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Maduro deporta, encarcela y censura periodistas extranjeros por Dalila Itriago – El Estimulo – 21 de Febrero 2017

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Contrario a todo pronóstico y a pesar de la maquinaria de obstáculos colocada para espantarlos, que van desde la precaria velocidad de internet hasta palizas, deportaciones, cárcel y salida del aire de canales; los periodistas extranjeros aseguran que seguirán informando, aunque esto les cueste la vida

A las 5:00 de la tarde avanzó el desconcierto. Fue el miércoles 15 de febrero y a esa hora empezaban a constatarse los rumores de que CNN había salido del aire en Venezuela. Medios internacionales, como el diario El Tiempo de Colombia, informarían luego que las operadoras DirecTV, Supercable, NetUno y Movistar dejaron en negro las pantallas de los canales que transmitían la señal debido a una orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Sin embargo, en el inconsciente colectivo regresaba la imagen de Nicolás Maduro expresando su enérgico rechazo al canal. Tan solo tres días antes, el domingo 12, había advertido: “CNN que no se meta en los asuntos de los venezolanos. Yo quiero a CNN bien lejos de aquí. Fuera de Venezuela. Que no meta su nariz en Venezuela”.

El comunicado de Conatel, que informaba sobre el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio, indicó que la medida obedecía “al contenido que viene difundiendo la citada cadena internacional de forma sistemática y reiterada en el desarrollo de su programación diaria, de la cual se desprende de forma clara y perceptible contenidos que presuntamente constituyen agresiones directas que atentan contra la paz y la estabilidad democrática de nuestro pueblo venezolano, ya que los mismos generan un clima de intolerancia”.

El asunto es que tal acción ocurrió diez días después de que el canal norteamericano transmitiera un programa especial que denunciaba la supuesta entrega de pasaportes venezolanos al extremismo islámico y relacionaba este hecho con el actual vicepresidente, Tareck El Aissami.

No fue el único acto de censura registrado en los tempranos días de febrero. El Comité para la Protección de los Periodistas emitió una declaración del coordinador sénior del Programa de las Américas en Nueva York, Carlos Lauría. En esta se insta al gobierno de Maduro “a poner fin a la práctica sistemática de obstruir la cobertura informativa y a dejar de interferir con el trabajo de los medios”.

La noticia del 13 de febrero, reseñada por la ONG Espacio Público, indica que el reportero Leandro Stoliar y el camarógrafo Gilson Fred Oliveira, de la cadena televisiva Record TV, llegaron ese día a São Paulo luego de ser liberados por la policía venezolana; que los habría arrestado dos días antes cuando se encontraban grabando un reportaje sobre el puente Nigale, en Maracaibo. La construcción de esta obra está a cargo de Odebrecht, la multinacional brasileña envuelta en un escándalo de corrupción.

A juzgar por los hechos, la advertencia de Lauría de que los medios internacionales deben “poder cubrir asuntos de interés público e informar sobre temas sensibles sin temer represalias y persecución por parte de las autoridades venezolanas” es irrelevante para un gobierno que cuenta con un inédito récord: despachar tres canales del aire. Primero fue Radio Caracas Televisión (RCTV), pionero de la televisión venezolana y con más de 50 años de historia, que salió el 27 de mayo de 2007; después vendría NTN24, el canal de cable con sede en Bogotá que dejó de verse el 12 de febrero de 2014, justo cuando transmitía en vivo el asesinato del joven Bassil Da Costa, ocurrido en el marco de las protestas estudiantiles.

El Tiempo de Colombia interpreta la acción contra CNN en Español como parte de un cerco a la prensa independiente, que incluye la salida del aire de más de 30 emisoras de radio y la asfixia a periódicos nacionales y regionales. Uno de los últimos fue El Carabobeño, que dejó de circular después de 83 años.

The New York Times se hace eco de la misma hipótesis. El capítulo CNN vendría a ser otro episodio en el conflicto entre los medios y el gobierno de Venezuela. Entre sus argumentos cita las cifras de Espacio Público que entre los años 2013 y 2016 registró al menos 22 periódicos en todo el país cerrados debido a las dificultades técnicas como la escasez de papel, ocasionadas por la falta de divisas preferenciales asignadas por el Estado. La ONG incluye, además, 366 violaciones a la libertad de expresión contabilizadas durante el año pasado, así como al menos 13 deportaciones de periodistas registradas en los últimos meses, incluyendo al fotógrafo Rodrigo Abd, ganador de un premio Pulitzer en 2013 por sus reportajes sobre el conflicto en Siria.

Añade Espacio Público que el 1° de septiembre de 2016, cuando se generó una gran expectativa en torno a la denominada Toma de Caracas, llegaron al país periodistas de al menos cinco medios de comunicación. A nueve de ellos no los dejaron entrar. En octubre detendrían al corresponsal de ABC News, Matt Gutman, quien realizaba con un camarógrafo y un médico venezolano un reportaje sobre la crisis del sistema de salud en el país; y el 22 de enero de este año la amarga experiencia la viviría Aitor Sáez, corresponsal español de la cadena alemana Deutsche Welle, quien vino a cubrir la marcha del 23 de enero y fue a dar la carrera a Colombia, tras ser deportado.

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Esta parte del juego se conoce. Las autoridades migratorias justifican la medida al alegar que los profesionales no tienen visa de trabajo válida, así como tampoco una acreditación que debe otorgar el Ministerio de Comunicación e Información (Minci). Todos los que ya han pasado por ahí o peor, que no han podido hacerlo, saben de las miles de excusas que se esgrimen, de las trabas que se exponen, de los requisitos leoninos que se piden, en fin, del “mareo” que sufren en sus solicitudes; para finalmente estancarlos a la espera de un papel que no llegará jamás. El Minci no da respuesta.

La cárcel tampoco es ajena en estos tiempos. El CPJ llamó la atención sobre el arresto del periodista digital y radial Braulio Jatar Alonso, quien fue arrestado en septiembre de 2016 por cubrir una protesta, y de allí fue acusado de lavar dinero. Hoy continúa preso.

Indetenibles

Osmary Hernández, la corresponsal de CNN en Caracas, no fue a la calle al día siguiente de la medida. Comentan sus colegas que prefirió evitar la sobre exposición. Protegerse. Su camarógrafo sí estuvo en Conatel, donde tanto opositores como seguidores del oficialismo lanzaban consignas en contra y a favor de la resolución administrativa del ente.

No es fácil su lugar, fuera de lo que pudiera creerse. Desde octubre del año 2015 sale a cubrir sus pautas con escoltas y, a pesar de esto, no pudo evitar que en mayo de 2016 la sacaran a golpes del CNE y que el vehículo que la transportaba, junto a su equipo, recibiera los embates de una gran piedra de concreto.

En 20 años de programación en América Latina es primera vez que a este canal le ocurre algo semejante. Ni en Cuba han dejado de transmitir. Hasta la fecha no se conoce en qué consisten las medidas cautelares que tomará Conatel. La cadena americana ha reiterado que seguirán, y de modo gratuito, por Youtube. Mientras tanto Osmary calla. Elige la prudencia. Los colegas que la conocen afirman que no se detendrá. Recuerdan que vivió algo semejante cuando RCTV salió del aire, pues era reportera del canal. Presumen que ahora, con más experiencia, seguirá guapeando. En otras palabras, ella misma lo escribió en su cuenta de twitter @osmarycnn: “Seguiremos informando”.

En el caso de NTN24, la señal dejó de verse el 12 de febrero de 2014. Al día siguiente, el presidente Maduro explicaría que la resolución se tomó por razones de Estado. “Éramos los únicos que estábamos transmitiendo en vivo cuando asesinaron a Bassil Da Costa”, indicó Daniella Zambrano, corresponsal del canal colombiano en el país desde hace seis años; quien apunta que desde aquél hecho la señal no ha sido restablecida. A pesar de ello y de que le quitaron los equipos de protección que trajo desde Bogotá para cubrir las pautas —máscara antigás, chalecos antibalas y cascos—; Zambrano enfatiza que no dejará de informar sobre lo que ocurre en Venezuela: “Nosotros nunca nos fuimos y hemos cubierto todas las marchas y protestas sin equipo antimotines. No sé si es que llegas a sentir como si tuvieras una capa especial que te protege. Escogimos esta profesión y sabemos que si se cierra una puerta, otra se abrirá. Además de ser periodista, soy venezolana. Eso significa que en mi hogar sufro lo que sufre todo el mundo. Tengo que hacer colas y buscar medicinas para mis familiares. Por eso mientras tenga una ventana para comunicar lo que está pasando, lo haré”.

Andreína Flores, corresponsal de RCN Radio y de Radio Francia Internacional, tampoco se queda atrás. Es precisa a la hora de interpretar la salida del aire de CNN. La ve como un golpe a la libertad de prensa que busca repercutir en los medios para acallar las críticas: “Si se atreven con ese monstruo de la comunicación, qué no harán con una radio pequeñita”, se pregunta. Pero no titubea un segundo para responderse: “La verdad es la verdad y hay que decirla”.

Flores también ha pasado sus sustos. El 18 de agosto de 2016 fue detenida durante cinco horas, junto al corresponsal de Red Más Noticias, Jorge Luis Pérez Valery, por haber sacado unas fotos en El Calvario: “Nos dijeron que eso era un corredor presidencial”. Mientras que el 10 de septiembre de 2015 recibió palos por las piernas, cuando esperaba frente al Palacio de Justicia la sentencia contra Leopoldo López: “Llevamos golpes solo para estar allí”.

Máscara rota

Mariana Bacalao también es periodista, con la ventaja de conocer los entramados de la Opinión Pública. Tiene una especialización en la Universidad de Washington sobre esta área. Desde allí advierte que, si bien anteriormente al gobierno de Chávez le preocupaba cuidar las formas de la democracia, de un tiempo para acá esto pareciera no importarle a nadie: “Sacrifican la imagen a nivel internacional a cambio de atornillarse en el poder; y a la par buscan imponer una cotidianidad que no parezca rota ni disfuncional. Pero no se puede lograr ambas cosas. Lo que queda es la ficción y, al final, la realidad termina imponiéndose”.

Una cosa es que la medida sea calificada de terrible e insostenible dentro de un sistema democrático donde se resguardan las libertades, pero para Bacalao la verdad es que tal acción no sorprende a nadie, pues en la actualidad la censura forma parte de una estrategia más descarnada. “Todos los días pasa de todo y a la vez no pasa nada. Ocurren crímenes abyectos, no hay derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación; pero ahora, además, no tienes la posibilidad de saberlo. Hay un mar de fondo profundo que nadie sabe hacia dónde desembocará. Están manipulando una situación que es peligrosa, perversa e irresponsable. Pero en vez de ocuparse de controlar la delincuencia y abastecer al país, se impide la protesta, y toda la voluntad y la energía se invierten en reprimir”.

Para Bacalao el escenario está cantado: el gobierno busca demostrar que es inamovible y para ello ejerce el poder con ferocidad: “Quieren reforzar la esperanza perdida, ignoran la realidad, reprimen el rechazo, obvian la opinión pública y concentran su esfuerzo en doblegar al ciudadano”.

¿Cómo hacen para lograrlo? El periodista y locutor Luis Carlos Díaz lo resume en una frase coloquial: “les vale madre”. A los pocos minutos ofrece luces: cree que se trata de la transición del fin del chavismo, que arrancó con la muerte de Chávez y sigue avanzando de modo paulatino. “Esto es un proceso que es casi como una metástasis. Si hay que matar gente, se mata; si hay que torturar gente, se tortura; si hay que exiliar gente, se exilia; si hay que cerrar medios, se cierran. Es mucho más lento, pero igual se trata de una radicalización. Es el mismo chavismo pero en un estadio superior. La metástasis incluye empeorar todas las formas.

Según Díaz los distintos modos de censura empleados incluyen, entre otros, la falta de acceso a la información, el bloqueo de páginas en internet, la detención selectiva de personas, el impedimento a los reporteros para que puedan trabajar en la calle, la negativa a ofrecer acreditaciones a la prensa extranjera, el “embasurar” las redes con noticias falsas, y el aupar una velocidad precaria de internet.

“Nuestro promedio y picos de conexión son los más lentos de todo el continente. Incluso caímos por debajo de Bolivia y Paraguay. Cerca de 60% de la población tiene acceso a internet pero es pobre y limitada. Esto ocurre porque el gobierno decidió no darle divisas al sector comunicaciones desde hace más de dos años; lo cual afectó su velocidad, así como la capacidad para tener clientes y equipos nuevos, renovar plantillas, e instalar más antenas. Si en Colombia la velocidad es de 100 o 150 megas por segundo, aquí lo más rápido que se ofrece son 10 megas. Para tener más de eso el servicio es muy costoso”, agrega.

¿Se trata entonces del fin del periodismo que por la misma cercanía es imposible de notar? ¿Podría el gobierno llegar a bloquear internet? Díaz casi que aguanta la risa antes de responder. Insiste que esta inquietud no puede mirarse como algo que podría ocurrir. Una amenaza latente. Sino como una herramienta que ya fue empleada, sin mayores consecuencias ni castigo. “La manera para que no ocurra de nuevo es que se eleve el costo. ¿El gobierno nacional puede bloquear twitter? Sí, sí puede, pero ellos mismos usan twitter. Entonces si lo bloquean estarían generando un daño a su propia gente. Eso es elevar la factura. El gobierno no puede echarse al pico internet. Les gustaría, les encantaría, pero es costoso para ellos y por eso no lo hacen”.

Pero no todo está perdido. El también periodista Carlos Correa, doctor en Ciencias de la Información y director de la ONG Espacio Público, comienza por aclarar que en el caso de CNN no hubo garantías al debido proceso. “Aquí se prejuzgó sobre el fondo, cuando lo ideal hubiese sido hacerlo a través de una instancia imparcial, como un tribunal, para que el procedimiento se ajustara a derecho. Hay que recordar que en el país no existe un mecanismo que establezca censura previa por vía administrativa”, añadió.

Correa recuerda que la libertad de expresión es un derecho que está garantizado en la Constitución Nacional incluso en Estados de Excepción; y aunque el gobierno intente ignorarlo, existen tratados internacionales que tienen rango superior a la Carta Magna.

Quizá dentro del territorio no se haya escuchado un señalamiento puntual contra el gobierno por tal medida, pero Correa subraya que a solo horas de lo ocurrido se pronunció la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual condenó las “recientes acciones y decisiones de funcionarios, organismos y el aparato de seguridad del Estado de Venezuela dirigidas a censurar a la prensa y a medios de comunicación extranjeros que investigan hechos de interés público en suelo venezolano o difunden información sobre la gestión de gobierno”.

En un país serio esto tendría consecuencias, en Venezuela el poder se burla de estos cuestionamientos y advertencias: “Si tú decides alzar la voz tendrás justicia, aunque yo no te pueda decir en cuánto tiempo. Pero si te callas no habrá ninguna posibilidad de justicia. En algún momento esto se revertirá. Mientras tanto, ellos seguirán cavando su pozo”.

Sobrevivirá la creatividad

Aunque las medidas de censura se llegasen a profundizar mucho más y la desesperanza parezca crecer, Bacalao, Correa y Díaz coinciden en que ahora es cuando hay que ser creativos para no quedarse rezagados en el camino. “La gran mayoría trabajará en medios alternativos. Se dedicarán a hacer otras cosas, para luego hacer periodismo, y lo seguirán haciendo solo por amor. Es una gesta heroica”, apunta Bacalao. “La sociedad está aprendiendo a sobrevivir dentro de un ecosistema perverso, que no permite recibir la información por televisión. A pesar de esto, los periodistas aprenden a informar a través de las costuras. Se burlan de la censura y tratan de encontrarse con esa sociedad, con ese pulmón que late y quiere seguir haciéndolo”, señala Correa.

“Nadie tiene un manual para saber muy bien qué hacer. Insisto en que cuando ocurran los momentos de desconexión, que se caiga internet, lo mejor que puede hacer la gente es guardar registro. Haga fotos, haga videos, haga entrevistas, levante la información y cuando vuelva la conexión, escriba, publique. Pero deje registro de las cosas que están ocurriendo. Esa cosa de que no puedo hacer periodismo porque no puedo escribir todos los días, no tiene mucho sentido. ¡Guarda tu vaina y hablamos en una semana, pero no dejes de recabar historias! Eso es clave”, enfatiza Díaz.

Si la metástasis avanza, ¿se podrá hacer periodismo en Venezuela?, se le pregunta a Luis Carlos Díaz. Y él se vale de una historia propia para que no queden dudas de su opinión. “Esto quizá nos costará vidas, esto nos joderá, esto nos está dejando heridas como si estuviésemos saliendo de una guerra, pero bueno, es la decisión que tomamos quienes decidimos quedarnos. Cada quien tiene que sacar sus propios cálculos y decidir cuáles serán sus mecanismos de supervivencia. Este es un gobierno que apuesta a que la gente le tenga miedo. Yo he sido amenazado de muerte por el chavismo, por gente que está en el poder. Sé que en cualquier momento puede ocurrir. Quien me amenazó me dijo que iba a parecer un accidente, como resistencia al robo. Entonces, en cualquier momento podrán decir: ‘Es que no se dejó robar el celular y lo mataron’. Pero yo sé que será un sicariato. Con esa condena encima, lo único que puedo hacer, como acto de resistencia, es seguir viviendo. ¡Si la amenaza es de muerte, responderemos con vida!”

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