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Nueva reunión de cancilleres y Asamblea General de la OEA: ¿Qué esperar? por Mariano de Alba – ProDaVinci – 17 de Junio 2017

El próximo lunes 19 de junio, cancilleres y altos representantes de al menos 33 de los 34 países que hacen vida en la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunirán nuevamente para seguir discutiendo la crisis que enfrenta Venezuela. El objetivo sigue siendo el mismo: aprobar una declaración que establezca la posición de los países de la organización. Ese resultado depende en buena medida de la voluntad de los países del Caribe, quienes han decidido actuar en bloque. Si no llegara a haber acuerdo para aprobar un texto, lo más probable es que la discusión continúe en la Asamblea General de la OEA, la cual durará tres días y empezará el mismo 19 de junio en Cancún, México.

Las claves de la reunión de cancilleres

La reunión de cancilleres del 31 de mayo culminó sin decisión. La mayoría mínima requerida para aprobar una declaración en esa instancia son 23 países. Hay un primer bloque de 14 países críticos de lo que está sucediendo (México, Perú, Brasil, entre otros). Un segundo bloque también de 14 países que son los países del Caribe miembros del CARICOM y quiénes decidieron actuar y votar en bloque; consiguiendo concentrar un poder de decisión importante. Finalmente, un tercer bloque de seis países que siguen apoyando los intereses del régimen (Nicaragua, Bolivia, República Dominicana).

En la mesa sigue habiendo dos proyectos de declaración. El primero, propuesto por Perú y otros, el cual busca crear un “grupo o mecanismo de facilitación” para concretar un nuevo proceso de negociación entre gobierno y oposición. Esa declaración, además de reiterar las ya conocidas condiciones que deben preceder un nuevo esfuerzo, también llama a detener la convocatoria de la constituyente. El segundo, es el texto propuesto por los países del CARICOM. Este declara la disposición de estos países de ayudar en un renovado esfuerzo de diálogo, exhortando al cese de la violencia y al respeto de los derechos humanos. La gran diferencia es que no contiene un llamado a detener la constituyente.

Una similitud crucial entre ambas propuestas es la oferta que realizan para conformar un grupo que ayude en un proceso renovado de diálogo y negociación. En ese sentido, el gobierno de Perú ha propuesto la conformación de un grupo de seis países (tres cercanos al gobierno de Nicolás Maduro y tres críticos con lo que está sucediendo). A su vez, esos seis países elegirían a un mediador. Si se concretara en un documento esta propuesta sería importante. No obstante, su existencia y efectividad dependerá de la aceptación del gobierno y la oposición. La comunidad internacional no tiene manera de imponer una solución. Por ende, sigue pareciendo crucial ejercer presión internacional para que el gobierno (o al menos un sector importante de él) y la oposición acuerden buscar una salida a la crisis.

La clave de la reunión estará entonces en determinar si en las dos semanas que transcurrieron desde el 31 de mayo, los países fueron capaces de acordar una única declaración. Aunque no está claro si ese esfuerzo diplomático fue realizado, el Ministro de Relaciones de Exteriores de Guyana, Carl Greenidge, declaró hace pocos días que se consideraría un texto que llama a la “implementación de la Constitución en Venezuela, haciendo referencia al Estado de Derecho, los problemas y la ayuda humanitaria y la implicación de una asamblea constituyente”. No obstante, el propio Greenidge reconoció que no podía comentar sobre la posibilidad que la resolución sea adoptada. Dijo: “hay más de una propuesta y uno debe reconocer que hay países que están en contra de la misma idea de que la situación en Venezuela sea discutida”.

Si no se llegara a acordar un texto de consenso –el cual recogería parte de lo mencionado por ambas propuestas– será muy difícil que se llegue a una decisión en esta reunión. La mayoría requerida hace complicado, por ejemplo, que la propuesta de Perú y otros países se imponga, ya que no sólo haría falta que los países del Caribe dejaran de votar en bloque, sino también que países que usualmente se han abstenido o han votado conforme a los intereses del gobierno de Maduro, se sumen a esta propuesta. Por ende, la posibilidad es que finalmente se logre acordar una declaración de consenso –la cual sería muy diplomática en sus términos para poder captar el apoyo de todos los países– o veamos un nuevo diferimiento de la reunión de cancilleres y la discusión continúe en la Asamblea General de la OEA.

Las claves de la Asamblea General de la OEA

La diferencia crucial entre una reunión de cancilleres y la Asamblea General (otra instancia de reunión de la OEA) es que la mayoría mínima necesaria para aprobar un texto en esta última es una mayoría simple, es decir, al menos el voto de 18 países. Conforme a este escenario, la propuesta de Perú y otros tendría mayores posibilidades, pero igualmente requeriría que al menos cuatro países del Caribe decidieran romper con el acuerdo de finales de mayo de actuar en bloque.

Conforme a lo anunciado por la canciller Delcy Rodríguez el 31 de mayo, se espera que esté presente y participe en la Asamblea. Su intervención en la reunión de cancilleres es menos probable ya que por la convocatoria de esa reunión fue que el régimen anunció que iniciaba el proceso para retirarse de la OEA. Eso no obstó para que Venezuela se acreditara en la reunión del 31 de mayo, aunque no participó. La razón detrás de esa decisión fue para aumentar el número de países presentes en la reunión y por ende subir de 22 a 23 el número de países requeridos para aprobar un texto. Independientemente de la reunión en que participe, la estrategia de la canciller es previsible: desviar el foco de atención sobre Venezuela a situaciones institucionales y de derechos humanos en otros países como Brasil y México. Igualmente, se espera que la delegación venezolana haga énfasis en la reciente decisión del CNE de definir el cronograma electoral para las elecciones regionales como una supuesta demostración de avance en la definición de un cronograma electoral.

Es altamente probable que la crisis en Venezuela –y quizás las restricciones anunciadas por Trump a la política de Obama con Cuba– sean los temas de discusión informal entre las delegaciones en la Asamblea General. Formalmente se tratará la situación del Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia en la región. El caso crítico actual es Venezuela. Asimismo, se prevén encuentros públicos y privados entre los jefes de delegación e inclusive reuniones exclusivas entre el Secretario General, Luis Almagro y grupos como el CARICOM, lo que serviría para intercambiar visiones.

Las claves del día después

Independientemente de lo que ocurra durante la reunión de cancilleres y la Asamblea General, la eventual aprobación de un texto no significará un punto de inflexión si no viene acompañado de una presión internacional continua para que efectivamente el gobierno (o al menos un sector importante de él) y la oposición busquen una solución a la crisis.

Aunque al día de hoy luce poco probable, sería fundamental la concreción de un exhorto a detener la convocatoria a la constituyente, pues lo único que lograría esta sería exacerbar la grave crisis. Pero ese eventual exhorto no es suficiente. Los países deberán seguir trabajando para concretar esa presión; inclusive a través de los oficios de países cercanos al gobierno como Bolivia, Ecuador y República Dominicana.

Si finalmente el gobierno venezolano continúa haciendo oídos sordos a las recomendaciones de otros países, se hará más probable que ese grupo de 14 países críticos con lo que está sucediendo, decidan actuar fuera del margen de la OEA, emitiendo declaraciones y tomando medidas diplomáticas por su cuenta. No se puede descartar incluso ciertas sanciones –principalmente de Estados Unidos– a medida que la situación se siga agravando. Esto ya lo ha advertido incluso el canciller de Perú, quien declaró recientemente que “no hay que obsesionarse con que la respuesta internacional a la situación en Venezuela se concrete en el marco de la OEA”.

 

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