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Punto de encuentro de Venezolanos votantes en Bilbao

Archivos en la Categoría: Comunicado

Resoluciòn de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario sobre la intervención del Banco Occidental de Descuento BOD – 10 de Septiembre 2019

 

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Para acceder a la resolución abrir el siguiente enlace:

Resolucion bod

Venezolanos en Madrid rechazan estafa de Isea con Foro sobre educación venezolana – 12 de Septiembre 2019

Comunicado Ministerio Relaciones Exteriores de Panamá – 11 de Septiembre 2019

Comunicado Bloque Constitucional sobre la incorporación de Venezuela al Consejo Derechos Humanos ONU –

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1.- Que, el próximo mes de octubre la Asamblea General (ONU), elegirá a los 47 países miembros del Consejo de Derechos Humanos (ONU), con la aprobación de dos tercios de los votos de la Asamblea General, o 126 votos; y, que de acuerdo a la distribución por regiones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos (ONU), Latinoamérica tiene derecho a dos cupos en dicha entidad.

2.- Que, el régimen de Maduro ha postulado a Venezuela como candidata a formar parte del Consejo de Derechos Humanos (ONU), la cual, junto a Brasil serían los dos únicos países que han presentado su candidatura por Latinoamérica; lo que da por virtualmente asegurada la elección de ambos candidatos.

3.- Que, al ser electa Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos, el régimen usurpador que encarna Nicolás Maduro, designará un representante que podrá votar sobre la designación de expertos, relatores especiales, aprobación de resoluciones, y en general, sobre la agenda de dicho Consejo; lo que le permitirá hacer frente al escrutinio en materia de derechos humanos, y neutralizarlo con miras a procurarse impunidad.

4.- Que, en su Resolución 39/1, el Consejo de Derechos Humanos ONU solicitó a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, preparar un Informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela; y que este Informe, de fecha 4 de julio de 2019, conocido como Informe Bachelet, ha hecho un diagnóstico muy crudo sobre la realidad actual del país (ratificado en la actualización oral, de fecha 9 de septiembre de 2019), no sólo respecto de las sistemáticas violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, por parte del régimen de Maduro; sino, también, en relación a los elevados niveles de degradación institucional que éste ha propiciado, lo que se ha traducido, en la práctica, en erosión del Estado de Derecho.

5.- Que, el Informe Bachelet ha descrito una verdadera galería del horror, en la que no queda derecho o garantía constitucional que no haya sido violado o amenazado, por el régimen de Maduro, afectando todas las dimensiones de la dignidad humana, mediante ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, desacato reiterado por fuerzas de seguridad a ordenes de liberación de personas ordenada por los respectivos tribunales, torturas, abusos sexuales, robos, asesinatos, uso de fuerza letal contra manifestantes, violación de la libertad de expresión e información; violación del derecho a la salud, a la alimentación, a un salario digno; y de derechos a los pueblos indígenas, entre otros. A lo anterior debemos sumar una emergencia humanitaria compleja y la migración forzada de más de cuatro millones de venezolanos, que está afectando seriamente a la región.

6.- Que, finalmente, el Informe Bachelet, ha revelado palmariamente que el de Venezuela es un caso paradigmático, no sólo, porque, a pesar de que no ha habido un conflicto armado, existe evidencia abundante sobre abusos y violaciones sistemáticas por parte del régimen de Maduro, al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sino, también, porque éste ha colonizado el sistema de justicia, y lo ha puesto al servicio de su proyecto político hegemónico y antidemocrático, para impartir una justicia arbitraria, y perseguir judicialmente a los disidentes, mediante la aplicación de un “derecho penal del disidente”, que no busca “eliminar un peligro” ni sancionar un hecho punible específico, sino, únicamente, neutralizar a través del sistema de justicia a sujetos por lo que son: disidentes.

7.- Que, la incorporación de un representante del régimen de Maduro al Consejo de Derechos Humanos, no sólo comportará una manifiesta incongruencia con los valores y principios de su carta fundacional, y con los objetivos de dicha entidad, sino, además, tal hecho será utilizado, como un acto de propaganda por régimen inescrupuloso que se ha colocado al margen de la legalidad internacional, y por supuesto, como trinchera política para atacar a las democracias que han denunciado sus aberraciones.

8.- Que, nada satisfaría más a este Bloque Constitucional, en tanto espacio de defensa de la Constitución y de los derechos humanos, ver en el Consejo de Derechos Humanos (ONU) a un digno representante de una Venezuela reinsertada en el concierto de las naciones democráticas, lamentablemente, mientras perviva la usurpación, tal representación solo será una abominable mácula en nuestro historial republicano, y una ofensa a la conciencia de la humanidad.

Debemos expresar que:

PRIMERO: Rechazamos enfáticamente que un régimen político ilegítimo, como el que encarna Nicolás Maduro, responsable de la galería del horror ampliamente descrita en el Informe Bachelet, pueda designar un representante para ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos ONU, en nombre de Venezuela.

SEGUNDO: Exhortamos a la Asamblea Nacional, y al Presidente encargado Juan Guaidó, a que se pronuncien rechazando, clara e inequívocamente, la posibilidad de que el representante de un régimen comprobadamente violador de derechos humanos, pueda ocupar un puesto en una instancia internacional como el Consejo de Derechos Humanos ONU, en nombre de Venezuela y de los venezolanos.

TERCERO: Exhortamos al Grupo de Lima a que consideren la postulación, con la urgencia del caso, de un país latinoamericano con credenciales democráticas para que compita por un cupo en el Consejo de Derechos Humanos ONU.

CUARTO: Convocamos a todas las fuerzas políticas democráticas, a las Academias, Universidades, gremios profesionales y empresariales, organizaciones sindicales, federaciones y centros de estudiantes, comunidades universitarias, ONG’s defensoras de derechos humanos, Fuerzas Armadas, y demás expresiones de la sociedad civil, a que alcen su voz en rechazo a la idea de que un representante del régimen de Maduro, ocupe un puesto en el Consejo de Derechos Humanos ONU.

Coordinación Nacional: Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Blanca Rosa Mármol, Jorge Rosell Senhen, Alberto Arteaga Sánchez, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H. y René Molina Galicia. Coordinación Ejecutiva: Perkins Rocha. Magistrados, Académicos, Profesores: Aníbal Rueda, Humberto Romero Muci; María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Fernando Peláez Pier, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Marcos Solís Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero, Alejandro González Valenzuela, María Luisa Acuña López, Gustavo Tarre Briceño, María Amparo Grau Togores, Gerardo Fernández, Gonzalo Pérez Salazar, Víctor Rodríguez Cedeño, Milagros Betancourt C., Joaquín Nuñez Landáez, Iván Pérez Rueda, Moisés Troconis Villareal, Henry Henríquez Machado, Juan Manuel Raffali, Maibí Rondón, Luis Petit, Fernando M. Fernández, Génesis Dávila. Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles, (Presidente), Norma Delgado Aceituno, Clara Inés Valecillo; Jesús Vergara Peña y José Luis Machado. Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Lourdes Vallenilla (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Lucia Quintero Ramirez (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilmer Pereira A. (Falcón), Mary Hurtado de Muguesa (Guárico), José Luis Machado (Lara), Eliseo Moreno† (Mérida), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Henry Flores (Táchira), Mario Torres (Zulia). Bloque Constitucional. Capítulo España. Coordinador Carlos Sarmiento Sosa.

Comunicado de Foro Penal ante la actualización del informe de la Alta Comisionado para los DDHH de la ONU – 9 de Septiembre 2019

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                                                               COMUNICADO

Quienes suscriben, miembros de la Directiva y Coordinadores Regionales de la ONG FORO PENAL, ante la actualización del informe de fecha 5 de julio de 2019, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en fecha 9 de septiembre de 2019, expresamos lo siguiente:

PRIMERO: Celebramos que se haya dado continuidad a la evaluación sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, y especialmente que se hayan tomado en cuenta las diferentes observaciones que, desde diferentes organizaciones no gubernamentales, se han formulado a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU sobre las graves violaciones a los DDHH que, incluso después de la presentación del informe original en fecha 5 de julio de 2019, se han seguido materializando en Venezuela. En tal sentido, compartimos lo que la Alta Comisionada de Derechos Humanos señaló en su actualización oral del 9 de septiembre de 2019, al indicar que la crítica situación de derechos humanos en Venezuela sigue impactando a millones de personas.

SEGUNDO: La Alta Comisionada de Derechos Humanos admite que el equipo de su oficina que debía mantenerse en Venezuela desde su visita al país se ha logrado restablecer en Venezuela, lo que admite que hubo una interrupción de ese compromiso y que como ya lo hemos señalado, eso se debió al bloqueo que el gobierno venezolano estableció. Esperemos exista una verdadera voluntad de avanzar en este sentido por parte del régimen venezolano y que permitan el acceso efectivo a las cárceles donde se encuentran presos políticos, tales como la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta Norte, el lugar conocido como «El Inframundo» ubicado en la estación policial de la Policía Nacional Bolivariana conocido como Zona 7 en Boleíta; el Helicoide; “La Tumba”, entre otros, y que no se limiten a visitas dirigidas de cárceles escogidas por el gobierno, como hasta ahora ha ocurrido. Instamos igualmente a que se permita el acceso a los representantes de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos a las audiencias en tribunales de detenidos y presos políticos y que conozcan de propia mano el estado de retraso dramático de los procesos judiciales, en los que se mantiene encarceladas a personas por años sin sentencia definitiva y sin derecho a la defensa, e incluso con boletas de excarcelación que no se ejecutan.

TERCERO: Destacamos que el uso de los cuerpos de seguridad, del Ministerio Público y de los órganos de administración de justicia como armas para la intolerancia y la persecución política no ha cesado. Este año 2019 sigue siendo el año con mayor número promedio de presos políticos registrado hasta ahora y se caracteriza por la continuidad de las agresiones, malos tratos y torturas de éstos. Ciertamente se han producido excarcelaciones, pero en todos los casos, las excarcelaciones que se han materializado no constituyen libertades plenas, sino excarcelaciones bajo medidas cautelares que mantienen a sus destinatarios sujetos a procesos penales arbitrarios y a medidas que restringen, de manera igualmente arbitraria, su libertad.

CUARTO: Desde la presentación del informe original de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, se produjeron 12 nuevos arrestos arbitrarios, de los cuales 2 personas quedaron formalmente privadas de libertad. Desde esa fecha, en total, se han producido un total de 89 excarcelaciones. De estas personas excarceladas, 74 quedaron sujetas a medidas cautelares, 5 fueron excarceladas después de haber sido forzadas a admitir los hechos, 5 fueron liberados sin haber sido judicializados (sin haber sido presentados) y 5 quedaron en libertad plena. Hoy registramos en el FORO PENAL un total de 478 presos políticos, mientras que 8906 personas siguen sujetas a procesos penales injustos y arbitrarios bajo medidas cautelares que restringen su libertad. Desde 2017, 848 civiles, detenidos políticos, han sido presentados ante fiscales y tribunales militares, situación inconstitucional y violatoria de los Derechos Humanos que se mantiene.

QUINTO: La negativa a prestar asistencia médica de calidad y efectiva a los presos políticos persiste, al menos 22 presos políticos recluidos en la prisión militar de Ramo Verde (entre ellos varios civiles, juzgados arbitrariamente ante la jurisdicción militar) reportan que no han recibido la asistencia médica que necesitan. Esta situación se repite en los casos de los presos políticos recluidos en otras instituciones.

SEXTO: La impunidad sigue siendo la regla en materia de violaciones graves a los DDHH. En algunos casos (por ejemplo, en los casos de Fernando Albán y del Capitán de Corbeta Acosta Arévalo) a algunos de los responsables de las mismas se les ha sometido a proceso penal, sin tomar en cuenta a los responsables de tales hechos que también podrían estar involucrados en los mismos por ser parte de la cadena de mando a cargo de la custodia de las víctimas en estos casos, y siempre tergiversando la realidad, atribuyéndole a los sospechosos calificaciones jurídicas que identifican sus actos con delitos comunes, que no con graves violaciones a los DDHH, todo en procura de su impunidad y para evitar la declaratoria de la responsabilidad del Estado.

SÉPTIMO: Tal y como lo destaca la actualización del informe de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, la persecución y hostigamiento contra las diferentes ONG que se ocupan de los temas de DDHH en Venezuela no ha cesado.

Comunicado de Partidos, Asociaciones, ONG venezolanos en España – 9 de Septiembre 2019

Comunicado de Soy Venezuela ante la retoma de las armas por las FARC – 30 de Agosto 2019

Gobierno de Brasil prohíbe entrada a funcionarios del régimen de Maduro -Centro Comunicación Asamblea Nacional – 20 de Agosto 2019

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, encabezado por Ernesto Araújo, junto al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, liderado por Sergio Moro, elaboraron una lista de más de 100 altos funcionarios venezolanos del régimen de Maduro que tendrán prohibido su ingreso al país suramericano. Al igual que en Estados Unidos, Argentina, Chile y Colombia, entre otros países que ya elaboraron sus listas, la medida busca impedir el ingreso de individuos que hayan violado los Derechos Humanos y atentado contra la Democracia en Venezuela.

El documento fue suscrito el día de ayer entre el ministerio de Relaciones Exteriores y el de Justicia y Seguridad Pública, y se dio a conocer a través del portal del Diario Oficial de la Unión el día de hoy. Este hecho se suma al esfuerzo de varios países de la región por condenar la circulación de dinero ilícito a través de altos funcionarios y las violaciones constantes de los Derechos Humanos a manos del régimen de Maduro, lo que ha provocado un éxodo sin precedentes en la historia de nuestro país.

La elaboración de esta lista constituye un paso más dado por Brasil en el endurecimiento de las medidas contra el régimen de Maduro y un importante logro de las gestiones que lleva a cabo la Embajada de Venezuela en Brasil.

El comunicado indica lo siguiente: 

Los ministros de Estado de Justicia y Seguridad Pública y Asuntos Exteriores, en el uso de la atribución que les confiere el artículo II del único párrafo del art. 87 de la Constitución, en vista de lo dispuesto en el punto IX del art. 45 de la Ley N ° 13.445, de 24 de mayo de 2017, y en el artículo IX del art. 171 y art. 207 del Decreto No. 9,199 del 20 de noviembre de 2017, y considerando las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos CP / RES. 1095 (2145/18), de 23 de febrero de 2018, AG 2929 (XLVIII-O / 18), de 5 de junio de 2018, y CP 1117 (2200/19), de 10 de enero de 2019, la resolución de la Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas A / HRC / RES / 39/1 “Promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela” del 26 de septiembre de 2018, y las Declaraciones del Grupo de Lima del 4 de enero, 2019 y del 25 de febrero de 2019, resuelve:

Artículo 1. Esta Ordenanza establece la regla para evitar la entrada al país de altos funcionarios del régimen venezolano, quienes, por sus actos, contradicen los principios y objetivos de la Constitución Federal, violando la democracia, la dignidad de la persona humana y la prevalencia. de los derechos humanos.

Párrafo 1. Los nombres de las personas a las que se hace referencia en el título se incluirán en una lista detallada que preparará el Ministerio de Relaciones Exteriores y se remitirá posteriormente al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

§ 2 La lista mencionada en el § 1 puede ser actualizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y debe ser enviada al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Artículo 2. Las personas que figuran en la lista exhaustiva mencionada en el art. 1 no puede ingresar al territorio nacional.

Artículo 3. El impedimento de entrada previsto en el art. 2 observará el procedimiento previsto en el artículo del art. 45 de la Ley N ° 13.445, de 24 de mayo de 2017.

Artículo 4. Las disposiciones de esta Ordenanza se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de la Ley N ° 9.474, de 22 de julio de 1997.

Artículo 5. Las disposiciones del punto IX del art. 45 de la Ley N ° 13.455 de 2017, puede ser aplicada por la autoridad migratoria con base en la hipótesis prevista en esta Ordenanza u otros actos considerados contrarios a los principios y objetivos establecidos en la Constitución Federal.

Artículo 6.  La presente Ordenanza entrará en vigor en la fecha de su publicación.

SERGIO MORO
Ministro de Estado de Justicia y Seguridad Pública
ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO
Ministro de Estado de Asuntos Exteriores

UE calificó de “decisiones arbitrarias” acciones del TSJ y ANC de Maduro contra la AN – Centro de Comunicación Nacional – 13 de Agosto 2019

La Unión Europea, mediante a un comunicado en su portal web oficial, calificó de “arbitrarias y políticamente motivadas” las acciones del TSJ de Maduro y su Asamblea Constituyente de allanar la inmunidad parlamentaria a los diputados Tomás Guanipa, José Guerra, Rafael Guzmán y Juan Pablo García.

En el texto, la Unión Europea, aseguró que lo sucedido fue un “ataque directo” a la Asamblea Nacional, e indicó que el Parlamento es el “único cuerpo elegido democráticamente en Venezuela”.

Maja Kocijancic, Portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, instó a los actores nacionales a “participar de buena fe y con un espíritu de compromiso en las conversaciones facilitadas por Oslo”.

A continuación el comunicado íntegro

Las decisiones arbitrarias y políticamente motivadas que fueron tomadas el 12 de agosto por la Corte Suprema de Venezuela y la Asamblea Constituyente no reconocida, contra la Asamblea Nacional y cuatro de sus miembros, Tomás Guanipa, José Guerra, Rafael Guzman y Juan Pablo García, constituyen otro ataque directo al único cuerpo elegido democráticamente en Venezuela.

Hasta el momento, 25 legisladores han sido acusados por medio de procesos defectuosos y fueron despojados de su inmunidad constitucionalmente otorgada. Solo se puede lograr una solución pacífica y política si su trabajo político no se criminaliza y las actividades parlamentarias no se reprimen.

La solución a la crisis en Venezuela solo puede venir de un proceso negociado, que conduzca a elecciones presidenciales libres y creíbles.

Los actores nacionales deben volver a participar de buena fe y con un espíritu de compromiso en las conversaciones facilitadas por Oslo. Es importante que las partes negociadoras tengan pleno apoyo en sus esfuerzos. Se les debe proporcionar un entorno propicio para resultados concretos y urgentes, que conduzca a un camino electoral negociado y una reinstitucionalización de los poderes del país.

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