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Crímenes de Lesa Humanidad ¿Qué son y cómo se juzgan? por Andrea Tosta – El Estimulo – 18 de Julio 2017

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“Lesa Humanidad” se dice rápido. El venezolano aprendió a endilgarle la categoría tratada en la Corte Penal Internacional a los delitos atroces que se suceden uno tras otro en el país. Especialmente en 2017. Se contabilizan más de 90 muertes oficiales, cientos de heridos y más de 15 mil detenciones arbitrarias hasta la fecha. Son crímenes que duelen, ¿pero son de“Lesa humanidad”?

Un delito de Lesa Humanidad no se toma a la ligera. La Corte Penal Internacional (CPI) se encarga de ello. Es el brazo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tiene jurisprudencia sobre los delitos más graves, como el genocidio y los crímenes de guerra y agresión, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Roma, vigente desde 2002. Cometerlo implica una flagrante violación de los Derechos Humanos por discriminar, perjudicar, hasta exterminar un grupo o población específicos. Por ello, es “gravísimo”, indica la investigadora y especialista en DDHH Lexys Rendón, quien no olvida las condiciones complejas que lo rodean.

La Corte Penal toma y juzga desde matanzas hasta delitos de épocas pasadas que se pensaban extintos, como la esclavitud. La gravedad salta a la vista en la larga lista establecida en el artículo 7 del Estatuto de Roma: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población;encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido; desaparición forzada de personas; apartheid…

Un coctel de ello puede generar resultados fatales y devastadores. Se ha visto en el continente africano, donde se acumula la mayor cantidad de investigaciones abiertas y de acusados. De allí salió el primer acusado de la Corte Penal en 2002. Thomas Lubanga fue sentenciado a 14 años por cometer crímenes de guerra en la República Democrática del Congo. Fue el jefe de Unión de Patriotas Congoleña, un movimiento rebelde, y de su arista armada, las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo. Tomó niños, raptados o alistados gracias a engaños y amenazas, y los enroló en el conflicto armado de Ituri, provincia situada al noreste de la nación africana. La violencia étnica que se desató entre los hema —liderados por Lubanga— y los lendu generó más de 60 mil muertos. La guerra civil que vivió el país entre 1998 y 2003 costó cerca de 6 millones de vidas.

Los responsables tienen nombre y apellido, como Thomas Lubanga. Hay 14 acusados por la Corte Penal. El carácter individual de los hechos exime a figuras jurídicas, instituciones y Estados de sus investigaciones. También a aquellos que no hayan cumplido 18 años para el momento en que se dio el crimen. Tampoco basta con que se cometan de forma eventual. Los crímenes de Lesa Humanidad deben darse de forma sistemática. Además, la investigadora Rendón suma los calificativos masivo y planificado. La intencionalidad de desaparecer al otro debe ser clara como el agua.

Del dicho al hecho

Para que un caso llegue a los tribunales de la Corte Penal, en La Haya, Países Bajos, debe pasar por varias verificaciones exhaustivas. Una vez que el caso llega al escritorio de la Fiscalía comienzan las pesquisas preliminares. Es allí donde se determina si la evidencia del crimen es de suficiente gravedad para que la Corte Penal lo trabaje. “Depende de la calidad de la investigación y de los testimonios de los afectados. También de la necesidad pronta de dar respuesta ante una situación masiva de violaciones de Derechos Humanos”, aclara Rendón.

Dada su acuciosidad, la respuesta no se tiene de la noche a la mañana: puede tardar años para que efectivamente se emita una orden de investigación y, posteriormente, de arresto. Tal es el caso de Colombia, que tiene un caso en sondeos preliminares desde 2004 por supuestos crímenes de Lesa Humanidad cometidos desde noviembre de 2002 y otros supuestos crímenes de guerra, desde noviembre de 2009.

Esta es una de las tres formas de presentar una problemática ante la Corte Penal. La segunda: que se emita una petición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bajo una petición de sanción de un responsable específico. La tercera: que el Estado, firmante del Estatuto de Roma, solicite las investigaciones dada su incapacidad procedural. De acuerdo con María Corina Muskus, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y con una maestría en Derechos Humanos, “la sociedad civil y las ONG no pueden presentar un caso ante la Corte. Lo que sí pueden hacer estas es aportar información a la oficina del Fiscal de la Corte”.

Voluntad ante todo

Hay dos principios bajo los cuales las cortes internacionales operan: subsidiariedad y complementariedad. “Estos principios implican que la Corte podría actuar solo si los tribunales nacionales son incapaces de investigar o no estén dispuestas a hacerlo”, alega Muskus. Los acusados están expuestos a una pena máxima de 30 años de prisión y, en circunstancias excepcionales, hasta cadena perpetua.

Para que un sentenciado cumpla con su condena, debe existir cooperación entre las partes involucradas. Tanto el país como la Corte Penal deben estar alineados en el aprisionamiento del individuo. Es en el país donde cometió los crímenes de Lesa Humanidad donde naturalmente debe asumir los años de prisión. En caso de no contar con la infraestructura ni las condiciones para ello, las personas condenadas cumplirán su sentencia en uno de los países miembros de la Corte Penal, con el que se haya concluido acuerdos en la aplicación y haya aceptado ubicar a la persona en un penal dentro de su territorio. Mientras, la Corte Penal tiene un Centro de Detención, en el que permanecerá hasta que los acuerdos estén dados.

Sin embargo, las complicaciones surgen cuando el enjuiciado no se encuentra en su nación. La investigadora Lexys Rendón asegura: “Hay Estados que pueden decir ‘no la cumplo, no lo entrego’ y retrasan la sentencia. Se necesita de la voluntad del Estado de garantizar que se cumpla la justicia”.

¿Y Venezuela?

Los más de cien días de protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro pusieron nuevamente las violaciones de Derechos Humanos en la palestra internacional. Más de 20 mil se contabilizan en la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Su presidente y diputada, Delsa Solórzano, explica que se presenta un informe semanal en las sesiones plenarias del Parlamento, mientras que delegados expertos en detenciones asisten casos concretos. Así los recopilan, al igual que las ONG y particulares. “Tenemos abogados en todo el país que adquieren la información al día. Sobre todo en los puntos álgidos, Aragua, Lara y Miranda, hay equipos de atención especial permanente”.

En menos de un año, van más de 15 mil detenciones arbitrarias y más de 90 fallecidos. El exceso de las fuerzas del Estado ha hecho mella en la población. Para el activista de Derechos Humanos de Provea, Marino Alvarado, las condiciones siguen sin estar dadas para que Venezuela sea un caso más sobre el escritorio de la Fiscalía de la Corte Penal. “Nos acercamos porque cada día hay mayor cantidad de violaciones en el país. Se ha ido configurando”, asegura. Aún no percibe un ataque a gran escala en ninguna de las 15 formas que se engloban en el término “Lesa Humanidad”.

Alvarado indica que nuestro panorama amerita la aproximación a otros organismos de la ONU. Señala el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dependiendo de las circunstancias: el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria o el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, según sea el caso. También el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. No descarta la acción de los tribunales regionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos —Corte IDH—, una vez Venezuela se convierta nuevamente en un Estado miembro.

La Operación de Liberación del Pueblo (OLP) se acerca a la Corte Penal en su segundo aniversario. El 13 de julio de 2015, el presidente Maduro anunció su creación para desmantelar a grupos paramilitares que se habían instalado en el país. Desde entonces, la ausencia de órdenes judiciales y de fiscales durante los procedimientos prende las alarmas. El método “humanista de respeto al pueblo y respeto a la vida” ha generado allanamientos, apresamientos, incluso asesinatos. “Tiene mucho contexto que conduce a una situación de delito de crimen de Lesa Humanidad. Es una política de Estado dirigida a un grupo poblacional específico y no son actuaciones aisladas”, dice Alvarado. Amanecerá y veremos.

 

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