elecciones7Oenbilbao

Punto de encuentro de Venezolanos votantes en Bilbao

Archivos en la Categoría: Editorial

El juez: destructor del Estado democrático – Editorial El Nacional – 12 de Enero 2020

La destrucción del Estado democrático es un modelo deliberado y planificado, fundado en una espeluznante contradicción: usar a jueces enemigos del Estado de Derecho, para destruir sus instituciones y hacer del sistema judicial un instrumento para garantizar un estatuto de impunidad para los comunistas y mantenerlos en el poder de forma indefinida.

Ese modelo, gestado y configurado por abogados españoles y cubanos, llamado “Nuevo Paradigma Constitucional”, no solo se ha ensayado con éxito en Venezuela y Nicaragua, sino que avanzó en Ecuador y Bolivia. En estos dos últimos países, por fortuna de sus respectivos procesos políticos, distintos hechos lograron detener lo que se intentaba y han retornado al camino del Estado democrático. Ese Nuevo Paradigma Constitucional es el marco conceptual que el nuevo gobierno se propone instaurar en España.

Allan Brewer Carías, eminente jurista venezolano, que el pasado mes de noviembre recibió un homenaje internacional en Madrid, publicó en 2018 un libro fundamental e imprescindible para la comprensión de cómo opera el modelo: “La justicia constitucional, la demolición del Estado democrático en Venezuela, en nombre de un ‘nuevo constitucionalismo’, y una tesis ‘secreta’ de doctorado en la Universidad de Zaragoza”.

La tesis “secreta” a la que se refiere Brewer Carías, merecería un artículo entero y específico dedicado al caso, que intentara dar cuenta de todos los extraños asuntos que concurren en ella. Aunque no es el propósito de este artículo, adelantaré algunos de sus posibles titulares: Uno. La tesis “secreta” es de Gladys Gutiérrez Alvarado, miembro de la Sala Constitucional del ilegítimo e ilegal Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Dos. La habría realizado (?), de forma simultánea a las tareas de demolición del Estado de Derecho, en las que ha participado. Tres: entre los jurados de la tesis, Juan Carlos Monedero. No creo que sea necesario agregar una sola palabra al respecto. Cuatro: Con argumentos infundados y falsos, la tesis es “secreta”: viola el principio esencial del conocimiento, que consiste en ser compartido en beneficio de su posible utilidad académica.

El núcleo de este Nuevo Paradigma Constitucional  supone la negación del Estado de Derecho. Consiste en instaurar un estado de cosas, donde el sistema judicial se convierte en un instrumento del poder político. En un instrumento de sometimiento de la sociedad, de forma particular, de quienes disienten. El Nuevo Paradigma Constitucional convierte a los adversarios en enemigos a los que hay que perseguir, apresar, torturar y matar. Un resultado inequívoco de esto es la impunidad: lanzan a un detenido desde un octavo piso y no hay consecuencias.

Su catálogo de prácticas y usos retóricos es muy amplio: relativizar los hechos; demonizar el derecho: llamarlo “derecho liberal”; tomar decisiones para legitimar las acciones ilegales del poder; introducir, de forma sistemática, perturbaciones o vocablos ajenos al derecho, para deformar sus contenidos; invocar supuestos paradigmas, como la voz del pueblo, el interés supremo de la humanidad, el bien colectivo como superior e indiscutible sobre el bien individual. Uno de sus recursos más falaces, es el que consiste en violar la ley como exigencia del pueblo o de la mayoría.

El procedimiento utilizado en Venezuela puede resultar revelador, también a lectores de otros países: se crearon situaciones de excepcionalidad legal, que le permitieron al régimen violar la Constitución y las leyes, pervertir el funcionamiento de las instituciones, y, quizás uno de los elementos más importantes, sustituir a los jueces de carrera por jueces provisionales, personas sin las suficientes credenciales profesionales y académicas, militantes o simpatizantes de los partidos del poder, que no tomaron decisiones fundadas en el corpus legal vigente, sino que recibían órdenes de los comisarios políticos encargados de tales funciones. En una frase: crear un nuevo estado de cosas, ajeno a la legalidad, que facilite alcanzar objetivos políticos, al costo que sea.

En dos décadas se destruyó el sistema de controles de los poderes públicos. Se liquidaron los fundamentos de la democracia representativa. Se debilitaron o desconocieron derechos fundamentales como la propiedad privada, el trabajo, la libertad de expresión, de pensamiento y opinión. Se estatizaron ámbitos y funciones que pertenecían al conjunto de la sociedad. Se crearon mecanismos que destruyeron el Estado social, para imponer prácticas como subsidios, regalos y otros beneficios, con el objetivo de implantar un vasto sistema social de dependencias.

Decisiones medulares, fueron despojadas de sustentabilidad jurídica, para que las mismas pasaran al control de políticos. Fueron demolidos: el principio democrático de la representatividad; el de representación proporcional; fueron inhabilitados centenares de políticos y funcionarios elegidos por el voto, sin justificación alguna; se revocó el mandato popular; se arrebató el derecho de ejercer funciones; jueces usurparon funciones del Poder Legislativo; se negó el principio de participación a los ciudadanos; se impidió la realización de procesos electorales pautados en la ley; se han destruido derechos políticos; se confiscaron los derechos de autonomía de los partidos políticos; se prohibió el financiamiento de los partidos políticos; se impidió a partidos políticos participar en procesos electorales; se secuestró el derecho de manifestar; se violó la Constitución al permitir y estimular el proselitismo político en el seno de la Fuerza Armada; se impuso un gobierno (el de Maduro, tras la muerte de Chávez), violando abiertamente la Constitución; se nombró un presidente que no había elegido con votos; se denegó el derecho de las víctimas de varios fraudes electorales; se secuestró el Poder Electoral para impedir la realización de elecciones libres y transparentes; se instauró una asamblea nacional constituyente, que es ilegal, ilegítima, fraudulenta y usurpadora.

De todo esto y más, trata el Nuevo Paradigma Constitucional que promueven los comunistas, cuyos primeros pasos ya se escuchan en España.

Por un puñado de dólares – Editorial El Nacional – 8 de Enero 2020

Que se necesiten maletines repletos de dólares para que se cumpla con lo estipulado por la Constitución Bolivariana de Venezuela dice mucho de cómo sus páginas se han convertido en papel higiénico, un tanto elevado de precio en los últimos tiempos y reservado para privilegiados orificios rojitos.

No otra cosa puede pensarse de lo acontecido en esta última secuencia del Circo Maduro and Company que se llevó a cabo ante los ojos de la opinión pública nacional e internacional, al tratar de impedir que un acto en el recinto de de la Asamblea Nacional (requete anunciado) y que podía ser saboteado, impedido y hasta reprimido por las hordas chavistas (que para eso ha quedado el cadáver del comandante, que se le utiliza hasta para justificar la destrucción de nuestras reservas naturales), haya finalizado en una payasada militarizada que fue fácilmente burlada al trasladar hacia un espacio libre ofrecido, improvisadamente, de un medio de comunicación que no es precisamente oficialista.

El ridículo fue total porque al despliegue delirante e innecesario de una tropa de la Guardia Nacional para enfrentar una amenaza que no era tal ni mucho menos, dejaba con los calzones abajo a sus jefes que, al menos, deberían disponer de una cierta información de inteligencia del plan de movilización de la gente de Guaidó.

Eso lo sabe hasta el más tonto de los ayudantes de Maduro, pero parece que hay gente que es más tonta. Pues lo primero que cualquier militar sabe y tiene aprendido es que el enemigo siempre tiene un Plan B. Pues el famosísimo plan nunca les pasó por la cabeza y se dedicaron a impedir el acceso a la sede de la Asamblea Nacional. Como los norteamericanos en Vietnam, se dedicaron a fortificar las ciudades y sus cuarteles.

Claro está que a lo largo de esta carretera hacia la democracia surgirán muchos obstáculos, no será un marcha fácil, tendrá a lo largo muchas curvas y surgirán tantos y muchos accidentes, y en el camino vamos a discutir acerca del rumbo a tomar, a quiénes nos acercaremos en busca de ayuda, y cuáles serán los verdaderos amigos y cuáles los que aceptan maletines de dólares.

En esta oportunidad la oposición ha dado pacífica y moralmente una lección de dignidad y de respeto. Los militares quedaron en ridículo y ellos lo saben. Si no se unen al clamor popular jamás volverán a ser parte de su pueblo, de ese pueblo del que nacieron y que sufre la miseria y el abandono.

Seguirán, eso sí, tras las huellas de un puñado de dólares, o de rublos y de cualquier moneda que les haga brillar los ojos. Qué pequeños son ante el ejemplo que les dejó Simón Bolívar.

2020: El gobierno de Pablo Iglesias y Venezuela por Miguel Henrique Otero – El Nacional – 5 de Enero 2020

Miguel-Henrique-Otero-696x391

Volvamos brevemente a los hechos ocurridos el pasado 27 de diciembre, en la sede de la Embajada de México en Bolivia. Nueve prófugos, presuntos delincuentes solicitados por las autoridades de Bolivia, se habían “refugiado” en la sede. En tales circunstancias, en extremo delicadas, violando las más elementales precauciones propias del ejercicio diplomático, dos funcionarios de la Embajada de España, la encargada de negocios, Cristina Borreguero, y el cónsul, Álvaro Fernández, decidieron hacer una “visita de cortesía”, escoltados por cuatro oficiales de seguridad, llamativamente encapuchados.

El despropósito, lo inadecuado de la supuesta “visita” es más que evidente. En el momento en que el nuevo gobierno de Bolivia lucha por estabilizar al país y trabaja con denuedo para organizar un proceso electoral que ofrezca garantías de respeto a la voluntad popular; en el momento en que el Poder Judicial de Bolivia actúa para castigar a los culpables del fraude electoral –documentado con amplitud y rigor en el informe Análisis de Integridad Electoral. Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia, del 20 de octubre de 2019–; en el momento en que ya eran públicas las tensiones entre México y Bolivia, por la decisión del gobierno de López Obrador de proteger a los nueve ex funcionarios, varios de los cuales han sido acusados de manipular los resultados electorales (lo que les calificaría, de confirmarse los señalamientos, de haber cometido delitos penados por las leyes de Bolivia), en este marco de cosas, se produce la impertinente, extraña, desajustada e impropia visita a la casa donde se encuentran los prófugos en cuestión.

Las sospechas de los vecinos, que reaccionaron en contra de los encapuchados y en contra de la presencia de los vehículos, está más que justificada: fueron desatadas por las extrañas conductas de los visitantes. La conclusión de que se aprestaban a rescatar a algunos de los prófugos, se fundamenta, no solo en la inoportuna visita, sino en los largos vínculos que unen a varios dirigentes del partido Podemos con el delincuente electoral, Evo Morales (aprovecho para recomendar aquí la lectura del informe de la OEA que mencioné en el párrafo anterior: muestra que el fraude electoral en Bolivia fue previamente diseñado, que fue posible por toda una estructura de complicidades, y que fue supervisado directamente por Evo Morales y varios de sus ministros).

Este no es un hecho aislado: inaugura la nueva diplomacia encabezada por Pablo Iglesias –y no por Pedro Sánchez–, que será quien dicte las pautas de las relaciones del nuevo gobierno de España con América Latina. Es una mala noticia para los demócratas de México, que resisten el avance del siniestro populismo de López Obrador. Lo es para los bolivianos, hartos de los fraudes cometidos por Evo Morales para eternizarse en el poder. Los es para la oposición democrática nicaragüense, que paga con la cárcel, con torturas o con la vida, el objetivo de recuperar la libertad. Y, por supuesto, es una noticia terrible para los venezolanos, que encontrarán un nuevo escollo que salvar en la política exterior de España y, en consecuencia, de Europa.

Mientras las más importantes asociaciones criminales del continente, los Ortega, los Maduro, los Kirchner, el Partido de los Trabajadores de Lula, el Foro de Sao Paulo, las FARC, Petro, los colectivos dedicados al narcotráfico, Correa y su combo, el PSUV de Diosdado Cabello, celebran la toma del poder por parte de sus socios de Podemos, Iglesias y sus asistentes ejecutan su primera gran operación diplomática, cuyo avance tuvo lugar en Bolivia: usar la estructura diplomática de España para blanquear las huellas del financiamiento ilegal recibido por los gobiernos corruptos de América Latina.

La fallida operación, impedida por los vecinos, anuncia la nueva política exterior de España hacia Venezuela y América Latina, al mando de Iglesias y Rodríguez Zapatero, que dictarán los lineamientos que deberá cumplir Josep Borrell como canciller de la Unión Europea.

Con Iglesias como jefe de gobierno, vienen trabas para la circulación de las denuncias sobre la sistematicidad de las violaciones de los derechos humanos. Trabas para impedir que los países que han reconocido a Juan Guaidó Márquez como presidente encargado de Venezuela reconozcan a sus embajadores. Vienen obstáculos para que los medios de comunicación bajo el control o influencia directa de Podemos, informen sobre la tragedia que asola a millones de familias, dentro y fuera del territorio. Viene, y esto es clave, una arremetida en el ámbito de la opinión pública, para distorsionar la realidad de nuestro país, bajo el siguiente relato: que lo que ocurre es el resultado de un enfrentamiento político entre dos poderes, y no lo que es: una dictadura que persigue al conjunto de la sociedad, al costo de sus vidas, mientras se enriquece y se aferra al poder, violando los principios básicos de la democracia.

En esta nueva etapa, en la que Josep Borrell tendrá la tarea de asegurarse que Europa siga el rumbo señalado por Iglesias y Rodríguez Zapatero, se agitará, todavía con más fuerza, la política de hacer silencio y mirar hacia otro lado mientras Maduro reprime y tortura y mata a indefensos, bajo el supuesto de que España debe proteger sus intereses empresariales. Y más: es previsible la reaparición de Rodríguez Zapatero para el relanzamiento de la inútil, agujereada y fracasada tesis del diálogo como única solución a la crisis venezolana, alentada desde ya por López Obrador y por el kirchnerismo, socios de Maduro y Morales.

La FANB, hoy y mañana por Miguel Henrique Otero – El Nacional – 29 de Diciembre 2019

Miguel-Henrique-Otero-696x391
Se repite, cada vez con más frecuencia, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es el soporte central, la estructura que permite que Nicolás Maduro, rechazado por alrededor de 90% de los ciudadanos venezolanos, se mantenga en el poder.

Hay la idea de que el conjunto ha sido penetrado, ideologizado, adherido en su totalidad, a través de múltiples mecanismos -cargos en el Ejecutivo, contratos de las instituciones del Estado, participación abierta y organizada en ilícitos, impunidad, prebendas y beneficios de distinta índole-, a cambio de un apoyo irrestricto e ilimitado a Maduro y su grupo. A ello se suma la constante campaña, de los altos cargos militares, que promocionan a la FANB como una organización política, dedicada a la tarea de apoyar al poder ilegal, ilegítimo y corrupto que somete a la nación venezolana.

Esta visión, que se anuncia como un paradigma, tiene un problema o, al menos, una falla significativa: no explica el surgimiento de rebeliones militares. En cuatro años, de 2016 a 2019, se han producido ocho, de acuerdo con múltiples fuentes. En algunas habrían participado oficiales de los más altos rangos; en otras, de los primeros rangos de la escala. Casi todas han sido develadas antes de cualquier acción. En líneas generales, puede decirse: no ha habido tiros. Pero hay más de 200 oficiales presos, muchos de ellos sometidos a las más terribles torturas. Se acosa, humilla y agrede a sus familiares. Hay toda una línea de acción, una política pública en curso, que no ha sido debidamente denunciada, que es la persecución sistemática de las familias y abogados de los presos políticos venezolanos, tanto civiles como militares.

Una somera revisión del estado de las cosas en la FANB arroja información que habla de realidades muy complejas. La primera que cabe mencionar es la proliferación, simplemente inaudita, de generales: de los aproximadamente 60 que había en 2002, hoy suman alrededor de 2.000. En febrero de este año, Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, declaró que esos 2.000 generales constituyen “el centro de gravedad” del poder de Maduro. Un elemental ejercicio de lógica permite suponer que el resultado de tal incremento debe ser la atomización de la fuerza en todos los sentidos: en lo administrativo, lo operativo y lo logístico. Se trata de un plan ejecutado con un objetivo: debilitar, convertir a la FANB en una red de pequeñas fuerzas. Un sistema de feudos.

Asociado con lo anterior está la decisión tomada por Chávez -práctica de traición a la patria- de entregar la inteligencia militar al castrismo, hecho que toca una fuente esencial de la soberanía y que, en términos históricos, solo se ha producido en países que han perdido una guerra. El análisis que hacen expertos en la cuestión me advierte de dos cambios significativos que se estarían produciendo en la FANB: una concentración del poder en el Alto Mando y, vinculado a lo anterior, la entronización de oficiales rusos al mando de las tareas de inteligencia, que han comenzado a sustituir a los cubanos. Estos dos hechos tienen relevancia: permiten concluir que, en el nivel superior de la estructura, se está construyendo otra cohesionada y comprometida con el poder de Maduro, bajo la guía militar de Putin.

Pero estas no son las únicas realidades. Una de las más hirientes, sin duda, es la de las desigualdades. Mientras la inmensa mayoría de los oficiales de menor rango debe vivir con salarios menores a 50 dólares/mes -lo que les convierte en los militares peor pagados de América Latina-, hay un pequeño sector que se ha enriquecido de forma visible y escandalosa: funcionarios que protegen las operaciones del narcotráfico, que forman parte de las redes de contrabando, que están dedicados a grandes negocios en las aduanas, con empresas del Estado y más. Aquí hay una doble cuestión que no puede pasar inadvertida para nadie: la primera, es que la desigualdad es visible -y humillante- para todos los miembros de la institución. La segunda, es que cada vez está extendida, puertas adentro, la idea de que la FANB no está al servicio del país, ni siquiera de las funciones de gobierno que les han asignado, sino que su tarea es la de proteger intereses particulares de jefes militares, cuyo ostentoso modo de vida está vinculado con ilícitos.

A pesar de que hay dirigentes de la oposición democrática que han expresado fuertes críticas a las posiciones asumidas por el Alto Mando y por alguna de sus unidades -por ejemplo, la Dgcim-, la gran mayoría sabe que en la FANB el espíritu institucional y democrático, de apego a la ley, no ha sido erradicado, ni vencido, ni superado. Los demócratas son mayoría no solo en el universo civil venezolano: también lo son en el seno de una FANB dispersa en la base, concentrada en la cúpula y vigilada por rusos y cubanos.

Son numerosos los analistas y los políticos que sostienen que no será posible realizar el cambio que el país demanda con urgencia, sin la participación de la FANB. El presidente Guaidó, de forma reiterada, ha llamado a los militares a cumplir con la obligación de restablecer el hilo constitucional. Los episodios militares, aunque no hayan cristalizado, son síntomas del malestar que recorre los cuarteles. Es probable que estemos en camino a un escenario en el que podrían converger las fuerzas lideradas por Guaidó, los otros factores opositores, empresarios y trabajadores, estudiantes y las comunidades de todo el país que, sumados a los militares institucionales que están distribuidos en todo el territorio nacional, pongan fin a la pesadilla de Maduro y den paso a la refundación de la democracia venezolana.

Fatou Bom Bensouda contra las víctimas venezolanas por Miguel Henrique Otero – Editorial El Nacional – 15 de Diciembre 2019

IMG_1200_400x400

El pasado lunes 9 de diciembre, los diputados venezolanos Franco Casella y Wilmer Azuaje presentaron ante la Corte Penal Internacional documentos que contienen pruebas de crímenes sistemáticos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.

Las fotografías, que circularon por las redes sociales, son brutales e inequívocas: muestran que José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Agostini, Daniel Soto, Jairo Lugo, Abraham Lugo, Lizbeth Ramírez (que estaba embarazada) y Óscar Pérez recibieron tiros de gracia por parte de las fuerzas militares del régimen que los asesinaron, durante lo que se conoce como “La masacre de El Junquito”. Los venezolanos recuerdan, no sin estupefacción, cómo Nicolás Maduro se ufanó ante las cámaras de televisión de que su orden se hubiese cumplido. Estas pruebas ratifican lo que ya sabemos: Óscar Pérez ofreció rendirse, pero el mandato que tenía la desproporcionada fuerza militar a cargo de la operación era irrevocable: había que asesinarle a él y cada uno de sus acompañantes. Y propinarles a cada uno tiros de gracia.

Estas pruebas y testimonios no son excepcionales. Vienen a sumarse a las que ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, expertos juristas en la materia de los derechos humanos, autoridades de varios países -Canadá, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y Chile-, y también la Organización de Estados Americanos -que entregó un informe elaborado por equipos del más alto nivel internacional, avalado por su secretario general, Luis Almagro- han consignado para demostrar, bajo los parámetros técnicos que exige la Corte Penal Internacional, que en Venezuela se han cometido y se cometen delitos de lesa humanidad, que obligan a la apertura inmediata de un juicio.

Debo detenerme en un aspecto de lo dicho, cuya relevancia quizás no ha sido del todo adoptada por la opinión pública. Desde que fue creada en julio de 1998, como una decisión de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de una Corte Penal Internacional, es la primera vez que un Estado miembro -en este caso, seis Estados- solicitan a la entidad que investigue los crímenes cometidos en otro Estado miembro. La petición -y esto también tiene un carácter extraordinario- se fundamenta en tres informes: uno de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; otro de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU; y un tercero de la Organización de Estados Americanos. El conjunto ofrece un irrefutable conjunto de evidencias, sostenidas por sólidos criterios técnicos. La respuesta del gobierno de Maduro no ha sido la de detener o disminuir las conductas asesinas. Se ha limitado a decir que es una conspiración contra Venezuela, aunque en realidad, la petición va dirigida, en concreto, en contra de la cadena de mando responsable de los crímenes.

El pasado 5 de diciembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, a cargo de Fatou Bom Bensouda, publicó el informe anual correspondiente a situaciones en examen preliminar. Lo primero que hay que señalar es que el estatus no ha cambiado: permanece sin avanzar. Está anclado en la fase 2, lo que hace patente que, para esa instancia, los hechos de Venezuela -que siguen produciéndose- no tienen prioridad. En otras palabras: no reconoce que se hayan cumplido las condiciones que autorizan a comenzar la fase investigación previa al juicio de carácter penal. Esta es, de entrada, la primera mala noticia para las víctimas, para los sobrevivientes y para los familiares de quienes han sido torturados y asesinados siguiendo rigurosos patrones procedimentales y de ejecución.

Hay que señalar aquí que Fatou Bom Bensouda tiene un amplio conocimiento de los crímenes cometidos por los regímenes de Chávez y Maduro, puesto que antes de que asumiera su cargo actual -junio de 2012- ocupó el cargo de fiscal adjunta, desde septiembre de 2004. Significa que tiene 15 años al tanto de la tragedia venezolana.

Pero el retraso no es la única mala noticia. En el informe se escenifica una realidad político-social, completamente falsa: como una sociedad dividida entre dos fuerzas enfrentadas -la tesis que el régimen propagó a través de lobistas y agencias de relaciones públicas-, y no como lo que es: un poder delincuencial y asesino, dedicado a perseguir y a castigar a la sociedad entera. En el informe se habla, por ejemplo, de marchas multitudinarias a favor del gobierno. Es decir, de una realidad que no existe en los últimos cinco años. Se pretende, además, que la dirigencia opositora venezolana carece de apoyo en la sociedad venezolana. Algo que es un verdadero escándalo: ni una palabra de los más de 4 millones de personas que han huido del país.

La memoria jurídica presentada demuestra hechos sustantivos, que no pueden ser obviados por ningún observador, salvo que guarde alguna afinidad con el régimen criminal. Se demuestra que existe un plan elaborado al más alto nivel del poder venezolano; se demuestra que existe una cadena de mando, que va de los autores intelectuales a los ejecutores, que han actuado en las olas represivas de los años 2014 y 2017; se demuestra que hay patrones de conducta que se repiten en el tiempo para violar preceptos como el derecho a la vida, a las libertades políticas, a la libre expresión y otros; se documentan los lugares y los espacios en los que se cometieron los delitos; se señalan, en la mayoría de los casos, a los integrantes de la cadena de mando; se establece, con evidencias indiscutibles, la relación entre los discursos de odio de los jerarcas del régimen y las acciones de violencia desproporcionada y criminal de cuerpos policiales, militares, paramilitares y otros órganos del Estado venezolano; se demuestra que estos crímenes tienen un carácter masivo y sistemático; se establece, con total claridad, que la responsabilidad no solo son por acciones cometidas, sino también por omisión.

Por lo tanto, responsablemente debo señalar: ojalá que este retraso no sea el preámbulo de una trampa tendida a las víctimas para evitar que se haga justicia. Y más: ojalá que no se esté construyendo una ruta para archivar las denuncias.

Delincuencia y política: el Foro de Sao Paulo por Miguel Henrique Otero – El Nacional – 8 de Diciembre 2019

IMG_1200_400x400
Está en curso una desgraciada tendencia, en muchos lugares del planeta: el abrazo, sin disimulos, sin escrúpulos y sin rubor, entre políticos y delincuentes. Cualquier historiador podría levantar la mano para sostener, y con razón, que los vínculos que han unido a los hombres de poder con el poderío de los delincuentes se remontan hasta la Antigüedad. Pero en los últimos tiempos, no solo en América Latina, se ha producido un cambio sustantivo: en varios países la delincuencia ha asaltado el poder.

Hay que entenderlo: lo que está ocurriendo sobrepasa al fenómeno de la corrupción. Ya no se trata de la antigua y reiterada operación, según la cual, un mafioso con recursos a su disposición, especialmente financieros, “compra” favores, contratos, prebendas, complicidad, omisión o impunidad de policías, jueces, carceleros, parlamentarios y autoridades. La práctica, a través de los siglos, ha sido la del ocultamiento: corruptor y corrompido operaban en las sombras. Intentaban mantener sus relaciones y acuerdos, fuera de la vista de los demás. La corrupción era inseparable del secreto. La participación de intermediarios tenía como objetivo proteger la identidad del político o el poderoso que vendía sus decisiones (como, por ejemplo, la de no actuar o dejar el campo abierto para la acción de los delincuentes).

Lo nuevo o relativamente nuevo es que la delincuencia ha invadido el campo de la política. El auge de la política-basura (la política basada en denuncias, invasión de la vida privada de los adversarios, escuchas telefónicas, acusaciones del más diverso tenor, uso de lenguaje procaz, prácticas de espionaje, delaciones y más), se ha sumado al odio que destilan las redes sociales, donde circulan señalamientos gravísimos, con frecuencia de fuentes anónimas, que se hacen virales, en algunos casos, con la intervención de maquinarias destinadas a ese fin.

La destrucción de la política, es decir, el desconocimiento reiterado de su imprescindible necesidad, de su pertinencia social, de su credibilidad y de su legitimidad, despeja el terreno para que delincuentes -mejor dicho, delincuentes políticos-, envueltos en los ropajes del izquierdismo, el populismo, el nacionalismo, el socialismo y otros ismos afines, accedan a la política como vía de ingreso a los bienes que produce el trabajo de las personas, las empresas y las sociedades.

El uso de todas las formas de lo violento y lo ilícito para conquistar el poder fue patentado por el leninismo, que lo puso en práctica en la Rusia de 1917: hacerse con el control matando, asaltando propiedades, violando niñas y mujeres, destruyendo bienes -especialmente aquellos que tenían un carácter simbólico-, expropiando y más. Lenin formuló unas prácticas, en las que los matones estaban llamados a cumplir un papel fundamental: el de arrasar con la política, desterrarla de lo público, para que en su lugar se instauraran prácticas como el engaño, el sabotaje, el atentado, las golpizas y asesinatos, el ataque terrorista, la invención de expedientes, la persecución y aniquilación de los disidentes, la sistematización del espionaje, el acoso de los defensores de la libertad, la eliminación de la libertad de prensa y mucho más. Insisto: en el origen mismo de la práctica comunista quedó establecida la incorporación de la delincuencia y los delincuentes como las herramientas fundamentales de conquista y gestión del poder.

En la historia de la izquierda en América Latina -salvo excepciones- la acción de lo ilícito ha sido reiterada en la mayoría de los países: secuestros, asaltos a bancos, ataques terroristas, acciones de sabotaje, devastación de bienes privados y públicos, asesinato de empresarios, funcionarios, militares o policiales, conformación de grupos de guerrilla que han causado pérdidas humanas y patrimoniales cuyo alcance es incuantificable. Lo asombroso, y esta es quizás la más perniciosa irradiación del leninismo, es que mucha de esa actividad delictiva, ha sido justificada y legitimada, en alguna medida, por discursos de pretensiones académicas o de carácter político-social.

Que el Foro de Sao Paulo se haya erigido en una especie de casa matriz de lo ilícito; que haya articulado una red de gobiernos encabezada por corruptos; que se haya dado a la tarea de corromper a jerarcas de las fuerzas militares y policiales de varios países -Venezuela y Nicaragua, de forma exitosa-; que haya incorporado a su membresía a organizaciones dedicadas al narcotráfico y el terrorismo como las FARC; que actúe como operador de regímenes abiertamente fuera de la ley como los de Ortega y Maduro; que active mecanismos para proteger a prófugos de la justicia como Rafael Correa y Evo Morales; que cante loas a delincuentes como Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner, no debe sorprendernos: está en su genética.

Ni debe sorprendernos que en varios países del continente hayan sido detenidos funcionarios venezolanos -policías, miembros de grupos paramilitares, malandros de largo expediente- que fueron diseminados por Maduro, con el objetivo de estimular la desestabilización. Tampoco debe sorprendernos que tenga distribuidos por toda América Latina agitadores, adeptos, militantes del resentimiento, psicópatas, grupos de delincuentes y pequeñas células que, apenas se presenta una oportunidad, salen a las calles, no a protestar sino a demoler; no a formular una propuesta, sino a prender fuego, martillar, acabar con bienes y vidas, sin justificación ni lógica alguna. Salen a la calle a imponer la violencia. A mostrar la capacidad de los delincuentes de dominar a la sociedad. Salen a recordarnos por qué, en los últimos tiempos, un sujeto como Diosdado Cabello se ha convertido en un factótum del Foro de Sao Paulo, y Caracas, el lugar donde se reunieron a finales de julio, y donde se reunirán el próximo mes de enero.

La mano chavista en la crisis iberoamericana – Editorial ABC – 27 de Noviembre 2019

Desde sus orígenes, el chavismo bolivariano tenía ambiciones de expandir su propagación ideológica a todo el continente y a España

La sucesión de movimientos de protesta en distintos países iberoamericanos no son el síntoma de una «primavera» continental. Es fácil deducir que detrás de estas turbulencias hay una voluntad concreta y determinada a dañar gobiernos donde la situación no es la más desesperada para gran parte de la población. No hay levantamientos acosando a los gobiernos de Venezuela, donde la crisis ha arrastrado a millones de personas al exilio huyendo de la miseria; ni en Cuba, una economía colapsada desde hace seis décadas; ni, por supuesto, en Nicaragua, donde la perversa pareja presidencial asesina y persigue a cualquier asomo de oposición. Como por ensalmo, las protestas han estallados en países perfectamente democráticos como Chile o Colombia, que gozaban de cierta ventaja en el desarrollo económico.

Tampoco es casualidad que, como ha denunciado ABC, se hayan detectado diferentes reuniones en Caracas de representantes de grupos subversivos de esos y otros países donde se están produciendo movimentos violentos de protesta. En realidad, desde sus primeros orígenes, el chavismo bolivariano tenía ambiciones de expandir su propagación ideológica a todo el continente y a España. Dado que ya no es posible por la vía electoral -hasta en Bolivia su acólito Evo Morales no puede ganar ni con trampas-, la táctica ha evolucionado hasta llegar al fomento de la insurrección destructiva, aprovechando el eco de las redes sociales y la intoxicación informativa. El chavismo carga ya con una pesada responsabilidad por haber llevado a la ruina más absoluta a Venezuela, a ello debe sumarse esta actividad conspirativa que está causando daños graves a otros países.

 

No es una simple marcha – Editorial El Nacional – 15 de Noviembre 2019

La rapidez con la que se han deteriorado las condiciones de vida del venezolano. La vertiginosa destrucción de un sistema de salud otrora modelo de Latinoamérica y que ahora no puede curar ni una gripe. El declive espantoso de una economía que como Saturno se devora a sus hijos. El inmenso vacío en el corazón de cada uno que ha despedido a un familiar y que tiene tiempo sin verlo.

No reconocernos entre nosotros. No tener tiempo para admirar nuestras bellezas sino para sobrevivir. Vivir con miedo, encerrado. Presenciar hechos abominables desde la impotencia del desprotegido.

Se pueden escribir millones de palabras sobre las calamidades que enfrenta el venezolano de a pie cada minuto de su vida. Tanto los que están en esta hermosa tierra como los que han tenido que huir. Todas esas son razones para tener unas ganas urgentes de gritar.

Pero cuando el grito se hace colectivo es escuchado por más personas, suena más duro y es más liberador. Esa es la oportunidad que se presenta este sábado 16 de noviembre.

Poco importa quién convocó la marcha. Lo importante es lo obvio, lo innegable, los venezolanos están hartos de que los dejen morir de hambre y nada pase. Esa tiene que ser la motivación de la movilización. Una motivación individual que debe convertirse en colectiva.

Para decir “Ya basta” hay que estar dispuesto a hacerse escuchar. Contamos con el ejemplo de los bolivianos. Salieron a la calle con la convicción de que debían hacerse respetar y al final consiguieron su objetivo. En pocas semanas podrán expresarse de nuevo en las urnas.

Eso es lo que quieren los venezolanos, la oportunidad de un cambio democrático, pero con todas las garantías, como pasó en Bolivia. Quieren unas fuerzas armadas que piensen en el país y no en sus intereses. Quieren líderes que antepongan el bienestar de la nación antes que el propio.

Por eso hay que salir a manifestar a viva voz que queremos cambio, para que no quepan dudas de que estamos dispuestos a derrotar la tiranía y el crimen organizado que se ha enseñoreado en este país.

No importa quién nos llame, nos debe llamar nuestra propia conciencia, porque los venezolanos somos gente de bien que merece vivir en paz.

La usurpación y las manifestaciones populares del vecindario – Editorial El Nacional – 8 de Noviembre 2019

Jamás se había visto y sentido mayor entusiasmo de un régimen ante manifestaciones populares. Nadie había escuchado mayores alborotos de júbilo desde las alturas del poder, como los ruidosos que salieron de Miraflores y de los despachos del oficialismo venezolano ante las marchas multitudinarias que sucedieron hace poco en Ecuador y Chile para protestar contra sus gobiernos. Insólita reacción, que conviene tener en cuenta para que desde ahora pensemos en lo que harán los mandones con el movimiento de protesta que las organizaciones de oposición convocan para el próximo 16 de noviembre.

Daba gusto oír a Maduro felicitándose por las protestas populares de Quito y de Santiago. El capitán Cabello llegaba al éxtasis cuando valoraba la trascendencia de las marchas masivas contra los malos gobiernos. ¡A la bimbunmbá, rarrarrá! Y ni hablar de las meticulosas descripciones hechas desde VTV, verdaderas joyas de orfebrería debido a su preocupación por los detalles de lo que sucedía en las caras comarcas de los hermanos pueblos que se levantaban ante la opresión. Tan parcos en la narración de lo propio y tan prolijos en la crónica de lo ajeno.

También llamaba la atención el énfasis puesto en la condena de la represión. Los voceros del oficialismo hablaron de hordas inhumanas que derramaban la sangre de bravíos y desarmados paladines. Se rasgaron las vestiduras ante la embestida de las fuerzas de orden, ante el avance de unos carabineros sedientos de sangre que no dejaban títere con cabeza, como si aquí jamás se hubiera quebrado un plato, como si la urbanidad y la gentileza hubieran respondido en el pasado reciente de Venezuela a los clamores callejeros contra los desastres de la usurpación. Como si un funesto repertorio de cadáveres no descubriera la descomunal impostura.

Pero quizá hayan rectificado el usurpador y sus secuaces en su entendimiento de las protestas populares y ahora las vean con ojos benévolos, con inesperada comprensión. Puede que se hayan arrepentido de las anteriores matanzas, de los atropellos y torturas antecedentes que perpetraron en la república bolivariana contra el pueblo indefenso que reclamaba sus derechos, razón que los conduce a mirar como miraron los sucesos de Ecuador y Chile, y a condenar la represión llevada a cabo por los esbirros de allá. Y razón que los conducirá, desde luego, a conductas mesuradas frente a la manifestación de protesta que se anuncia para el día 16.

¿Será posible? ¿El nacional verdugo se dolerá de los protestantes venezolanos, como se dolió en estos cercanos días de los manifestantes ecuatorianos y chilenos? Parece difícil que obre semejante portento, que ocurra tan insólita cabriola, pero el usurpador y sus secuaces permiten que abriguemos la esperanza después de su despiadada crítica a los esbirros del vecindario y de los aplausos que prodigaron a unas protestas populares que se realizaron contra la injusticia, la desigualdad y la arbitrariedad. No siempre pasa, a pesar de lo que asegura el refrán, especialmente en los predios de la política, pero en ocasiones significativas la lengua puede ser castigo del cuerpo.

¿Sacará Borrell el pie de la puerta? – Editorial El Nacional – 27 de Octubre 2019

Ahora mismo Josep Borrell es un hombre rodeado de especulaciones. Circulan pronósticos y apuestas sobre cómo será su desempeño, una vez que, de ministro en funciones de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea salte al cargo que venía desempeñando Federica Mogherini desde noviembre de 2014: alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, una responsabilidad que algunos prefieren llamar la cancillería de Europa.

Le precede una buena reputación. Tiene en su haber algo que falta en la visión y pensamiento de los políticos de profesión: experiencia en la empresa privada. Esto, me parece, lejos de constituir un argumento para descalificarle, es lo contrario: le dota de recursos mentales para afrontar, por ejemplo, una de las tareas enormes que le aguardan en su inminente función, la de poner en movimiento una política que cierre la brecha digital que amenaza a Europa, frente al creciente poderío de Estados Unidos, China y Rusia en la materia.

En su hoja de vida, por encima de los datos más divulgados –que es ingeniero aeronáutico y economista; que tiene más de cuatro décadas comprometido con el PSOE; que ocupó distintos cargos durante los gobiernos de Felipe González; que fue diputado y presidente del Parlamento Europeo; que es coautor de Los cuentos y las cuentas de la independencia, libro que desmonta algunas de las mentiras más descaradas del separatismo catalán–, me parece pertinente destacar tres hechos que dibujan una posible sensibilidad: uno, es hijo y nieto de panaderos que trabajaron en Argentina; dos, en el verano de 1969 pasó unas semanas en un kibutz en Israel; y tres, que hace apenas unos meses, en junio, adquirió la nacionalidad argentina, como un simbólico reconocimiento a la nación que acogió y dio oportunidades a su padre y a su abuelo. Esto me impulsa a considerar que, en la arquitectura anímica de Borrell, las luchas de otros –por ejemplo, los padecimientos de los venezolanos– podrían ocupar una jerarquía destacada.

Europa vive momentos de tensión extraordinarios. Basta listar las peligrosas irradiaciones del brexit, la candente cuestión de la ausencia de una política comunitaria ante los inmigrantes, la amenaza desatada por la administración Trump y sus guerras comerciales, y la dificultad que representa lidiar con la diplomacia delincuente de Putin, para entender que al canciller le esperan días tormentosos. En un artículo titulado “Por un relanzamiento europeo”, publicado en mayo, Borrell escribía: “Europa debe aprender a actuar con una lógica de potencia y responder con medidas proporcionales a decisiones unilaterales agresivas, vengan de donde vengan, y dotarnos de instrumentos comunes para proteger nuestra seguridad y democracia”.

No sabemos qué lugar ocupará la debacle venezolana en la agenda de la nueva cancillería europea. Dirigentes políticos de la oposición democrática venezolana han saludado el nombramiento porque suponen que el caso Venezuela saldrá del lugar al que lo confinó la señora Mogherini: sección-de-irremediables-a-los-que-mejor-es- dar-largas. El reciente viaje de Borrell a la fronteriza ciudad de Cúcuta, Colombia, donde pudo constatar las realidades de verdadero horror que han padecido los venezolanos que huyen del régimen, ha avivado las ilusiones de un Borrell que, además de protagonizar la donación de 50 millones de euros para asistir a los refugiados, dé un giro significativo a la que ha sido su posición como representante y vocero del gobierno en funciones de Pedro Sánchez.

Entre declaración y declaración, siempre con tono autosuficiente, Borrell ha sido el pie en la puerta que ha impedido el cierre de la Europa democrática a Maduro. En junio, después de reunirse con Jorge Arreaza, el mitómano “canciller” del poder usurpador de Maduro, declaró que la posición consistía en lograr elecciones presidenciales “a la mayor brevedad posible”. Han transcurrido cuatro largos meses desde entonces, y no hay señal alguna, ni siquiera remota, de tal posibilidad. Los representantes del usurpador rompieron las negociaciones organizadas por Noruega y las anunciadas sanciones que se activarían de inmediato, si eso sucedía, continúan dormidas.

Mientras tanto, los venezolanos mueren de hambre o enfermedad. Menguan: pierden peso, cierran las empresas, la vida es devastada por la hiperinflación. Huyen masivamente a los países vecinos –somos más de 4 millones los que hemos sido obligados a huir–, la mayoría de las veces en condiciones desesperadas. Cabe preguntar al señor Borrell si existe una comprensión sensible en el gobierno de España de lo que significa, por ejemplo, que el usurpador disponga de una unidad de exterminio, FAES, que sumada a paramilitares y bandas armadas han asesinado –ejecuciones extrajudiciales– a más de 7.000 personas. Cabe preguntar si el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, le advirtió a Borrell de lo que está ocurriendo con el relanzamiento de la narcoguerrilla y el auge del narcotráfico, todo ello bajo el aliento y la protección del régimen de Maduro. Cabe preguntar si la supuesta solución a través del mecanismo del diálogo no ha demostrado ya su absoluta inviabilidad, hasta adquirir las proporciones de dogmatismo ajeno a lo real, y si ese dogmatismo solo sirve a Maduro y el grupo de delincuentes que lo rodea.

Dicen los expertos que existe una tendencia no escrita en la diplomacia europea con respecto a América Latina: seguir las directrices de España, país que tendría la mejor comprensión de lo que ocurre del otro lado del Atlántico. Cabe preguntar, además, si en la posición del canciller concurren otros ingredientes, como la presión de Iglesias y Errejón al gobierno, o su credo de lo multipolar, que lo obliga a diferenciarse de Trump, principal promotor de la política de sanciones contra los usurpadores. La pregunta que cabe hacerse: ¿el Borrell de la Cancillería de España, con su pie atajándole la puerta a Maduro, seguirá siendo el mismo, ahora en sus funciones europeas? ¿Sacará Borrell, de una vez por todas, el pie de la puerta?

A %d blogueros les gusta esto: