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Familiares de la masacre de El Junquito denunciaron que están siendo amenazados por personeros del Gobierno – La Patilla – 19 de Enero 2018

Familiares de las víctimas de la masacre de El Junquito, denunciaron ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga el caso del asesinato de nueve ciudadanos venezolanos, que han sido amenazados por personeros del gobierno, de acuerdo con testimonios que han realizado en el seno de la instancia parlamentaria.

La presidenta de la Comisión Especial, la diputada Delsa Solórzano informó que en virtud que han sido amenazados los familiares de las víctimas se reunieron con ellos a puerta cerrada, por medidas de seguridad y resguardar la integridad de los mismo. Se recogieron los testimonios como parte de la investigación del caso.

Así mismo se dejó constancia en el acta de la reunión de este viernes, que a pesar de que fueron debidamente citados conforme manda la Constitución y la ley, de la no comparecencia ante la Comisión Especial de los ministros del Interior Néstor Reverol, de Defensa el General Vladimir Padrino López, de Agricultura Urbana Freddy Bernal, del Mayor Rafael Enrique Bastardo, el General de Brigada Carlos Pérez Ampueda, el director del DIGSIM Iván Rafael Hernández y el General Ramón Pimentel.

La diputada también se refirió que se dejó constancia de la respuesta formal suscrita por el coronel Domingo Argenis García Pérez de la Morgue de Bello Monte, con el fin de informar al seno de la Comisión,  que de acuerdo con lo consagrado en el ordinal tercero del artículo 285 de la Constitución, concatenado con lo dispuesto en el artículo 12 del Código Procesal Penal, el ciudadano Fiscal Militar noveno de Caracas, Mayor Luis Marval, es el encargado de la investigación penal del caso donde resultaron asesinados 9 ciudadanos venezolanos el pasado 15 de enero, por lo que cualquier notificación o solicitud debe ser dirigida a su persona.

“Este es el primer documento legal que recibimos donde se manifiesta que el caso de las víctimas de la masacre de El Junquito se encuentra en la jurisdicción militar y no a la jurisdicción civil, acto que violenta de manera fragrante nuestra constitución y por ello queremos que quede constancia en el acta sobre este particular. Evidentemente la Morgue de Bello Monte no puede darnos información de acuerdo con la orden del Tribunal Militar”.

También informó Solórzano que fue agregado otro video de una duración de aproximadamente 4 minutos, que consideran vital para la investigación y las evidencias, que contiene gran parte del proceso de negociación, donde consta que los ciudadanos víctimas de la masacre de El Junquito, para ese momento, no presentaban heridas y estaban dispuestos a entregarse.

“Había un compromiso que iba entrar el Ministerio Público, periodistas y los funcionarios que allí se encontraban al momento de los acontecimientos. Queda en evidencia que hubo un proceso de negociación y luego fue alterado por los funcionarios del Estado”.

Dijo que solo los diputados miembros de esta comisión hasnestado presente permanentemente en la Morgue de Bello Monte, y se han reunido reiteradamente con el director adjunto de este recinto, Luis Martínez, quien se comprometió a realizar el ingreso de los familiares de las víctimas para el reconocimiento de sus seres queridos, lo cual se realizó pasadas las 10:00 de la noche de este jueves.

Por otra parte, denunció que la sub comisión, conformada por los diputados Cesar Alonso, Franklin Duarte y José Luis Pirela, que fueron hacer la inspección en el lugar de los hechos, en la carretera 16 de El Junquito, los efectivos de la Guardia Nacional no les permitieron el acceso.

“Sin embargo se pudo obtener a través de diferentes testimonios y fotos de cómo quedó el lugar de los hechos, el cual fue destruido, acabando con las evidencias fundamentales para la investigación. Esto es castigado por la legislación venezolana, aquel funcionario público que contribuya a destruir las evidencias está sujeto a responsabilidad penal, civil y administrativa”.

Finalmente precisó que de acuerdo con el artículo 187 de la Constitución, todas las investigaciones que lleve a cabo esta instancia parlamentaria tienen valor pleno probatorio en juicio y así mismo las van hacer valer.

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