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¿Dónde está Venezuela en el ranking de los colapsos económicos? por Víctor Salmerón – ProDaVinci – 19 de Febrero 2018

Desde 2014 la economía venezolana no deja de contraerse y el país sufre uno de los peores desastres de la historia contemporánea. José Manuel Puente, profesor del IESA y de la Universidad de Oxford, y Jesús Rodríguez, académico de la Universidad de Warwick, calculan la magnitud del descalabro en su investigación Venezuela en etapa de colapso macroeconómico: un análisis histórico y comparativo.

Para el período 1980-2017, el análisis emplea datos de 192 países registrados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el caso de Venezuela se tomaron las cifras del Banco Central entre 1950 y 2015. Ante la decisión del gobierno de ocultar la información oficial, se usaron proyecciones del FMI para el intervalo 2016 – 2017.

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Puente indica:

“Tomando en cuenta la proyección del FMI de que la economía venezolana retrocedió 18% en 2016 y 12% en 2017, en los cuatro años del período 2013-2017 el PIB (Producto Interno Bruto) se redujo 34,6%, es decir, desapareció más de un tercio de la producción total de bienes y servicios. Un colapso solo comparable con economías que han vivido grandes desequilibrios macroeconómicos o conflictos bélicos”.

Similar a una guerra

Venezuela ocupa la octava casilla en el ranking de los países que padecieron una contracción ininterrumpida del PIB durante cuatro años entre 1980 y 2017. Es el único país latinoamericano de la lista, superando a Zimbabue, Congo y Bulgaria. En el primer lugar se ubica Libia, con una reducción de la economía de 67,9%, seguida por Ucrania, Sierra Leona, Arabia Saudita, Tayikistán, Moldavia y Turkmenistán​.

Puente destaca un aspecto relevante:

“Al menos la mitad de los países de esta clasificación han estado inmersos en guerras civiles o alta conflictividad política. Otro aspecto a resaltar es que a excepción de Libia, Zimbabue y Venezuela, el resto de los casos se produjeron durante los años ochenta y noventa, es decir, en las últimas dos décadas los colapsos de esta magnitud son una rareza. Libia sufre una guerra civil mientras que Zimbabue ha sido objeto de sanciones por parte de la Unión Europea y Estados Unidos por recurrentes violaciones de los derechos humanos”.

Líder en Latinoamérica

Si solo se observa Latinoamérica, Venezuela ocupa el primer lugar entre los países que han sufrido las mayores contracciones del PIB durante cuatro años consecutivos entre 1980-2017, seguido por Trinidad y Tobago, Surinam, Argentina, Nicaragua, Guyana, Uruguay, Bolivia, Saint Kitts and Nevis y Paraguay.

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Puente pone en contexto esta clasificación:

“Para analizar este resultado es importante el caso de Nicaragua. Durante los primeros años de la presidencia de Daniel Ortega, entre 1984 y 1988, la producción de bienes y servicios en este país se redujo 17,4% en medio del conflicto político y el bloqueo comercial que le aplicó Estados Unidos. Sin embargo, esta caída representa aproximadamente la mitad de la contracción experimentada por Venezuela en los últimos cuatro años”.

También utiliza a Argentina como punto de comparación:

“Argentina padeció una fuerte crisis entre 1998-2002. Recordemos que hablamos de los tiempos del corralito y en ese lapso de gran inestabilidad el PIB cayó 18,4%, una contracción muy inferior a la de Venezuela”.

Las consecuencias de chavismo

Desde 1951, la fecha más antigua en las estadísticas oficiales, Venezuela no había experimentado cuatro años consecutivos de caída del PIB. Al evaluar como un todo a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro el saldo no es positivo.

Puente precisa:

“El PIB de 2017 es 3,3% inferior al de 1998, lo que implica que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro prácticamente representan dos décadas perdidas en términos de crecimiento económico y un proceso que deja al país con un aparato productivo profundamente diezmado y con una escasa capacidad para generar riqueza”.

Para evaluar con mayor rigurosidad lo sucedido en el período 2013-2017, la investigación incluye el PIB per cápita del lapso 1951-2017 a precios de 1997. El análisis de este dato concluye que la producción de bienes y servicios por habitante se redujo 38% en los últimos cuatro años y se ubicó al nivel de 1955.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que el chavismo alargó el estancamiento que padece Venezuela desde 1980. Puente afirma:

“Luego de casi cuatro décadas, el país no ha mostrado avances significativos en la producción de bienes y servicios para mejorar el bienestar de la población e incluso presenta niveles de actividad económica inferiores a los registrados en 2003 y 1989, años en que Venezuela experimentó fuertes caídas del PIB y altos niveles de conflictividad política y social. En resumen, en los últimos cuarenta años, la economía venezolana simplemente no ha crecido”.

Modelo en implosión

Si bien el gobierno de Maduro insiste en que la crisis obedece al declive de los precios del petróleo y a la “guerra económica” orquestada por las empresas privadas, Puente y Rodríguez sostienen que el país sufre el colapso de un modelo desacertado que pudo flotar, pero estaba hecho para hundirse.

La lista de fallas que explican la implosión incluye: un esquema de extrema regulación a través de controles de precios, de cambio y tasas de interés; un proceso de expropiación sistemática que contrajo el aparato productivo y pulverizó la inversión privada nacional y extranjera; un elevado incremento de la deuda de la nación; la inexistencia de un fondo de estabilización para enfrentar las fluctuaciones en los precios del petróleo y una fuerte apreciación del tipo de cambio oficial que generó un boom de importaciones e impactó negativamente a los sectores que producen bienes transables.

Puente indica:

“Es el colapso de un modelo. En 2013 con los precios del petróleo en torno a cien dólares el barril la economía apenas creció 1,3%. El declive en la cotización del barril agudiza una contracción que comenzó antes. Además, no existe ninguna otra economía petrolera que presente los desequilibrios macroeconómicos que Venezuela está evidenciando: aguda contracción económica, alta y persistente inflación y sistemática escasez de bienes básicos”.

Puente explica que otro aspecto a considerar es que entre 1998 y 2017, el PIB de Venezuela cayó 3,3% mientras que las economías de los países miembros de la OPEP crecieron en promedio 162,6%.

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Tres patologías

Todo apunta a que Venezuela camina a un quinto año consecutivo de recesión. A las proyecciones de entidades financieras, firmas especializadas y analistas, el profesor del IESA agrega la teoría económica:

“Para rescatar el crecimiento, mejorar el abastecimiento y controlar la inflación en una economía como la venezolana se requiere de un conjunto de medidas adecuadas y tiempo. Se necesitan entre diez y catorce meses para que la economía responda a los incentivos correctos. Estamos en febrero de 2018 y no se ha hecho nada de lo necesario. Por lo tanto, es prácticamente seguro que este año continúe el ciclo recesivo”.

Desde su punto de vista todo apunta a un mayor deterioro en 2018:

“A este agudo ciclo recesivo se une una hiperinflación y el incremento intermensual de los precios se está acelerando, por lo tanto, lo peor está por venir al punto de que el FMI proyecta inflación de 13.000% para este año. Además, hay un desabastecimiento brutal. Entonces, estamos ante tres variables que tienen un impacto devastador desde el punto de vista social”.

No duda en advertir: “No hay cambio económico sin un cambio político. Nicolás Maduro no quiere ni puede, no tiene la visión, el equipo y la credibilidad para aplicar un plan de reformas exitoso”.

Hay salida

Aunque Venezuela ha sufrido un colapso severo y todo apunta a que seguirá deteriorándose este año, Puente señala que de aplicarse los correctivos adecuados, el país puede salir del túnel y comenzar a transitar el camino hacia la recuperación y la prosperidad.

“Hay que dejar claro que existen las medicinas para curar esta enfermedad, Venezuela no está condenada a una catástrofe. Entre las medidas que habría que tomar se encuentran eliminar el control de precios, desmontar el control de cambio, aplicar un tipo de cambio único competitivo y reestructurar la deuda externa. Asimismo, es necesario obtener recursos financieros para fortalecer el sector externo y financiar un programa social de emergencia que incluya subsidios directos”.

 

CIDH exhorta a Venezuela a garantizar la separación de poderes por Luis Alejandro Laya – Venepress – 12 de Febrero 2018

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Llaman al Estado a abstenerse de acciones de hostigamiento o intimidación a las funciones judiciales

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al gobierno de Nicolás Maduro, respetar la separación de poderes de forma inmediata y restaurar el orden democrático en el país durante la publicación del informe sobre derechos humanos en Venezuela.

“Llamamos de nuevo al Estado a abstenerse de cualquier acto de hostigamiento o intimidación o cualquier acción que implique una amenaza o presión directa o indirecta en el ejercicio de la función judicial”, expresó Francisco Eguiguren, presidente de la CIDH y relator para Venezuela.

Señalaron que en repetidas oportunidades se ha reportado la falta de independencia del Tribunal Supremo de Justicia desde hace más de 15 años y explicaron que en 2017 se produjo una grave alteración del orden constitucional, con las sentencias emitidas en contra de la Asamblea Nacional.

“Ha adoptado medidas excediendo la naturaleza de sus atribuciones”, agregó el Presidente de la CIDH en relación al TSJ venezolano.

Eguiguren enumeró distintos hechos entre ellos el supuesto desacato en el que incurrió el Parlamento, las acusaciones de supuesta traición a la patria a los diputados y las acciones tomadas por el presidente Nicolás Maduro sin la debida aprobación de la AN.

En estos enlaces se puede acceder al informa completo :

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf

Venezuela2018-es

 

15 años del actual control de precios en Venezuela: un balance por Anabella Abadi y Carlos García Soto – ProDaVinci – 6 de Febrero 2018

Con ocasión de la crisis económica derivada de la huelga general de empresarios y trabajadores de diciembre de 2002 y enero de 2003, en febrero de 2003 el Ejecutivo Nacional decidió establecer controles de cambios y de precios. Si bien se suponía que tales controles serían temporales, a partir de ese momento, y hasta ahora, la libertad económica y el derecho de propiedad en Venezuela se encuentran severamente restringidos. Conforme a ambos regímenes, no hay libertad de cambio y tampoco libertad de fijación del precio en la comercialización de bienes y servicios.

Evolución del régimen del actual control de precios

El 6 de febrero de 2003 se publicó la primera lista de 45 bienes y 7 servicios que serían declarados de “primera necesidad” y cuyos precios máximos de ventas al público serían fijados por el Ejecutivo Nacional (Gaceta Oficial Nro. 37.626 de 6 de febrero de 2003). Menos de una semana después, el 11 de febrero de 2003, el para entonces Ministerio de la Producción y el Comercio publicó los primeros precios máximos de venta (Gaceta Oficial Nro. 37.629 de 11 de febrero de 2003).

El 4 de mayo de 2004 se dictó la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (Gaceta Oficial Nro. 37.930) la cual derogaría la Ley de 1995. De esta Ley se derivaba la competencia al Presidente de la República para declarar bienes y servicios como de primera necesidad, pero no se le otorgó competencia alguna para la fijación de sus precios. Es decir: si bien con la promulgación de esta Ley de 2004 se dejó sin base legal al régimen de control de precios, dichos controles se mantuvieron vigentes.

En 2008, 2009 y 2010, se derogarían y promulgarían nuevas Leyes en materia de protección al consumidor (Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios), pero siempre manteniendo el mismo régimen previsto en la Ley de 2004.

El 18 de julio de 2011 se inicia una etapa de significativa ampliación del ámbito del sistema de control de precios, con ocasión de la promulgación de la Ley de Costos y Precios Justos (Gaceta Oficial Nro. 39.715). Con la aprobación de esta Ley, se creó la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (SUNDECOP) para la revisión y control de los costos de producción, con el supuesto objeto de garantizar una ganancia justa y evitar la especulación. La actuación de SUNDECOP sería regulada por el Reglamento Parcial sobre la Superintendencia Nacional de Costos y Precios y el Sistema Nacional Integrado de Administración y Control de Precios (Gaceta Oficial Nro. 39.802 de 17 de noviembre de 2011).

Bajo el marco de una Ley Habilitante, el 23 de enero de 2014 se deroga la Ley de Costos y Precios Justos mediante el Decreto-Ley N° 600 que dictó Ley Orgánica de Precios Justos (Gaceta Oficial Nro. 40.340 de 23 de enero de 2014). Este decreto estuvo precedido por la aplicación de controles de precios por vías de hecho en noviembre y diciembre de 2013.

La Ley Orgánica de Precios Justos estableció un margen máximo de ganancia de 30% para cualquier actor de la cadena de comercialización, y sustituyó a SUNDECOP por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), dándole un amplio conjunto de facultades para el seguimiento y control de todos los procesos de producción, distribución y comercialización del país.

La Ley Orgánica de Precios Justos fue posteriormente reformada el 19 de noviembre de 2014 (Gaceta Oficial Nro. 6.156) y el 12 de noviembre de 2015 (Gaceta Oficial Nro. 40.787). Ambas reformas se hicieron bajo la aplicación de una Ley Habilitante.

Más recientemente, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la anunciada Ley Constitucional de Precios Acordados (Gaceta Oficial Nro. 6.342 extraordinario de 22 de noviembre de 2017). Este instrumento, dictado por una ANC convocada al margen de la Constitución, mantiene una política de controles que perpetuará las distorsiones generadas por las leyes previas.

El control de precios: implementación e impacto

Es inevitable que los precios suban cuando la oferta de bienes y servicios no logra responder a una creciente demanda impulsada por un atropellado gasto público y unos precios artificialmente bajos. Y si bien entre 2002 y 2014, los recursos del boom petrolero se usaron para cubrir el exceso de demanda con importaciones, el control cambiario generó importantes distorsiones de precios y focos de corrupción que hicieron más rentable importar que producir localmente. Las divisas eventualmente se tornaron insuficientes para un gasto externo creciente y desordenado, situación que se agravó ante la caída del precio del barril venezolano a mediados del año 2014.

Entre 2003 y 2012 se mantuvieron controlados los precios de casi un centenar de bienes y servicios de primera necesidad. Desde 2005, los ajustes de precios se hicieron menos frecuentes y de manera selectiva (ver Tabla 1), obligando a los productores a asumir los crecientes costos en un contexto inflacionario.

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Más allá de los rezagos y de la poca transparencia en los procesos de revisión y ajuste de los precios controlados, las propias cifras del BCV reflejan que las regulaciones de precios no sirvieron para controlar y, mucho menos, disminuir la inflación. Incluso, al discriminar entre los productos con precios controlados y no controlados, los niveles de inflación anual de ambos grupos se mantuvieron por encima de 10% entre 2003 y 2012 (ver Gráfico 1).

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Fuente: gráfico de elaboración propia a partir de BCV, Informes Económicos, años 2003 a 2012.

Resulta bastante ilustrativo lo ocurrido en abril de 2012 cuando entraron en vigencia los primeros precios fijados por la SUNDECOP. La lista de precios (Gaceta Oficial Nro. 39.871 de 27 de febrero de 2012) incluía 19 productos en sus diferentes presentaciones, de los cuales 16 eran de limpieza del hogar e higiene personal. El impacto fue fugaz y, en el mejor de los casos, se represó sólo momentáneamente la inflación al obligar al comerciante a asumir los aumentos de costos (ver Gráfico 2).

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Incluso con una importante cantidad de productos de primera necesidad con precios controlados, en 2013 Venezuela pasó a ser la economía con mayor inflación del mundo, superando a economías como Sudán, Malawi, Irán y Bielorrusia.

Frente a este panorama y bajo la premisa de que las fallidas políticas de los controles de precios radicaban en su implementación, a finales de 2013 el Gobierno Central comenzó a impulsar fiscalizaciones masivas a través de SUNDECOP y llegando a un total de 26.000 fiscalizaciones en todo 2014, lo que equivale a más de 70 inspecciones por día.

Tras 8 trimestres consecutivos de recesión económica, hacia finales de 2015 la inflación siguió acelerando y llegó a 180.9%, la más alta del mundo por tercer año consecutivo. Más aún, cifras del BCV muestran que desde el inicio de la implementación de los actuales controles de precios en febrero de 2003 y hasta diciembre de 2015 la inflación general acumuló 4.804,4% y la de alimentos acumuló 16.917,1%.

Sin embargo, el Gobierno Central decidió abstenerse de realizar reformas en su política económica y mantuvo los controles de precios, pero bajo dos categorías: un “Precio Máximo de Venta” –del Importador o Prestador Intermediario, y al Público- y los “Precios Justos”. Este es, en última instancia, un intento por perfeccionar un mecanismo fallido de control de precios, mientras que se reniegan los problemas de fondo de la economía. No sorprende, pues, que se siguiera acelerando la inflación. Según el Reporte Anual entregado por el Gobierno Central de Venezuela a la Securities and Exchange Comission de los Estados Unidos, se conoció que Venezuela registró una inflación de 274,4% en 2016, una cifra bastante inferior respecto a la mayoría de los estimados, pero la más alta de su historia hasta la fecha. Además, según el Índice de Precios estimado por la Asamblea Nacional, la inflación llegó a 2.616% en 2017.

En septiembre de 2017, tras reconocer que “los sistemas de control de precios que hemos usado en el pasado se han agotado, no son efectivos, no son eficientes, no han sido eficaces”, el Presidente Maduro propuso a la ANC una “Ley de Abastecimiento Soberano y Precios Acordados”. Se estima que la Ley Constitucional de Precios Acordados (Gaceta Oficial Nro. 6.342 extraordinario de 22 de noviembre de 2017) seguirá promoviendo el control del Ejecutivo Nacional sobre la economía y no será más que la continuación de un fallido sistema de fijación de precios que en Venezuela cumplió 78 años el 9 de septiembre de 2017.

Enero 2018: un pésimo precedente

Aunque fue particularmente alarmante el recrudecimiento de la inflación y la escasez en 2017, la realidad es que ambos son producto de distorsiones económicas que se han mantenido por tres quinquenios. Los intensos controles que el Gobierno Central ha impuesto sobre el aparato productivo nacional –resaltando los controles de cambio y de precios- no sólo han provocado inflación, sino que también han generado importantes niveles de escasez.

Sin embargo, bajo la ya conocida excusa de la “Guerra Económica”, el Gobierno Central impulsó fiscalizaciones y ajustes de precios en decenas de supermercados en la primera quincena de enero de 2018. El resultado fue supermercados con estantes vacíos y ninguna intención de reabastecerlos.

Mientras que la SUNDDE se comprometió a otorgar las garantías necesarias para que los supermercados puedan reponer sus inventarios sin temor a otras fiscalizaciones, el 16 de enero el vicepresidente Ejecutivo Tareck El Aissami le instruyó al ente que “a partir de mañana se debe retomar esquema de precios de diciembre” y para ello “vamos a enfrentar con todo el peso de la ley, cualquier empresa que se someta a estas medidas de guerra económicas”.

Si la intención es que los venezolanos puedan acceder a los productos en condiciones regulares y accesibles, el control cambiario y el control de precios han logrado exactamente lo contrario. Y aunque 15 años de fallidos controles de precios exigen, sin duda, un replanteamiento del sistema, el Gobierno Central parece tener plena intención de mantenerlos a toda costa.

Venezuela ocupa el último lugar en Estado de Derecho – El Nacional – 2 de Febrero 2018

El informe publicado por World Justice Project destaca que por encima del país se encuentra Camboya y Afganistán

El Índice de Estado de Derecho 2017-2018, publicado por el World Justice Project, ubicó a Venezuela otra vez en el último lugar en el mundo y en la región. El estudio midió el desempeño de 113 países, utilizando como base los límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Por encima de Venezuela, se encuentran Camboya y Afganistán, mientras que los primeros lugares fueron ocupados por Dinamarca, Noruega y Finlandia. La organización señala que en los factores de aplicación a la normativa, justicia penal y restricciones a los poderes del gobierno, Venezuela ocupa el último lugar en la región y en justicia civil está en el penúltimo lugar de los 113 países evaluados.

En gobierno abierto, orden y seguridad se ubica en la posición 110 del ranking; en derechos fundamentales, en el lugar 105, y en ausencia de la corrupción, en el 103. El mejor de América Latina y el Caribe es Uruguay y se encuentra en el puesto 22 de los 113.

La directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, destacó que para cumplir con el Estado de Derecho debe existir separación de poderes, independencia judicial, principio de legalidad y respeto a los derechos humanos, porque las consecuencias de que ello no ocurra son el aumento de la criminalidad, la impunidad y la corrupción, como lo certifica el índice.

Considera que en Venezuela hay una confusión de poderes y la independencia del Judicial está comprometida, porque cuando se trata de una solicitud complaciente al gobierno la respuesta llega en promedio en 20 días, de lo contrario puede tardarse entre 3 y 5 años.

La abogada precisó que el principio de legalidad es usado a conveniencia y los cambios a las normas no son de acuerdo con los tratados y la Constitución de la República. “Por métodos incorrectos como la constituyente, por ejemplo, no se puede lograr el efecto que el derecho busca que es la paz”.

Para la investigación se utilizaron más de 110.000 encuestas en hogares y 3.000 a expertos, que registraron un deterioro en el cumplimiento de los derechos fundamentales, específicamente en 71 países. “Este factor mide ausencia de discriminación, derecho a la vida y la seguridad, debido proceso, libertad de expresión, libertad religiosa, libertad a la privacidad y libertad de asociación”, refleja el índice.

 

El 40% de los venezolanos quiere irse del país por Ysabel Fernández – Venepress – 31 de Enero 2018

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Así lo reveló un estudio elaborado por Consultores 21, además indica que más de cuatro millones de personas se han ido

Razones para emigrar
Por la situación económica, debido a la crisis política en Venezuela y para aprovechar las oportunidades en otros países, son las razones que señalan los venezolanos para emigrar, así lo reveló un estudio que realizó Consultores 21 durante el cuarto trimestre de 2017.

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Fuente: Consutores 21
Los que quieren emigrar
Con una muestra representativa de 2000 casos, la consulta arrojó que el 40% de los venezolanos quiere irse del país, es decir, 7 de cada 10 venezolanos quiere emigrar pensando que los mayores problemas en Venezuela son económicos.

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Fuente: Consultores 21

Características de los que quieren irse de Venezuela
El 74% de los que quieren migrar no reciben ayuda del Gobierno, el 50% de los que desean irse tienen entre 24 y 44 años. El 55% son de clases medias altas.

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En cifras: ¿Cuántos se han ido?

En promedio más de 4 millones de venezolanos se han ido, un 29% de los consultados tiene un miembro de su familia que ha emigrado.

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Fuente: Consultores 21

Los destinos de la diáspora
El 56% de los consultados respondió que prefiere irse a países de América del Sur, mientras que el 15% a América del Norte y sólo el 6% aspira irse a Europa.

 

Perspectivas económicas 2018 – Ecoanalitica – Enero 2018

Para ver la Presentacion realizada a los socios del Country Club abrir el siguiente enlace:

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FMI proyecta para Venezuela inflación de 13.000% y decrecimiento de 15% en 2018 – ProDaVinci – 25 de Enero 2018

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El 25 de enero de 2018, el Fondo Monetario Internacional publicó un informe en el que actualiza sus proyecciones del desempeño de la economía de América Latina y el Caribe para 2018. Sobre Venezuela dijo lo siguiente:

“En Venezuela, la crisis continúa. Según las proyecciones, el PIB real disminuirá alrededor de 15 por ciento en 2018; en consecuencia, se prevé que la contracción acumulativa del PIB desde 2013 sea casi de 50 por ciento. Esta tendencia es resultado de significativas distorsiones microeconómicas y desequilibrios macroeconómicos exacerbados por el colapso de la exportación petrolera; este último tuvo origen en la fuerte caída de los precios del petróleo ocurrida a mediados de 2014 y continuó más recientemente con el desmoronamiento de la producción nacional. Se proyecta que la inflación supere 2.400 por ciento en 2017 y que ronde 13.000 por ciento en 2018, alimentada por el financiamiento monetario de profundos déficits fiscales y la pérdida de confianza en la moneda nacional”.

Como rescatar la industria petrolera venezolana por Diego Gonzalez – Cedice – 26 de Enero 2018

Venezuela Eventos de 2017 – Informe de Human Rights Watch – Enero 2018

logo.pngActualmente no quedan en Venezuela instituciones gubernamentales independientes en pie que puedan poner freno al poder ejecutivo. A través de una serie de medidas, el gobierno venezolano —con Maduro en la presidencia y, anteriormente, con Chávez— ha copado los tribunales de jueces que ni siquiera pretenden actuar de manera independiente. El gobierno ha arremetido contra críticos a través de represión en las calles, habitualmente violenta, el encarcelamiento de opositores y el juzgamiento de civiles en la justicia militar. También ha despojado de sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida, muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. En respuesta a la crisis de derechos humanos y humanitaria, cientos de miles venezolanos están huyendo del país.

Otras preocupaciones que persisten son las condiciones deficitarias en los centros de detención, la impunidad de violaciones de derechos humanos y el hostigamiento a defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes por parte de las autoridades.

El gobierno venezolano ha empleado en forma sistemática fuerza brutal, incluidas torturas, contra manifestantes críticos del gobierno y opositores políticos.
Persecución de opositores políticos

El gobierno venezolano ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. Al momento de elaboración de este documento, había más de 340 presos políticos en cárceles o sedes del servicio de inteligencia venezolano, según datos del Foro Penal, una red venezolana de abogados defensores penalistas que trabajan ad honórem.

A mediados de 2017, luego de procedimientos sumarios que no respetaron las normas internacionales sobre debido proceso, el Tribunal Supremo de Justicia condenó arbitrariamente a cinco alcaldes opositores a 15 meses de prisión y los inhabilitó para postularse a cargos públicos. Cuando se redactó este documento, uno de ellos estaba detenido en la sede del (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN) en Caracas y los demás habían huido del país. Al menos otros nueve alcaldes estaban sujetos a un mandamiento de amparo cautelar del Tribunal Supremo, que podría llevar a la imposición de similares penas de prisión si se determinara que los alcaldes violaron las disposiciones de esas medidas cautelares.

El dirigente opositor Leopoldo López cumple una condena de más de 13 años de prisión por haber presuntamente incitado a la violencia durante una manifestación en Caracas en febrero de 2014, a pesar de la falta de pruebas creíbles en su contra.

Luego de tres años y medio en prisión, se le concedió a López arresto domiciliario en julio de 2017, pero fue detenido nuevamente en medio de la noche algunas semanas después, tras haber criticado públicamente al gobierno. Esa misma noche, agentes de inteligencia detuvieron al exalcalde opositor Antonio Ledezma, que estaba en prisión domiciliaria desde 2015 y había publicado un video crítico del gobierno poco tiempo antes.

El Tribunal Supremo más tarde emitió una declaración indicando que López no tenía permitido realizar ningún tipo de “proselitismo político” y que Ledezma debía abstenerse “de emitir declaraciones ante cualquier medio”, y añadió además que “fuentes de inteligencia” informaron que tenían un plan de fuga. Ambos hombres obtuvieron nuevamente el arresto domiciliario algunos días después. En noviembre, Ledezma huyó de Venezuela.

Varias otras personas arrestadas en relación con las protestas contra el gobierno de 2014 o acciones posteriores de activismo político permanecen en arresto domiciliario o están detenidas a la espera de un juicio.

Represión de protestas

Entre abril y julio de 2017, miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, junto con grupos armados partidarios del gobierno llamados “colectivos”, han atacado con violencia manifestaciones contra el gobierno, en algunas de las cuales participaron decenas de miles de venezolanos. Miembros de las fuerzas de seguridad han disparado municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, arrollado con vehículo blindado a personas que se manifestaban, golpeado brutalmente a personas que no mostraron resistencia y llevado a cabo violentos allanamientos en edificios de departamentos.

Según el Ministerio Público, al 31 de julio al menos 124 personas habían muerto durante incidentes relacionados con las protestas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó en agosto que más de la mitad de las muertes habían sido provocadas por agentes de seguridad o colectivos. El gobierno venezolano afirma que 10 miembros de las fuerzas de seguridad murieron en el contexto de manifestaciones, e informó sobre varias instancias de violencia contra simpatizantes del gobierno.

A fines de julio, antes de que la Asamblea Nacional Constituyente destituyera a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, su institución estaba investigando casi 2.000 casos de personas heridas en el marco de las protestas. Si bien este número parece haber incluido casos en los cuales los presuntos autores fueron manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad, en más de la mitad de los casos, el Ministerio Público estaba investigando presuntas violaciones de derechos fundamentales.

Entre abril y noviembre, se detuvo a cerca de 5.400 personas en relación con protestas, incluidos manifestantes, transeúntes y personas que fueron llevadas de sus casas sin la orden judicial correspondiente, indicó el Foro Penal. Cuando se redactó este documento, cerca de 3.900 habían recibido la libertad condicional pero todavía enfrentaban causas penales.

Integrantes de las fuerzas de seguridad también han cometido graves abusos contra detenidos que, en algunos casos, constituyen torturas, como violentas golpizas, descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales. La justicia militar ha procesado a más de 750 civiles, en contravención a lo dispuesto por el derecho internacional.

A comienzos de 2014, las autoridades respondieron a manifestaciones masivas contra el gobierno con un uso excesivo de la fuerza. En muchos casos, los miembros de las fuerzas de seguridad mantuvieron a los manifestantes incomunicados en bases militares por 48 horas o períodos mayores, y algunos cometieron violaciones de derechos humanos aberrantes, como violentas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras, y obligar a los detenidos a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse, por varias horas.

Ninguna alta autoridad ha sido juzgada por estos abusos.

Asamblea Nacional Constituyente

En mayo, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente por decreto presidencial, pese al requisito constitucional que exige, para reformar la constitución, celebrar antes una consulta popular. La asamblea está integrada exclusivamente por partidarios del gobierno, designados mediante una elección que tuvo lugar en julio y que Smartmatic, la empresa contratada por el gobierno para verificar los resultados, determinó posteriormente que había sido fraudulenta.

La Asamblea Nacional Constituyente tiene amplios poderes que van mucho más allá de redactar la constitución. En agosto, apenas empezó a funcionar, los miembros de la asamblea asumieron todas las facultades legislativas y destituyeron a la Fiscal General Ortega Díaz —que anteriormente había sido leal al gobierno y, a fines de marzo, empezó a criticarlo— y nombraron a un partidario del gobierno en el cargo. En noviembre, junto con el Tribunal Supremo, quitó la inmunidad parlamentaria al vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara.

Operación Liberación del Pueblo

A partir de julio de 2015, el Presidente Maduro movilizó a más de 80.000 integrantes de las fuerzas de seguridad en todo el país, en el marco de una iniciativa denominada la “Operación Liberación del Pueblo” (OLP), para hacer frente al agravamiento de la situación de inseguridad. Las redadas policiales y militares llevadas a cabo en comunidades populares y de inmigrantes dieron origen a señalamientos generalizados de abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzados, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias.

En noviembre de 2017, la fiscal general indicó que más de 500 personas habían muerto durante redadas de la OLP entre 2015 y 2017. En reiteradas declaraciones, funcionarios del gobierno afirmaron que las muertes se produjeron durante “enfrentamientos” con delincuentes armados, algo que en muchos casos niegan los familiares de las víctimas o los testigos. En varios casos, las víctimas fueron vistas con vida por última vez cuando estaban bajo custodia policial.

Crisis humanitaria

Los venezolanos enfrentan una severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos que cercena gravemente su derecho a la salud y la alimentación. En 2017, la ministra de salud venezolana divulgó datos oficiales correspondientes a 2016 que indicaban que, en un año, la mortalidad materna aumentó un 65 %, la mortalidad infantil un 30 % y los casos de malaria un 76 %. Algunos días después, la ministra fue despedida. Según Cáritas Venezuela, los casos de desnutrición severa de niños y niñas menores de 5 años aumentaron del 10,2 % en febrero de 2017 al 14,5 % en septiembre de 2017, lo cual traspasó el umbral de crisis establecido por la Organización Mundial de la Salud.

Independencia judicial

Desde que el expresidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo en 2004 un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado de manera pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno actual.

Desde que la oposición asumió la mayoría en la Asamblea Nacional en enero de 2016, el Tribunal Supremo ha invalidado casi todas las leyes que se aprobaron. En marzo de 2017, el Tribunal Supremo se arrogó todas las facultades legislativas y dio marcha atrás parcialmente recién cuando se expresaron fuertes críticas en Venezuela y el exterior.

Libertad de expresión

Durante más de una década, el gobierno ha ampliado y ejercido en forma abusiva su facultad de regular los medios de comunicación, y ha reducido la cantidad de medios críticos. La legislación vigente concede al gobierno la potestad de suspender o revocar licencias a medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”, permitir la suspensión arbitraria de sitios web en el supuesto de “incitación” —una infracción definida de manera muy vaga— y penalizar las expresiones “ofensivas” sobre funcionarios gubernamentales. Si bien algunos periódicos, páginas web y estaciones de radio critican al gobierno, la autocensura por temor a represalias gubernamentales es muy habitual.

Miembros de las fuerzas de seguridad detuvieron, interrogaron y confiscaron equipos a varios periodistas durante 2017. Se impidió que algunos periodistas internacionales ingresaran al país, o fueron detenidos por informar sobre las protestas contra el gobierno o la crisis de salud. Se quitó del aire a varios canales de noticias de cable y estaciones de radio.

En noviembre, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó una “Ley contra el odio” que contiene expresiones imprecisas que socavan la libertad de expresión. Prohíbe a los partidos políticos que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio” y prevé penas de prisión de hasta 20 años contra quienes publiquen “mensajes de intolerancia y odio” en medios de comunicación tradicionales y medios sociales.

Defensores de derechos humanos

Las medidas gubernamentales para restringir el financiamiento internacional de organizaciones no gubernamentales, sumadas a las reiteradas acusaciones infundadas —realizadas por funcionarios y partidarios del gobierno— de que los defensores de derechos humanos pretenden desestabilizar la democracia venezolana, generan un clima hostil que afecta la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de promover los derechos humanos.

En 2010, el Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por traición a la Patria. Ese año, la Asamblea Nacional promulgó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional.

Discriminación política

Según se indicó en medios de comunicación venezolanos, cientos de empleados públicos fueron despedidos en 2016 por haber apoyado el referéndum revocatorio del Presidente Maduro, y en 2017 muchos otros fueron amenazados con ser despedidos por apoyar la consulta pública organizada por la oposición contra la propuesta del gobierno de crear una Asamblea Nacional Constituyente. Otros informes indican que un programa gubernamental que distribuye alimentos y artículos básicos a precios controlados por el gobierno discrimina contra los críticos del gobierno.

Condiciones en centros de detención

La corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación, la falta de personal suficiente y la capacitación inadecuada de guardias han permitido que pandillas armadas ejerzan el control efectivo de las cárceles. En agosto, murieron 37 internos —casi la mitad de los detenidos— en el Centro de Detención Judicial de Amazonas en Puerto Ayacucho, y 14 guardias de seguridad resultaron heridos cuando las fuerzas de seguridad habrían intentado tomar el control de la cárcel.

Actores internacionales clave

En marzo y julio, el Secretario General de la OEA Luis Almagro presentó dos informes integrales sobre la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, en el marco de una discusión sobre el cumplimiento, por parte de Venezuela, de la Carta Democrática Interamericana, un acuerdo que tutela las garantías democráticas y de derechos humanos en los Estados Miembros de la OEA. Entre septiembre y noviembre, la OEA celebró una serie de audiencias públicas en las cuales víctimas brindaron su testimonio a tres expertos que evaluaron si los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas podrían constituir delitos de lesa humanidad.

En agosto, el bloque de comercio regional Mercosur suspendió por tiempo indefinido a Venezuela, aplicando el Protocolo de Ushuaia, un acuerdo que permite al bloque suspender a un miembro cuando haya una “ruptura del […] orden constitucional”.

También en agosto, 17 ministros de Relaciones Exteriores de América se reunieron en Perú para analizar la crisis venezolana. Doce de ellos —11 gobiernos latinoamericanos y Canadá— firmaron la Declaración de Lima, un documento integral que condena la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Los 12 manifestaron que no reconocerían a la Asamblea Nacional Constituyente ni a sus resoluciones, se comprometieron a que cesara la transferencia de armas a Venezuela y expresaron preocupación por la crisis humanitaria y la negativa del gobierno a aceptar asistencia humanitaria internacional. También expresaron su voluntad de apoyar esfuerzos que faciliten negociaciones creíbles y de buena fe, orientadas a restablecer pacíficamente la democracia en el país.

El gobierno denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH), y privó así a ciudadanos y residentes de la posibilidad de solicitar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando no estén disponibles recursos locales o estos no sean efectivos para la reparación de abusos cometidos después de 2013. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue dando seguimiento a la situación en Venezuela, aplicando la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que no es un instrumento que esté sujeto a la ratificación por los Estados.

En agosto de 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos difundió un informe que concluyó que las autoridades venezolanas habían cometido violaciones de derechos humanos y abusos extendidos en la respuesta a las manifestaciones contra el gobierno. El “uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”, indicó el informe.

En septiembre, el alto comisionado presentó sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, indicó que “es posible que se hayan cometido delitos de lesa humanidad” en Venezuela, e instó a que se lleve a cabo una investigación internacional. Numerosos Estados manifestaron preocupación por las violaciones de derechos humanos en el país.

En 2015, el Presidente de Estados Unidos Barack Obama aplicó por decreto sanciones específicas a siete funcionarios del gobierno venezolano. En julio de 2016, el Congreso estadounidense prorrogó hasta 2019 su facultad de inmovilizar activos y denegar visas a funcionarios acusados de abusos a participantes en las protestas contra el gobierno de 2014.

En 2017, el gobierno estadounidense emitió otras sanciones internacionales contra funcionarios venezolanos clave, incluido el Presidente Maduro, así como sanciones financieras que incluyen la prohibición de acuerdos sobre nuevas acciones y bonos emitidos por el gobierno venezolano y compañías petroleras estatales. La amenaza expresada por el Presidente Trump en agosto de usar la fuerza militar contra Venezuela recibió fuertes críticas en la región.

La Unión Europea ha manifestado reiteradamente consternación por el deterioro de la situación en Venezuela, y repudió la represión violenta de protestas pacíficas y la persecución de opositores políticos. En noviembre, aplicó un embargo de armas sobre Venezuela y anunció sanciones específicas a funcionarios venezolanos.

Los esfuerzos internacionales para mediar entre el gobierno y la oposición con el fin de restablecer el orden democrático en Venezuela no han derivado en resultados sustanciales.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela ha votado reiteradamente contra la evaluación de violaciones de derechos humanos en otros países, y se opuso a resoluciones que alertaban sobre abusos en países como Siria, Bielorrusia, Burundi e Irán.

Annual Report of the Bolivarian Republic of Venezuela – SEC – 21 de Diciembre 2017

En el siguiente enlace se puede apreciar el Informe oficial presentado por el Gobierno de Venezuela ante la SEC ( Security Exchange Commission) con las variables económicas del periodo 2012 – 2016.

Form 18-K SEC

En el mismo se pueden apreciar los siguientes parámetros :

 2012                                     2016                            

PIB (%)                                      5,6                                     (16,%)

Inflación                                  21,1                                     255

Exportaciones (MM$)        97.877                                    27.403

Reservas (MM$)                  29.887                                    10.992

Precio Barril (US$)               103,4                                      35,2

 

 

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