Al estudiar la geopolítica regional y enmarcar el caso venezolano se ponen de manifiesto algunas variables que revelan la inconsistencia del sistema democrático, cuyo sustento inicialmente fue desarrollado sobre la base de una democracia representativa apoyada en elecciones libres y transparentes.

Las elecciones fueron usadas posteriormente por el régimen chavista como una gran estrategia fundamentada en un sistema electoral controlado en beneficio propio para apoderarse sistemáticamente de las organizaciones oficiales, judiciales, legislativas, sociales, empresariales, sindicales, estudiantiles y de todo orden, acompañada de un modelo populista, obviamente antidemocrático, sin consideración a la propia Constitución, leyes y reglamentos.

El soporte electoral justificó todo, incluido el fraude continuado perfeccionado procedimentalmente, hasta el momento que se produjo la gran equivocación estratégica de la elección de Nicolás Maduro para ejercer la presidencia del país por segunda vez. El fraude quedó demostrado y después de comprobaciones debidamente documentadas, el Tribunal Supremo de Justicia legítimamente designado invalidó en el año 2018 el sistema electoral, prohibió el sistema electrónico y procedió a dictar decretos contra los funcionarios que cometieron fraude al diseñar y operar tal sistema.

Todas las decisiones debidamente demostradas fueron sometidas a experticia y dieron origen a que gobiernos democráticos e instituciones internacionales declararan usurpador del cargo de presidente a Maduro; desconocieran las elecciones, las acciones de su régimen y aplicaran medidas para detener la corrupción generalizada. El Tribunal Supremo de Justicia Legítimo recomendó crear un nuevo sistema electoral. Se abrieron investigaciones que condenaron al presidente usurpador a la cárcel y le aplicaron multas cuantiosas por lavado de dinero. Finalmente, los países y la sociedad venezolana se alineó constitucionalmente sobre la figura representativa de la legalidad encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional para sentar las bases de un gobierno de transición, desplazar la usurpación y, por último, propiciar elecciones presidenciales y de los integrantes de las instituciones democráticas a través de un sistema electoral adecuado.

Todas las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, de la Asamblea Nacional y del propio presidente encargado han dado al traste con el reclamo popular de que el usurpador deje el poder. Un sinnúmero de estrategias y decisiones se han abortado, incluyendo negociaciones, la fallida ayuda humanitaria, y la concesión de amnistías potenciales a militares para forzar la salida del usurpador y de sus apoderados. Por otra parte, el régimen ha sometido a los opositores a procesos legales, perseguido y encarcelado a figuras públicas. Otras personas comprometidas con el régimen salieron del país ante la purga del régimen de sus propios asociados y han intentado preservar su patrimonio adquirido de manera ilícita; pero a pesar de ello se le han descamisado empresas y el propio patrimonio. Se han sometido a tribunales formales incluyendo la figura de protección a informantes denunciando los ilícitos del régimen apoyado en la concebida denuncia para aminorar los cargos en su contra.

Todo ha sido burlado, no ha habido argumentos, demostraciones legales y apoyos internacionales en contra del régimen, amenazas o de apoyo coaligado militar que hayan logrado provocar la salida del régimen usurpador; por el contrario, el régimen se comporta de manera retadora, persigue a líderes, diputados y a individuos; ataca sin misericordia a la población, somete de hambre, escasez de todo tipo y de recursos a la población, se jacta  y burla de los países democráticos y hace gala de su subordinación a las fuerzas invasoras, cubanas, y rusas, se apoya en colectivos, milicias y guerrilleros del vecino país, en la Guardia Nacional, la policía bolivariana y en los esbirros de fuerzas especiales sembrando de muerte y dolor al pueblo venezolano ante la mirada atónita de observadores y gobiernos de países amigos.

El país está en manos de la delincuencia y de usurpadores, sus ductores o colaboracionistas, algunos de ellos defienden posiciones contra el régimen, pero lo que en realidad desarrollan es un ejercicio de  cohabitación y de complicidad, la cual abarca casi cualquier terreno, se ignoran los desmanes cometidos por el régimen y la crueldad desarrollada por la dictadura hacia los demás, se ocultan hechos ilícitos; estimulan la ilegalidad procesal amparado por la funcionalidad en la aplicación de  leyes y reglamentos y practican el desprecio hacia cualquier sector denunciante.

Desde lejos Venezuela se percibe como un país en descomposición, marginal, y a una masa de migrantes que constituye el éxodo más grande de América Latina de los últimos tiempos Mientras tanto, la aspiración internacional de rescatar la democracia de esta dictadura posmoderna está en búsqueda de cierta estabilidad global y nada mejor que negociar la impunidad a cambio de unas elecciones soslayando intereses nacionales e internacionales. Buscan acuerdos con factores de poder local y con las fuerzas de ocupación cubanas, rusa, la guerrilla, narcotráfico y el terrorismo internacional. Se pretende hacer abstracción de los delitos del régimen y de sus desmanes.

Venezuela requiere el rescate de su democracia centrada fundamentalmente en la necesidad imperiosa de arrebatárselo a la mafia global internacional, a la invasión cubana, a los intereses del narcotráfico y lograr la desvinculación con los intereses geopolíticos de los países no democráticos; sin embargo, las soluciones parecen utópicas dentro del marco del manejo político de tal grado de complejidad. Todo conduce a la vía más práctica, “la negociación”, estructurada sobre una base electoral apresurada. En esa dirección pretenden llegar a acuerdos secretos para validar unas supuestas elecciones transparentes en las que parece que lo que importa es disponer de un gobierno electo de cualquier manera.

Inevitablemente esta tesis comienza a consolidarse gracias a las habilidades de viejos zorros de la política que ven en la negociación electoral el mantenimiento de su estatus, de políticos noveles que ven la oportunidad de realizarse a la sombre a de los partidos, y a los integrantes de un régimen que hábilmente defenestraron a muchos golpistas originarios que hoy se rasgan las vestiduras de honestidad, de informantes cargados de dinero que pretenden preservar sus ganancias y actuar en la política como si no fuesen responsables, y por si fuera poco, continuar en el poder por la vía electoral y en franca cohabitación con los partidos nacionales.

Parece que nadie toma en cuenta las decisiones del TSJ legítimo cuando invalidó el sistema electoral. Es más, para llevar a cabo la concreción de la fulana negociación preparada por partidos y algunos gobiernos democráticos, incluida la comunidad europea, cuyas razones las conocemos claramente.

Para llevar a cabo elecciones claras se requiere en primer lugar sustituir y enjuiciar a las autoridades electorales, responsables nacionales y regionales, sustituirlas por personas que reúnan los requisitos de independencia y honestidad. Adicionalmente, se requiere recrear al registro electoral que está en manos de cubanos. Ellos han expedido más de 5 millones de cédulas a personas sin cubrir los requisitos de ser venezolanos. No abundaremos en sus propósitos y la nacionalidad que realmente tienen, todo el mundo lo sabe, pero ellos han votado y votarán a conveniencia del régimen y porque tienen cédula de identidad. De tal manera que es necesario desarrollar un nuevo sistema de identificación para determinar quiénes son venezolanos de verdad y respetar su derecho al voto.

Si el sistema de identificación no sirve y el documento es francamente falsificable, porque no tiene ningún elemento de seguridad y solo es un papel sin valor, es imprescindible su reconstrucción mediante un sistema de identidad biométrico completo. Por otra parte, el éxodo de más de 5 millones de venezolanos, de los que un alto porcentaje tiene derecho de votar, requiere de una organización electoral para que ejerzan en el exterior sus derechos. Todos sabemos lo difícil que es lograr ese objetivo apoyado en un inexistente servicio consular, el cual requiere cambiar su estructura y su legalidad.

El sistema electrónico está viciado. Incluso, declarado por los propios cómplices del régimen, cuando sus operadores huyeron, informaron la forma como birlaron 2 millones de votos e intentan con dicha declaración salvar su negocio, de tal manera, que el sistema de votación tiene que ser manual. La pregunta fundamental en este sentido es el tiempo de instrumentación de ese proceso.  He citado solo algunos ejemplos, el sistema es muy complejo y toma su tiempo. El venezolano común está sufriendo y hasta qué punto puede continuar aguantando un año más esta desdicha, miseria y disponer de un gobierno democráticamente electo, cuya composición seguramente tendrá al chavismo como actor fundamental arrastrando sus culpas, pero con la indulgencia formal, aunque lo más grave es cuánto tiempo más tendrá que esperar para la reconstrucción del país.

Frente a la circunstancia electoral aparentemente todo está en contra del régimen, pero se llenan la boca diciendo que tienen 9 millones de votos afectos y firmados en el carnet de la patria, están asociados a la delincuencia internacional, apoyados militarmente, no solo por militares venezolanos comprometidos, sino por los invasores que ya no son invisibles y que andan uniformados por las calles. Es un régimen engolosinado que nos quiere llevar a la guerra, vive del crimen, la mentira y se resiste a cualquier cambio.