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Encuesta Nacional de Hospitales – Medicos por la Salud – Julio 2019

Michelle Bachelet: La situación de los DDHH en Venezuela sigue siendo precaria – La Patilla – 9 de Septiembre 2019

Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, habla durante una conferencia de prensa después de reunirse con Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, 21 de junio de 2019. REUTERS / Fausto Torrealba
La Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet actualizó su informe anual para los Derechos Humanos, en Ginebra, a solicitud de la resolución del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas sobre “la situación de los derechos humanos en Venezuela”.

 

42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Ginebra, 9 de septiembre de 2019

Señor Presidente,
Miembros del Consejo de Derechos Humanos,
Excelencias;

Desde la presentación de mi informe a este Consejo el pasado 5 de julio, la situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región. Es por ello, que mantengo mi compromiso de seguir cooperando con las autoridades para lograr cambios sustanciales y poner fin a las violaciones a los derechos humanos documentadas en mi informe.

Se ha logrado restablecer el trabajo de un equipo de la Oficina en Caracas y el Gobierno ha confirmado su voluntad de avanzar sobre la base de los compromisos en materia de derechos humanos asumidos durante mi visita al país en junio.

Sobre la situación penitenciaria y de detenidos ha habido avances recientes. El 6 de septiembre un miembro de mi equipo fue autorizado a visitar el Centro de Procesados Militares Ramo Verde (sexta visita a prisiones desde marzo). Se está avanzando en un calendario para visitas en los próximos meses y un protocolo y un calendario de visitas. De acuerdo con los compromisos adquiridos con mi Oficina, el Gobierno ha cumplido con la excarcelación de las 83 personas incluidas aquellas cuya detención había sido considerada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria y que seguían en régimen de detención y otros casos señalados por la Oficina. Quedan pendiente la liberación plena de la Jueza Afiuni y del periodista Braulio Jatar, quienes obtuvieron medidas parciales.

El Gobierno también se ha comprometido a establecer un mecanismo para atender casos individuales, y mi Oficina ya ha remitido 7 casos prioritarios que esperamos se resuelvan pronto. Asimismo, las autoridades nos han comunicado las medidas recientemente adoptadas para aliviar la situación médica de algunos detenidos. Además, el Gobierno está avanzando con respecto a su invitación al país a diez Procedimientos Especiales en los próximos dos años.

Por otro lado, la situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales.

Al día de hoy, el salario mínimo equivale a 2 dólares mensuales, en comparación con los 7 dólares en junio. Así, una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria. La dolarización de facto en varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades. Los servicios públicos han seguido presentando fallas graves y recurrentes, con especial intensidad en el estado Zulia. El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha agravado la situación.

En este contexto, el 8 de agosto pasado expresé mi preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Pese a las excepciones contempladas en las últimas sanciones en el área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto (over-compliance) del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera esta ya teniendo un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general. Todo esto contribuye a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas.

Persisten serios obstáculos en la disponibilidad y accesibilidad económica a los alimentos. Por ejemplo, Cáritas registró un 35 por ciento de desnutrición crónica en los niños y niñas menores de 5 años atendidos en junio de 2019 en las zonas más pobres de 18 estados.

En relación con el derecho a la salud, me preocupa particularmente el insuficiente acceso a medicamentos y tratamiento de más de 400,000 personas que padecen enfermedades crónicas. Se ha registrado la muerte de pacientes con insuficiencia renal debido a la escasez de medicamentos e insumos para ser dializados desde 2017. Debido al desbastecimiento de suministros, los únicos dos centros en el país donde se pueden practicar trasplantes de médula ósea se enfrentan a serios problemas operativos. Adicionalmente, debido a problemas financieros al menos 39 personas, incluidos niños y niñas, se encuentran en Venezuela esperando viajar al extranjero para ser trasplantados en el marco de programas estatales. En los últimos meses, al menos 4 niños y niñas habrían fallecido durante la espera. Un paso positivo es que según la Organización Panamericana de la Salud se ha ampliado cobertura de vacunación contra la poliomielitis, el sarampión y la difteria.

Mi Oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional – conocidas como FAES – en algunos barrios del país. Tan sólo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas. Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres. Mi Oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno.

Según información recibida recientemente, del Ministerio Público, de agosto de 2017 a mayo de 2019, se condenaron a 104 miembros de fuerzas de seguridad por violación a los derechos humanos. Mi oficina espera información detallada sobre el tipo de violación a los derechos humanos, la adscripción institucional de los funcionarios, y el perfil de las víctimas.

En el mes de julio el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena en contra de un miembro de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia Nacional (SEBIN) por el homicidio de Bassil Dacosta, quien murió de un disparo en la cabeza en las protestas anti-gubernamentales de 2014. Asimismo, se capturó en España a uno de los presuntos responsables de la muerte de Orlando Figuera, a quien prendieron fuego durante las manifestaciones convocadas por la oposición en 2017. Llamo a las autoridades de justicia a agilizar las investigaciones y procesos penales del resto de los casos de muertes en el contexto de protestas.

Me preocupa el aumento de presencia de militares en el territorio del pueblo indígena Pemón, así como casos recientes recibidos de violencia en contra de personas indígenas, como las muertes de dos jóvenes Warao en julio presuntamente por elementos del FAES, las muertes de una mujer indígena Warao embarazada, y una niña de 6 años, así como la muerte de un líder indígena Curripaco en Amazonas, cometidos supuestamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.

Me preocupa también el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el Arco Minero del Orinoco está teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios. A pesar de que el Gobierno considera que se realizaron consultas con los pueblos indígenas antes del establecimiento del Arco Minero, autoridades indígenas y ONGs sostienen que no hubo consultas, ni los estudios de impacto ambiental adecuados.

Desde la presentación de mi informe, la Asamblea Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo, ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros cuatro diputados de la Asamblea Nacional, elevando el número total a una parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de inmunidad, incluido su Presidente. Dos parlamentarios siguen en detención preventiva a la espera de juicio. Confió en que mi oficina pueda visitarles pronto.

Deseo expresar mi rechazo a la condena del líder sindical Rubén González a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar el 13 de agosto por hechos ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical. Su familia también ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento. La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial.

Me preocupan las recientes acciones para aprobar una ley que tipifica como delito las actividades de las organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero. Esa ley, si se aprueba y aplica, reducirá aún más el espacio democrático. Lamento también los recientes ataques del Gobierno en contra de la autonomía universitaria.
Mi Oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares. Las condiciones de detención no habrían cumplido con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada. Solicito a las autoridades tomar acción para corregir estas prácticas, permitir acceso medico e investigar violaciones a los derechos humanos.

La autopsia del Capitán Acosta Arévalo, quien falleció bajo custodia el 29 de junio, reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho. Las autoridades reportaron que dos oficiales de la DGCIM habían sido detenidos y acusados de homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura. Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición.

Según las últimas cifras de Naciones Unidas hay más de 4,3 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo. Celebro los esfuerzos realizados en materia de recepción, documentación y acceso a derechos en los países de acogida. Concuerdo con las palabras de Eduardo Stein, Representante Especial del Secretario General para los refugiados y migrantes venezolanos sobre la necesidad de adoptar medidas para garantizar una migración segura, ordenada y regular, las mismas no deberían imponer obstáculos de acceso al territorio que pueden incrementar la migración irregular, y exacerbar los riesgos a ser víctimas de diversas formas de violencia y explotación. Preocupan los informes de brotes de xenofobia en países de la región y redoblo mi pedido a las autoridades de los países de acogida para mitigarlos y prevenirlos preservando los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

Mi Oficina ha seguido documentando casos de personas migrantes víctimas de trata, particularmente mujeres, niñas y niños, con fines de explotación sexual, laboral y de reclutamiento para actividades ilícitas por parte del crimen organizado y de otros grupos armados. Las víctimas rara vez denuncian por temor a represalias o a ser deportadas, así como debido a la corrupción, impunidad y falta de servicios de atención adecuados. Asimismo, se documentó la desaparición de decenas de personas migrantes cuyas lanchas naufragaron o desaparecieron en las costas caribeñas, aparentemente relacionada con redes de trata y tráfico de personas hacia las islas del Caribe.

Me preocupa la información recibida por mi Oficina según la cual algunas organizaciones de la sociedad civil y sus representantes que colaboraron en la preparación de mi último informe a este Consejo, fueron víctimas de descalificaciones públicas y amenazas por altos funcionarios siguiendo su publicación. Las represalias por haber cooperado con las Naciones Unidas son inaceptables e insto a las autoridades a que tomen medidas de prevención.
Mantengo la certeza de que las recomendaciones de mi informe puedan servir como una guía para superar la actual situación. Mi Oficina seguirá brindando la asistencia técnica y apoyo a las instituciones y a las víctimas que sea requerida, a la vez que seguirá monitoreando y reportando.

Reitero mi llamado tanto al Gobierno como a la oposición para que superen sus diferencias y den prioridad a la negociación que considero como la única manera para poder superar la actual situación. Una vez más expreso mi disponibilidad y la de mi oficina, fuera y dentro del país, para acompañar todos los esfuerzos que contribuyan a superar la actual crisis que afecta a millones de venezolanos. Apoyo el espacio facilitado por el reino de Noruega, así como las diversas iniciativas de dialogo que la comunidad internacional está impulsando.

Examen ONU Venezuela@VE_ONU

En breve la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, @mbachelet, realizará su avance oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela ante el @UN_HRC .

Puedes ver la sesión en vivo aquí

http://webtv.un.org

United Nations Web TV (@UNWebTV)

UN Web TV is available 24 hours a day with selected LIVE programming of United Nations meetings and events as well as with pre-recorded video features and documentaries on various global issues.

webtv.un.org

Examen ONU Venezuela@VE_ONU

.@mbachelet: Deesde mi última actualización, la situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo precaria y afecta a toda la región

Examen ONU Venezuela@VE_ONU

.@mbachelet: Deesde mi última actualización, la situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo precaria y afecta a toda la región

Examen ONU Venezuela@VE_ONU

.@mbachelet: Se ha logrado reestablecer una oficina de la @ONU_derechos. Se está estableciendo un cronograma para la visitas a los centros de detención

Un documento muestra negocios irregulares entre extitular del Min. de Alimentación y un empresario sirio por Maibort Petit – Venezuela Política – 8 de Septiembre 2019

Un documento, filtrado a este blog, ilustra las denuncias sobre negociaciones irregulares supuestamente habidas entre el ex-titular de la cartera de Alimentación y el millonario contratista de empresas estatales venezolanas, Naman Wakil
A través de una red de empresas de maletín que replica a compañías de alimentos de Brasil y de sus relaciones con altos funcionarios del Ministerio de Alimentación y agencias gubernamentales, el empresario Naman Wakil, estructuró una supuesta red de corrupción que le ha permitido ganar millones de dólares a expensas del erario público y de las necesidades del pueblo venezolano. Un documento, filtrado a Venezuela Política, refiere el contrato complementario o adendum a una orden de compra de 40 mil toneladas métricas (TM) de pollo por USD 74.800.000 por parte de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (La CASA), a una de las compañías de Wakil, a saber Perdigao Agroindustrial S.A., el cual sirve para ilustrar las denuncias acerca de los negocios irregulares que se han venido formulando desde diferentes instancias contra quien es uno de los proveedores de alimentos favoritos de la administración chavista.
La estrategia de Wakil y su red de empresas consistiría en la compra de comida a punto de vencimiento —y hasta en ocasiones podrida, a decir de  fuentes internas consultadas bajo compromiso de anonimato— que luego es vendida al gobierno venezolano con gran sobreprecio.
Dos fuentes consultadas refieren que el exministro de Alimentación, Carlos Osorio es, presuntamente, una ficha indispensable para dar cumplimiento a esta trama de corrupción, pues desde sus altas posiciones en los despachos del ramo, habría amparado las operaciones irregularidades cometidas por Naman Wakil y sus empresas. De hecho, al poco tiempo de abandonar la cartera de Alimentación, fueron detenidos varios funcionarios acusados de enriquecimiento y manejo arbitrario de alimentos en Abastos Bicentenario, entre quienes se encuentran el presidente y la administradora de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), Heber Aguilar y Bárbara Neidi Figueroa, así como la presidenta de la Red de Abastos Bicentenario S.A, Bárbara González, dependientes del despacho que dirigió el general chavista[1]. La Asamblea Nacional declaró en 2016 la responsabilidad política de Carlos Osorio por la crisis alimentaria que vive el país[2].
El medio web Cuentas Claras Digital, que ha investigado ampliamente este asunto y lo ha dado a conocer a través de diferentes entregas, informó el 19 de abril de 2016 que Naman Wakil supuestamente pagó USD 5 millones 850 mil a Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Marquina Parra, cuñados del general Carlos Osorio Zambrano, por facilitar la compra de 40.000 toneladas de carne por parte de la Corporación CASA cuando Osorio estaba al frente del despacho de Alimentación. Los familiares del alto funcionario habrían recibido la presunta coima a través de una empresa de maletín registrada en Panamá. La cancelación del soborno se habría hecho mediante ocho pagos realizados entre diciembre de 2012 y junio de 2013 por la firma JA Comercio de Géneros Alimenticios, cuyo dueño es Naman Wakil, a Viltas Company SA, la empresa registrada en Panamá por los hermanos de la esposa de Carlos Osorio.
Cuentas Claras precisó que la compra se concretó a un precio de USD 3.200 por tonelada que totalizaban USD 128 millones, de los cuales la empresa que suministró la carne solamente percibió USD 52 millones, es decir, unos USD 1.300 por tonelada de una carne vendida como de primera calidad aunque al momento de la venta ya estaba vencida. Los USD 76 millones correspondientes al sobreprecio habrían ido a parar a las arcas de Naman Wakil luego de restar el porcentaje presuntamente destinado a los cuñados de Osorio[3].
Las irregularidades comenzaron a tener su máxima expresión a partir de que Petróleos de Venezuela S.A. a través de su empresa filial Bariven asumió lo que el gobierno dio en llamar la “soberanía alimentaria”, pero que en realidad habría pasado a ser un gran foco de corrupción ante el cual poco o nada se ha hecho a pesar de las múltiples denuncias provenientes desde diferentes frentes.
Entre finales de 2007 y febrero de 2008, Bariven se propuso importar 41.719.087 toneladas métricas (TM) a través de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA) y de la propia filial petrolera en el contexto de la emergencia alimentaria decretada por el gobierno nacional. Entre noviembre de 2007 y julio de 2008, Bariven compró y pagó 1.057.531 toneladas de comida por USD 2.248 millones, pero en octubre de 2008 sólo se habían recibido 266.571 toneladas métricas, equivalentes a solamente 25 por ciento de la adquisición. Además, de esta cantidad se distribuyeron únicamente el 14 por ciento, a saber 143.866 TM de alimentos vía PDVAL, sin que se tuvieran noticias acerca del destino del resto de la comida, informó el portal Transparencia Venezuela[4].
Se negociaron 4.200 toneladas de carne bovina que nunca llegó a Venezuela, lo que significó un desfalcó al país de USD 21,48 millones que se ejecutaron a través de anticipos cancelados por transferencias de USD 10,92 millones y USD 10,92 millones que no se ampararon con las fianzas o garantías exigidas por las leyes.
Además, un informe de gestión de PDVAL permitió conocer que Bariven compró 597.000 toneladas de alimentos en 2008, pese a que solamente tenía capacidad para distribuir 191.000 toneladas y se carecía de la capacidad de almacenaje en los puertos de Venezuela. Así se gestó el caso que se conoció en Venezuela como el escándalo de Pudreval en alusión a los alimentos descompuestos importados por la filial petrolera[5].
El exdiputado y exgobernador de Aragua, Carlos Tablante, también ha documentado estas denuncias en el libro “El Gran Saqueo: Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos” escrito a cuatro manos junto a Marcos Tarre en 2013 y alertó sobre los supuestos delitos cometidos por Naman Wakil en una sección titulada “Trece millones de dólares en mortadela”.
Tablante informó acerca de las investigaciones abiertas por el Ministerio Público en contra de Wakil “y sus oscuros negocios con altos funcionarios del régimen como proveedor de alimentos”. Refiere que el expediente de la averiguación, identificado con el número 318350-2016, comprende “una lista de empresas utilizadas para las supuestas negociaciones fraudulentas que habrían causado un grave daño al patrimonio público: Dicom de Venezuela C.A., Atlas Systems Canda Ins C.A., Atlas Systems International Inc. C.A., Frigorífico Quatro Marcos C.A., Syronics de Venezuela C.A., Kelviana Group International C.A., All Food Universal Corp C.A., Michi Foods C.A., Doux Frangosul Agro Avicola C.A.”.
Carlos Osorio demandó a Tablante y a los diputados Ismael García y Carlos Berrizbeitia por daños morales a raíz de sus denuncias en su contra y por las averiguaciones emprendidas por la Asamblea Nacional[6].
Adendum de orden de compra por pollos a Brasil
El 3 de marzo de 2009, la División de Cárnicos y Lácteos de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (La CASA), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación suscribió el Adendum de la Orden de Compra-Venta Mercal identificada con el código DCL-111-3/2009 del Punto de Cuenta número 00041 de fecha 9 de febrero de 2009.
Por La Casa estampó su firma el presidente de la corporación, Rodolfo Clemente Marco Torres, titular de la Cédula de Identidad número V-8.812.571, mientras que la empresa Perdigao Agroindustrial S.A. estuvo representada por su apoderado Naman Wakil, portador de la Cédula de Identidad V-12.954.535.
Este contrato complementario era para la compra 40 mil toneladas métricas (TM) de pollo entero beneficiado (cajas de 16 a 18 kilogramos) a un costo de USD 1.870 por TM para un monto total de USD 74.800.000.
El pago debía realizarse a través de transferencia bancaria contra presentación de la copia de los documentos respectivos. El vendedor se comprometió a cancelar el 0,5 por ciento del monto total contratado al comprador en referencia a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas aprobada en la Gaceta Oficial N° 360.130 de fecha 25 de marzo de 2008 que estipula en su artículo 44 las condiciones para contratación. Específicamente el numeral 14 refiere que “Queda establecido el compromiso de responsabilidad social”, dado según punto de cuenta N° 25 de abril de 2008. Para la cual deberá presentar declaración jurada en el cual se compromete a dar cumplimiento al compromiso de Responsabilidad Social.
Los alimentos provenientes de Brasil se recibirían un 60 por ciento en el puerto de Puerto Cabello y el restante 40 por ciento en el puerto de La Guaira.
Sobre Perdigao Agroindustrial S.A.
El portal Open Corporates informa que Perdigao Agroindustrial S.A. es una empresa registrada en Panamá el 26 de abril de 2007 bajo el número 564949. Su estatus actual es vigente. El agente registrador es Mata & Pitti, mientras que en el actualidad el directorio está conformado por José Francisco Castrellón (presidente-director y suscriptor), Aracelly Maribel Olmos (secretaria-director y suscriptor), y Fimia Gissel Meléndez (tesorero-director)[7].Todas estas personas se incorporaron al directorio de la compañía el 13 de junio de 2018.
Entretanto, Panamá Companies dice que Perdigao Agroindustrial Group Inc. es una compañía constituida en Panamá bajo la figura de Sociedad Anónima, bajo el número de registro 592157. Su estatus actual es vigente. El directorio de la firma está conformado por Naman Wakil, quien es su presidente y director; Ingrid Sayech (esposa de Naman Wakil) es la vicepresidenta, directora y tesorera; Elías Sarraf es secretario y director; Istme A Internacional S.A. es suscriptora; Azurero Inversionista S.A. es suscriptor; el agente registrador es Marcela Rojas. La representación legal de la empresa recae en el presidente y en su ausencia, en la vicepresidenta[8].
Sobre esta empresa, Cuentas Claras Digital refiere que fue creada por Naman Wakil como clon de una compañía brasileña de nombre similar que en la actualidad se encuentra en problemas y agrega que un banco de Curazao le paralizó un pago de USD 12.790.000 correspondientes a la importación de varias toneladas de embutidos comprados por Casa de Venezuela a Perdigao Agroindustrial S.A. de Brasil en razón a que la operación era sospechosa, según refiere Carlos Tablante en su libro anteriormente citado[9].
De Naman Wakil
Naman Wakil, de acuerdo al portal del Consejo Nacional Electoral (CNE), ejerce el sufragio en la Unidad Educativa Colegio San Antonio de Macaracuay, parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda.
Poderopedia[10] indica que Wakil es un empresario de origen sirio que reside en Venezuela desde los años ’70, habiéndose iniciado como comerciante ambulante vendiendo relojes falsos. Agrega este portal que este hombre “creó una red de empresas para estafar al Estado venezolano, según lo develado por una investigación del portal Cuentas Claras Digital. Su modus operandi: adquirir mercancía de las proveedoras de alimentos —carne y pollo, principalmente— próximos a vencerse, a bajo costo, para luego revenderlo, con sobreprecio, al Ministerio de Alimentación, a través de empresas de maletín creadas con nombres idénticos a los de las verdaderas proveedoras”.
Indica Poderopedia que Wakil se hizo de millonarias ganancias, mantiene propiedades en Miami, al tiempo que su nombre figura en los Papeles de Panamá al haber recibido asesoría del bufete Mossack Fonseca para la constitución de compañías en paraísos fiscales.
Cuentas Claras Digital en una nota titulada “Las redes de corrupción del general Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación”, fechada el 25 de mayo de 2016, informa que Naman Wakil supuestamente se hizo millonario a raíz de sus relaciones con altos funcionarios del gobierno venezolano y de los negocios irregulares llevados a cabo con estos a expensas del erario público.
La reseña refiere que su fortuna, “calculada en más de 400 millones de dólares en un solo banco, proviene del saqueo orquestado contra las instituciones públicas encargadas de importar los alimentos de los venezolanos” a través de una trama urdida en 2007 que se mantiene en la actualidad, destinada supuestamente a defraudar cientos de millones de dólares al estado venezolano en presunta complicidad con altos funcionarios del ministerio de Alimentación y de la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA).
Se informa que Wakil registró 12 empresas de maletín en Panamá en las cuales figura como presidente y directivo con nombres casi idénticos a los de legítimas compañías dedicadas a la exportación de alimentos de Brasil. Esta red de compañías le habría permitido llevar a cabo millonarias negociaciones con CASA y otros organismos públicos venezolanos, convirtiéndose en uno de los proveedores favoritos de la administración chavista.
Cuentas Claras Digital agrega que en contexto de esta práctica, Wakil constituyó el 3 de agosto de 2009 en Panamá la empresa Corporación de Abastecimiento y Seguridad Agroalimentaria SA, (CASA) en la que figura como presidente-director, una firma clon de la estatal venezolana.
La estrategia de constituir empresas de fachada con nombres similares a compañías brasileñas sería la base de la trama de corrupción urdida por Wakil para llevar a cabo sus presuntas estafas, para dar a creer la idea de que las estatales venezolanas llevan a cabo adquisiciones directas con las empresas de Brasil lo cual disminuiría los costos. La realidad, por el contrario, es que las compras se hacen mediante un intermediario que son las empresas espejo.
La información precisa que este empresario compra carne o pollos a precios con grandes descuentos a las empresas brasileñas que luego vende con sobreprecio a la Corporación CASA. Estos alimentos adquiridos por Wakil tienen un bajísimo costo en razón de que es mercancía con fecha de caducidad próxima y de muy baja calidad. Al recibir los pagos inflados de la corporación venezolana, cancela a los verdaderos proveedores de Brasil supuestamente embolsillándose los dólares del sobreprecio que cambia en el mercado negro obteniendo gigantescas ganancias con el diferencial cambiario.
La investigación de Cuentas Claras Digital refiere que Naman Wakil “registró en 2009 en Sao Paulo, Brasil, la empresa Michi Foods-Producao, Comercio, Distribuicao, Importacao e Expotacao de Alimentos Ltda, con un capital de 100 mil dólares. Figuran como socios María Clara Maluta de Melo y la empresa panameña All Food Universal Corp cuyo presidente y director es Naman Wakil (…) Con CASA clonada, la empresa registrada en Brasil y la veintena de empresas-espejo panameñas, Wakil y sus cómplices tenían el tinglado completo. Movieron y lavaron cientos de millones de dólares haciendo múltiples transferencias entre las cuentas de unas y otras en paraísos fiscales hasta ocultar el origen del dinero”.
Los millones de Wakil
Las investigaciones refieren que Naman Wakil realizó transferencias por un total de USD 6 millones a favor de dos cuñados del exministro Carlos Osorio en tiempos en que este ejercía como ministro de Alimentación. De este alto funcionario los Papeles de Panamá refieren que supuestamente es poseedor de una fortuna de USD 400 millones, de acuerdo a lo que revelaría correos filtrados del despacho de abogados panameños Mossack Fonseca. Este bufete habría creado al menos nueve empresas de fachada y varios fideicomisos para Wakil en respuesta a una solicitud formulada por el gerente a cargo de sus cuentas en Citigroup de Miami, Víctor Olivo.
La reseña dice que el empresario tiene multimillonarios bienes con los cuales Mossack Fonseca asegura su solvencia financiera, entre los cuales figuran una propiedad ubicada en Biscayne Bay, Coconut Grove, Miami, así como acciones mayoritarias en varias compañías entre las que figuran Obelisk Global S.A., Conferencee S.A. y Wakil Properties.
Cuentas Claras Digital cita una nota de The Charlotte Observer y McClatchy DC titulada “Bancos estadounidenses ayudan a sus mejores clientes a encontrarle camino a cuentas Off Shore” en la que se refiere que en 2015 el gerente del Citigroup, Victor Olivo, citado líneas arriba, pidió al despacho de abogados panameño para un cliente rico importante con una fortuna de USD 400 millones e intereses comerciales en Carolina del Norte y Miami, para reducir su deuda tributaria en Estados Unidos y proteger sus bienes de los acreedores. La propuesta de Mossack Fonseca fue la creación de los fideicomisos y empresas offshore para Naman Wakil.
Agrega la publicación que un año después, Wakil se vio incurso en la trama que lo relacionaba a un general venezolano en una supuesta estafa de contratación que le habría permitido hacerse de USD 76 millones.
La nota que hace referencia a los manejos de las instituciones bancarias para ocultar los activos de los clientes políticamente expuestos, refiere las supuestas relaciones entre Wakil y el exministro Osorio quien controlaba la agencia estatal de distribución de alimentos CASA. Se agrega que la esposa de general de nombre Iraida, es hermana de los dos hombres a quienes presuntamente Wakil pagó para garantizar un contrato del gobierno para comprar carne de vacuno.
La publicación se remite a la investigación de Cuentas Claras Digital en la que se señala que Naman Wakil en 2012 supuestamente compró 40.000 toneladas de carne brasileña con un descuento en razón de que esta estaba próxima a su fecha de caducidad, pero la facturó al gobierno venezolano a precios normales obteniendo, presuntamente, una ganancia irregular de USD 76 millones. Carlos Osorio ha negado tener relación con estos hechos[11].
Las empresas espejo
Aparte de la ya reseñada Perdigao Agroindustrial Group Inc., Maman Wakil está o estuvo detrás de otras empresas que son espejo, clon o réplica de compañías brasileñas dedicadas al ramo alimenticio.
All Food Universal Corp. es una empresa de estatus actual vigente registrada en Panamá el 5 de diciembre de 2007, bajo el número 594198. El agente registrador de esta Sociedad Anónima es Marcela Rojas. En el directorio figuran Naman Wakil (presidente-director); Ingrid Sayegh como vicepresidenta, directora y tesorera; Elías Sarraf como secretario y director; como suscriptores figuran Azurero Inversionista S.A. e Istme A Internacional S.A. La representación legal de la ejerce el presidente y en su ausencia el vicepresidente[12].
Bajo el número 592201 se registró el Panamá el 21 de noviembre de 2007 la empresa Atlas Systems International Inc, cuyo estatus actual es vigente. El agente registrador fue Marcela Rojas. El directorio está conformado por Naman Wakil (presidente-director); Georges Hneich (vicepresidente-director-tesorero); Elías Sarraf (secretario-director); como suscriptores figuran Azurero Inversionista S.A. e Istme A Internacional S.A. La representación legal es del presidente y en su ausencia la ejerce el vicepresidente[13].
Quatro Marcos Ltda SA fue registrada el 21 de noviembre de 2007 en Panamá bajo el número 592309. Su estatus actual es activo[14].
Doux Frangosul Agro Avícola Industrial SA es una empresa registrada en Panamá el 6 de agosto de 2009, bajo el número 671359[15].
M & V Trading International Inc fue registrada en Panamá el 21 de noviembre de 2007 bajo el número 592210[16].
Frigorífico Concepción SA fue registrada en Panamá el 18 de noviembre de 2008 bajo el número 641642. Su estatus actual es activo[17].
Otras empresas de Naman Wakil serían, de acuerdo a lo informado por Cuentas Claras Digital, Alimentos Universal Trading Inc y Frigomerc SA, Ad ´Oro SA y Frigorífico Agrofrio SA.
Entretanto, el portal Archibunker[18] refiere que Naman Wakil posee en Panamá All Food Universal Corp, fundada el 5 de diciembre de 2007. El número de folio es 594198. Posición: director-presidente; Atlas Systems International Inc, número de folio 592201. Posición: director-presidente. Fundada el 21 de noviembre de 2007; Perdigao Agroindustrial Group Inc, registrada el 20 de noviembre de 2007. Número de folio 592157. Cargo: director-presidente; Alimentos Universal Trading Corp, creada el 21 de noviembre de 2007. Número de folio: 592189. Cargo: director-presidente; M&V Trading International Inc, registrada el 21 de noviembre de 2007. Número de Folio: 592210. Posición: director-vicepresidente-tesorero; Quatro Marcos LTDA S.A., fundada el 21 de noviembre de 2007. Número de folio: 592309. Posición: director-presidente; Frigorífico Concepción S.A. fundada el 16 de noviembre de 2008. Número de folio: 641642. Cargo: director-presidente. Capital Social: USD 20.000; Doux Frangosul Avícola Industrial S.A., fundada el 6 de agosto de 2009. Número de folio: 671359. Cargo: director-presidente. Capital Social: USD 20.000; Frigomer S.A., constituida el 31 de agosto de 2010. Número de folio: 710957. Cargo: director-vicepresidente. Capital Social: USD 20.000; AD’Oro S.A. registrada el 6 de septiembre de 2010. Número de folio: 711606. Cargo: director-vicepresidente. Capital Social: USD 20.000; y Frigorífico Agrofrío S.A. Número de folio: 711634. Cargo: director-vicepresidente. Capital Social: USD 20.000.
El mismo portal informa que Wakil es propietario en los Estados Unidos de las siguientes compañías: En Miami, Florida, Wakilisimo LLC[19] bajo el número L10000020009. Cargo: Director. Fecha de Registro: 22-02-2010; también en Miami está Viscaya 602 LLC[20], bajo el número L11000126715. Cargo: Director. Fecha de registro: 07-11-2011; en Miami, Tequesta 607 LLC[21], registrada el 21 de mayo de 2009 bajo el número L09000049521; en Miami, Tequesta Three Unit 1806 Enterprises LLC[22], registrada el 11 de febrero de 2008 bajo el número L08000015021. Cargo: Director; en Miami, Capital Sins LLC[23], registrada el 1° de noviembre de 2010, bajo el número L10000063463el 14 de junio de 2010. Cargo: Director; en Miami, Wakil Properties LLC (Branch)[24], registrada el 1° de octubre de 2010, bajo el número de identificación fiscal 26-2278812. Cargo: Director; en Gastonia, Carolina del Norte, la firma Wakil Properties LLC[25], registrada el 23 de marzo de 2008, bajo el número 1033934. Cargo: Director.
El ex-ministro Carlos Alberto Osorio Zambrano
El portal Dateas informa que Carlos Alberto Osorio Zambrano, es titular de la Cédula de Identidad número V-6.397.281 y se le ubica en la parroquia Santa Lucía, municipio Paz Castillo, estado Miranda[26].
Ejerce el voto en la Escuela Básica Estadal Manguito I, parroquia Santa Lucía, municipio Paz Castillo, estado Miranda.
Sobre él la Asociación Civil Control Ciudadano[27] informa que egresó en julio de 1985 de la Academia Militar de Venezuela con el grado de subteniente —Teniente en la actualidad— y con el título de Licenciado en Ciencias y Artes Militares. En su promoción ocupó la posición número 52 entre un total de 139 graduados. En la actualidad ostenta el grado de Mayor General. Presidió la Misión Mercal (2006), fue Superintendente Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA) (hasta 2010), ministro de Alimentación (hasta el 2013), presidente de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Ministerio para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (2014), jefe de la Región de Desarrollo Integral (REDI) de Guayana (hasta 2015), Presidente de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A., (CASA), y nuevamente ministro de Alimentación, coordinador del Estado Mayor contra la Guerra Económica, Jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Central (2016), jefe de la Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ministro del Poder Popular para el Transporte (2017).
La Asamblea Nacional lo declaró en 2016 como políticamente responsable de la crisis alimentaria del país. En enero de 2017 la Associated Press publicó que Carlos Osorio es investigado por el gobierno estadounidense por acusaciones de corrupción en la importación y distribución de alimentos. El 3 de noviembre de 2017 fue sancionado por el gobierno de Canadá; el 9 de noviembre de 2017 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos; y el 30 de marzo de 2018 por el gobierno de Panamá. En junio de 2018 fue removido del cargo de Ministro del Poder Popular para el Transporte.
Citas
[1] Panorama. “Privan de libertad a los presidentes de Cval y Abastos Bicentenario por corrupción”. 30 de enero de 2016. https://www.panorama.com.ve/ciudad/Privan-de-libertad-a-los-presidentes-de-Cval-y-Abastos-Bicentenario-por-corrupcion-20160130-0012.html
[2] RunRun.es. “AN aprobó sanción de responsabilidad política para Carlos Osorio y Giusseppe Yoffreda”. 20 de abril de 2016. https://runrun.es/nacional/venezuela-2/258227/an-aprobo-sancion-de-responsabilidad-politica-para-carlos-osorio-y-giusseppe-yoffreda/
[3] Cuentas Claras Digital. “Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación de carne para CASA”. 19 de abril de 2016. https://www.cuentasclarasdigital.org/2016/04/cunados-de-carlos-osorio-recibieron-mas-de-6-millones-por-importacion-de-carne-para-casa/
[4] Transparencia Venezuela. “De PDVAL a Pudreval”. https://transparencia.org.ve/project/de-pdval-a-pudreval/
[5] La Vanguardia. “Aparecen miles de contenedores llenos de alimentos podridos en Venezuela”. 22 de junio de 2010. https://www.lavanguardia.com/lectores-corresponsales/20100622/53950727838/aparecen-miles-de-contenedores-llenos-de-alimentos-podridos-en-venezuela.html
[6] Carlos Tablante. “Carlos Tablante: El cinismo del general Osorio”. 14 de junio de 2016. http://carlostablante.com/carlos-tablante-el-cinismo-del-general-osorio/
[7] Open Corporates. Perdigao Agroindustrial S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/564949
[8] Panama Companies. Perdigao Agroindustrial Group Inc. https://www.panamaregistry.org/perdigao-agroindustrial-group-inc
[9] Cuentas Claras Digital. “Escándalo en Brasil: JBS, proveedor de Venezuela, exportaba carne podrida”. 20 de marzo de 2017. https://www.cuentasclarasdigital.org/2017/03/escandalo-en-brasil-jbs-proveedor-de-venezuela-exportaba-carne-podrida/
[10] Poderopedia. “Naman Wakil, el empresario que alimentó su fortuna con venta de carne al Estado”. 27 de mayo de 2016. https://poderopediave.org/naman-wakil-el-empresario-que-alimento-su-fortuna-con-venta-de-carne-al-estado/
[11] Cuentas Claras Digital. “Papeles de Panamá revelan fortuna de $400 millones de proveedor Naman Wakil”. 16 de mayo de 2016. https://www.cuentasclarasdigital.org/2016/05/papeles-de-panama-revela-fortuna-de-400-millones-de-proveedor-naman-wakil/
[12] Open Corporates. All Food Universal Corp. https://opencorporates.com/companies/pa/594198
[13] Open Corporates. Atlas Systems International Inc. https://opencorporates.com/companies/pa/592201
[18] Archibunker. Compañías de venezolanos en el exterior Lista # 8. 26 de julio de 2017. https://www.archibunker.org/companias-de-venezolanos-en-el-exterior-lista-8/
[24] Open Corporates. Wakil Properties LLC (Branch). https://opencorporates.com/companies/us_fl/M10000004324
[27] Control Ciudadano. Carlos Alberto Osorio Zambrano. https://www.controlciudadano.org/fanb-y-poder/carlos-alberto-osorio-zambrano

What are the chances of being rejected for a travel visa to the US? by Natasha Frost & Dan Kopf – Quartz – August 28, 2019

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Nearly 6.4 million people came to the United States on a B visa in 2017. This common visa type—B-1, for business travel; B-2, for tourism; or the combo B-1/B-2, for a bit of both—is issued for short-term travel to the US. If you plan to attend business meetings or conferences, spend a week on vacation in Hawaii or Florida, or visit family in the US, this is the visa you’re likely to need.

Not everyone requires one, of course. Citizens of 38 countries are eligible for the ESTA visa waiver system, allowing them to bypass ordinary visa requirements for short-term business or tourist travel. They are mostly rich nations in Europe and Asia.

But despite how common the B visa is, getting one isn’t as easy as it might appear. Applicants must pay a fee, apply online, and then attend an in-person interview, where they’ll be grilled on what their plans are, where they’ll be going, and—crucially—when they plan to leave the US. Processing time from there can take as much as two months.

Even then, many people find their applications rejected. In fiscal year 2018—which ran from October 1, 2017 through September 30, 2018—B visa applicants from around 50 countries were more likely to have their application refused than accepted. For citizens of Somalia, the refusal rate was more than 90%, with only 38 Somalis granted a B visa(pdf).

The table below shows the refusal rates for each country with at least 10 visas issued in fiscal year 2018, according to data from the US Department of State (pdf). The overall refusal rate, including countries with 10 or fewer visas issued, was 32.4%.

Refusal rate for travel visa applications, by country, in fiscal year 2018

Country Refusal Rate (%)
Somalia 90.2
Iran 87.7
Djibouti 83.0
Yemen 82.5
Syria 77.3
Guinea-Bissau 76.1
Burundi 74.4
Venezuela 74.3
Libya 73.7
Afghanistan 71.4
Burkina Faso 71.2
Guyana 70.6
Eritrea 69.5
Comoros 69.5
Haiti 67.6
Guinea 66.2
Liberia 64.4
The Gambia 64.2
Laos 64.1
Georgia 62.4
Uzbekistan 61.8
Mauritania 61.6
Moldova 61.1
Chad 60.8
Sierra Leone 60.6
Honduras 60.3
Sudan 59.8
Bhutan 59.6
Togo 59.6
Senegal 59.2
Kyrgyzstan 58.9
Nigeria 57.5
Iraq 57.0
Mongolia 56.5
Jamaica 54.5
Cabo Verde 54.2
Palestine 53.9
Armenia 53.8
Guatemala 53.6
Tajikistan 53.4
Turkmenistan 52.9
Cameroon 52.3
Republic of Congo 52.2
Angola 51.8
Nepal 51.5
El Salvador 51.5
Tonga 51.3
Cuba 51.0
Mali 50.6
Dem. Rep. of Congo 50.6
Dominican Republic 49.5
Ghana 49.4
Pakistan 47.9
Benin 47.7
Nicaragua 46.8
Rwanda 44.5
Niger 43.3
Morocco 42.9
Jordan 42.6
Uganda 42.3
Albania 41.9
Fiji 41.7
Ethiopia 41.7
Kenya 41.6
South Sudan 41.3
Ukraine 41.0
Bangladesh 40.1
Gabon 40.0
Maldives 39.9
Kazakhstan 39.4
Algeria 39.3
Canada 39.0
Vanuatu 38.3
Dominica 37.1
Central African Republic 36.0
Kosovo 36.0
Montenegro 35.4
Colombia 35.1
Tuvalu 34.8
Belize 34.6
Cote D`Ivoire 33.8
Sri Lanka 33.6
Cambodia 32.6
Egypt 32.2
Ecuador 31.4
Macedonia 31.3
Peru 28.5
Azerbaijan 28.5
Malawi 28.2
Tunisia 27.7
Philippines 27.1
Estonia 26.7
Zimbabwe 26.6
Grenada 26.4
Samoa 26.3
Vietnam 26.2
Sao Tome And Principe 26.1
India 26.1
Serbia 25.9
Kiribati 25.3
Lebanon 25.2
St. Kitts And Nevis 25.0
Mexico 24.9
Bosnia-Herzegovina 23.5
Belarus 23.3
Burma 23.1
Zambia 22.5
Bolivia 22.2
Thailand 22.2
Lesotho 21.9
St. Lucia 21.9
Ireland 21.8
Nauru 21.4
Equatorial Guinea 21.3
Great Britain 20.3
New Zealand 20.0
Tanzania 19.9
St. Vincent And The Grenadines 19.8
Trinidad And Tobago 19.3
Antigua And Barbuda 19.1
Botswana 18.7
Australia 18.0
Turkey 17.5
Marshall Islands 17.4
Lithuania 17.3
China 17.0
Greece 16.9
Slovakia 16.2
Latvia 15.2
Sweden 15.2
Finland 15.1
Russia 14.9
Italy 14.8
Singapore 14.3
Spain 14.0
Indonesia 12.8
Brazil 12.7
The Bahamas 12.5
Norway 12.4
Denmark 12.4
Slovenia 12.3
Madagascar 11.8
Panama 11.7
Seychelles 11.6
Chile 11.3
Bulgaria 11.3
Hungary 10.5
Romania 10.4
Czech Republic 10.4
Mozambique 10.2
France 10.1
Costa Rica 9.9
Belgium 9.8
Japan 9.8
Malta 9.6
Netherlands 9.6
Suriname 8.6
Eswatini 8.5
Namibia 8.4
Qatar 8.3
Timor-Leste 8.2
Paraguay 8.0
South Korea 8.0
Macau 7.8
Saudi Arabia 7.5
Germany 7.4
South Africa 7.3
Portugal 7.3
Iceland 7.1
Barbados 7.1
Bahrain 7.0
Papua New Guinea 6.8
Taiwan 6.8
Mauritius 6.5
Croatia 5.9
Switzerland 5.5
Austria 5.4
Luxembourg 5.2
Israel 5.1
Malaysia 4.9
Oman 4.9
Brunei 4.4
Hong Kong 4.3
Uruguay 4.1
Poland 4.0
United Arab Emirates 3.8
Solomon Islands 3.6
Kuwait 2.7
Cyprus 2.4
Argentina 1.7
Liechtenstein 0.0

Venezuela en la posición 9 del ranking de mayores reservas recuperables. EE.UU. es el numero 1 – World Energy Trade – 27 de Agosto 2019

Escultura frente a la sede principal de la compañía estatal Petróleos de Venezuela en Caracas.

Escultura frente a la sede principal de la compañía estatal Petróleos de Venezuela en Caracas.

En el más reciente reporte anual de las reservas mundiales de crudo recuperables de la firma independiente noruega Rystad Energy, se estima que las reservas de Venezuela se sitúan en 68.000 millones de barriles.

De acuerdo al reporte, en primer lugar se encuentra los EE.UU. con 293.000 millones de barriles de crudo recuperables, en segundo lugar está Arabia Saudita con 274.000 millones y en tercer puesto se encuentra Rusia con 190.000 millones.

El reporte estima que el crudo recuperable de los Estados Unidos es 5 veces superior a las reportadas oficialmente correspondientes a reservas probadas que fueron publicadas en el reporte de BP Statistical Review of WorldEnergy2019.

Las cifras oficiales de Venezuela reportan que la nación tiene cerca de 300 mil millones de barriles de reservas probadas, lo que sería la mayor reserva mundial de petróleo. Gran parte de este petróleo es del tipo bituminoso, lo que significa que puede no ser económicamente rentable extraerlo del subsuelo con los precios actuales.


Las arenas bituminosas o petrolíferas son denominadas en Venezuela como crudo extra pesado.


En el año 2005 las reservas probadas de Venezuela eran de 77.000 millones de barriles y pasaron a 297.000 millones en el 2014. La razón de este cambio no se debió a nuevos descubrimientos de yacimientos de crudo, sino al hecho que el precio del crudo había superado los US$ 100 por barril. Esto permitió que la producción de crudo extra pesado de Venezuela fuese económicamente rentable y en consecuencia los recursos en el subsuelo fueron trasladados a la categoría de “reservas probadas”.

Metodología utilizada para el estudio

La revisión anual de reservas de petróleo de Rystad Energy realiza una agrupación coherente y rigurosa del crudo recuperable en reservas probadas y reservas probables, también otras sub categorías de recursos recuperables contingentes y recursos recuperables posibles o prospectivos.

Las reservas probadas es un estimado estadístico conservador del crudo a ser producido de los campos y pozos que ya han sido autorizados para ser desarrollados por las compañías petroleras y aprobados por los gobiernos. Los recursos contingentes representan el crudo recuperable que ha sido descubierto pero que no ha sido aprobado para su desarrollo, los recursos prospectivos, por su parte, son estimaciones riesgosas de yacimientos que no han sido descubiertos.

Los reportes oficiales provenientes de las autoridades nacionales aplican estándares variados y menos transparentes. Por ello, en el reporte anual de Rystad Energy se aplicaron los estándares de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo (SPE) para estimar las reservas y recursos en campo, de tal manera que las reservas puedan ser comparadas de manera coherente para los países OPEP y no-OPEP, así como para yacimientos convencionales y no convencionales.

Resultados del análisis a nivel global

Como resultado del análisis se estima que las reservas probadas de crudo (OPEP y no OPEP) de acuerdo con el esquema de la SPE son de 386 billones de barriles, esto es el 25 % de las reservas oficiales en la Revisión Estadística de BP (BP Statistical Review – BPSR, por sus siglas en inglés).

Para poder alcanzar las reservas estimadas de 1,73 billones de barriles provenientes de los cálculos de BP, es necesario incluir 0,5 billones de barriles de los cálculos de Rystad Energy consideradas como estimados de crudo aun no descubiertos.

Ranking de top-10 países con mayores reservas recuperables de crudo

Tabla 1. Ranking de top-10 países con mayores reservas recuperables de crudo

Resultados del análisis para el caso Venezuela

De acuerdo con el reporte anual algunos países OPEP como Venezuela, reportan las reservas oficiales incluyendo recursos aun no descubiertos, mientras que otros como Brasil y Noruega reportan estimados conservadores que cubren solo yacimientos existentes.

Recursos petroleros mundiales con base en el reporte 2019 de RystadEnergy

Tabla 2. Recursos petroleros mundiales con base en el reporte 2019 de RystadEnergy

Todos estos resultados provienen de la tabla 1 que muestra los recursos petroleros mundiales.

  • Los resultados de Rystad Energy muestran que Venezuela tiene 68 mil millones de barriles de recursos recuperables (2PCX).
  • Las cifras oficiales de Venezuela que son consideradas por la Revisión Estadística de BP, están en el caso de “reservas probadas” (1P) cuya cifra está sobrestimada en 4.818 %. Mientras que en el caso de “reservas probadas + probables” (2PC) está sobrestimada en 1.042 %.
  • La producción de crudo actual de Venezuela (columna mmbbld) es de 900.000 barriles diarios, a esta tasa de producción los recursos recuperables (2PCX) se agotarían en 212 años (2PCX life).

 

 

¿Qué está pasando con el dólar paralelo? por Giorgio Cunto – ProDaVinci – 28 de Agosto 2019

¿Qué está pasando con el dólar paralelo?

En los últimos días el tipo de cambio no oficial ha experimentado un aumento súbito: se elevó a más de 30% en una semana, superando los 20.000 bolívares por dólar, un aumento de 76,1% desde inicio de agosto. Esta es la segunda vez en dos meses que se rompe una relativa “calma” en el mercado cambiario.

Este desenlace no debería sorprender en retrospectiva: la volatilidad es una condición endémica del mercado cambiario venezolano. Difícilmente el país puede mantener estabilidad cambiaria con una economía que acumula tantos desequilibrios: seis años de contracción económica, hiperinflación, caída de su producción petrolera, default de su deuda externa, sanciones internacionales, y un conflicto político prolongado.

De la tierra a la estratósfera

Durante enero de 2019, podemos observar que la tasa no oficial registró una subida súbita (pasó de 720 a 2.885 bolívares por dólar) y luego permaneció alrededor de 3.200 bolívares en febrero y marzo. En la primera semana de abril, el tipo de cambio empezó a crecer a ritmo promedio de 14,8% intersemanal, desacelerándose en mayo con el lanzamiento del nuevo sistema cambiario de mesas de dinero.

Entre mayo y junio el tipo de cambio creció a una tasas intersemanal promedio de 2,7%, relativamente bajo comparado con otros episodios más volátiles. En ese periodo, el tipo de cambio oficial también estuvo creciendo, con una prima promedio de 9,6% entre la tasa paralela y la del BCV. Una diferencia no trivial aunque considerablemente menor comparada con el diferencial cambiario de hasta 183,1% en enero.

Este ritmo de crecimiento del tipo de cambio se aceleró de nuevo a mediados de junio, con una tasa de crecimiento intersemanal promedio de 17,1%, desde entonces el tipo de cambio sube con mucha más velocidad que comparado con el primer semestre del año, siendo la reciente escalada de agosto una profundización de esa dinámica.

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¿Qué hay detrás de los movimientos del tipo de cambio?

La “estabilidad” del tipo de cambio fue el resultado de una política de encaje bancario muy agresiva por parte del Banco Central de Venezuela (BCV), algo que ha sido eje central de su estrategia para contener la presión inflacionaria. Al elevar la proporción de depósitos y captaciones que los bancos deben mantener en las cuentas del BCV, se restringe el crédito que las instituciones financieras pueden otorgar a las personas y firmas; lo que se traduce en menos bolívares que pueden destinarse a demandar dólares en el mercado paralelo. Esta política, combinada con una reducción relativa en la emisión de dinero por parte del BCV para cubrir el déficit fiscal, es lo que contiene el alza del tipo de cambio y desacelera la inflación. Esta última pasó de 261,1% en enero a 33,4% en julio, según cifras de Ecoanalítica.

En el mediano y largo plazo, esta política de contención es insuficiente para garantizar la estabilidad cambiaria y de precios. En primer lugar porque no elimina por completo con los componentes que alimentan la demanda de dólares en el país, y en segundo lugar porque es muy frágil a choques de oferta.

Las divisas siguen siendo un instrumento de cobertura para la preservación del poder adquisitivo en medio de un episodio hiperinflacionario, y el proceso de dolarización transaccional emergente hace que las personas y firmas demanden dólares con la intención de usarlos como medio de pago. A esto se le añade que muchas actividades económicas dependen de importar bienes, lo cual siempre requiere divisas. A todo lo demás se le puede añadir que, aunque suena contraintuitivo, las divisas siguen siendo relativamente “baratas”.

Los dólares se abaratan respecto al resto de los demás bienes en la medida que el tipo de cambio crezca a una tasa inferior que la inflación. Este es el caso de 14 de las 34 semanas desde que inició 2019. La contraparte de esta dinámica es que se requieren más dólares para adquirir el mismo número de bolívares en un momento dado, lo cual hace que el dólar pierda poder adquisitivo en la economía venezolana. En términos acumulados, el dólar ha perdido 56,7% de su poder de compra en lo que va de 2019.

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Visto de otra forma, para que el dólar mantenga su valor real respecto al aumento de precios, el tipo de cambio debería estar en 32.961,6 bolívares, lo suficiente para absorber la inflación registrada por Ecoanalítica durante el 2019. La brecha se hace mucho más grande si se compara con el tipo de cambio de equilibrio externo, que podría ser cuatro veces más alta.

Estos elementos corresponden a una demanda permanente por dólares que, aunque esté inhibida por la restricción del crédito, seguirá ejerciendo fuerza sobre el mercado cambiario más allá de lo que pueda ser contenido mediante instrumentos del BCV.

Impactos que pueden convertirse en supernovas

La dinámica del mercado cambiario tendería al alza en la medida que exista demanda por divisas y mientras la oferta de estas se vea comprometida debido a la caída de flujos externos producto de la contracción de la producción petrolera y la actividad exportadora. En el corto plazo el tipo de cambio es muy sensible a choques que puedan corresponder a impactos súbitos sobre alguna de esas fuerzas.

Tal es el caso de las últimas semanas: la extensión de sanciones estadounidenses sobre el gobierno venezolano irrumpe en su flujo de caja en la medida que dificulta sus operaciones para vender petróleo en Asia y oro a Turquía, lo cual se traduce en menos divisas que puede destinar a intervenir en el mercado cambiario. Adicionalmente, cuando las empresas públicas, como PDVSA y demás entes del Estado, pagan a sus proveedores en bolívares, estos acuden al mercado paralelo. Esto hace que el precio del dólar suba.

La estrategia de estabilización cambiaria impulsada desde el Ejecutivo está siendo estrechada a sus límites. Si la expansión monetaria para cubrir el gasto público se eleva, hay alto riesgo de que se reimpulse la senda hiperinflacionaria. Todo dependerá del balance entre la expansión monetaria y la efectividad con la que las autoridades recojan bolívares vía emisión de deuda interna.

En el interín, es esperable que el tipo de cambio siga subiendo en el corto, mediano y largo plazo dada las frágiles condiciones estructurales de la economía venezolana. Los saltos súbitos pueden causar justificada angustia, pero son ocurrencias casi garantizadas en esta clase de procesos. En ese sentido este choque del tipo de cambio se parece a todos los anteriores: no será el último.

Trouble in Caracas – Gibson Shipbrokers – 23 de Agosto 2019

Weekly Tanker Market Report

In January 2019 the Trump administration announced tough sanctions against PDVSA, designed to halt US imports of Venezuelan crude. The US government also blocked access to its financial system for PDVSA transactions. Overall, sanctions have had the desired effect. Crude trade to US refineries came to a halt since February, down from approximately 0.5 million b/d in 2018. US also stopped exporting clean petroleum products (CPP)to Venezuela, most notably naphtha, used to dilute extra heavy grades to make synthetic crude for exports. Venezuela was largely unable to find a replacement for US clean products, with the volume of CPP imports into the country down by more than 50% compared to levels in 2018. Meanwhile, the economic and political situation in the country continued to deteriorate, while the mounting shortage of skilled personnel, financing and badly needed repairs/maintenance for oil installations translated into a further decline in the country’s crude production. The IEA estimates that Venezuela’s output declined between January and July by 470,000 b/d, down to 0.81 million b/d, its lowest level in decades.

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Despite the decline in absolute volumes, long haul crude shipments to Asia (mainly to China and India) have continued, being backed by debt to Chinese and Russian companies. In fact, long-haul trade has somewhat increased in recent months. Preliminary results from ClipperData show that the country’s crude exports to the East averaged around 675,000 b/d during the 1st half of 2019, up by nearly 100,000 b/d versus the same period last year. However, these volumes are still below the levels seen in 2016/17. It also appearsVenezuela has made some progress in adapting to challenges faced. In July Argus reported that PDVSA started the transition of its inactive heavy crude upgraders, used to produce synthetic crude mainly for US sales, into blending sites to maximise production of Merey blend, which is in demand for Asia buyers. AIS data supports this statement, with shipments of the grade up this year versus the historical trend. More recently, it has also been reported that PDVSA signed an agreement with a Chinese engineering company to repair Venezuela’s refineries. Venezuela will repay in oil products.

Taking into account these developments, it is perhaps not surprising to see fresh US sanctions, with the Trump administration freezing all Venezuelan government assets in the US. The latest sanctions do not explicitly sanction nonUS companies that do business with the US; however, the order threatens to freeze US assets of any entity determined to have “materially assisted” the Venezuelan government. Most likely, it is up to the US authorities to decide what “material assistance” actually means and so the willingness to sanction directly Russian and Chinese companies is yet to be tested.

All in all, the position of the Maduro government appears increasingly uncertain, with the latest sanctions only adding to a long list of problems faced. Reuters has already reported that China National Petroleum Corp (CNPC) has halted August loadings from Venezuela, as the company worries that it could be hit by secondary US sanctions. Potentially, Venezuela’s crude output could decline further and with it, long haul trade to the East. On its own, this undoubtedly is a negative development for tanker demand; however, with rising output out of the US, Brazil and robust prospects out of neighbouring Guyana, this will simply slow but not stop the growth in long haul trade from the Americas to the East.

Hambre 5.0 por Gioconda Cunto de San Blas – TalCual – 22 de Agosto 2019

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“Los ladrones ya no roban dinero; roban comida”. Ese testimonio, revelador de la magnitud del drama alimentario que vivimos en la Venezuela de la 5ª república, se genera en un país en el que 57% de los niños padece algún grado de desnutrición y 33% de los niños entre 0 y 2 años de los estratos C e inferiores presenta retardo en el crecimiento o desnutrición crónica, con el consiguiente retraso cognitivo y psicomotor asociado a prolongados estadios de desnutrición severa.

Según la FAO, combatir de manera eficaz la malnutrición y la subnutrición requiere el suministro de 20 gramos de proteína animal per cápita al día, equivalentes a 7,3 Kg al año, además de legumbres, vegetales, frutas y lácteos. En 1999, el consumo anual per cápita de carne en Venezuela era de 23 Kg, que bajó a 14 en 2014 y a 4 en 2018 (la proyección para 2019 es de 2,7 Kg), mientras que la media mundial es de 41, es decir, 6 veces más de lo recomendado por la FAO.

La semana pasada, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) emitió un reporte según el cual, una de las medidas a tomar entre muchas otras para reducir la emisión de gases invernadero, principales causantes del calentamiento global, es la de producir carne de manera sostenible, disminuir su ingesta a los niveles óptimos de consumo y cambiar la forma en la que la población mundial se alimenta, con más legumbres, frutas, verduras y frutos secos. Entre otras medidas a tomar, preservar y restaurar bosques para aumentar la masa forestal, mejorar la gestión de la tierra para cultivos y ganadería e implementar el uso de razas con mejoras genéticas.

El escandaloso desperdicio del 25 a 30% de los alimentos producidos en un mundo donde el hambre campea en vastas regiones del planeta, es también responsable de 8% a 10% de todas las emisiones de efecto invernadero, según las estimaciones del IPCC. Por eso, los expertos llaman a ajustar el nivel de producción, aplicar medidas educativas, mejorar las técnicas de almacenamiento, transporte y empaquetado. De esa forma, se podrían liberar millones de kilómetros cuadrados que podrían destinarse, por ejemplo, a la reforestación.

La FAO, los nutricionistas y ahora el IPCC nos recomiendan una y otra vez comer más legumbres, vegetales y frutas (¡y los muy costosos frutos secos!), pero nunca nos dicen por cuáles sustituirlos, dados los altos precios que exhiben en los mercados. Para un venezolano cuyo ingreso es el salario mínimo (Bs. 40.000 mensual o US$ 2,5 mientras esto escribo), adquirir frutas o legumbres es casi imposible. A precios de la semana pasada en un mercado popular, la compra de los siguientes rubros (1 Kg de cada uno): zanahoria, yuca, papa, plátano, cambur, patilla, guayaba, lechosa y mango sobrepasaba dos salarios mínimos. Poco más que 1 Kg de carne, o 2 de pescado, o 35 huevos es todo lo que  puede comprar el salario mínimo del mes, bajo condición de eliminar legumbres y frutas.

Según los datos del Cenda, la canasta alimentaria de julio se ubicó en 1.649.306,75 bolívares, equivalentes a 41 salarios mínimos, de manera que ese salario apenas cubre el 2,4% de los gastos de alimentación mensual para una familia de 5 personas, sin contar los demás gastos del hogar que constituyen la canasta básica. No debe sorprendernos, por tanto, cuando la FAO comenta que en Venezuela, la prevalencia de la subalimentación casi se cuadruplicó, al pasar de 6,4% en 2012-14 a 21,2% en 2016-18.

Ante este cuadro dantesco, el primer paso obvio es cambiar de régimen, uno que permita estabilizar la economía para hacer posible un mejor vivir. Pero además, quienes se ocupan del manejo de la tierra, agricultores, ganaderos, deben prestar atención a los llamados del IPCC para que la reconstrucción de Venezuela se haga en el marco de patrones ecológicos que ayuden a la disminución de la emisión de gases invernadero.

Siendo cínicos, podríamos decir que el estado de abandono en que se encuentran las tierras venezolanas luego de 20 años de expolio gubernamental hace que Venezuela aporte muy poco gas invernadero al cambio climático. Pero la realidad es que el equilibrio está en aprovechar las tierras de forma sostenible para que sus habitantes y las generaciones sucesivas puedan vivir mejor y más saludables, en un planeta cuidado por todos. Es el único que tenemos.

 

Represión importada: Cómo Cuba enseñó a Venezuela a sofocar el disenso militar por Angus Berwick – Reuters – 22 de Agosto 2019

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LECCIÓN DE LONGEVIDAD: Más de una década después de que Fidel Castro ayudara a Hugo Chávez a rediseñar las fuerzas armadas y la inteligencia militar, su consejo ha mostrado ser crucial para la continuidad de Maduro.

Imponiendo vigilancia y miedo, Cuba ayudó a Venezuela a rediseñar sus fuerzas armadas y el servicio de inteligencia militar. Reuters revela cómo dos acuerdos permitieron a La Habana redefinir la seguridad venezolana desde 2008.

 

En diciembre del 2007, el entonces presidente Hugo Chávez sufrió su primera derrota en las urnas. Aunque todavía era muy popular entre la clase trabajadora que lo había impulsado al poder casi una década antes, los votantes rechazaron un referéndum que le habría permitido postularse para la reelección indefinidamente.

Molesto, Chávez recurrió a un cercano confidente, de acuerdo con tres exasesores: Fidel Castro. El envejecido líder cubano había sido mentor de Chávez años antes de que fuera presidente, cuando era conocido por liderar un fallido golpe de Estado.

Ahora, la profundización de los lazos económicos hacían que Cuba fuera más dependiente de la Venezuela rica en petróleo, y Castro estaba ansioso por ayudar a Chávez a mantenerse en el poder, dijeron esos asesores. El consejo de Castro: garantizar el control absoluto de los militares.

Más fácil era decirlo que hacerlo. El ejército de Venezuela tenía un historial de levantamientos que a veces condujeron a golpes de Estado como el que Chávez, entonces teniente coronel, organizó en 1992. Una década más tarde, rivales protagonizaron un breve alzamiento contra el propio Chávez.

Pero si Chávez daba los pasos correctos, instruyó el cubano, podría aguantar tanto tiempo como Castro, recordaron los asesores.

Después de todo, las fuerzas armadas de Cuba, con el hermano de Castro al mando, han controlado todo durante décadas, desde la seguridad hasta sectores clave de la economía.

En cuestión de meses, los países elaboraron dos acuerdos, revisados ​​recientemente por Reuters, que dieron a Cuba un vasto acceso al sector militar de Venezuela y amplia libertad para espiarlo y reformarlo.

Los acuerdos, cuyos detalles se informan aquí por primera vez, llevaron a la imposición de una estricta vigilancia de las tropas venezolanas a través de un servicio de inteligencia,  ahora conocido como la Dirección General de Contrainteligencia Militar, o DGCIM.

Bajo la asesoría de militares cubanos, Venezuela reformuló la unidad de inteligencia en un servicio que espía a sus propias fuerzas armadas, infundiendo miedo y paranoia y aplastando a la disidencia.

Ahora conocida por sus tácticas represivas, la DGCIM es acusada por soldados, legisladores de oposición, grupos de derechos humanos y muchos gobiernos extranjeros de abusos, incluida la tortura y la reciente muerte de un capitán de la Armada que estaba detenido.

Según los documentos revisados ​​por Reuters, los acuerdos, firmados en mayo de 2008, permitieron a las fuerzas armadas de Cuba:

• Entrenar a soldados en Venezuela.
• Revisar y reestructurar partes del ejército venezolano.
• Entrenar agentes de inteligencia venezolanos en La Habana.
• Cambiar la misión del servicio de inteligencia de espiar a rivales extranjeros a la de vigilar a los propios soldados, oficiales e incluso comandantes de alto rango.

El primer acuerdo, según los documentos, prepararía a los agentes de inteligencia venezolanos para “el descubrimiento y enfrentamiento a la labor de inteligencia y subversiva del enemigo”. El segundo acuerdo autorizó a los funcionarios cubanos a supervisar la “asimilación” y la “modernización” del ejército de Venezuela.

La presencia de funcionarios cubanos en el ejército de Venezuela se conoce desde hace años.

El presidente Nicolás Maduro, discípulo de Chávez y sucesor cada vez más asediado, dijo durante un discurso en 2017: “Agradecemos a la fuerza armada revolucionaria de Cuba. Los saludamos y siempre les damos la bienvenida”.

Pero ninguno de los dos países ha reconocido detalles de los acuerdos o el alcance de la participación de Cuba en el sector militar venezolano.

En marzo, después de que el vicepresidente estadounidense Mike Pence denunciara la “influencia maligna” de La Habana en Caracas, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, trató de minimizar la relación.

“Rechazo categóricamente reiteradas y falsas acusaciones”, tuiteó Rodríguez, “sobre militares cubanos que ‘entrenan’, ‘controlan’ o ‘intimidan’ en Venezuela”.

Ni el Ministerio de Defensa de Venezuela ni su Ministerio de Información, responsables de las comunicaciones gubernamentales, incluidas las de Maduro, respondieron a correos electrónicos y llamadas telefónicas para este artículo.

Funcionarios cubanos no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Once años después de su firma, los acuerdos militares han demostrado ser cruciales para la supervivencia de Maduro como presidente, según expertos en seguridad, personas familiarizadas con el gobierno y políticos de la oposición.

Con la ayuda y el entrenamiento de Cuba, el ejército ha apoyado a Maduro y lo ha ayudado a navegar la crisis económica, el hambre y el crimen generalizado, así como la migración en los últimos años de más de 4 millones de personas, cerca de 10% de la población de Venezuela.

En junio, Reuters explicó cómo la reorganización de las fuerzas armadas y la proliferación de oficiales de alto rango han mantenido a los líderes militares en deuda con Maduro.

Ahora, los documentos describiendo los acuerdos de Venezuela con Cuba, y decenas de entrevistas con miembros en servicio y retirados de las filas, funcionarios de gobierno y personas familiarizadas con la relación entre Caracas y La Habana, muestran cuán instrumental ha sido también la ayuda de Castro.

La transformación de la DGCIM, dijeron estas personas, ha sido particularmente efectiva.

“La misión más importante que tenía el organismo de inteligencia era neutralizar aquello que afectara nuestra democracia”, dijo Raúl Salazar, un exministro de Defensa de Chávez que se opone a Maduro. “Ahora, bajo el mando de Cuba, el gobierno lo utiliza para mantenerse en el poder”.

Una vez que Cuba comenzó a capacitar a su personal, los agentes fueron introducidos en la DGCIM, a menudo vestidos con uniforme negro, dentro de las barracas. Allí, compilarían informes sobre los uniformados percibidos como alborotadores e informarían sobre cualquier señal de deslealtad, según más de 20 exoficiales venezolanos militares y de inteligencia.

La DGCIM también comenzó a interceptar los teléfonos de los oficiales, incluidos los comandantes militares de alto rango, para escuchar sobre posibles conspiraciones.

La represión ha llevado a cientos de arrestos. Al menos 200 militares están detenidos actualmente, según la Asamblea Nacional liderada por la oposición. Control Ciudadano, una organización no gubernamental venezolana que estudia a las fuerzas armadas, dice que el número supera los 300.

En un informe de junio del 2017, revisado por Reuters, la DGCIM acusó a un soldado, que se matriculó en una universidad considerada como alineada con la oposición, de “subversión política e ideológica”.

Al hablar por primera vez del caso, el exsoldado dijo a Reuters que estuvo esposado a una silla, mantenido en una habitación continuamente iluminada y fue golpeado hasta que se le rompieron dos vértebras. “Esos días fueron interminables”, recordó. Reveló su historia a Reuters con la condición de que la agencia de noticias sólo usara su primer nombre, Daniel, y no revelara su edad.

A partir de su reorganización, las filas de la DGCIM han aumentado, desde unos pocos cientos de agentes al principio de la administración de Chávez hasta al menos 1.500 ahora, según exoficiales militares.

Un informe reciente de Naciones Unidas acusó a la DGCIM de incurrir en tortura, incluyendo descargas eléctricas, asfixia, inmersión en agua, violencia sexual y privación de agua y alimentos.

Bajo el gobierno de Maduro, oficiales de la DGCIM han sido promovidos a altos cargos, incluido el comando de seguridad personal del mandatario.

La represión, dicen líderes opositores, ha hecho que las fuerzas armadas sean impenetrables. Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, denunció a principios de este año que la reelección de Maduro en 2018 fue una farsa y declaró, con apoyo de la mayoría de las democracias occidentales, que era el presidente legítimo del país.

Pero las súplicas de la oposición por un alzamiento militar no han sido escuchadas.

“Hemos fallado”, dijo un alto funcionario de la oposición involucrado en los intentos de negociar con líderes militares. “No tenemos nada para ofrecerles, para convencerlos”.

“Bastión de dignidad latinoamericana”

Para Chávez, los cambios anticipados con los dos acuerdos tenían un impacto a nivel personal.

Castro, a quien había admirado durante mucho tiempo, fue el primer líder internacional en abrazar a Chávez como político en ascenso en la década de 1990.

La unidad de inteligencia militar, entre tanto, estaba dirigida por oficiales alineados con la elite conservadora y opuestos a la visión de Chávez de transformar un país donde, a pesar de tener las mayores reservas de petróleo del mundo, muchas personas seguían siendo pobres.

Cuando fracasó su golpe de Estado de 1992, los oficiales de la unidad, entonces conocidos como la Dirección de Inteligencia Militar, o DIM, fueron los encargados de arrestar a Chávez. En un principio el líder estuvo en una de las mismas celdas subterráneas en la sede de DIM en Caracas donde luego detendría a algunos de sus propios opositores políticos, según varios exfuncionarios.

En 1994, meses después de su salida de prisión tras recibir un sobreseimiento presidencial, Chávez voló a La Habana, donde Castro, en su primera reunión frente a frente, lo saludó en el aeropuerto. Castro vio en Chávez a un líder izquierdista de ideas afines, de un estilo difícil de hallar desde el final de la Guerra Fría. En la riqueza petrolera de Venezuela, Castro vio el potencial alimento para una economía cubana hambrienta por el colapso de su expatrocinador, la Unión Soviética.

Con Castro como espectador de un discurso en la Universidad de La Habana, Chávez dijo que Cuba era, en ese momento en su cuarta década de gobierno castrista, “un bastión de la dignidad latinoamericana”. Prometió curar la “gangrena” capitalista que afligía a Venezuela.

Después de la visita, los dos hombres comenzaron a hablar frecuentemente, dijeron exasesores.

A fines de la década de 1990, la alta inflación, el bajo crecimiento económico y el aumento de la pobreza hicieron que el mensaje socialista de Chávez fuera atractivo para un número creciente de venezolanos. En 1998, fue elegido presidente.

Casi de inmediato, profundizó los lazos formales con Cuba.

En octubre de 2000, Castro viajó a Caracas para firmar una serie de acuerdos económicos. Venezuela le daría a Cuba suficiente petróleo para satisfacer la mitad de sus necesidades energéticas. Desde el 2000, Venezuela ha enviado a Cuba un promedio de 55.000 barriles por día de petróleo, que equivalen a un monto total de más de 21.000 millones de dólares.

A cambio, Cuba mandó a miles de médicos, maestros y especialistas agrícolas para ayudar a diversificar la economía de base de Venezuela.

Para 2002, muchos en la elite venezolana se habían cansado de Chávez. Ese abril, los líderes conservadores de la oposición se unieron a jefes militares, incluidos altos funcionarios del DIM, y lo detuvieron.

Pero el golpe naufragó en dos días, luego de un levantamiento popular masivo en su nombre.

De vuelta en el poder, y con la bendición de Castro, Chávez colocó a cubanos dentro de su círculo íntimo para reforzar la seguridad, según sus exasesores y varios exoficiales militares. Comenzó una purga del servicio de inteligencia y de otros altos rangos militares.

Nombró como subdirector a Hugo Carvajal, un teniente coronel que se había unido al movimiento golpista de Chávez en 1992 y más tarde dirigió la división de investigaciones de la DIM. En dos años, Carvajal se convirtió en su director general.

Carvajal comenzó a modernizar el DIM. En un correo electrónico a Reuters, Carvajal dijo que el Banco Central de Venezuela envió millones de dólares en efectivo al DIM para nuevas tecnologías, incluidos equipos de vigilancia y una base de datos para centralizar la inteligencia.

El militar dirigiría el servicio de contrainteligencia durante casi una década. Ahora fuera del cargo, ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente ayudar a la guerrilla colombiana.

En abril fue arrestado en España y permanece detenido en relación con una orden de Estados Unidos por presunto tráfico de drogas. En el correo electrónico, enviado a través de su abogado en España, Carvajal negó las acusaciones.

En julio de 2007, Chávez nombró a Gustavo Rangel, un oficial leal que dirigió las reservas del ejército, como ministro de Defensa. En su juramentación, Rangel habló de la necesidad de un “nuevo pensamiento militar venezolano” para contrarrestar al “enemigo real”.

El “imperio”, dijo, usando el discurso oficial venezolano para referirse a Estados Unidos, era el patrocinador de “grupos subversivos” empeñados en destruir la revolución.

Reuters no pudo contactar a Rangel, ahora retirado, para hacer comentarios.

Ese diciembre, Chávez perdió el referéndum sobre los límites del mandato. En televisión, prometió una “nueva ofensiva” para perseguir su meta.

Comenzaron las conversaciones sobre defensa con Cuba. En una reunión el 26 de mayo en Caracas, Rangel y el general Álvaro López, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, firmaron los dos acuerdos.

Según los términos del primer acuerdo, el ministerio cubano supervisaría una reestructuración del DIM y asesoraría para la creación de “nuevos órganos” dentro del servicio. El DIM también enviaría grupos de hasta 40 oficiales a La Habana hasta por tres meses de entrenamiento en espionaje.

Según los documentos, Venezuela enviaría las hojas de vida de candidatos para que Cuba los examinara. Los cursos incluyeron: cómo manejar “colaboradores secretos”, cómo llevar a cabo investigaciones criminales y cómo seleccionar nuevos agentes de inteligencia.

La mayor parte del entrenamiento, según los documentos, se realizó en la Escuela Militar Superior Comandante Arides Estévez Sánchez, en el oeste de La Habana. En la academia, un grupo de edificios blancos de cuatro pisos y campos de desfiles, los instructores cubanos dijeron a los agentes del DIM que su misión en adelante sería infiltrarse y controlar al ejército, según cinco personas familiarizadas con los cursos.

El segundo acuerdo creó un comité conocido como el Grupo de Coordinación y Enlace de la República de Cuba o GRUCE. El GRUCE, compuesto por ocho “especialistas militares” cubanos, enviaría asesores cubanos a Venezuela para inspeccionar unidades militares y entrenar soldados.

Un exfuncionario de inteligencia venezolano recordó la capacitación que recibió de instructores cubanos en una granja en el estado oriental de Anzoátegui. Los instructores, dijo a Reuters, acosaban a los estudiantes con preguntas sobre sus creencias políticas. El DIM, dijeron, debe ser la “punta de lanza” en la lucha contra los “traidores”.

Chávez, fortalecido por los aumentos en el gasto gubernamental que impulsó su popularidad, ganó un nuevo referéndum para poner fin a los límites del mandato presidencial.

En 2011, cambió el nombre de la DIM para incluir el término “contrainteligencia”, lo que reflejaba su nueva misión de frustrar sabotajes surgidos desde adentro. Para entonces, la nueva DGCIM era más fuerte con varios cientos de agentes, dijeron exfuncionarios.

Recién salidos del entrenamiento cubano, los nuevos agentes comenzaron a infiltrarse en los cuarteles. “Vivimos y entrenamos con la tropa para realizar el monitoreo, manteniendo informados a los jefes”, dijo otro exoficial de la DGCIM a Reuters. “Tuvimos un control férreo”.

Algunos fingieron ser soldados regulares. Otros se pusieron sus uniformes DGCIM y solían alentar a los soldados a que informaran unos sobre otros. Llegaron a ser conocidos como “los hombres de negro”, según varios exsoldados.

“Te voy a entregar a la DGCIM”, advirtió una vez un comandante del batallón a los posibles rebeldes, recordó un soldado. Historias de detenciones y torturas por parte de agentes de DGCIM, a veces con máscaras de esqueleto y pasamontañas, se extendieron por las filas.

“Nadie pelea contra el Estado”

Chávez, después de cuatro cirugías en Cuba, murió en 2013.

Castro en una columna de un periódico lo llamó “el mejor amigo que tuvo el pueblo cubano a lo largo de su historia”. Los votantes eligieron a Maduro para sucederlo.

En 2014, los precios del petróleo se desplomaron. El esfuerzo de Maduro por estimular la economía fracasó.

El hambre y la escasez golpearon incluso a las fuerzas armadas, sólo empeorando desde entonces. Un médico militar dijo a Reuters recientemente que muchos soldados alistados tienen bajo peso y subsisten principalmente con pasta y lentejas.

A medida que un número creciente de tropas buscaba desertar, la DGCIM se volvió más agresiva. Amplió la vigilancia, interceptando escuchas telefónicas incluso a los oficiales superiores.

En el último piso de su sede, unos 40 agentes de su Dirección de Comunicaciones Operativas utilizaron una plataforma llamada Genesi, según un exmiembro del equipo.

El sistema, diseñado por la firma italiana de telecomunicaciones IPS SpA, permite a los usuarios “interceptar, monitorear y analizar todo tipo de fuente de información”, según el sitio web de la compañía.

IPS no respondió a llamadas, correos electrónicos ni a una carta en busca de comentarios en su sede de Roma.

En julio de 2017, Daniel, el teniente del ejército en Caracas fue llamado a la oficina del comandante de su batallón. Alguna vez partidario de Chávez, Daniel se unió al ejército en 2004, pero bajo Maduro perdió el entusiasmo y dijo a los superiores que planeaba irse. Se matriculó en clases de derecho en la universidad estando aún activo en el ejército e incluso participó en marchas de oposición.

El comportamiento de Daniel, según un informe de inteligencia revisado por Reuters, fue “contrarrevolucionario”. El informe describe la universidad, cuyo nombre Daniel le pidió a Reuters que no revelara, como una escuela para la oposición.

Al reportarse en la oficina de su comandante, dijo Daniel, tres agentes de contrainteligencia uniformados confiscaron su teléfono y dijeron que era necesario que los acompañara para una “entrevista” en la sede de la DGCIM.

Daniel dijo que los agentes lo transfirieron a una celda subterránea y lo esposaron a una silla. Cada día, un hombre entraba y lo golpeaba repetidamente. Las palizas rompieron dos vértebras, según un informe médico revisado por Reuters.

“Agradecemos a la fuerza armada revolucionaria de Cuba. Los saludamos y siempre les damos la bienvenida”.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

Después de 20 días, un tribunal militar lo acusó de traición, rebelión y violación del decoro militar. En espera de un juicio, fue trasladado a otra prisión. Seis meses después, tras declararse culpable, el tribunal liberó a Daniel con la condición de que permaneciera en el país. Fue expulsado de las fuerzas armadas.

Regresó a las clases de derecho, pero siente remordimiento por haberse declarado culpable. “Nunca estuve convencido de que era lo mejor”, dijo, pero señaló que muchos de los que no lo hacen permanecen detenidos indefinidamente. “Pero nadie pelea contra el Estado”.

La vigilancia ha herido incluso a los oficiales superiores. Un caso desató la indignación nacional, forzando a la DGCIM a reconocer los abusos.

Rafael Acosta, de 50 años y capitán de corbeta de la Armada, murió bajo custodia de la DGCIM el 29 de junio, ocho días después de que los agentes lo arrestaron.

Tarek Saab, fiscal general de Venezuela, dijo que Acosta fue detenido por participar en un complot de “derecha” no especificado. La esposa de Acosta, Waleswka Pérez, dijo que las acusaciones eran falsas y acusó a la DGCIM de tortura.

El 1 de julio, Saab dijo que el gobierno había acusado a dos agentes de la DGCIM de homicidio. No dio una causa de muerte ni las circunstancias en las que ocurrió. Los cargos, dijo Saab en un comunicado, siguieron a una investigación “imparcial” del “lamentable hecho”.

La mayoría de las operaciones de la DGCIM nunca salen a la luz.

En marzo de 2018, cinco agentes de la DGCIM preguntaron por el teniente coronel Igbert Marín, comandante de la 302da brigada mecanizada del ejército, en Caracas. Marín, ahora de 40 años y padre de dos niños, fue durante la mayor parte de su carrera una estrella en ascenso que se había destacado en la principal academia militar de Venezuela.

Su esposa, Yoselyn Carrizales, dijo a Reuters que los agentes se llevaron a Marín al Ministerio de Defensa, donde fue recibido por oficiales incluido el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, e Iván Hernández, el actual jefe de la DGCIM.

Los funcionarios acusaron a Marín de conspirar contra el gobierno, dijo Carrizales, quien actúa como uno de los abogados del militar. Dijeron que tenían evidencia en un video de Marín y otros ocho oficiales conspirando, agregó, pero no le mostraron el video.

Marín negó la acusación y dijo que la reunión había sido simplemente una reunión de antiguos compañeros de clase de la academia.

Indignado, le dijo al ministro de Defensa que tales acusaciones eran contraproducentes, especialmente en un momento en que la mayoría de los militares sufría por la escasez de alimentos, equipos y bajos salarios.

El ministro debe “salir de la oficina, tiene que abrir los ojos y sentir lo que siente la tropa”, dijo Marín a Padrino, según Carrizales. Otro abogado que defiende a Marín, Alonso Medina Roa, confirmó la versión.

Ni Padrino ni Hernández pudieron ser contactados para hacer comentarios.

Los agentes llevaron a Marín y a los otros ocho oficiales a la sede de la DGCIM. Marín dijo más tarde a sus abogados que los agentes lo esposaron a una silla, le colocaron una bolsa sobre la cabeza y la llenaron de gases lacrimógenos. Sus abogados detallaron el presunto abuso a Reuters.

Una semana después, en una audiencia a la que asistió Carrizales, un tribunal militar acusó a Marín de traición, instigación a la rebelión y violación al decoro. Los agentes se llevaron a Marín. Permaneció incomunicado durante 78 días.

“No sabía si estaba vivo o estaba muerto”, dijo Carrizales. Marín sigue detenido y su esposa trabaja por su liberación.

Los funcionarios venezolanos no han comentado públicamente el caso ni han mostrado a los abogados de Marín el presunto video. Aún no se ha establecido una fecha para el juicio.

“Ellos le temen”, dijo Carrizales. “Tiene un liderazgo indiscutible en las fuerzas armadas. Es por eso que lo detuvieron”.

Reporte adicional de Deisy Buitrago en Caracas; Tibisay Romero en Valencia, Venezuela; Julia Symmes Cobb en Bogotá; Marianna Parraga en Ciudad de México y Angelo Amante en Roma.

Guía rápida para entender las sanciones de Trump por Sarai Coscojuela – RunRunes – 8 de Agosto 2019

EL PASADO LUNES 5 DE AGOSTO el presidente Donald Trump emitió una nueva orden ejecutiva donde impuso un congelamiento de todos los bienes e intereses del gobierno de Venezuela en Estados Unidos.
 

Es una de las medidas más fuertes que se ha tomado hasta ahora en contra del régimen de Nicolás Maduro, pero que exceptúa la importación de alimentos, medicinas y la actividad de las empresas privadas.

Ante esta escalada en la presión de Estados Unidos hacia Venezuela y la complejidad de conceptos sobre el tema, traemos un glosario que ayude a entender más el mundo de las sanciones y los embargos internacionales:

– Departamento del Tesoro: Es un departamento del Gobierno de Estados Unidos encargado de administrar el tesoro público. Su objetivo es administrar la economía, crear oportunidades económicas y laborales, fortalecer la seguridad nacional y proteger la integridad del sistema financiero.

El Departamento del Tesoro también se encarga de la “mejora de la seguridad nacional” mediante la aplicación de sanciones económicas contra los gobiernos, funcionarios públicos y cualquier otro agente que consideren amenazas externas a los Estados Unidos.

– OFAC: Es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, un organismo adscrito al Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de la aplicación de sanciones internacionales en el ámbito financiero y económico. Va dirigido a países, entidades o individuos que utilicen el sistema financiero para fines contrarios a las políticas de Estados Unidos.

La OFAC publica en su página web (www.treasury.gov) una lista de los países, las organizaciones o personas con las que los ciudadanos estadounidenses no deben hacer negocios ni transacciones.

– Licencia general: Es una autorización que emite la OFAC para permitir alguna transacción o negociación a países, individuos o instituciones, que de otra forma estaría prohibido.

En el caso de Venezuela quedaron aprobadas en 12 licencias generales que ya existían y fueron modificadas y publicaron 13 nuevas donde se establece que se podrá importar medicinas, equipos médicos, alimentos, productos agrícolas y ropa para la emergencia humanitaria. Las remesas familiares también quedaron fuera de la sanción.

– Orden Ejecutiva: Son disposiciones dictadas por el presidente de Estados Unidos. Tienen rango de Ley y no necesitan la aprobación del Poder Legislativo, aunque pueden ser revisadas por los tribunales y ser revocadas.

Aunque el Congreso norteamericano no podría derogar una Orden Ejecutiva, sí puede aprobar leyes que limiten su rango de acción.

– Embargo: En el ámbito comercial y financiero un embargo es la prohibición total de comerciar o negociar con un país. Es una especie de castigo por las actuaciones políticas y económicas que haya tenido esa nación.

La idea con el embargo es aislar al país al que se le impone por razones económicas, bélicas o políticas. La nación que toma esta medida le restringe a cualquier empresa o entidad dentro de su territorio o que tenga intereses fuera de él, tener algún tipo de vínculo comercial con ese otro país embargado.

Uno de los embargos más largos de la historia es el impuesto por Estados Unidos a Cuba en 1962 y que se afianzó mediante la Ley Helms-Burton -aprobado por primera vez en el Congreso americano en 1992, con una modificación en 1996- eliminando por completo la posibilidad de hacer negocios en la isla y ampliando las penalizaciones para países extranjeros que comercialicen con Cuba.

También se le prohibió a los estadounidenses viajar a Cuba como turistas. En un principio el embargo impuesto contra Cuba fue en respuesta a la nacionalización de empresas estadounidenses que hacían vida en la isla, posteriormente cambió a una exigencia de cese de violación de los Derechos Humanos por parte del Gobierno de Fidel Castro.

El embargo cubano establecía una restricción en todo tipo de productos, incluyendo medicinas y alimentos, aunque en el año 2000 el presidente Bill Clinton exceptuó estas mercancías como parte de asistencia humanitaria.

Pero aunque el Congreso haya establecido un embargo total, Estados Unidos sigue siendo uno de los socios comerciales de la isla, con la venta de productos agrícolas, lo que representa un 6,6% de las importaciones cubanas, según la BBC.

En Venezuela, el presidente Donald Trump impuso un congelamiento de los bienes e intereses del Gobierno de Maduro, pero las empresas privadas pueden hacer negocios y transacciones dentro de Venezuela.

– Over Compliance: “Sobrecumplimiento”, en español, es un efecto que ocurre entre las instituciones financieras o empresas que, para cuidar su patrimonio y reputación, toman cuidados excesivos en su relación con un país, compañía o empresa sancionada e, incluso, prefieren no ejecutar ninguna acción.

Aunque en las sanciones ordenadas por el presidente Donald Trump, se exceptúa a las empresas privadas, se pueden ver afectadas porque a las instituciones financieras les da cierto “temor” trabajar con ellas. Es un efecto indirecto porque puede representar un riesgo reputacional.

– Sanción: Penalización aplicada por un Estado contra otros países, instituciones o individuos y que tienen como objetivo modificar algún comportamiento, cambiar un régimen o contener una amenaza para la paz o seguridad internacional.

Se pueden aplicar dos tipos de sanciones, una sería la general donde se prohíben las transacciones con todos los individuos, empresas y gobierno de un país, que sería el caso de Cuba, Irán y Corea del Norte.

Las sanciones específicas también prohíben las transacciones pero con individuos, instituciones o actividades designadas. También se aplica para las actividades de terrorismo, proliferación de armas o narcotráfico.

Es lo que ha aplicado el Gobierno de Estados Unidos en contra de actividades, individuos e instituciones públicas de Venezuela. En la última medida tomada el lunes, 5 de agosto, se congelaron todos los bienes e intereses del Gobierno de Venezuela en territorio estadounidense.

Tampoco se pueden “transferir, pagar, exportar, retirar o negociar con ellos de otra manera”. En este caso quedan incluidas todas aquellas personas o empresas que estén vinculadas al régimen de Maduro.

– Sanción secundaria: En la nueva Orden Ejecutiva, emitida por el presidente Donald Trump, se indica que cualquier empresa o persona que haga negocios o transacciones con el régimen de Nicolás Maduro puede ser producto de las sanciones. En este caso se aplica también para personas o empresas que no sean de Estados Unidos.

Queda exceptuada en esta Orden Ejecutiva y en las sanciones secundarias, las empresas privadas tanto venezolanas como las extranjeras, siempre y cuando demuestren que no tienen ningún tipo de relación económica o comercial con el Gobierno de Venezuela.

– Sanciones europeas: La Unión Europea también ha impuesto sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro, referidas a la prohibición de “venta, suministro, transferencia o exportación de armas y material relacionado de todo tipo, incluidas armas y municiones, vehículos y equipos militares, equipos paramilitares y repuestos”

Además también estableció la prohibición de viajar e inmovilización de activos para 18 funcionarios del régimen de Maduro y que son responsables de violación a los Derechos Humanos.

– SDN: Los Specially Designated Nationals (SDN) son personas, instituciones o empresas a las que el Gobierno de Estados Unidos determina están involucradas en actividades que amenazan su política exterior.

A las personas, instituciones o empresas que aparezcan en la lista de los SDN que publica la OFAC, se les bloquean todos los bienes que tengan en territorio norteamericano. Esta lista se va actualizando periódicamente en la página web de la OFAC y advierte a los ciudadanos estadounidenses que no deben hacer negocios con estos individuos, gobiernos o entidades.

Actualmente se encuentran en esta lista 88 funcionarios y empresarios venezolanos, y también instituciones como el Banco Central de Venezuela (BCV), Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), Banco Bicentenario, Minerven, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

También están empresas privadas como Globovisión, Seguros La Vitalicia y Corpomedios GV.

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