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La usurpación y las manifestaciones populares del vecindario – Editorial El Nacional – 8 de Noviembre 2019

Jamás se había visto y sentido mayor entusiasmo de un régimen ante manifestaciones populares. Nadie había escuchado mayores alborotos de júbilo desde las alturas del poder, como los ruidosos que salieron de Miraflores y de los despachos del oficialismo venezolano ante las marchas multitudinarias que sucedieron hace poco en Ecuador y Chile para protestar contra sus gobiernos. Insólita reacción, que conviene tener en cuenta para que desde ahora pensemos en lo que harán los mandones con el movimiento de protesta que las organizaciones de oposición convocan para el próximo 16 de noviembre.

Daba gusto oír a Maduro felicitándose por las protestas populares de Quito y de Santiago. El capitán Cabello llegaba al éxtasis cuando valoraba la trascendencia de las marchas masivas contra los malos gobiernos. ¡A la bimbunmbá, rarrarrá! Y ni hablar de las meticulosas descripciones hechas desde VTV, verdaderas joyas de orfebrería debido a su preocupación por los detalles de lo que sucedía en las caras comarcas de los hermanos pueblos que se levantaban ante la opresión. Tan parcos en la narración de lo propio y tan prolijos en la crónica de lo ajeno.

También llamaba la atención el énfasis puesto en la condena de la represión. Los voceros del oficialismo hablaron de hordas inhumanas que derramaban la sangre de bravíos y desarmados paladines. Se rasgaron las vestiduras ante la embestida de las fuerzas de orden, ante el avance de unos carabineros sedientos de sangre que no dejaban títere con cabeza, como si aquí jamás se hubiera quebrado un plato, como si la urbanidad y la gentileza hubieran respondido en el pasado reciente de Venezuela a los clamores callejeros contra los desastres de la usurpación. Como si un funesto repertorio de cadáveres no descubriera la descomunal impostura.

Pero quizá hayan rectificado el usurpador y sus secuaces en su entendimiento de las protestas populares y ahora las vean con ojos benévolos, con inesperada comprensión. Puede que se hayan arrepentido de las anteriores matanzas, de los atropellos y torturas antecedentes que perpetraron en la república bolivariana contra el pueblo indefenso que reclamaba sus derechos, razón que los conduce a mirar como miraron los sucesos de Ecuador y Chile, y a condenar la represión llevada a cabo por los esbirros de allá. Y razón que los conducirá, desde luego, a conductas mesuradas frente a la manifestación de protesta que se anuncia para el día 16.

¿Será posible? ¿El nacional verdugo se dolerá de los protestantes venezolanos, como se dolió en estos cercanos días de los manifestantes ecuatorianos y chilenos? Parece difícil que obre semejante portento, que ocurra tan insólita cabriola, pero el usurpador y sus secuaces permiten que abriguemos la esperanza después de su despiadada crítica a los esbirros del vecindario y de los aplausos que prodigaron a unas protestas populares que se realizaron contra la injusticia, la desigualdad y la arbitrariedad. No siempre pasa, a pesar de lo que asegura el refrán, especialmente en los predios de la política, pero en ocasiones significativas la lengua puede ser castigo del cuerpo.

¿Sacará Borrell el pie de la puerta? – Editorial El Nacional – 27 de Octubre 2019

Ahora mismo Josep Borrell es un hombre rodeado de especulaciones. Circulan pronósticos y apuestas sobre cómo será su desempeño, una vez que, de ministro en funciones de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea salte al cargo que venía desempeñando Federica Mogherini desde noviembre de 2014: alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, una responsabilidad que algunos prefieren llamar la cancillería de Europa.

Le precede una buena reputación. Tiene en su haber algo que falta en la visión y pensamiento de los políticos de profesión: experiencia en la empresa privada. Esto, me parece, lejos de constituir un argumento para descalificarle, es lo contrario: le dota de recursos mentales para afrontar, por ejemplo, una de las tareas enormes que le aguardan en su inminente función, la de poner en movimiento una política que cierre la brecha digital que amenaza a Europa, frente al creciente poderío de Estados Unidos, China y Rusia en la materia.

En su hoja de vida, por encima de los datos más divulgados –que es ingeniero aeronáutico y economista; que tiene más de cuatro décadas comprometido con el PSOE; que ocupó distintos cargos durante los gobiernos de Felipe González; que fue diputado y presidente del Parlamento Europeo; que es coautor de Los cuentos y las cuentas de la independencia, libro que desmonta algunas de las mentiras más descaradas del separatismo catalán–, me parece pertinente destacar tres hechos que dibujan una posible sensibilidad: uno, es hijo y nieto de panaderos que trabajaron en Argentina; dos, en el verano de 1969 pasó unas semanas en un kibutz en Israel; y tres, que hace apenas unos meses, en junio, adquirió la nacionalidad argentina, como un simbólico reconocimiento a la nación que acogió y dio oportunidades a su padre y a su abuelo. Esto me impulsa a considerar que, en la arquitectura anímica de Borrell, las luchas de otros –por ejemplo, los padecimientos de los venezolanos– podrían ocupar una jerarquía destacada.

Europa vive momentos de tensión extraordinarios. Basta listar las peligrosas irradiaciones del brexit, la candente cuestión de la ausencia de una política comunitaria ante los inmigrantes, la amenaza desatada por la administración Trump y sus guerras comerciales, y la dificultad que representa lidiar con la diplomacia delincuente de Putin, para entender que al canciller le esperan días tormentosos. En un artículo titulado “Por un relanzamiento europeo”, publicado en mayo, Borrell escribía: “Europa debe aprender a actuar con una lógica de potencia y responder con medidas proporcionales a decisiones unilaterales agresivas, vengan de donde vengan, y dotarnos de instrumentos comunes para proteger nuestra seguridad y democracia”.

No sabemos qué lugar ocupará la debacle venezolana en la agenda de la nueva cancillería europea. Dirigentes políticos de la oposición democrática venezolana han saludado el nombramiento porque suponen que el caso Venezuela saldrá del lugar al que lo confinó la señora Mogherini: sección-de-irremediables-a-los-que-mejor-es- dar-largas. El reciente viaje de Borrell a la fronteriza ciudad de Cúcuta, Colombia, donde pudo constatar las realidades de verdadero horror que han padecido los venezolanos que huyen del régimen, ha avivado las ilusiones de un Borrell que, además de protagonizar la donación de 50 millones de euros para asistir a los refugiados, dé un giro significativo a la que ha sido su posición como representante y vocero del gobierno en funciones de Pedro Sánchez.

Entre declaración y declaración, siempre con tono autosuficiente, Borrell ha sido el pie en la puerta que ha impedido el cierre de la Europa democrática a Maduro. En junio, después de reunirse con Jorge Arreaza, el mitómano “canciller” del poder usurpador de Maduro, declaró que la posición consistía en lograr elecciones presidenciales “a la mayor brevedad posible”. Han transcurrido cuatro largos meses desde entonces, y no hay señal alguna, ni siquiera remota, de tal posibilidad. Los representantes del usurpador rompieron las negociaciones organizadas por Noruega y las anunciadas sanciones que se activarían de inmediato, si eso sucedía, continúan dormidas.

Mientras tanto, los venezolanos mueren de hambre o enfermedad. Menguan: pierden peso, cierran las empresas, la vida es devastada por la hiperinflación. Huyen masivamente a los países vecinos –somos más de 4 millones los que hemos sido obligados a huir–, la mayoría de las veces en condiciones desesperadas. Cabe preguntar al señor Borrell si existe una comprensión sensible en el gobierno de España de lo que significa, por ejemplo, que el usurpador disponga de una unidad de exterminio, FAES, que sumada a paramilitares y bandas armadas han asesinado –ejecuciones extrajudiciales– a más de 7.000 personas. Cabe preguntar si el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, le advirtió a Borrell de lo que está ocurriendo con el relanzamiento de la narcoguerrilla y el auge del narcotráfico, todo ello bajo el aliento y la protección del régimen de Maduro. Cabe preguntar si la supuesta solución a través del mecanismo del diálogo no ha demostrado ya su absoluta inviabilidad, hasta adquirir las proporciones de dogmatismo ajeno a lo real, y si ese dogmatismo solo sirve a Maduro y el grupo de delincuentes que lo rodea.

Dicen los expertos que existe una tendencia no escrita en la diplomacia europea con respecto a América Latina: seguir las directrices de España, país que tendría la mejor comprensión de lo que ocurre del otro lado del Atlántico. Cabe preguntar, además, si en la posición del canciller concurren otros ingredientes, como la presión de Iglesias y Errejón al gobierno, o su credo de lo multipolar, que lo obliga a diferenciarse de Trump, principal promotor de la política de sanciones contra los usurpadores. La pregunta que cabe hacerse: ¿el Borrell de la Cancillería de España, con su pie atajándole la puerta a Maduro, seguirá siendo el mismo, ahora en sus funciones europeas? ¿Sacará Borrell, de una vez por todas, el pie de la puerta?

Una elección injustificable – Editorial El Nacional – 18 de Octubre 2019

¿Cómo se puede explicar que representantes del régimen se sienten en una mesa a discutir sobre derechos humanos?

¿Cómo se puede entender que el régimen se convierta en acusador de algún otro país que supuestamente no respete los derechos de su gente?

¿Cómo se puede justificar que, a pesar de la existencia de un documento como el presentado por Michelle Bachelet, se le dé a la delegación de Maduro la posibilidad de ser acusado y acusador?

Esas son las cosas que suceden en la diplomacia multilateral. Hay demasiados actores, hay demasiadas manos, hay demasiados votos. Las malas lenguas dicen que el equipo del régimen invirtió mucho tiempo (y se presume que otras cosas) en los predios de la ONU haciendo lobby para conseguir este resultado.

Existen los optimistas que piensan que sentar en el Consejo de Derechos Humanos a los representantes de Maduro lo que hace es limitarles las acciones. Sin embargo, es demasiado pensar que por la posición que ahora representan, se van a eximir de hacer lo que ya es una costumbre para ellos: violar los derechos fundamentales.

A veces ni siquiera es lo que hacen, sino lo que no hacen. La desidia, la inacción ha llevado a Venezuela a la crisis humanitaria compleja que atraviesa. La desidia, la inacción es la que causa que los niños no tengan comida o que los ancianos no tengan atención.

Las pruebas de que el régimen es violador de los derechos humanos de miles están a la vista. Las constató Bachelet, las corroboró su equipo. ¿Qué van a defender y promover desde este consejo?

Pensar en que de alguna forma esta participación en esta instancia multilateral les despertará la conciencia es lo que todos desearían. Pero es una posibilidad muy lejana.

Desde ahora lo anuncian como un triunfo de la diplomacia chavista. Lo ven como un trofeo, como algo que se merecen. Con esa actitud poco se puede esperar de rectificación o de súbito cambio de rumbo.

Pero allí estarán para señalarlos. Ojalá que los defensores de los derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales no se cansen nunca de decirle al mundo de lo que ha sido capaz el régimen. Ojalá que la tragedia venezolana no deje de visualizarse.

Citgo y las fauces del lobo – Editorial El Nacional – 17 de Octubre 2019

No hay duda alguna. Hay que salvar a Citgo de pasar a manos de los acreedores. Tampoco hay duda de quién es el responsable de que uno de los más grandes activos que tiene el país pueda perderse. Nunca debió pasar. El régimen nunca debió empeñarla a cambio de dinero.

Y no se puede decir que eso ya es agua pasada debajo del puente porque lo que hicieron puede traer terribles consecuencias para el país. En 2016 la Asamblea Nacional condenó la transacción y advirtió lo que podía suceder, lógicamente que el régimen hizo de oídos sordos.

Citgo fue adquirida en 1986 por la antigua fuerte y prometedora Pdvsa para tratar de penetrar el mercado de Estados Unidos. Desde entonces se fue consolidando como parte de la economía de ese país con la generación de empleos directos e indirectos y como un activo importante y apetecible.

Obviamente, por eso es que los bonos Pdvsa 2020 tuvieron éxito en el mercado y significaron para el régimen un aliviadero importante en su momento. ¿Pensaron que no podrían pagar a los tenedores de los papeles y pondrían en riesgo la propiedad de Citgo? Lo más seguro es que no, que ni siquiera les importa.

Y muchos menos ahora, cuando se ha convertido en el principal respaldo financiero que tienen Juan Guaidó y la oposición. Es por eso que el experto petrolero venezolano Francisco Monaldi afirma que de perderse Citgo, Maduro ganaría.

No van a mover un dedo para pagar los 913 millones de dólares que deben entregar a los tenedores de bonos a más tardar el 27 de octubre. Primero, porque no los tienen. Segundo, porque no les conviene, desde que un tribunal de Estados Unidos le cedió Citgo a Guaidó como presidente encargado.

Cuando Ricardo Hausmann afirma que la presidencia interina está preparada para defender a Citgo en los tribunales, hay que creerle y agradecerle que así sea. La causa opositora tiene entre sus filas a brillantes abogados que pondrán su mejor esfuerzo para salvar la inversión venezolana.

Pero, hay que insistir, nunca se debió llegar a esta situación. La ilegalidad de poner a Citgo como garantía fue manifestada en el momento oportuno por el Parlamento y como único poder legítimo del país, su palabra es la que cuenta.

Esperemos no tener que depender de una orden de nulidad del gobierno de Donald Trump.

El horror de un documental – Editorial El Nacional – 11 de Octubre 2019

La academia fomenta el debate para generar conocimiento. El que no entienda esta premisa es porque no ha tenido un alma mater que le inculque lo importante y fundamental que es el pluralismo y la tolerancia. Hay personas que han pasado por una casa de estudios, pero nada les ha quedado. En este último grupo se ubican los que sin tapujos acaban con la democracia de un país y pisotean sus universidades.

Para esa gente, prohibir, cancelar, censurar es lo normal. Acabar con la autonomía de pensamiento E instaurar un solo discurso son prácticas cotidianas. Por eso, cuando la Universidad Simón Bolívar organizó la proyección del documental Chavismo: la peste del siglo XXI, tuvieron que buscar un juez que fuera capaz de firmar una orden para evitar que la comunidad universitaria lo viera.

El documental hecho por Gustavo Tovar-Arroyo cuenta el origen, desarrollo e instauración del chavismo en Venezuela y sus terribles consecuencias tanto para el país como para la región. Se trata de un esfuerzo de años de trabajo en el que se analiza el monstruo desde sus entrañas, desde su gestación, con voces tan autorizadas como Mario Vargas Llosa, Luis Almagro, Oscar Arias, pero también algunos que estuvieron al lado del propio Hugo Chávez y que se atrevieron a contar lo que vivieron.

Las imágenes son duras, porque dura y cruel ha sido esta etapa de la historia contemporánea venezolana. Es un audiovisual que retrata la rudeza con que este régimen ha sacudido a la sociedad venezolana, un trabajo hemerográfico importante que muestra una realidad que no puede ser disfrazada.

Eso es lo que la juez que firmó la prohibición no quiso que se viera. Pero es también lógico pensar que no firmó ese oficio por iniciativa propia, sino cumpliendo órdenes, como buen soldado. Con esta acción el régimen cree que se salva de que el mensaje de Tovar-Arroyo sea transmitido. Pero la censura es un bumerán y ya a estas alturas de dictadura deberían estar claros en eso.

La película, que está disponible en Internet, ha sido vista hasta ahora en 24 países, 71 ciudades y 22 universidades de todo el mundo. En mayo pasado, la misma USB la proyectó en su sede del Litoral. Entonces, ¿cuál es el miedo?

Por allí algún personero de esos que como borregos balan de acuerdo con lo que les manda el régimen afirmó que la película era muy fea y que no vale la pena verla. Los que la han visto podrían contestarle que en efecto es horrible, porque retrata con material periodístico la realidad de lo que diariamente se ha vivido en Venezuela en los últimos 20 años.

Y se puede ir más allá. Es tan terrible como ver a niños comiendo de la basura, a ancianos muriendo en los hospitales por no contar con el tratamiento, a cientos de manifestantes tragar bombas lacrimógenas, a opositores recibir golpes y balas en la cabeza. Y eso se ve todos los días desde hace dos décadas en este país.

Por más que lo escondan, Chavismo: la peste del siglo XXI aún se evidencia en cada esquina y en cada rincón de Venezuela. Pero cerca está el día en que solo lo veamos en un documental.

Para ver el documental completo abrir este enlace :

¿Quién controla esto? – Editorial El Nacional – 9 de Octubre 2019

Ahora que el dólar parece ser la moneda de curso, no puede faltar la viveza criolla para complicar aún más la cotidianidad del venezolano. Es la más concreta evidencia de que en este país no hay gobierno, de que lo que tenemos es un régimen dedicado a maltratar a los ciudadanos de todas las maneras posibles.

Los verdes circulan con total libertad. Ya hasta en los supermercados hay cajas dedicadas a recibir la divisa como parte de pago y hasta dan cambio. Pero no solo en este nivel formal de la comercialización. Cualquier mercado de calle, el camión que trae queso del Zulia o el vendedor de frutas de la Colonia Tovar, todos aceptan dólares.

Hasta allí, todo está bien. Dirían los economistas que es la manera que tienen los venezolanos de protegerse de la hiperinflación, que ya lleva 23 meses y sigue desbocada.

Por supuesto que en desventaja están los que ni por casualidad le ven la cara a uno de esos billeticos, que al final es la mayoría.

Pero, como se dijo antes, este descontrol de dos monedas circulando en paralelo no puede presentarse sin bemoles. Porque tal parece que el venezolano también aprendió con el régimen a complicarle la vida a sus connacionales.

En Zulia, por ejemplo, hay comerciantes que no aceptan billetes de 1 o 5 dólares por ser de muy baja denominación. En las gasolineras de los estados fronterizos hay filas especiales para los que pagan en divisas, pero les llegan a cobrar 10 dólares por tanque.

Hay los que no aceptan los billetes muy gastados o si tienen dobleces en las puntas. En conclusión, que la falta de control y el desorden que reina en la economía venezolana es un caldo de cultivo en el que florece todo tipo de irregularidades.

Pero también se sabe que los delincuentes pescan en río revuelto. Los que se dedican a falsificar billetes ven este desorden como el escenario perfecto para pasar dólares falsos. Una vez más, las consecuencias las sufre el común de la gente.

Esta situación lleva la corrupción hasta el bolsillo del venezolano, expuesto ahora a una especulación en divisas y la mala intención del que le toque transar.

El papel de un gobierno es poner orden, pero en este caso se dedicaron a destruir el bolívar. Fueron exitosos en esto, y lo que pase después, poco les importa.

La democracia amenazada: el populismo y los algoritmos por Miguel Henrique Otero – El Nacional – 6 de Octubre 2019

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La democracia vive amenazas cada vez más diversas. El dilema que confrontaba dictadura y democracia, o totalitarismo y democracia, ha perdido –y continuará perdiendo– su utilidad, arrinconado por la aparición de realidades más complejas, más evidentes y más sutiles, a un mismo tiempo.

Es importante advertir que las fuerzas que en América Latina condujeron a varios países a situaciones de insostenibilidad –corrupción extrema, políticas económicas destructivas, alianza con grupos de delincuentes, la politización de las fuerzas armadas, el objetivo de prolongar al costo que sea la permanencia en el poder como en Venezuela, Nicaragua y Bolivia– no han sido definitivamente derrotadas. Las lecciones no han sido aprendidas. El posible retorno del kirchnerismo al poder en Argentina, la deriva cada vez más alarmante del gobierno de López Obrador en México, la complicidad que Maduro recibe todavía de cierta izquierda en Europa, Estados Unidos y en nuestro propio continente son muestras papables de ello.

La idea de que la política no está al servicio de la convivencia sostenible –de un camino sostenible hacia un posible progreso social y económico–, sino que su única legitimidad consiste en complacer las necesidades y exigencias más inmediatas del “pueblo” –por lo que un buen político populista es aquel que dice aquello que el “pueblo” quiere oír y actúa presto en ese sentido– es, en lo esencial, antidemocrática.

Las democracias son una forma del tiempo. Se construyen, ajustan y renuevan a lo largo de los años y las décadas. Su fundamento es de largo plazo. Los consensos son siempre fruto de procesos de maduración. Ninguna convivencia se forja en plazos breves. Como la promesa del populista es indisociable de la inmediatez de ciertas emociones –en lo primordial, una paleta de resentimientos–, en el populismo subyace siempre la impaciencia, el apuro, la urgencia de actuar, incluso por encima de las leyes, de los deberes democráticos, como el diálogo, y actuando a contracorriente de la lógica de los procesos productivos.

El simplismo característico del populista lo impulsa en contra de la realidad y del sentido común. El populista abandona los mecanismos de acuerdo, dinamita las instituciones, rompe relaciones, impone reglas y crea mecanismos que desconocen el Estado de Derecho. Tampoco escucha a los actores sociales. Ante aquello que le resiste, establece el paradigma de la polarización: yo contra ellos, ellos contra mí. Por eso el populista, en particular el latinoamericano (que guarda algún parentesco con la vieja figura del caudillo), enuncia sus enemigos en voz alta: los medios de comunicación, los políticos demócratas, los empresarios, las universidades. Por eso golpea y destruye las instituciones. Por eso azuza el odio contra el pluralismo y la tolerancia. Por eso agita las aguas del fanatismo: el racismo, la xenofobia, la descalificación sistemática del adversario.

A esta amenaza vienen a sumarse ahora, con claro énfasis en los últimos cinco o seis años, las que provienen de la revolución digital. Se trata de peligros dotados de una propiedad especialmente perversa: no son fáciles de detectar. Según alcanzo a vislumbrar, una parte mayoritaria de las sociedades del mundo no parece haber advertido lo que está sucediendo. Aunque, cada vez con mayor frecuencia, en los medios de comunicación se publican denuncias, algunas de ellas sobre hechos bastante graves; y aunque la preocupación de los especialistas ha derivado en la recurrente publicación de libros que pueden encontrarse en cualquier buena librería, todo esto resulta insuficiente para alertar y contrarrestar los efectos de las prácticas de desfiguración de la realidad, que son constantes e inagotables.

Uno de esos fenómenos, quizás el más visible y también el más señalado, es el de las fake news. Me alarma que la propagación de noticias falsas y el desmentido de una parte de ellas –tengo que insistir en esto: se desmienten solo aquellas que son más grotescas, pero una parte considerable de su caudal circula impunemente–, se acepte como una especie de mal necesario, propio de la existencia de las redes sociales. Este argumento normaliza las mentiras, sin aclarar el daño estructural y, a veces irremediable, que hacen a las bases de las instituciones democráticas, a la credibilidad de los líderes de la sociedad, a cuestiones fundamentales como el derecho al trabajo, el derecho de informar, el derecho a la intimidad o el derecho a la propiedad privada. En las redes sociales, además, se menoscaban elementos esenciales de la vida republicana, como la autoridad del conocimiento, la entidad de las autoridades, el respeto por la ley y los procedimientos.

Menos visible, pero mucho más peligroso, es el uso de los algoritmos, mejor dicho, de la ciencia de los algoritmos, para pronosticar percepciones, intereses, expectativas y posibles conductas, y proceder a su manipulación con distintos fines: campañas de desprestigio, procesos electorales, debilitamiento de los adversarios políticos. Paulatinamente, sin siquiera percatarnos, tomamos decisiones y configuramos opiniones, que son el resultado de sofisticadas técnicas de persuasión y engaño.

La unión entre los estrategas del juego sucio y los bots –programas informáticos que envían y replican falsas informaciones que circulan en las redes sociales– otorgan a quienes tienen dinero para pagarlo, y a intereses ajenos a los países, herramientas con una alta capacidad de alterar e indisponer a la opinión pública en contra de la democracia. Pero, además, con este agravante: lo hacen desde cualquier parte, bajo mecanismos imposibles de conocer y penalizar, a menudo con la protección de los gobiernos de otros países.

Esa es una de las luchas que, con enorme desventaja, también lleva adelante la oposición democrática venezolana, objetivo permanente de campañas de difamación, falsas acusaciones, siembra de dudas y sospechas, con el propósito de erosionar su vínculo con el país que quiere un cambio. Gobiernos y empresas contratadas para tales fines mantienen operaciones con el objetivo de dividir y deslegitimar a los líderes de la lucha democrática. Y no siempre los ciudadanos venezolanos se percatan de las prácticas que van dirigidas a sus emociones y pensamientos. Todavía estamos un tanto indefensos ante estos usos de las nuevas tecnologías. La cultura democrática está en la obligación de incorporar un nuevo capítulo a sus tareas: la de masificar la comprensión sobre los peligros de la manipulación digital.

 

No más tortura – Editorial Revista SIC – Agosto 2019

downloadPara la Iglesia la vida es sagrada. La dignidad humana está por encima de cualquier poder. El Estado está llamado a garantizar los derechos humanos, no a violarlos. Hoy, en Venezuela, la tortura, los tratos crueles y degradantes por par‑ te de los cuerpos de seguridad no son un hecho aislado, obedecen a una política sistemática de Estado. La tortura está tipificada como crimen de lesa humanidad. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula su prohibición absoluta en el artículo 7, donde reza: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes…”. Los venezolanos, en nuestra Constitución contemplamos en el artículo 43 que:

“… el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni au‑ toridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma. “

Nuestra realidad contrasta con estos principios. Se observa cómo, desde 2009, con la de‑ tención arbitraria de la doctora Afiuni –jueza sentenciada públicamente en cadena nacional por el finado y entonces presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías–, se viene aplicando la detención arbitraria y la tortura como recursos de amedrentamiento y control de los poderes, en este caso del Poder Judicial. La doctora Afiuni, actuando institucionalmente, apegada a la Constitución y siguiendo las recomendaciones de la ONU, había otorgado unas medidas cautelares a Eligio Cedeño, decisión que se convirtió en tragedia para la jueza debido a que el detenido en cuestión era de interés presidencial. En julio de 2015, después de varios años de prisión, la doctora Afiuni declara haber sido sometida a tortura y tratos crueles: “A mí me vaciaron el útero, porque lo tenía vuelto mierda. Pero no contentos con eso, se me destruyó la vejiga, la vagina y el ano. Yo estoy reconstruida”.

Este hecho ha generado lo que se conoce como el efecto Afiuni, que no es otra cosa que el control total, por la vía del miedo, del Ejecutivo hacia el Poder Judicial.

De igual modo, los testimonios registrados por las ONG de DDHH en las protestas de 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019 dan cuenta de que los tratos degradantes y la tortura no son eventos aislados, sino un modo de represión sistemático que ex‑ presa una política de Estado. Se trata de un listado extenso difícil de enumerar, lleno de rostros y biografías de personas –en su mayoría jóvenes– que han entregado su vida por Venezuela. En estos casos tales mecanismos de represión se han utilizado sistemáticamente con el fin de desmovilizar social y políticamente a la población.

Después de las parlamentarias de 2015, cuando las fuerzas democráticas ganan legítimamente el Parlamento, se inicia una confrontación entre los poderes cooptados por el Ejecutivo Nacional en contra de la Asamblea Nacional (an). Los ataques sistemáticos hacia los miembros de la an, la persecución, detención arbitraria de los diputados y la emblemática tortura de Juan Requesens como corolario de este proceso represivo, es un indicador claro de que se trata de una política de Estado. El 10 de agosto de 2018 fuimos sorprendidos por un video que circuló por las redes donde el diputado Juan Requesens, quien había sido detenido arbitrariamente, aparecía drogado y torturado dando declaraciones en contra de Julio Borges, para entonces presidente de la AN, hoy refugiado en Colombia. El hecho fue tan horrendo, que el poeta Armando Rojas Guardia lo describió así: “me estremece la percepción de que ya hemos ingresado al horror literalmente obsceno, al terreno minado de la pornografía política”.

También miembros del nivel municipal del Poder Público han sido violentados en el sagrado derecho a la vida por la vía de la tortura. El 8 de octubre de 2018, el mártir por la democracia, Fernando Albán, concejal del Distrito Metropolitano, fue lanzado por una ventana del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas, donde se encontraba detenido arbitrariamente y había sido cruelmente torturado por el régimen.

Su asesinato causó gran conmoción, dolor e impotencia en los sectores populares y las iglesias. Eran los dos ámbitos de Fernando Albán: acompañar a las organizaciones sociales de base para responder al desafío humanitario y convidar a las iglesias, de distintos credos, a una cruzada por la vida desde la no violencia activa. Lo hacía con pasión. Su modo de vivir y hacer política, que le otorgó una gran credibilidad y autoritas, se convirtió en una amenaza para el poder de facto. La supuesta “versión oficial” de los hechos, en boca del fiscal Tarek Williams Saab, responde a un suicidio: “Murió tras saltar desde la ventana de un décimo piso”, dijo entonces. No obstante, quienes conocimos a Fernando Albán sabemos que, por sus hondas raí‑ ces cristianas, católicas, de amor y defensa de la vida, la versión del régimen es una mentira que busca banalizar el crimen y disfrazar la verdad. Así lo señalaron también representantes de la Arquidiócesis de Caracas, el partido Primero Justicia, la ONG Foro Penal, entre otros.

El estrato militar tampoco ha estado inmune. Los miembros de las Fuerzas Armadas que se han desmarcado del régimen han sido tratados con ensañamiento e imputados de traición a la patria, instigación a la rebelión y contra el decoro militar. El reciente fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido el 21 de junio y torturado hasta arrebatarle la vida el sábado 29 a la 1 de la madrugada, por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), pone nuevamente en evidencia la tortura como política de Estado. Según la abogada Tamara Suju, el capitán “llegó a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de torturas. No hablaba, solo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien… El juez ordenó su traslado a un centro de salud en el que falleció a la 1:00 a.m.”. En el contexto del asesinato del capitán de corbeta, Provea –ong de derechos humanos–, publicó un comunicado avasallante: “el pasado 29 de junio Provea dio a conocer que, de los 100 casos de tortura registrados durante 2018, 75 fueron cometidos por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)”1 , el mismo cuerpo de seguridad que tenía bajo custodia al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Fue, por lo tanto, el organismo que más torturó en 2018, y desde 2017 se vienen incrementado las denuncias contra dicho organismo policial, tanto por prácticas de tortura como por desaparición forzada de personas.

Este recorrido deja claro que la tortura es hoy, en Venezuela, una política sistemática de Estado, dirigida desde el Ejecutivo y utilizada con el fin de aterrorizar, amedrentar y doblegar al resto de los poderes públicos: Judicial (caso Afiuni), Legislativo (Juan Requesens), en el nivel Municipal (caso Albán), así como la desmovilización de la sociedad civil (coaccionando líderes de protestas) y, también, controlar por vía de la fuerza a sectores descontentos y disidentes de las Fuerzas Armadas (caso ilustrativo el de Rafael Acosta Arévalo). Mientras, el fiscal general y el defensor del pueblo hacen silencio cómplice, aun sabiendo que la tortura es un crimen de lesa humanidad y estos, por su naturaleza, no prescriben.

NOTA: 1 PROVEA. (29 de junio 2019): La DGCIM el organismo que más torturó en 2018. Recuperado de: https://www.derechos.org.ve/actualidad/dia-internacional-enapoyo-a-las-victimas-de-la-tortura-488-casos-de-tortura-registro-provea-entre2013-y-2018 A

Petróleo lejano – Editorial El Nacional – 4 de Octubre 2019

Manuel sueña. Para no hacerlo tan inverosímil, sueña con los números de 2018. Sus aspiraciones son devolverle a cada pozo, a cada refinería, a cada barco las cifras del año pasado.

A partir de ese sueño, va mucho más allá. En los primeros días de octubre afirma que la empresa que él dirige, desde el ministerio que él encabeza, hará todo lo posible por recuperarse en lo que queda de año. Tres meses.

De acuerdo con Manuel, 2019 cerrará con una producción de 1,6 millones de barriles diarios, las cifras de hace 10 meses. Esta afirmación la hizo en Rusia, adonde al parecer viajan a menudo los personeros del régimen para lanzar a diestra y siniestra toda una lista de intenciones que nunca llegan a cumplir.

La Semana Energética de Rusia es la nueva excusa para lanzar promesas y justificaciones al viento. Sobre todo porque la propia Organización de Países Exportadores de Petróleo tiene muy claras las cifras de producción de Pdvsa y las ha hecho saber.

Días atrás, la OPEP hizo pública la información de que el nivel de producción de uno de sus miembros, Venezuela, había retrocedido a lo que extraía en 2002 durante el paro petrolero. Apenas 680.000 barriles diarios.

El ministro afirma delante de ese público internacional que las razones para que esto haya ocurrido son los ataques a las instalaciones energéticas del país y los intentos de “magnicidio” en contra de Nicolás. Esa es parte de la justificación.

Después viene la promesa. Para cumplir con el sueño, o aspiración, de Manuel, Pdvsa debe producir diariamente por lo menos 1 millón más de lo que está produciendo en la actualidad. Lo que no explica es cómo va a lograr que esto realmente ocurra.

De acuerdo con los datos extraoficiales que se manejan de la petrolera estatal, no hay personal calificado ni insumos para producir o refinar. La falta de mantenimiento ha hecho que muchos pozos estén improductivos, sin hablar de los constantes accidentes en las grandes refinerías.

Manuel insiste desde su tribuna rusa en que Venezuela, desde la fundación de la OPEP en 1960, siempre ha sido un proveedor de crudo fiable, y que lo seguirá siendo.

De esto último puede dar fe Cuba, porque a la isla no dejan de llegar los barqueros con petróleo venezolano.

Todos los venezolanos deseamos recuperar Pdvsa. Corregir los errores que pudieron cometerse entonces, borrar los años perdidos y politizados. Si son sinceras las aspiraciones de Manuel, creo que nadie en el país quiere lo contrario.

Lo que piden los venezolanos son acciones planificadas que devuelvan a la empresa el futuro que tenía, de ser una de las más importantes a escala mundial.

Xenofobia en Perú – Revista Avila Montserrate – 1 de Octubre 2019

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Todas las sociedades están expuestas a que algunos de sus sectores expresen respuestas xenófobas cuando tienen que enfrentar fenómenos migratorios. Lo que se espera en esos casos es que el Estado y sus órganos de gobierno actúen sin dilación para frenar esos brotes, conforme con valores democráticos inspirados en los avances alcanzados en materia de protección de los derechos humanos.

Se espera también que las élites políticas, económicas y sociales de los países, sensibilizadas con estos valores, hagan cumplir los acuerdos, nacionales e internacionales, y garanticen un comportamiento moderno y civilizado frente a minorías como pueden ser los nacionales de otros países que buscan refugio huyendo de la miseria y la represión.

Lo acontecido recientemente en Perú merece una firme condena. No es posible que se confunda el delito que comete personalmente un delincuente y se culpabilice de manera masiva a toda una comunidad de migrantes y refugiados venezolanos, dando lugar a claras manifestaciones xenofóbicas y razzias, ciegas y vociferantes, que ponen en peligro a millares de inocentes.

La persecución contra la población venezolana no augura nada bueno. Quien le abrirá sus brazos para “recibirla acogedoramente” será el crimen organizado que aprovecha circunstancias como estas para que coyotes, traficantes y tratadores de personas saquen ganancia de ella.

Los migrantes venezolanos son víctimas de una dictadura que colapsó los más elementales aspectos para tener una vida digna y sostenible, obligándolos a salir intempestivamente de su país en la más grande y veloz diáspora que ha vivido América del Sur, dejando atrás todo, sobre todo su futuro. Y ahora, la acción irresponsable de algunos los convierte en los más vulnerables entre los vulnerables.

El gobierno peruano, como también los de Ecuador y Colombia, firmaron el Pacto Mundial por la Migración en diciembre del 2018. Hoy en Perú, y a menos de un año, los discursos hechos en esa ocasión parecen haber caído en el olvido. Ojalá la suscripción de este acuerdo sirva para que se hagan valer los compromisos alcanzados. Lo sucedido en tierras peruanas debe servir de alerta al resto del continente.

Recordaba recientemente el Papa Francisco refiriéndose al tema de la migración que “es necesaria una toma de responsabilidad común y una más firme voluntad política para lograr vencer (los prejuicios)… Se requiere más responsabilidad hacia las víctimas de los problemas asociados a la migración…”.

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