrato. En abril de ese mismo año, se dio por terminado el Contrato de Operación Minera de Crystallex, y una jueza venezolana ordenó el traspaso físico de Las Cristinas a autoridades del país. A finales de 2011, la empresa canadiense se declaró en bancarrota, siendo el proceso de arbitraje con Venezuela el principal activo de la junta administrativa.

El 26 de enero de 2012, Venezuela introdujo su desincorporación del Ciadi: “Cualquier decisión que tome el Ciadi rebota contra la Constitución soberana”, señaló Chávez en una declaración televisada. Aclaró que el proceso se haría efectivo en julio de ese año. Sin embargo, los activos de CITGO seguían siendo vulnerables a toma por laudos arbitrales, por lo que el gobierno intentó ofrecer su filial en venta en 2014. Los esfuerzos de vender la petrolera fueron infructuosos y desde entonces se considera como la propiedad venezolana en el exterior más vulnerable a ser embargado en caso de disputas y arbitrajes.

El 5 de abril de 2016, el panel de arbitraje en el Ciadi falló a favor de Crystallex y ordenó a Venezuela pagar la suma de 1.386 millones de dólares por daños y perjuicios debido al trato injusto e inequitativo y la expropiación ilegal del proyecto minero Las Cristinas. Ese mismo mes, Crystallex procedió a introducir un recurso en la Corte del Distrito de Columbia para conseguir confirmación del laudo arbitral.

¿Cómo ha procedido Crystallex para incautar CITGO y qué ha hecho PDVSA?

En 2015, CITGO inició un proceso para emitir deuda y transferir esos recursos a PDVSA a través de una cadena de subsidiarias. La operación se llevó a cabo cuando CITGO Holding transfirió los ingresos de esas emisiones como dividendos a PDVH, que a su vez los pasó como dividendos a PDVSA. En total, 2.800 millones de dólares fueron repatriados por PDVSA.

En noviembre de ese mismo año, Crystallex introdujo una demanda en la Corte de Distrito de Delaware, USA, contra PDVSA, PDVH y CITGO Holding, argumentando que esas operaciones constituían una “transferencia fraudulenta” que buscaba vulnerar a los acreedores de Venezuela en caso de que procedieran a embargar de CITGO.

En septiembre de 2016, PDVSA inició un proceso para realizar un swap o canje de bonos. Para realizar dicho canje, PDVSA ofreció 50,1% de las acciones de CITGO Holding como colateral. En noviembre de 2016, PDVSA obtuvo un préstamo de Rosneft por 1.500 millones de dólares. Dentro del acuerdo, PDVSA ofreció en garantía el 49,9% restante de las acciones de CITGO. Para los dos casos, si PDVSA hace default de sus deudas, los acreedores se quedarán con CITGO.

En ambas instancias, Crystallex criticó los procedimientos al señalar que Venezuela estaría haciendo transferencias fraudulentas al empeñar activos por los cuales Crystallex está en derecho de adjuntarse, como compensación por el laudo arbitral de 2015.

Para marzo de 2017, el juez del Distrito de Columbia, Rudolph Contreras, confirmó el laudo y en abril la corte entró en juicio contra Venezuela. En junio del mismo año, Contreras afirmó que ya había pasado un “tiempo razonable” desde el inicio del juicio y que Venezuela no había pagado aún.

Un mes después, Crystallex ganó una orden judicial en la que un tribunal de New York prohibió a la empresa china Haitong International Securities Group transferir títulos propiedad de Venezuela fuera de cuentas neoyorquinas. La empresa canadiense argumentó que Venezuela había intentado mover sus activos fuera de Estados Unidos para evitar la incautación de bienes. Robert Weil, asociado de la firma legal que representaba a Crystallex en el caso, afirmó que “El premio aquí es Citgo y nos estamos acercando a conseguirlo”.

A finales de 2017, Crystallex empezó un procedimiento legal para tomar los activos de CITGO, como respuesta al incumplimiento de Venezuela de un acuerdo en el que la República empezaría a pagar 440 millones de dólares para cubrir el laudo arbitral.

En enero de 2018, la Corte del Tercer Distrito de Delaware desestimó el caso de “transferencias fraudulentas” introducido por Crystallex en 2015, alegando que PDVH, que envió los dividendos a PDVSA, no se considera como el “deudor” principal en el caso de Crystallex. Sin embargo, no desestimó la noción de que Venezuela fuese un alter ego de PDVSA, la cual fue reafirmada en la más reciente decisión de la Corte de Delaware.

¿Perderá Venezuela a CITGO?

El caso de Crystallex es solo una de muchas demandas contra Venezuela y sus entidades estatales. El desenlace de esta contienda puede motivar a otros actores a agilizar sus procedimientos para tomar CITGO. Según Francisco Monaldi, experto en Petróleo y fellow del instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice, este puede ser el inicio de una cadena de demandas, muchas de entidades que tienen casos más sólidos que el de Crystallex:

“Hay muchos otros en fila por activos de CITGO, tenedores de bonos de CITGO, acreedores de CITGO, tenedores de los bonos PDVSA 2020, Rosneft, Conoco, otros acreedores de PDVSA y Venezuela, y demandantes en el Ciadi. Me parece que Crystallex no debería estar de primero en esa fila…”

En lo que se refiere a la toma de CITGO, Monaldi comenta: “No creo que PDVSA pierda inmediatamente control de CITGO, pero pienso que eventualmente pasará… es solo cuestión de quién se quedará con ella”.

Contexto actual de la energía en Venezuela por Nelson Hernandez – Gerencia y Energía – Julio 2018

 La caída del consumo de alimentos en Venezuela 2012-2017 – ProDaVinci – 11 de Agosto 2018

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) publicó el trabajo Evolución del consumo de alimentos en Venezuela (1998-2017). Fue elaborado por los economistas Luis Zambrano Sequín y Santiago Sosa. Uno de los elementos más destacables del trabajo es la presentación de cifras de consumo de alimentos. Los cálculos se elaboraron a partir de las Encuestas Nacionales de Seguimiento de Consumo, del Instituto Nacional de Estadística, hasta el primer trimestre de 2015 y se actualizaron hasta 2017 con la Encuesta de Condiciones de Vida elaboradas por la UCAB, Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar.

El período 2012-2017 es calificado por los autores como un “desplome del consumo” que se evidencia en caídas de 48% en el consumo de carne de pollo, 68% de pescado y 77% de leche líquida.

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A continuación puede leer el trabajo completo del IIEE:

IIESUCAB Zambrano Sosa Informe Consumo Alimentos 08 2018 by prodavinciredes on Scribd

https://www.scribd.com/embeds/385899080/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-ZhAmZdgy0WBW3BCFeJHT&show_recommendations=true

Empresa “ficticia” usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada al empresario Raúl Gorrín por Maibort Petit – Venezuela Política – 27 de Julio 2018

El empresario Raúl Gorrín, sería el conspirador número 7 en un supuesto esquema de corrupción, según el cual, empresarios y funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro habrían lavado cerca de UDS 1.200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario venezolano. Documentos prueban que el mencionado abogado actúo como representante de la empresa ficticia usada por Francisco Convit y los otros demandados para justificar una transacción por unos USD 600 millones de dólares con una empresa estadounidense, revelan documentos.

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El 23 de julio de 2018, el gobierno de los Estados Unidos acusó a empresarios venezolanos y de otras nacionalidades, en conjunto con exfuncionarios del gobierno venezolano, de enriquecerse al beneficiarse del enorme diferencial que existe entre la tasa de cambio oficial y la del mercado negro, lo cual les permitió amasar fortunas que la fiscalía estadounidense estima en miles de millones de dólares.

Uno de los principales acusados de la trama de corrupción es el venezolano, Francisco Convit Guruceaga, conocido como “bolichico” y quien forma parte de la cuestionada contratista del estado venezolano, Derwick Associates, señalada de haber logrado contratos con millonarios sobreprecios millonarios en el sector de energía venezolano.

Junto a Convit Gurucea, en los documentos del tribunal aparecen los nombres de varios acusados y se menciona la existencia otros co-conspiradores no identificados. Dice que los “CONSPIRADORES 1 – 9 son algunos de los miembros adicionales no acusados de la conspiración junto con otros. CONSPIRADORES 1 – 9 incluyen otros funcionarios anteriores de PDVSA, personas asociadas con CONVIT, miembros informados de los “boliburgues” y lavadores profesionales de dinero de terceros”. Entre los demandados, se encuentra un ciudadano alemán, arrestado el martes en el Aeropuerto Internacional de Miami, Matthias Krull posee residencia legal panameña y es banquero en Suiza, dicen los reportes.

El segundo demandado es Gustavo Adolfo Hernández Frieri, un  ciudadano colombo-estadounidense arrestado en Italia el 25 de julio de 2018, acusado de usar sus empresas financieras con sede en Miami, Global Security Advisors y Global Strategic Investments, para lavar dinero a través de inversiones falsas en fondos mutuales.

En este caso también fueron acusados los exfuncionarios Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, y el abogado Carmelo Urdaneta Aqui, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela. Vale destacar que la investigación de esta demanda se produjo a lo largo de dos años y, según las alegaciones, la conspiración se extendió entre 2014 y 2016, tiempo en el cual el Ministerio de Petróleo e Hidrocarburos contó con tres ministros, a saber: Rafael Ramírez (2013-2014); Asdrúbal Chávez (2014-2015) y Eulogio del Pino (2015-2016).

Otro acusado es el banquero uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara. 

La demanda asegura que los acusados acumularon millones de dólares beneficiándose del uso del tipo de cambio preferencial otorgado solo a personas allegadas al régimen chavista.

La llamada “Operación Fuga de Dinero” devela la existencia de una conspiración internacional para lavar fondos de PDVSA a través de Miami y de varias organizaciones internacionales de lavado de dinero, dicen los documentos del tribunal.

“Específicamente, las investigaciones revelaron el uso de propiedades inmobiliarias de Miami y esquemas sofisticados de inversiones falsas para lavar cientos de millones de dólares estadounidenses”, señala la acusación.

Entre los datos aportados se destaca el hecho diferencial entre el tipo de cambio preferencial oficial y el tipo de cambio real, adquirido en el mercado negro, el cual era de diez a uno en el 2014, lo que en esencia permitía adquirir USD 100 millones pagando sólo USD 10 millones, refieren uno de los documentos.

La demanda señala que los acusados trataron de hacer uso de un empresario identificado en los documentos como Fuente Confidencial (CS, en inglés) para que les ayudara a lavar una porción de los fondos malversados en el esquema de corrupción.

La operación duplicó el monto a USD 1.200 millones en mayo del 2015, asegura la acusación, a la vez que señala que en un principio el informante acordó realizar negocios con los demandados y que su rol era comprar dólares a muy buen precio y luego venderlos a sus clientes en Venezuela.

Los papeles de la corte dicen que el informante ejecutó varias operaciones de esta naturaleza que equivalían a decenas de millones de dólares, que obtuvo inicialmente en euros.

No obstante, las operaciones empezaron a tener problemas cuando los acusados de realizar la conspiración no entregaron los soportes debidos para justificar el origen de los fondos ante las autoridades federales encargadas de velar por la transparencia del sistema financiero internacional. Asimismo, señala que en una ocasión, los demandados presentaron documentos falsos.

En la demanda aparece información relacionada con un encuentro que sostuvo el CS en las oficinas de  Francisco Convit en Caracas cuando el ahora informante del gobierno estadounidense diera a conocer a los acusados que no podía continuar operando en esas circunstancias.

Dice que en esa reunión, el principal acusado Francisco Convit junto a Urdaneta, Amparan y el informante, discutieron los pormenores de las operaciones, y destaca que Convit tenía una pistola en la mesa y que había llevado al lugar un pastor alemán con un collar eléctrico. “Convit tenía el control remoto del collar y comentó que él no siempre podía controlar al perro”, dice la demanda.

El informante aseguró en su testimonio que el día de ese encuentro, había mucha seguridad en la oficina y que el ambiente era intimidatorio por parte de Convit, según los papeles de la corte.

CS empezó a grabar sus conversaciones con los acusados para evidenciar las operaciones fraudulentas y que servirán de evidencia en el tribunal.

Un documento ficticio

La acusación dice que uno de los documentos que el principal acusado de la operación, Francisco Convit, entregó al informante CS para justificar la transacción fraudulenta de dinero entre un banco europeo y las empresas de los demandados, fue un contrato ficticio, en formato PDF, de una compañía de Hong Kong, llamada Eaton Global Services Limited. 

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Según records del año 2015,  Eaton Global Services Limited está ubicada en Suite 2405, Progress Commercial Building 9, Irving Street, Causeway Bay, Hong Kong. 

Documentos en nuestro poder, refieren que el representante de Eaton Global Services Limited es el empresario venezolano Raúl Gorrín, quien aparece como co-conspirador en este caso. El abogado, revelan los documentos, ha usado la firma para realizar transacciones de compra-venta en Caracas e, inclusive, para realizar pagos por servicios publicitarios a empresas ubicadas en el estado de la Florida, realizando para ello transferencias a bancos norteamericanos, entre ellos la entidad financiera comunitaria US Century Bank, fundada en Miami (El Doral), Florida, el 28 de octubre de 2002.

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En otro documento se establece un vínculo entre la mencionada empresa y el empresario coacusado. La evidencia es un boleto de compraventa de “una embarcación usada tipo lancha, marca Intermarine, serial  ITV 02621-gasa, equipada con dos motores fuera de borda, color blanco, de 10,70 MTS de eslora, 2,75 manga”.

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Señala el documento que “La venta se estableció en un monto de USD 100.000,00, el cual se pagó en dos partes. El día de la venta el comprador pagó USD 45.450,00 por concepto de seña y el saldo USD 54.550,00 que se abonarían en la fecha el que nuevo dueño tomara posesión del bien adquirido”. El documento fue firmado en Caracas el 27 de julio de 2015.

En referencia de la empresa en la demanda legal interpuesta por la fiscalía del Distrito Sur de la Florida, se señala que el día del encuentro en Caracas, “Convit envió al CS un documento (PDF) para justificar la transferencia entre la Institución Financiera Europea 1 y la confianza de la CS. Convit había enviado un contrato falso firmado entre una compañía ficticia de Hong Kong, Eaton Global Services Limited, y la empresa el CS, con una firma falsificada en nombre del administrador fiduciario del CS.

Dice el documento que CS advirtió que “nunca antes había visto este contrato”. El contrato de empresa conjunta falsa, con fecha del 17 de diciembre de 2014, contemplaba una operación ficticia por 600 millones de dólares realizado por las empresas conjuntas, es decir entre Eaton Global y la empresa de CS; el supuesto negocio de la empresa conjunta fue la fabricación de los préstamos a PDVSA.

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El 9 de febrero de 2015, el CS le dijo a Convit que el contrato de empresa conjunta falsa que pretendían usar Convit y Urdaneta como documentación para las transacciones con su empresa norteamericana, era un contrato falso y que no debía ser utilizado ni proporcionado a cualquier banco. 

El CS también solicitó los contratos de intercambio subyacentes originales y Convit respondió que Urdaneta tenía copias físicas y  que las entregaría. Días después en Venezuela, Urdaneta entregó personalmente a CS  los documentos  y le explicó que los documentos fueron entregados por el  “CONSPIRADOR 1”, un exfuncionario de PDVSA. 

Estos documentos, que CS proporcionó a las autoridades federales en Miami, revelan la fuente de los fondos de PDVSA y la naturaleza del plan que el gobierno estadounidense denominó Operación Fuga de Dinero.

El Arco Minero del Orinoco : desastre ambiental del Siglo XXI por pedro García Montero – Academia Nacional de Ingenieria y Habitat – Junio 2018

Informe de Perspectivas – Ecoanalitica – Julio 2018

Conclusiones: Caída libre

“Quien ha perdido la esperanza ha perdido también el miedo: ello significa la palabra desesperado”. – Arthur Schopenhauer

Habiendo culminado la presente edición de nuestro Informe Perspectivas, podemos describir el entorno macroeconómico venezolano como desesperanzador. No se vislumbra interés alguno de parte del Ejecutivo nacional para modificar la política económica que ha sumido a la mayoría de los hogares en la miseria, hasta el punto de hacerlos huir. El prospecto de una inflación de 1.408.946,7%, contracción del PIB de -19,0%, caída de la producción petrolera de -40,4% y declive del consumo de los hogares en -13,6%, a cierre de 2018, difícilmente parece sensibilizar a la “élite” gobernante.

Esto, sin embargo, no es del todo sorprendente: el equilibrio político del chavismo garantiza parálisis total de política económica. El problema irresoluto de una coalición gobernante compuesta por múltiples grupos captadores de rentas, con un coordinador central débil e ideológicamente incapacitado para comprender las causas de la crisis, constituye el núcleo fundamental de la crisis. Esta realidad, lamentablemente, no pareciera cambiar en el corto plazo. De hecho, es probable que sólo el empeoramiento de la crisis genere las presiones necesarias para alterar el equilibrio político de la coalición gobernante o, incluso, provoque su sustitución completa.

Por este motivo, en Ecoanalítica consideramos que todo cambio estructural de la economía venezolana deberá esperar hasta 2019, al menos, para ocurrir. No obstante, no nos sumamos a la idea de que la crisis durará para siempre. Los episodios hiperinflacionarios nunca duran de manera permanente, pues constituyen desequilibrios que empobrecen no sólo a los hogares y empresas privadas, sino también a los Estados que los provocan.

En este sentido, la recaudación no-petrolera ha presentado una caída de 83,6% entre junio de 2018 y el mismo mes de 2017. Al desagregar esta contracción de ingresos fiscales, observamos que se presenta tanto en los impuestos directos (ISLR) como en los indirectos (IVA e impuestos aduanales). Este fenómeno se explica tanto por la contracción económica en términos reales, como por el Efecto Olivera Tanzi: los rezagos en la recaudación, con una tasa de inflación mensual promedio de 102,2%, implican crecientes pérdidas de poder de compra de los recursos tributarios. Ello ocurre a la vez que se contraen las exportaciones petroleras (estimadas en 1.182 kb/d promedio para cierre de 2018) y un declive en los recursos obtenidos por impuesto inflacionario (provocado por el colapso de los saldos monetarios reales, es decir, de su base imponible).

El empobrecimiento del Estado venezolano, si bien hasta ahora no parece mostrar mayores consecuencias políticas, podría empezar a presionar el funcionamiento de la coalición chavista. Bien sea a través de la reducción de los recursos totales disponibles para distribuir en forma de rentas, razón por la cual la concentración de poder entre facciones deberá incrementarse –excluyendo a otros-; bien sea por el malestar provocado en una población cada vez menos capaz de cubrir sus requerimientos mínimos de subsistencia. En última instancia, un Estado más pobre será menos capaz de implementar estrategias de coacción y represión sobre una ciudadanía desesperada. La desesperanza podría contagiar a los hacedores de política macroeconómica, abriendo posibilidades de cambio y facilitando asunción de riesgos que parecían irremontables.

En la presente edición, hemos actualizado nuestras proyecciones a cierre de año respecto a aquellas presentadas durante la edición del trimestre previo. Entre los cambios realizados, se encuentran:

• La inflación a cierre de año se elevó hasta 1.408.946,7% frente a un estimado previo de 384.985,9%. Ello se debe a la aceleración observada de 55,2 pp entre la inflación mensual promedio del 1T2018 y aquella del 2T2018.

• La contracción económica fue actualizada hasta 19,0% frente a una proyección previa de 15,2%. Ello se debe a una contracción más agresiva en el consumo de los hogares (-136%), en la inversión privada (-12,9%) y un declive 17,8 pp superior en el sector financiero.

• El saldo en cuenta de capital y financiera presenta un déficit de USD 3.272 MM frente a una proyección previa de un déficit de USD 3.134 MM, ante la decisión de incrementar importaciones del sector petrolero, incremento de 94,4% en las importaciones privadas financiadas mediante dólares propios durante el 1T2018 y una cierta disposición a liquidar posiciones en oro de las RRII (estimando un declive de las mismas en 13,3% a cierre de año).

• Nuestras proyecciones petroleras se han mantenido estables, dada la asertividad mostrada durante los primeros seis meses de año. En este sentido, mantenemos una producción promedio a cierre de 1.301 kb/d de hidrocarburos líquidos.

• Estimamos que la liquidez monetaria crecerá 100.048,1% en 2018, frente a una proyección de 105.452,0% el trimestre pasado. Ello debido a la ligera recuperación mostrada por el multiplicador monetario, así como el mayor margen de expansión potencial de cartera de créditos en la banca pública (tras la revalorización de activos).

Este escenario, si bien poco halagador, invita al sector privado a continuar con una estrategia defensiva, protegiendo su patrimonio ante una espiral de precios cada vez más agresiva. La disposición a ajustar precios y salarios debe ser elevada, en tanto los rezagos pesan cada vez más sobre los resultados financieros en términos reales.

Así mismo, en Ecoanalítica invitamos a explorar nichos de mercado que permitan generar divisas, tanto a través de exportaciones como mediante ventas nacionales. Muestra de la conveniencia de esta estrategia, se encuentra en el crecimiento de 17,95% registrado en las exportaciones no-tradicionales entre 2016 y 2017.

La única forma de resistir la presente crisis, será adoptando estrategias de supervivencia. Ello aplica tanto para los hogares como para las empresas, sin importar su tamaño.

Para acceder al Informe completo ir al siguiente enlace:

Ecoanalitica – Persp-2T18-2

Índice Global revela que en Venezuela la esclavitud es política de Estado por Sabrina Martín – Panampost – 19 de julio 2018

En el país suramericano unas 174.000 personas sufren situación de esclavitud, con una tasa de 5,6 por cada 1.000 habitantes.

Unas 174.000 personas sufren esclavitud moderna en territorio venezolano con una tasa de 5,6 por cada 1.000 habitantes (Twitter)

De todo el continente americano, Venezuela y Haití lideran el Índice Global de Esclavitud moderna. El país gobernado por Nicolás Maduro ahora no solo se destaca por ser la nación con la inflación más alta del mundo y los salarios más bajos de la región, sino también por ser uno de los que mantiene en vigencia la esclavitud.

El Índice Global de Esclavitud 2018, que publica anualmente la organización de ayuda Walk Free Foundation en Australia, define la esclavitud como una “situación de explotación a la que una persona no puede negarse debido a amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaño”.

Según el estudio, en el país suramericano unas 174.000 personas sufren esa situación en territorio venezolano con una tasa de 5,6 por cada 1.000 habitantes. Esa proporción es similar a la de Haití, donde unas 59.000 personas serían víctimas de dicho flagelo.

A las incidencias de esclavitud moderna, también se suman República Dominicana, Cuba y Honduras, a pesar de que sus números no alcanzan las cifras de Venezuela.

Isabel Pereira, Doctora en sociología y coordinadora del Observatorio de la Propiedad de Cedice Libertad, señaló a PanAm Post que en Venezuela, como ocurre con los esclavos, los ciudadados no son libres ni en materia económica, política ni social.

“Un país que tenía las mejores condiciones ha convertido a los ciudadanos en esclavos modernos sin ninguno de sus derechos”, agregó.

“A mí no me extraña que Venezuela sea una de las primeras en esclavitud, porque lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es una total pérdida de la libertad del ciudadano”, explicó.

Pereira señaló que no es solo que el venezolano perdió el derecho de alimentarse correctamente, es el hecho de que además perdió sus poderes: el poder de elegir, de opinar, de decidir.

“Lo que se puede llamar como esclavitud moderna en Venezuela es que hemos perdido todos nuestros derechos, nosotros no tenemos la libertad”, sentenció.

En la nación que actualmente enfrenta una dictadura moderna, se registran miles de casos de amenaza, violencia y coerción por parte del régimen.

Y es que la primera señal de esclavitud en Venezuela se da con los paupérrimos salarios de los trabajadores, pues un sueldo mínimo en ese país equivale a USD$ 1 mensual, al tiempo en que una canasta básica familiar cuesta 220 millones de bolívares (USD$ 78,5), obligando a los venezolanos a buscar más ingresos para poder sobrevivir.

Otra señal de esclavitud se da con la dependencia que tienen los venezolanos de las cajas de alimentos subsidiadas por el régimen.

Ante la escasez de alimentos que hay en el país suramericano y la hiperinflación desbordada, Nicolás Maduro ingenió un mecanismo de sumisión con el que chantajea al pueblo venezolano. Les ofrece comida a cambio de votos y apoyo popular.

Maduro ha dejado claro que con las cajas de alimentos CLAP mantiene dependientes a los trabajadores estatales y a los electores de más bajos recursos.

Pero como si esto fuera poco, el régimen también creó “el carnet de la patria”, otro mecanismo de sumisión y esclavitud con el que el Ejecutivo mantiene un control sobre la sociedad. Todo venezolano que tenga dicho “beneficio” debe ser chavista y gracias a ello obtener acceso a vacunas, vivienda, y otras misiones sociales creadas por el oficialismo.

Ante esto, los venezolanos se ven “obligados” a depender del Gobierno, trabajar por bajos sueldos o “vender sus consciencias” a cambio de comida o beneficios.

“El carnet de la patria es un instrumento de esclavitud moderna porque con comida y ‘beneficios’ te dan recursos para que financies tus necesidades básicas”, sentenció Pereira.

“En Venezuela uno no puede tener un proyecto de vida, el salario ni si quiera te permite comprar la comida, y para conseguir trabajo en la mayoría de los casos tienes que trabajar para el Gobierno, porque las empresas están cerrando. Uno no es libre en el país”, concluyó.

Foro “UCV Global: Retos para la reconstrucción de un país” – UCV – 22 de Junio 2018

Exportaciones de crudo de Venezuela promedian 995 mil bpd en los primeros 14 días de julio – La Patilla – 16 de Julio 2018

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Las exportaciones de petróleo crudo de Venezuela, promedian 995.062 bpd en los primeros catorce días del mes de julio, según el sistema de seguimiento de despachos de cargas de la empresa Tanker Trackers, publiCADO HOY.

La empresa también publicó en su cuenta twitter las exportaciones de otros países de la Opep, como Arabia Saudita, Irán, Kuwait, Libia e Irán.

 El profesor Francisco Monaldi, del Baker Institute y especialista en el tema petrolero, opinó mediante un tuít sobre las cifras de Tanker Trackers:

Exportaciones venezolanas en aproximadamente 1 millón b/d. son consistentes con un nivel de producción de 1,3 m b/d o menos, dadas las importaciones de más de 150 kbd y un mercado interno de menos de 400 kbd. Por supuesto la producción podría ser un poco más alta y podría haber algún aumento en el inventario. 

EEUU es el principal destino de las exportaciones de crudo de Venezuela con 413.559 bpd, representando el 41,56% del total. Le sigue India con 266,423 (26,77%) y China con 136.523 (13,72%) en los primeros catorce días de julio.

Este sábado, el gobernador de Venezuela ante la OPEP, Ángel González, aseguró que Venezuela produjo 1.570.000 barriles de crudo por día durante los primeros seis meses de 2018, y que el número podría elevarse hasta 1.735.000 si se incluyeran “condensados” y hidrocarburos derivados de gases.

Según las fuentes secundarias de la Opep, el país produjo en junio 1,340 kbpd, completando así una caída del 20% en el primer semestre del año.

La empresa Baker Hughes reporta en su informe “International Rig Count” de junio que la actividad de taladros petroleros en Venezuela disminuyó a 26 taladros, trabajando sólo en tierra. El nivel más bajo desde hace 29 años. (lapatilla.com)

 

FMI: “Es difícil exagerar la gravedad de la economía venezolana” – El Nacional – 16 de Julio 2018

Unknown.pngEl FMI presentó este lunes un informe con sus previsiones sobre  la eocnomía nacional en 2018

La gravedad de la situación económica en Venezuela es “difícil de exagerar” puesto que parece estar en un estado de “colapso”, apuntó este lunes el economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Maurice Obstfeld, quien no ofreció números

“Es difícil exagerar la extensión de la ruptura en la economía venezolana”, declaró Obstfeld en una conferencia de prensa, para añadir que resulta “difícil de discutir porque la economía está en un estado de colapso”.

El FMI presentó este lunes la actualización de sus previsiones sobre el desempeño de la economía global este año y añadió en su nota que Venezuela experimentaba un “colapso de actividad”, pero sin indicar la magnitud del retroceso.

El funcionario del Fondo, sin embargo, admitió que las previsiones de la entidad crediticia sobre Venezuela “deben ser tomadas con advertencias”. “No tenemos relaciones con ellos en más de una década sobre sus políticas económicas”, explicó.

En las previsiones que había distribuido en abril, el FMI ya había previsto para este año una caída de 15% en el PIB de Venezuela, y una hiperinflación de casi 14.000%. Para 2019, el FMI había previsto una caída del PIB del 6%.

De confirmarse ese escenario, la economía Venezuela experimentaría una contracción de casi 50% en los últimos seis años.

Obstfeld apuntó que prevén “en los próximos años una contracción de dos dígitos” en el PIB de Venezuela, sumada a una hiperinflación que se equipararía “solamente a la de Zimbabwe” y el período entre las dos Guerras Mundiales.

El funcionario además apuntó que la situación económica en Venezuela representa una presión adicional a los países vecinos por la migración.

“Como en otras partes del mundo, hay aquí un desafío enorme para absorber a esos migrantes. Por supuesto, no hay aquí un problema de idioma, pero tendrán que ser asimilados”, apuntó.

En su informe de este lunes, el FMI mantuvo sin cambios su previsión de un crecimiento global de 3,9% este año, pero rebajó sensiblemente, de 2,0% a 1,6%, su expectativa para América Latina y el Caribe.

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