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Luisa Ortega puede detener la locura constituyente por Gustavo Azócar Alcalá – La Patilla – 28 de Mayo 2017

 

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Ciudadana Fiscal General:

Comienzo por decir que usted nunca ha sido santo de mi devoción. No caeré en la tentación de alabar su comportamiento institucional puesto en práctica en las últimas semanas. No olvidaré que usted fue Fiscal General durante 5 de los 14 años que gobernó Hugo Chávez, y que durante ese tiempo, convalidó y le dió sustento legal a muchas de las arbitrariedades y violaciones a la Constitución cometidas por el comandante intergaláctico.
He de decir, sin embargo, que estas líneas no han sido escritas para recordar su pasado chavista y su total entrega a los desmanes y atropellos cometidos por el fundador de la revolución socialista y bolivariana que ha convertido a Venezuela en una nación muerta de hambre, insegura y minada por la desidia y la destrucción. Estas líneas pretenden otra cosa. Mi intención es poner a prueba su valentía, su determinación y su decisión de enfrentar con todos los hierros a esta dictadura comunista que pretende acabar en los próximos meses con lo poquito de país que nos queda.

Debo recordar que usted está al frente de la Fiscalía General desde el 13 de diciembre de 2007. Fue electa para un primer período de 7 años, entre 2008 y 2014. Eso hizo que fuese testigo presencial de las violaciones que se cometieron con la elección de Nicolás Maduro y de las irregularidades que se vivieron en el proceso electoral presidencial de 2013. Su silencio fue recompensado por el oficialismo, cuyos diputados la ratificaron en el cargo por un nuevo período de 7 años, el 22 de diciembre de 2014. Eso permite que usted sea Fiscal hasta el año 2021.

Ciudadana Fiscal: nadie aquí olvida que usted fue una muy cercana colaboradora de Chávez desde la primera campaña presidencial en 1998, cuando formó parte de su comando en el estado Aragua. Los medios aseguran que usted ingresó en el Ministerio Público precisamente en el 2002, cuando Chávez enfrentó un golpe de Estado que desafortunadamente no terminó bien.

Su pasado izquierdista no ha sido puesto en duda. Máxime cuando contrajo nupcias con el diputado chavista Germán Ferrer, quien perteneció a la juventud del Partido Comunista y participó en la guerrilla urbana contra Rómulo Betancourt, entre los años1959 y 1964. La gran mayoría de los venezolanos la recuerda a usted por haber imputado a un grupo de policías que supuestamente apoyaron el golpe de Estado contra Chávez. Y más recientemente, por impulsar la condena de casi 14 años de prisión que cumple Leopoldo López en Ramo Verde, acusado de propiciar las protestas de 2014 contra Nicolás Maduro, que dejaron 43 muertos.

Por razones que algunos venezolanos desconocen, el 31 de marzo de 2017, usted declaró que las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, eran una ruptura del orden constitucional. Usted señaló que las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que declaraban a la Asamblea Nacional en omisión inconstitucional, traspasaba las funciones legislativas al Poder Judicial. Eso dejó a muchos venezolanos con la boca abierta, especialmente a los maduristas.

Usted dijo que: “Las decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, son sentencias que evidencian varias violaciones del orden constitucional y el desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.
Pocas semanas después, usted arremetió contra la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente hecha por Nicolás Maduro. Una carta suya, enviada a Elías Jaua, fue difundida, y en ella usted dice, entre otras cosas:
“Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva constitución (…) Estimo que (la ANC) aceleraría la crisis, visto además el carácter sectorial o corporativo — de representación indirecta — que asoma el Decreto dictado por el Ejecutivo”.
En una entrevista con The Wall Street Journal, usted condenó “la represión” en las protestas y censuró los juicios de civiles por tribunales militares. Y para que no quedara dudas de que, definitivamente usted no quiera nada con Maduro y su combo, hace pocas horas usted ofreció una rueda de prensa, donde nada y más y nada menos, responsabilizó a la GNB, verbigracia, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por el asesinato del joven Juan Carlos Pernalete, con una bomba lacrimógena que le fue disparada directo al pecho.
Ahora bien: vistas así las cosas, todo parece indicar que 10 años después de haber asumido la Fiscalía General de la República, usted ha decidido, por fín, enfrentar la pseudo revolución socialista, devenida en dictadura comunista, que ha generado la peor crisis política, económica, social y humanitaria que haya vivido Venezuela en los últimos 200 años. Permítame darle la bienvenida al mundo de los demócratas y solicitarle, con el debido respeto y consideración, que sus acciones no se queden en meras declaraciones y conferencias de prensa, sino que avancen un poco más allá, y se conviertan en acciones concretas, que abarquen el plano de lo jurídico y de lo político y que permitan poner contra la pared a los poderes públicos que se han convertido en sostén de esta dictadura.
No soy abogado, pero no hace falta serlo, para entender que La Fiscalía ejerce, de acuerdo con el numeral 3 del Artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la competencia que la obliga a “ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de hechos punibles”. La ruptura del orden constitucional, puesto en práctica desde la Sala Constitucional del TSJ, mediante las sentencias 155 y 156, compromete la responsabilidad penal de quienes tomaron esa decisión, es decir, de los magistrados exprés electos por la AN presidida por Diosdado Cabello. Ello obliga a la Fiscalía a actuar contra esos jueces de conformidad con el numeral 4 del citado Artículo 285. Eso, ciudadana Fiscal, hay que hacerlo ya.
La posibilidad de que la Fiscalía accione contra los magistrados del TSJ o contra cualquier funcionario público incurso en violaciones a la Constitución, están contempladas en el artículo 16, numeral 1, de la Ley Orgánica del Ministerio Público: “velar por el efectivo cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Pero eso no es todo. La Fiscalía forma parte del Poder Ciudadano, lo cual quiere decir, que puede solicitar al Consejo Moral Republicano (integrado por el Ministerio Público, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo) el inicio de una investigación relacionada con las sentencias 155 y 156 del TSJ, de acuerdo con los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.
La Fiscalía General de la República también debe ordenar, en lo inmediato, la apertura de una investigación penal contra las cuatro “reptoras” oficialistas del CNE. Sobran pruebas y evidencias para demostrar que Lucena, Oblitas, Hernández y Damelio han violado una y mil veces la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La más reciente y fehaciente violación a la CRBV cometida por las 4 “reptoras” oficialistas del CNE, es la convocatoria a elecciones para una Constituyente propuesta por Maduro con el único objetivo de acabar con el poquito de democracia que existe en Venezuela y perpetuarse en el poder.

Con la convocatoria a elecciones para una Constituyente, las reptoras del CNE violaron el artículo 5 de la CRBV: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público”. También violaron el artículo 63: “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas”. Y el artículo 70: “Son medios de participación y protagonismo del pueblo (…) las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente”
La Fiscal también debe solicitar el enjuiciamiento de las reptoras del CNE por haber violado el Artículo 160 de la CRBV: “El gobernador o Gobernadora será elegido o elegida por un período de 4 años”. Los gobernadores fueron electos el 16 de diciembre de 2012. Los comicios para elegir nuevos gobernadores debieron haberse realizado en diciembre de 2016, pero las 4 reptoras no las hicieron.

Las reptoras del CNE acaban de violar el Artículo 174 de la CRBV: “El Alcalde o Alcaldesa será electa por un período de 4 años”. Los alcaldes venezolanos fueron electos el 8 de diciembre de 2013. Las elecciones para nuevos Alcaldes deben hacerse obligatoriamente en diciembre de 2017. Pero las reptoras acaban de anunciar que no será así.

Ciudadana Fiscal: me agrada verla desenmascarando ante el mundo la dictadura comunista que nos gobierna. Pero me agradaría mucho más verla accionando penalmente contra todos esos funcionarios públicos que violan la Constitución y las leyes. ¿Usted quiere detener la locura constituyente de Nicolás Maduro? Accione judicialmente contra las 4 reptoras del CNE. Solicite inmediatamente la apertura de un juicio contra Lucena y compañía. Interponga un recurso ante instancias nacionales e internacionales contra esas funcionarias y paremos la convocatoria a una ANC ilegal e inconstitucional.

Usted es abogada. No necesita que alguien le diga cómo hacerlo. Pero si quiere ayuda, me permito recordarle que puede apoyarse en el Artículo 138 de la CRBV: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos” (eso va para el TSJ). Artículo 139 de la CRBV: “El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley”.

La solicitud de un juicio penal contra las 4 reptoras del CNE es lo único que puede detener la locura constituyente de Maduro (eso más las acciones de calle) La CRBV otorga a la Fiscalía las armas jurídicas y legales para actuar: Artículo 274: “Los órganos que ejercen el poder ciudadano tienen a su cargo (…) prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra (…) el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado”
La Fiscalía puede y debe, según el Artículo 285 de la CRBV: “Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público con motivo del ejercicio de sus funciones”.

Estimada Fiscal General: actúe ya. Aquí lo que está en juego no es el “legado” de Chávez. Aquí está en juego la República Bolivariana de Venezuela y los 30 millones de venezolanos que la habitamos. Sólo usted puede parar esta guerra. Sólo usted puede detener esta locura constituyente. No espere más. En sus manos está la paz de Venezuela.

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