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Punto de encuentro de Venezolanos votantes en Bilbao

Guaidó anunció la reincorporación de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones – El Nacional – 19 de Febrero 2020

La nación se retiró en 2006 del organismo por decisión del entonces jefe de Estado, Hugo Chávez, quien estuvo en desacuerdo por los tratados de libre comercio de Perú y Colombia con Estados Unidos

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Foto Twitter @jguaido

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció este miércoles el regreso del país a la Comunidad Andina de Naciones. La nación se retiró en 2006 de este organismo por decisión del entonces jefe de Estado, Hugo Chávez.

«Venezuela vuelve a la CAN, de donde nunca debió salir. Conversé con el presidente de Colombia, Iván Duque, y representantes de la Cancillería de Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia sobre la importancia de formar parte del Sistema Andino de Integración», indicó Guaidó en su cuenta de Twitter.

El también jefe del Parlamento adelantó que, como gobierno legítimo, trabajará para que el país se sume en lo inmediato a las medidas de migración y movilidad.

«Y hacer más efectivo el proceso de integración con una agenda en las áreas de comercio, inversiones, servicios, interconexión e identidad andina», agregó.

El anuncio se da horas después de que Duque manifestara su deseo de que Venezuela libre y democrática se reintegre a la CAN.

El mandatario de Colombia recordó que en las últimas semanas los cancilleres de la CAN se reunieron con Guaidó para decirle que es necesario pasar esa página donde Hugo Chávez retiró rotundamente a Venezuela de dicho bloque.

«El presidente Guaidó nos dijo que él quiere el regreso de Venezuela a la CAN y vamos a apoyar el regreso de Venezuela, libre y democrática, a la CAN», dijo Duque.

Representantes diplomáticos de Guaidó en la CAN

En la última sesión de la Asamblea Nacional, Guaidó designó dos nuevos representantes diplomáticos para Ecuador y Bolivia.

Se trata del diputado Winston Flores, a quien la justicia venezolana considera prófugo, que representará a Guaidó en Bolivia. Mientras que Héctor Montiel fue designado como representante diplomático ante Ecuador.

La CAN

El Pacto Andino, también conocido como Acuerdo de Cartagena, fue suscrito en 1969 por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, mientras que Venezuela se incorporó en 1973.

Chile lo abandonó en 1976 durante la dictadura de Augusto Pinochet, mientras que Venezuela anunció su retiro en 2006 después de que Chávez aseguró que la CAN estaba herida de muerte por las negociaciones de acuerdos de libre comercio que emprendieron Colombia y Perú con Estados Unidos.

En marzo de 1996, durante una cumbre celebrada en la ciudad peruana de Trujillo, se decidió que el Pacto Andino pasara a llamarse Comunidad Andina de Naciones. Esta medida entró en vigor en 1997.

El secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, Jorge Pedraza, se sumó a la necesidad de recuperar a Venezuela. Dijo que es el organismo idóneo que posee los instrumentos para contribuir a la recuperación de la estabilidad económica de Venezuela y la normalización de sus mercados.

«Regresar los beneficios de la CAN a Venezuela es una tarea concurrente y en mi concepto, inminente de parte de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú», agregó en alusión a los gobiernos de esos cuatro países que reconocen a Guaidó como mandatario.

El régimen de Nicolás Maduro maneja toda la burocracia en Venezuela, por lo que el anuncio de Guaidó tendrá un alcance prácticamente nulo hasta que el opositor se haga con el poder.

Trafigura anuncia que suspende relaciones con Rosneft Trading debido a sanciones de EEUU – La Patilla – 20 de Febrero 2020

El 18 de febrero, la Administración de los Estados Unidos anunció sanciones contra Rosneft Trading en relación con las ventas de petróleo de Venezuela. | Referencial Foto AP / Hasan Jamali

Trafigura cumplirá con los requisitos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que impuso sanciones a Rosneft Trading dentro de los 90 días previstos, dijo el comercializador de materias primas con sede en Suiza en un comentario a la agencia rusa TASS el miércoles.

“Trafigura está al tanto de la adición por parte de las autoridades estadounidenses de ciertas entidades de Rosneft a las designaciones relacionadas con Venezuela y la licencia general asociada. Trafigura cumple con todas las sanciones aplicables y cumplirá con los requisitos de estas últimas normas dentro de la línea de tiempo de liquidación que tiene establecido la licencia general “, dijo el portavoz de una empresa.

Trafigura es una empresa multinacional de comercio de metales básicos y energía. Es el segundo mayor comerciante privado de petróleo del mundo después de Vitol y el mayor comerciante privado de metales del mundo

El 18 de febrero, la Administración de los Estados Unidos anunció sanciones contra Rosneft Trading en relación con las ventas de petróleo de Venezuela. Washington proporcionó 90 días para cerrar las transacciones con Rosneft Trading.

El gran pecado de Rosneft fue convertirse en el operador petrolero y financiero del régimen de Maduro por Daniel Gómez – ALnavío – 19 de Febrero 2020

El directivo de una multinacional petrolera que aún opera en Venezuela dice al diario ALnavío que “el problema de Rosneft es que pasó a hacerle de todo a PDVSA”. Empezó a comprarle más de la mitad de la producción. A venderle el petróleo en África, China e India. A pagar facturas viejas en nombre de PDVSA a otros proveedores. Y esto último, agregó la fuente, es lo realmente grave.

Putin y el director de Rosneft, Igor Sechin, seguirán operando con el régimen de Maduro / Foto: Kremlin
Putin y el director de Rosneft, Igor Sechin, seguirán operando con el régimen de Maduro / Foto: Kremlin

Rosneft rechazó las sanciones del gobierno de Donald Trump. Dijo que Rosneft Trading SA -la filial sancionada este martes- ejecutó todas sus operaciones en Venezuela “en el marco de contratos celebrados antes de la imposición de sanciones, y tiene como objetivo garantizar el retorno de las inversiones previamente efectuadas y la realización de intereses comerciales a largo plazo”.

Según esta versión, la relación de Rosneft con Petróleos de Venezuela (PDVSA) sería la misma que hoy mantienen compañías como la española Repsol, la rusa Gazprom e inclusive la estadounidense Chevron. La actividad de estas petroleras se limita a cobrar la deuda vieja con el régimen de Nicolás Maduro, por lo que no estarían violando la orden ejecutiva de Trump.

El caso de Rosneft, no obstante, es diferente al de estas tres empresas. El directivo de una multinacional petrolera que todavía mantiene actividad en Venezuela explicó al diario ALnavío que “el problema de Rosneft es que pasó a hacerle de todo a PDVSA”.

– Hacerle de todo a PDVSA significa venderle el petróleo a África y Asia. El Departamento de Estado reportó hasta cuatro operaciones de Rosneft Trading SA en África y Asia. En este sentido cabe recordar lo dicho anteriormente por el gobierno de EEUU: que Rosneft distribuye el 70% del petróleo venezolano en el exterior. No obstante, este dato lo rebajó la fuente diciendo que Rosneft compra “prácticamente la mitad del petróleo que produce PDVSA”.

– Y hacerle de todo a PDVSA significa también cobrarle las facturas de otros proveedores. El directivo explicó que Rosneft es una especie de operador entre otras empresas que hacen negocios con PDVSA. Empresas que, por ejemplo, suministran equipos y productos y que por las sanciones no podían hacer negocios directamente con el régimen, pero sí con Rosneft. Al menos sí podían hasta ahora, porque Rosneft Trading SA ya está sancionada.

Por lo anterior, la fuente concluye que “lo verdaderamente grave por parte de Rosneft es facilitar la operación financiera a PDVSA, pagando facturas viejas a otros proveedores”. He aquí su gran pecado.

La fuente apuntó que no es Rosneft la única empresa que actúa como operador financiero del régimen. Citó también a Tipco Asphalt PLC, un conglomerado industrial con sede en Tailandia “que estaría haciéndole de banco a Maduro”.

Tipco, especializada en la producción de asfalto, lleva en el foco del Departamento de Estado desde agosto de 2019 por facilitar la venta ilegal de crudo venezolano, informó la agencia Bloomberg sin dar más detalles.

Este miércoles, el gobierno de Vladímir Putin, como hizo el martes Rosneft, cargó contra las sanciones de EEUU. Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso, dijo que son ilegales, que tomarán acciones como respuesta, y que “de ninguna manera las sanciones afectarán las relaciones bilaterales” entre Maduro y Putin.

No afectarán la relación, pero sí supondrán un duro golpe para el régimen. Así lo piensa el Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el propio Donald Trump.

Guaidó dijo este martes en Twitter que las sanciones contra Maduro son “una victoria” porque se castiga a “los cómplices de la dictadura”. Por su parte, el presidente de EEUU declaró que las sanciones son “un fuerte golpe” contra Maduro.

Guaidó dijo este martes en Twitter que las sanciones contra Maduro son “una victoria” porque se castiga a “los cómplices de la dictadura”. Por su parte, el presidente de EEUU declaró que las sanciones son “un fuerte golpe” contra Maduro y que “vigilarán” la situación, pues esperan noticias “muy pronto”.

También habló de las sanciones a Rosneft el secretario de Estado, Mike Pompeo. “Estados Unidos tomó acción para detener el robo del régimen de Maduro de los activos de Venezuela y la continua usurpación de la democracia al sancionar a Rosneft Trading S.A., una correduría incorporada en Suizapropiedad de Rusia, por operar en el sector petrolero venezolano. Como su agente primario de acuerdos globales para la venta y transporte del crudo venezolano, Rosneft Trading ha apuntalado al dictador Maduro, permitiendo la represión del pueblo venezolano”.

Cabe recordar que Mike Pompeo se reunió este viernes con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Como confirmaron funcionarios de la Casa Blanca a las agencias en EEUU, uno de los temas del encuentro fue Venezuela, y en concreto, las sanciones contra Rosneft Trading SA. Por lo que al gobierno de Putin no lo toman por sorpresa las sanciones.

Imputan a Raúl Gorrín en España por el saqueo de Pdvsa – El Nacional – 20 de Febrero 2020

El dueño de Globovisión deberá comparecer el 26 de febrero ante el Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional

Gorrín

María Cardón, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional española, imputó al magnate venezolano Raúl Gorrín, de 51 años de edad.

Gorrín, dueño del canal Globovisión, está citado a declarar el 26 de febrero en el mencionado tribunal por la investigación que se adelanta sobre el saqueo de Pdvsa.

El dueño de Globovisión está en la lista de los más buscados de Estados Unidos por delitos de corrupción y blanqueo de capitales.

El mismo día que asista Gorrín deberá comparecer como testigo Ceciree Carolina Casanova Rangel, ex gerente funcional de Recursos Humanos, en calidad de encargada, de la Electricidad de Caracas.

La justicia del país europeo impulsa averiguaciones para localizar el dinero sustraído de Pdvsa. El dinero lo transfirieron a España de manera presuntamente irregular, según el diario español El Mundo.

La agencia Europa Press, citando fuentes anónimas, indica que Gorrín fue solicitado porque él mismo pidió hacer presencia en la causa después de que la juez de Madrid dictó un auto en el que acordó embargarle fincas de las que es propietario en España.

Las mismas fuentes no confían en que comparezca ante la Audiencia Nacional porque también lo buscan en Estados Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que Gorrín está acusado de 9cargos de blanqueo por haber pagado presuntamente cientos de millones de dólaresen sobornos a dos altos funcionarios venezolanos para realizar transacciones de cambio de divisas a tasas favorables para el régimen.

Además, el magnate supuestamente pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, casas, caballos, relojes de alta gama y una línea de moda.

Suiza descubre 5 esquemas de corrupción de PDVSA con el banco Julius Baer por Daniel Gómez – ALnavío – 20 de Febrero 2020

Julius Baer hizo transacciones con clientes sospechosos de PDVSA. Varios asesores del banco se dejaron corromper. La propia entidad evitó investigar los casos de la petrolera del régimen. Estas son algunas de las pruebas que la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero presentó este miércoles para justificar las sanciones a Julius Baer.

El banco suizo Julius Baer se pasó 17 meses retrasando investigaciones de PDVSA / Foto: WC
El banco suizo Julius Baer se pasó 17 meses retrasando investigaciones de PDVSA / Foto: WC

Los negocios del banco suizo Julius Baer con la estatal Petróleos de Venezuela(PDVSA) están manchados por corrupción. De ahí que Finma (Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero en español) sancionara al banco, también acusado de irregularidades con la FIFA. No obstante, en el informe publicado este jueves apenas da detalles del organismo de fútbol, y sí ahonda en las irregularidades con PDVSA.

El regulador apuntó que Julius Baer “no hizo lo suficiente para determinar las identidades de los clientes”. Que no estableció el propósito ni los antecedentes de sus relaciones comerciales. Que la información sobre ellos era “incompleta o ambigua para la gran mayoría de relaciones comerciales auditadas”. Que con frecuencia “faltaba información sobre cómo los clientes individuales habían obtenido su riqueza, por qué querían abrir una cuenta con Julius Baer y qué negocio planeaban realizar”.

Finma también criticó “fallas organizacionales” y que “el sistema de remuneración del banco se centró casi exclusivamente en objetivos financieros”, al tiempo que “prestó poca atención a los objetivos de cumplimiento y gestión de riesgos”. Las presuntas corruptelas con PDVSA demuestran todo lo anterior:

Transacciones con un cliente acusado por corrupción. “En 2014 se realizó una transacción de 70 millones de francos suizos (70 millones de dólares) con respecto a un gran cliente venezolano sin las investigaciones requeridas, a pesar de que el banco sabía en el mismo año que el cliente enfrentaba acusaciones de corrupción”.

Reincidió con el cliente sospechoso. “En 2017 el banco organizó una transacción de transferencia que involucra varios millones de dólares estadounidenses para este cliente [el mencionado anteriormente] sin investigarlo lo suficiente. La única información proporcionada por el cliente fue que el dinero serviría para pagar los servicios de asesoramiento, sobre los cuales no se dieron más detalles”.

Se hicieron negocios con clientes acusados. “Un asesor que cuidaba a clientes venezolanos en 2016 y 2017 -explica Finma- recibió bonos y otras remuneraciones por millones, a pesar de que Julius Baer había denunciado a varios de sus clientes, sobre la base de investigaciones o sospechas de irregularidades en relación con el caso PDVSA, a la Oficina de Informes sobre Lavado de Dinero de Suiza. En 2017, la bonificación del asesor del cliente se redujo sólo en un 2,5%. Incluso el año anterior, al individuo se le había otorgado un bono especial reservado para los ‘mejores’ a través de estos pagos”.

Varios trabajadores de Julius Baer implicados. “Los delitos identificados no se limitaron a un solo asesor. Julius Baer tenía una pobre cultura de cumplimiento y riesgo en la que las obligaciones legales para combatir el lavado de dinero no tenían el grado de importancia requerido. Por ejemplo, el gerente a cargo no verificó las explicaciones dadas por el asesor del cliente con respecto a los antecedentes de las transacciones en muchos de los casos relacionados con Venezuela. Esa tarea se dejó a los asistentes de la persona. En algunos ejemplos, los riesgos apropiados de lavado de dinero fueron señalados y abordados por los departamentos apropiados, pero no se actuó adecuadamente”.

Un año y medio evitando investigar a PDVSA. “Julius Baer decidió en 2016 que realizaría una revisión interna del caso PDVSA, pero esto se retrasó por casi 17 meses. Además, cuando Finma interrogó al banco sobre el alcance de sus relaciones comerciales que tenían una conexión con PDVSA al comienzo de las investigaciones, sus respuestas fueron incompletas, lo que en sí mismo representa un incumplimiento de su deber de proporcionar información a la autoridad supervisora. Sólo en 2018 Julius Baer implementó las medidas operativas y de Recursos Humanos con respecto a sus relaciones comerciales con Venezuela”.

El regreso del regreso por Adriana Moran – Blog Polis – 19 de Febrero 2020

Y terminó la gira. Se apagaron los reflectores y el eco de los aplausos desvanece. Ya los países que durante todo el 2019 apoyaron la causa democrática encabezada por Guaidó volvieron a ratificar su apoyo a esa causa y el líder regresó al país para enfrentar a los que lo agredieron: a él, a sus acompañantes y a los periodistas que cubrían su retorno. Otra muestra horrible de esa barbarie chapucera que hemos visto tantas veces.

 
Y ahora vienen los esperados anuncios. La tarima criolla que dictará las pautas para ahora sí movilizar a los venezolanos que soportamos esta crisis sin precedentes. El discurso que además de celebrar el apoyo internacional de los mismos de siempre, hará honor a la petición de perdón de rodillas por los errores cometidos y enderezará el rumbo para cambiar las estrategias que mantuvieron en vilo a la población durante el pasado año y que terminaron en nada.
 
Pero el discurso pronunciado ante una audiencia significativamente menor y menos entusiasta que la reunida afuera, se repite. Se habla de más presión, de más sanciones, se dice que solo participarán en unas elecciones presidenciales libres sin Maduro en el poder. Se asume, una vez más, que los deseos se pueden confundir con las promesas. Que todo es posible si lo pedimos con mucha fe y que no importa cuántos obstáculos ponga el régimen en el camino (como las parlamentarias contempladas en la Constitución para este año), siempre saldremos airosos si tenemos la suficiente fuerza para ignorar la realidad, para dejar de lado la política, para ver al régimen contra las cuerdas y lo suficientemente débil y caído para cantar victoria aunque siga en Miraflores. Y a lo mejor hasta podría resultar, si los millones que caminamos por estas calles destruidas y con la carga de tantas frustraciones a cuestas no hubiésemos escuchado un discurso igual durante todo un año. O, si por un momento, fuéramos capaces de creer que las mismas y erradas estrategias basadas en deseos no chocarán esta vez con ese tren a toda velocidad que se prepara para arrebatarnos la AN y hacerlas volar por los aires.
 
Los venezolanos tenemos una crisis real. Y necesitamos soluciones reales. Cada vez menos podremos ser convocados a luchar por ilusiones y fantasías. Queremos participar para salir de la pesadilla, pero muchos solo lo haremos cuando quienes nos convoquen, nos hablen de realidades.

Delincuentes condenados forman parte de la fuerza policial que aterroriza a Venezuela por Sarah Kinosian y Angus Berwick – Reuters – 19 de Febrero 2020

Una investigación de Reuters revela que delincuentes condenados forman parte de las filas de una fuerza policial especial creada por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Exconvictos están entre los agentes procesados por matar a dos hombres fuera de Caracas.

GUARENAS, Venezuela–Desde que el presidente Nicolás Maduro fundó la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional de Venezuela hace dos años y medio, el escuadrón se ha ganado una reputación temible en los barrios pobres del país.

Oficiales de la fuerza han sido acusados ​​de torturar y realizar ejecuciones sumarias por grupos de derechos humanos, políticos de oposición y ciudadanos comunes.

El pasado noviembre, Reuters publicó una investigación sobre 20 muertes cometidos por la fuerza, conocida como FAES, en la que las versiones oficiales de tiroteos como actos de autodefensa se contradicen con la de testigos, evidencia en video, certificados de defunción, informes de autopsia y otra documentación. La fuerza se ha relacionado con cientos de muertes desde su creación en 2017.

Sin embargo, pese a su notoriedad, el grupo FAES es muy reservado y es conocido por sus máscaras y uniformes negros con insignias de calavera, pero sin llevar etiquetas con sus nombres. Los oficiales suelen permanecer en el anonimato incluso después de derramar sangre.

Ahora, un caso judicial que involucra a la fuerza FAES en la muerte de dos hombres el pasado marzo revela otro hecho poco conocido que Reuters es el primero en ofrecer de manera pública: algunos oficiales del escuadrón son criminales condenados.

Según cientos de documentos reservados presentados por los fiscales del caso, al menos dos oficiales procesados ​​por participar en las muertes cumplieron penas de prisión antes de unirse al FAES.

Los documentos, que incluyen autopsias, informes balísticos, testimonios de oficiales y archivos de personal, muestran también que por lo menos tres miembros del mismo grupo, que no están siendo procesados ​​por la mortal operación, tienen antecedentes penales.

Es ilegal y contrario a la política de la policía nacional la presencia de delincuentes en la FAES. Una ley de 2009 prohíbe a los venezolanos con condenas penales trabajar como agentes. Las normas del grupo y los documentos de reclutamiento, revisados ​​por Reuters, dicen que los oficiales no deben tener antecedentes penales y sí tener “buen carácter moral”.

José Domínguez, jefe nacional de la fuerza FAES, en un breve intercambio de mensajes de texto, dijo a Reuters que los miembros de la fuerza pasan por “procesos selectivos” y “entrenamiento especial”. No respondió a preguntas sobre los antecedentes penales de algunos policías del grupo FAES ni a una solicitud para discutir los hallazgos de Reuters en persona o por teléfono.

El Ministerio del Interior, que supervisa a la policía, y el Ministerio de Información, responsable de las comunicaciones gubernamentales, no devolvieron las llamadas y correos electrónicos de Reuters detallando sus hallazgos.

La presencia de convictos dentro de las filas de la FAES arroja nueva luz sobre una fuerza de seguridad ampliamente considerada por los venezolanos como un mecanismo de control social de Maduro, cuyo gobierno está asediado por el declive económico, el hambre, la inseguridad generalizada, las sanciones internacionales y el aislamiento.

Defendido por el presidente como un nuevo medio para combatir el aumento de la delincuencia y la violencia, el grupo FAES se ha vuelto tan temido como los criminales a los que estaba destinado a combatir, especialmente en las barriadas pobres, donde las dificultades avivan la inestabilidad política.

Personas familiarizadas con la unidad FAES dicen que los administradores del grupo están más preocupados por la fuerza y ​​el miedo que por la rectitud.

“Ellos veían la necesidad de contratar personas que no tengan temor de cometer delitos, de ingresar a una vivienda sin orden de allanamiento y matar”, dijo Nora Echavez, exfiscal jefe en Miranda, el estado donde se escuchará el caso judicial en curso.

“Un delincuente hace esto fácilmente porque ya lo hizo la primera vez”, agregó.

Reuters no pudo determinar exactamente cuántos exconvictos pueden estar trabajando dentro de las filas de la fuerza FAES en todo el país. El gobierno no hace públicos los registros de personal y ni siquiera el número de integrantes, que según estiman miembros de la policía, es de unos 1.500 oficiales.

El misterio que rodea a la fuerza, incluida la falta de transparencia sobre sus oficiales, es fundamental en su manual.

“El FAES prefiere el anonimato”, dijo Javier Gorriño, un criminólogo y comisionado de policía municipal en El Hatillo, un distrito de Caracas, que ha interactuado con la fuerza. “Una máscara da más terror cuando uno no sabe quién está detrás”.

El caso que se sigue en Guarenas, una localidad a unos 39 kilómetros al este de Caracas, es uno de los pocos en los que la identidad y los antecedentes de los oficiales de FAES han salido a la luz.

Los dos hombres muertos allí estaban relacionados con las fuerzas de seguridad. Uno era un policía municipal de Caracas y el otro era un exmiembro de la misma fuerza en la capital venezolana. Ninguno de los dos estaba afiliado a la fuerza FAES ni a ninguno de sus oficiales.

Personas familiarizadas con el caso creen que probablemente la única razón por la que sus muertes han provocado una mayor investigación son los vínculos de las víctimas con la policía. Los casos de miles de otros venezolanos que murieron a manos de la policía, supuestamente después de resistirse a un arresto, habitualmente no se investigan.

Alexis Lira, un antiguo policía convertido en abogado cuyo hermano fue una de las víctimas en Guarenas, dice que la mayoría de las familias de personas muertas a manos de policías carecen de recursos y medios para desafiar las versiones de los operativos del grupo FAES.

“La mayoría de las víctimas tiene que aceptarlo”, dijo Lira, quien ahora pasa gran parte de sus días trabajando con los fiscales para buscar la responsabilidad por la muerte de su hermano. “Yo no”.

Su hermano Fernando era un expolicía de 39 años que se había convertido en diseñador gráfico. También murió el amigo de Lira, Eligio Duarte, un funcionario municipal de 41 años en Caracas. Ninguno de los dos tenía antecedentes penales.

Murieron el 6 de marzo de 2019, cuando un grupo de oficiales de FAES les disparó tras una breve persecución en auto. En un comunicado a los investigadores policiales, el supervisor de la fuerza que dirigió la operación dijo que los hombres habían disparado primero contra sus agentes.

La respuesta de la policía fue “bajo estado de proporcionalidad”, dijo el supervisor en su declaración.

No obstante, pronto surgieron pruebas de lo contrario.

Las pruebas forenses mostraron que ni Lira ni Duarte, que habían ido a Guarenas a cobrar un dinero debido a la novia del primero, dispararon un arma.

Ambos hombres fueron baleados desde arriba, según informes de autopsia, lo que socava la afirmación de la fuerza FAES de que fueron alcanzados en un tiroteo.

En una presentación judicial que llevó a la imputación de cargos de homicidio al supervisor de FAES y a seis oficiales, un fiscal estatal escribió: “Los hechos no se suscitaron de la forma como los funcionarios policiales pretenden hacer ver”.

“No hay lugar en ninguna fuerza de policía”

Guarenas es el tipo de lugar violento que podría haberse beneficiado de una nueva fuerza nacional de lucha contra el crimen. Con unos 200.000 habitantes, esta comunidad del estado de Miranda, al este de la capital, tiene tasas de criminalidad que históricamente han excedido el promedio de Venezuela.

Algunas pandillas, expulsadas de Caracas en los últimos años, se han mudado a las colinas que rodean Guarenas y se extienden a lo largo de la costa caribeña. Las fuerzas policiales aquí y en otros lugares de Miranda son consideradas corruptas desde hace mucho tiempo.

Después de que los precios del petróleo se hundieron en 2014, provocando que Venezuela cayera en recesión, Maduro siguió políticas que profundizaron los problemas del país. Casi 5 millones de personas han migrado, aproximadamente el 15% de la población del país.

En ese éxodo han participado soldados, policías y otros trabajadores de la seguridad pública. Con salarios equivalentes a unos pocos dólares al mes en la economía hiperinflacionaria de Venezuela, quedan pocos incentivos para atraer candidatos calificados para reemplazarlos.

En Miranda, las filas policiales disminuyeron tan rápidamente que los jefes de las comisarías comenzaron a bajar los estándares para los reclutas, dijeron a Reuters seis exoficiales familiarizados con el área.

Algunos de los contratados tenían antecedentes penales. La policía del área acrecentó su reputación de sobornar, cometer extorsiones y secuestros, así como de usar tácticas como chantajear a ciudadanos para sacarles sus pertenencias o detener camiones y saquear su carga.

“Había funcionarios que no deberían haber pertenecido a ningún cuerpo policial”, dijo Luis Martínez, un oficial de policía retirado que trabajaba en el área.

El crimen se disparó. La tasa de homicidios, que aumentó en toda Venezuela, subió particularmente rápido en Miranda.

De 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes a comienzos de década,  la tasa para 2017 en Miranda se disparó a 153, según el Observatorio Venezolano de Violencia, un grupo de investigación con sede en Caracas.  La cifra fue la segunda más alta en el país y alrededor de 30 veces la tasa en ese momento en Estados Unidos.

Cuando Maduro anunció la creación del FAES en julio de 2017, su gobierno encargó a los administradores de la policía local reclutar a oficiales para la nueva fuerza. Las prioridades incluían la lealtad al gobernante partido socialista y la disposición a usar agresivas tácticas en los vecindarios delictivos en todo el país, dijeron más de una docena personas conocedoras de esos esfuerzos.

En abril de 2018, la Policía Nacional lanzó la unidad FAES del área, administrada desde Zamora, un municipio cercano. La fuerza estableció su sede detrás de un hospital local, al lado de la morgue. Un cráneo toscamente dibujado adorna una pared de yeso encalado junto a la entrada.

Un exjefe de operaciones policiales de Zamora, Oliver Álvarez, tomó el mando. Construyó una unidad de 120 oficiales, muchos de cuales provenían de las fuerzas locales y cercanas, de acuerdo con los contratos de empleo para el escuadrón revisados por Reuters. Álvarez no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Entre los nuevos oficiales de FAES estaba Richard Sánchez, uno de los procesados ​​en las muertes de Guarenas. Sánchez, ahora de 34 años, fue imputado en 2004 por robo y asalto, según registros judiciales. Reuters no pudo determinar si fue condenado por esos cargos. En 2014, fue declarado culpable de robo y cumplió dos años y medio de prisión, según muestran los documentos judiciales.

 Reuters no pudo comunicarse con Sánchez.

Su abogado, Miguel Peña, también representa a todos menos uno de los otros seis oficiales acusados ​​en el caso de Guarenas. Peña dijo a Reuters que los acusados ​​están detenidos en un cuartel del grupo FAES en Caracas, pero aún son oficialmente parte de la fuerza. Confirmó la condena previa de Sánchez, pero dijo que sus clientes en este caso actuaron en defensa propia.

 “No estoy diciendo que son unos santos”, dijo a Reuters en una entrevista. “Hubo un enfrentamiento y ellos tuvieron que defenderse”.

Otro recluta de la fuerza FAES local fue José Oliveros, un oficial que había escalado a través de las filas policiales en Miranda pese a una condena previa como cómplice de asesinato. Según los registros judiciales, Oliveros, ahora de 37 años, había acompañado a dos hombres cuando uno de ellos mató a tiros a un hombre después de un altercado de 2009.

Después de cumplir un año de una condena de cinco, Oliveros fue nombrado subdirector de una pequeña fuerza policial cerca de Guarenas en 2017, según muestran los documentos que anuncian su designación al cargo. Se convirtió en jefe de otra comisaría en 2018 y luego en jefe de otra el año pasado, incluso después de unirse a las filas del grupo FAES.

Contactado por teléfono, Oliveros dijo que buscaría el permiso de sus superiores para hablar con Reuters. No respondió a intentos adicionales para contactarlo. Su abogado, Julio Ortega, se negó a hablar con Reuters para esta historia.

“Todos vamos a morir”

Las dos muertes en Guarenas siguieron a una fallida transacción en moneda extranjera, según las transcripciones de testimonios de los involucrados a fiscales e investigadores policiales. No está claro por qué los funcionarios del grupo FAES se involucraron  o por qué el episodio se tornó violento.

En la mañana del 2 de marzo, María González recibió un mensaje de texto en su apartamento de Caracas que compartía con Lira, el expolicía.

La pareja llevaba junta 10 años y dirigía un negocio de impresión de camisetas. El mensaje ofrecía una transacción básica que muchos venezolanos buscan para evitar que sus ingresos se vean erosionados por la hiperinflación. Al convertir su moneda local en dólares, conservan el valor a largo plazo de sus ganancias.

Jhonathan Coraspe, un excolega de González de Guarenas, le dijo a la mujer que un amigo tenía 500 dólares que quería cambiar por bolívares, la moneda de Venezuela. En los textos, revisados ​​por Reuters y corroborados por González en entrevistas, ella aceptó la transacción.

Ese mismo día, la mujer transfirió 1,68 millones de bolívares,  aproximadamente el valor equivalente de los 500 dólares en ese momento, a una cuenta que Coraspe dijo que pertenecía al amigo, Rubén Alarcón. González manejó la media hora a Guarenas para recoger los dólares.

Reuters no pudo comunicarse con Coraspe. Después de las dos muertes de Guarenas, Coraspe testificó ante los investigadores y fiscales de la policía, pero desde entonces se ha escondido, según los abogados involucrados en el caso.

Alarcón, el amigo de Coraspe, no respondió a llamadas telefónicas o mensajes de texto de Reuters para discutir el incidente.

En Guarenas, Alarcón no apareció en la farmacia donde Coraspe dijo que se reuniría con González para entregar los dólares. “Confié en ti”, escribió Coraspe. “Estoy chimbo (me siento terrible)”, respondió, y aceptó verla más tarde.

Esa noche, Coraspe condujo hasta el departamento de González en Caracas. Prometió asegurar los 500 dólares.

Lira, el expolicía, y Duarte, el agente policial municipal y amigo que también recibiría un disparo cuando se frustró la transacción, estaban en el departamento, según el testimonio de Coraspe y González. Coraspe dijo a los investigadores que los dos hombres lo obligaron a dejar su automóvil como garantía en caso que nunca entregara los 500 dólares. González dijo que Coraspe ofreció voluntariamente el Honda Civic plateado de 1997.

Ni Duarte ni Lira tenían antecedentes penales, según un documento que la policía de Caracas envió a los fiscales para el caso. Cinco excolegas dijeron a Reuters que ambos hombres habían sido ciudadanos y policías honestos.

En la mañana del 4 de marzo, Coraspe llamó a Hugo Martínez, un oficial de la fuerza FAES que conocía de su vecindario, según el testimonio de Coraspe a los fiscales. Le dijo a Martínez que dos hombres le habían robado su automóvil y estaban tratando de extorsionarlo pidiéndole 500 dólares.

Al día siguiente Martínez le dijo a Coraspe que le dijera a González que tenía los 500 dólares, pero que no tenía forma de llegar a Caracas, testificó Coraspe.

Coraspe le envió un mensaje de texto a Gónzalez y le dijo que podría encontrarse en Guarenas al día siguiente.

A la mañana siguiente, el 6 de marzo, González envió a Lira, que se fue con Duarte a recuperar el dinero, dijo González a los investigadores.

En mensajes de texto, testificó Coraspe, Lira acordó encontrarse con él en una estación de servicio.

Con Lira con destino a Guarenas, Martínez llamó a su supervisor de FAES, Alexander Uzcátegui, y le contó sobre la supuesta extorsión, según muestran las transcripciones de testimonios de Uzcátegui.

Martínez le dijo a Uzcátegui que Coraspe pronto se encontraría con los dos hombres de Caracas en la estación de servicio. Uzcátegui dijo que ellos y un pequeño grupo de colegas de FAES estaría “en espera” de ellos allí.

Reuters no pudo comunicarse con Martínez, Uzcátegui ni con ninguno de los otros oficiales acusados ​​en la operación.

“Ellos veían la necesidad de contratar personas que no tengan temor de cometer delitos, de ingresar a una vivienda sin orden de allanamiento y matar”

Nora Echavez, exfiscal jefe en Miranda

A las 13.00, Coraspe esperaba en la estación de servicio. Lira y Duarte llegaron en una camioneta Toyota Hilux azul. Cerca, en dos vehículos, los oficiales de FAES observaban.

Según el testimonio de Uzcátegui a los investigadores policiales, los hombres en la camioneta sacaron un arma y obligaron a Coraspe a ir hacia su vehículo “bajo amenaza de muerte”. Salieron a toda velocidad, dijo. Su escuadrón los persiguió.

Coraspe, en sus propios comentarios a los investigadores, dijo que ingresó a la camioneta voluntariamente. Ni Duarte ni Lira empuñaron un arma, dijo. Sin prisa, los oficiales FAES dispararon contra la camioneta Toyota en movimiento, agregó.

Asustado, Coraspe apretó el freno de mano. La camioneta se estrelló a un costado de la carretera. “Todos vamos a morir”, recordó Coraspe que le dijo a los otros hombres.

Según la transcripción de su testimonio, Coraspe corrió entonces hacia un vehículo FAES y entró. Mientras tanto, los oficiales se acercaron a la camioneta.

Duarte y Lira, testificó Coraspe, salieron con las manos en alto. Siguieron las órdenes de FAES de tirarse al piso. Con los hombres en el suelo, Coraspe afirmó que ya no podía verlos. Escuchó disparos.

Cinco minutos después, los agentes del FAES sacaron a Coraspe de su vehículo y le ordenaron tirarse al piso, dijo en su testimonio. Vio a Lira y Duarte “tirados como inmóviles”, dijo Coraspe a los fiscales.

Uzcátegui indicó a los investigadores que Lira y Duarte habían disparado contra su escuadrón. Sus oficiales respondieron, disparando a ambos. Después del incidente, dijo, los oficiales llevaron a los hombres a un hospital, donde un médico los declaró muertos.

“Lo que realmente sucedió”

A las 14.30, Marlon Brito, un detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, recibió una orden de un supervisor para ir a la morgue, según su informe escrito sobre el caso. El cuerpo, conocido como el CICPC, realiza trabajos forenses para la Policía Nacional. Reuters no pudo comunicarse con Brito para hacer comentarios.

En la morgue, al lado del hospital, Brito vio dos cuerpos.

Con una tarjeta de identidad nacional que estaba en el cadáver de Duarte, Brito identificó el cuerpo del oficial de Caracas. El cadáver de Lira sería identificado más tarde por las palabras inglesas “LIBERTAD” e “Historia” tatuadas en su antebrazo izquierdo.

Duarte sufrió dos heridas de bala en el pecho, escribió Brito en su informe. Lira tenía dos heridas en el pecho y un disparo en el estómago. Las autopsias confirmaron las heridas que informó Brito.

Desde la morgue, Brito condujo hasta el lugar del accidente y los disparos. Uzcátegui, el supervisor, hacía guardia con otros 15 oficiales de FAES, según el informe de Brito.

La camioneta Hilux estaba acribillada a balazos, escribió Brito. Las fotos de la escena revisadas por Reuters también muestran las perforaciones. Los proyectiles gastados cubrían el área y dos pistolas yacían en el suelo.

Los oficiales dijeron a Brito que las armas pertenecían a los dos sospechosos que les habían disparado.

En cuestión de días, la autopsia y los informes forenses rebatirían la versión de los miembros del FAES.

Los resultados de la autopsia, preparados por otra agencia gubernamental, concluyeron el 19 de marzo que ambos hombres habían recibido disparos desde arriba. Los informes, revisados ​​por Reuters e incluidos también en los documentos de la corte, dicen que las balas perforaron a Duarte “de arriba abajo”. Lira recibió un disparo de “arriba hacia abajo”.

Duarte Nuno Vieira, profesor de medicina forense y derecho médico en la Universidad de Coimbra, en Portugal, revisó los resultados de la autopsia a solicitud de Reuters. “Los informes de autopsia”, señaló, “están más en línea con un contexto de ejecución sumaria”.

En su informe forense, el CICPC concluyó que las manos de Lira y Duarte no tenían rastros de antimonio, bario o plomo, químicos reveladores expulsados ​​por la mayoría de las armas. Un especialista forense en España que revisó los hallazgos para Reuters dijo que el informe era concluyente.

“No realizaron disparo alguno”, dijo Francisco Gallego, director del Instituto Técnico de Estudios Balísticos de Madrid.

“No estoy diciendo que son unos santos”

Miguel Peña, abogado defensor, confirmando un pasado criminal entre los policías acusados en Guarenas

El informe del CICPC dijo que el reporte forense y testimonios situaron a los siete oficiales procesados en la escena.

Uzcátegui, el supervisor, disparó las balas de pistola de 9 milímetros que mataron a Duarte, según el informe. La especificidad fue posible porque las balas, rastreadas por forenses hasta el arma de Uzcátegui, permanecieron en el cuerpo de Duarte, según la autopsia. Aunque las rondas que mataron a Lira salieron por las heridas, la balística en el informe indica que tres de los otros seis oficiales involucrados en el caso habían disparado armas.

Meyfer Díaz, un recluta de 23 años que se unió a la fuerza solo dos meses antes del suceso, disparó una ametralladora Heckler & Koch MP5. Un mes antes de la operación, Díaz publicó una foto de sí mismo en Facebook con el equipo de FAES. “Mámalo un ratico”, escribió, “nada me afecta”.

Sánchez, el oficial que cumplió condena en prisión por robo, disparó su pistola Tanfoglio cuatro veces. Los investigadores rastrearon otras catorce rondas en la escena hasta Oliveros, el oficial que fue cómplice de asesinato.

Reportes de balística y un registro de armas del FAES contenidos en el archivo del caso de los fiscales, ambos  revisados ​​por Reuters,  muestran que las rondas provienen de un Heckler & Koch MP5 asignado a Oliveros.

 En una audiencia en julio, Ortega, el abogado de Oliveros, argumentó que su cliente no tenía el arma el día de los asesinatos.

En su testimonio ante los fiscales, Coraspe, cuya llamada telefónica desencadenó el episodio, dijo que después de las muertes en Guarenas los oficiales del FAES le dijeron que contara a los investigadores “que lo que pasó fue un enfrentamiento”.  En cambio, dijo: “les dije a los funcionarios todo lo que sucedió realmente”.

Los acusados ​​tienen previsto comparecer ante el tribunal en marzo. Se espera que el juicio demore meses. Los abogados de la Fiscalía no respondieron a las solicitudes de Reuters para discutir el caso.

 Alexis Lira, el hermano del diseñador gráfico, visita semanalmente el juzgado y a los fiscales para asegurarse de que el caso progresa. González, la novia de Fernando Lira y beneficiaria prevista de los 500 dólares faltantes, se debilitó gradualmente tras la muerte de Lira debido a su larga lucha contra la hipertensión pulmonar.

Reuters la entrevistó varias veces a fines de 2019.

El 3 de enero, González murió de una insuficiencia cardiaca.

“Ella fue nuestra compañera en esta batalla”, dijo Jeanette Padrón, médica, amiga y  la pareja de años de Duarte, el otro hombre asesinado. “La muerte de Fernando la rompió”.

Contratista corrupto de CITGO y PDVSA, Tulio Anibal Farías-Pérez se declaró culpable en la corte federal de Houston por Maibort Petit – Venezuela Política – 19 de Febrero 2020

   El contratista de PDVSA y CITGO, Tulio Anibal Farías-Pérez—quien es co-acusado en la enorme trama de corrupción encabezada por José Manuel González Testino— se declaró culpable de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en la Corte del Distrito Sur de Texas este miércoles 19 de febrero.
   Farías-Pérez asumió su responsabilidad en una conspiración acusado ante el juez Gray H Miller en una audiencia celebrada este la Corte del Distrito Sur de Texas, en Houston.
   El juez acordó la fianza no garantizada de $ 25,000 cuya ejecución no fue ordenada.
  Farías Pérez fue acusado de conspirar —junto a José Manuel González Testino y otras personas— para cometer delitos en Estados Unidos, usando los correos e instrumentalidades del comercio del país manera corrupta, pagar sobornos, influenciar decisiones de empresas extranjeras, violando la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
  La conspiración de Farías Pérez y González Testino tenía como objetivo obtener y retener lucrativos contratos y otras ventajas de negocios con PDVSA de manera corrupta y fraudulenta, incluyendo el pago de coimas a los oficiales de la petrolera venezolana y su filial en EE. UU., CITGO Petroleum Corp.
  Tulio Anibal Farías Pérez, venezolano, residente de Texas desde agosto de 2014, era el dueño del 50 por ciento de varías compañías en los Estados Unidas junto con José Manuel González Testino, y juntos se aseguraron contratos con PDVSA y su filial estadounidense CITGO.
  En la acusación, la fiscalía sostiene que “el (empleado A) trabajaba con González Testino, incluyendo la prestación de servicios a una de las compañías registradas en EE. UU.
 Ese empleado A (cuyo nombre no se revela) tenía entre sus responsabilidades el manejo de los contratos de PDVSA para las empresas de logísticas de González  Testino, y monitorear las órdenes de compra y el pago de los sobornos relacionados con las múltiples empresas, incluyeron de aquellas en las que estaba asociado con Farías Pérez.
  El “oficial B” era un empleado de CITGO entre 2010 hasta febrero de 2018. Entre 2012 y 2015, “el oficial B” trabajó en el Grupo de Proyectos Especiales y tenía entre sus responsabilidades la supervisión  de empleados y el proceso de contratación de ese departamento.
  La “compañía A”, controlada por Faría y González, estaba registrada en el estado de la Florida y luego fue registrada en Panamá y Suiza, “era usada para asegurar contratos con PDVSA”.
  Farías-Pérez y González Testino pagaron sobornos a oficiales de PDVSA para influenciar las decisiones de la petrolera venezolana para que la “empresa A” ganara contratos de servicios y equipos.
  Farías-Pérez y González Testino pagaban los sobornos en efectivo “en reuniones personales, o enviando transferencias bancarias a cuentas bancarias controladas por los oficiales de PDVSA, proveyendo objetos de valor, incluyendo tickets aéreos, viajes recreacionales, hoteles, tickets del Super Bowl y otros deportes, comidas, incluyendo cenas para los miembros del equipo de Farías y González con “sus grupos de PDVSA Houston”, joyería, obras de arte, relojes, etc”.
Los cuadernos de los sobornos
  El “empleado A” mantenía una relación de gastos donde escribía los montos de los sobornos pagados, y los que se debía pagar a los oficiales de PDVSA, incluyendo las coimas para la asistencia de las “compañía A”.
  La acusación dice que González y Farías pagaban un porcentaje por los contratos ganados a las compañías, incluyendo un pago mensual a los funcionarios de PDVSA o CITGO que variaba de acuerdo al tipo “funcionario”.
  Los sobornos se pagaban en conexión con los contratos de PDVSA, incluyen un contrato para proveer compresores a PDVSA que nunca fueron entregados; dos contratos para pompas de sumergibles eléctricos que tampoco fueron entregados; múltiples contratos pequeños para suplir partes de la compañía suiza a la “compañía A” que actuaba como distribuidor.
  En los libretas de los sobornos, los empleados de González Testino y Farías Pérez, les ponían sobrenombres o alias a los oficiales se PDVSA y CITGO. De manera ordenada, “llevaban un control en una hoja de excel para pagarles a cada uno con las verdaderas identidades”.
   Para generar la naturaleza y la fuente de los pagos de los sobornos, crearon justificaciones falsas incluyendo facturas de equipos y servicios que nunca prestaron o enviaron.
   Las coimas se pagaban directamente a las cuentas de bancos  de los mismos oficiales de PDVSA y CITGO, o a nombre de las empresas que también eran premiadas con contratos y recibían pagos de la petrolera venezolana.
  En ocasiones, los empleados de González y Farías pedían a los oficiales de PDVSA y CITGO las cuentas bancarias en las cuales podían recibir los sobornos “que fueran a nombres de compañías, intermediarias, relativas, amigos y personas asociadas de dichos oficiales”.
Algunos de los pagos hechos al “oficial B” fueron a través de una cuenta en Panamá, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
   En octubre de 2014, Farías Pérez se fue con “el oficial B” a la Serie Mundial de Béisbol en San Francisco, California, entre los equipos Kansas City Royals y los Gigantes de San Francisco. Farías Pérez y González Testino pagaron por los tickets y todos los gastos del viaje.
  El 1 febrero de 2015, Farías Pérez y otro co-conspirador llevaron al “oficial B” al Super Bowl XLIX en Glendale, Arizona y los dos acusados pagaron por los tickets y el viaje.
  Este caso está representado por el Fiscal de Distrito, Ryan K. Patrick y los fiscales asistentes: John P. Pearson y Robert S. Johnson

Maduro declara a Pdvsa en emergencia y puso a El Aissami al frente de la estatal petrolera – RunRunes – 20 de Febrero 2020

Maduro declara a Pdvsa en emergencia y puso a El Aissami al frente de la estatal petrolera

El vicepresidente económico liderará una comisión que también estará integrada por el exministro de Petróleo Asdrúbal Chávez, Manuel Quevedo, Vladimir Padrino López y Remigio Ceballos

El 19 de febrero, Nicolás Maduro declaró en emergencia a la estatal petrolera (Pdvsa) y designó al vicepresidente económico, Tareck el Aissami, líder de una comisión para reestructurar la industria nacional.

“Declaro la emergencia energética de la industria de hidrocarburos a los fines de adoptar las medidas urgentes y necesarias para garantizar la seguridad energética nacional y proteger a la industria de la agresión imperialista”, manifestó en un acto con trabajadores petroleros.

Detalló que esta comisión, cuyo vicepresidente será el exministro de Petróleo Asdrúbal Chávez, “tendrá todo el poder para iniciar el proceso de cambio, transformaciones y defensa integral de toda la industria petrolera”.

“Estoy poniendo todo el poder del Estado y de la nación para entrarle a Pdvsa con todo (…) les estoy dando el poder, para que ustedes dirijan y conduzcan la industria petrolera hacia un nuevo modelo de gestión socialista del siglo XXI”, añadió.

La instancia también estará integrada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y Remigio Ceballos, para que sumen “todo el poder” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y “además garantizar la seguridad de todas las instalaciones con un plan nuevo”.

El actual ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, también formará parte de la llamada “Comisión presidencial para la defensa, reestructuración y reorganización de la industria petrolera nacional, Alí Rodríguez Araque”.

“Una comisión que debe reunirse de inmediato, al terminar este acto, y comenzar un proceso de revisión y recuperación de los trabajadores de Pdvsa”, pidió Maduro.

España, la Unión Europea y Noruega descartan las elecciones presidenciales en Venezuela por Daniel Gómez – ALnavío/Alberto News – 18 de Febrero 2020

En Europa dan por perdida la gran aspiración de Juan Guaidó y la oposición en Venezuela: que se celebren elecciones presidenciales libres y democráticas en 2020, informa al diario ALnavío una fuente de todo crédito. Sin embargo, no cierran la puerta a unos comicios parlamentarios en condiciones. Unos comicios en los que haya un nuevo CNE, y un Tribunal Supremo de Justicia reconfigurado. Por ahí irán los esfuerzos de la Unión Europea y los gobiernos de España y Noruega.

Reunión privada este fin de semana en un lugar de Europa. En la mesa, funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, del gobierno de Noruega, y de la Unión Europea. El tema que articuló la reunión fue Venezuela. La crisis política y económica. El futuro del país. ¿Qué hacer? ¿Cómo ayudar desde Europa? ¿Otra negociación? ¿Más sanciones? ¿Elecciones?

Sólo un punto quedó del todo claro: “Las elecciones presidenciales están prácticamente descartadas. El objetivo pasa porque haya unas elecciones parlamentarias en condiciones”, informó al diario ALnavío uno de los asistentes a la reunión.

“Tanto el CNE como el Tribunal Supremo son instituciones que tienen que ser confiables y tener un mínimo de neutralidad”.

Apuntó la fuente que, si la UE da este paso, sería incoherente con sus actos ya que se está reconociendo la legitimidad de Maduro, pero por otro lado reconoce que, de no hacerlo, se estaría “tapando los ojos ante la realidad en Venezuela”. Lo dice porque es Maduro quien tiene el control efectivo de la Administración, de la Fuerza Armada, de la economía y que además por calendario, lo que realmente toca son elecciones parlamentarias.

Desde La Moncloa ya habían asomado esta posibilidad. Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado para Iberoamérica del primer gobierno de Pedro Sánchez, le reconoció en privado a los representantes de Juan Guaidó en Madrid que acudir a unas elecciones parlamentarias era la única opción realista que manejaban desde el gobierno. Así lo informó el diario ALnavío en enero.

Si bien la ministra de Asuntos Exteirores, Arancha González Laya, ha dicho que el objetivo de España es que haya elecciones presidenciales, tal como pide Juan Guaidó, lo cierto es que nunca el mandatario, Pedro Sánchez, ha insistido en este punto. Sánchez siempre que se ha referido a Venezuela ha sido para pedir comicios libres y democráticos sin puntualizar ninguna condición.

Elecciones parlamentarias con condiciones
Pero sí que hay condiciones. En la reunión, la fuente consultada por el diario ALnavío dijo que España, la Unión Europea y Noruega trabajarán para que se cumplan estos puntos:

– La vuelta de Juan Guaidó al Parlamento que Maduro entregó a Luis Parra.

– Que el Parlamento apruebe un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

– Que haya una “cierta remodelación” del Tribunal Supremo de Justicia.

“Tanto el CNE como el Tribunal Supremo son instituciones que tienen que ser confiables y tener un mínimo de neutralidad”, apuntó la fuente.

En este sentido, recordó que Europa tiene trabajo con Maduro para que facilite unas elecciones creíbles y para que devuelva a Juan Guaidó al Parlamento, y trabajo también con Juan Guaidó y la oposición para que se abran a unos comicios parlamentarios. Por el momento, Guaidó repite y repite que sólo aceptará unas elecciones presidenciales, y en todo caso generales.

“Sabemos que una parte de la oposición sí está dispuesta a ir a unos comicios presidenciales. Pero toca convencer a la otra parte, porque de lo contrario sería hacerle el juego a Maduro. Ya sabemos que Maduro siempre que propone un diálogo, o siempre que habla de elecciones, lo hace con el objetivo de dividir más a la oposición. Y lo ha venido consiguiendo”, apuntó la fuente.

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